+ México: demagogia avanza disfrazada de izquierda; EU, es de derecha

Mañana son los comicios presidenciales en los Estados Unidos, y el hecho de que el candidato del Partido Republicano, Donald Trump, no se alce con la victoria, no significa que las calamidades están conjuradas para nuestro país, para nuestra economía y para nuestros paisanos que viven en aquella nación. De hecho, al margen de lo que pueda ocurrir mañana en los comicios, esa preocupación debería persistir porque lo que Trump demostró es que en aquellas naciones, aparentemente acomodadas y civilizadas, el discurso de la intolerancia y del hartazgo también tiene una alta rentabilidad electoral, con el añadido de que Trump demostró que una parte de la población estadounidense sigue siendo tan racista como no lo hubiéramos creído antes del inicio de las campañas presidenciales.

En efecto, Trump lanzó su campaña política reivindicando las demandas más básicas de la clase media estadounidense, y tratando de cautivar a las clases bajas prometiéndoles, a la primera, un mayor crecimiento económico, y a la segunda, la recuperación de elementos básicos de la economía como el empleo que, dice, al estadounidense promedio le han arrebatado las nuevas minorías dominantes en aquel país, como la latina y, particularmente, la mexicana, tanto a través de los ilegales en la Unión Americana, como en las industrias que se han trasladado de Estados Unidos a México por los bajos costos de la mano de obra mexicana.

Para lograr el sustento de esos argumentos, Trump echó mano de algunos fantasmas sociales estadounidenses, como el racismo y la segregación de las minorías, contra la que tanto han luchado desde la abolición de la esclavitud, y más cercanamente desde el reconocimiento pleno de los derechos civiles de todos los estadounidenses, independientemente de su ascendencia racial. Para hablarle a esos “estadounidenses promedio”, Trump desempolvó esos argumentos y los utilizó a su favor. Eso estremeció al mundo, pero no a casi la mitad de los votantes, que se manifestaron a favor de concederle su voto.

De hecho, ese discurso de odio, de racismo y de segregación fue censurado por diversos sectores sociales instruidos de los Estados Unidos, pero también fue aceptado gustosamente por mucha gente que hoy mantiene la incertidumbre sobre el llamado “voto escondido”. Eso no representa otra cosa que la decisión de millones de electores norteamericanos de no revelar el sentido de su voto a alguna casa encuestadora, e incluso de negar públicamente la posibilidad de votar por Trump, pero finalmente terminar haciéndolo por estar convencido de su discurso aún frente al hecho de que el contenido y la oferta política del Candidato Republicano tiene una dosis alta de racismo, segregacionismo y odio hacia algunas minorías y sectores de la población.

MÁS FANTASMAS

De hecho, se tenía la idea de que los escándalos personales, y la misoginia demostrada por Trump, podrían llevarlo a la debacle. Hace más o menos un mes se pensaba que la caída del Republicano se basaría en sus escándalos personales; en las demostraciones de su rapacidad y de su sevicia hacia las mujeres.

Esencialmente, hasta el primer debate Trump era un candidato fuerte y competitivo. Pero las demostraciones de misoginia, fueron las que comenzaron a marcar su caída —y eventual derrota—; pero no esos argumentos patéticos relacionados con el racismo, con la segregación, con el odio racial y con varios males sociales que se supone que estaban erradicados de una sociedad que ha intentado marcar la pauta de la civilidad y el reconocimiento a todas las formas de convivencia bajo la idea de que, al margen del color de piel o el origen, todos somos personas.

Hoy, a un día de los comicios presidenciales queda claro que por lo menos casi la mitad de los electores promedio norteamericano no reprueban que uno de sus candidatos no sólo sea un defraudador fiscal y una figura polémica por sus escándalos personales, sino que también sea un propagador de discursos de odio, de segregación, de racismo y de diferenciación de las personas por su origen, por su aspecto, o por alguna de sus preferencias. Resulta también que el elector promedio —la mitad de ellos, que son básicamente los que respaldan a Trump a pesar de todo— no reprueban que su candidato tenga abiertas actitudes de misoginia, o que haya sido evidenciado refiriéndose de manera despectivamente de las mujeres, justo por el hecho de ser mujeres.

¿Qué significa todo esto? Que aún cuando pierda Trump la elección, los fantasmas que dejó se van a quedar ahí y quién sabe cuál sea el resultado de esa apuesta tan arriesgada, en la cuna de los sistemas republicanos contemporáneos. Mucha gente apoya a Trump porque representa el discurso de cambio frente a un sistema que los ha oprimido en el bienestar y en el bolsillo. Pero Trump les ha dicho no sólo lo que quieren escuchar, sino que les ha hecho creer que es posible seguir siendo racista, misógino o discriminador, y que eso no sólo no es reprobable sino que puede redituar dividendos políticos.

POCAS DIFERENCIAS

Ese discurso totalizador es básicamente el mismo que se propala en México con insistencia, por quienes dicen ser la alternativa de cambio real para el país. ¿Cuál es la diferencia? Que en los Estados Unidos ese discurso lo han lanzado los republicanos, que no son sino el ala conservadora del sistema político norteamericano; aquí, ese discurso es de la izquierda más radical. En el fondo, el odio y la demagogia pueden tener dos orígenes pero exactamente los mismos efectos contraproducentes para los sistemas políticos.

+ Luego del año 2000, las entidades federativas se quedaron sin control

Todavía hace dos semanas, Javier Duarte de Ochoa era uno de los 32 hombres más poderosos de la geografía nacional. Era Gobernador Constitucional de un estado, emanado y convalidado por el voto popular, y tenía bajo su control una de las entidades federativas económicamente más poderosas en el país. Gobernaba a plenitud a pesar de las reiteradas denuncias por corrupción y desvíos; la Auditoría Superior de la Federación se quejaba amargamente de no poder hacer más en contra del mandatario veracruzano. Y hasta hace pocas semanas, el gobierno federal no había dado ninguna señal de querer intervenir en la preocupante situación de aquella entidad federativa. ¿El caso Duarte será un incentivo contra la corrupción?

En efecto, la caída de Duarte se explica en unos cuántos días, y en eso tuvo mucho que ver la presión política que ejerció en su contra el gobierno federal, más que los efectivos controles constitucionales y legales de combate a la corrupción, o lo que pudieran hacer las instituciones encargadas del ejercicio del gasto público o las encargadas de la fiscalización de los recursos. Básicamente, Duarte de Ochoa fue obligado a pedir licencia cuando el Presidente de la República entendió que, o protegía al Gobernador a cambio de la propia estabilidad política de su gobierno, o lo entregaba a la justicia como forma de lavarse la cara frente a los mexicanos, y demostrar algo de voluntad por el combate a la corrupción.

Duarte a esas alturas era ya indefendible, y por esa razón el gobierno federal lo único que hizo, con su licencia y con los expedientes penales que se abrieron, fue confirmar que todas las denuncias de corrupción existentes en su contra, tenían una base judicial. De hecho, fue la sociedad mexicana —sociedad civil organizada, medios de comunicación, organizaciones y hasta las redes sociales— quienes mucho tiempo antes habían demostrado el talante autoritario y corrupto de Duarte de Ochoa, y sólo hacía falta que la autoridad estableciera un criterio frente a esas evidencias.

Desde antes ya se había hablado de las amenazas de Duarte contra la prensa, del brutal dispendio de recursos económicos del gobierno veracruzano, de la existencia de redes de corrupción y blanqueo de recursos; de la ostentosa vida del Gobernador y de su familia, y de la forma abierta en la que utilizaba al gobierno en un sentido claramente patrimonialista, al margen de cualquier temor relacionado con la justicia, con su futuro e incluso con su prestigio luego que dejara de ser Gobernador.

¿Qué hizo el gobierno federal? Atender al llamado a la justicia, pero de acuerdo a su calendario. Por eso, no es mérito del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto estar procesando y persiguiendo a Duarte, en una aparente ‘cacería’ de la PGR: lo hizo quizá un año y medio después de que se constatara la calaña del ahora ex Mandatario, y de que existieran evidencias que permitieran la integración de denuncias penales por la posible comisión de diversos delitos.

¿EL GOBIERNO FEDERAL RESPONDERÁ?

Ahora la cuestión que sigue pendiente, es saber si el gobierno federal hará lo mismo con otros ex Mandatarios que también son señalados de corrupción. El asunto se vuelve relevante no sólo cuando se aprecia el contraste entre la vida de lujos, excesos e impunidad que envuelve a los Gobernadores y la vida de resto de las personas; sino que hoy, además, esos lujos son directamente proporcionales al nivel de deuda y de los problemas financieros que enfrentan las entidades federativas, de cara a la reducción presupuestal que se viene para el año próximo.

Esa crisis generalizada del país —que no fue causada por los gobernadores pero que sí forman parte del cúmulo de problemas que enfrentan los estados del país y el gobierno federal— hará sufrir a muchas personas; y todo se ahondará cuando comiencen —si no es que ya iniciaron— a verse los estragos que están causando la irresponsabilidad, la corrupción y los excesos cometidos por muchos gobernadores, en el ejercicio de sus funciones. El mexicano común está particularmente agraviado no sólo por la crítica situación en que subsiste, sino también porque durante mucho tiempo se ha prometido combate a la corrupción pero se ha procurado exactamente lo contrario.

Por eso el gobierno federal está urgido de procesar a Duarte, y quizá, si tiene voluntad, también lo esté de ir en contra de otros mandatarios que están directamente detrás de Duarte en la lista de procesados: Roberto Borge, César Duarte y Guillermo Padrés, entre otros que podrían no estar tan visibles —como es el caso del Gobernador de Oaxaca— pero que también enfrentan señalamientos por posibles actos indebidos. Y lo que sería realmente relevante es que no sólo tuviera voluntad política sino que estableciera los controles que ahora no existen, y que permitieron que Javier Duarte llegara al extremo de la ignominia que lo tiene también al borde de la prisión.

CONTROLES

Esos controles tendrían que estar centrados en la conformación efectiva del Sistema Nacional Anticorrupción, y no en manos del gobierno federal que, por lo visto, sólo actúa por conveniencia pero no por convicción. Desafortunadamente, la laxitud que quedó en los estados luego de la caída del viejo régimen priista, en el año 2000, les permitió hacer y deshacer impunemente a los mandatarios, que se portaron como menores de edad con una herencia millonaria en las manos: se excedieron, dilapidaron, y se beneficiaron. Pero eso, como el dinero mismo, no puede durar para siempre.

+ Su intervención y “activismo” rebasa el dogma o las ideas que defienden

Si hay quien piensa que la Iglesia Católica cumple con su rol de guía moral de la sociedad, y que por eso sólo opina en temas como el matrimonio igualitario, la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo, o el aborto, en realidad tendría que ver el nivel de injerencia que tiene la Iglesia sobre asuntos que no debían ser de su estricta incumbencia. Aunque la Constitución se lo prohíbe, la Iglesia hoy incide, y hace activismo a favor de sus posturas, a niveles que parecerían increíbles en una democracia laica como la mexicana.

En efecto, pocas veces se había visto una intervención tan abierta de la Iglesia como en estos tiempos. Cuando en mayo pasado el presidente Enrique Peña Nieto presentó al Congreso una iniciativa para reconocer constitucionalmente el derecho de todas las personas a contraer matrimonio sin limitación de sexo, la Iglesia lanzó un contraataque que hasta ahora no ha terminado de ser calculado y dimensionado: llamó no sólo a rechazar la iniciativa presidencial, sino también a que los católicos dejaran de votar por un partido no que defiende la igualdad y la no discriminación, sino que —en su retórica— ataca a la familia y los valores morales de los mexicanos.

En esa intervención se ha tratado de explicar al menos una parte de la debacle priista de junio pasado. La Iglesia, además de opinar —que los curas, como ciudadanos mexicanos, están en su derecho de hacerlo—, tomó partido en la defensa de la familia (en singular), organizando marchas, manifestaciones y pronunciamientos; y ahora también lo ha venido haciendo de forma abierta, en otros temas en los que antes había hecho activismo pero cupularmente. Nos referimos al tema del aborto, que ha sido del interés permanente de la Iglesia aunque pocas veces como ahora lo había hecho tan público, y con la posibilidad abierta de que al retomar el tema intente —como en lo relativo a la familia— llevarlo del plano de la opinión, a la ley a través de una intervención abierta en un asunto que no es de dogma sino de orden público, y político.

En ese sentido, ayer la Arquidiócesis de México señaló que el número de abortos practicados en la Ciudad de México supera a las víctimas de la guerra contra el crimen organizado al registrarse 160 mil embarazos interrumpidos por lo que se trata de una violencia “legítima e invencible”.

Bajo el título “La vida no vale nada” el editorial del semanario Desde la fe indicó que los más de 160 mil “niños asesinados” son reflejo de la idiosincrasia que no valora la vida y la puede “desechar por decisiones legislativas”; afirmó que propiciar el dolor y la muerte no es exclusivo de quienes están fuera de la ley, puesto que la “necrolatría” se tolera al proteger “el asesinato de indefensos a fin de que prevalezcan egoístas decisiones sobre el cuerpo: el aborto”.

“Este poder de la violencia legítima e invencible que atenta contra las vidas en gestación arroja, tan sólo en la Ciudad de México, la infausta cifra de más de 160 mil niños asesinados. (…) México dice honrar a sus muertos, pero paradójicamente nos sumimos en la indiferencia hacia los miles de cuerpos humanos tratados peor que basura, y que por cierto, superiores en número a las víctimas que ha arrojado la guerra contra el crimen organizado”, enfatizó.

INCIDIR EN LOS ESTADOS

La Iglesia Católica sí ha incidido en el tema del aborto, y por esa razón en 17 estados —incluyendo Oaxaca— existen disposiciones antiaborto, disfrazadas de “derecho a la vida”. ¿De qué se trata? De establecer disposiciones —como en el artículo 12 de la Constitución de Oaxaca— que disponen que la ley protege el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Con esta idea, se genera una “certidumbre” de que cualquier forma de aborto voluntario está prohibida a partir de que la ley está protegiendo la vida desde su inicio, y que por eso está fuera de la potestad interrumpir un embarazo.

La Iglesia logró, entre 2008 y 2009, que los estados de Baja California, Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán establecieran disposiciones en ese sentido. Lo hizo cabildeando apoyos a los gobiernos —muchos de ellos con mandatarios emanados del PRI— para el establecimiento de dichas disposiciones —procesadas a través de iniciativas presentadas por el PAN— a cambio de contribuir a la gobernabilidad entre los feligreses.

Evidentemente, dicha intervención no era pública, sino cupular. Eran, pues, acuerdos tomados entre políticos y jerarcas católicos para procesar y respaldar dichas reformas independientemente de cuál fuera la postura política. La diferencia entre antes y ahora, parece ser que la Iglesia está viendo el margen para dejar ese activismo de altos perfiles y bajar sus temas a la ciudadanía.

INTERVENCIÓN ABIERTA

Dicha opinión sobre el aborto claramente fija una postura en un debate que ha sido parcialmente ganado por la Iglesia. Dada su intervención en otros temas, nada impediría pensar que ahora estaría pensando en redoblar esfuerzos para el establecimiento —o endurecimiento— de las leyes provida, en una clara intervención en los asuntos públicos del país, en los que, según el artículo 130 de la Constitución federal, se supone que tiene prohibido inmiscuirse.

+ En Oaxaca también hay ejemplos del doble discurso del priismo

Como si la vida partidista, y la gubernamental, se desarrollaran en ámbitos distintos, en México el Partido Revolucionario Institucional pretende un discurso que a todas luces no honra. Pues de nuevo, cuando el país necesita certeza y espera que el gobierno marque las pautas para la devolución de la confianza ciudadana, el grupo gobernante toma rutas peligrosas y contradictorias que ponen en evidencia que el discurso de la legalidad y el combate a la corrupción están muy lejos de ser reales.

En efecto, desde su arribo al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza se ha encargado de asegurar que su partido está en contra de la corrupción, y de cualquier posibilidad de encubrimiento institucional hacia quienes han incurrido en prácticas de corrupción. Como ejemplo de ello, el CEN priista aceleró el proceso de suspensión de derechos partidarios, y de posterior expulsión, de Javier Duarte de Ochoa, todavía ostentando el cargo de Gobernador del estado de Veracruz.

En ese mismo sentido, el gobierno federal dejó ver que Duarte era investigado por su posible participación en conductas ilícitas como las de lavado de dinero y desvío de recursos. Esas cuestiones se reflejaron en la obtención, por parte de la PGR, de órdenes de aprehensión en contra de Duarte y varios de los funcionarios de su gobierno. Parecía, además, que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto mandaba la señal a todos los servidores públicos del país de que ahora sí la lucha contra la corrupción iba en serio, y que cualquiera que transgrediera los principios de la función pública sería perseguido y sancionado, en los mismos términos que el régimen intentaba castigar al gobernador Javier Duarte de Ochoa.

¿Dónde perdió forma esta intención de demostrar fuerza, legalidad y compromiso con el combate a la corrupción? En el lado priista, esto quedó desmantelado cuando se dio a conocer que, a pesar de ser garante de la legalidad y la honestidad, Enrique Ochoa Reza había recibido 1.2 millones de pesos por concepto de liquidación, luego de haber renunciado a la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad.

Ochoa intentó explicar la legalidad de dicho procedimiento de liquidación, a pesar de que bajo cualquier óptica sólo se liquida a quien se despide del empleo, y no a quien renuncia. Pero perdió la oportunidad de dejar satisfecha a la ciudadanía —que en general se siente enojada y agraviada por los excesivos privilegios de los servidores públicos de alto nivel, respecto al abandono de los empleados en general—, al atajar cualquier posibilidad de devolver dicho monto o transferirlo a alguna acción de beneficencia social.

Luego vino la ocasión del gobierno federal, que en todo este proceso ha intentado demostrar, política y judicialmente, que está comprometido con la legalidad, aunque ha demostrado lo contrario. Por el lado político, dejó ver que presionó a Duarte para que dejara la gubernatura, aunque lo que en los hechos ocurrió es que al dejar el gobierno de Veracruz también perdió la necesidad de continuar en la vida pública.

Al licenciarse de su cargo, Duarte pudo huir; y entonces se inhibió el efecto positivo para el gobierno por haber dejado ver que lo había presionado para dimitir; y también quedó cancelada cualquier forma de eficacia judicial al huir a la vista de las autoridades, que nada pudieron ni quisieron hacer para asegurarse de que estuviera presente para rendir cuentas por sus actos y por las acusaciones que le formuló la PGR.

DISCURSO CONTRADICTORIO

Luego, el gobierno federal, en ese mismo contexto, anunció esta semana la modificación del esquema institucional de persecución de los delitos, y del control a los servidores públicos. Arely Gómez González fue removida de la PGR para ser enviada a la Secretaría de la Función Pública; y a la PGR llegó el senador Raúl Cervantes. Dichos cambios, aunque fueron aprobados por las cámaras legislativas, fueron muy mal recibidos por la incertidumbre que sus nuevos titulares representan para las tareas encomendadas. No hay en el país labor más relevante que la persecución del delito y el combate a la corrupción. Y según parece, los recién designados ni de lejos generan esa certidumbre.

En todo ese contexto, lo que queda es una gran contradicción, a todos los niveles, que incluso tiene su pequeño impacto en Oaxaca: Francisco Javier García López, uno de los que aspira a una responsabilidad en la siguiente administración, recibió de la CFE la cantidad de $908 mil 289 pesos, por dos años con veintinueve días laborados, en un contexto muy similar que el de su líder nacional, Ochoa Reza. Antes, cuando fue coordinador de la bancada priista en la LXI Legislatura, también fue acusado de recibir transferencias millonarias desde las cuentas del Poder Legislativo, sin que sobre ello recayera la investigación correspondiente.

Lo relativo a su “liquidación”, lo dio a conocer hace algunas semanas el semanario Proceso, en un reportaje firmado por Alvarado Delgado, quien indagó los beneficios recibidos por Ochoa. Delgado sostiene, textualmente, en una parte su reportaje; “Hay un caso peculiar: el gerente de Desarrollo Social de la CFE, Francisco Javier García López; renunció al cargo el 2 de abril de este año —“por así convenir a mis intereses”, explicó—, y con dos años y 29 días de antigüedad no tenía derecho a liquidación, según la jefa del Departamento de Dictámenes de la CFE, Karime Slim Ruiz.

¿ENTONCES?

No se ve, a ningún nivel, un ánimo real por cambiar las prácticas. Más bien, la ruta apunta a continuar por la peligrosa ruta de prometer una cosa, pero llevar a los hechos exactamente lo contrario. Algo por demás preocupante.

+ Transición de gobiernos: el silencio total, la única constante

Estamos a escasas cinco semanas de la transmisión de la administración gubernamental en Oaxaca, y algo de lo que —deliberadamente— nadie se ha percatado es que, igual que en 2010, la entrega-recepción es un proceso sin reglas claras, ni derroteros definidos. Hasta ahora, las tareas de la transición —desde ambos gobiernos: entrante y saliente— han sido privadas, discrecionales, potestativas y hasta sigilosas. A pesar de que existe una norma que se supone que debía dar las pautas generales del proceso, la realidad indica que nadie sabe cuáles son esas formas y procedimientos que debían estar a la vista de la sociedad oaxaqueña.

En efecto, faltan 35 días para que la administración del gobernador Gabino Cué entregue el gobierno al nuevo titular del Poder Ejecutivo. El mandatario saliente reconoció —políticamente— al Gobernador electo, pocos días después de los comicios, y desde entonces anunció que se llevaría a cabo un proceso ordenado y transparente de transmisión de poderes, cuestión que el gobierno electo reconoció y asumió plenamente, porque desde entonces sólo han sido generalidades las que se han dado a conocer sobre el proceso. En realidad, desde fuera parece nulo el trabajo sustantivo y normado al respecto, porque todo lo que se sabe son sólo chispazos de información, que sueltan como filtraciones, los equipos que se supone que están trabajando en la transición.

Según esos frentes de trabajo, la discreción ha sido norma para mantener la calma sobre los pormenores del proceso y, sobre todo, para que se evite adelantar vísperas sobre los posibles titulares de las áreas gubernamentales en la próxima administración. Del lado del gobierno saliente, se ha informado que el gobierno trabaja en la entrega-recepción, aunque en realidad nunca se ha establecido con claridad cuál es el mecanismo de transmisión de poderes, quiénes integran el equipo, cuáles son los criterios o normas establecidas al respecto, y cuáles son los mecanismos de transmisión. Es decir, desde el gobierno entrante se sabe que se trabaja por lo que se filtra; y desde el saliente se sabe por lo que se informa en los comunicados. Pero técnicamente no existe ninguna cuestión sustantiva que hasta ahora se haya informado al respecto.

Quizá el único referente concreto sea ese mismo proceso, pero ocurrido hace seis años cuando Ulises Ruiz le transfirió la responsabilidad del gobierno estatal a Gabino Cué Monteagudo. En aquel momento, no existía ninguna norma jurídica que normara la transmisión de poderes, y por eso el gobernador Ruiz emitió un decreto en el que establecía criterios generales para la transición. Dichos criterios, sin embargo, no pasaban del establecimiento de las bases generales para la transferencia de responsabilidades, y la dotación de atribuciones y mandamientos legales para que los dos equipos de transición pudieran llevar a cabo sus tareas de entrega-recepción.

Si se recuerda, en aquel entonces el equipo de transición de Gabino Cué, y el mismo Gobernador Electo, se quejaron largamente por la forma tan discrecional, opaca y potestativa en la que el gobierno saliente les estaba entregando la administración. Quizá la única diferencia entre entonces y ahora, es que el gobierno electo en 2010 externó sus preocupaciones públicamente, y el actual sigilosamente calla frente a la incógnita de qué y cómo se está haciendo el proceso de entrega-recepción.

SÓLO SILENCIO

Se sabe hasta ahora —nunca por una fuente oficial— que el gobierno electo estableció algunos equipos temáticos para llevar a cabo la entrega-recepción. Se sabe que también, que en algunos casos se han extendido una especie de “salvoconductos” para que las áreas de la administración saliente proporcionen la información que requieran las personas acreditadas del gobierno entrante.

En otros, el trabajo se ha encargado a elaborar algunos diseños normativos y análisis administrativos, aunque evidentemente a ciegas porque no es lo mismo analizar una estructura administrativa con la información pública disponible —información de transparencia, básicamente—, que teniendo la oportunidad de conocer a detalle la situación que guarda un área en específico.

El problema es que no existe ninguna base conocida sobre la que se esté llevando a cabo dicho trabajo, en cualquiera de los dos frentes. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece, por ejemplo, que “el Gobernador del Estado emitirá el reglamento que contendrá las normas y procedimientos a que se sujetará la Entrega Recepción de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal” (artículo 74). No existe ninguna referencia hasta el momento de que eso haya ocurrido. Y lamentablemente, las bases que establece dicha Ley Orgánica son insuficientes para suponer que eso puede normar el trabajo de los equipos de transición. Mucho menos cuando la ciudadanía tiene ya no una expectativa, sino incluso temor, de cuáles vayan a ser los efectos de esta tormentosa espera relativa a la transmisión de los poderes.

A TRABAJAR

Escribimos en esta columna el 6 de junio —al día siguiente de los comicios—: “¿Vacaciones? En 2022 Sí. Aunque haya un resultado contundente de la jornada electoral, nadie debe pensar en ‘vacaciones’ o ‘descanso’. El ganador debe ponerse a trabajar. Y los derrotados también. Oaxaca necesita, con urgencia, a la oposición firme y congruente que hasta ahora no ha existido, y que más bien se dedicó, de tiempo completo, a ser pelele del poderoso en turno”. ¿De verdad ya están trabajando, todos, en el “futuro de Oaxaca”?

+ La costumbre es dejar al gobierno en crisis; no es igual en una empresa

Estamos viviendo los últimos días de las administraciones estatal, municipales y legislativa en Oaxaca, y el único común denominador es la fuerte crisis económica en la que están terminando sus respectivas gestiones. El Ejecutivo estatal, los legisladores y las autoridades municipales insisten en que esas son situaciones normales. Sin embargo, la normalidad tendría que apuntar no a finales de sexenio críticos y abrasivos con todo lo que se encuentra a su alrededor, sino a inicios y finales responsables de los ciclos de gobierno, cosa que al menos en nuestro entorno no ocurre.

En efecto, reiteradamente el Ejecutivo del Estado ha afirmado que su gobierno no enfrenta un faltante de dinero sino un problema de liquidez. En el caso del Congreso, la opacidad, la discrecionalidad, y el acuerdo de las principales fuerzas políticas por mantener en secreto el destino del millonario presupuesto legislativo, simplemente llevan a la conclusión de que el Poder Legislativo tiene meses con el presupuesto agotado, y mientras acumula pasivos, deudas y daños por los que pretenden no responder a todos sus contratistas, proveedores y empleados. Y la gran mayoría de los municipios hoy presumen “medidas de austeridad” o de “responsabilidad” que consisten en disminuir al máximo sus gastos para poder compensar los excesos y dispendios cometidos en los años previos.

¿Se refleja, en este universo de posturas frente a la crisis del final de administración, algún viso de responsabilidad? Evidentemente no. Si pensáramos que el gobierno es una empresa privada, entonces nadie se daría el lujo de malgastar el dinero o los recursos humanos o materiales, porque a todos les quedaría claro que esos recursos, primero, tienen un dueño; y que, concomitantemente a ello, los recursos son limitados. En esa misma lógica, una empresa privada no puede darse el lujo de generar más pasivos de los que puede cargar, o de agotar anticipadamente su proyección de gastos. Mucho menos podría darse el lujo de pensar en un ejercicio anual, en el que su gasto operativo sólo rindiera para la mitad del periodo.

Todos esos supuestos resultan impensables en una empresa que tiene un dueño. Si esto es así, ¿entonces por qué todos pretenden que la ciudadanía, que los sectores empresariales que proveen al gobierno de bienes y servicios, y que la misma clase trabajadora que depende del gasto público, se acostumbre a la “normalidad” de las crisis de fin de sexenio?

Pues, en esa lógica, los gobiernos pueden poner cualquier pretexto. Pero la realidad es una, y esa apunta a que desde el primer momento todo el gasto corriente se encuentra etiquetado, y que cualquier gobierno responsable —como cualquier empresa privada— no podría pensar en gastar más de lo que tiene; tampoco podría pensar en gastar cuando todavía no tiene certeza sobre los recursos necesarios para afrontar sus compromisos; y mucho menos podría pensar en medidas absurdas e irresponsable como sobrecontratar personal al inicio de la gestión, para luego despedir a toda esa masa en los meses previos al final de la gestión, como una medida de “responsabilidad presupuestal”.

¿Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS?

Es alarmante cómo el gobierno estatal, con tanta facilidad, asume que pagará para lo que le alcance en las cinco semanas que le quedan de gestión, y que los demás compromisos tendrán que ser afrontados por la nueva administración estatal. Del mismo modo, es absurdo ver cómo conforme avanza el final de la gestión, los servicios públicos menguan; las oficinas públicas se dedican a sobrellevar la tormenta financiera sin asumir ya ningún tipo de responsabilidad o compromiso; y cómo, todos asumen que esa dejadez es parte de la culminación de un ciclo. Pareciera, pues, que todos le apuestan a la declaración de quiebra del Estado el 30 de noviembre, y mientras se dedican a pasar el rato.

En el ámbito municipal pasa algo muy parecido. Hoy, por ejemplo, la capital está nuevamente llena de baches y con un problema fuerte de descuido de los espacios públicos, que también encuentra su explicación en el final de la administración municipal. Hoy son los trabajadores municipales los que hacen tareas que el año pasado le fueron contratadas a empresas privadas, tales como el mantenimiento de algunos espacios públicos, el cuidado de las calles y otras tareas que, u hoy las realizan “de tequio” los empleados que dejarán su cargo a finales de diciembre, o simplemente dejaron de realizarse. Y lamentablemente, esta no es una cuestión privativa de la capital, sino de prácticamente todos los municipios de la entidad que están llegando al final de su administración hasta con el gasto corriente comprometido y con serias dudas de si podrán llegar al final de sus gestiones.

En un escenario normal y responsable, una administración tendría que terminar igual que como comenzó. El problema es que aquí, la soberbia del inicio de los gobiernos los lleva a pensar que el presupuesto es inagotable, que la gestión es eterna, y que el pago de compromisos es superior a la responsabilidad financiera. Por eso la oprobiosa insistencia en que nos acostumbremos a las crisis de fin de administración.

OAXACA SOLIDARIO

Hoy, un sector de la izquierda y de la ciudadanía oaxaqueña, presenta la plataforma Oaxaca Solidario. Pretenden que este sea un espacio de diálogo y concertación en pro de las necesidades públicas de la entidad. Este tipo de espacios de intercambio son necesarios en una sociedad, como la oaxaqueña, tan polarizada, y tan apremiada de tolerancia y equilibrios en el quehacer público. Ojalá que haya claridad y compromiso en dicho planteamiento, como una forma de construcción de ciudadanía para Oaxaca.

+ MFB defiende la idea; pero quién sabe si tenga la estatura para lograrlo

Oaxaca puede ser un referente de cómo las fuerzas políticas, junto con el Ejecutivo y el Legislativo, pactan para llevar a la quiebra al Estado de Derecho. Eso es lo que hicieron todos esos factores políticos en los últimos seis años, para generar un gobierno caótico que intentó ser de coalición, y tener pinceladas de un gobierno equilibrado de tipo semi parlamentario. Toda esa experiencia deberían verla en el orden federal, quienes apuestan a un modelo similar al oaxaqueño sin considerar que, en el pragmatismo político, las tentaciones a veces pueden más que las convicciones.

En efecto, ayer el ex dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, consideró en una entrevista al periódico La Jornada que el sistema político mexicano está agotado, porque seguimos con un modelo que “funcionaba para el partido hegemónico” y que no ha cambiado, pese a las sucesivas reformas electorales con las que la clase política ha respondido a las crisis, una tras otra.

Beltrones habló de “una disminución evidente de la gobernabilidad”. El problema, señalaba, no es de las personas que gobiernan: es que seguimos con un modelo político “del siglo pasado”. Frente a eso, su planteamiento de fondo es el siguiente: es la hora de dar ese paso que parece [que] solo dependería de construir una ley reglamentaria del artículo 89 constitucional, pero hay otros asuntos que antes tenemos que dirimir”. El ex presidente del PRI plantea que la formación de un gobierno de coalición sea obligatoria si el ganador de la elección presidencial no obtiene más de 42 por ciento de la votación. “Y el porcentaje no es caprichoso (…) fue el porcentaje que nos resolvió la gobernabilidad en el Congreso, de la reforma que hicimos en 1990, después de unas elecciones sumamente controvertidas en 1988”.

Así, dice, si un candidato que en 2018 obtuviese más de 42 por ciento de los votos la decisión [de un gobierno de coalición] sería optativa, aunque también podría pasar directamente a la toma de posesión el 1 de diciembre tras la calificación de la elección en tribunales. La otra ruta significaría que el Congreso ratificara al gabinete, con las excepciones señaladas. Así se conseguiría, sostiene Beltrones, tener “gabinetes de calidad”, porque “algo que importa mucho a la gente es dejar atrás la escuela de aprendices”. Se necesitan “gabinetes de calidad, probados, con los mejores, sin importar que vengan de un partido u otro, de la academia o del círculo intelectual, donde muchos son apartidistas”.

Beltrones reclama “romper con esa inercia en la que nos tiene el actual sistema donde el que gana, gana todo, y los que pierden, pierden todo, y se dedican a fastidiar al que gana. Esa es la regla que nos ha traído el conflicto y los resultados mediocres. Por todo ello, propone que con ese se “ratifique” un régimen presidencial con un ingrediente parlamentario “que es la formación de los gobiernos de coalición, pero a final de cuentas presidencial. El presidente seguiría teniendo la facultad de nombrar, con ratificación del Congreso, pero también de remover libremente.”

Algo muy similar a lo que vimos los últimos seis años en Oaxaca, con resultados funestos.

GOBIERNO, ¿ENTREVERADO?

Básicamente, Beltrones pide no pontificar la segunda vuelta sino más bien llevar a un segundo nivel a los gobiernos de coalición, haciendo obligatoria su formación cuando el Presidente llegue al cargo con menos del 42 por ciento de la votación. En ese momento tendría que formar un gobierno ratificado por el Congreso, y establecer todos juntos una agenda común, para así ser corresponsables de los resultados del gobierno y del trabajo legislativo.

En Oaxaca ocurrió un gobierno con muchas de esas características. Gabino Cué rebasó el margen del 42 por ciento de la votación señalada por Beltrones, pero aún así entregó voluntariamente los mecanismos de la ratificación y de la construcción de agenda legislativa a los partidos en el Congreso, frente al hecho (a pesar) de que ninguno de ellos había obtenido ningún tipo de mayoría legislativa. Así, se pensaba, en la pluralidad, los partidos concurrirán responsabilidades para establecer un gobierno de coalición que les reparta responsabilidades.

¿Qué ocurrió? Que los partidos representados en el Congreso se dedicaron a lucrar con las facultades que obtuvieron gracias a la venia del Gobernador, que había propuesto mecanismos como el de la ratificación de todos los integrantes del gabinete, y de que se había comprometido a impulsar una agenda política y legislativa conjunta con los partidos.

Al final, la ratificación se convirtió primero en una comparsa, y en no un mecanismo de control, a favor del Gobernador; y después se convirtió en un mecanismo de presión, coacción y chantaje para obtener prebendas a cambio de los votos favorables a los funcionarios designados. Hubo varios ejemplos, aunque el más ominoso fue Alberto Esteva Salinas, que primero fue rechazado luego de darse a conocer una carta con antecedentes penales, y después ser ratificado, sin explicación alguna, por los mismos que días antes no lo habían aprobado.

REPENSAR EL MODELO

Al final, puede haber experiencias positivas y negativas sobre un mismo modelo. En el ámbito federal, la partidización sigue siendo una señal negativa de cómo podría terminar este ensayo de modelo. El tema es de la mayor relevancia y se debe mantener sobre la mesa, a partir de que la forma actual está agotada y es urgente seguir transformando nuestro sistema por la vía pacífica. ¿Podría el PRI conseguirlo de nuevo?