+ Gestión de injusticias: Huerta se fue pero sigue abusando de la gente

No está definido qué mal fario están pagando los habitantes del municipio de Santa Lucía del Camino, como para tener recurrentemente gobiernos como el de Galdino Huerta Escudero, que desde las penumbras sigue esquilmando y lastimando a sus habitantes, y a la ciudadanía en general. Santa Lucía tiene un gobierno que no provee de ningún servicio ni regula las actividades económicas que ahí se realizan, pero que sí perturba a los ciudadanos a través de sus abusos, disposiciones y omisiones. ¿Hasta cuándo gobiernos y autoridades como esos podrán seguir en la impunidad?

En efecto, en este espacio hemos documentado los abusos cometidos por el gobierno de Huerta Escudero, lo mismo en contra de los habitantes de su municipio que con quienes realizan actividades comerciales en la zona; y de cómo al mismo tiempo se ha encargado de proteger y ampliar las actividades relacionadas con giros negros, hasta convertir a Santa Lucía en una verdadera zona roja, espacio de tolerancia, y patio trasero de la capital oaxaqueña, sin que hasta ahora haya poder humano capaz de ponerle un freno a su voracidad y a los acuerdos por los que se ha mantenido como cabeza de ese gobierno de ignominia.

A estas alturas, son ya ejemplos negros para las autoridades municipales en Oaxaca, lo que el gobierno de Galdino Huerta hizo con empresas como la extinta Cablemás, con la maderería La Asunción, o con colegios privados a los que quería cobrar cantidades millonarias por la continuación de operaciones, como si unos y otros fueran los prolíficos giros negros a los que se ha dedicado a proteger, y a los que también le cobra cantidades millonarias por protección y continuación de operaciones, sin reportar los ingresos a las arcas municipales.

¿Qué pasó con Cablemás? Que a mediados del año pasado, Huerta decidió emprender acciones para que dicha empresa pagara “derechos municipales” por concepto de uso de suelo y continuación de operaciones. Y aunque de entrada el cobro de esas contribuciones no parece ser totalmente legal —porque la actividad de Cablemás deviene de una autorización federal—, lo que verdaderamente llama la atención es la forma en que intentaron presionar a la empresa para que pagara.

¿Qué hizo el Ayuntamiento de Santa Lucía? Que como si ese pueblo sin ley estuviera aislado del mundo, decidió ir unilateral e ilegalmente a sabotear el servicio de transmisión de cable, telefonía e internet que ofrecía la empresa a unos 15 mil usuarios en esa demarcación, desmantelando y destruyendo equipos instalados en los postes de energía eléctrica (que también son de propiedad federal) para impedir que continuara prestando el servicio, y obligándola con ello a entablar una negociación.

Santa Lucía realizó esas acciones a plena luz del día, con funcionarios municipales, y sin tomar ninguna previsión legal para realizar el cobro de las contribuciones a través de los cauces y los mecanismos jurídicos adecuados. Perpetró, en términos sencillos, un acto de sabotaje, a través de prácticas porriles de chantaje institucionalizado, y bajo la lógica de la venganza privada, pasando por alto que lo que debió hacer —si de verdad estaba convencido de que el derecho le daba la razón— era emprende medidas de cobro para tratar de que se cubrieran los créditos fiscales pendientes, pero sin afectar la integridad y funcionamiento de los equipos de la empresa, porque ello constituye la comisión de delitos del orden federal.

LATROCINIOS TOLERADOS

En otro caso conocido, Huerta ha intentado chantajear a la empresa operadora de la Macro Plaza, que en mala hora decidió instalarse en ese municipio. Lo mismo hizo con La Asunción, a la que violentamente llegó personal municipal a clausurar, golpeando y amedrentando a los propios trabajadores, e incluso, hace algunos meses un colegio privado de educación básica denunció públicamente la extorsión de que era objeto por parte del ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, que pretendía cobrarle 130 mil pesos por continuación de operaciones, y que intentaba clausurar la escuela (¡una escuela!) por haber obtenido su permiso en la agencia municipal de San Francisco Tutla.

Por si eso no fuera suficiente, el gobierno de Galdino Huerta ha obtenido cantidades millonarias de dinero que cobra a los automovilistas en los diversos puntos de revisión de alcoholemia que instala cada fin de semana en la demarcación. El objetivo de esos controles no es el de evitar accidentes, sino los cobros excesivos e ilegales que realiza en contra de los automovilistas que conducen en estado de ebriedad.

El colmo de esas barbaridades los cometen sus propios agentes de la Policía Vial, que sólo se dedican a levantar infracciones pero carecen hasta de las nociones más básicas del control del tráfico. Por ejemplo, la semana pasada dos días no funcionaron los semáforos de Hornos y Avenida Ferrocarril. A ninguna hora los agentes viales de Santa Lucía hicieron algo para organizar el tránsito. Mañosamente, preferían situarse metros delante de los semáforos para detener a los vehículos que se pasaran el alto o, a su criterio, cometieran una infracción… ¡cuando los semáforos no servían!

VORACIDAD

Huerta se siente protegido, y quizá quede en la impunidad, gracias a la protección que le da el impresentable diputado y dirigente estatal del PRI, Alejandro Avilés Álvarez. Raúl Cruz, el presidente electo, ha intentado darle un giro a la disminuida imagen de la autoridad municipal, organizando trabajo comunitario constantemente. Ojalá no siga los pasos de su antecesor, que le va a entregar un ayuntamiento devastado, y a una ciudadanía enojada y agraviada por los excesos de Huerta y los demás que tienen a Santa Lucía como zona de desastre.

+ ¿Sirve quitar fuero y reelección, así como bajar salarios?

Los diputados de la LXIII Legislatura están en vías de definir cuáles serán sus rutas de trabajo, pero desde ahora puede verse —con preocupación— que ninguno de ellos da luces sobre una verdadera agenda para los ciudadanos. Particularmente, los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) plantean una agenda replicada del discurso de su Líder nacional el cual, a la luz de la realidad, está plagado de inexactitudes, contradicciones y poco sentido común respecto a lo que se necesita para un mejor y más democrático ejercicio de gobierno.

En efecto, lo único que hasta ahora han dicho los legisladores electos de Morena en Oaxaca sobre su posible agenda de trabajo para los dos años de la LXIII Legislatura, es que seguirán los planteamientos que en los últimos meses ha hecho su dirigente nacional, Andrés Manuel López Obrador. Básicamente, éste se ha referido a temas muy concretos como la eliminación del fuero para servidores públicos y representantes populares; la reducción de salarios para la burocracia, o el reestablecimiento —como norma de conducta estatutaria para sus militantes, y como planteamiento político— del principio de no reelección para todos los cargos populares. ¿De verdad es muy democrática esa agenda?

Habrá que verla no a partir de discursos demagógicos y populistas, sino de las necesidades reales de nuestro sistema de gobierno y nuestra democracia. Y, en eso, resulta que ninguno de esos temas debería estar incluido en una agenda útil para los ciudadanos, simplemente porque ni la eliminación del fuero, ni la reducción de salarios de la alta burocracia, y mucho menos la no reelección, serían determinantes para tener un gobierno. Sólo hay que ir un poco más allá del discurso ruidoso sobre la austeridad y la justcia, que ondea el Líder de Morena, para corroborar estas afirmaciones. Veamos.

En el caso del llamado “fuero” o inmunidad constitucional, nadie se había acordado del tema quizá en la última década —desde 2006 cuando López Obrador fue desaforado para ser procesado judicialmente por el desacato en el procedimiento judicial relativo al predio El Encino—, y poco se había discutido la necesidad de transformarla o eliminarla.

Acaso, el único precedente que justificaría la eliminación del fuero por haber sido una herramienta de impunidad, fue el del diputado de la LXI Legislatura federal (2009-2012) Julio César Godoy Toscano, a quien se le sigue un proceso penal federal por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Fue su antiguo partido, el de la PRD, quien lo protegió y le dio la pauta para que asumiera su cargo y con ello evitara que se le ejecutaran las órdenes de aprehensión que existían en su contra por delincuencia organizada. Hasta entonces, el PRD decía que Godoy Toscano era inocente y perseguido político. Pero fue la filtración a la prensa de unas grabaciones telefónicas, lo que puso en evidencia que éste no parecía ser tan inocente como decían los perredistas.

Esto “justificó” la exigencia de la eliminación de la figura del fuero, aunque en realidad no hay forma de corroborar sustantivamente que el fuero constitucional haya sido utilizado como una forma de impunidad, por encima de los pactos entre gobernantes para evitar las persecuciones.

MÁS DEMAGOGIA

Otro de los temas de la “justicia para los pobres” que ondea Morena en Oaxaca y en el país, es el de la urgencia de bajar los salarios de la burocracia. ¿De verdad funcionaría algo así en Oaxaca? Porque hasta donde se sabe, altos salarios sólo tienen quienes se aprovechan de algún tipo de favoritismo, tráfico de influencias, o corrupción, en el gobierno de Oaxaca. Todos los demás, incluída la burocracia media y alta, tienen salarios muy por debajo del nivel de responsabilidad que enfrentan.

El tema no da espacio a las evasivas: una burocracia mal pagada, aquí y en China, es la puerta de entrada a la corrupción. En Oaxaca casi todos los servidores públicos tienen salarios muy por debajo de la media nacional de ingresos. Y no nos referimos al gobernador, a los secretarios, directores y demás burocracia de primer nivel, sino a todos los que están debajo de esa escala superior, y que son quienes realmente ejecutan las labores públicas. Un elemento que en Oaxaca no consideramos es que ese mismo nivel de responsabilidad en la iniciativa privada —sobre todo en los altos niveles, que en la IP son conocidos como directivos o gerenciales— tienen salarios muy superiores a los de la burocracia en general, y mucho más respecto a la maltratada burocracia media oaxaqueña.

Esa burocracia está mal pagada, es explotada, sobre exigida y además está inmersa en innumerables cuestionamientos por esos mismos problemas. ¿A ellos hay que castigarlos más? Más bien, en lugar de miserables discursos demagógicos, AMLO y sus seguidores —legisladores electos, incluidos— deberían ver porque disminuyeran los privilegios y la discrecionalidad de la que se sirven para obtener beneficios muy por encima de los que la ley les permite. A los mismos diputados, les vendría bien no una disminución de salarios, sino de privilegios económicos, presupuestales y políticos.

¿REELECCIÓN?

Quizá ni AMLO lo sabe, pero la única irrelegibilidad emanda de la Revolución fue la del Presidente. Las demás (de diputados, senadores, autoridades municipales) surgió cuando se consolidó el régimen de partido hegemónico priista, como uno más de sus mecanismos de control (ceder espacios en calidad de privilegios a los servidores y aliados del régimen) político. ¿Esa es su democracia? Lo cierto es que, más bien, esa agenda demagógica y trasnochada, tiene poca utilidad y, frente a los imperativos de la democracia, deja mucho que desear.

+ Sin control eficaz, el sistema político va rumbo a la devastación

Cada que un gobernador deja las finanzas estatales, o la gobernabilidad, o la administración, convertida en un desastre, alimenta la tentación recentralizadora del régimen federal. Esto debería verse ya como un fenómeno no sólo por la irresponsabilidad, la falta de compromiso, y la minoría de edad que demuestran muchos gobiernos estatales en la actualidad, sino por el regreso de la intervención federal no como un mecanismo de rendición de cuentas sino como una forma extra constitucional de intervención en los estados de la república, “justificado” por la indolencia y corrupción de los mandatarios estatales. ¿Ese camino queremos para nuestra nación?

En efecto, el miércoles el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, solicitó licencia a su cargo motivado por la presión que el gobierno federal ejerció en su contra a partir de investigaciones ministeriales y fiscales. En estos días, ampliamente se ha dado cuenta de cómo el gobierno federal desde hace un año contemplaba la posibilidad de la salida del mandatario veracruzano, y cómo hasta ahora endureció la presión para orillar a que presentara la solicitud de licencia. Lo paradójico es que, independientemente de la ilegitimidad de la maniobra federal, con su irresponsabilidad y desastre institucional, Duarte había dado amplia justificación para su dimisión.

En esa lógica, hagamos un supuesto no imposible: que un Gobernador estatal, con toda la soberbia, la intolerancia y la codicia de Duarte de Ochoa, hubiera ejercido un gobierno en el que ninguna cuenta hubiera salido mal, independientemente de las tropelías o no cometidas durante la gestión. Basados en la lógica de que a los pillos los cazan a partir de sus errores, pudiera darse el caso de un Mandatario groseramente excesivo, pero pulcro en sus movimientos, que no hubiera dejado los cabos sueltos por los que hoy están tras las tropelías de Duarte. ¿Qué haría, en ese caso, el gobierno federal para intervenir como hoy lo está haciendo con Duarte?

La respuesta sería nada halagüeña, porque entonces la federación no tendría elementos legales para intervenir políticamente en esa entidad federativa para expulsar a dicho gobernador, como hoy lo hace abiertamente en Veracruz. Nadie reclama, nadie se ofende y nadie denuncia esa injerencia, porque todos consideran —consideramos— como algo urgente que, independientemente de la forma, Duarte de Ochoa dejara la gubernatura. Poco reparamos en que, en este caso, la forma sí es fondo, porque se están utilizando canales y mecanismos legales para una intervención de orden eminentemente político.

¿Qué resulta grave? Por un lado, pues, la intervención federal; pero por el otro —y es aún peor— que Duarte, Guillermo Padrés, Roberto Borge y todos los que se acumulen, le han dado al gobierno federal montañas de elementos legales para perseguirlos, a partir de las rapacidades cometidas, los desfalcos heredados y los abrumadores actos de soberbia cometidos durante sus respectivas gestiones. Por ello, si el remedio es terrible, éste resulta paradójica y preocupantemente justificado por la irresponsabilidad de los mandatarios estatales que no supieron ejercer el poder no que les dio la federación, sino que les otorgó la ciudadanía mediante el voto.

RECENTRALIZACIÓN

El clarísimo riesgo que esto implica es que, como en muchos otros casos, la federación siga interviniendo “justificadamente” en los asuntos que debían ser propios de las entidades federativas. En este caso, la situación parece un callejón sin salida: un puñado de gobernadores que se excedieron profusamente en sus respectivas gestiones; que dejaron tiraderos administrativos, deudas estratosféricas, ciudadanías agraviadas por la soberbia y los excesos, y problemas de inseguridad generados en gran medida por la poca atención puesta a las atribuciones que les correspondían. Esto, por un estado de necesidad, justificaría la intervención del orden superior de gobierno. ¿Pero en una democracia —se supone que madura— como la nuestra, algo así puede ocurrir a pesar de no existir en la propia ley algún mecanismo de intervención?

El problema es que esta ya es una tendencia en México que va sumando situaciones. Pues antes, en temas estrictamente legales, vimos cómo el gobierno federal impulsó la reabsorción facultades en las reformas educativa, político-electoral, financiera, de transparencia y hasta la fiscal y energética.

Ninguna de las reformas constitucionales y legales tuvo algún ingrediente que denotara la disposición a incluir a las entidades federativas en algunas de las tareas de reorganización y administración de facultades o funciones. La federación, en eso, recogió todas las facultades, dejando ver que, al haberlas antes tenido los estados de la República, las habían subutilizado o viciado. A partir de eso, ubicó a las entidades federativas como menores de edad y de esa misma forma justificó la recentralización de todo tipo de facultades.

Al final, lo que queda claro es que los propios gobernadores irresponsables dieron pie a esta práctica abusiva federal. Los ciudadanos, al final, parece que no nos queda más que elegir entre lo malo de esos terribles gobernantes abusivos; o elegir lo peor de un gobierno federal que quiere recentralizar aunque sea incapaz de manejar las situaciones que genera.

OAXACA, SEPULTADO

Hoy tendría que haber arrancado, o pasado por Oaxaca, La Carrera Panamericana. Es el evento automovilístico más importante del año en México, sólo después de la Fórmula Uno. Oaxaca dejó de ser sede. ¿La razón? La inestabilidad social, que es la misma por la que agoniza la economía local, la imagen turística del estado, y miles de empleos. Bien, profes. ¡Bien!

+ ¿Quién obligó a Duarte a pedir licencia? ¿Y quién debió presionarlo?

Son pocas las noticias sustantivas que surgen desde las entidades federativas, que actualmente tienen el nivel de relevancia de la renuncia de Javier Duarte a la gubernatura de Veracruz, 48 días antes de culminar su mandato. Esta dimisión ocurre como consecuencia del retiro del apoyo político del gobierno federal, y del PRI, a un Gobernador emanado de ese mismo partido, y al avance en las investigaciones ministeriales sobre su presunta responsabilidad en la comisión de delitos. Aunque linealmente esto parece parte del destino manifiesto de un gobernador corrupto, en realidad debíamos ver más allá, y reparar en que el gobierno federal insiste peligrosamente en presentar a los gobiernos estatales como menores de edad, para encubrir sus propios pecados.

En efecto, ayer miércoles, Javier Duarte de Ochoa anunció en cadena nacional, que se separaría de su cargo, cosa que se oficializó horas después. En esto, lo que hay que ver con detenimiento es el mecanismo de presión utilizado para lograr su renuncia; el ámbito de gobierno que le generó la presión; los factores políticos que fueron decisivos; y el enrarecido contexto en el que se decidió su caída, cuando ya de por sí era —es— un cadáver político.

Primero, Duarte era uno de los gobernadores que generaba mayores negativos en el país. Él todavía fue producto del envión generado por los viejos gobernadores fuertes del primer tramo de la alternancia presidencial del año 2000 (Fidel Herrera Beltrán), que aún tuvo la capacidad de imponer a su sucesor de acuerdo a sus intereses, e independientemente de cuán aceptado, popular u honesto fuere en el manejo de los asuntos públicos.

Duarte, por eso, encabezó esa generación indeseable de gobernadores jóvenes —los herederos de los viejos gobernadores fuertes, de la que también fue beneficiario Ulises Ruiz en Oaxaca—, pero soberbios, sobrados e irresponsables. En ese sentido, todos sabemos que Duarte disparó la deuda, abrió una amplísima brecha con la ciudadanía, abandonó la seguridad de los veracruzanos y nunca demostró eficacia. Por eso la ciudadanía le cobró la factura el día de la elección, llevándolo a la derrota a manos de su más feroz adversario político.

En este punto, es indispensable diferenciar las variables y las presiones que jugaron a favor de la caída de Duarte. Pues, por un lado, si hubiera sido la decisión ciudadana expresada en votos el día de los comicios lo que hizo a Duarte temer con ir a la cárcel, o a sentir la necesidad de solicitar licencia a su cargo para enfrentar las acusaciones que la gente todos los días expresaba, entonces habría dimitido de su cargo al día siguiente de la elección, y no cuatro meses después.

Es decir: a Duarte no lo presionó el repudio de la ciudadanía veracruzana; no lo amenazó el tiradero de su gobierno, ni tampoco las amenazas del gobernador electo —Miguel Ángel Yunes Linares— de meterlo en la cárcel apenas comience la nueva administración.

A Duarte lo presionaron otros —peligrosos— factores. ¿Cuáles fueron?

PRESIÓN FEDERAL

Desde hace por lo menos un año se ha mencionado lo insostenible que resultaba Duarte como gobernador de Veracruz, no sólo por la exorbitante deuda pública o por su soberbia como gobernante, sino también por los escalofriantes hechos de inseguridad y violencia en aquella entidad. Un tema que presionó fuertemente al gobierno federal para intervenir en Veracruz —como si México fuera una corona, un imperio, o un virreinato— fue el incesante número de periodistas asesinados en aquella entidad.

Esto último generó una fuerte presión mediática ya entre la opinión pública nacional, que luego se extendió a los actos de corrupción cometidos durante el gobierno Duarte, y se combinó con la propia presión que ya sentía el Presidente por las denuncias en su contra por corrupción y abusos. Por eso, al menos desde hace un año el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha deslizado la posibilidad de ejercer presión política sobre Duarte para que dejara su cargo.

Nada de eso ocurrió, y fue simplemente por el semillero electoral que representaba Veracruz para el PRI, y que no quería arriesgarse a perder antes de los comicios. Por un cálculo electoral no presionó a Duarte a dejar su cargo antes de junio. Querían ver si, con todo y ese lastre, podían conservar la gubernatura para el PRI. Casi lo logran. Aunque finalmente el electorado veracruzano pudo más que los cálculos federales sobre el destino no de Duarte sino del partido en la gubernatura. ¿Qué pasó después?

Que entonces Duarte sí se convirtió en un cadáver político; y que entonces sí se echó a andar la maquinaria federal para quitarlo del camino: el retiro de la gracia presidencial; la intervención de la PGR a través de investigaciones ministeriales; la oficialización de la expulsión de la gracia presidencial a través de la suspensión de sus derechos como priista. Todas, señales propias de una presión política, no ciudadana, para que dejara su cargo. Cosa que ocurrió ayer, y que lejos de ser un triunfo de la justicia, debe ser una nueva preocupación para la ciudadanía.

EXCESOS

¿Quiso demostrar fuerza el Presidente quitando a Duarte? Más bien, aprovechó la circunstancia para conseguirlo, y ver si eso minimiza los negativos presidenciales. ¿Y los demás gobernadores ya pensaron que sus excesos, su irresponsabilidad, y su soberbia nos regresa, como estados, como país y como supuesta “democracia en consolidación”, a los tiempos de las cavernas? Esta es una combinación perniciosa que nos hace dar un paso más en la ruta de la recentralización, que se supone que se acabó con el régimen de partido hegemónico pero que, según vemos, está de regreso. Mal por todos.

+ La clave de decir lo que quieren oír no es más que demagogia

Con un abrazo solidario para mi amigo y

colega Juan Pérez Audelo, en esta mala hora.

A estas alturas, la elección presidencial en Estados Unidos es algo así como una comedia muy peligrosa. En los últimos quince días hemos visto cómo el candidato republicano, Donald Trump comenzó el irremediable declive frente a su adversaria demócrata, Hillary Clinton no por sus planteamientos políticos o por sus posiciones ideológicas, sino por sus escándalos personales. Desde México, muchos vemos el proceso electoral estadounidense como un reallity show, y aseguramos que nadie tomaría en serio a un candidato con esos rasgos en nuestro país. Sin embargo, a la vista de todos, en nuestra clase política tenemos la misma manipulación, los mismos engaños y, casi, los mismos argumentos. Y esos sí los tomamos en serio.

En efecto, desde que se realizó el primer debate entre candidatos presidenciales en los Estados Unidos, Donald Trump comenzó un declive en las encuestas electorales que nadie hubiera creído, a partir de la idea siempre de que muchos nunca pensamos que un individuo como él, llegaría hasta la candidatura presidencial de una de las dos principales fuerzas políticas estadounidenses. Como hemos visto, el Candidato republicano basó su crecimiento electoral en el hartazgo de la clase media estadounidense que, como en casi todo el orbe, ha sido el estrato social más castigado por la desigualdad, por el bajo crecimiento económico, y por el incremento de las tasas impositivas por parte del Estado.

En eso basó Trump su discurso, y lo aderezó con las particularidades que tiene la nación  norteamericana —el pueblo— respecto a su composición demográfica. Básicamente, Trump lanzó su campaña política reivindicando las demandas más básicas de la clase media estadounidense, y tratando de cautivar a las clases bajas prometiéndoles, a la primera, un mayor crecimiento económico, y a la segunda, la recuperación de elementos básicos de la economía como el empleo que, dice, le han arrebatado al estadounidense promedio las nuevas minorías dominantes en aquel país como la latina y, particularmente, la mexicana, tanto a través de los ilegales en la Unión Americana, como en las industrias que se han trasladado de Estados Unidos a México por los bajos costos de la mano de obra mexicana.

Para lograr el sustento de esos argumentos, Trump echó mano de algunos fantasmas sociales estadounidenses, como el racismo y la segregación de las minorías, contra la que tanto han luchado desde la abolición de la esclavitud, y más cercanamente desde el reconocimiento pleno de los derechos civiles de todos los estadounidenses independientemente de su ascendencia racial. Para hablarle a esos “estadounidenses promedio”, Trump desempolvó esos argumentos y los utilizó a su favor. Eso estremeció al mundo, pero no a casi la mitad de los votantes, que se manifestaron a favor de concederle su voto.

¿Dónde perdió Trump? Curiosamente, en sus escándalos personales; en las demostraciones de su rapacidad y de su sevicia hacia las mujeres. Esencialmente, hasta el primer debate Trump era un candidato fuerte y competitivo. Las demostraciones de misoginia, son lo que principalmente ha marcado su caída —y eventual derrota—; pero no esos argumentos patéticos relacionados con el racismo, con la segregación, con el odio racial y con varios males sociales que se supone que estaban erradicados de una sociedad que ha intentado marcar la pauta de la civilidad y el reconocimiento a todas las formas de convivencia bajo la idea de que, al margen del color de piel o el origen, todos somos personas.

¿Y MÉXICO?

Candidatos populistas como Andrés Manuel López Obrador explotan, en nuestro propio contexto, explotan más o menos los mismos argumentos que Trump en su país. Aquí, por ejemplo, AMLO se ha dedicado a cultivar simpatizantes entre las clases sociales enojadas o segregadas del desarrollo económico y social. En un país con más de la mitad de la población total sumida en alguno de los subsectores de la pobreza o de la marginación, no es extraña la popularidad de un político que habla de reivindicar esas condiciones independientemente de lo posible —o imposible— que resulte el cumplimiento de ese paquete de propuestas, e incluso de lo demagógicas que resulten sus propuestas a la luz de cualquier análisis serio.

Esto es lo que nos pone ante políticos muy parecidos a Trump, por lo populistas y por lo relativo a los escándalos personales, aunque en el caso mexicano esto último no tenga que ver con la misoginia y el abuso sexual o laboral hacia las mujeres, sino con la corrupción. ¿Cuál es la diferencia? Que aunque ambas sociedades han demostrado ser muy receptivas a esos discursos rentables pero demagógicos, la estadounidense parece estar comenzando a demostrar que cuando menos es intolerante frente a quien abusa de las mujeres, pero la mexicana parece ser muy impermeable a los casos de corrupción.

POCAS DIFERENCIAS

Evidentemente, ninguno de los dos ejemplos es halagador, porque en realidad el riesgo de los discursos demagógicos sigue presente, y sigue también siendo aceptado por ambas sociedades, cada una en su propio contexto. En los Estados Unidos ese discurso racista, segregacionista y falsamente reivindicador, sólo deberá ser tomado por un político más serio que no tenga tras de si la estela de escándalos personales que tiene Donald Trump. En México, con políticos como López Obrador, que hasta ahora ha sido inmune a todas las muestras de corrupción en su contra, parece que tenemos para rato.

+ Esquema, igual de inoperante que el 066

Apenas este lunes 3 de octubre —hace cuatro días—, el Gobierno de Oaxaca anunció la puesta en marcha del número telefónico de emergencia 911 “para atender asuntos que pongan en riesgo la vida o el patrimonio, con el fin de brindar un servicio más eficiente y oportuno a la ciudadanía”. Dijo también que los números telefónicos 066 y 060 de emergencias “emigrarán al 911, el cual unificará a todas las corporaciones de seguridad, vialidad  y auxilio del estado”. Lamentablemente, cualquier persona puede corroborar —cuando tiene una emergencia— que el cambio de número telefónico mantiene la inoperancia de los antiguos números de emergencia en la entidad.

En efecto, en noviembre del año pasado el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó unificar los teléfonos de emergencia en un solo número, el 911. Con ello, dijo, la ciudadanía podrá reportar emergencia a los bomberos, policía y Cruz Roja, entre otros, a ese número. Esta, quizá se recuerde, fue una de las propuestas que en noviembre de 2014 presentó el presidente Enrique Peña Nieto como uno de los mecanismos para “regenerar la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, y para “establecer vasos comunicantes más eficaces y confiables con las autoridades”. En este caso, dijo, para una respuesta inmediata ante las eventualidades y emergencias en cualquier lugar del país.

En ese marco, el 4 de septiembre el gobierno de Oaxaca anunció que a partir del mes siguiente iniciaría operaciones el 911, junto con otras quince entidades federativas. En aquella ocasión, según un boletín de la Secretaría de Seguridad Pública, se dijo que esa unificación ocurría con el propósito de “estandarizar los servicios en términos de cobertura y calidad para auxiliar a la población en casos de emergencia o de prevención de riesgos en materia de seguridad pública y protección civil”.

En septiembre, también la SSPE dijo también que “la unificación  de los Servicios de Emergencia 060 y 066, permitirá coordinar las acciones en materia de seguridad pública entre la Policía Estatal, Policía Vial Estatal, Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca, Coordinación Estatal de Protección Civil, Policías Municipales, Cruz Roja y demás instituciones de seguridad en el estado”. Todo eso fue reiterado, con bombo y platillo, el pasado lunes, cuando se anunció la entrada en operaciones del 911.

Muchos podríamos habernos sentido seguros y confiados de que, con el cambio, también habría una mejora en el servicio por parte de las corporaciones policiacas; y que con ello quedarían atrás aquellas historias de inoperancia, de lentitud, de incapacidad de respuesta, y de abandono a la ciudadanía justamente en el momento en que necesitaba el apoyo de las instituciones de seguridad, que por largo tiempo caracterizaron —al menos en Oaxaca— a servicios como el 066.

INOPERANCIA

Este es un caso vivido personalmente: la noche del miércoles varias personas acudimos a la casa de un buen amigo, a un evento social, por el rumbo de Huayapam, que terminó al filo de las 0.30 horas del jueves. Con una diferencia quizá de un minuto, varios de los asistentes salimos en nuestros respectivos vehículos, y enfilamos sobre la carretera federal 175 con rumbo a la ciudad de Oaxaca.

Al llegar al acceso de San Agustín Yatareni, al pasar un tope, la unidad de motor de uno de nuestros amigos fue alcanzada e impactada por otro vehículo, que era conducido por un individuo en evidente estado de ebriedad. Uno o dos minutos después, algunos de quienes veníamos de la misma reunión pasamos por el lugar y nos detuvimos a auxiliar a nuestro amigo, que salió ileso del percance pero que enfrentaba el problema de los daños que el impacto le causó a su vehículo.

Un par de minutos después, llegó la policía de Yatareni, que sólo corroboró que no hubiera lesionados y, con toda irresponsabilidad, se retiró del lugar sin siquiera abanderar el percance para evitar que los vehículos en la carretera pudieran ocasionar otros accidentes. El afectado llamó primero al 911 para solicitar el auxilio policiaco, y después a la aseguradora de su vehículo. El ajustador llegó 20 minutos después. La policía, no.

Durante todo ese tiempo, el ebrio causante del percance intentó golpear a quienes auxiliábamos a nuestro amigo; pidió llegar a un acuerdo sin portar al menos una identificación; intentó huir a pie; e insultó, gritó y amenazó reiteradamente a los presentes. ¿Y la Policía? Luego de tres llamadas más al 911, los operadores dijeron, primero, que la patrulla más cercana se apersonaría al lugar; después, que habían dado parte a la Policía Federal, por ser tramo federal. Y al final —después de varias llamadas más del ajustador directamente a las oficinas de la PF, y de varias corporaciones— llegaron a la conclusión de que no sabían qué corporación era la competente para brindar auxilio en el percance.

Finalmente, luego de llamar varias veces directamente a la corporación y ya no al 911, una patrulla de la Policía Vial Estatal llegó al lugar alrededor de las 2.30 —más de dos horas después de ocurrido el percance— para remitir al conductor ebrio ante la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.

INOPERANCIA

¿Eran necesarios muertos y heridos en el percance para que la autoridad se apersonara con prontitud? ¿Dónde está la “coordinación interinstitucional” prometida? Más bien, lo que queda claro es que el 911 es lo mismo que el 066, con el doble fraude de ser un programa aparentemente nuevo, pero con las mismas fallas, errores y desdén por los problemas —las emergencias— de la ciudadanía. Es una lástima ver que los recursos y el aparente esfuerzo institucional sean en realidad, un sonoro fraude.

+ La voluntad política se refleja sólo en la inversión real

De cara al cambio de poderes que se avecina en Oaxaca, habría que revisar con detenimiento cuál sería una verdadera actitud democrática, si es que los poderes Ejecutivo y Legislativo pretenden demostrar con hechos, y no sólo con discursos, que están comprometidos con las demandas de la ciudadanía, que hoy en día se reducen a temas muy concretos como la transparencia, el combate a la corrupción, o el acceso a una justicia pronta y expedita, como dice la Constitución que debe ser. Ese compromiso sólo se refleja en la inversión. Y por ello habrá que ver qué tan comprometidos están los nuevos integrantes del Legislativo y Ejecutivo con esos temas.

En efecto, ayer el periódico El Universal presentó un interesante análisis sobre la inversión que realizan diversas entidades federativas en el rubro de transparencia y acceso a la información, y sobre cómo en varias de ellas el discurso del acceso a la información y la transparencia, de cara a las cifras, no resulta ser sino un auténtico engaño.

Según el reportaje de El Universal titulado “Estados ahogan a la transparencia”, a pesar de que la transparencia es una referencia constante en el discurso de los gobernadores, y que en promedio los 32 estados destinan 8.34 pesos por persona, entidades como Puebla, Chiapas, Baja California, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas apenas otorgan menos de la mitad de esa cifra. Oaxaca, agregaríamos, no se aleja mucho de esas entidades en las que la transparencia no es una prioridad y por eso no se invierte en la institución encargada de promoverla y garantizarla.

En ese sentido, de acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Puebla otorga en promedio 2.1 pesos por persona a este rubro; Chiapas, 2.8 pesos; Baja California y Guerrero, 3.4 pesos; y Tamaulipas y Michoacán, 4.1 pesos por persona. El documento señala que a nivel federal se erogan 7.67 pesos por persona para la transparencia, y que Campeche es la entidad que más recursos per cápita otorga a la transparencia, con 20.7 pesos; seguido de Aguascalientes, con 16.3 pesos; Quintana Roo, con 16.2 pesos, y Coahuila y la Ciudad de México, con 14.16 pesos.

Ahora bien, dice la publicación, a nivel nacional el promedio de recursos destinados a la transparencia, como proporción del presupuesto de cada entidad, es de 0.06%, la cual se ha mantenido para los últimos cinco años. En el caso de la federación, la proporción es de 0.02 por ciento, debido a que en 2016 la Administración Pública Federal tuvo un presupuesto de más de 4.7 billones de pesos y la participación de esos recursos para el Inai fue de 937.8 millones de pesos; es decir 0.2%.

Así, hay entidades que proporcionalmente invierten cantidades importantes de dinero en ese rubro, tales como Aguascalientes (0.12%), Quintana Roo (0.11%), Campeche (0.10%) y Coahuila (0.10%). En contraparte, existen entidades como Chiapas, Guerrero y Puebla que mantienen una baja proporción de recursos destinados a la transparencia con respecto al presupuesto estatal (0.02%), tanto en 2016 como en 2015.

¿Y OAXACA?

Aunque el reporte de El Universal no aborda la situación que prevalece en Oaxaca, conocer su voluntad por la transparencia no fue difícil. Según el Presupuesto Ciudadano 2016, elaborado por la propia administración estatal, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la entidad, tiene para 2016 un presupuesto de 26 millones 342 mil 990 pesos, que en proporción a los $60,495,049,279.00 (sesenta mil cuatrocientos noventa y cinco millones, cuarenta y nueve mil doscientos setenta y nueve pesos) que son el total del presupuesto de la entidad para el presente año, no resulta ser sino apenas el 0.04 por ciento de inversión —e interés— en la transparencia.

En esa lógica, al hacer una revisión simple de cuánto invierte la entidad en el rubro de los órganos autónomos, resulta que la transparencia es lo que menos le interesa, sin que eso signifique que el trabajo de los otros órganos autónomos les despierte particular interés. Por ejemplo —y sin que esos montos reflejen jauja en otros órganos—, a la Auditoría Superior del Estado le destina 71 millones 300 mil pesos, que resultan insuficientes para cumplir con sus funciones de fiscalización; a la Defensoría de los Derechos Humanos, le destina 40 millones 604 mil 284 pesos, a pesar de que es la entidad autónoma que más críticas recibe por su parcialidad y disfuncionalidad. Incluso, el IEEPCO es el órgano autónomo que más recursos recibe, con casi 500 millones de pesos. Así, mientras al IAIP le asignan una inversión proporcional de 0.04 por ciento, a la ASE le asignan el 0.12; a la Defensoría el 0.07 por ciento; y al IEEPCO el 0.79% del total del gasto estatal.

INVERSIÓN, NO PALABRAS

¿Qué resulta de todo eso? Que si el nuevo gobierno, y el nuevo Congreso tienen verdadero compromiso con las demandas ciudadanas, deben incrementar la inversión a los órganos autónomos para que éstos hagan su trabajo. ¿Quieren rendición de cuentas? Inviertan más a la ASE. ¿Quieren más transparencia? Que se refleje en el presupuesto del IAIP, y que se consolide en el fortalecimiento institucional que necesitan los órganos autónomos para ejercer las funciones que les confirieron las últimas reformas nacionales. Todo lo demás, es pura demagogia.