+ En 2006, la incapacidad de generar consensos internos derrotó a Madrazo  

El pasado 4 de marzo el PRI cumplió 88 años de existencia y, en apariencia, la conmemoración del aniversario marcó el inicio de la carrera por la candidatura presidencial dentro de ese partido. Las lecturas sobre la recomposición política de ese partido, son variadas. Sin embargo, si algo ha quedado claro en los últimos tres procesos electorales es que el peso específico y las posibilidades más amplias de triunfo de los candidatos presidenciales, no está en las encuestas o en la aceptación espontánea de los ciudadanos, sino en los gobernadores. ¿Está de verdad preparado el presidente Enrique Peña Nieto para pactar con los gobernadores la posibilidad de la permanencia del PRI en el poder?

En efecto, hoy el PRI enfrenta el escenario quizá más complicado de todos los tiempos respecto a una elección presidencial. Ahora, como nunca, propios y extraños tienen la certeza de que el partido del Presidente no cuenta con la fuerza suficiente para retener el poder.

Y de ahí parten todas las perspectivas: parece haber una especie de consenso general a favor de que Andrés Manuel López Obrador es quien abreva la gran mayoría de las simpatías ciudadanas; también, que el Partido Acción Nacional puede construir una opción política interesante con la persona de Margarita Zavala; y también, parece haber una idea cada día más sólida de que el PRD está en vías de extinción. En ese manojo de certidumbres, está también sembrada la idea de que el PRI no tiene con quién ganar, en gran medida por los pasivos electorales que representa el propio Presidente, que ya no es un aliciente sino un lastre para su partido. Esas son las perspectivas de cualquier ciudadano con mediana capacidad de análisis.

Sin embargo, junto a esa perspectiva común, se encuentran los demás factores que también juegan en una elección presidencial: el respaldo del empresariado, las alianzas con los poderes fácticos e incluso el apoyo relevante que se ofrece, o se niega, desde las entidades federativas. En esa perspectiva, en la era de los gobiernos priistas hasta antes del año 2000 eran tradicionales los arreglos entre los candidatos presidenciales y los grupos de poder económico y los poderes fácticos. En ciertos momentos, tanto las estructuras obreras como las cámaras empresariales se sumaban al candidato oficial; y luego, juntos iban a pactar con uno de los mayores poderes fácticos del país, que en otros tiempos fue la industria de la radio y la televisión.

En aquellos años, la alianza con los gobernadores era sólo relativa y aparente: hasta principios de la década de los noventas, todos tenían la certeza de que independientemente del resultado, de todos modos el Presidente seguiría siendo de cuño priista. Por eso, con subordinación todos debían entrar al aro del sostenimiento del estado de cosas: tenían que apoyar inopinadamente al candidato oficial, para que éste convertido en Presidente, los respaldara en sus respectivos gobiernos, intereses y cacicazgos —personales o de grupo— estatales. Básicamente, nadie se atrevía a cuestionar el poder presidencial porque no había certeza alguna de que un enfrentamiento con el Presidente tendría buen puerto para quien lo intentara. Por eso, para el Presidente en la vieja era priista, el apoyo de los gobernadores era uno de los elementos que, sin negociar, ya daba por sumado.

Todo eso cambió cuando en el año 2000 el propio Presidente permitió el avance de la oposición, en buena medida a partir de las advertencias a los gobernadores de que no influyeran en el proceso electoral, y la permisividad para que incluso algunos de ellos pactaran con el candidato opositor. Ya para entonces, además, había varias gubernaturas en manos de la oposición. Por eso tuvo tanto eco el llamado al voto útil como una forma de desmantelar y deslegitimar la estructura de apoyo incondicional —y condicionada— que fueron siempre los gobernadores al candidato presidencial priista.

LECCIONES DE LA HISTORIA

Cuando el gobierno de Vicente Fox se enfiló hacia su último tercio, no parecía posible que el PAN retuviera la Presidencia en 2006. En uno de los frentes, Andrés Manuel López Obrador ganaba popularidad aceleradamente como jefe de Gobierno de la Ciudad de México; y en el otro frente, estaba Roberto Madrazo Pintado, parecía respaldado por la mayoría de los gobernadores que habían emanado del PRI.

Esto último era, en realidad, un espejismo, ya que pronto quedó claro que la mayoría de ellos no sólo no tenía coincidencias con Madrazo Pintado —y que, de hecho, eran opositores silenciosos—, sino que además no tenían ninguna intención de volver a tener un gran cacique nacional, en la figura del Presidente como jefe máximo del priismo, como en el pasado.

Por si eso no fuera suficiente, Roberto Madrazo se dedicó de tiempo completo, desde casi dos años antes de la elección presidencial, a construir su candidatura presidencial desde la Presidencia del partido, lo cual rompió todas las reglas internas de equidad y generó agravios con los Gobernadores, que finalmente fueron cobrados en la construcción de nuevas alianzas relacionadas con el llamado “voto útil”, aunque ahora a favor del candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón Hinojosa. E incluso, en el año 2012, los priistas tuvieron consensos a favor de Enrique Peña Nieto porque éste supo dar juego a todo un grupo de gobernadores que vieron en la potencial figura presidencial, una forma de asegurar sus espacios de privilegio que hoy están rotos circunstancialmente por la intolerancia social cada vez mayor social frente a la corrupción.

En esta lógica, una de las preguntas de la mayor relevancia en estos momentos radica en qué alianzas, y qué alicientes le dará el Presidente a los Gobernadores, para que éstos accedan a respaldar el proyecto político del priismo. Puede ocurrir que el Presidente quiera amagar a los Gobernadores con la imposición de su candidato; puede ser que intente llevar a la candidatura presidencial a una figura unificadora que abra el entendimiento con los mandatarios que hoy pudieran sentirse en riesgo por la necesidad de perseguir la corrupción. Incluso, puede ocurrir que finalmente los gobernadores, como representantes sustitutos de los poderes fácticos, se unan para impulsar ellos a un candidato y al que insten al Presidente para que lo apoye.

Lo único que no puede ocurrir, en esta lógica, es que hoy en día salga un candidato presidencial de entre los gobernadores. Para mal de todos, esa es una figura que prácticamente no se ha modificado desde los tiempos del viejo régimen de partido hegemónico, y por eso hoy los espacios de las gubernaturas están sometidos a fuertes presiones y desgastes relacionados con el ejercicio mismo del poder y los recursos públicos.

DESTINO ANTICIPADO

Por esa razón, uno de los temas que cobrará relevancia conforme avance la contienda interna por la candidatura presidencial en el PRI, será el de la relación que el Presidente pueda entablar con los gobernadores, y los alicientes que tengan uno y otros para mantener el poder. Queda claro que al Presidente no le alcanza su capital político para distanciarse de los gobernadores, y que éstos no tienen la legitimidad suficiente como para impulsar a alguno de ellos a la Presidencia. Entonces, en la búsqueda de su justo medio —con un candidato que seguramente no será un peñista puro, pero tampoco la consecuencia de un chantaje de los gobernadores—, es como en buena medida los priistas resolverán anticipadamente su destino para la elección presidencial del año próximo.

+ Medición de fuerzas: apuestan a que el Ejecutivo se distraiga

En la ecuación del compromiso contra los intereses, se explica por qué el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), denunció que en lugar de cumplir con la orden del Ejecutivo —de dedicarse de lleno a la organización de los comicios en las comunidades en conflicto, dentro de los siguientes 30 días de su designación—, la mayoría de los administradores municipales está más preocupado por priorizar obras y ejercer los recursos municipales. Las administraciones municipales son un rentable negocio que debiera ser erradicado desde la ley. Y mientras eso no se haga, de todos modos persistirá el conflicto y el empeño porque más comunidades permanezcan en el conflicto, a pesar de las órdenes expresas que se giren desde el más alto nivel.

En efecto, según información dada a conocer por TIEMPO el pasado 4 de marzo, el IEEPCO detectó que la mayoría de los 26 administradores municipales recientemente designados por el Titular del Ejecutivo, a través de la Secretaría General de Gobierno, han desatendido las órdenes del Gobernador en el sentido de que dentro de los siguientes treinta días de su nombramiento debían generar las condiciones para la celebración de los comicios municipales, y que en lugar de ello están más dedicados a temas como la priorización de obras y la ejecución de recursos municipales.

En voz del consejero Presidente del IEEPCO, Gustavo Meixueiro Nájera, el órgano electoral dijo que aún cuando ellos trabajan en la organización de las jornadas electorales bajo el régimen de sistemas normativos internos, los administradores municipales han estado más dedicados a temas relacionados con la obra pública, desdeñando la posibilidad de contribuir al establecimiento de las condiciones necesarias para la celebración de las asambleas comunitarias, aún cuando el Instituto Electoral ha cumplido con la entrega de la documentación necesaria para que los administradores cumplan con su parte de la tarea para la organización de los comicios.

Recordó que todo esto contraviene la orden del gobernador Alejandro Murat, quien instruyó expresamente a los administradores para que no tuvieran más prioridad que la celebración de los comicios dentro de los siguientes treinta días a la fecha de su nombramiento; y dijo, además, que la urgencia de la celebración de los comicios en esas comunidades surgió, en la mayoría de los municipios, de un mandato de los tribunales electorales del orden estatal y federal, quienes ordenaron la reposición de las asambleas y jornadas electorales debido a las inconsistencias presentadas en las jornadas ordinarias.

Ante esto, habría que preguntarse por qué razón la Secretaría General de Gobierno no ha cumplido con la responsabilidad de vigilar no sólo el trabajo de los administradores, sino también el cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Ejecutivo del Estado. Más bien, pareciera que tanto los administradores, como la propia Secretaría General de Gobierno, están tratando de ver hasta dónde pueden llevar este tema, y hasta qué punto los asuntos coyunturales van a ser prioritarios para el Ejecutivo en detrimento de temas como el de los administradores municipales que, además, revisten tantos intereses políticos y económicos.

De hecho, esa es la única explicación coherente que puede hallarse, para la forma en la que tanto la Secretaría General de Gobierno, como los Administradores Municipales, están lanzando este abierto desafío a las órdenes del Gobernador del Estado. Los administradores parecen muy preocupados en generar concertación entre los habitantes de las comunidades en conflicto, a través de la generación de obras; y la General de Gobierno parece estar únicamente distraída —quizá, deliberadamente distraída— en otros menesteres y no vigilando la parte de la responsabilidad que les corresponde en el cumplimiento de las órdenes del Gobernador del Estado para que los comicios se realicen dentro del menor tiempo posible en las comunidades en conflicto.

En el fondo, aunque parece una afrenta inaceptable, todo esto ocurre porque nadie se ha atrevido a tocar en la ley todo lo relacionado al régimen jurídico, administrativo y financiero de los administradores municipales. Por eso, en la ecuación de los intereses contra el cumplimiento del mandato del Ejecutivo, todos parecen empeñados en que prevalezca la avidez económica. Y mientras no modifiquen la ley, esto tenderá a convertirse en un ciclo perverso que funcionará siempre aceitado por la corrupción y los ríos de dinero que corren en las administraciones municipales.

PROTECCIÓN, DESDE LA LEY

En realidad, la Constitución del Estado es por demás vaga en la regulación de los administradores municipales. Sólo establece las facultades del Ejecutivo para el nombramiento de los mismos, y refiere algunas responsabilidades generales del Congreso para la vigilancia de los mismos.

Fuera de eso, son también laxas las disposiciones relativas tanto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en la de Fiscalización Superior del Estado, y en la Ley Orgánica Municipal, respecto a los administradores. Toda esa vaguedad, en el fondo, está encaminada a evadir los candados que incluso tienen los Consejos Municipales, y los Ayuntamientos constitucionalmente electos, para el ejercicio de los recursos públicos y la toma de decisiones trascendentes por parte de la autoridad municipal.

Por esa misma razón, los administradores municipales prácticamente son autoridades dictatoriales, ya que al margen de cualquier exageración, se entiende que un dictador es el que gobierna sin facultades expresas contenidas en una ley. Básicamente, los administradores tienen un régimen general, que la propia ley los equipara a un Presidente Municipal, pero con la salvedad de que no tiene Cabildo, tampoco tiene una autoridad intermedia que los regule con efectividad, y sí tienen el beneplácito de las instancias del Poder Ejecutivo —básicamente de las Secretarías de Finanzas, y de la General de Gobierno— que los reconoce como autoridad equiparada a las constitucionalmente electas, y les permite el acceso a los recursos públicos, se supone que para la inversión en obra y para el funcionamiento propio de la autoridad municipal.

No obstante, en la mayoría de los casos los administradores realizan algunas obras que justifiquen la utilización de la totalidad de los fondos destinados a la inversión en obra e infraestructura municipal; se inventan una estructura administrativa para justificar el pago de salarios; y de las obras que realizan, éstas las otorgan discrecionalmente a empresas con las que pueden generar compromisos mutuos a partir de la inexistencia de un cabildo o comités de obra que al menos justifiquen y avalen la existencia de licitaciones o invitaciones restringidas para la asignación de las inversiones.

MODIFIQUEN LA LEY

En esa perspectiva, el negocio de los administradores será redituable, y habrá siempre una competencia contra el Ejecutivo —del que se supone que son subordinados—, mientras no se establezca en la ley que los administradores no pueden ejercer recursos ni acceder a los fondos municipales, y que su única función consiste en el avenimiento de las condiciones para la celebración de los comicios. Al menos en el futuro cercano, no se ve forma alguna de frenar la avidez económica y de los intereses de los administradores, y de sus padrinos, sino hasta cuando el Ejecutivo se decida a cortar estos vicios de fondo y presente —y cabildee políticamente en el Congreso— una iniciativa para hacer definitivo el fin de estos negocios. Mientras eso no ocurra, esta será una historia cíclica de intereses y desafíos.

+ Turismo y Economía, desaparecidos del radar de la promoción social de la entidad

Hay botones de muestra que, aunque parecen pequeños, revelan lo mucho que se está dejando de hacer en tareas prioritarias. Ejemplo de ello es el reciente anuncio de los organizadores de La Carrera Panamericana, de excluir por segundo año consecutivo —y ahora sin razón aparente— a Oaxaca de su edición conmemorativa por el 30 aniversario del rally en su etapa actual. Aunque toda la responsabilidad se le pudiera cargar a las circunstancias, en realidad lo que parece es que alguien desde el gobierno no está haciendo su trabajo.

En efecto, a través de sus cuentas en redes sociales, el martes la empresa organizadora de La Carrera Panamericana anunció que ésta se correrá, en su trigésima edición, de Querétaro a Durango, pasando por Puebla, la Ciudad de México, Morelia, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas. Por segunda ocasión consecutiva, excluyeron a todo el sureste del país, ya que en diversas ocasiones la competencia había iniciado o en Tuxtla Gutiérrez, el Puerto de Veracruz, la capital oaxaqueña o en Bahías de Huatulco.

Esta decisión, en un primer momento, provocó extrañeza y desilusión entre los aficionados a este tipo de eventos deportivos, y particularmente a quienes gustan de presenciar, año con año, la llegada y salida de esta glamurosa competencia, en todas las ciudades que fueron excluidas. La Carrera Panamericana es uno de los eventos automovilísticos de mayor tradición y arraigo en México, y es también el rally urbano más importante del mundo, en el que cada año participan lo mismo celebridades que pilotos profesionales, magnates y antiguos corredores de otras competencias internacionales en categorías como Nascar, o la Fórmula 1, entre muchos otros. De ese tamaño es La Carrera Panamericana, que ahora por motivos aparentemente inexplicables, no visitará Oaxaca en su edición 2017.

Frente a esto, como se apuntaba en líneas anteriores, se le puede achacar todo a las circunstancias y a la inestabilidad social en Oaxaca. El año pasado, en el itinerario oficial estaba incluido el paso de la competencia por la ciudad de Oaxaca, siendo la primera ciudad sede de la competencia, como había ocurrido durante casi toda una década consecutivamente. La Carrera Panamericana no vino a Oaxaca en 2006 por el conflicto magisterial; pero después de ese año, todos los siguientes fue recibida en Oaxaca, e incluso hubo dos años (2009 y 2011) que arrancó en Bahías de Huatulco, para beneplácito —y beneficio— de la industria turística de aquel destino turístico, tan largamente castigado por la lejanía y la intrincada comunicación por vía terrestre.

Así, en 2016 se atravesó el enfrentamiento de Nochixtlán, en junio, y la larga resistencia magisterial —que cerró durante semanas el paso de la súper carretera Oaxaca-Cuacnopalan, por donde se desarrolla buena parte de la competencia en la ruta de Oaxaca a la ciudad de Puebla—, por cuya contingencia se tuvo que cancelar su paso por Oaxaca. La situación, frente a las circunstancias, fue ampliamente comprendida; y por esa razón se lamentó la cancelación de la sede en Oaxaca, pero realmente nadie cuestionó la decisión tomada por los organizadores.

Lo que no se termina de comprender es por qué en 2017, La Carrera Panamericana nuevamente decidió no pasar por Oaxaca.

DEPENDENCIAS AUSENTES

El pasado 28 de febrero, desde la cuenta oficial de Facebook de La Carrera Panamericana, se dio a conocer el itinerario oficial en que se confirmó que Oaxaca estaba nuevamente excluido de la competencia. Innumerables fanáticos de la competencia oriundos de Chiapas y nuestra entidad, cuestionaron duramente la decisión de los organizadores. Éstos, cortésmente contestaban a quienes pedían una explicación por la exclusión de Oaxaca y Chiapas en la edición de 30 aniversario de la competencia, que “se deben alinear los factores para tener una gran carrera en todos los aspectos”; que había “factores ajenos al Comité Organizador de la Carrera”; y que “la planeación de la ruta requiere de muchos elementos”, entre otras respuestas que, aunque decían poco, dejaban ver mucho.

¿Qué dejaban ver? Primero, que a nivel nacional se sigue teniendo una percepción por demás negativa de Oaxaca, como un territorio dominado por el conflicto magisterial, y por la inestabilidad social, que inhibe la certidumbre sobre algo tan básico como la posibilidad de que las carreteras estén abiertas y disponibles en un periodo en específico —y siempre. Esta percepción, sigue sin tener un contrapeso real a través de acciones gubernamentales y civiles para revertir dicha imagen. Parece, pues, que a nadie le importa la imagen socialmente violenta y de inestabilidad de Oaxaca.

Pero, en segundo término, esas respuestas lacónicas de los organizadores de la Panamericana, también dejaban ver que o no hubo la suficiente concertación y apoyo de los representantes del gobierno de Oaxaca para lograr la reinserción de la entidad dentro del mapa de la competencia; o que, aún habiéndolos, de todos modos los organizadores de la competencia no le tomaron la suficiente seriedad a sus interlocutores del gobierno estatal, y de ahí la decisión de dejar de todos modos fuera a la entidad.

Todo esto, a pesar de que durante los dos primeros meses del presente año, no se han presentado bloqueos de vías carreteras en la entidad; y de que, a menos que ocurra un nuevo desencuentro entre la Sección 22 y el gobierno, octubre —periodo dentro del cual se desarrolla la competencia, generalmente a partir de la tercer semana de ese mes— no es un mes que se caracterice por movilizaciones o agitaciones dentro del calendario político ya conocido del magisterio oaxaqueño.

En cualquier caso, lo que queda claro con esta nueva exclusión de Oaxaca de la ruta de La Carrera Panamericana, es que hay funcionarios de la Secretaría de Turismo, de la de Economía, e incluso de la Secretaría General de Gobierno, que no están haciendo su trabajo. Y no se trata de pensar que la Panamericana es el único o el mayor evento del año del que dependa la economía o el turismo local; pero tampoco es aceptable la posibilidad de que las dependencias estatales desestimen la importancia significativa y simbólica, de que Oaxaca aparezca al menos en alguno de los eventos deportivos que tienen eco nacional e internacional por su tradición, por sus participantes, o por el entusiasmo que despierta en los aficionados de todo el país.

Hasta ahora, ni el secretario de Turismo del gobierno estatal, Juan Carlos Rivera Castellanos, ni el de Economía, Jesús Rodríguez Socorro, han hecho manifestación alguna sobre el tema en particular. Quizá estén pensando que La Carrera Panamericana es simplemente un evento deportivo, que no reviste ninguna implicación en temas económicos y turísticos; y quizá por eso están pensando —erróneamente— que debe ser la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte quien tendría que manifestarse al respecto.

SILENCIO INDOLENTE

¿No está entonces implicada la imagen de Oaxaca? ¿No importan los cientos de aficionados que como turistas de alto nivel, gastan cantidades millonarias, sólo por el gusto de acompañar la Carrera en todo su itinerario? ¿No representa una derrama económica importante el desplazamiento de las escuderías, ingenieros, mecánicos y personal de apoyo de los competidores? ¿Y, entonces, el Gobierno de Oaxaca puede quedarse tranquilo ante esa exclusión que, en el fondo, refleja que no confían en la entidad?

Este silencio gubernamental es terrible, desde el ángulo que se le vea.

+ Gobierno y grupos internos, todos a favor de la “familia real”

Lamentablemente, la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca enfrenta calamidades muy superiores a las de sus sindicatos, y sus chantajes y amenazas de huelga de cada año. La Universidad, en realidad, atraviesa por una situación crítica que se agrava por el desinterés e incapacidad tanto de la administración estatal, como de la mayoría de sus grupos internos, para impulsar cambios de fondo. Con la inercia que lleva, su única ruta posible es la de la ruina.

En efecto, el fin de semana la administración universitaria anunció el fin de la huelga que había sido decretada por una facción del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca (STAUO) que, para variar, había sido resultado indirecto de las presiones y chantajes orquestados por el secretario administrativo de la Universidad, Taurino Amilcar Sosa Velasco, que es funcionario universitario y a la vez impulsor del grupo sindical que organizó la huelga. La huelga —ilegalmente estallada— terminó no por las acciones jurídicas impulsadas por la rectoría para declarar su ilegalidad, o por la capacidad de concertación del gobierno estatal, sino por la firma de acuerdos hasta ahora no del todo clarificados por parte del rector, Eduardo Bautista Martínez.

Aunque este fue un alivio, todos saben que en realidad el vía crucis anual de la Universidad por la relación con sus sindicatos apenas inicia. Dentro de no mucho tiempo vendrán las acciones que impulse el STEUABJO; y luego vendrán las de los demás sindicatos (SUMA, STAUO y los otros grupos con reconocimiento como organizaciones sindicales) que igualmente presionarán a la administración universitaria no sólo para que les cumpla sus demandas y presiones de orden laboral o económico, sino también porque a través de la vida sindical de la UABJO, se desahogan buena parte de los problemas políticos que ahí existen.

En ese escenario, resulta una voz solitaria la del rector Bautista Martínez, que cada que puede insiste en señalar los graves problemas financieros que enfrenta la Universidad, y la imposibilidad de continuar cumpliendo los caprichos y demandas de todos sus sindicatos. En reiteradas ocasiones, Bautista Martínez ha dicho que la crisis económica de la universidad es profunda, pero su actitud de sometimiento a la familia Martínez Helmes le ha impedido ir más allá para exigir la clarificación de las cuentas y los estados financieros e la Máxima Casa de Estudios, que en buena medida se encuentra en crisis gracias al prolongado y desbordado control que han ejercido durante mucho tiempo el ex rector Abraham Martínez Alavés y sus hijos.

Si ese es un problema en sí mismo grave, todo se profundiza cuando se reconoce que si bien el tema financiero es grave, éste no es el peor de los problemas de la Universidad. Impacta, sí, en el hecho de que la Universidad tiene una carencia enorme de personal académico capacitado y reconocido en sus competencias reales, y que la propia administración universitaria ha fomentado y permitido la existencia de toda clase de vicios, tales como la manipulación del alumnado, la tergiversación del voto universal para las elecciones universitarias, y el discrecional y totalmente opaco sistema de asentamiento de calificaciones.

Aunque al final, la permanencia de cada uno de esos vicios es un abono a la tergiversación de la vida universitaria, y la existencia de los estrictos controles políticos por parte de la llamada “familia real”, que en el fondo se combinan con otros problemas más de fondo sobre los que nadie tiene voluntad o decisión para enfrentar y resolver de fondo.

TODOS AVALAN

A LA FAMILIA REAL

Aunque tienen una de las peores famas dentro de todos los cacicazgos universitarios en el país, nadie se ha atrevido a intervenir el poder de la familia Martínez Helmes. No lo ha hecho el rector Bautista Martínez, que no sólo no tiene ninguna voluntad para enfrentar a los Martínez, sino que tampoco podría tener la capacidad de hacerlo. Él, que es un investigador de cierto renombre y al que sus compañeros le reconocen amplias capacidades intelectuales, está totalmente solo y copado en la administración universitaria por los distintos grupos, y por los afines a los Martínez Helmes; pero además es un Rector que no tiene ganas ni fuerza para enfrentarlos.

Ello es lo que explica por qué el rector Bautista se ha resistido a reconocer la existencia de facciones contrarias dentro de la Universidad, y por qué también se ha negado sistemáticamente a entablar diálogo con los grupos disidentes en facultades y en conflictos como el de Derecho, que cualquier día podría volver a hacer crisis si al rector “legal” le vuelven a dar ganas de enviar a sus porros a tratar de desalojar a quienes tienen en su poder el edificio central universitario.

¿Por qué el rector Bautista se niega a dialogar con la disidencia en ese conflicto? Toma esa postura, no sólo porque le es más cómodo evadir el problema y no reconocerlo en su dimensión real, sino sobre todo porque es muy evidente que tiene miedo de que eso contradiga las decisiones y los intereses del ex rector Martínez Alavés, y haga algo que ponga en riesgo su supuesto bastión político de la Facultad de Derecho. Por eso, él —con todo y sus supuestas resistencias y diferencias con la “familia real”— sigue siendo el principal aliado de la permanencia en el poder de los Martínez.

En esa lógica, es trágico que hasta ahora la disidencia en el conflicto de la Facultad de Derecho tampoco haya tenido la capacidad de generar el eco y la atención necesaria en el Gobierno del Estado. Particularmente, el Secretario General de Gobierno, Alejandro Avilés Álvarez, tiene una situación más cómoda evitando involucrarse en el conflicto ya que tiene una particular cercanía con la ex rectora Leticia Mendoza Toro, secretaria General de la Universidad —el hijo de ésta, Nahum Carreño Mendoza, es el secretario Particular de Avilés—, que a su vez tiene una alianza cargada de intereses con los Martínez Helmes.

Ahí, de hecho, la responsabilidad recae no sólo en la actitud deliberadamente indolente y convenenciera de Avilés —que, como casi siempre, calcula a favor de sus conveniencias sus movimientos, importándole poco si eso mismo le conviene al Estado—, sino también en el hecho de que los disidentes de la Facultad de Derecho no han logrado afianzar un movimiento que les permita el reconocimiento universitario, pero también la intervención política del Estado para darle cauce a su problemática de fondo.

Al final, la realidad apunta que por un lado los intereses políticos, y por el otro la displicencia, terminan beneficiando a los Martínez Alavés, que a pesar de tener de rodillas a la universidad, y sus arcas verdaderamente a punto del colapso, siguen gozando de cabal salud política. Nadie ni nada los ha movido, a pesar de todo el daño que le han hecho a la Máxima Casa de Estudios; y, como van las cosas, no habrá en el futuro cercano algún movimiento que permitan entrar de fondo a la revisión de su Ley Orgánica, de su funcionamiento interno, y de la auditoría a sus cuentas.

IMPUNIDAD

A estas alturas, ya a nadie le importa que uno de los tantos socios de Jorge Castillo Díaz, fue justamente el antecesor del rector Bautista Martínez, Eduardo Martínez Helmes. Los propios ex funcionarios universitarios de aquella administración, relatan cómo contabilizaron “utilidades” ilegales del presupuesto universitario, por más de 20 millones de dólares, que habrían ido a parar a las cuentas particulares de varios personajes, incluidos entre ellos los “facilitadores” financieros del gobierno de Gabino Cué.

+ Después de 2018, AMH va a necesitar figuras alternas que estabilicen su gestión

En lugar de generarse desgaste inútil en temas de poca trascendencia en el Congreso local, el Ejecutivo del Estado debería estar ya trabajando de forma muy detallada y pormenorizada todo lo que se relaciona con los gobiernos de coalición en la Constitución local. Hasta ahora hay sólo rastros generales de esa figura en las leyes locales, pero no existe el desarrollo pormenorizado que ya debería haber, para evitar que después de 2018 el gobierno se tambalee ante la inestabilidad derivada de los resultados electorales. Este es un resultado ampliamente previsible. Y por eso, en lugar de perder tiempo en frivolidades, intereses personales, y errores, los asesores del Ejecutivo, y la bancada priista, deberían invertir su capital político en el perfeccionamiento de ciertas figuras que después le serían de gran utilidad.

En efecto, hay amplias posibilidades de que la elección concurrente de 2018 sea un desastre para el priismo en la entidad. las razones no se basan sólo en el trabajo político que pueda desarrollar el priismo local en los comicios donde se elegirán diputados locales, diputados federales, senadores y Presidente de la República, sino en los factores nacionales que ponen a Oaxaca como un semillero de votos de un partido distinto al que gobierno.

En esa lógica, es ampliamente sabido que el Movimiento de Regeneración Nacional se beneficia reiteradamente de los votos que le suma Andrés Manuel López Obrador, y que del 2006 a la fecha ha sido una constante que en las elecciones en las que el tabasqueño es candidato, en Oaxaca todos los resultados le terminan siendo favorables. Esa fue la inercia que en 2006 llevó a Gabino Cué a la Senaduría; que en 2012 llevó también a Benjamín Robles Montoya —cuando todavía AMLO militaba en el PRD— al triunfo, en ambos casos acompañado de nutridas bancadas en la cámara baja federal. Y por eso mismo, no hay una sola razón para no suponer que ocurra lo mismo en 2018, con la agravante —para el PRI— de que ahora habrá elecciones concurrentes.

Sí. en 2018 se renovarán las cámaras federales y la Presidencia de la República, pero también se elegirán diputados locales. La LXIII Legislatura, de transición, sólo durará dos años. Y, en esa lógica, lo que resulta más relevante es que ese resultado electoral local, quedará en buena medida anclado a lo que ocurra en la contienda presidencial, y a cómo se desenvuelvan las campañas para las diputaciones federales y las senadurías.

Ello agrega ingredientes importantes de incertidumbre para el régimen estatal, que ya probó sus capacidades de triunfo, pero que no se ha enfrentado a la variable de tener ante sí una elección concurrente en la que son otros los factores, las inercias y las efervescencias entre los electores, que generalmente se animan más a salir a votar y eso hace los resultados mucho más inciertos en lo que corresponde a los factores locales.

En esa lógica, ¿el gobierno estatal ya tiene al menos lecturas y proyecciones preliminares del 2018? Porque para efectos del Gobernador, es claro que sí puede haber un gobierno con minoría legislativa; pero es también claro que esto se convierte en una pesadilla ante la imposibilidad de construir acuerdos con una mayoría parlamentaria que le es adversa. Por esa razón, si 2018 será un año en el que López Obrador y Morena pudieran avanzar en Oaxaca, lo lógico sería también suponer que en esa inercia se llevarían muchos triunfos en las diputaciones locales, dado el respaldo popular que tiene el tabasqueño en nuestra entidad, y la ausencia en general del voto diferenciado.

En ese escenario, ¿el gobernador Alejandro Murat está preparado para gobernar con minoría legislativa a partir del tercer año de su gobierno? ¿Qué alternativas de gobierno está construyendo, en la política y en la ley, para encarar un escenario en el que no necesariamente cuente con la cómoda mayoría de su partido en el Congreso local?

Los escenarios de 2018 sólo auguran adversidades para el PRI en la entidad. Queda claro que en comicios federales, Oaxaca sigue siendo obradorista, y que el PRI no tendrá ningún candidato fuerte —ni el presidencial, porque quien resulte electo por el PRI de todos modos no tendrá ninguna conexión con Oaxaca; ni tampoco en las diputaciones federales y senadurías, como para asegurarle un equilibrio a AMLO y a quienes ponga de candidatos—. Por esa razón, sería más importante que nunca construir el andamiaje para los gobiernos de coalición, incluso —como se dice coloquialmente— vendándose el dedo antes de provocarse la herida.

BANCADA PERDIDA

Es muy lamentable que la fracción parlamentaria del PRI, que encabeza la diputada María de las Nieves García Fernández, tenga tantos problemas en el control de los temas que lleva a la arena legislativa. Hasta ahora, se han encargado de discutir temas en realidad poco trascendentes, y han perdido tiempo y capital político muy valioso en la corrección de los errores que cometieron quienes confeccionaron la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y lo hicieron mal.

Desperdiciar su fuerza menguante, discutiendo temas como el de Cortv, o el de un reglamento ecológico que por ignorancia, descuido o mala intención derogaron, es reflejo de que no tienen claras las prioridades no de algunos funcionarios, sino del gobierno para el que trabajan, del que todos dependen, y a los que todos necesitan que le vaya bien.

Todas esas, en realidad, han sido discusiones bizantinas que han surgido inopinadamente, y que se han convertido en problemas que nunca debieron existir. ¿Qué nunca se preguntaron no qué estructura quería el entonces Gobernador electo, sino qué estructura orgánica necesitaba su régimen? ¿Nunca entendieron que la estructura gubernamental debió haber sido resuelta antes del 1 de diciembre? ¿Siguen sin entender que lo que ahora inviertan en tiempo y capital político para resolver caprichos, será proporcional a su inmovilidad e incapacidad de interlocución posterior?

El mejor ejemplo de que no están discutiendo ni lo importante ni lo urgente, es el olvido en el que tienen a la figura del gobierno de coalición. ¿No entienden también, que lo más seguro es que el PRI pierda la mayoría legislativa en la LXIV Legislatura, y entonces el gobernador Murat tendrá que optar por un gobierno de coalición para poder mantener la estabilidad de su régimen e involucrar a algunas de las fuerzas de oposición en un esquema común de trabajo, para asegurar cuando menos las mayorías indispensables para poder gobernar?

En la actualidad existen sólo dos enunciados referentes al gobierno de coalición en la Constitución del Estado (artículo 59, fracción LXVIII y artículo 79, fracción XXVI), pero sin ningún tipo de desarrollo operativo, para hacer funcional dicha figura. Y si dentro de poco tiempo el Ejecutivo se ve en la necesidad de optar por dicha figura, se encontrará con una serie de problemas relacionados con la falta de reglamentación precisa, que habrá ocurrido por la enorme indolencia de la bancada priista de la Legislatura actual, que está empeñada en mantenerse en discusiones retóricas e ignorar los asuntos que serán previsiblemente importantes en un mediano plazo que está más cerca que nunca.

OPACIDAD

Otro de los temas que la Legislatura local tendría que discutir con cierta congruencia, es la profunda opacidad en la que desarrollan sus funciones tanto la parte legislativa, como la administración del Congreso. ¿Cuánto tiempo más habrá que esperar para que al menos funcione su portal de transparencia, o en general la deprimente página web del Congreso?

+ En la agenda, ningún tema relacionado con la educación; ¿qué se negocia?

En los últimos dos meses el gobierno estatal y la Sección 22 del SNTE han llevado a cabo diversas rondas de negociación de cuyo contenido y alcances prácticamente no existe información disponible. Los únicos indicios de los temas que se están tratando en las mesas de trabajo, han salido a través de las comunicaciones que el sindicato magisterial emite para conocimiento de sus agremiados. Si en el corto plazo no se establece una ruta, de cara a la sociedad, sobre lo que se negocia y los alcances posibles de dichos acuerdos, entonces el propio gobierno estará abriendo la posibilidad de negociaciones y chantajes infinitos, y daños profundos a la gobernabilidad, por parte de la Sección 22.

En efecto, desde el 1 de diciembre ha habido dos reuniones publicitadas entre el Ejecutivo del Estado y la dirigencia de la Sección 22. La primera ocurrió el 2 de diciembre, cuando se estableció el acuerdo por el que se regularizaban tres mil 600 plazas de trabajadores de la educación; y la otra ocurrió a finales de enero, en la que el gobierno entabló diálogo con la nueva dirigencia magisterial, y en la que se delineó el establecimiento de mesas de trabajo para resolver asuntos laborales y políticos. Derivado de esas mesas, cuyo contenido ya ha sido cautelosamente reservado a la opinión pública, la noche del lunes ocurrió un bloqueo por parte de normalistas e integrantes de la Sección 22, del que nuevamente se informó prácticamente nada. ¿Es correcto dejar tanto espacio al silencio, en un tema de vital importancia para los oaxaqueños?

Evidentemente, la respuesta tendría que ser negativa, aunque en realidad parece que el gobierno estatal pretende establecer nuevos parámetros, sobre bases lamentablemente ya por todos conocidas. En esa lógica, es claro que la administración estatal busca generar una relación más civilizada con la Sección 22, pero lo que habría que ver es si el propio sindicato tiene ánimos de atender a esa nueva relación, o si su pretensión es continuar con la lógica del chantaje que los ha caracterizado avasalladoramente al menos en la última década. Para atajar esta última posibilidad, cualquier negociación tendría que pasar por el tamiz mínimo de la transparencia.

¿Por qué? Porque lamentablemente en Oaxaca, el gobierno estatal está negociando quién sabe qué temas con la dirigencia de la Sección 22, pero lo único seguro es que no está discutiendo nada relacionado estrictamente con la educación. Y si se supone que, por un lado, la administración de la educación pasó a ser un tema federal a partir de la Ley General del Servicio Profesional Docente; y que, en el otro extremo, el gobierno concretó la regularización de las plazas docentes a partir del acuerdo del 2 de diciembre con la anterior dirigencia de la Sección 22, entonces no quedaría del todo claro qué se seguiría discutiendo, a menos que fueran temas estrictamente educativos.

El problema es que hoy en día ni el IEEPO, ni la Secretaría General de Gobierno, dejan lo suficientemente claro qué se sigue negociando. Esa opacidad es parte de los viejos usos y costumbres del diálogo entre la Sección 22 y el gobierno, aunque no debería ser algo aceptable a la luz de la nueva relación entre el Estado y el magisterio, y de las particularidades que en ello ha presentado la relación específica del gobierno estatal con la Sección 22.

En esa lógica, llama la atención el silencio que ha mantenido la SEP frente al tema, y los sorpresivos movimientos y anuncios internos de la Sección 22 frente a sus agremiados. Nadie debería apostar al privilegio de los espacios de silencio y las interrogantes, porque ello únicamente alimenta la idea de que, la larga historia de desencuentros entre la educación y la gobernabilidad en Oaxaca, no ha servido para nada porque de nuevo son temas políticos los que se discuten.

PRESIONES Y CHANTAJES

No debería echarse en saco roto las lecciones iniciales que dejó la implementación de la reforma educativa, y la relación —similar en muchos aspectos a la que ahora pretende el gobierno estatal— que intentó el gobierno federal con la Sección 22 y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Qué ocurrió?

Que inicialmente se intentó que la relación fuera política y no educativa. La conducción le fue encargada al entonces subsecretario de gobierno de Segob, Luis Enrique Miranda Nava, que se dedicó a buscar la forma de transigir con la Coordinadora a partir de la concertación de espacios a cambio de una mejor gobernabilidad. Todos los intentos fracasaron, incluso los que pretendían pasar por la cooptación de la dirigencia y por la entrega de recursos ilimitados a cambio de la civilidad por parte de las secciones sindicales integrantes de la Coordinadora. La CNTE nunca cedió en su exigencia de la abrogación de la reforma educativa.

Esto no ocurriría, como tampoco el cese de las hostilidades de la CNTE. Por eso, a la larga la única solución posible fue la de la intervención de la fuerza pública, y el traspaso de la responsabilidad de la implementación de la reforma educativa a la SEP. Por el lado de la fuerza, Gobernación replegó a la CNTE; y la SEP estableció que cualquier negociación con la Coordinadora tendría que darse a partir de la aceptación de la reforma educativa, mientras le requisaba el IEEPO a la estructura política de la Sección 22.

Lamentablemente, en el camino se atravesó Nochixtlán, en junio del año pasado, y ello cambió las variables de la negociación para devolverlas a Gobernación, que a la larga se dedicó a los temas de la justicia por el enfrentamiento, pero evitó regresar a los temas de la negociación política de espacios y posiciones con la Sección 22.

¿Qué refleja todo eso? Que en su momento el gobierno de Gabino Cué, como el federal, buscaron por todas las vías evitar que el conflicto magisterial volviera a aterrizar en las negociaciones relacionadas con la reforma educativa. Y hoy, a pesar de todas esas duras lecciones —y lo mucho que todo ese proceso le ha costado a Oaxaca, en todos los sentidos— ya no queda claro si lo que se negocia son espacios para los normalistas, o la inaplicación de lo que establece la Ley General del Servicio Profesional Docente en Oaxaca, o simplemente en los temas de justicia relacionados con Nochixtlán; o con la ubicación de los trabajadores regularizados a partir del acuerdo del dos de diciembre.

Lo único cierto es que a nadie le benefician esos espacios de silencio y de opacidad que hoy se privilegian en la nueva relación del gobierno con la Sección 22. Es muy lamentable que las instancias encargadas de la gobernabilidad prefieran mantener en la discreción el contenido de las negociaciones, y que la ciudadanía sólo sepa que existe diálogo cuando las protestas salen del recinto donde se negocia y se instalan en las calles, como ocurrió la noche del lunes y la tarde de ayer con los normalistas.

El gobierno debía informarle a la ciudadanía qué pretende la Sección; qué exigen los normalistas; qué ofrece el gobierno y, sobre todo, cuáles son las condiciones y los límites de ese diálogo. Ello implicaría el establecimiento de condiciones mínimas para un diálogo verdaderamente civilizado. No hacerlo abre la puerta a los chantajes y a los amagues magisteriales que tanto daño le han hecho a Oaxaca.

DE LUTO

Armando Navarrete Cornejo falleció anoche, luego de una larguísima lucha contra el cáncer. Fue un hombre cabal, idealista y congruente, que supo siempre brindar amistad y consideración a sus seres queridos. Su familia tendrá la fortaleza para superar esta pérdida, siguiendo su ejemplo de entereza, tenacidad y valor para enfrentar las adversidades. Un abrazo solidario para sus deudos en estos momentos de profunda pena. Descanse en paz.