Columna Al Margen

Boicot de S-22, no es riesgo para comicios: es su participación en ellos

almargenoaxaca

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marzo 26, 2015

+ No gana AMLO; gana el grupo gobernante al “recuperar su inversión”

Esa avidez por alimentar el morbo y el fatalismo, es lo que ha llevado a varios medios informativos de la capital del país a errar la lectura del llamado al boicot de los comicios de junio próximo que recientemente lanzó la Sección 22 del SNTE. En su lógica, varios medios y analistas procesaron el llamado de forma lineal. No alcanzaron a ver que, en realidad, con esa determinación la 22 está anunciando su participación en el proceso electoral, y la alineación de sus intereses con el grupo gobernante local, que urgentemente necesita “recuperar la inversión” del costo político por respaldarlos incondicionalmente frente a la reforma educativa.

En efecto, la Asamblea Estatal de la Sección 22 acordó el fin de semana pasado lanzarse al boicot de los comicios de junio próximo. En el Acuerdo 29 del documento de Acuerdos, Tareas y Pronunciamientos emanados de su encuentro celebrado el pasado 20 de marzo, puede leerse textualmente lo siguiente: “Esta Asamblea acuerda iniciar con el boicot a las elecciones federales trasladando el plantón estatal para la toma indefinida de las oficinas de los doce distritos electorales del INE y anuncia que no permitirá la instalación de casillas en las escuelas del Estado hasta lograr la solución a todas las demandas del MDTEO por parte del Gobierno Federal y Estatal”.

Entendido este acuerdo de forma lineal, lo que se entiende es lo que literalmente dicen las palabras: que el magisterio democrático oaxaqueño boicoteará los comicios actuando de dos formas: trasladando el plantón estatal a la toma de las oficinas del INE en los once distritos electorales (el documento erróneamente señala doce); y no permitiendo que se instalen casillas electorales en instalaciones escolares en poder de trabajadores de la Sección 22.

Sin embargo, a pesar de lo ruidosa que puede ser esta determinación en un contexto nacional, en el que sí hay varios estados en donde las elecciones están en entredicho por la violencia social o por la alta criminalidad, en este caso la determinación de la Sección 22 debe leerse como el anuncio de su participación —nada nuevo en el escenario político oaxaqueño— en el proceso electoral, y no necesariamente como el boicot literal a los comicios.

Pues resulta que como todo grupo determinante en la gobernabilidad de un estado, la Sección 22 también participa en todos los procesos electorales estatales, pero no de la forma tradicional que todos conocemos. Es decir, nunca en su historia la Sección 22 ha resuelto apoyar directa y abiertamente a un candidato o partido político, sino que su participación siempre debe entenderse por exclusión de sus determinaciones. ¿Qué significa esto?

Que desde hace años, la 22 participa en los procesos electorales locales a través de dos vías: anunciando el boicot general a los comicios, o anunciando campañas de “voto de castigo” para algún partido, o conjunto de partidos, con los que ellos no están de acuerdo. Sólo que cualquiera de esos dos acuerdos no debe entenderse de la forma literal y tajante que parece, y por ende uno no debe limitarse a suponer que esa será su participación en los comicios, o que su intención de fondo es impedir que éstos ocurran.

Más bien, afirmamos que la participación de la Sección 22 en el proceso electoral debe entenderse por exclusión, a partir de que sus intenciones de fondo deben interpretarse en sentido contrario a lo que linealmente afirman.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Esta determinación, además, debemos entenderla en un contexto distinto al nacional: aquí no hay una amenaza real al proceso electoral por violencia social o criminalidad; y aunque lejanos, la Sección 22 y el grupo gobernante local, siempre han sido aliados. Éste último ha invertido gran cantidad de su capital político en respaldar incondicionalmente las determinaciones de la Sección 22. Y si tomamos como base que la lucha permanente de quien ya tiene el poder, se centra en conservarlo e incrementarlo, entonces resulta lógico que esta sea un momento clave para que el magisterio respalde al régimen en su necesidad de mantener los mayores espacios de poder posibles de cara al proceso electoral que se avecina.

En ese sentido, el grupo gobernante tiene particular interés en que fuerzas distintas al PRI retengan la mayor cantidad posible de diputaciones federales. Hoy en día, entre el PAN y el PRD, detentan 10 de las 11 diputaciones federales. Eso, en términos políticos, significa que el PRI está borrado totalmente del contexto político, y que entonces la meta del régimen se centra en conservar esas 10 curules, e incluso tratar de blanquear al PRI.

A partir de ese interés debe entenderse la inusitada determinación de la Sección 22 de boicotear las elecciones. Es una simple determinación, que a lo que apunta es a que los maestros alineados con los intereses sindicales comenzarán a trabajar no a favor de un partido o candidato en particular, pero sí para socavar ciertas posiciones que son clave para un posible repunte del partido tricolor en la entidad.

En esa misma lógica, no sería nada extraño —y no debiera sorprendernos si ocurre, porque muy seguramente eso pasará— que además de este llamado al boicot, luego la 22 llame al voto de castigo en contra de quienes no quieren abrogar la reforma educativa. Finalmente, lo que estarían haciendo es alinear los intereses comunes con el régimen que gobierna la entidad, para tratar de inhibir las posibilidades de una mayor participación ciudadana a favor del Revolucionario Institucional.

Ya en otros procesos electorales, la Sección 22 anunció boicots similares. Los llevó a cabo parcialmente y los hizo también como una forma de tener participación en el proceso electoral. Esto, como lo dicen las autoridades, no puso en riesgo la elección, aunque sí incidió —así fuese de forma marginal— en el resultado de la elección, y reafirmó su alianza con el grupo gobernante.

EL MUNDO AL REVÉS

Hay un inusual acuerdo que resalta de entre todos los acordados por la 22 en su más reciente asamblea: el punto 36 señala: “La Asamblea Estatal acuerda que en todas las escuelas que pertenecen al MDTEO se debe laborar en los días de suspensión que marca el calendario oficial vigente emitido por la SEP”. ¿Muy trabajadores y comprometidos con la educación? No. La resolución de trabajar en los días de suspensión, se debe a su rechazo únicamente a las reuniones de Consejo Técnico mensuales, que establece la reforma educativa. Vaya desilusión.

Si el Congreso va a regular marchas, debe considerar la Ley de Movilidad

almargenoaxaca

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marzo 25, 2015

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+ Restringir marchas es inconstitucional; debe optarse por concertación

En Oaxaca se habla recurrentemente de la necesidad de regular las manifestaciones en la vía pública, pero hasta hoy no ha habido una discusión serena al respecto. De darse en algún momento esta discusión sobre una posible legislación en esta materia, ésta necesariamente tendría que pasar por la experiencia actual del Distrito Federal, que el año pasado emitió una ley que intentaba regular las marchas, pero que fue declarada inconstitucional por un tribunal federal. A pesar de ello, dicha norma sería un referente fundamental que vale la pena revisar.

En efecto, en Oaxaca el diálogo público no pasa por los matices: por un lado se encuentran aquellos que todos los días abusan del derecho de expresión y manifestación, consagrados ambos en la Constitución de la República, en aras de exigencias o intereses que no se circunscriben a los de toda la sociedad. Las organizaciones sociales, los sindicatos, y los grupos de lucha social, a diario pisotean los derechos de la ciudadanía que, a su vez, responde exigiendo una ley no que norme o regule las marchas, sino que tajantemente las impida.

Como el gobierno no puede encontrar un punto de equilibrio entre esas dos posturas, opta por no hacer nada. En ese panorama, cualquier posibilidad de entendimiento queda anulada: las organizaciones pasan por alto el derecho de la ciudadanía a la tranquilidad y al libre tránsito; la ciudadanía responde negando el derecho de los otros ciudadanos a manifestarse; y el gobierno no hace nada por garantizar los derechos de unos y otros, pero dentro del marco de la ley.

En ese sentido, es claro que uno los avances fundamentales que contempla la Ley de Movilidad del Distrito Federal, estriba en hacer patente algo que al menos los oaxaqueños —sociedad, gobierno y organizaciones— hemos olvidado: que la preservación de la vía pública y sus componentes, son cuestiones de orden público y de interés general.

En ese sentido, la Ley de Movilidad considera de utilidad pública e interés general: La prestación de los servicios públicos de transporte; el establecimiento, mejoramiento y uso adecuado de las áreas de tránsito peatonal y vehicular, conforme a la jerarquía de movilidad; la señalización vial y nomenclatura; la utilización de infraestructura de movilidad, servicios y demás elementos inherentes o incorporados a la vialidad; la infraestructura de movilidad y equipamiento auxiliar de los servicios públicos de transporte de pasajeros y de carga que garantice la eficiencia en la prestación del servicio (artículo 2).

Si repasamos los elementos enumerados por dicha norma, veremos que a la luz de nuestra propia realidad esos son elementos que permanentemente son arrebatados y mal utilizados por quienes se manifiestan en la vía pública, olvidando que ninguno de esos elementos son solamente de ornato o que, en el caso de la señalización, la nomenclatura y los elementos inherentes e incorporados a la vialidad no son ni pueden ser arrebatados para la realización de pintas o la impresión de consignas. Y es que no se trata de una cuestión de pertenencia, sino de utilidad pública. Por eso, dicha norma puntualiza una cuestión que aquí está completamente relegada, que es lo relativo a qué tratamiento se le debe dar a la vía pública y que calidad tiene ésta frente a los ciudadanos en general.

LO INCONSTITUCIONAL

Aquí en Oaxaca se habla con mucho simplismo de las normas para regular las marchas. Se dice, por ejemplo, que las organizaciones tendrían que presentar avisos o peticiones de autorización a las autoridades competentes para que éstas tomaran las medidas necesarias para evitar molestias a la ciudadanía o para “autorizar” la realización de manifestaciones en la vía pública. Ese simplismo, intenta pasar por alto —quién sabe si de forma deliberada— que las marchas tienen una naturaleza de insubordinación, que se supone que ocurre justamente como una expresión de hartazgo frente a la falta de atención de las autoridades contra quienes se protesta. Por eso, de entrada, parece un contrasentido tratar de normar algo que por naturaleza es rebelde.

Ahora bien, en el caso de la Ley de Movilidad del DF, un juez federal de aquella entidad, declaró inconstitucionales los artículos 212, 213 y 214 de dicha Ley, porque vulneran el derecho a la libertad de expresión y de manifestación. Concretamente, el artículo 212 de esa Ley es inconstitucional en la parte relativa a la obligación que establece para hacer constar en el aviso la finalidad “perfectamente lícita” de la manifestación pública.

“Al respecto —dice una nota de Animal Político, que puede verse en http://bit.ly/1xwAjLI — el juzgador federal subraya que todas las personas gozan del derecho a la libre expresión, por lo que su ejercicio no debe ser restringido mediante censura previa, sino en todo caso mediante la exigencia de responsabilidades ulteriores en aquellos casos en que se afecten los derechos o reputación de terceros”.

Puntualiza que la exigencia de un aviso previo tiene efectos meramente informativos, lo cual no debe interpretarse como la necesidad de un permiso que condicione la licitud de la protesta. Asimismo, contempla que la redacción del artículo 214, que prevé que la Secretaría de Seguridad Pública tomará las medidas necesarias para evitar el bloqueo de las vías primarias de circulación, es inconstitucional porque genera incertidumbre jurídica.

“La declaratoria de inconstitucionalidad de dicho artículo deviene de la falta de claridad en cuanto al alcance del uso legítimo de la fuerza pública frente a los quejosos, ya que no establece en forma expresa el tipo de medidas permitidas, ni los principios de proporcionalidad y excepcionalidad a los que debe someterse la fuerza pública”.

PUNTOS DE REFERENCIA

La Ley de Movilidad del DF deberá encontrar sus propios equilibrios y la forma de proteger esos bienes jurídicos (la vía pública y sus componentes) que reafirma como de utilidad pública e interés general. Pero al margen de esto, en Oaxaca éste debiera ser un elemento esencial para la discusión serena y real sobre la regulación de las marchas porque aquí hace falta entender que, a pesar de la postura o intereses particulares, finalmente todo se trata de una cuestión de convivencia, de gobernabilidad, y de considerar siempre el derecho del otro, como el propio, antes que hacer descalificaciones y juicios desconsiderados que finalmente no son aceptables y, según vemos, tampoco son constitucionales.

“Dar todo a S-22 para dejarla sin motivos”: una estrategia equivocada

almargenoaxaca

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marzo 24, 2015

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+ En 2006 le dieron todo a 22, y de todos modos continuó en beligerancia

Como estrategia, el gobierno federal y el de Oaxaca, intentan dejar a la Sección 22 del SNTE sin motivos para que siga protestando. Según ellos, esa será la forma para que, en el mediano plazo, la 22 se vea deslegitimada para continuar con su beligerancia actual. Hoy es imposible saber si esa estrategia está sostenida por otras acciones para la implementación de la reforma educativa. Pero lo que sí queda claro es que, según todos los antecedentes que existen, de entrada esa estrategia de tratar de dejar al magisterio sin razones para que proteste, es equivocada.

En efecto, aunque no es una política declarada, el gobierno federal está tratando el problema de la Sección 22 como un asunto político, y no como un tema educativo. Las negociaciones se están dando en la una mesa de la Secretaría de Gobernación, y quienes están pactando con los maestros son funcionarios encargados del manejo político y de la gobernabilidad del país. ¿Qué está haciendo Gobernación? Ir reconociendo, uno a uno, los derechos y conquistas de los integrantes de la Sección 22, incluso en perjuicio del mandato de la ley —que ellos mismos impulsaron— para aplicar la reforma educativa.

En Oaxaca ocurre prácticamente lo mismo. Aquí, sin ningún pudor, la Sección 22 mantiene una alianza franca y abierta con el gobierno estatal, que en los últimos años ha venido afianzando en Oaxaca la hegemonía magisterial, y que le ha permitido tener el control total del IEEPO. Según hemos visto, en los últimos años la autoridad educativa se ha dedicado a afianzar la posición hegemónica del magisterio a partir de una ponderación bastante obvia y conveniente para el gobierno estatal.

Esa ponderación oficial apunta a que la alianza entre la Sección 22 y el gobierno estatal es necesaria y benéfica para la estabilidad del grupo gobernante, porque en gran medida la Sección 22 tiene un peso determinante en la gobernabilidad del Estado. Según los antecedentes, la única organización capaz de hacer tambalear al gobierno en Oaxaca, es el magisterio. Por eso el gobierno no sólo no ha tenido ninguna intención de distanciarse políticamente del gremio educativo, sino que ha venido afianzando su alianza para asegurar con ello su permanencia en el poder, y su capacidad de reacción frente a los adversarios comunes, tanto de régimen como de los profesores.

En esa lógica, el gobierno estatal optó por la estrategia de mantener satisfecho al magisterio a cambio de su propia estabilidad. Esa estrategia se ha mantenido incluso frente a las variables iniciales que apuntaban hacia las presiones del gobierno federal, para que el gobierno estatal hiciera las gestiones políticas para la emisión de la armonización de las leyes estatales a las federales en materia educativa, y para que iniciara el proceso de implementación de la reforma educativa entre los trabajadores de la educación oaxaqueños. El gobierno estatal no rompió su alianza con la Sección 22, pero sí comenzó a actuar coordinadamente con el gobierno federal en esa estrategia blanda —y errónea— en contra de la Sección 22.

¿Por qué blanda? Porque en aras de continuar el diálogo, han ido reconociendo uno a uno los derechos y conquistas del magisterio; además, porque ha habido cierta coincidencia en que no hay razón para que el PTEO de los profesores oaxaqueños no sea elevado a rango de ley; porque hasta ahora no hay indicios de algún punto de la negociación en el que el gobierno federal, o el estatal, que intente contradecir a los profesores; y porque en el fondo hay una coincidencia total en que por ahora lo óptimo es tratar de dejar a los maestros sin razones para que sigan protestando.

Si esta estrategia no viene acompañada de otras medidas en el mediano plazo, el resultado será el que ya conocemos: un triunfo llano y total del magisterio frente a sus adversarios políticos. Los antecedentes así lo indican.

ERRÓNEO, DAR TODO INCONDICIONALMENTE

Aunque es un tema que ya poco se recuerda, en el conflicto magisterial de 2006, la gran y absoluta ganadora fue la Sección 22 del SNTE. Ellos entraron y salieron incólumes de la crisis popular; ellos lograron doblar al gobierno federal, que decidió darles todo (su rezonificación salarial, el sometimiento del gobierno estatal, la interlocución directa, e impunidad) con tal de desactivar su participación en el conflicto; la Sección 22, después, no tuvo problemas en mantener sometido al régimen del entonces gobernador Ulises Ruiz; al mismo tiempo, trabó alianza con la oposición política en la entidad. Y finalmente, cuando ganó Cué en 2010, decidió mantenerse en la esfera opositora —como era natural— pero le han cobrado al gobierno todo lo que les deben de entonces a la fecha.

Todo eso fue resultado de una estrategia muy similar a la actual, que sólo llevó a más y más empoderamiento de la Sección 22, sin que hubiera contrapesos por parte del poder público. Y es que hace nueve años, el magisterio oaxaqueño desató el conflicto magisterial por la natural inconformidad que generó en ellos el uso de la fuerza pública en su contra. Varios meses después de generada la crisis, el magisterio entabló negociaciones con la Secretaría de Gobernación, y ésta decidió conceder todas sus peticiones con tal de que la 22 desactivara su participación en el conflicto y regresara a clases.

En el corto plazo, el gobierno federal logró desactivar el conflicto, pero en el mediano plazo no hizo sino hipotecar al magisterio las finanzas estatales, y entregarles por completo el control de la gobernabilidad en la entidad. Todo esto ocurrió porque aquella primera medida de dar todo a los profesores no vino acompañada de medidas posteriores que rectificaran esos primeros excesos y modularan la relación entre el gobierno y la Sección 22 luego de la crisis.

RIESGOS, POR DOQUIER

Por eso vale la pena insistir: ¿el gobierno estatal y federal tienen una segunda estrategia para complementar la que hoy están aplicando? Quién sabe si la tengan. Y si sí la tienen, seguramente no querrán decirla. Pero ojalá que, en el fondo, sí la tengan porque ese será una garantía —al menos relativa— de que las concesiones que hoy están dando al magisterio para desactivar el conflicto, luego serán equilibradas con una acción efectiva de gobierno. Hasta hoy los resultados son negativos. Y si esa sola es la estrategia, entonces están cometiendo un error más que todos los oaxaqueños pagaremos en los próximos años.

Transparencia en Oaxaca, un problema que rebasa al chisme

almargenoaxaca

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marzo 23, 2015

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+ CIDE constata malos resultados de órgano garante en Oaxaca

Aunque los consejeros de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Oaxaca (Cotaipo), han insistido en que las voces que exigen la reintegración del órgano garante de transparencia en la entidad son alentadas por chismes e intereses, en realidad Oaxaca sí tiene un problema grave en este rubro. En las más recientes mediciones nacionales ya se refleja que las deficiencias del órgano garante impactan en la calificación global de Oaxaca como estado; y por eso, los Poderes del Estado debieran redoblar su interés en resolver este problema.

En efecto, recientemente el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP) presentaron los resultados de un estudio denominado Métrica de la Transparencia 2014 (que puede ser consultado en www.metricadetransparencia.cide.edu/?section=Documentos), en el que ofrece datos desagregados en cinco dimensiones: normativa, portales, usuario simulado, capacidades institucionales de los órganos garantes y una selección de sujetos obligados, y los compara con un ejercicio similar realizado en el año 2010.

Ese es un estudio nacional, que incluye mediciones tanto al gobierno federal como al de las 32 entidades federativas, y que busca ofrecer una radiografía general del estado en que se encuentra la transparencia, ya no sólo en su aspecto normativo sino en las capacidades para poder hacer efectivo este derecho, en su interacción entre el usuario, los ámbitos de gobierno y los órganos encargados de proteger el derecho a la información y datos personales de los particulares.

Una de las primeras sorpresas que nos ofrece esta métrica, es que en relación a 2010 —cuando se supone que vivíamos en la época del autoritarismo priista— como estado, Oaxaca se encontraba en el lugar número 22, y ahora se encuentra en el sitio número 27, de los mismos 33 sujetos evaluados antes y ahora. En 2010 la evaluación general del estado de Oaxaca alcanzó una calificación de 0.714, mientras que en 2014 quedó en 0.690. Esta primera sorpresa, sin embargo, debe contrastarse con algunos datos para entender las causas y razones de esta caída en la métrica nacional de transparencia.

Como ya lo apuntamos, el estudio se ocupa de cinco aspectos, a saber: normativo, portales, usuario simulado, capacidades institucionales de los órganos garantes, y una selección de sujetos obligados. Es necesario ir a cada uno de esos rubros para entender con más claridad en dónde se encuentran las fallas que ubican a Oaxaca en una franca situación de retroceso en el ámbito de la transparencia. Veamos.

En dicho estudio, Oaxaca se encuentra por encima de la media nacional en el aspecto normativo. Según el estudio del CIDE-COMAIP, el promedio nacional (que va de cero a uno) es de 0.79, y Oaxaca tiene una posición de 0.83. Esta buena ubicación responde a la emisión de una nueva ley de transparencia en la entidad, que incrementó las capacidades normativas de los sujetos involucrados en la transparencia y que ofreció a los particulares mayores elementos para poder hacer efectivo este derecho.

En cuanto al rubro de portales, en 2010 Oaxaca tenía una calificación de 0.58 cuando el promedio nacional era de 0.78. Hoy en día, la Métrica del CIDE-COMAIP establece que en el subíndice de portales Oaxaca tuvo un avance significativo al haber obtenido una calificación general de 0.72, frente a la media nacional, que es de 0.84. Este avance —junto con el de usuario simulado, en que Oaxaca incluso rebasa la media nacional, con una calificación de 0.69, frente a un 0.65 de promedio nacional— tiene su base en las medidas que han implementado los poderes del Estado para mejorar la forma en que los particulares pueden acceder a temas relacionados con transparencia.

Baste ver que en este contraste de mediciones, el Poder Ejecutivo mejoró sustancialmente su calificación relacionada con portales, al haber pasado en 2010 del lugar número 32 (de 33), al número 20 en esta medición. Lo mismo ocurrió en el rubro de usuario simulado, en el que en 2010, Oaxaca también se encontraba en el lugar número 32 pero hoy registró el cuarto mejor desempeño de los 33 sujetos evaluados.

ÓRGANO GARANTE, EL LASTRE

En la Métrica de la Transparencia realizada en 2010, CIDE-COMAIP ubicaron al órgano garante de transparencia en Oaxaca en la posición número 12 a nivel nacional, sin embargo, en la medición actual, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública se ubica en el lugar número 31. Es decir, cayó 19 lugares en la medición nacional, apenas en cuatro años, de los cuales más de la mitad de la gestión corresponden a la actual integración del órgano garante.

Según la Métrica, el órgano garante de Oaxaca tiene serias deficiencias en cuanto a sus capacidades institucionales. Esto porque sostiene que su dirección es mucho menos independiente que la media nacional, ya que mientras la Cotaipo apenas alcanzó una calificación de 0.560, el promedio nacional se ubica en 0.719; lo mismo ocurre en el rubro de organización, en el que el órgano garante de Oaxaca resultó con una calificación de 0.389 frente a la media nacional, que es de 0.668; incluso, en el rubro de operación la Cotaipo tampoco pudo registrar un desempeño notable, ya que apenas obtuvo una calificación de 0.314 frente a la media, que es de 0.408.

Los únicos registros en donde sí tuvo buen desempeño fue en actividades e incidencia, en donde registró 0.889 y 0.600 frente a la media, que es de 0.781 y 0.540, respectivamente. Por eso, en general en el subíndice de capacidades institucionales, la Cotaipo tiene una calificación global de 0.517 cuando la media nacional es de 0.652, y esto impacta de manera importante en la calificación global regresiva que obtuvo Oaxaca en esta medición.

ÓRGANO CARO Y DEFICIENTE

Hay un aspecto más que registra la Métrica elaborada por el CIDE-COMAIP: el órgano garante de Oaxaca ocupa la posición número siete a nivel nacional en cuanto a recursos públicos destinados a la transparencia, ya que en 2014 tuvo un presupuesto de $32,801,448.00; no obstante, su posición dentro de los órganos garantes sigue siendo la penúltima a nivel nacional, sólo por encima de Zacatecas y Michoacán. Con esos resultados, ¿es sólo por “intrigas” y “chismes” que muchos quieren que los consejeros actuales dejen sus cargos, y los $86,308.54 que dice su mismo portal de transparencia que cobran cada mes? Los resultados, los números y el CIDE, estamos seguros, no mienten.

Chimalapas: trascendental que se respete acuerdo entre entidades

almargenoaxaca

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marzo 20, 2015

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+ Suprema Corte: con el poder en las manos para decidir los límites

Si la clase política oaxaqueña tiene verdadero interés en defender el territorio frente a la invasión del estado de Chiapas, sería trascendental que para enfrentar este asunto hiciera a un lado cualquier mezquindad y cerrara filas a favor de Oaxaca. Se han dado pasos sustanciales en la operación política que busca proteger el territorio que el estado vecino reclama como suyo, y por eso mismo se hace urgente que quienes integran los poderes del Estado aparten sus diferencias y en este asunto demuestren que hay temas que rebasan los intereses políticos.

En efecto, el pasado cinco de marzo los Secretarios Generales de Gobierno de Oaxaca y Chiapas (Alfonso Gómez Sandoval Hernández, y Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, respectivamente) firmaron una declaración conjunta que es trascendental para reforzar el procedimiento jurisdiccional que se sigue ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la porción de territorio que los dos estados reclaman como propio. En esa declaración conjunta, los representantes de ambos gobiernos establecieron el compromiso expreso de acatar la sentencia que emita la Suprema Corte de Justicia respecto a la controversia constitucional 121/2012 que se sigue por la pertenencia territorial de la región de los Chimalapas.

Este asunto hizo crisis hace algunas semanas debido a la persistencia de los llamados “talamontes”, que si bien tienen décadas presentes en la región de Los Chimalapas, esto ha sido en gran medida alentado por el gobierno chiapaneco en su intento por afianzar la pertenencia de ese territorio. Y es que la invasión a territorio oaxaqueño, así como la tala ilegal e inmoderada de bosque y selva en la región Chimalapa, empezó en los años cuarenta, década en la que el gobierno chiapaneco —con el argumento de que esas tierras eran “nacionales” y que se encontraban dentro de territorio del Estado de Chiapas—, apoyó y protegió a las compañías madereras como fueron los Sánchez Monroy, Manuel F. García, Juan Pérez y otros, para que indebidamente se instalaran en esa región.

Y no solamente esto, en la región de Los Chimalapas se cuenta que de forma ilegal, el gobierno chiapaneco les expidió permisos de explotación forestal para que talaran el bosque de manera indiscriminada. Esas compañías madereras o aserraderos ya instalados dentro de la jurisdicción de Santa María y de San Miguel Chimalapa, Oaxaca, con sus respectivos permisos de explotación forestal, necesitaron mano de obra para trabajar. Por esta razón llegaron a la región Chimalapa trabajadores provenientes del mismo estado de Chiapas, pero también de Guerrero, Michoacán, Veracruz y de otras partes de la República.

Esos trabajadores que llegaron con todo y familia fundando en ese lugar pequeños núcleos humanos que más tarde se convirtieron en comunidades. A esas comunidades los “chimas” (apelativo que con orgullo se hacen llamar los naturales de Santa María y de San Miguel Chimalapa) les llaman “congregaciones”, para diferenciarlas de las “zoques ancestrales”.

En un principio se crearon aproximadamente 40 congregaciones irregulares. En la actualidad solo quedan 22, que indebidamente el municipio de Cintalapa, Chiapas, los reconoce como sus agencias municipales.

Además, los gobiernos que ha tenido el estado de Chiapas, en un intento por legalizar y con la ambición de expandir su territorio, ha bautizado a los asentamientos irregulares asentados en jurisdicción de Santa María y de San Miguel Chimalapa, con nombres de personajes chiapanecos. Por esa razón, existen poblados como Rafael Cal y Mayor, Ramón E. Balboa, Elsye Herrerías de Castellanos, Pilar Espinosa de León, Flor de Chiapas, Rodulfo Figueroa.

Y Chiapas, no conforme con lo anterior, mediante el Decreto número 008 emitido por la Sexagésima Cuarta Legislatura de aquel Estado, pretendió crear, sobre el ejido denominado “Rodulfo Figueroa”, que se encuentra dentro de la jurisdicción de San Miguel Chimalapa Oaxaca, un nuevo municipio con el nombre de “Belisario Domínguez”, que esencialmente es la cuestión controvertida ante la Suprema Corte a través de la Controversia Constitucional antes mencionada.

NEGOCIACIÓN Y ACEPTACIÓN

En un inicio, el gobierno de Chiapas intentó negociar con el de Oaxaca un arreglo extrajudicial por este conflicto de límites. Pero a pesar de las inconsistencias de la defensa legal que hubo en los inicios de este asunto por parte de la Consejería Jurídica del Gobierno de Oaxaca, sí hubo la claridad para evitar cualquier tipo de negociación con Chiapas. Hubo dos razones para no optar por esa ruta: la primera, que todos los antecedentes históricos sobre los límites de los dos estados están a favor de Oaxaca; y la segunda, porque cualquier negociación habría implicado la necesidad de ceder alguna porción de territorio, lo cual no habría sido correcto si de lo que se trata es defender todo el territorio.

Por eso mismo, hoy es más necesario que nunca que haya un cierre real de filas de todos los actores e instituciones políticas oaxaqueñas para defender el territorio. Pues si ya se están fijando los parámetros de la actuación que prevén los dos gobiernos frente a la determinación que tome la Corte en este asunto, entonces lo que hace falta hacer es reforzar la idea de que ninguna de las instancias involucradas —cualquiera de los tres poderes del estado— actúa solo o sin el respaldo expreso de los demás factores de poder institucionales de la entidad.

Hoy en día, por ejemplo, no termina de quedar clara cuál ha sido la participación de la LXII Legislatura en el seguimiento de este asunto; tampoco se sabe bien a bien qué intervención han tenido los senadores en este proceso de negociación política. En el fondo, parece que como el tema no ha vuelto a hacer crisis a gran escala, no hay más atención que la indispensable de las instancias encargadas de la política interna. Pero lo cierto es que tendría que haber una defensa más decidida y visible por parte de los poderes y de todos los actores políticos en Oaxaca, independientemente de sus colores y motivaciones políticas.

CONFLICTOS

En los diferendos que han surgido entre los locatarios de los mercados Benito Juárez y 20 de Noviembre, en el Centro Histórico, ahora que iniciaron los trabajos de remodelación, surge insistentemente el nombre de Claudio Ruiz Solana, como el instigador de los mismos. ¿Qué relación tiene este individuo —que ostenta un cargo se supone que honorario en el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez—, con el manejo de esos espacios?

El gobierno federal no acepta que capituló frente a la Sección 22

almargenoaxaca

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marzo 19, 2015

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+ Van por rectificación en medios de DF; aquí se impone realidad

Despierta suspicacias que en sólo dos días, dos de los comunicadores de la capital del país que más le han dado más seguimiento al proceso de negociación entre la Secretaría de Gobernación y la Sección 22 del SNTE, hayan intentado recular frente a las afirmaciones —que son reforzadas por la realidad— de que al magisterio oaxaqueño se le están cumpliendo todas las demandas relacionadas con la no aplicación de la reforma educativa. Aunque dicen que no existen elementos para asegurar lo anterior, sólo basta con releer las minutas que ellos mismos publicaron, para corroborar que la supuesta ausencia de la capitulación federal sí se encuentra en esos documentos.

En efecto, en su entrega del lunes pasado el periodista Ciro Gómez Leyva aseguraba, en su columna La Historia en Breve que se publica en El Universal, que “cuesta aceptar que el presidente Peña Nieto y el secretario Osorio Chong le hayan dado manga ancha al subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, para que, a cambio de desactivar conflictos políticos y sociales, destruya la reforma educativa en algunas entidades, Oaxaca por ejemplo. Para que deje la reforma sólo en el papel, la desnaturalice, le quite el corazón.

“De ahí la sorpresa —continúa— por la nota de hace dos lunes en el diario Reforma que, sin fuente acreditada, daba cuenta de cómo la CNTE y Gobernación acordaron “burlar la ley educativa” en Oaxaca y “premiar a maestros que marchan, faltan a clases y no son evaluados”. El acuerdo se habría plasmado en ‘dos minutas firmadas este año’, donde se habría estipulado, entre otras cosas, “no quitarle plazas a los maestros” y mantener ‘los ascensos por escalafón’”.

Gómez Leyva presenta, en esa misma entrega, copias de las dos minutas firmadas entre la Sección 22 y Gobernación en lo que va del 2015, y afirma: “No encuentro en los textos eso de “quitar plazas”, “ascensos por escalafón”, amnistía por ausentismos. Alguien parece estar filtrando con muy mala leche”.

Al día siguiente, martes, el periodista Raymundo Riva Palacio también se refirió al tema, y tratando recular frente a sus mismas afirmaciones hechas en días previos, señala “La afirmación de que Miranda aprobó la entrega de plazas por fuera de la ley y que la asignación de ellas dejó de ser por evaluación y se regresó al método de escalafón —que era el instrumento de control magisterial al depender el avance o retroceso de los educadores al libre arbitrio de los líderes—, tampoco resultó ser cierta, de acuerdo con las minutas de las reuniones de la mesa de negociación con la Sección 22 del 13 de enero y el 10 de febrero pasado, en las cuales no figura el compromiso que expresaban sus dirigentes. Al contrario, el IEEPO, que está bajo el control de la Sección 22, se comprometió a realizar los trámites administrativos necesarios para actualizar al personal. Sin decirlo, se refiere a cerca de siete mil plazas de maestros que, o no existen, o no pasaron por el censo obligado por la Reforma Educativa”.

Vale la pena leer con cuidado las afirmaciones de esos dos periodistas, pero también hacerlo a la luz de las minutas firmadas entre el Gobierno de Oaxaca, la Secretaría de Gobernación y la Sección 22, para corroborar que en realidad, lejos de aclarar una situación, lo que está pasando es que el gobierno federal intenta maniobrar en los medios de comunicación para que se deje de señalar una situación que día a día se refleja en la realidad oaxaqueña, y que no apunta sino a la derrota de la reforma educativa, y a la hegemonía de la Sección 22 en el ámbito educativo local, donde —como lo afirmaba el Secretario de Educación Pública— “la CNTE hace lo que quiere”.

LA MINUTA Y LA REALIDAD

Ambos periodistas afirmaban que no hay cuestión relacionada ni con presos políticos ni con escalafón, en las dos minutas firmadas entre la 22, el gobierno de Oaxaca, y Gobernación, en lo que va del año. Sin embargo, ¿cómo entender e interpretar, entonces, el Compromiso 1 de la minuta del 10 de febrero que, a la letra, dice lo siguiente:

“El gobierno federal garantiza el reconocimiento de los trabajadores de la educación, sus pagos en tiempo y forma, respetando sus derechos laborales y sus logros políticos, administrativos, económicos, sociales, jurídicos y sindicales, y en seguimiento a los acuerdos alcanzados en la reunión de fecha martes 13 de enero de 2015, en la Secretaría de Gobernación, donde se dio continuidad a la mesa de trabajo para la atención a las demandas de carácter laboral presentadas por la Sección 22 de la CNTE-SNTE”.

Ahí está la clave de lo que los comunicadores antes señalados dicen que no existe. Gómez Leyva y Riva Palacio sostienen que no hay acuerdo para continuar otorgando los ascensos por escalafón. Sin embargo, de la propia minuta se desprende que el primer acuerdo arrancado por los maestros a Gobernación es justamente el de respetar “sus derechos laborales y sus logros políticos, administrativos, económicos, sociales, jurídicos y sindicales”.

En esos derechos laborales, y en esos logros políticos, administrativos y demás es donde se encuentra la facultad de los maestros para continuar siendo ellos quienes conduzcan sus propias formas de determinación laboral, y la forma en que administran los procesos administrativos teniendo —como sí lo reconocen— sometido al IEEPO, que es la instancia que debiera servir como vaso comunicante entre la SEP y los profesores para el seguimiento de la implementación de las nuevas reglas que debieran regir al sistema de educación básica y media básica en la entidad.

¿Qué pasa? Que en realidad lo que parece estar intentando hacer Gobernación es un control de daños para tratar de aminorar la crítica sobre los acuerdos a los que ha llegado con la Sección 22. Al negarlo, tendría que explicar entonces la dependencia federal por qué ayer mismo no hubo clases —es el octavo paro de labores del presente ciclo— en las escuelas públicas de Oaxaca, por qué a los maestros no se les descuentan los días que no acuden a clases por su actividad sindical, y por qué la Sección 22 sigue teniendo el control de los procesos administrativos de la educación en el estado.

LOS PRESOS POLÍTICOS

Al afirmar que tampoco está en la mesa de negociación el tema de los llamados “presos políticos” de la 22, Gobernación a quien desmiente es a su propio interlocutor, Rubén Núñez. ¿Cómo negociar, entonces, en esas condiciones? En esto hay más mentiras y verdades ocultas, de las que a simple vista parece.

Cotaipo: con facturas falsas recetan opacidad a la transparencia

almargenoaxaca

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marzo 18, 2015

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+ Urge renovación del Consejo General, para rescatar credibilidad

Si hoy la Cotaipo carga con un fuerte descrédito debido a la incapacidad de los integrantes de su Consejo General para otorgarle a la institución fuerza moral y credibilidad frente a la ciudadanía, hoy el manejo interno de la Comisión es otro de los temas que deben apurar no sólo la reintegración del órgano, sino una revisión a fondo sobre su actuación y manejo administrativo en los últimos dos años.

En efecto, desde su nombramiento y hasta la fecha, los Consejeros de la Cotaipo no lograron acuerdos entre ellos para dar resultados. Sus rencillas derivaron en una enfermiza dinámica por las partidas presupuestales, que además de ser utilizadas para fines que no se reflejan en una mejor transparencia, sí fueron torpemente justificadas a través de maniobras legaloides que no fueron lo suficientemente sofisticadas como para evitar las sospechas.

Y es que hoy es público que Esteban López José ha intentado hacer dicha comprobación a través de empresas fantasmas, tratando de cubrir con ello comilonas por montos de varios miles de pesos, transportación de empleados en vehículos de lujo, consumibles que nunca llegaron a su destino, remodelaciones inexistentes, asesorías contables para ayudarles a salir librados de la auditoría que exigieron los diputados, y hasta una supuesta plataforma tecnológica que permanece trunca, además de contrataciones de espacios a medios de comunicación de sus allegados, rubros a los que se destinaron varios millones de pesos por servicios sin beneficios palpables.

Y es que apenas dos años después, el fracaso de este órgano autónomo es evidente, a pesar de que su operación anual cuesta a las arcas estatales más de 33 millones de pesos. De acuerdo a su propio informe, en el capítulo administrativo y financiero, los gastos más representativos devengados en el año se refieren a las partidas presupuestales denominadas: material, útiles y equipos menores de oficina; equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones; y combustibles y lubricantes, lo que abasteció a Direcciones y Unidades Administrativas de la Comisión, aparentemente para el desarrollo de sus programas y actividades.

No obstante, a raíz del escándalo de las facturas apócrifas, producto de una investigación de un diario nacional (Reforma) en su edición del 25 de febrero de este año, se supo que la Cotaipo comprobó recursos con facturas de empresas fantasmas. Según este diario el domicilio de uno de sus proveedores, Comercializadora de bienes y servicios Kadxo S. A. de C. V., es un terreno baldío.

Con la factura electrónica 87, emitida el 5 de diciembre de 2013, la Cotaipo compró a esta compañía 15 sets de escritorios metálicos con un valor unitario de mil pesos; y un millón de cuadernillos. Además el comprobante fiscal indica que Kadxo tiene su domicilio en la calle Miguel Hidalgo número 112, en la agencia municipal de ejido Guadalupe Victoria, en donde se localiza un terreno baldío y ningún vecino tiene conocimiento del funcionamiento de alguna empresa en esa dirección.

Otros cuatro proveedores contratados por los comisionados de transparencia dieron un domicilio falso y hasta la fecha ni Esteban López José, ni Eréndira Fuentes Robles, y mucho menos Gema Sehyla Ramírez Ricárdez, han dado la cara a los oaxaqueños ni han explicado nada sobre el tema. Se trata de Comercializadora de bienes y servicios Burana S. A. de C. V.; Carpatos comercializadora S. A. de C. V.; Comercializadora de bienes y servicios Kiria S. A. de C. V.; Distribuidora de bienes y servicios Parvana S. A. de C. V.

Los cuatro negocios tienen como dirección el Andador Plutón número 11, manzana E, de la unidad habitacional Infonavit Primero de Mayo, en Oaxaca domicilio que corresponde a una vivienda de interés social. El 16 de noviembre de 2013 estas compañías emitieron facturas que amparan compras por más de 400 mil pesos, de acuerdo con las copias de los documentos que dio a conocer Reforma.

RESPONSABILIDAD, ¿DE QUIÉN?

Frente a todo esto, surge una primer interrogante: ¿quién autorizó esas compras en la Cotaipo? De acuerdo al Acta de Sesión Ordinaria S.O./04/2014, celebrada el cinco de febrero 2014, se integró un Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Cotaipo.

Para la integración correspondiente se propuso “como Presidente: Al Consejero Presidente, Lic. Esteban López José, quien tiene el manejo ejecutivo en la Comisión; como Secretaria Técnica; la Licenciada Luz María Romero Margarito, en su carácter de Directora de Administración, quien tiene a su cargo la administración de los recursos materiales y financieros de esta Comisión; de los dos vocales; como vocal primero la Consejera licenciada Gema Sehyla Ramírez Ricárdez; como vocal segundo la licenciada Consejera María de Lourdes Eréndira Fuentes…”, dice el acta de sesión. Así que ahí está la respuesta a las incógnitas que los propios consejeros no han querido responder sobre el manejo presupuestal de la Cotaipo y las responsabilidades en el uso de facturas falsas para tratar de comprobar los gastos ejercidos.

Así, los esfuerzos por pactar con algunas fuerzas políticas y convencer a ciertos actores que han recibido beneficios, no bastará para acallar las múltiples voces que piden a gritos la renovación. Por eso mismo, es necesario que se realice una auditoría a fondo, al margen de intereses partidistas y de grupo que controla la Comisión, para aclarar si de verdad hubo malversación de fondos, desvío de recursos, conflictos internos, acoso laboral, violación de derechos humanos, así como las prácticas corruptas que corroen a un organismo de noble propósito.

URGE LA RENOVACIÓN

Dado todo lo anterior los Consejeros de Transparencia no sólo carecen de legitimidad ante la ciudadanía, sino de calidad moral para garantizar la transparencia de los tres poderes y de los municipios. Si les importara algo la institución que representan, y a la cual se proponen “sanear con el despido de más trabajadores”, saldrían por propio pie antes de ser echados por los diputados locales que ya urgen a emitir la convocatoria para seleccionar a los nuevos consejeros que respondan cabalmente al bono democrático con el que serán designados. Con la desastrosa experiencia de la Cotaipo, ojalá los partidos se abstengan de meter las manos en la selección de los mejores perfiles, y se conforme un organismo fuerte a la altura de las expectativas de Oaxaca, y del país.

Cotaipo: en la cuna de la transparencia, los signos son de regresión

almargenoaxaca

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marzo 17, 2015

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+ Consejeros, con denuncias penales pendientes, carecen de legitimidad

El pasado jueves el Senado aprobó la Ley General de Transparencia que dota de mayores facultades al IFAI, y fortalece el quehacer de los institutos de transparencia en los estados. Se supone que una ley como ésta debería traducirse en grandes beneficios para Oaxaca, al garantizar un efectivo ejercicio del derecho a la información y sentar el precedente del Gobierno Abierto… de no ser porque la Cotaipo atraviesa por una crisis que la tiene herida de muerte y le impide estar a la altura de los retos actuales.

En efecto, si después de todo lo que se ha dicho y escrito de la Cotaipo, quedara pizca de dignidad en los consejeros ya hubieran presentado su renuncia al cargo, para no obstaculizar la auditoría que está por iniciar y por ética personal se someterían a la acción de la justicia. Con ello por primera vez en dos años estarían rindiendo cuentas a los oaxaqueños que demandan una explicación a las camionetas de lujo que estrenaron, a los boletos de avión, al tráfico de influencias y a las facturas apócrifas con las cuales justificaron gastos en el 2013 y 2014.

Pues con el desprestigio a cuestas que enfrentan los tres consejeros Esteban López José, Eréndira Fuentes Robles y Gema Sehyla Ramírez Ricárdez, quienes en un dudoso proceso de selección y contra todos los augurios fueron impuestos en el cargo en noviembre del 2012 a propuesta de la LXI Legislatura local, impulsados por los tres principales partidos políticos PAN, PRD y PRI, respectivamente, que hoy lamentan la precipitada decisión y buscan enmendar los errores con distintas iniciativas para renovar el Consejo General.

En la tierra que impulsó la transparencia en el país con el activismo y aportaciones del llamado “Grupo Oaxaca” integrado por personajes del medio político, jurídico, académico y periodístico, la sociedad civil se anticipó a los poderes establecidos para garantizar un derecho de avanzada como el de acceso a la información, y logró impulsar la legislación en la materia.

Pero lejos de honrar el antecedente inmediato, los partidos políticos menospreciaron la transparencia y la rendición de cuentas al enturbiar un pretendido procesos democrático de selección, y jugar con cartas marcadas que favorecerían a tres advenedizos carentes de la ascendencia, prestigio y conocimientos mínimos en la materia, a quienes en dos años demostraron con toda claridad que el puesto les quedó grande, y que a su vez el presupuesto de la institución les quedó pequeño para satisfacer sus ambiciones personales, y para saldar deudas añejas.

LAS DENUNCIAS PENALES

El desprestigio que llevan a cuestas no es gratuito. Amén de la opacidad y la parálisis en la que han sumido a la institución, así como las disputas por poder y dinero que existen entre los consejeros López José y Ramírez Ricárdez, resulta que ambos enfrentan procesos judiciales que se empeñan en negar, aunque éstos sean del dominio público.

Pues resulta que aún cuando la mayor fuerza de un órgano (como el de transparencia) para sostener y hacer cumplir sus resoluciones radica en la integridad moral y ética de sus integrantes, en Oaxaca existen denuncias penales por enriquecimiento ilegítimo, abuso de autoridad y falsedad de declaraciones, que atañen nada menos que a los tres titulares del órgano garante.

Ahora mismo, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) debiera estar investigando las presuntas conductas ilícitas por parte de los funcionarios. En la Averiguación Previa 1166/ AEI/ 2013, se denunció a López José, Eréndira Fuentes y Ramírez Ricárdez por el delito de abuso de autoridad y demás delitos cometidos por servidores públicos.

Más escandalosa aún es la conducta personal de una de las Consejeras —Gema Sehyla Ramírez, solapada hasta ahora por un sector importante del priismo en la LXII Legislatura—, quien suma cuatro denuncias en su contra por parte de ciudadanos, tres de ellas datan de varios años atrás, cuando aún no ocupaba ningún cargo en la administración pública, lo cual contradice la versión que ofrece a los diputados, argumentando que acumula esos procesos por “haber defendido a su partido en los procesos electorales”.

Peca de soberbia o de ingenuidad al creer que ese argumento es verosímil cuando ha tenido disputas con particulares que han parado en los tribunales por temas de amenazas, robo simple y fraude, las cuales hasta el momento permanecen en reserva. Pues ante la PGJE se presentó la denuncia número 583/CH/2007 en contra de Gema Sehyla Ramírez Ricárdez por el delito de amenazas.

Otra denuncia ante la Procuraduría es la número 87/PJ/1999 en contra de la misma Consejera por el delito de robo simple, y una más identificada con el numeral 1299/SC/2003, también en contra de Ramírez Ricárdez por el delito de fraude, mismas que siguen archivadas en la PGJE. Semejantes antecedentes la llevarían en una democracia representativa a ser destituida del cargo por falta de probidad para el servicio público y por carecer de buena fama pública.

Dado el momento histórico para la transparencia en México no se pueden pasar por alto las tres solicitudes de juicio político contra Ramírez Ricárdez que duermen el sueño de los justos en el Congreso local y que al ponerse en marcha concluirían con la destitución inmediata del cargo que le fue conferido por seis años. Al cabo de dos años los consejeros provenientes de los tres principales partidos se caracterizan por los nulos los resultados, por ocultar con artilugios de principiantes el manejo discrecional del presupuesto, por repartir culpas y ocultar los malos manejos debajo de la alfombra a cargo de una consultoría externa que ofrece servicios de contabilidad y asesoría fiscal. Por eso, se puede afirmar categóricamente que ese conjunto de antecedentes está aún lejos de terminar de ser repasado.

AUSTERIDAD, SÓLO EN LA CASA DEL COMPADRE

Eso es lo que les acomoda muy bien a los diputados de la LXII Legislatura, que sin ningún pudor en diciembre de 2013 hicieron hasta principio constitucional el de la llamada “irreductibilidad” del presupuesto del Poder Legislativo. En el fondo, un buen comienzo sería que se hiciera público si en realidad se llevó a cabo la auditoría que la ASE prometió realizar a inicios del año pasado al ejercicio presupuestal del Congreso, y cómo ejercieron esos recursos. Esto serviría al menos para saber por qué los diputados necesitan tantos millones para simular que legislan.

México: certidumbre y Estado de Derecho, frente a autoritarismo

almargenoaxaca

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marzo 16, 2015

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+ Medina Mora: un signo claro de que ciudadanía está despertando

La elección de Eduardo Medina Mora Icaza como Ministerio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por varias razones, no tiene precedentes. Es la primera vez en la historia reciente del país que un Presidente enfrenta tanta oposición y descrédito por la formulación de la propuesta para la integración de un ente institucional; y es también la primera vez que la ciudadanía se involucra a tal nivel en ese proceso que, técnicamente, no está sujeto a aceptaciones o popularidades. Es por ello un proceso inédito, en el que ciertamente la ciudadanía fue derrotada, pero que debe servir de precedente para futuras victorias.

En efecto, hoy en el ámbito internacional uno de los imperativos más importantes para generar confianza, es la certidumbre basada en el Estado de Derecho. Ese término, en general, se entiende no sólo como la capacidad de cada uno de los poderes del Estado de cumplir cabalmente con sus funciones (es decir, que el Congreso dé buenas leyes; que el Ejecutivo administre correctamente los recursos públicos; y que el Poder Judicial pueda dar justicia en todos los casos) sino también como que cada uno de esos poderes estén integrado de forma tal que la sola presencia de sus integrantes pueda ser el primer signo de certidumbre.

Eso no pasa en México. En nuestro país, los peor evaluados de todos por la ciudadanía son los diputados y senadores; al mismo tiempo, el Presidente de la República hoy enfrenta un fuerte descrédito internacional por la falta de claridad respecto al origen de los bienes inmuebles que posee, y por la evidente intromisión en los asuntos de los otros poderes; en general, existe un sentimiento relacionado con que el entrometimiento del Ejecutivo en funciones de los demás poderes es un intento por instaurar el viejo régimen, pero ya no como un régimen de partido hegemónico, sino como un “régimen de Presidente hegemónico”.

La realidad así lo apunta: hoy en día, aunque lo quisiera, es imposible que el PRI gane todas las elecciones, como en los mejores tiempos anteriores a 1997; es improbable que, aunque lo quiera, el PRI pueda volver a sus tiempos de clientelas y corporativismos; e incluso es imposible que pueda sostener un voto duro de millones de sufragios asegurados e incondicionales, como en el pasado.

¿Signo de qué es esto? De que hoy no podría volver a haber un régimen de partido hegemónico, porque la democracia representativa ya permite —con todas sus deficiencias— un esquema de competencia electoral, en el que sería imposible que un partido pudiera colonizar todas las posiciones que están en juego en los procesos electorales. Como quiera que sea, la ciudadanía participa; los otros partidos existen; y las mayorías abrumadoras hoy son cosa del pasado. ¿Entonces?

Entonces el problema es que el viejo régimen intenta restaurarse por las rendijas que aún tiene a su alcance. Por ejemplo, el Presidente priista (Enrique Peña Nieto) ya no pudo obtener mayoría en el Congreso por la vía directa de los votos, pero para eso se construyó una mayoría artificial a través del Pacto por México. Aunque su partido no fue respaldado por los ciudadanos —y éstos tampoco le dieron el aval al PAN y PRD para que se aliaran con el gobierno, sino que de hecho los mandó a ser oposición—, de todos modos el Presidente se construyó su mayoría invadiendo y avasallando al Congreso a través de acuerdos cupulares. Esto inhibió un ejercicio democrático auténtico, y entonces gracias a la construcción de esa alianza nacional artificial, se procesaron decisiones y cambios constitucionales que de otro modo no habrían transitado en la democracia.

Parecía que esto mismo pasó con la llegada de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte —que ocurrió por el “trabajo coordinado” entre el Presidente y el Senado de la República—; pero lo cierto es que los signos dejados por la ciudadanía frente a esta decisión deben servir como lección para empujar la disolución de ese Régimen de Presidente Hegemónico que intenta consolidarse.

EL MINISTRO Y LA CIUDADANÍA

A diferencia de la elección de quienes integran los poderes Legislativo y Ejecutivo, la elección de los integrantes del Poder Judicial no está sujeta a la popularidad ni a la aceptación ciudadana. La razón esencial de esto, se centra en que el Poder Judicial es el que realiza las funciones más complejas del poder público (juzgar) y que por esa razón sus funciones no deben estar sujetas a más cuestiones que las de la especialización, la certeza, y la autonomía de sus funciones.

¿Por qué entonces tanto interés en la elección de Medina Mora como ministro? La cuestión, en esencia, no radica en que el ex Procurador y ex Embajador no le caiga bien a la ciudadanía; más bien, la inconformidad se centra en que aún cuando su designación no es un tema de popularidad, sí debe ser una cuestión de idoneidad y confianza, que en este caso no se cumplieron. Medina Mora no es una persona moral o técnicamente confiable, porque en sus haberes no se encuentran registros que lo destaquen como jurista, y porque no ofrece el más mínimo indicio de que es un jurista con capacidad de afianzar su independencia frente a los otros poderes.

Aún con eso, Medina Mora fue impuesto en la Suprema Corte y, en términos llanos, eso constituye una derrota para la ciudadanía que se opuso a su designación. Empero, lo defendible de esta primera expresión de oposición, es que hacia el futuro se incrementó en automático la necesidad de que el Ejecutivo proponga a personas moral y técnicamente legitimadas para el ejercicio de la función judicial, y que el Senado procese con más claridad, certeza y consideración a la ciudadanía, las elecciones que realiza de entre los individuos que les propone el Ejecutivo para la integración de los poderes públicos.

Esta es, por tanto, una derrota, sí, pero parcial, porque aún con la oposición ciudadana Medina Mora es ministro. No obstante, ello debe ser un imperativo no dejar de ver que este necesita ser un despertar ciudadano y no una razón para el desaliento.

REFORMAS OBSOLETAS

Hace apenas cuatro años, en Oaxaca se realizó una reforma constitucional que, según, puso a la entidad a la vanguardia en cuanto a la garantía de independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo. En concreto, lo que se hizo fue adecuar la Constitución local a lo que dice la federal. El problema es que ahora todos dicen que los artículos 95 y 96 de la Constitución federal son obsoletos. Entonces, ¿cuál vanguardia? Abundaremos.

Metrobús: una lucha contra nuestros masoquismos y atavismos

almargenoaxaca

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marzo 13, 2015

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+ Rechazo, ¿para seguir utilizando autobuses caros y peligrosos?

En varias de las ciudades más importantes del mundo, Uber significa la ruptura de un paradigma. Uber es un servicio de transporte de pasajeros, que sin tener una concesión de taxi, proporciona un servicio eficiente, cómodo, seguro y confiable, que además ofrece al usuario un ahorro de alrededor del 50 por ciento del costo respecto al transporte tradicional, y condiciones de servicio que no podría prestar el sistema de transporte concesionado. Frente a Uber, y frente a los sistemas de transporte que buscan romper inercias, habría que preguntarse: ¿Lo correcto es cerrar el mercado para evitar la competencia, o meter a todas las modalidades de servicio en un proceso de modernización para que puedan competir?

En efecto, esta pregunta, y el ejemplo de Uber, son de alguna manera equiparables a lo que ocurre en Oaxaca frente a la posibilidad del establecimiento del sistema Metrobús. En la Ciudad de México, por ejemplo, hay una fuerte oposición al servicio que presta Uber, porque el transporte concesionado tradicional de pasajeros considera que éste genera una competencia desleal al no haber pasado por el paso de la obtención de las licencias que son requeridas a taxis, microbuses y autobuses para prestar ese servicio, y que además tienen un costo económico importante. Basado en ello, el transporte tradicional dice que Uber genera competencia desleal.

En paralelo, en el escenario local, los transportistas adheridos a la Alianza de Transporte Multimodal del Estado de Oaxaca rechazan la posibilidad de que se instale en Oaxaca un servicio de Metrobús, “porque va a afectar al sector y provocará la pérdida de al menos 20 mil empleos que general”; y porque “sólo se va a dar beneficios a los empresarios que cuentan con mayor poder adquisitivo, ya que no se ha tomado en cuenta a todo el sector”. Frente a estas dos posturas, vale la pena preguntarse si los argumentos de unos y otros son válidos, y entonces lo correcto debiera ser que todos los usuarios del servicio de transporte público —autobuses, colectivos, taxis de sitio— tuviéramos que atenernos al servicio deficiente que presta el servicio concesionado.

Pues queda claro que, por ejemplo, en el caso del servicio de taxis que existe en la ciudad de México, éste es un servicio que adolece de todas las deficiencias que podamos imaginar. Es un servicio que por décadas se ha caracterizado por ser ineficiente, costoso, peligroso y poco confiable. Es común que todo aquel que visita la Ciudad de México sin conocer la ciudad, y aborda un taxi, lo menos que puede esperar es que el conductor de la unidad lo lleve a dar un recorrido innecesario sólo para hacer avanzar su taxímetro, aprovechándose de que el pasajero no tiene idea de cuál es la ruta idónea para llegar a su destino; y en el peor de los casos, debe también esperar a ser timado o asaltado dentro de la misma unidad.

Algo más o menos parecido ocurre con el servicio de transporte público concesionado en una ciudad como la nuestra. Los autobuses de pasajeros son auténticas chatarras andantes, que además de ser contaminantes y peligrosas, implican toda clase de riesgos para los usuarios y los demás automovilistas que transitan por las calles.

Pues resulta que los conductores de las unidades tienen nula capacitación en cuanto a las reglas mínimas de tránsito que rigen las calles y los cuidados que deben tener al conducir esas unidades; también son ignorantes de las reglas mínimas de trato al usuario, y de las normas de protección que deben guardar para mantener a salvo a las personas que transportan. En fin, todo se adereza con un servicio costoso que además no retribuye al usuario por la alta tarifa que paga.

UBER Y EL METROBÚS

Como lo apuntaba hace algunos días Ana Paula Ordorica en Excélsior hace algunos días, el modelo de negocios y relación cliente-proveedor que tiene el servicio de transporte Uber tiene mucho de lo que tanta falta nos hace en México. Uber, según la descripción de la propia empresa, se encarga de proporcionar a sus clientes una red de transporte, a través de su aplicación en teléfonos móviles, conectando pasajeros con conductores de vehículos registrados en su servicio de transporte.

La aplicación permite al usuario registrar sus datos, incluyendo los de cobro mediante una tarjeta de crédito y los datos del chofer como nombre, número de placas y modelo de auto. Estos datos generan un compromiso entre usuario y proveedor que, además se complementa porque ambos están ubicados siempre durante el trayecto mediante GPS, lo que abona en el tema de la seguridad.

Ahora pensemos qué distancia hay entre este modelo y el de los taxis tradicionales, que se han resistido a la modernización, que siguen teniendo un servicio lleno de riesgos e incertidumbres, y que en esencia se resisten a entrar en una dinámica distinta de competencia. ¿Los usuarios debemos seguir utilizando necesaria y exclusivamente este servicio para no generar competencia desleal, a pesar de que esto implique un quebranto a nuestros propios intereses e integridad? Es decir, ¿tenemos que conformarnos con el masoquismo de un mal servicio con tal de no perturbar los modelos de negocio tradicionales del transporte, que abusan del usuario?

Esa misma pregunta le acomoda a la perfección al sistema de transporte urbano de una ciudad como la nuestra. Pues como lo hemos apuntado en otros momentos, hoy en día en Oaxaca es bien conocido que dos de las más grandes cooperativas de transportistas urbanos y suburbanos de la capital, enfrentan graves problemas financieros por los créditos que tienen pendientes de cubrir con el fisco federal, y por sus pasivos laborales y con proveedores. Eso tiene, literalmente, con un pie en la cárcel a varios concesionarios que, sin embargo, continúan exigiendo que sean los usuarios quienes paguen por sus deudas malos manejos financieros.

UN LASTRE

En esas condiciones, esas empresas no pueden ser soporte, sino son un lastre, para el transporte público que no puede entrar a un proceso de modernización o competitividad, porque nadie tiene recursos para invertir; porque no permiten el ingreso de otros inversionistas interesados en la actividad; y porque ellos mismos se niegan a un reordenamiento que les permita tener condiciones equitativas de servicio y evite que unos se beneficien desproporcionadamente frente a otros que están a punto de la quiebra. Esa es la realidad. ¿Tenemos que conformarnos con ella, para no perturbar a los anticuados concesionarios del “pulpo camionero”?

Al MarganColumna

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