+ Los demandantes son públicos por su actividad y relevancia, ¿o no?
Es francamente ridículo que en medio de la peor crisis política de su existencia, la Sección 22 del SNTE haya decidido malgastar su tiempo y energía en tratar de silenciar las voces críticas, mediante acciones judiciales que desde ahora puede preverse que carecen de todo futuro. Para corroborarlo, basta con ver quiénes son los demandantes —y su importancia dentro del contexto del movimiento magisterial de Oaxaca— y revisar los más recientes criterios de los tribunales de justicia respecto a la actividad periodística frente a los alegatos del daño moral.
En efecto, según una nota de El Financiero (http://bit.ly/1LgptMD), la Sección 22 presentó demandas de daño moral en contra de seis medios informativos de Oaxaca y la capital del país, por haber reseñado los actos vandálicos que protagonizaron en los meses previos, así como lo relacionado con los salarios que ostentan específicamente los tres demandantes. Según la nota, la denuncia fue interpuesta en julio pasado por tres integrantes de la Sección 22 (Norma Cleyver Cruz Vásquez, Othón Nazariega Segura y María del Carmen López Vásquez), quienes participaron en ataques en Oaxaca, como la destrucción de cámaras de vigilancia, tomas del aeropuerto y amenazas contra reporteros.
La querella se interpuso en el Juzgado Séptimo de lo Civil en Oaxaca, ante el cual el magisterio denunció al presidente del Consejo+ Demandas de daño moral vs medios, mojigatería de la Sección 22
de El Financiero, Manuel Arroyo y a la reportera Mariana León, Televisa y su periodista Raúl Sánchez Lemus. También se incluye al director de Milenio Diario, Francisco González Albuerne, al igual que a los reporteros Víctor Hugo Michel y Paola Wong; al director de Noticias, Ericiel Gómez; y al director del diario Eje Central, Edgar Manuel Landazuri y a su reportera Gabriela Rivera, así como al director de La Razón, Rubén Cortés y a los reporteros, María Cañadas y Carlos Jiménez.
En la demanda, dice El Financiero, la disidencia magisterial exige “una indemnización suficiente para resarcir el daño patrimonial (lucro cesante) causado, mismo que deberá calcularse por el juez competente”. Rechaza que la dirigencia del gremio perciba altos sueldos: “el salario que percibimos nos fue asignado desde que se nos entregó la comisión sindical, en base (sic) a los lineamientos que tiene el IEEPO, y actualmente sin que hasta la fecha haya sido modificado el que paga la SEP”.
Llama la atención, en primer término, que los tres profesores de la Sección 22 que presentaron las demandas, hayan sido particularmente selectivos con los medios demandados. Pues a pesar de que toda la llamada “prensa nacional”, y la de Oaxaca, han publicado de forma permanente toda la información relacionada con sus movimientos, desmanes y salarios, la 22 sólo decidió demandar a seis publicaciones que hoy tienen una importancia sólo relativa frente al universo de publicaciones que dan cuenta de las actividades de un grupo tan relevante de la vida pública de Oaxaca, y del país, como lo es el magisterio.
Además, al margen de sus salarios, los tres profesores demandantes han sido particularmente relevantes en las actividades magisteriales de los últimos años. Para muestra, un botón: Carmen López fue una verdadera protagonista del conflicto magisterial de 2006 dada la radicalidad que siempre demostró en las actividades de protesta y en las transmisiones tanto de Radio Plantón como de las estaciones que secuestró el magisterio para difundir sus actividades.
En los últimos meses, Carmen López reapareció como activista magisterial siendo la responsable de expulsar a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que resguardaban la paquetería electoral en los Consejos Distritales del INE previo a la elección, y fue una de las principales responsables del bloqueo a la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Pemex en El Tule, por esas mismas fechas.
FIGURAS PÚBLICAS
Hace muy poco tiempo, la Primera Sala de la Corte emitió una jurisprudencia justamente sobre los límites de la libertad de expresión frente al daño moral. Para el análisis de estos límites a la libertad de expresión, la Corte adoptó el denominado “sistema dual de protección”, según el cual los límites de crítica son más amplios cuando ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección pública alguna, pues en un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a esa crítica es inseparable de todo cargo de relevancia pública.
En dicha jurisprudencia (registro 2003303, Tesis: 1a./J.38/2013), la Corte es enfática en señalar que esa diferenciación de esos límites de crítica, señalando que el umbral de tolerancia deberá ser mayor en las personas públicas solamente mientras realicen funciones públicas o estén involucradas en temas de relevancia pública. Esto no significa que la proyección pública de las personas las prive de su derecho al honor, sino simplemente que el nivel de intromisión admisible será mayor, aunque dichas intromisiones deben estar relacionadas con aquellos asuntos que sean de relevancia pública. Y señala que para que haya daño moral, debe haber “real malicia” o “malicia efectiva”, que no es sino la difusión de información falsa, o su fabricación con fines dañinos en contra de una persona.
¿Se cumplen estos parámetros? Evidentemente, no. Porque las manifestaciones de la 22, son públicas y notorias. Y lo relacionado a los salarios de esas, y muchas más personas, ha sido publicado en base a los datos que la propia SEP ha puesto a disposición del público como un deber relacionado con la transparencia. Finalmente, aunque los tres demandantes no ostentan un cargo público, sus actividades sí tienen relevancia pública porque sus acciones y determinaciones involucran e inciden en la vida de millones de personas en todos los lugares donde realizan sus acciones de lucha.
ROUND DE SOMBRA
Es necesario que cada persona defienda su honor. Sin embargo, de asistirles la razón, los profesores inconformes debieran ir en contra de la SEP que ofrece en transparencia datos incorrectos. El problema es que lejos de eso, quieren —como siempre— acallar al mensajero en lugar de atacar la cuestión de fondo. Un paradójico acto autoritario de quienes defienden las banderas de la democracia.
