+ PTEO no es inconstitucional; lo que sí, es el control de S22 sobre IEEPO

El Director del IEEPO tiene el Síndrome de Estocolmo. Sólo así puede entenderse que día a día defienda con todo denuedo la hegemonía de la Sección 22 sobre el instituto educativo, y sea él quien pretenda justificar la legalidad de ese control, a través de los argumentos sobre la constitucionalidad del PTEO, incluso convertido en ley educativa. Éstas son dos cuestiones distintas, que Moisés Robles pretende presentar como una sola, para justificar que el magisterio continúe teniendo el control administrativo de la educación en la entidad.

En efecto, reiteradamente los profesores oaxaqueños han insistido en que la reforma federal en materia educativa, es en realidad una reforma administrativa al régimen laboral de los trabajadores. No se equivocan. El problema es que eso les genera mucho resquemor no sólo porque —se supone— que a partir de las nuevas disposiciones cada maestro mejorará su salario y condiciones de trabajo según las competencias demostradas, sino sobre todo porque esa “reforma administrativa” tenía como objetivo quitarle al Sindicato poder sobre las definiciones salariales de los trabajadores. Eso es lo que en gran medida desató la ira de las secciones sindicales que justamente tienen más influencia sobre la administración de la educación en las entidades federativas.

Un ejemplo elocuente de ello es Oaxaca. Aquí, desde 1992, la Sección 22 tiene injerencia formal en la administración de la educación, y en ese poder ha basado la capacidad de movilización y disciplina de los profesores, así como su influencia como organización de lucha social en la entidad. Por eso, a la Sección 22 la reforma educativa le cayó como bomba, y a partir de entonces ha buscado dar buena parte de la lucha en Oaxaca, tratando básicamente de que no le quiten las posiciones de control que hoy tiene en el instituto educativo.

En todo este tiempo, mientras, los profesores han justificado su oposición a la reforma con argumentos educativos. Para ello confeccionaron su Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca, y ese ha sido su parapeto para continuar luchando en contra de la reforma administrativa de los trabajadores de la educación. Vale la pena distinguir y remarcar la diferencia entre esos dos temas, porque ahí está la clave de la posición que hoy tiene el gobierno de ser aliado de la Sección 22. Veamos.

En el ámbito estrictamente educativo, el PTEO pudiera ser un plan anquilosado, técnicamente deficiente e incluso plagado de planteamientos educativos desfasados y contradictorios. Sin embargo, ello no lo hace ilegal, y tampoco habría de ponerlo en una posición de contravenir los lineamientos establecidos por la nueva legislación federal. No es así, porque en ese estrato la discusión es de índole sociológico, filosófico y pedagógico, pero no constitucional, porque ello no atenta contra las bases jurídicas de la educación y seguramente tampoco contra la Constitución y las leyes.

El problema es que esa discusión nada tiene que ver con el hecho de que la Sección 22 siga teniendo el control del instituto educativo, y del manejo administrativo de la educación. Es decir, el PTEO puede establecer lineamientos propios de cómo debe impartirse la educación en Oaxaca en un marco de multiculturalidad, pero ello no significa que para conseguirlo deban seguir gozando de los privilegios y las cuotas, en el IEEPO, que hasta hoy tienen.

Esa es la parte no aclarada de esta discusión. Y pareciera que al esgrimir que los planteamientos teórico pedagógicos del PTEO no son inconstitucionales, tratan —gobierno y magisterio— de engañar a la ciudadanía para que ésta acepte que la dirigencia de la Sección 22 siga decidiendo todo lo relacionado con la administración de la educación en Oaxaca. Cuestión que además de ser inmoralmente insostenible, sí choca de manera frontal con la Constitución de la República.

ROBLES, UN “DEMOCRÁTICO” MÁS

Estas son palabras que pudieran ser aceptables, si no vinieran del propio Director del IEEPO: Moisés Robles Cruz, pidió a los diputados locales no “tenerle miedo” al Plan para la Transformación Educativa de Oaxaca y aprobarlo como ley educativa.

El servidor público avaló la propuesta de la Sección 22 del SNTE, toda ve que, aseguró, coadyuva a mejorar la educación en la entidad y rescatar gran parte de los valores fundamentales de la enseñanza comunitaria. Robles Cruz indicó que el PTEO en la práctica se está aplicando en la mayoría de las escuelas de Oaxaca y lo único que haría falta es darle el carácter de ley. “Como abogado lo digo, el PTEO está estigmatizado en muchas partes, no hay que tenerle miedo, de hecho su aplicación en la práctica ya se está llevando a cabo” (Adiario, 02.03.2015).

Como podemos ver, la defensa del Director del IEEPO sobre el PTEO es vehemente. Sólo que con ello pasa por alto —deliberadamente— que no es el tema estrictamente educativo el que en el fondo le preocupa a la Sección 22, sino continuar presionando para no perder el control del IEEPO. De hecho, la aprobación de la propuesta presentada por los trabajadores de la educación al Congreso local, sólo es inconstitucional en lo que se refiere al establecimiento del deber del gobierno de Oaxaca de estimular económicamente a los profesores, y en el artículo transitorio que establece la contratación automática de los normalistas.

Pero fuera de ello, la lucha magisterial es más de hecho que de derecho, porque su presión tienen como fin no perder las posiciones que hoy ostenta, y que son las que le permiten seguir teniendo el control administrativo del instituto educativo, y con ello el control de sus trabajadores para que éstos sigan respondiendo a los llamados sindicales a partir del binomio premio-castigo que existe, y que ha sido el aditivo permanente para su excepcional capacidad de movilización.

¿Por qué entonces, sobre eso, nada dice el mimetizado Director del IEEPO?

AMLO EN OAXACA

Nadie duda que Andrés Manuel López Obrador sea un líder excepcional en este país. Pero qué mal se ve —y nos vemos todos como sociedad— mandando la aprobación de leyes, el trabajo legislativo y las decisiones políticas, como si él fuera rey, virrey o tlatoani. Es lo que hizo este fin de semana, cuando vino a regañar, a disponer y a mandar como si Oaxaca fuera de él. Una muy patética y anticuada “forma democrática” la de este personaje.

+ Partidos, en disyuntiva de seguir con prácticas de protección mutua

Este fin de semana, y los días siguientes, será noticia la publicación de las listas de candidatos a diputados federales plurinominales de los distintos partidos. Sólo que hoy, a diferencia de siempre, la nota radicará no sólo en ver los nombres, sino sobre todo en corroborar qué tanto han ido entendiendo los partidos el mensaje claro de hartazgo e indignación por parte de la ciudadanía, y qué tanto van a responder a ello. Las listas plurinominales hace tiempo dejaron de ser símbolo de integración política para convertirse espacios de privilegios cupulares. Hace falta ver qué tanto se empieza a procesar ese cambio. 

En efecto, cuando se crearon los espacios plurinominales, se hizo con la idea de generar espacios de pluralidad e integración de minorías en los órganos de representación popular. La intención era que esos espacios fueran ocupados no sólo por las cúpulas partidistas, sino también por las expresiones políticas minoritarias, que de otra manera no podrían acceder a los espacios de representación a defender esas posiciones que, aunque minoritarias, eran igual de importantes para cumplir con el requisito de la pluralidad de toda democracia. 

Sólo que desde hace tiempo esa idea cambió, y se centró en la lógica de los privilegios. Cada partido, entonces, comenzó a ocupar sus espacios de representación proporcional en los órganos legislativos para privilegiar a sus cúpulas, y no para generar espacios que llenaran los huecos de la pluralidad que necesitaba la democracia. Así, desde hace tiempo, las llamadas candidaturas plurinominales sirvieron eminentemente para cobijar a la élite gobernante —y para dar rienda suelta a los vicios propios de nuestro sistema político, como el cuatismo, el compadrazgo, el nepotismo, etcétera— y no para que éstas sirvieran como mecanismo de exposición para la pluralidad política.

Así, por ejemplo, no era raro que las “cuotas” dentro de partidos como el PRI fueran para sus sectores y gremios importantes, independientemente de que los líderes de esos sectores fueran impresentables, y que como gremios tuvieran poca conexión con la ciudadanía. Ahí tenemos ejemplos de cómo, ocupando sus cuotas, reiteradamente han sido diputados federales y senadores de representación proporcional, “líderes históricos” de la CROC, la CROM, la CNC, la CTM y varios sindicatos nacionales, a pesar de que su fama pública es pésima, y que han sido totalmente estériles como legisladores. 

Acaso uno de los ejemplos más acabados, es el del actual senador Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato de Pemex. A éste individuo le han comprobado la fortuna y los privilegios que ha amasado como líder gremial, además de los innumerables actos de corrupción en que incurrió (el llamado Pemexgate, es uno de varios ejemplos de problemas en los que él ha estado involucrado). 

Pero aún así, Romero Deschamps ha sido dos veces Senador de la República en los últimos quince años, y continúa siendo un “baluarte” del priismo por el número de votos que representa para el PRI el gremio que él encabeza, pero no porque sea un parlamentario, un mexicano de probidad, o cuando menos una persona aceptada por la sociedad mexicana —y por el priismo—, como un ejemplo delpolítico que es privilegiado con esos espacios de representación proporcional gracias a sus capacidades y aportaciones al país. 

En otros partidos, las cosas son todavía peor: en el PRD, por ejemplo, el reparto de las posiciones plurinominales se da en función de las tribus. Y esas tribus se han repartido, históricamente, las posiciones plurinominales de una manera eminentemente patrimonialista y patriarcal, a partir de lo cual en cada elección se otorgan esas posiciones de manera rotativa y cíclica, al líder, a sus hijos, a su esposa, a sus novias o sus a incondicionales. 

De nuevo, llegan a los espacios de representación popular como una expresión de las cúpulas, pero no porque sean mexicanos que le aporten algo al país o porque vayan a alimentar de manera sustantiva el trabajo que se realiza en las cámaras legislativas. 

¿Y LA AGENDA DE LOS CIUDADANOS? 

Frente a todo esto, vale también preguntarse: ¿Ahora sí los partidos están entendiendo el hartazgo de la ciudadanía frente a esas prácticas? Hoy el contexto es particularmente importante: el propio sistema ha ido evidenciando cómo las prácticas de corrupción no han distinguido partido, ámbito de gobierno o género, y cómo ésta pasa también por las redes de protección institucional que se desviaron de sus finalidades iniciales, para convertirse en las redes de protección de quienes tienen cuentas pendientes por sus excesos. 

La ciudadanía ha reprobado fuertemente esas prácticas, y diversos hechos prueban que hoy en día las cosas deben cambiar. Sí, deben cambiar. Sólo que la respuesta de los partidos no sabemos si en realidad está atendiendo a esos imperativos. ¿Por qué? Porque las listas plurinominales —esas que antes servían para proteger, o para premiar, o para consolar— ahora debieran ser una expresión de lo mejor que tienen los partidos para enviar como sus representantes a los órganos legislativos. Y eso no pasa por colocar a amigos, amantes, esposas, hijos o incondicionales de los jefes políticos de las facciones. 

En esta lógica, otra de las cuestiones que deberían quedar perfectamente fijada, es qué tanto los partidos políticos atenderán la agenda de la ciudadanía por encima de la de sus intereses. Esta no es una cuestión menor. Las fuerzas políticas deben entender que no pueden continuar reproduciendo las prácticas de antaño —de hace muy poco tiempo— de despreciar las exigencias ciudadanas, para sólo privilegiar sus discusiones, agendas, prioridades o temas que le interesan al Presidente o a sus cúpulas. 

EL DESALIENTO, COMO GANGRENA

Esa ha sido una de las razones del desaliento de la ciudadanía a continuar creyendo en el sistema de partidos, y aunque de inicio ello parece beneficiarle a las fuerzas políticas que frente a una oposición y exigencia débiles pueden hacer lo que quieran, en realidad esto termina siendo una gangrena provocada por ellos mismos. ¿Qué tanto atenderán la agenda de la ciudadanía? Esa es una respuesta de largo plazo. Pero uno de los primeros indicadores, será ver qué tanto los partidos ahora sí privilegiarán a sus cuadros políticos por encima de sus intereses, y qué tanto les preocupa el volver a integrarse moralmente frente a la ciudadanía.

+ Amenaza de perseguir a diputados, alarde de soberbia e impunidad

Si en Oaxaca ya estamos acostumbrados a que la Sección 22 del SNTE hace lo que quiere sin que enfrente consecuencia alguna, hoy la dirigencia magisterial está demostrando que haberle dado tanto poder la tiene completamente desorbitada. Su anuncio de ir a perseguir y presionar a los diputados, si esto es necesario, para que aprueben su PTEO como ley estatal de educación, constata que su nivel de soberbia ha rebasado cualquier límite.

En efecto, esta semana la dirigencia de la Sección 22 fue hasta las instalaciones del Congreso local a presionar a los diputados a que dictaminen y aprueben el PTEO como Ley Estatal de Educación. Para ello, enmarcaron su diálogo con un acordonamiento a las instalaciones del Congreso, y las amenazas en contra de los legisladores fueron expresas. La dirigencia de la Sección 22 sostiene que como se está próximo a cumplir un año la firma de la declaración política rumbo a una nueva ley estatal de educación, es momento de que el Congreso cumpla su palabra de aprobar la iniciativa emanada de los foros organizados por el propio magisterio.

Sólo que la postura de la Sección 22 ya no es democrática, sino más desbordada y soberbia que nunca. Pues los profesores hicieron varias advertencias a los diputados locales. Primera: “el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO) vigilará que se respeten los fundamentos filosóficos, epistemológicos y teóricos del Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO) dentro de la nueva Ley educativa de Oaxaca”.

Segunda: que mientras reciben el pre dictamen de la Comisión Permanente de Educación, “montarán guardia en la Cámara de Diputados y en caso de ser necesario pondrán marcaje personal y, de ser necesario, los diputados y diputadas serán perseguidas, porque en otras ocasiones los hemos perseguidos hasta los hoteles donde se van a resguardar para evitar albazos”.

Tercera, en voz de Rubén Núñez Ginez: “Una vez que lo tengamos y conozcamos el viernes [el pre dictamen de la ley educativa], lo vamos a socializar con los miles de trabajadores de la educación y luego nos volveremos a reunir con los diputados para avanzar en la aprobación de la ley”.

Cuarta: la dirigencia de la Sección 22 tachó abiertamente de “traidores” a los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por abandonar la mesa de diálogo y la construcción de acuerdos. Y como si la 22 ostentara la representación del pueblo de Oaxaca, aseguraron: “[los diputados priistas] traicionan al pueblo al pueblo de Oaxaca, no a la Sección 22 del SNTE, porque nuestra iniciativa forma parte de una consulta ciudadana”, dijo.

Quinta: Núñez Ginez justificó que “el acordonamiento a la sede del Congreso del Estado es para ‘acompañar’ las reuniones con los diputados del PRD-PAN-MC-PUP y PT, a fin de generar consensos y acuerdos, en virtud de que el 14 de marzo se cumple un año de la entrega de la iniciativa del Magisterio, y que hasta la fecha no ha sido aprobada”.

Frente a todo esto, vale la pena preguntarse —y no está de más— ¿esta es una actitud democrática y sostenible, de una organización que justamente dice querer la salvaguarda del derecho de la mayoría, en un marco de democracia? 

PRESIONES, CONTRARIAS A LA LEY 

Aunque no sirve de nada, porque de todos modos sabemos que la Sección 22 continuará actuando impunemente en Oaxaca —y en el país— gracias a la debilidad institucional y a la engañosa utilidad de la ponderación que hacen los gobiernos local y federal para dejar que el magisterio haga lo que se le antoje sin sanción alguna con tal de no confrontarse con ella, sí vale la pena recordar que todo lo que ha anunciado la 22 es expresamente inconstitucional. 

Releamos el artículo 9 de la Constitución de la República, que otorga el derecho de manifestación en que se ampara la Sección 22, pero que también le pone los límites que justamente intenta romper. Éste dice, a la letra, lo siguiente: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.

“No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee”.

¿Releemos una vez más la última parte del segundo párrafo del artículo noveno? Dice que no se considerará ilegal ninguna reunión siempre que se evite proferir injurias en contra de la autoridad o —lo verdaderamente importante en este caso— “se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee”. Es decir, que en sentido contrario, una reunión que utiliza la violencia o amenazas en contra de la autoridad, para tratar de obligarla a resolver en el sentido que desee, sí debe ser considerada como ilegal.

Eso es justamente lo que vivimos: una organización que sostiene que su verdad es la única sostenible en Oaxaca, y que para defenderla incluso amenaza abiertamente con ir a perseguir a quienes tienen el deber de analizarla y decidir responsablemente no en base al interés de un grupo, sino de la sociedad y de la ley. 

Así, parece que vivimos en un mundo al revés, en el que el poder del más fuerte es el que prevalece, y que entonces también la razón está determinada por esas situaciones de fuerza y de amenaza velada, y no por eso que solíamos llamar Estado de Derecho, pero que en Oaxaca definitivamente no existe. Ese es el límite en el que hoy nos tiene puesto, a la vista de todos, la Sección 22 sin que nadie le reproche algo por sus actitudes. 

QUE VENGA MIRANDA 

A la Sección 22 todos los reclamos relacionados con sus pactos con Gobernación, le hacen lo que el viento a Juárez: nada. Dicen ellos que sus negociaciones con el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, son legítimas. Quisiéramos entonces que Miranda viniera a Oaxaca a arreglar todo lo que sin ningún pudor ha provocado. Tiene a un estado verdaderamente de rodillas, por tratar de abrirle un cauce al gobierno federal, que da tumbos insistir en creer que México es —como muchos dicen— el Estado de México.

A nadie debería sorprenderle que en nuestro estado haya tantas ex autoridades que son, al mismo tiempo, corruptas e impunes. Esa, que es una combinación malévola para el Estado de Derecho, es una constante en Oaxaca ante la incapacidad de las instituciones para cumplir con sus fines de perseguir y castigar efectivamente la corrupción. Los casos de Luis Ugartechea, José Julio Antonio Aquino, y varios más, son sólo sintomáticos de esa situación de corrupción e impunidad que nadie, dentro o fuera del poder, se atreve a enfrentar.

En efecto, en su edición de ayer miércoles, TIEMPO informaba en su primera plana que de acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los ex Ediles de Oaxaca de Juárez y Santa Cruz Xoxocotlán, Luis Ugartechea Begué y José Julio Antonio Aquino, respectivamente, “desaparecieron” en su gestión más de 30 millones de pesos. Ugartechea más de 20 millones de pesos y José Julio diez millones.

Así, se decía que, por ejemplo, en la gestión del ex alcalde panista de Oaxaca de Juárez, recursos por 4 millones 901 mil pesos fueron sustraídos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, entre otros quebrantos. Y la ASF precisó que cuando el municipio fue administrado por Ugartechea Begué no se dispuso de un adecuado sistema de control interno que permitiera identificar y atender los riesgos que limitaban el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió de manera importante en las observaciones determinadas en la auditoría.

Igualmente, la Auditoría Superior de la Federación determinó que en la gestión de José Julio Antonio Aquino, ex edil de Santa Cruz Xoxocotlán, se “desaparecieron” 10 millones de pesos del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun) sin que la autoridad municipal justificara su destino. Lo que parece más grave es que a pesar de que hubo diversos requerimientos para que Antonio Aquino comprobara los recursos, éste nunca lo hizo. Y lo peor es que hoy en día en el municipio no existe registro e información contable porque los recursos no fueron registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados como lo establece la norma, y tampoco el ex edil presentó documentación comprobatoria de gasto.

¿Qué significa todo esto? Que, con toda frialdad, corrupción e impunidad, las ex autoridades evadieron responsabilidades y hoy intentan justificar dinero que, desde el inicio, podrían no haber gastado correctamente. La Auditoría Superior de la Federación determinó esos faltantes debido a que no hubo la documentación comprobatoria de esos recursos y tampoco pudo establecerse claramente el destino que se les dio.

Esa sola situación ya genera una responsabilidad importante para las ex autoridades. Pero ello no necesariamente implica que éstas vayan a ser de verdad castigadas, o que se integren expedientes judiciales tendientes a castigarlos. En el fondo, lo que hace falta es más que simple voluntad y cualquier solución debe pasar por reformas a la ley para dejar la ominosa práctica de que el único castigo por los quebrantos cometidos sea la denuncia y el repudio públicos.

REVISIONES SIN CAUCE

En el ámbito estatal llama la atención que, por ejemplo, la Auditoría Superior del Estado únicamente establece un programa anual de auditorías, en las que lleva a cabo revisiones a un porcentaje (reducido) de entes auditables, y todos los demás —los que no tuvieron la suerte o la desgracia de la auditoría— queden en una situación de “perdón” fáctico por los posibles malos manejos, y que tampoco exista la posibilidad de reconocer a quienes en una revisión sí habrían podido salir bien librados.

Lo más grave es que aún existiendo las auditorías y habiendo podido determinar quebrantos, ello no signifique que las autoridades omisas o corruptas puedan terminar en prisión. ¿Por qué? Porque como lo informaba TIEMPO hace algunos días, la Auditoría Superior tampoco tiene capacidad de ejercer acción penal a través de la integración de averiguaciones previas que debieran corresponder a los posibles actos de corrupción, y porque la Procuraduría General de Justicia no cuenta con capacidad de procesar todas las denuncias de corrupción que le hace la ASE, y llevarlas ante un juez para tratar de imponer sanciones.

El asunto es más complejo de lo que parece. Como bien sabemos, la Auditoría Superior no tiene capacidad para auditar a todos los entes susceptibles de una revisión (es decir, los 570 municipios, además de las dependencias del gobierno estatal, los poderes Legislativo y Judicial, las empresas paraestatales, los órganos autónomos, y demás instituciones que reciben o funcionan con fondos públicos); luego, tampoco tiene capacidad para revisar a fondo a todos los entes a los que sí audita, debido a que la insuficiencia de personal no les permite invertir todo el tiempo y personal requerido para revisiones verdaderamente a conciencia.

Y como si algo faltara, tampoco tiene la posibilidad de ser la ASE quien pueda instruir por sí misma acción penal en contra de las autoridades, o ex autoridades a las que les haya determinado quebrantos o irregularidades. Debe hacerlo a través de la Procuraduría de Justicia, que hoy en día no cuenta con todo el personal específicamente capacitado que debiera necesitar para integrar todas las averiguaciones que le remitiera la Auditoría. Y todo eso se vuelve un conjunto de cuellos de botella que al final lo que hacen es impedir toda posibilidad de que se aplique la ley a quienes resultaron con una responsabilidad administrativa o judicial por su desempeño público.

Esto parece patético, porque ese conjunto de fallas se vuelven también una invitación abierta para que cualquiera intente aprovecharse del presupuesto público, a sabiendas de que difícilmente habrá de ser castigado u obligado a reintegrar lo que mal gastó. Eso explica la existencia de tantas ex autoridades que primero gozaron de los beneficios económicos que les dio la corrupción, y hoy gozan de impunidad frente a las autoridades.

A NADIE LE IMPORTA

Lo peor es que hoy en día esta es una discusión que aunque le preocupa mucho a la ciudadanía, a la autoridad no le genera la más mínima empatía. Estos son temas que no se discuten en el Congreso, no se impulsan en el Ejecutivo, y tampoco preocupan en el Judicial. Pareciera que, como en otros muchos casos, todos ellos están coludidos para protegerse y para llevar a la quiebra al Estado de Derecho.

+ Ayotzinapa sí afectará al PRI, pero será por omisiones oficiales y de EPN

Tarde y cargado de chovinismos, el dirigente estatal del PRI en Oaxaca, Héctor Anuar Mafud Mafud comienza a anticipar la derrota de su partido. Sin entrar en la autocrítica de fondo sobre el desempeño del tricolor en la entidad, el Líder priista decidió achacar el descalabro futuro a las calamidades que según él vienen de fuera, y para sostenerlo incurre en un error básico de análisis al culpar a personajes de otros partidos de una responsabilidad que a todas luces también es del PRI. Vale la pena repasar sus palabras para corroborar sus errores.
En efecto, en una entrevista publicada ayer en la primera plana del periódico El Imparcial, Mafud sostuvo que “Ayotzinapa sí le pegará al PRI en las elecciones del siete de junio”, pues aseguraba que “ que pese a ser un problema no generado por el Gobierno Federal (el de los desaparecidos), sin duda les impactará”. Luego sostenía: “¿Qué tanto va a influir, y en dónde? No lo sabemos, pero por eso le hablamos claro a la gente”.
Y después vino lo más revelador sobre lo errado de su análisis, independientemente de que éste no pasó por el reflejo de la situación real de la dudosa competitividad electoral del PRI en los distritos electorales de la entidad. Al tratar de analizar el escenario nacional, y las supuestas razones por las que Ayotzinapa le pegará al PRI, Mafud externó que le tocaba “resolver la desaparición de los 43 normalistas, a un gobernador que estaba fuera de la realidad (Ángel Aguirre) y a un alcalde (José Luis Abarca), actualmente procesado por los hechos. Sin embargo —continuaba—, hay que decirlo, ambos políticos son del PRD, pero cuando vieron que la pelota venía muy grande, metieron la licencia de Aguirre y dejaron que el problema pegara a la Federación y al PRI”.
Uno podría aceptar un análisis tan distorsionado, si no viniera de una persona con tanto oficio y —se supone—, claridad política, basada en su propia experiencia en las áreas de gobernabilidad. Además, Mafud es un magistrado en retiro que, por ende, se supone que debe conocer y entender a detalle los términos jurídicos que engloba un asunto como el de los desaparecidos de Ayotzinapa.
No obstante, lejos de todo, parece que la situación global pretende disimularla a través de argumentos que pretenden justificar que todo lo malo viene de otros partidos y actores, como si el PRI no tuviera algún grado de responsabilidad en la crisis de los desaparecidos, y como si en el resultado de la elección no influyeran también factores internos.
Pues resulta que justamente en eso se basa el chovinismo: en asegurar que todo lo propio es positivo, y que todas las calamidades vienen de fuera. Veamos si no: al decir Mafud que Ayotzinapa sí le va a impactar negativamente al PRI en los próximos comicios, y luego sostener que este asunto debía ser resuelto por los gobiernos estatal y municipal de Aguirre y Abarca, respectivamente, para luego terminar diciendo que todo fue una “pelota que venía muy grande” y que conspiradamente fue lanzada a la Federación y al PRI, es tanto como querer repartir responsabilidades sin reconocer que el gobierno federal, el PRI, y el Presidente, cometieron sus propios errores, y que la sociedad habrá de cobrárselos en los comicios del siete de junio.

LOS ERRORES
Primero, Mafud no alcanza a distinguir que en los resultados electorales del próximo siete de junio en Oaxaca, habrán de influir los factores locales tanto o más que los de índole nacional. Al no reconocer los graves desencuentros que ocurrieron al interior del PRI —y los que todavía podrían ocurrir— por la forma en cómo se procesó el reparto de candidaturas, de inmediato está también exculpando a todos los que han actuado fuera de la disciplina partidista, e incluso está haciendo a un lado su propia responsabilidad como dirigente. ¿Por qué?
Porque omitir el tema, y decir que todas son inconformidades menores, le salva la situación sólo hoy. Pero finalmente esta situación será decisiva en varios distritos en los que el CEN, o los Jefes Políticos del PRI —no Mafud— escogieron candidatos según sus intereses, pero no en función de las posibilidades reales de triunfo, y sin considerar tampoco la fuerza que puedan tener los otros partidos políticos —y el régimen gobernante— en las regiones del Estado.
Segundo, Mafud erra su análisis al afirmar, en lo relativo a Ayotzinapa, que las desapariciones forzadas eran responsabilidad de resolver del gobernador Aguirre y del alcalde Abarca. No es así. Y tan no lo es —y el gobierno federal tardó tanto en reconocer su error— que por eso la PGR atrajo la investigación, sólo después de que la opinión pública nacional e internacional cuestionaron abrumadoramente al gobierno federal por la pasividad mostrada frente a esos hechos, y al presidente Enrique Peña Nieto por lavarse inicialmente las manos al asegurar que este era un tema local y no nacional, y que por ende —y coincidiendo en el error con Mafud— que debía ser resuelto por el gobierno de Ángel Aguirre.
Tercero, Mafud se equivoca gravemente cuando dice que el problema de los desaparecidos fue “una pelota” que otros dejaran que le pegara a la Federación y al PRI. ¿Por qué? Porque esos crímenes no son cualquier cosa: son delitos de lesa humanidad que, por ese solo hecho, agravian a todos independientemente de credos, filias, simpatías políticas y hasta nacionalidades.
Por esa razón, nadie le echó la pelota a nadie. Si los tres ámbitos de gobierno tienen obligaciones relacionadas con los derechos humanos, entonces Ayotzinapa fue una gran pelota que rebasó y derribó a todos por igual, y a esto contribuyeron los políticos del PRD, pero también el gobierno federal que tarde reconoció la situación y actuó obligado pero no porque demostrara tener convicción por la protección de los derechos de todas las personas.

ANÁLISIS TARDÍO
Otro aspecto relevante: cinco meses después de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el Líder del PRI se refiere por primera vez a ello y sólo para anticipar que esta será la razón de su derrota. Nunca lo vimos indignarse por el hecho, solidarizarse con las víctimas y sus familiares, o exigir justicia. Cuando pasó, lo vio lejos porque era en otra entidad federativa. Pero hoy que ya necesita comenzar a anticipar lo inminente —un resultado desalentador para su partido— entonces sí busca —de nuevo— la forma de encontrar culpables fuera, y no reconocer los errores de su partido en este proceso.