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¿Si Sección 22 quiere su ley educativa, para qué bloquea Congreso?

SNTE Sección22 PTEO

+ Contradicción: quieren “su” ley, pero el mejor escenario es el vacío

 

A pesar de que la Sección 22 del SNTE ejerce una presión permanente en contra de los Poderes del Estado en Oaxaca para que su iniciativa de Ley Estatal de Educación sea la aprobada por el Congreso local, ayer y hoy decidió cercar las instalaciones legislativas para impedir el desarrollo de los trabajos respectivos. A pesar de lo contradictorio que resulta la exigencia acompañada de la obstrucción, no está de más preguntarse: ¿Por qué lo hacen?

En efecto, desde las primeras horas de ayer la Sección 22 convocó a sus agremiados a realizar un cerco a las instalaciones del Congreso local. Su argumento ha sido el mismo de otros momentos: impedir, según ellos, un albazo legislativo que eleve a rango de ley una iniciativa distinta a la que ellos presentaron ante la Legislatura local en agosto del año pasado, y que ésta se había comprometido a aprobar. Según ellos, el cerco impide el albazo, y con ello también cierran la posibilidad de que se consume la traición que, también según ellos, prepara el Estado en su contra.

Y es que resulta que a estas alturas los oaxaqueños ya tomamos como algo normal la intransigencia de la Sección 22, así como sus acciones radicales, y ni siquiera nos preguntamos cuál es la razón y la posible congruencia de ellas. No obstante, vale la pena considerar algunas de las principales aristas que rigen este asunto, para corroborar que en realidad, hoy en día son los propios maestros quienes no quieren que continúe avanzando el proceso de creación de la ley estatal de educación, y que por eso obstaculizan por todos los medios posibles el trabajo relacionado con su dictaminación y aprobación en el Congreso local.

En ese sentido, vale la pena recuperar lo que dijo hace apenas unos días la diputada local del PRI, María Luisa Matus Fuentes, respecto al proceso de dictaminación de la ley educativa. Matus Fuentes, adelantó el seis de marzo pasado (http://bit.ly/1BsOTU3) que el dictamen de la iniciativa de la Ley Estatal de Educación, podría estar concluida en tres semanas más para ser turnada al pleno legislativo para su análisis, discusión, adecuación y posible aprobación.

La legisladora de la fracción priista, aseguró que la Ley Educativa Estatal estará aprobada en tiempo y forma, a pesar de que el análisis de las siete iniciativas presentadas ante el Congreso del Estado, “es minucioso y lento”. Confió que en la próxima reunión de la Comisión Permanente de Educación, asista el pleno de la Comisión para avanzar en el estudio de las siete iniciativas, incluyendo el anteproyecto presentado por la Sección 22 de la CNTE impulsado por el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca, (PTEO).

¿Qué significa todo esto? Que, comedidamente, la misma fracción parlamentaria del PRI está aceptando tácitamente que el Congreso de Oaxaca —ellos, los del PRI, eran los que se oponían a la elevación del PTEO a rango de ley— se prepara para aprobarles su norma. El problema es que pareciera que ahora quien no quiere que eso ocurra, es la propia Sección 22 del SNTE.

 

RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN

Evidentemente, la Sección 22 nunca va a aceptar que son ellos quienes ahora están boicoteando el proceso de creación de la ley estatal de educación. Sin embargo, su oposición manifiesta es claramente explicable: ahora mismo el gobierno federal les está haciendo un “traje a la medida” con el régimen de excepción que se les está confeccionando en las mesas de negociación con la Secretaría de Gobernación; y en ese escenario lo más práctico es que ellos continúen en el limbo jurídico, para que de ese estado de incertidumbre se mantengan sus privilegios.

Pues resulta que, en esta circunstancia específica, el PTEO es lo de menos. Pues abiertamente, el propio Director del IEEPO, Moisés Robles Cruz, ha aceptado la aplicación fáctica del PTEO. “En la realidad el PTEO presentado por la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ya se aplica en la mayoría de escuelas de la entidad aún cuando todavía no tiene el carácter de Ley Estatal Educativa”, dijo Robles hace algunas semanas.

Si el PTEO, como programa educativo ya se aplica, y como elemento normativo ya tiene la fuerza de ley a pesar de ser un documento interno de la Sección 22, entonces no importa que sea o no ley; y, junto a todo eso, si de todos modos la 22 continúa teniendo el control administrativo y político total del Instituto educativo, y el gobierno federal le ha venido garantizando todas y cada una de sus exigencias, entonces lo que queda claro es que el hecho de que se apruebe o no la ley educativa ya es un asunto intrascendente, e incluso hasta perjudicial para la Sección 22. ¿Por qué?

Porque en su proyecto de ley educativa (ese que entregaron con cara de PTEO pero que en realidad es producto de un conjunto de negociaciones entre el gobierno y la 22 de cara a la reforma educativa) el propio magisterio aceptaba ceder parte del poder que tiene en el control de la educación, a cambio de que se le respetara su visión alternativa de la educación plasmada en su plan y en su iniciativa de ley.

Sólo que con, con el cambio de circunstancias y con la rendición del gobierno federal, lo que más le conviene a la Sección 22 es que las cosas sigan como están, y no que se normen de modo distinto como se planeaba en la ley educativa. Es por eso que la lógica que está siguiendo el propio magisterio es el de exigir la aprobación de su ley como una justificación política de su lucha, pero contrapunteado por una estrategia de detener cualquier posibilidad de que su norma avance en el proceso legislativo.

Finalmente lo que parece es que hay una contradicción enorme entre lo que quiere, y lo que dice que quiere. Pues lo primero es lo que le conviene (continuar en el vacío legal), pero lo segundo es lo que le convenía (que se apruebe su PTEO). Así que por eso continuará emprendiendo acciones indefinidas para boicotear el trabajo legislativo que casi a diario le exige al Congreso del Estado.

 

FUNCIONARIOS SOMETIDOS

La sabiduría popular ha forjado dichos que encierran enormes verdades. Uno de ellos dice que “el que por gusto es buey, hasta la coyunta lame”. Eso, tristemente, le acomoda a la perfección a la nueva ralea de funcionarios del IEEPO que, comenzando por Moisés Robles Cruz, sólo llegaron a esa posición a extinguir su prestigio al defender la forma en que la Sección 22 los tiene sometidos en estos tiempos “democráticos”.

¿Qué ruta legal usará EPN para liberar a “presos políticos” de S22?

Pena Nieto+ Elección de Medina Mora, y pactos políticos, vs el Estado de Derecho

 

Aunque parece que son dos historias distintas, el pacto político firmado por el subsecretario de Gobernación con la Sección 22 del SNTE para liberar a los que ellos denominan como sus “presos políticos”, y la inminente elección de Eduardo Medina Mora Icaza como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen un común denominador: socavar al Estado de Derecho y las instituciones del país en aras del pragmatismo político; y demostrar —contra toda lógica democrática— la voluntad del gobierno por reinstaurar el régimen autoritario del pasado.

En efecto, hasta las primeras horas de la tarde de ayer, la elección de Eduardo Medina Mora como nuevo integrante de la Suprema Corte, era inminente. A pesar de que distintos grupos de la sociedad se manifestaron en contra de la decisión presidencial —que nunca fue argumentada ni explicada—, y de que dos partidos políticos (PRD y PT) se manifestaron en contra de una elección fast track, ya existía un consenso a su favor y era cuestión de trámite que se formalizara su elección como Ministro. Esto ocurría a pesar de no satisfacer el requisito moral de ser un jurista de indudable ascendencia en el país, y de no tener antecedentes defendibles en cuanto a su actuación como servidor público frente a los derechos humanos.

En paralelo, ayer el periodista Raymundo Riva Palacio apuntaba, en su columna Estrictamente Personal del periódico El Financiero, que “en una reunión con los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la facción disidente del magisterio que lleva dos años buscando derogar la Reforma Educativa, [el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda] aceptó resolver una vieja demanda de sus líderes: la liberación de “presos políticos” asociados al magisterio. Son 112 en la lista que le entregaron los maestros y que ofreció serán puestos en libertad. Para esto, los convocó este martes a una reunión en la Secretaría de Gobernación, para que enfrente de ellos instruya al comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, a hacerlo”.

Frente a estas dos complejas decisiones del gobierno federal, la pregunta que ronda es: ¿De verdad tiene vocación por la Constitución y el Estado de Derecho? Y, en caso de que sostenidamente argumentara en sentido afirmativo, entonces cabría otra: ¿Qué está haciendo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para corroborarlo?

Pues desde dos flancos paralelos, e igualmente potentes, lo que parece estar queriendo hacer el gobierno federal es socavar primero al Poder Judicial, para someterlo a una integración que no lo fortalece; y al mismo tiempo, obligarlo a procesar decisiones que evidentemente no son concordantes con los tiempos y las aspiraciones de la ciudadanía, y mucho menos con la constitucionalidad y el Estado de Derecho, que se supone que son valores que todos queremos que se fortalezcan.

La situación es ominosa por donde se le vea. Pues a pesar de que existe una clara tendencia de rechazo a esas dos decisiones, el gobierno no sólo no está haciendo nada por considerar el sentir ciudadano, sino que está reiterando sus decisiones inexplicables. Y lo más grave, es que pareciera que hoy el gobierno de Peña Nieto está considerando que vive en tiempos de hace tres o cuatro décadas, en las que sin ningún problema el Presidente y su conveniencia podían doblegar a las instituciones del Estado para obligarlas a tomar decisiones, sin pasar por el tamiz de la constitucionalidad y sin respetar la división de poderes.

 

¿CÓMO LIBERARÁN A LOS PRESOS POLÍTICOS?

Hace 40 años un gobierno en México habría considerado como una tarea sencilla liberar a un preso, independientemente de su responsabilidad o el estado del proceso judicial por el que se le juzga, y sólo por una decisión política. ¿Esto podría ocurrir actualmente? En realidad no parece sencillo.

Pues si bien el sistema penitenciario, se encuentra en manos del Poder Ejecutivo, la misma Constitución de la República dice, en el tercer párrafo del artículo 21, que “La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial”; y antes, en la fracción VII del apartado C del artículo 20 constitucional, establece que es derecho de la víctima o del ofendido dentro de un proceso penal “impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño”.

¿Por qué son importantes estos preceptos? Porque, por un lado, es evidente que la facultad de modificar o extinguir una pena resultante de un proceso judicial, no se encuentra en potestad del Poder Ejecutivo, salvo por el indulto que tiene derecho a otorgar el Presidente de la República según lo que dispone la fracción XIV del artículo 89 constitucional, a través de un proceso que también debe estar normado por la ley y que por ende no es gracia discrecional del Titular del Ejecutivo.

¿Qué tendría que hacer entonces el gobierno federal para liberar a esos 112 presos políticos de la Sección 22? Tendría que, a través de la PGR, desistirse de la acción penal. El problema es que intentar esa vía tampoco es una cuestión discrecional, ya que en la contraparte de ese derecho del Ministerio Público se encuentra también el derecho de las víctimas u ofendidos dentro de los procesos que se siguen a las personas que serían liberadas, a impugnar esas resoluciones y someter al escrutinio del Poder Judicial las decisiones tomadas en este caso por la PGR.

¿Para esto estaría entonces el Poder Ejecutivo intentando socavar al Judicial por distintas vías? Más bien, lo que parece es que el gobierno del presidente Peña Nieto no entiende los tiempos que vive, y por su propia subsistencia está intentando doblegar a los demás poderes para salir avante. No repara en que, con estas decisiones, es más fácil que ocasione una crisis constitucional a que verdaderamente logre desactivar conflictos sociales que de todos modos seguirán vivos, como el de los maestros de la Coordinadora en el sureste del país.

 

CONTRADICCIÓN

¿Cómo le dirá el gobierno federal a los padres de los 43 desaparecidos que sí habrá justicia, cuando lo que está promoviendo es justamente la impunidad? Esto es por demás trascendente. La constitucionalidad parece vivir tiempos aciagos en nuestro país.

Declaración política gobierno-S22-Congreso: a un año, el fracaso

Reciben iniciativa de ley

+ Discusión entrampada, por haber firmado lo que no podían cumplir

 

Hoy se cumple el primer año de que Oaxaca se encuentra en rebeldía frente a su deber de homologación de la legislación estatal en materia educativa con las normas federales, y también se conmemora el primer año del pacto ominoso celebrado entre el gobierno, el Congreso y la Sección 22, para construir una ley estatal de educación a modo y capricho del magisterio. Sólo que a un año de distancia el saldo es estéril, y los perjuicios a la educación van en aumento.

En efecto, el 10 de marzo del año pasado, el gobernador Gabino Cué, el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Jesús López Rodríguez, y el dirigente de la sección 22 del SNTE, Rubén Núñez Ginéz, firmaron una declaración política a la que titularon “Hacia una nueva Ley Estatal de Educación”, por medio de la cual se habían comprometido a participar de forma conjunta en la generación de una legislación local “más adecuada para la realidad de la entidad oaxaqueña”.

En aquel momento, todos trataron de matizar de democrática e inclusiva una decisión que no era aceptable. “Se trata de una muestra clara de nuestra vocación democrática, que nos permita generar una ley basada en el diálogo constructivo, responsable y experto, que represente una alternativa real y pertinente para hacer de la educación la base para la equidad y prosperidad de nuestro pueblo”, aseguraba el Mandatario.

Por su parte, el diputado López Rodríguez en aquel momento dijo que “la educación no es patrimonio, ni capricho de unos cuantos, razón por la que es fundamental unir esfuerzos y escuchar todas la voces posibles, que permitan la construcción de leyes que beneficien a toda la ciudadanía”.  Asimismo, el dirigente de la sección 22, Rubén Núñez dijo que la declaración política se daba en cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea Estatal, y de la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE, en rechazo a la reforma educativa.

Hoy, a un año de distancia, queda claro que cada uno cumplió su palabra, aunque no necesariamente en beneficio de Oaxaca: el gobierno se limitó a fungir como convocante y coadyuvante para la celebración de los foros educativos, aunque la conducción la dejó en manos del magisterio democrático; el Congreso, como lo había dicho López Rodríguez, aparentó escuchar todas las voces aunque finalmente —y teniendo como base sus nulos resultados— ese fue un ejercicio como el de la Torre de Babel, en el que todos hablaron sin que nadie entendiera a nadie, y por eso al final el resultado sigue siendo el vacío.

Incluso la Sección 22 es quien sí tomó en serio el papel de actor hegemónico en la educación, que no quisieron o no pudieron asumir el gobierno y el Congreso frente a este imperativo de la armonización en materia educativa. Pues en el último año, el magisterio adherido a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se ha dedicado a hacer valer los resolutivos de su Asamblea, y para ello ha ido doblando a todas las autoridades con las que ha tratado.

El 10 de marzo de 2014 lo hizo formalmente con el gobierno estatal y el Congreso; y en fechas recientes lo hizo con el gobierno federal, que a través del subsecretario de Gobernación, Luis Miranda Nava, claudicó en la posibilidad de aplicar la reforma educativa, y confirmó todas las conquistas y beneficios —políticos y económicos— que ha tenido el magisterio democrático en las últimas décadas, creándole a la CNTE un régimen de excepción en sus relaciones laborales.

 

TODO, A CAMBIO DE NADA

Así, queda claro que hoy todos pagamos las consecuencias, primero de que el gobierno y el Congreso hayan firmado una declaración que anclaba el proceso legislativo en materia educativa a los caprichos e intereses de la Sección 22; y segundo, de que el mismo gobierno federal haya claudicado en la posibilidad de sostenerse en su promesa de ir por el cumplimiento del nuevo contenido constitucional en la materia.

Hoy, por eso, si debiera haber alguna conmemoración, ésta debiera ser doble: por un lado, conmemorar el limbo jurídico en el que se encuentra el régimen educativo de la entidad; y por el otro, el triunfo total del magisterio democrático —con la consecuente derrota incondicional del gobierno federal— en la lucha por la preservación de sus beneficios, estructuras y privilegios.

Pues a un año de distancia, lo único que puede verse es que la educación no ha tenido mejora alguna; que el gobierno ha sido completamente incapaz de enfrentar la crisis generada por la beligerancia de los trabajadores de la educación; y que éstos no sólo no han disminuido la intensidad de sus protestas y demandas económicas y políticas, sino que hoy van por la liberación de sus supuestos presos políticos, luego de haber logrado ya la confirmación de todos sus privilegios económicos y laborales.

¿Qué significa esto? Que el gobierno perdió completamente al dar todo a cambio de nada. Oaxaca ni siquiera tiene paz social, porque la Sección 22 continúa manifestándose casi todos los días, a pesar de que ha sido la gran ganadora de todo este proceso de lucha por la reforma educativa; el gobierno federal no tiene garantizado que cualquier otro día la Sección 22 no vuelva a decidir ir a instalar un plantón a la capital del país, o a trastocar la vida de la capital del país con sus movilizaciones; y por sus insuficiencias propias, el Congreso local no ha podido procesar ninguna de las propuestas de ley educativa presentadas, porque su debilidad propia lo ha llevado a ni siquiera tener el sustento para legitimar una decisión, cualquiera que ésta sea.

Al final, todos los que deberían estar en el centro de esta discusión (los niños y jóvenes que siguen padeciendo una instrucción deficiente, y la ciudadanía que no puede vivir en la paz que merece) son quienes están olvidados. En su frivolidad, la 22 se puso en el centro de todo; y en su debilidad, las instituciones ya le dieron todo. Pero el resultado de todo sigue siendo la ignominia.

 

DESPISTADO

Dice el ex diputado Flavio Sosa que la culpa de la crisis en la Cotaipo es de los partidos. Se equivoca: la culpa es de los diputados de la LXI Legislatura, a la que él perteneció, que escogieron a los PEORES candidatos a integrar ese organismo. Lo mismo pasó con la Defensoría de los Derechos Humanos, en donde también eligieron al más cuestionado de los aspirantes (Arturo Peimbert), de quien él también recibió beneficios que hasta hoy no han quedado claros. O qué, ¿ya se le olvidó?

Reforma electoral en Oaxaca: la doble moral, a todo lo que da.

Reforma

+ “Empatar calendarios” es eliminar de facto la batalla electoral

 

Todos los que están interesados en una reforma que empate el calendario electoral de Oaxaca con el federal, tienen otros intereses que no les permiten ver que juegan con fuego. Éstos van desde los ingenuos de veras interesados en empatar los tiempos electorales locales y federales, hasta los que buscan tender tapetes a quienes quieren que sean sus candidatos a Gobernador en 2016. El problema es que no ven que esa es una reforma frívola, innecesaria y peligrosa para nuestra menguada democracia.

En efecto, desde hace algunas semanas varios personajes, facciones y partidos políticos, han venido mencionando con insistencia el supuesto “deber legal” de una reforma a la Constitución local para empatar los calendarios electorales. Todos, en realidad, están preocupados por lo que pueda pasar en los comicios estatales de 2016, y en las respectivas posibilidades de cada uno de los prospectos para ser postulados como candidatos a Gobernador. La preocupación es, pues, no por la ley sino por las personas y —como siempre en este país— están tratando equivocadamente de adecuar las instituciones a sus intereses, a pesar de los riesgos y contradicciones que esto implica.

¿De qué hablamos? De que, en primer término, no existe deber constitucional ni legal para el ajuste de los calendarios. Esta ha sido una tendencia nacional para generar una supuesta economía en los procesos electorales, adecuando los calendarios estatales al federal para —según— ahorrar recursos económicos, a través de la organización de un solo proceso y jornada electoral en el que se desahoguen las dos elecciones, y no cada una por separado, como hasta ahora ocurre. Esa es una fórmula aparentemente correcta, pero no en una democracia adolescente como la nuestra.

Las razones son evidentes: primera, porque nunca ha sido un tema de real preocupación el del dispendio de recursos públicos que se utilizan para organizar y financiar las campañas electorales. Segunda, porque en Oaxaca los comicios no han podido llegar a tener un comportamiento maduro, que dé signos de independencia a través del voto razonado, el voto diferenciado o de procesos electorales en los que la definición del resultado la haya dado el voto de los ciudadanos que sin presiones ni previsiones, salieron a votar (más bien, aquí el común sigue siendo lo contrario). Y tercera, porque empatar los tiempos sería tanto como inhibir la lucha electoral local, y delegarla en los resultados nacionales de las jornadas electorales.

Todo esto es evidente, además de que si éstas son algunas de las razones sustantivas de por qué no es necesaria una armonización de calendarios en materia electoral, inmediatamente habría que revisar cuál es la intención de fondo, real, del inusitado interés de los partidos y actores políticos locales por realizar una reforma electoral justamente ahora en que el Congreso le debe tantos temas importantes a la ciudadanía y, sin haberlos resuelto, dice que sí va por una reforma electoral.

 

ANÁLISIS INHIBIDO

Evidentemente, el gobierno y los partidos políticos tienen mucho interés en realizar esta reforma, porque lo que parecen querer en realidad es un gobierno de transición, que permita configurar una disputa distinta por el poder en la entidad. ¿Qué parece? Que en estos años ningún partido político ha construido un liderazgo sólido en la entidad, y que por esa razón pretenden que la contienda electoral se dirima a través de la elección federal. El problema es que si es así, entonces en automático va a ganar el Candidato a Gobernador que pertenezca al partido, y tenga el apoyo, del Candidato Presidencial que a su vez gane los comicios federales.

La intención es evidente: por décadas, a nadie le ha preocupado el dispendio económico que significa la organización de los procesos electorales, y ninguna de las reformas constitucionales federales orientadas a normar los comicios, ha tenido como intención disminuir el costo de las elecciones. Tan es así, que por eso el empate de los calendarios electorales ha sido una tendencia encomiable pero no un mandato constitucional expreso; y por eso mismo ni en las agendas de las recurrentes reformas electorales nacionales, ni el gobierno ni los partidos nacionales han marcado este tema como uno de los de primera importancia para el país.

Por esa razón, lejos de insistir en ver el beneficio económico, lo que habría que ver es el enorme daño que esta decisión le haría a la ya de por sí pingüe lucha electoral que existe en la entidad. Digámoslo sin vueltas: en Oaxaca no hay madurez electoral; no hay voto diferenciado; los partidos no logran despertar interés en los electores autónomos para que masivamente salgan a votar, y lo hagan por uno de ellos.

Asimismo, es abrumador que en Oaxaca los comicios se sigan resolviendo a través de la compra y coacción del voto; y que la única tendencia de aparente arrastre y participación masiva (si es que al 60 por ciento del padrón que sí sale a votar, se le puede calificar como “participación masiva”) sea la que ocurre cuando hay comicios presidenciales, que son los únicos que sí generan cierta participación ciudadana, pero en la que siempre vemos —en Oaxaca— que el resultado de la elección presidencial sólo se traslada a los resultados de las elecciones de diputados federales y senadores, sin que haya en ello mayor variación que refleje algún interés específico por los candidatos, y confirmando que el voto diferenciado es prácticamente nulo.

Si esto ocurre en todas las elecciones presidenciales respecto a los integrantes del Congreso federal, no hay una sola razón para suponer que sería distinta la lucha o el resultado electoral, en caso de que en esa misma jornada se desahogara la elección de gobernador y diputados locales. Y eso, evidentemente, no abonaría, sino desalentaría, la búsqueda de una democracia más legitimada por la participación ciudadana.

 

MÁS RECENTRALIZACIÓN

Así, en esas condiciones, lo que parece es que se quiere una reforma político electoral que empate el calendario electoral local con el federal, para finiquitar la lucha política en Oaxaca, y darle una vuelta más a la tuerca de la recentralización de los temas trascendentes de nuestra sociedad. Casi todos los interesados, hoy confunden la utilidad con la practicidad, pero pasan por alto que esta posible reforma impactaría gravemente con la competencia electoral y la democracia a la que —según— todos los oaxaqueños aspiramos.

 ¿Por qué hay tanta controversia por Medina Mora en SCJN?

Eduardo Medina Mora

+ El imperativo, reformar el camino para elección de ministros

 

Por si le hiciera falta un problema al país, la decisión presidencial de incluir en la terna para la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, abrió un debate que de otro modo no habría emergido a la polémica ciudadana: el de cuestionar la discrecionalidad de los poderes para elegir a los integrantes de otro poder; y por otro lado, la insistencia del Presidente por nombrar a sus amigos y no a cuadros legitimados para la enorme responsabilidad que implica ser Ministro del tribunal constitucional de nuestro país.

En efecto, Eduardo Medina Mora es un candidato a Ministro con muchos contrastes. Por un lado, se presentó a esta contienda en un evidente marco de inequidad debido a que desde el inicio se le ubicó como el candidato del Presidente, y eso lo colocó en un marco de superioridad frente a los otros dos aspirantes, que a pesar de ser funcionarios judiciales de carrera, e integrantes de tribunales colegiados de circuito —que son la antesala de la Suprema Corte, y que requieren personal judicial de la más alta especialización en el país—se les hizo aparecer como candidatos de relleno para legitimar la imposición de Medina Mora.

Vale decir que, además, Medina Mora no tiene ni experiencia en el ámbito jurídico o jurisdiccional, y tampoco buenos antecedentes como servidor público federal. Fue director del CISEN, cargo por el que pasó sin ninguna relevancia; luego, como Secretario de Seguridad Pública enfrentó el conflicto de Oaxaca, en el que la entonces Policía Federal Preventiva fue acusada de represión y de violaciones graves a los derechos humanos; y después, en el gobierno del presidente Felipe Calderón fue titular de la Procuraduría General de la República, en donde de nuevo incurrió en diversos actos que generaron profundos cuestionamientos a todo el gobierno por haber acusado injustamente a varios funcionarios de pertenecer a bandas criminales o recibir sobornos para dejar de cumplir con sus funciones.

Y es que, como afirma el jurista José Roldán Xopa, si su nominación tiene una explciación en su experiencia profesional, entonces en eso debiera versar la valoración que habría tenido que hacer el propio Presidente cuando lo propuso, y el Senado para elegirlo. Y señala: Cuando Medina Mora fue Procurador, se aprobó la reforma constitucional de juicios orales, la cual a su vez también estableció las bases del combate a la delincuencia organizada. Una reforma garantista y antigarantista a la vez. Una pregunta pertinente es cuál fue el papel de Medina Mora en esta reforma. Pues no hay que olvidar que esta reforma expresaba una definición al interior del Gabinete. Esto es, se modificó el artículo 21 constitucional en dos renglones: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”, antes decía que “una policía” estará bajo su “autoridad y mando”.  El cambio definió el papel de la PGR respecto de la “policía” e incrementó el poder de la entonces Secretaría de Seguridad Pública y, en mi opinión, contribuyó al desmantelamiento y debilidad de la primera y, consecuentemente, en los resultados de la estrategia de combate al crimen.

Su paso predominantemente por instituciones policiacas y de seguridad nacional y el innegable papel geopolítico en la Embajada de México en Washington, son también claves para entender el mensaje del Presidente respecto de su idea de juez en la Corte (http://bit.ly/1BIS4ZK).

 

REFORMAR LA ELECCIÓN DE MINISTROS

Ahora bien, según la académica Geraldina González de la Vega (http://bit.ly/1E0FCCj), el hecho de que la Constitución disponga que el titular del ejecutivo federal enviará las ternas al Senado, no implica que se trate de una decisión libre y a capricho del presidente.

El envío de la terna por parte del ejecutivo, dice, debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación, pues aunque la Constitución la disponga como una facultad discrecional tácita, debe cumplir con los requisitos de los artículos 95 y 96 constitucionales, así como con los principios del Estado constitucional. Dentro de estos parámetros, la determinación sobre quiénes integran las ternas no puede ser tomada atendiendo a los caprichos personales o momentáneos del titular del ejecutivo federal, su decisión debe obedecer a más bien criterios razonables y democráticos. Y estos criterios deben ser justificados ante la opinión pública en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, para dar legitimidad tanto al próximo ministro, como a la labor institucional de la Corte.

Para justificar la candidatura a ministro, el presidente de la Republica debiese explicar cómo realizó el ejercicio de toma de decisión explicando los principios y valores que lo guiaron, además de justificar ante la opinión pública cómo es que el candidato en cuestión cumple con los requisitos subjetivos que establece el último párrafo del artículo 95.

La transparencia y la justificación de las decisiones en el proceso entero de nombramiento de ministros, tanto por parte del ejecutivo federal, como por parte del Senado, son indispensables para su legitimación. Ahora bien, una de las reglas indispensables para la integración de las ternas sería el de la regulación sobre la repetición de candidatos ya rechazados. Pues se han dado ya tres casos en que ministros designados han participado en diversas ternas que han sido en un primer momento rechazadas. La Constitución establece que el presidente enviará una “nueva terna” si la primera fuese rechazada.

 

INSISTENCIA ¿DENTRO DE LA LEY?

Debe aclararse si “nueva” implica integrada por tres nuevas (distintas) personas o simplemente el “nuevo” se refiere a enviar una terna que cambien uno o dos candidatos pero se mantenga a uno o dos que estuvieron en la primera terna. Lo lógico sería la primera interpretación, pues si en la primera terna ningún candidato obtuvo el voto de las dos terceras partes del Senado, ¿para qué volver a enviar a un candidato que según la primera votación no cumple con los requisitos constitucionales para ser ministro? De otra forma, ¿por qué no fue electo? Esta es una cuestión tan actual y novedosa, que debiera ser aclarada antes de la elección de Medina Mora. No se prevé que sea electo —si es que esa es la línea— en una primera ronda. Y seguro el Presidente insistirá utilizando esta laguna de la reiteración de su candidato.

Segob va a perder todo tratando de agradar a la Sección 22

Seccion 22 en contra
Causas de lucha infinitas para la CNTE

+ Agenda magisterial, cargada de temas; imposible de agotar

Ayer, la dirigencia de la Sección 22 del CNTE confirmó que la Secretaría de Gobernación (Segob) autorizó que 920 plazas para maestros sean entregadas a normalistas recién egresados de Oaxaca, sin la aplicación de exámenes y los ascensos de ocho maestros de secundaria. Esto lo informó el vocero de la Sección 22, Mohamed Otaki Toledo. Esta es una muestra más del error en que está incurriendo el gobierno federal tratando de dar todo a la CNTE, sin considerar que ésta nunca se va a dar por satisfecha.

En efecto, ayer el vocero magisterial anunció la claudicación federal que ya se preveía. “Nosotros acordamos con la Secretaría de Gobernación —dijo— que prácticamente nosotros como Sección 22 vamos a sostener ese proceso administrativo independientemente de lo que esté manejando el INEE (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación), independientemente de lo que esté manejando el propio gobierno del Estado de Oaxaca”.

Esto lo dijo Mohamed Otaki Toledo respecto al otorgamiento de las 920 plazas que desde el año pasado exigían para los estudiantes recién egresados de las normales estatales, pero también a los ascensos otorgados hace algunos días a varios directivos, a partir de su participación en actividades sindicales y sin considerar las cuestiones relacionadas con su desempeño docente.

Dijo además que la Sección 22 ya acordó que el pago de salarios atrasados de los profesores se realizará a través de la conformación de una nómina complementaria, y dijo que las escuelas normales sólo regresarán a clases cuando se plasmen por escrito los acuerdos a los que se supone que ya llegaron. El problema es que si alguien pudiera considerar que con estos acuerdos la Sección 22 de Oaxaca se dirá satisfecha, está equivocado.

Esto porque la Sección 22 tiene infinidad de temas a los que Gobernación ya les abrió la puerta para seguir negociando, sin considerar que el magisterio oaxaqueño concibe su existencia no sólo como organismo gremial, sino también como grupo de lucha social, y que en esa lógica su cartera de temas para continuar negociando es infinita, y cada uno de los temas le sirve para no darse por satisfecha con las respuestas oficiales, y continuar presionando para seguir ganando terreno.

¿Por qué lo decimos? Porque la Sección 22 dijo que ahora, a partir del próximo 10 de marzo, a las 12 del día, se realizará una nueva mesa de diálogo para atender el tema de los presos políticos, donde estarán presenten funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR). Y concretamente, lo que ahora van a tratar de negociar —y habría que ver si se los da el gobierno federal— es la liberación de esos que la 22 considera como presos políticos, pero que en realidad fueron participantes en el secuestro de los sobrinos del Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani.

La Sección 22 ha insistido en que esos son presos políticos, y así como desde hace muchos meses no ha quitado el dedo del renglón respecto al otorgamiento de las 920 plazas para los normalistas, que ya consiguieron, tampoco ha dejado de insistir en negociar, en una mesa de trabajo política, la liberación de esas personas que están acusadas de participar en el secuestro de tres menores.

 

ESTRATEGIA EQUIVOCADA

Es muy probable que el gobierno federal esté pensando que la negociación que acaban de cerrar con la Sección 22 les permitirá el tránsito a la reforma educativa. El problema es que aún suponiendo eso, la lógica que seguirá el magisterio en los años próximos, es la de repetirle la dosis que el gobierno federal ya demostró que sí fue útil para sentarlos a negociar. En su lógica, el magisterio tiene la idea de nunca ir en reversa. Y ese será el principal dolor de cabeza del gobierno federal en los próximos años.

Y es que es preocupante que sin mayor aspaviento, el gobierno federal haya improvisado un esquema paralelo (de excepción) de relación laboral con profesores oaxaqueños, suponiendo que esto puede ser temporal. Los profesores de la Sección 22, a todos nos ha quedado claro, son de los que no ceden, no retroceden y no disminuyen la intensidad de sus acciones cuando lo que está en medio es el intento por ganar espacios políticos o laborales.

¿Qué es lo previsible entonces? Que al margen de la presión que puedan seguir ejerciendo este año, el siguiente van a tratar de incrementar su presencia en la capital del país, para asegurar la contratación de más normalistas, la cesión de más plazas, la permanencia de más privilegios, en todos los ámbitos en los que ya cedió hoy en día el gobierno federal para tratar de quedar bien con ellos.

Pues a diferencia de lo que pueda considerar el gobierno federal, la 22 no ve las cesiones como logros sino como reivindicaciones. Es decir, que les están dando algo de lo que el Estado les debía, y que por ende ahora deben seguir luchando para obtener más. Esta es la lógica que han aplicado en su lucha de más de tres décadas en el estado de Oaxaca, y es la narrativa que les ha permitido siempre tener una nueva causa gremial o social por la cual seguir luchando, y no ceder frente a la posibilidad de continuar negociando siempre con el gobierno.

Así, esta es una pésima noticia para Oaxaca, porque entonces resulta que nada de lo que se ha hecho, se haga, o se pueda hacer, va a detener esta dinámica en la que todo se negocia desde la capital del país, y todos los demás somos rehenes. En esta condición queda la ciudadanía, que ahora menos puede hacer algo para tratar de frenar las acciones magisteriales; así queda el gobierno de Oaxaca a quien están terminando de ningunear en el manejo de esa relación entre la federación y el magisterio. Y así quedan incluso las nuevas autoridades educativas nacionales (el INEE) que también quedaron desacreditados por esta insistencia de la Secretaría de Gobernación.

 

NO PASA NADA

Ese es el mensaje que envía reiteradamente el gobierno federal. Por eso a pesar de sus promesas hoy le da todo a la Sección 22. Por eso mismo la insistencia de continuar privilegiando a sus cuates en los espacios del gobierno y las candidaturas a las diputaciones federales. Es la misma lógica en la insistencia de la postulación de Eduardo Medina Mora como candidato a Ministro de la Corte, sólo porque es amigo de Peña Nieto. Al final, parece que a ellos no les preocupa el país sino —como siempre— la inmediatez de los cuatro años de gestión que les falta, y que los problemas de fondo los resuelva “el que venga”.

La beligerancia de la 22, esconde malos manejos de la SNTE

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Fondos
Mal uso de fondos en el SNTE y la lucha a favor de los adversarios.

+ ¿Es, entonces, la Sección 22, la tonta útil de sus adversarios?

 

En nuestro país estamos acostumbrados a ver sólo la realidad en blancos y negros y, por ende, a evitar los matices. Esa falta de claridad en el análisis cotidiano, provoca que en muchos casos perdamos la capacidad de entender integralmente lo que ocurre, y confundamos los términos de lo que vemos. Es lo que pasa con la Sección 22 y la CNTE, que encabezan la revuelta magisterial nacional en contra de la reforma educativa, y con el casi invisible silencio de su contraparte, la dirigencia formal del SNTE.

En efecto, hoy cabe una pregunta: ¿El hecho de que sean la Sección 22 y la CNTE quienes encabezan la cruzada nacional en contra de la reforma educativa, significa en automático que “los buenos” son los profesores del SNTE, que en casi todo el país aparentemente han acatado voluntariamente las nuevas reglas de la educación? Esa pregunta es básica, porque aunque en apariencia eso es lo que define al bando de los buenos, y al de los malos, en realidad lo que ocurre es que la beligerancia de unos está escondiendo el incumplimiento subrepticio de los demás. ¿De qué hablamos?

De que, por un lado, a Oaxaca se le ha tachado de ser la entidad discordante en la reforma educativa, porque el magisterio democrático de la Sección 22 ha presionado con todo al gobierno federal para sentarlo a negociar los términos de la claudicación de las nuevas normas en materia educativa; y porque, mientras, el gobierno de Oaxaca ha preferido mantener la conveniencia del pragmatismo a través de una alianza irrompible con la Sección 22, que a su vez le permite tener más o menos a salvo la gobernabilidad del Estado, aún a pesar del descrédito social que esto le provoca, y los señalamientos federales de que apoya a los incumplidos.

Pero, ¿qué pasa en el otro lado? Casi nada. Pues resulta que según los resultados de la Cuenta Pública 2013 dados a conocer por la Auditoría Superior de la Federación, Oaxaca —la supuesta piedra en el zapato de la reforma educativa— no sólo no encabeza la lista de los señalamientos más graves sobre el uso indebido de los recursos federales relacionados con la educación pública, sino que incluso no es de los estados más incumplidos en ese rubro. ¿Qué ocurre entonces?

Que en la revisión al ejercicio 2013, la ASF detectó un mal uso de 11 mil millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), que equivalen a 20% de los 56 mil 525 millones de pesos que presentaron irregularidades en ese ejercicio fiscal (http://bit.ly/1DWVy8G). Entre las anomalías encontradas en la fiscalización del fondo educativo, que recibió 325 mil millones de pesos, destacan pagos irregulares a docentes comisionados al sindicato, pagos de prestaciones, compensaciones, bonos y estímulos derivados de las negociaciones entre los gobiernos estatales y las secciones sindicales, así como pagos a personal sin ninguna relación con la educación básica.

De esos pagos irregulares, la ASF señala que de todas las entidades que ejercieron incorrectamente los recursos, la mayor proporción se presentó en Michoacán, Colima, Veracruz, Chiapas, Zacatecas, Sinaloa, Tamaulipas, Baja California Sur y Quintana Roo. Y de esos nueve estados con más anomalías en el gasto con dinero del FAEB, Michoacán es el único que usó de manera irregular 20 de cada 100 pesos que recibió del gobierno federal, entidad que además destaca por su rechazo a la Reforma Educativa y el predominio de la Sección 18 de la CNTE en la toma de decisiones de la política educativa.

Esto significa, en términos sencillos, varias cuestiones: primera, que Oaxaca no es el caso más preocupante de utilización indebida de recursos en el ámbito educativo; segundo, que en varios de los estados en los que aparentemente no hay oposición de los maestros a la reforma, son los que a su vez tienen más señalamientos sobre la malversación de recursos para el pago de nómina educativa; y tercero —que es lo más paradójico—, que Oaxaca (la CNTE, el gobierno, y la propia federación, que con los maestros de nuestra entidad está negociando los términos de la rendición de la reforma educativa) es quien a su vez se está comiendo todo el descrédito que existe en este ámbito, y que encabezan sus adversarios internos del SNTE.

 

TONTOS ÚTILES

Según se dice popularmente, el tonto útil es una expresión política que describe a personas que al luchar por un ideal pueden transformarse en instrumentos de otros grupos políticos. Se refiere además a personas que colaboran involuntariamente con los intereses creados de terceros. Esto es exactamente lo que le pasa a la Sección 22 frente a la reforma educativa, pero también frente al SNTE, que ha sido su adversario histórico. ¿Por qué?

Porque por un lado, se supone que el SNTE aceptó todos los términos de la reforma, y la está aplicando. Por el otro, se encuentra la 22 y la CNTE, que se oponen a ella, y encabezan un movimiento que a pesar de ser exitoso, ha generado mucho repudio entre la ciudadanía por el hecho de que el magisterio democrático no está dejando piedra sobre piedra en aras de la preservación de sus conquistas y privilegios. ¿Por qué son los tontos útiles? Porque frente a la sociedad, son ellos quienes voluntariamente están encabezando la claudicación de una reforma educativa que, en el fondo, le conviene más al SNTE que a ellos.

La respuesta clara se encuentra en los datos antes expuestos. Pues dice la ASF que la mayoría de las irregularidades se encuentran en pagos irregulares a docentes comisionados al sindicato, pagos de prestaciones, compensaciones, bonos y estímulos derivados de las negociaciones entre los gobiernos estatales y las secciones sindicales, así como pagos a personal sin ninguna relación con la educación básica. Y que todas estas conductas ocurren en entidades que, salvo dos (Michoacán y Chiapas), no tienen presencia de la CNTE entre sus maestros.

 

LE HACEN LA CHAMBA AL SNTE

¿Entonces? Lo que parece es que en realidad la CNTE le está haciendo el trabajo sucio al SNTE. Si el gobierno federal claudica —como parece inminente— en la aplicación de la reforma educativa con la Coordinadora, entonces por equidad también tendrá que hacerlo con el SNTE (y si no lo hace, ésta podría copiar las tácticas de presión de la Coordinadora). Sólo que a la CNTE ya la exhibió y la presentó como la beligerante. Y quien más se beneficiaría de esa decisión es la SNTE, que hasta ahora se ha venido presentando como la buena de este cuento.

Esencial que CIDH fije responsabilidad internacional por desaparecidos

El estado
El crimen que condenó al estado.

+ Caso de normalistas no puede culminar con castigo penal a responsables  

 

Es muy relevante que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya finalmente integrado un grupo interdisciplinario de expertos para realizar un informe sobre la investigación del gobierno federal por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero. Es esencial, porque la parte que falta por dirimir no se encuentra en la responsabilidad penal de los autores materiales e intelectuales del hecho, sino en la responsabilidad internacional que ahora debe enfrentar el Estado mexicano por las desapariciones, debido a que éste, nos guste o no, sí es un crimen de Estado aunque no por las razones que esgrimen quienes dicen que el Presidente mandó matar a los estudiantes.

En efecto, ayer martes ese grupo interdisciplinario anunció que en tres meses entregará su primer informe sobre la desaparición de los normalistas. El lunes, los enviados de la CIDH se entrevistaron con los padres de los normalistas desaparecidos, y antes lo hicieron con los titulares de las dependencias federales relacionadas con la investigación. Como puede verse, lo que primero buscará fijar este grupo de la CIDH es el grado de confiabilidad de la investigación realizada por el gobierno mexicano, para después intentar establecer el grado de responsabilidad internacional que tiene México en el plano de los derechos humanos.

El quid de todo esto se encuentra en la posibilidad de que, en el mediano plazo, se pueda establecer concretamente el grado de responsabilidad que le resulta al Estado mexicano en cuanto a las violaciones a los derechos fundamentales de las víctimas de desaparición forzada en este caso, y sus deudos, así como la fijación de las diversas formas de reparación que debe llevar a cabo para resarcir en la medida de lo posible los perjuicios provocados; y, sobre todo, vigilar que el Estado mexicano cumpla con esos parámetros de manera voluntaria, antes de que este asunto llegue a las instancias jurisdiccionales del sistema interamericano, para que desde ahí se le obligue a cumplir.

Y es que a pesar de que aún hoy en día no parece fácil entender por qué al Estado mexicano sí le resulta una responsabilidad internacional en materia de derechos humanos por la desaparición de los normalistas, sí debe quedar claro que existe una distancia enorme entre los argumentos sustantivos que refuerzan el origen de esta responsabilidad, y los gritos que intentan incriminar al Estado a partir de la idea —nunca comprobada de forma seria— de que funcionarios del gobierno federal fueron quienes expresamente habían mandado a matar a los normalistas.

¿Por qué sí hay una responsabilidad de Estado en este asunto? Porque, como lo apuntamos en otros momentos (Ver Al Margen 29.10.2014), primero es necesario comprender que la responsabilidad de Estado no se segmenta en los ámbitos de gobierno; y en un segundo plano, no menos importante, también es necesario entender que en el ámbito de los derechos humanos no existe jerarquía ni ámbitos de aplicación.

Y vale la pena analizar estos dos elementos que son determinantes en la explicación de por qué el gobierno federal sí tuvo responsabilidad desde el inicio, y de por qué sí es perfectamente válido el cuestionamiento de por qué tardó tanto tiempo en asumir una postura e intervenir en el caso de los normalistas desaparecidos en Iguala. Veamos.

 

TODOS, RESPONSABLES

¿Por qué la responsabilidad no puede segmentarse? Una primera luz sobre este tema, la da el Pacto de San José, cuando en su artículo 28, dice lo siguiente: “1. Cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado Federal, el gobierno nacional de dicho Estado parte cumplirá todas las disposiciones de la presente Convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial. 2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención”.

¿Qué significa eso? Que frente al derecho internacional de los derechos humanos, los gobiernos nacionales —como el gobierno federal, en el caso de la federación que es México— es quien debe, primero, responder por el cumplimiento del contenido de la Convención; y segundo, ver que las partes integrantes cumplan también su contenido, pero sin dejar de ver que el deber entre estados y federación es uno solo.

Ahora bien, cuando se habla de cumplimiento, se refiere al respeto a los derechos fundamentales consagrados en esa Convención. ¿Cuáles? Entre otros, el derecho a no ser privado de la vida arbitrariamente (art. 4); derecho a la integridad personal (art. 5); derecho a la libertad personal —que es uno de los directamente transgredidos aunque no el único, porque ese es un delito pluriofensivo— (art. 7); y derecho a la protección de la honra y la dignidad (art. 11),.

Por eso, aunque el gobierno federal no es directamente responsable de haber cometido las detenciones-desapariciones de los normalistas, sí tuvo desde el primer momento una responsabilidad de Estado por la que debió intervenir de inmediato, tomando en cuenta, además, que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas establece como primer deber de los Estados parte —México es uno de ellos— el no practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales.

Aunado a todo eso, es necesario distinguir que el hecho de que en las desapariciones forzadas hayan participado elementos de las Policías Municipales de Iguala y Cocula, y el presunto autor material sea el ex edil José Luis Abarca, implica que en las desapariciones participaron agentes del Estado. Para éstos efectos, no se distingue su jerarquía, sino el hecho de que ejecutaron esas acciones a partir de su situación de servidores públicos.

 

INVESTIGACIÓN TRASCENDENTE

Por eso hay tanta trascendencia: seguramente, la CIDH buscará fijar la dimensión de esa responsabilidad, y determinar qué debe hacerse. El reto será aceptar las conclusiones y tomar en cuenta la visión de la Comisión, que para efectos prácticos es la antesala de un juicio ante la Corte Interamericana por el delito de desaparición forzada de personas.

Moisés Robles defiende el PTEO; ¿y también su propio sometimiento?

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PTEO: Rayando en la legalidad

+ PTEO no es inconstitucional; lo que sí, es el control de S22 sobre IEEPO

El Director del IEEPO tiene el Síndrome de Estocolmo. Sólo así puede entenderse que día a día defienda con todo denuedo la hegemonía de la Sección 22 sobre el instituto educativo, y sea él quien pretenda justificar la legalidad de ese control, a través de los argumentos sobre la constitucionalidad del PTEO, incluso convertido en ley educativa. Éstas son dos cuestiones distintas, que Moisés Robles pretende presentar como una sola, para justificar que el magisterio continúe teniendo el control administrativo de la educación en la entidad.

En efecto, reiteradamente los profesores oaxaqueños han insistido en que la reforma federal en materia educativa, es en realidad una reforma administrativa al régimen laboral de los trabajadores. No se equivocan. El problema es que eso les genera mucho resquemor no sólo porque —se supone— que a partir de las nuevas disposiciones cada maestro mejorará su salario y condiciones de trabajo según las competencias demostradas, sino sobre todo porque esa “reforma administrativa” tenía como objetivo quitarle al Sindicato poder sobre las definiciones salariales de los trabajadores. Eso es lo que en gran medida desató la ira de las secciones sindicales que justamente tienen más influencia sobre la administración de la educación en las entidades federativas.

Un ejemplo elocuente de ello es Oaxaca. Aquí, desde 1992, la Sección 22 tiene injerencia formal en la administración de la educación, y en ese poder ha basado la capacidad de movilización y disciplina de los profesores, así como su influencia como organización de lucha social en la entidad. Por eso, a la Sección 22 la reforma educativa le cayó como bomba, y a partir de entonces ha buscado dar buena parte de la lucha en Oaxaca, tratando básicamente de que no le quiten las posiciones de control que hoy tiene en el instituto educativo.

En todo este tiempo, mientras, los profesores han justificado su oposición a la reforma con argumentos educativos. Para ello confeccionaron su Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca, y ese ha sido su parapeto para continuar luchando en contra de la reforma administrativa de los trabajadores de la educación. Vale la pena distinguir y remarcar la diferencia entre esos dos temas, porque ahí está la clave de la posición que hoy tiene el gobierno de ser aliado de la Sección 22. Veamos.

En el ámbito estrictamente educativo, el PTEO pudiera ser un plan anquilosado, técnicamente deficiente e incluso plagado de planteamientos educativos desfasados y contradictorios. Sin embargo, ello no lo hace ilegal, y tampoco habría de ponerlo en una posición de contravenir los lineamientos establecidos por la nueva legislación federal. No es así, porque en ese estrato la discusión es de índole sociológico, filosófico y pedagógico, pero no constitucional, porque ello no atenta contra las bases jurídicas de la educación y seguramente tampoco contra la Constitución y las leyes.

El problema es que esa discusión nada tiene que ver con el hecho de que la Sección 22 siga teniendo el control del instituto educativo, y del manejo administrativo de la educación. Es decir, el PTEO puede establecer lineamientos propios de cómo debe impartirse la educación en Oaxaca en un marco de multiculturalidad, pero ello no significa que para conseguirlo deban seguir gozando de los privilegios y las cuotas, en el IEEPO, que hasta hoy tienen.

Esa es la parte no aclarada de esta discusión. Y pareciera que al esgrimir que los planteamientos teórico pedagógicos del PTEO no son inconstitucionales, tratan —gobierno y magisterio— de engañar a la ciudadanía para que ésta acepte que la dirigencia de la Sección 22 siga decidiendo todo lo relacionado con la administración de la educación en Oaxaca. Cuestión que además de ser inmoralmente insostenible, sí choca de manera frontal con la Constitución de la República.

 

ROBLES, UN “DEMOCRÁTICO” MÁS

Estas son palabras que pudieran ser aceptables, si no vinieran del propio Director del IEEPO: Moisés Robles Cruz, pidió a los diputados locales no “tenerle miedo” al Plan para la Transformación Educativa de Oaxaca y aprobarlo como ley educativa.

El servidor público avaló la propuesta de la Sección 22 del SNTE, toda ve que, aseguró, coadyuva a mejorar la educación en la entidad y rescatar gran parte de los valores fundamentales de la enseñanza comunitaria. Robles Cruz indicó que el PTEO en la práctica se está aplicando en la mayoría de las escuelas de Oaxaca y lo único que haría falta es darle el carácter de ley. “Como abogado lo digo, el PTEO está estigmatizado en muchas partes, no hay que tenerle miedo, de hecho su aplicación en la práctica ya se está llevando a cabo” (Adiario, 02.03.2015).

Como podemos ver, la defensa del Director del IEEPO sobre el PTEO es vehemente. Sólo que con ello pasa por alto —deliberadamente— que no es el tema estrictamente educativo el que en el fondo le preocupa a la Sección 22, sino continuar presionando para no perder el control del IEEPO. De hecho, la aprobación de la propuesta presentada por los trabajadores de la educación al Congreso local, sólo es inconstitucional en lo que se refiere al establecimiento del deber del gobierno de Oaxaca de estimular económicamente a los profesores, y en el artículo transitorio que establece la contratación automática de los normalistas.

Pero fuera de ello, la lucha magisterial es más de hecho que de derecho, porque su presión tienen como fin no perder las posiciones que hoy ostenta, y que son las que le permiten seguir teniendo el control administrativo del instituto educativo, y con ello el control de sus trabajadores para que éstos sigan respondiendo a los llamados sindicales a partir del binomio premio-castigo que existe, y que ha sido el aditivo permanente para su excepcional capacidad de movilización.

¿Por qué entonces, sobre eso, nada dice el mimetizado Director del IEEPO?

 

AMLO EN OAXACA

Nadie duda que Andrés Manuel López Obrador sea un líder excepcional en este país. Pero qué mal se ve —y nos vemos todos como sociedad— mandando la aprobación de leyes, el trabajo legislativo y las decisiones políticas, como si él fuera rey, virrey o tlatoani. Es lo que hizo este fin de semana, cuando vino a regañar, a disponer y a mandar como si Oaxaca fuera de él. Una muy patética y anticuada “forma democrática” la de este personaje.

¿El partido en el poder ahora sí atenderá agenda de los ciudadanos?

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Curules
Plurinominales: ni privilegio, ni consuelo.

+ Partidos, en disyuntiva de seguir con prácticas de protección mutua

 

Este fin de semana, y los días siguientesserá noticia la publicación de las listas de candidatos a diputados federales plurinominales de los distintos partidos. Sólo que hoy, a diferencia de siempre, la nota radicará no sólo en ver los nombres, sino sobre todo en corroborar qué tanto han ido entendiendo los partidos el mensaje claro de hartazgo e indignación por parte de la ciudadanía, y qué tanto van a responder a ello. Las listas plurinominales hace tiempo dejaron de ser símbolo de integración política para convertirse espacios de privilegios cupulares. Hace falta ver qué tanto se empieza a procesar ese cambio. 

En efecto, cuando se crearon los espacios plurinominales, se hizo con la idea de generar espacios de pluralidad e integración de minorías en los órganos de representación popular. La intención era que esos espacios fueran ocupados no sólo por las cúpulas partidistas, sino también por las expresiones políticas minoritarias, que de otra manera no podrían acceder a los espacios de representación a defender esas posiciones que, aunque minoritarias, eran igual de importantes para cumplir con el requisito de la pluralidad de toda democracia. 

Sólo que desde hace tiempo esa idea cambió, y se centró en la lógica de los privilegios. Cada partido, entonces, comenzó a ocupar sus espacios de representación proporcional en los órganos legislativos para privilegiar a sus cúpulas, y no para generar espacios que llenaran los huecos de la pluralidad que necesitaba la democracia. Así, desde hace tiempo, las llamadas candidaturas plurinominales sirvieron eminentemente para cobijar a la élite gobernante y para dar rienda suelta a los vicios propios de nuestro sistema político, como el cuatismo, el compadrazgo, el nepotismo, etcétera— y no para que éstas sirvieran como mecanismo de exposición para la pluralidad política.

Así, por ejemplo, no era raro que las “cuotas” dentro de partidos como el PRI fueran para sus sectores y gremios importantes, independientemente de que los líderes de esos sectores fueran impresentables, y que como gremios tuvieran poca conexión con la ciudadanía. Ahí tenemos ejemplos de cómo, ocupando sus cuotas, reiteradamente han sido diputados federales y senadores de representación proporcional, “líderes históricos” de la CROC, la CROM, la CNC, la CTM y varios sindicatos nacionales, a pesar de que su fama pública es pésima, y que han sido totalmente estériles como legisladores. 

Acaso uno de los ejemplos más acabados, es el del actual senador Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato de Pemex. A éste individuo le han comprobado la fortuna y los privilegios que ha amasado como líder gremial, además de los innumerables actos de corrupción en que incurrió (el llamado Pemexgate, es uno de varios ejemplos de problemas en los que él ha estado involucrado). 

Pero aún así, Romero Deschamps ha sido dos veces Senador de la República en los últimos quince años, y continúa siendo un “baluarte” del priismo por el número de votos que representa para el PRI el gremio que él encabeza, pero no porque sea un parlamentario, un mexicano de probidad, o cuando menos una persona aceptada por la sociedad mexicana —y por el priismo—, como un ejemplo delpolítico que es privilegiado con esos espacios de representación proporcional gracias a sus capacidades y aportaciones al país. 

En otros partidos, las cosas son todavía peor: en el PRD, por ejemplo, el reparto de las posiciones plurinominales se da en función de las tribus. Y esas tribus se han repartido, históricamente, las posiciones plurinominales de una manera eminentemente patrimonialista y patriarcal, a partir de lo cual en cada elección se otorgan esas posiciones de manera rotativa y cíclica, al líder, sus hijos, su esposa, sus novias o sus incondicionales. 

De nuevo, llegan a los espacios de representación popular como una expresión de las cúpulas, pero no porque sean mexicanos que le aporten algo al país o porque vayan a alimentar de manera sustantiva el trabajo que se realiza en las cámaras legislativas. 

 

¿Y LA AGENDA DE LOS CIUDADANOS? 

Frente a todo esto, vale también preguntarse: ¿Ahora sí los partidos están entendiendo el hartazgo de la ciudadanía frente a esas prácticas? Hoy el contexto es particularmente importante: el propio sistema ha ido evidenciando cómo las prácticas de corrupción no han distinguido partido, ámbito de gobierno o género, y cómo ésta pasa también por las redes de protección institucional que se desviaron de sus finalidades iniciales, para convertirse en las redes de protección de quienes tienen cuentas pendientes por sus excesos. 

La ciudadanía ha reprobado fuertemente esas prácticas, y diversos hechos prueban que hoy en día las cosas deben cambiar. Sí, deben cambiar. Sólo que la respuesta de los partidos no sabemos si en realidad está atendiendo a esos imperativos. ¿Por qué? Porque las listas plurinominales —esas que antes servían para proteger, o para premiar, o para consolar— ahora debieran ser una expresión de lo mejor que tienen los partidos para enviar como sus representantes a los órganos legislativos. Y eso no pasa por colocar a amigos, amantes, esposas, hijos o incondicionales de los jefes políticos de las facciones. 

En esta lógica, otra de las cuestiones que deberían quedar perfectamente fijada, es qué tanto los partidos políticos atenderán la agenda de la ciudadanía por encima de la de sus intereses. Esta no es una cuestión menor. Las fuerzas políticas deben entender que no pueden continuar reproduciendo las prácticas de antaño —de hace muy poco tiempo— de despreciar las exigencias ciudadanas, para sólo privilegiar sus discusiones, agendas, prioridades o temas que le interesan al Presidente o a sus cúpulas

 

EL DESALIENTO, COMO GANGRENA

Esa ha sido una de las razones del desaliento de la ciudadanía a continuar creyendo en el sistema de partidos, y aunque de inicio ello parece beneficiarle a las fuerzas políticas que frente a una oposición y exigencia débiles pueden hacer lo que quieran, en realidad esto termina siendo una gangrena provocada por ellos mismos. ¿Qué tanto atenderán la agenda de la ciudadanía? Esa es una respuesta de largo plazo. Pero uno de los primeros indicadores, será ver qué tanto los partidos ahora sí privilegiarán a sus cuadros políticos por encima de sus intereses, y qué tanto les preocupa el volver a integrarse moralmente frente a la ciudadanía.