Se irán paulatinamente, sin reconocerlo

No es la primera vez que ahogan a la capital y a la sociedad oaxaqueña, y sin embargo en este momento la Sección 22 del SNTE anuncia una retirada parcial —paulatina— inusitada. La aceptación de arrancar el ciclo escolar el próximo lunes, es trascendental porque marcará el principio del fin de las protestas magisteriales. Lo que sigue es que los profesores vayan procesando las circunstancias que se vayan dando y, en un tiempo razonable, diluir su plantón para comenzar a asimilar su nueva realidad.
En efecto, el magisterio de la Sección 22 ya dio varios pasos sin retorno. El primero de ellos fue haber construido una propuesta de Ley Estatal de Educación, con la que no rompieron en el último momento. El segundo es la aceptación de su Asamblea Estatal de los términos del proyecto. Otro paso más de convalidación, fue la decisión del Gobernador del Estado de entregar la propuesta de ley educativa prácticamente sin cambios a la Legislatura. Y a estas alturas el último paso, que es ya irremediable, es que el Congreso determine hasta qué punto la iniciativa es constitucional, y la apruebe incluso en los términos en los que la mandó el Gobernador. Al final, de lo que se trata es de que el magisterio ya se encuentra en un punto sin retorno. ¿Por qué?
Porque a estas alturas nadie en su sano juicio, dentro de los poderes del Estado, tomaría la iniciativa de romper una paz, y una derrota magisterial, que si bien pende aún de alfileres, es ya prácticamente un hecho. La ruta que muy probablemente seguirá este proceso, es que tanto el Ejecutivo como el Legislativo le sigan la corriente al magisterio para evitar que éstos decidan estallar el paro indefinido de labores, para luego esperar a que, una vez teniendo la ley aprobada, el gobierno federal decida si presenta o no una segunda controversia constitucional. Si eso ocurre o no, no es potestad estatal. Y los efectos de una posible sentencia condenatoria en una segunda controversia serían, paradójicamente, benéficos y no perjudiciales para el gobierno oaxaqueño. Para entenderlo, vale la pena desglosar estas afirmaciones.
Primero, hay que distinguir que a estas alturas la Sección 22 ya no puede desdecirse de lo que ya avaló en reiterados momentos. El Gobernador ha afirmado que la propuesta construida por la comisión redactora integrada por el Congreso, el gobierno y el magisterio, no contraviene la Constitución federal. De ser verdaderamente así, entonces ésta es más una victoria que un acto de sumisión del Ejecutivo frente a la 22. ¿Por qué? Porque aún cumpliéndoles ciertos caprichos, de todos modos los profesores quedarían supeditados a la evaluación federal —que es lo que ellos rechazaban—; y además, quedarían sujetos con su aceptación expresa, que manifestaron implícitamente al avalar la propuesta de ley educativa.
Ahora bien, haciendo una ponderación equilibrada, lo que necesita verdaderamente hacer con responsabilidad el Congreso, es determinar si hay razón en afirmar que la iniciativa de la 22 no contraviene la Constitución. Si de verdad es esto así, entonces no habría que hacer sino aprobar la iniciativa y ver qué efecto tiene ante la federación. Así, limitándose a hacer eso, estaría concluyendo la responsabilidad y el compromiso político con la Sección 22; les estaría arrebatando definitivamente cualquier bandera o acción posterior relacionada con la reforma educativa (pues estarían todos el entendido que, hasta la ignominia, se les respaldó, y ellos avalaron lo que se legisló); y a Oaxaca estaría garantizando la paz que no ha visto en todos estos meses de protestas.
Todo ello no significaría, forzosamente, una derrota del Estado, sino más bien una lucha en donde los equilibrios van cambiando de posición. ¿Por qué? Porque lo único que quedaría por ver es si el gobierno federal presenta otra controversia constitucional, y de hacerlo, qué efecto tendría.
Vayamos al caso en el que declarara inconstitucionales diversos artículos de la ley educativa de Oaxaca. En esta situación, el efecto que tendría la sentencia de la controversia sería que la Suprema Corte se erigiera en una especie de “legislador sustituto” y estableciera los nuevos parámetros en que debieran aplicarse los preceptos declarados inconstitucionales. Esto, al final, terminaría beneficiando al Estado, que aún en la condena estaría librándose de haber sido él quien quebrantara la ley a capricho de la Sección 22.

LA RETIRADA
Sin embargo, hoy en día lo que se aprecia es el ánimo del magisterio de comenzar la retirada. Por eso aceptaron iniciar el ciclo escolar, y sólo dejar un plantón representativo. Es, en esencia, más o menos lo mismo que hicieron el año pasado cuando fueron derrotados en sus protestas en la Ciudad de México. En aquel momento dejaron un plantón representativo porque, al ver todo perdido, lo único que trataron de cuidar que la forma de la retirada no fuera tan abrupta que los pusiera más en evidencia. Es exactamente lo mismo que está ocurriendo ahora.
Pues queda claro que en otra circunstancia, el magisterio podría resistir semanas o meses de paro y plantón masivo, como lo ha hecho en otros momentos. Hoy en día, no les han dejado de pagar, ni existe pugna entre ellos y el gobierno, y la federación ni siquiera ha enviado una señal concreta de querer intervenir en el conflicto. Por eso, si hoy anuncian que se van a iniciar clases, lo que en realidad están queriendo hacer, es ir dando pasos paulatinos rumbo a la conjura de sus protestas.
Está equivocado todo aquel que quisiera ver a un magisterio aceptar públicamente que perdió y claudicar en sus acciones. Eso no va a ocurrir, ni en el peor de los escenarios. Empero, lo que sí pueden hacer es irse retirando poco a poco para no descuidar las formas y para seguir teniendo margen de acción frente a alguna variación radical en el escenario. Pero lo que ya es visible, es que es únicamente cuestión de tiempo para que esto concluya.

MEZQUINDAD
La de los diputados del PAN y PRD por defender, hasta la indignidad, sus posiciones oficialistas. Ayer la diputada Martha Alicia Escamilla presentó un exhorto para que el Ejecutivo implementara un programa emergente de apoyo a la economía formal que se ha visto afectada por las protestas magisteriales, pero los diputados panistas y perredistas prefirieron las lealtades a la posibilidad de adherirse a una exigencia que tiene en riesgo a docenas de comercios formales que, a pesar del plantón, luchan solos por no cerrar sus puertas y dejar sin empleo a miles de oaxaqueños.

Gobierno y S-22, simulan no ver realidad

No miente el titular del Poder Ejecutivo de Oaxaca cuando dice que el anteproyecto de la Ley Estatal de Educación no se contrapone a los lineamientos establecidos en la Constitución de la República. Dice la verdad, porque lo cierto es que el tema más sensible para la Sección 22 del SNTE se centra en la evaluación de los maestros, lo cual es una facultad federal, que no está, ni debería estar, en la Ley Estatal de Evaluación. Alrededor de eso, a plena luz del día, todos —gobierno y magisterio— están decididos a seguir indefinidamente engañándose con la verdad.
En efecto, en el anteproyecto de Ley Estatal de Educación que el lunes pasado le entregó la Sección 22 al gobernador Gabino Cué, se establece un conjunto de cuestiones exigidas por el magisterio, que sin embargo no pasa por el tema de la evaluación. Sobre esto, el Gobernador ha reconocido que “en la Ley estatal sí hay un mecanismo de evaluación, pero no hacia los docentes, sino va enfocado a una evaluación de los planes y programas de materia educativa en materia estatal” (http://bit.ly/1sDURhk). En ese aparente juego de palabras, está la clave del autoengaño que se están aplicando todos los involucrados en el conflicto por la nueva ley educativa. ¿De qué hablamos?
De que, como lo afirma el gobernador Cué, en el proyecto de Ley Estatal de Educación que presentó la Sección 22, se establece un proceso de evaluación que, como lo dice el propio Mandatario, está enfocado a la evaluación de los planes y programas en materia educativa, y también existe otro proceso de evaluación que, en el caso estatal, no es vinculatorio pero tampoco desconoce —ni puede desconocer— las facultades que le da la Ley General del Servicio Profesional Docente al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
Específicamente, los artículos 98 y 99 del anteproyecto elaborado por la Sección 22 establecen lo siguiente, respecto a la evaluación: “Con el objeto de generar una cultura de evaluación desde la escuela y la comunidad se crea el SEEO (Sistema de Evaluación Educativa de Oaxaca), considerando la diversidad  social,  cultural y lingüística de los pueblos de Oaxaca. En el reglamento correspondiente se establecerán las funciones,  acciones  y  estructura que sea necesaria para su operación” (artículo 98). Y “la cultura de evaluación generada por el SEEO,  contribuirá  a la transformación de las prácticas educativas que propicie la reflexión, la crítica y la autocrítica para la formación individual y social de los sujetos, que transforme la educación y apoye de manera creadora la práctica docente de acuerdo a las características contextuales de estudiantes y trabajadores  de la educación” (artículo 99).
Además, los artículos 102 y 103 del anteproyecto dan luces específicas del autoengaño en el que están incurriendo los profesores. Éstos disponen: “Artículo 102. Los colectivos escolar, comunitario y de zona realizarán la evaluación de los proyectos educativos conforme a criterios, técnicas, instrumentos, ámbitos, tiempos, modalidades, agentes y estrategias, en coordinación con el SEEO…”. Y el artículo 103 dice: “La evaluación también la llevan a cabo los colectivos de sector, región, nivel  educativo y colectivo estatal a través de espacios de discusión con la finalidad de revisar, analizar y reflexionar críticamente para transformar los procesos educativos y su propia participación…”
¿Por qué el autoengaño? Porque, como lo dice el gobernador Cué —y así lo validó la 22 (quién sabe si por ignorancia, o por tratar de disimular que están en vías de acatar las disposiciones federales), a pesar de que el punto central de su inconformidad se centra en la evaluación que les aplicará el INEE—, lo que dispondría la ley educativa estatal son sólo procesos de “evaluación” no vinculatorios, que no deciden ni influyen sobre el ingreso, promoción, permanencia y posible remoción de los trabajadores de la educación, y que más bien van enfocados a crear una “cultura de la evaluación” a través de trabajos colectivos —según— de reflexión y mejora sobre lo ya realizado, que a simple vista parecerían más una terapia de grupo que un verdadero proceso de evaluación de su desempeño.

LOS TEMAS IMPORTANTES
En este sentido, vale la pena resaltar dos cuestiones: primera, que la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPF) es, valga la expresión, una ley general, porque es de aplicación indistinta en todo el territorio nacional en cada una de las atribuciones que establece. Una de ellas, esencial, es la evaluación nacional de todo el personal docente en el ámbito de la educación básica, así como el establecimiento de las atribuciones que le corresponden a las autoridades locales.
En ese sentido, el artículo 7 de la LGSPF establece “En materia del Servicio Profesional Docente, para la Educación Básica y Media Superior, corresponden al Instituto las atribuciones siguientes: I. Definir los procesos de evaluación a que se refiere esta Ley y demás disposiciones aplicables”.
Y sobre los deberes de las autoridades locales dispone, en su artículo 8, lo siguiente: “En el ámbito de la Educación Básica corresponden a las Autoridades Educativas Locales las atribuciones siguientes: I. Someter a consideración de la Secretaría sus propuestas de perfiles, parámetros e indicadores de carácter complementario para el Ingreso, Promoción, Permanencia y, en su caso, Reconocimiento que estimen pertinentes…” y establece otras, que no pasan por una posible suplencia o coordinación con el INEE, en los aspectos estrictamente relacionados con la evaluación de los profesores, o la definición de la permanencia, promoción, remoción o admisión de nuevos profesores.
¿Qué significa esto último? Que, en esencia, esas cuestiones continúan siendo federales y que de todos modos, diga lo que diga la ley estatal, la norma federal es aplicable en todo el ámbito nacional y las atribuciones siguen intocadas a favor del INEE y de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

AGUAS CON LO RESIDUAL
Por eso, el Poder Legislativo debe poner atención en otros temas en los que la 22 pretende seguir teniendo, e incrementando, su control. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema de la construcción de infraestructura educativa, que ahora plantean modificar para que ellos participen en la definición. El anteproyecto está plagados de intentos suplementarios de la 22 por tomar partida en temas que tampoco deberían tocarle. Ahí está la clave de cambiar unas cosas por otras. ¡Aguas!

S-22: ¿Por qué los municipios se desentienden?

Es terrible que el proceso de armonización de las normas educativas locales con las federales únicamente esté sirviendo, en los hechos, para exhibir a los gobiernos locales —gobernadores, congresos, y poderes judiciales— como débiles e incapaces de hacer cumplir las potestades mínimas del Estado. Este es un fenómeno ominoso, en el que la Federación debía ser parte de la solución, y no del problema. Pues si este conflicto fuera visto y abordado con una perspectiva integral, el propio gobierno federal tendría que estar alentando hoy a estados y municipios a recuperar la legalidad frente a poderes fácticos como la CNTE. Pero nada de eso ocurre.
En efecto, en los últimos meses hemos visto cómo el proceso de armonización de la legislación educativa en Oaxaca, ha sido una tragedia que sigue al pie de la letra el enunciado conocido como la Ley de Murphy. Ese adagio, del conocimiento empírico, dice simplemente que si algo puede salir mal, saldrá mal. ¿No es eso lo que hemos visto? Claro que sí. Razones hay de sobra para afirmarlo.
Todo iba mal desde el principio, porque Oaxaca fue uno de los estados que simplemente dejó correr el tiempo, agravando una situación que debió resolverse en tiempo, pero que se evitó para no agitar al magisterio. De hecho, aunque hoy es un tema irrelevante, las previsiones pesimistas sobre esta ruta de armonización comenzaron desde que el Congreso de Oaxaca evitó —y hasta la fecha— pronunciarse a favor o en contra de la reforma constitucional en materia educativa. La Legislatura nunca dio una razón concreta sobre su silencio. Simplemente se dejó presionar por la Sección 22, y alimentó la visión de que el gobierno era —es— aliado del magisterio, y que por ende no harían nada que los contradijera.
Luego, si ya todo iba mal, la ruta del agravamiento continuó cuando con llegada la fecha límite para llevar a cabo la adecuación de las normas locales a las nuevas leyes federales, en lugar de asumir compromisos de Estado, el gobierno y la Legislatura lo más que lograron hacer fue establecer un pacto político con la Sección 22. Nadie de ellos quiso entender lo que debía pasar. Y por eso los poderes formales legitimaron a los fácticos, pactaron con ellos, y de hecho les obsequiaron la titularidad del poder reformador, para que ellos llevaran la batuta en la elaboración de la nueva norma.
A estas alturas, ¿a alguien le quedaba duda que la 22 haría todo menos actuar de forma responsable? Evidentemente no. Por eso, a pesar de la urgencia, el magisterio se tomó seis meses para elaborar una norma que de todos modos no es, ni puede ser, acorde con la Constitución de la República.
Y la Ley de Murphy se cumplía entonces a cabalidad, cuando a pesar de tener a la vista ese enorme conjunto de señales adversas, todos decidieron seguir adelante, incluida la Federación, que simplemente permitió que este problema se enredara, se pudriera y, hoy, se agusanara. Pues eso que se preveía que podría salir mal —la emisión de una nueva ley educativa local— finalmente terminó saliendo mal, porque nadie hizo algo para que las cosas fueran de forma distinta.

DEBILIDAD TOLERADA
Sólo en un país como el nuestro, un poder puede regodearse, y dejar caer, a otro poder. Esto es lo que pasa entre los ámbitos de gobierno en México, cuando a simple vista se puede apreciar que frente a una amenaza al Estado de Derecho, uno de los poderes permite que el otro se pudra simplemente porque no tiene coincidencias políticas o partidistas con él. No asumen que el Estado de Derecho los involucra a todos, y que en la defensa de la constitucionalidad no deberían existir ni colores partidistas ni fobias políticas.
Eso es lo que pasó entre Oaxaca y la Federación. Hoy, existe una tendencia generalizada en el país de responsabilizar sólo al gobernador Gabino Cué de la situación que prevalece en la entidad, y del sometimiento institucional a las exigencias de un poder fáctico como la Sección 22 del SNTE. Se opta por el camino fácil de buscar al primer responsable que se tenga a la vista, y cargarle toda la responsabilidad del problema, sin distinguir que junto a él, como responsable directo, hay otros que han actuado por omisión frente a una situación que finalmente involucra a todo el poder público, independientemente de los ámbitos de gobierno o de las facultades específicas. ¿De qué hablamos?
De que, en esto, la Federación tiene tanta responsabilidad en haber dejado crecer este problema, como la tienen los Poderes del Estado en Oaxaca. La tiene porque las entidades federativas no son entes aislados ni ajenos a la Federación, y porque la propia Constitución señala de forma expresa los momentos en los que el gobierno de la República debe ir en auxilio de las entidades federativas; y porque finalmente es una responsabilidad constitucional implícita de los tres órdenes de gobierno, y de los tres poderes del Estado, velar porque las leyes se cumplan y porque la legalidad prevalezca.
Frente a todo esto, es claro que la Federación ha sido un simple espectador, que hoy parece reírse de la debilidad institucional que tiene el Estado en Oaxaca, sin reparar en el hecho de que esa debilidad no es de Gabino Cué o de la Legislatura, sino de los Poderes del Estado; y que, en su silencio, la federación saluda esa debilidad, la alimenta, y la promueve.
Hoy, con seriedad, la federación debía responder por qué sigue dejando sola a Oaxaca. Por qué, en todo el proceso de negociación con el magisterio, no ha asumido la parte de responsabilidad que le corresponde, o que cuando menos buscara equilibrar la situación estableciendo los parámetros de negociación entre los poderes en pugna. La Federación guarda silencio y sólo buscará dar el manotazo. Sin embargo eso no arregla nada, porque aún desmantelando a la Sección 22, las acciones y omisiones federales terminarán provocando que otro poder fáctico emerja para ocupar el lugar —el trono— que hoy tienen los profesores democráticos por encima del Estado oaxaqueño.

TIEMPO, 13 AÑOS
Este día, TIEMPO de Oaxaca cumple trece años de informar a la ciudadanía, con responsabilidad y compromiso. Sirvan estas líneas para reconocer la tenacidad y perseverancia de todos nuestros compañeros que, con talento y gran esfuerzo, hacen este diario, y para enviar un abrazo respetuoso al personal del diario, y a nuestro editor y director, Wenceslao Añorve, por estos primeros trece años de éxito. ¡Felicidades!

+ Energía, educación, telecom: junto, ya quedó

Dejando de lado la perspectiva local, ayer se concretó el conjunto de cambios que eran pavorosos para ciertos núcleos de la población, y que en otras circunstancias habrían sido motivo suficiente para incendiar al país. Al iniciar la semana, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó y mandó a publicar las leyes que constituyen el paquete de normas reglamentarias en materia de energéticos. Con ello queda consolidado el periodo de las llamadas “reformas estructurales”, que si una lección dejan es que tuvieron la capacidad de desmovilizar al país, para ubicarlo en rebeliones mínimas, y así poder sacar adelante este nuevo proyecto de nación que no sabemos qué tan benéfico o perjudicial será para el país.

En efecto, al finalizar la semana anterior el Congreso de la Unión dio por terminada la parte del proceso legislativo que les corresponde, y envió las 27 iniciativas de leyes en materia de energéticos ya aprobadas, para que el Ejecutivo continuara con el proceso y cumplir con el deber de promulgarlas, sancionarlas y mandarlas a publicar en el Diario Oficial de la Federación. Todo ocurrió —incluyendo el acto protocolario de ayer— sin ningún contratiempo, sin ninguna protesta, y sin ningún incendio nacional. Todas las amenazas quedaron conjuradas a partir de la estrategia de focalizar las resistencias y no permitir que éstas se unieran.

Y es que a pesar de todo lo que se diga a favor o en contra del proyecto reformador del presidente Peña Nieto, lo único que hoy tenemos escasamente claro es que todo fue planeado de tal forma que se buscó la desmovilización y la imposibilidad de que todos los grupos disidentes al proyecto presidencial, unieran sus luchas. Pues resulta que los cambios hechos en el entramado institucional en su conjunto son enormes (en materia educativa, fiscal, en telecomunicaciones, en transparencia, en energéticos, y demás). Y a pesar de ello no hay mayores focos de resistencia que lo poco que queda en Oaxaca, y en algunas manifestaciones relacionadas con el impulso a una consulta popular para la reforma energética.

Este no es el escenario que se preveía hace dos años, cuando se anunció la intención de ir por un conjunto de reformas que eran particularmente sensibles para algunos grupos. Cuando se dijo, por ejemplo, que la reforma educativa sería un motivo para que los profesores incendiaran el país, no se tenía la claridad de qué era lo que se debía hacer para evitarlo. Al asumir el gobierno del presidente Peña Nieto, se tomó la decisión única de cortarle al SNTE su principal arteria política, con la detención de la profesora Elba Esther Gordillo. Pero prevaleció la inquietud porque el gobierno federal parecía despreocupado por dejar viva la disidencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

La preocupación no era ociosa. Hasta entonces, la Coordinadora era no sólo cabeza de la disidencia magisterial en el sureste de México, sino que fungía también uno de los principales vasos comunicantes entre todas las corrientes disidentes al gobierno federal desde inicios de la década anterior. La gran pregunta, entonces, era: ¿Qué hará el gobierno de la república si llegado el momento la inconformidad de la CNTE por la reforma educativa, se combina y se une con quienes se opongan a la reforma energética, y a su vez con quienes no estén de acuerdo, y salgan a las calles a manifestarlo, con las demás reformas?

¿Qué pasará —muchos se preguntaban, y con razón— si al final todos esos brotes se unen y conforman un solo frente que intente desestabilizar al país?

LA CIRCUNSTANCIA DE LOS TIEMPOS

La CNTE ha sido uno de los principales faros de la oposición en el país en los últimos tiempos. En 2006 apareció como un grupo robusto, organizado, suficiente y capaz de mantener en jaque a todo un gobierno, y de enfrentarse incluso a una maquinaria policiaca federal, a través de la fuerza del respaldo popular. Eso fue lo que demostraron cuando lograron el liderazgo indiscutible en el conflicto magisterial y popular de ese año en Oaxaca, y fue lo que todos los grupos le reconocieron en el ámbito nacional como auténticos líderes de la oposición en el país.

De ahí partía el riesgo en la actualidad. La CNTE, por ejemplo, habría sido uno de esos pocos grupos capaz de aglutinar a distintas vertientes de la izquierda mexicana —hasta las más radicales, incluso— si de lo que se trataba era de sostener una sola lucha en contra de las reformas estructurales en conjunto. No lo pudieron hacer porque el solo paso del tiempo, y el “timing” de las reformas estructurales, los obligó a claudicar en sus postulados democráticos y a centrarse en defender el feudo que les quedaba en Oaxaca, como un asunto ya no de fuerza política, sino de supervivencia.

En este escenario, resulta trágico que los grupos disidentes del país no tuvieran capacidad de unirse. Que, en el caso del magisterio de Oaxaca, el solo transcurso de los tiempos y las reformas, los obligaran a refugiarse en el territorio del estado para defender lo poco que les queda de un feudo que les fue arrebatado. Es trágico, primero porque en esas condiciones no hubo oportunidad de presentar una oposición efectiva a un conjunto de reformas que muy pocos saben y pueden entender qué tan favorables o dañinas pueden ser para el país.

Y esto es doblemente trágico porque, ya metidos en esa vorágine, los mismos grupos disidentes —y la CNTE en específico— no tuvo la claridad suficiente como para ser razonable, en tiempos en los que el mejor escenario para sus adversarios era que optara por la irracionabilidad —como finalmente lo está haciendo— para entonces descalificarlo de antemano y evitarle la posibilidad de ser un interlocutor capaz de dar una visión distinta a la que presentó, e impuso, el gobierno federal.

ARRINCONADOS

Ahora falta ver qué pasa con la ruta crítica de la reforma educativa en Oaxaca. El proceso es, en realidad, irrelevante: de todos modos, se armonice o no, se le cumpla o no el capricho a la Sección 22, de todos modos en enero entrará en vigor todo el conjunto de disposiciones en materia educativa, que de todos modos sujetarán al profesorado oaxaqueño y lo someterá a las nuevas reglas. Eso es irremediable. Más bien, y como lo apuntábamos desde hace tiempo, este proceso está sirviendo para dejar ver el tamaño de la debilidad institucional que tienen gobiernos estatales como el de Oaxaca.

Sanción: el descrédito de poderes locales

A pesar de los avances en la negociación entre la Secretaría de Gobernación y la Sección 22 del SNTE, en Oaxaca continúa la duda en diversos sectores de qué pasaría si al final el Congreso del Estado decide simplemente no entrar al análisis de las iniciativas de ley educativa que pudieran presentarse para concluir el proceso de armonización con las normas federales, o si llega a darse el caso de que legalice el PTEO de la Sección 22.
En efecto, hoy en día todavía no existe certeza en Oaxaca de lo que pueda pasar. Reiteradamente, el gobernador Gabino Cué ha manifestado que antes de que inicie el próximo ciclo escolar —es decir, en menos de dos semanas— estará concluido el proceso de armonización de la legislación educativa local; y aunque con cierto recato, algunas voces en el Congreso local han comenzado a hacer afirmaciones en el mismo sentido.
El problema es que hasta hoy no se ha cumplido el punto clave del supuesto consenso que existe entre el magisterio y los poderes ejecutivo y legislativo: es decir, que no existe una iniciativa de reforma que sea la materialización del acuerdo entre el magisterio y los poderes, y que sea el reflejo de lo que todos quieren, sin romper con la Constitución federal. Hasta ayer, lo que había en el Congreso eran iniciativas presentadas por legisladores o por partidos en lo individual, pero no una iniciativa que fuese producto del pacto político del 10 de marzo firmado entre el Gobernador, la 22 y representantes del Congreso.
Esa incertidumbre, y la beligerancia del magisterio, es lo que ha alimentado la posibilidad de que de que finalmente el mentado proceso de armonización pudiera no ocurrir. Todos se ven presionados, pero en realidad no hay total claridad sobre qué efectos jurídicos concretos pueden tener quienes incurran, o perpetúen, la omisión legislativa del Congreso local. Podemos, sin embargo, inferir algunos escenarios. Veamos.
Si los diputados simplemente no hacen nada, estarían consolidando la omisión legislativa por la que el Ejecutivo federal ya presentó una controversia constitucional. La sentencia de esa controversia constitucional, seguramente tendría algunos de los efectos siguientes: condenar al Poder Legislativo a llevar a cabo la armonización en un plazo establecido; establecer las normas, o los criterios, que deberían aplicarse supletoriamente a los temas que debía abordar la ley sobre la que hay omisión; fijar una sanción específica a la autoridad administrativa ante el incumplimiento de su sentencia; y también fijar la consecuencia que podrían enfrentar los diputados ante la omisión legislativa.
En este último punto, vale la pena reflexionar sobre esa consecuencia que podrían enfrentar los diputados. Pues lo que a primera vista parece, es que esa consecuencia natural debía centrarse en el juicio político, ya que al omitir la armonización estarían cometiendo una violación directa a la Constitución. A su vez, el juicio político tiene como efecto que el servidor público que es hallado culpable, debe ser destituido de su cargo e inhabilitado para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión pública durante un periodo determinado.
Y, frente a esto, vale la pena releer lo que, en el ámbito federal, establece la Constitución de la República. Ésta dice, en el tercer párrafo del artículo 110: “los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales (…) solo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda”.
Es particularmente importante lo que dice en la última parte: que un posible juicio político llevado a cabo por el Poder Legislativo federal en contra de los diputados locales tendría únicamente efectos declarativos. Y en el caso que nos ocupa sería improbable, y quizá hasta imposible, primero, que se les iniciara juicio político a los 42 diputados juntos; y segundo, que una vez declarada su responsabilidad ante el Congreso federal y comunicada al Poder local que es integrado por ellos mismos, los diputados locales oaxaqueños determinaran su propia destitución e inhabilitación, con lo que además se estaría en la situación de facto de la disolución de uno de los poderes del Estado.

ARMONIZACIÓN INCONSTITUCIONAL
Ahora bien, ¿qué pasa si llegaran a convertir el PTEO en ley? Que habría una segunda controversia constitucional presentada también por el gobierno federal, a través de la cual lo que buscarían es la declaratoria de la Suprema Corte de que ciertos artículos, o toda la ley, fueran declarados inconstitucionales. Esto podrían lograrlo sin problemas. ¿Y después?
Seguramente lo que vendría es que la misma Corte, en su sentencia, establecería los parámetros de aplicación de las normas que supletoriamente debían regir las cuestiones en las que la ley educativa local habría sido declarada inconstitucional, o aún yendo más allá, establecería en la propia sentencia lo que debiera ser el marco de aplicación de reglas ante la inconstitucionalidad de la norma.
Todo esto vale la pena comenzar a considerarlo porque cualquier cosa puede pasar. Aunque hay promesas de que la ley educativa quedará lista el 18 de agosto, o antes, nada garantiza que eso pase, y mucho menos que lo aprobado sea armónico con la Constitución de la República.

LEGISLADORES IMPRUDENTES…
Quizá recuerden que fue un diputado federal oaxaqueño quien, en un arranque de valentía, en 2010 se atrevió a calificar como “mafiosa” a Margarita Zavala, esposa del entonces presidente Felipe Calderón. Quizá también se recuerde que dos diputadas federales fueron el hazmerreir del país cuando intentaron golpear, frente a las cámaras de televisión, a su homólogo, el extinto Guillermo Zavaleta. En ese mismo nivel, aunque un poquito peor, se encuentra el senador Benjamín Robles, quien al carecer de argumentos en el debate de la reforma energética intentó acusar de desvíos al fallecido padre del senador David Penchyna. Fue un poquito peor, porque a Robles lo calló el Presidente del Senado, lo vapulearon todos sus compañeros legisladores, y luego el propio Coordinador de la bancada perredista tuvo que ofrecer una disculpa por el exabrupto.

Alimentar división, clave ante reforma educativa

En medio de la revuelta política en Oaxaca, que ocurre en el marco de la discusión de la reforma educativa, la Sección 22 del SNTE puso en práctica una estrategia paralela, tendiente en tratar de dividir a las incipientes fibras políticas del PRI oaxaqueño. Está todavía por verse si en realidad su objetivo se cumplió, porque la intención magisterial no parece estar encaminada a minar a la fracción priista en el Congreso local por la armonización de la ley educativa, sino a dividir y confrontar a los dos principales grupos priistas en Oaxaca, de cara a la sucesión gubernamental que ya comienza a asomarse en la entidad.
En efecto, hace exactamente una semana la Sección 22 del SNTE echó a andar una estrategia inusitada —y aparentemente inexplicable— de ofensiva ante la inminencia de la armonización en materia educativa. Sin anunciarlo previamente y sin contar con el aval de la Asamblea Estatal, un grupo de maestros fue directamente a destruir las oficinas del PRI, y horas después hizo lo mismo en las respectivas casas de gestión del diputado federal Samuel Gurrión y del senador Eviel Pérez Magaña. Esto fue suficiente para reavivar, desde fuera, las eternas pugnas internas del priismo, que siempre han necesitado un motivo simple para encenderse.
¿Qué pasó? Que los mismos medios de comunicación que han sido los voceros históricos del movimiento magisterial acusaron, en los días siguientes, que todas esas acciones tenían el sello de uno de los ex gobernadores. A ese mismo ex Mandatario (José Murat) lo acusaron también —sin contar con mayores elementos, más que un puñado de señalamientos— de ser el artífice del bloqueo ocurrido durante algunas horas al acceso de las oficinas de un diario local.
El propósito no era difícil de adivinar: con las acciones de violencia por parte de la Sección 22, y los señalamientos hechos desde esa tribuna periodística, el propio magisterio y los aliados del régimen gobernante, intentaron construirle un terraplén estratégico al otro grupo político priista, antagónico al acusado, que hoy en día atraviesa por una situación casi de inanición en el escenario local. Todo, claro, con el ánimo de reanimar la pugna eterna entre los dos ex gobernadores, para hostilizar todavía más la relación entre sus respectivos grupos, y después aprovechar a su favor esa enésima fragmentación del priismo.
Revivir la pugna no era complicado. Tanto al magisterio como a algunos sectores afines al grupo gobernante, no les fue difícil calcular que con las acciones violentas de los profesores radicales, y los señalamientos posteriores de sus aliados, sería suficiente para que alguno de los dos grupos priistas se subiera a ese pleito prefabricado y lo hiciera suyo. Esto ocurrió casi de inmediato, cuando el grupo del senador Pérez Magaña (que es lo que queda del bastión que tuvo el ex gobernador Ulises Ruiz en la entidad) aprovechó el momento para tratar de rematar a sus supuestos agresores, alimentando la versión de que desde un ala del PRI habían salido las agresiones a las oficinas de los priistas.
En ello no hubo prudencia y tampoco cálculo político por parte de la facción priista que se subió al pleito. El grupo del senador Pérez parece asumir con suficiencia el contenido de una encuesta filtrada a la prensa hace algunas semanas, en la que él aparece como el puntero en las encuestas de conocimiento y preferencia de su imagen por parte del electorado. Y es que, es cierto: esa es una cuestión relevante; y justamente lo que trató de apuntalar fue su posición de puntero en las encuestas, atacando a sus adversarios dentro del PRI para tratar de exhibirlos ante la opinión pública como ambiciosos y violentos.
Sin embargo, el senador Pérez pasó por alto que cuando él fue electo como candidato a Gobernador, era el menos aventajado en las encuestas. Y sobre todo olvidó que para la candidatura que pretende (la de Gobernador en 2016) son tan importantes las encuestas como los consensos; y éstos últimos los rompió definitivamente, cuando su grupo abrió fuego en conjunto contra todos los aspirantes de la otra facción priista, comprando un pleito que no había sido originado directamente por alguno de ellos.

DIVIDE Y VENCERÁS
En política nada ocurre por casualidad, y ésta es la mejor prueba. Al actual grupo gobernante se le pueden reprochar todas las omisiones y yerros en la administración pública; pero no así que no conozcan, o no entiendan, o no sepan leer con claridad el escenario político estatal. Eso es lo que hicieron, y por eso intentaron echar a pelear —otra vez— al priismo local, para ver si de la división ellos salen gananciosos.
Por eso, la armonización de la legislación educativa en Oaxaca es sólo el marco y el pretexto para ese intento, que en realidad lo que está haciendo es dejar ver públicamente que las viejas alianzas siguen intactas. Desde 2006 el magisterio ha sido un aliado permanente del grupo que hoy gobierna en la entidad, y por eso —y por la aversión natural que todos comparten hacia el PRI— desde entonces no han dudado en hacer lo que sea necesario, con tal de generar escenarios que impidan la reconstrucción de una oposición sólida priista.
En ese sentido, hoy es claro que al interior del PRI sólo existen facciones. Unas quizá por razones circunstanciales tienen más poder y ascendencia que otras. Sin embargo, queda claro —y eso se ve a kilómetros— que en el fondo ambas facciones se necesitan mutuamente para poder volver a ser un partido ganador. De nada le sirve a uno de los grupos hacerse de la candidatura a Gobernador, si de antemano sabe que es mucho más fácil que sus adversarios dentro del PRI construyan una alianza con sus adversarios de otros partidos, a que lo hagan con ellos.

SUS ADVERSARIOS, FELICES
Por eso, si mantener la calma al interior del PRI es de por sí un reto mayor, debiera serlo mucho más evitar caer en las confrontaciones e intrigas que premeditadamente les fabrican desde fuera para echarlos a pelear. Lamentablemente, hoy parece que las diferencias políticas naturales se están entreverando con la desesperación, y eso es lo que provoca enfrentamientos estériles que a los únicos que benefician —y seguramente deben estarse riendo, felices de que esto pase— es a quienes figuran como los adversarios verdaderos de todo el priismo (ulisismo o muratismo, da igual) en Oaxaca, que en 2016 tratarán de ir, ellos sí juntos, a tratar de retener la gubernatura del Estado.

Momento crítico: armonizar o rendirse a S-22

Es muy probable que el proyecto de Ley Estatal de Educación que entregará la Sección 22 del SNTE al Gobernador del Estado, sea el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca, trasladado a una iniciativa legislativa. Hasta hoy el magisterio ha dado señales claras de no querer ceder en sus posiciones. Y ante ello, los Poderes del Estado en Oaxaca tienen dos grandes escenarios posibles, que hoy en día deben valorar porque son base de la ruta que pueden tomar para salir de este compromiso.
En efecto, ayer martes el dirigente de la Sección 22 del SNTE, Rubén Núñez Ginez adelantó que en breve entregarán al gobernador Gabino Cué la iniciativa de Ley Estatal de Educación “que emanó de los 37 foros que realizó el magisterio”. Informó que la Comisión Redactora —la cual, remarcó, está integrada por representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo— “presentará a la asamblea plenaria del magisterio el anteproyecto que llevarán a su Asamblea Estatal para definirlo”.
Además, Núñez manifestó que en esta propuesta “se expone la exigencia de que toda reforma constitucional debe responder a las necesidades de cada entidad”. Por ello, dijo, rechazan la imposición de las reformas federales “porque no corresponden a las necesidades ni a la realidad de un estado como Oaxaca”. En ese marco, el Dirigente Magisterial dijo que ayer martes recibirían el anteproyecto para primero presentarlo a la “plenaria del magisterio” (es decir, la Asamblea Estatal, porque así lo han establecido en los acuerdos de sus más recientes sesiones) para que una vez avalada por los representantes magisteriales, sea entregada al Gobernador en un acto público para que éste a su vez lo remita al Congreso del Estado.
Esta situación abre varios escenarios. El primero de ellos es que, en efecto, el proyecto de Ley Estatal de Educación que elaboró la Comisión Redactora de la Sección 22 y los Poderes Ejecutivo y Legislativo, responda fielmente a los planteamientos planteados en líneas anteriores, y que entonces se aparte de lo establecido en el artículo tercero constitucional. Dados los antecedentes del magisterio, este sería el único escenario en el que ellos avalarían una propuesta de ley, que obviamente incluiría todos los planteamientos del Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca y rechazaría las disposiciones contenidas en la nueva legislación federal en materia educativa.
Analicemos, en este marco, ese primer escenario. Si los maestros están remarcando que la iniciativa emana de una mesa de trabajo conjunta, entonces está también dejando ver que la aprobación por parte del Legislativo sería casi de trámite —porque éste ya habría avalado su contenido en la mesa redactora—, y que también la promulgación y sanción por parte del Ejecutivo sería prácticamente manifiesta.
En ese escenario, la Sección 22 vería ya como una obligación la aprobación y publicación de dicha norma, independientemente de que su contenido fuera acorde con la Constitución federal. Y siguiendo esa misma lógica, vería como una abierta traición que el Gobernador del Estado modificara, al margen de la mesa redactora, el contenido de la iniciativa al mandarla al Congreso; o que fueran los diputados quienes, en Comisiones, dispusieran cambios a la iniciativa en el momento de emitir el dictamen que sería llevado al Pleno del Poder Legislativo para su discusión y aprobación.
¿Cuál es el aspecto clave en este primer escenario? Que si se sigue al pie de la letra lo que la Sección 22 está queriendo hacer valer, entonces habría pronto una iniciativa cuyo contenido esencial sería el PTEO, la cual sería aprobada y promulgada casi en automático por la Legislatura y por el Gobernador del Estado, respectivamente… aunque ello sólo sería un pase directo a una segunda Controversia Constitucional, a través de la cual ahora el gobierno federal combatiría ya no la omisión legislativa, sino los preceptos de la nueva ley que no se ajustasen expresamente a la legislación constitucional de la cual dependen jerárquicamente.

PODERES EN REBELDÍA
El segundo escenario es mucho más simple, y también es posible. Esto es que aún avalando la Sección 22 este primer borrador de la iniciativa de ley educativa, el Gobernador y el Congreso le hicieran los cambios mínimos necesarios para cumplir con su deber constitucional de armonizar, antes que continuar ceñidos al pacto político por el que le quieren cumplir el capricho al magisterio democrático. Esto ocasionaría una convulsión a la que sólo habría que aguantarle el momento crítico. ¿De qué hablamos?
De que es muy probable que al final tanto el Gobernador como el Congreso local no tengan tanto margen como para apartarse de los deberes constitucionales y legales de armonizar, y terminen haciendo esa tarea con la Ley Estatal de Educación aún con el rechazo de la Sección 22 del SNTE. De ocurrir esa posibilidad, tendría un grave problema en las calles con los maestros que al verse traicionados saldrían a las calles a protestar, pero al mismo tiempo tendría de su lado todos los elementos para continuar el proceso de implementación de la reforma educativa, que ya están prácticamente en manos de la federación. ¿Cuáles son esos elementos?
Son, entre otros, la titularidad que reasumió la federación de la relación de trabajo con los profesores; las potestades salariales, la evaluación, o la posibilidad de apartarlos de sus funciones cuando no cumplan con las normas establecidas, e incluso rescindirles sus contratos ante la comisión de faltas graves.
Hasta hoy, el Gobierno de Oaxaca se ha visto ahogado por su debilidad institucional, y por la falta de herramientas para hacerle frente a ese poder fáctico llamado Sección 22 del SNTE. Sin embargo, hoy tendría una oportunidad fundamental no sólo de reasumir la figura de autoridad que ha perdido, sino también de sacudirse de una vez por todas el lastre que significa para el gobierno, y para Oaxaca, el sometimiento total al mandato del magisterio democrático.

¿CLAUDICAR?
Continuar indefinidamente con esa supuesta voluntad democrática de consensar con la Sección 22 el contenido de la ley educativa, no tiene ningún buen augurio. El magisterio no impulsará otro documento que no sea su PTEO convertido en ley. Y frente a ello al Estado oaxaqueño no le quedaría más que claudicar, si lo que quiere es cumplir hasta el final la promesa del consenso. ¿De verdad está Oaxaca en condiciones de rendirse? La responsabilidad, y la respuesta, la tienen el Gobernador y los diputados de la LXII Legislatura.

+ Ruta, armonización; ¿Y el premio de consolación?

Faltan menos de dos semanas para el inicio del ciclo escolar, y sigue llamando la atención que la Sección 22 del SNTE sigua sin presentar, y sin conocer, el anteproyecto de Ley Estatal de Educación por el que tanto están luchando en las calles de Oaxaca. Esta cuestión toma una dimensión trascendental cuando el ofrecimiento del gobierno, el Congreso y el propio magisterio se centra en tener una ley educativa consensada antes de la cuarta semana de agosto. ¿Qué se esconde tras esos titubeos?

En efecto, dentro de los compromisos signados por el Gobernador del Estado, el secretario General de la Sección 22, Rubén Núñez Ginez y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Jesús López Rodríguez, se encuentran tres que son cruciales hoy en día, porque explican —o deberían hacerlo— la aparente premura de todas las partes firmantes por contar a la brevedad con un proyecto de ley educativa que permitiera desahogar el procedimiento legislativo que establece la Constitución del Estado. Y es que aunque todos reconocen que el anteproyecto es urgente porque contar con una ley educativa armonizada lo es aún más, nadie parece —y menos la Sección 22— tener preocupación por desahogar este punto de inmediato.

¿A qué se comprometió específicamente la Sección 22 en la Segunda Declaración? Esto se encuentra detallado en los compromisos tres, cuatro y cinco, que a la letra dicen: “3. Se reitera el compromiso conjunto de intensificar los trabajos de la Comisión Redactora, reincorporándose en su seno la representación de las fracciones parlamentarias representadas en el Congreso local. 4. Se acuerda que la Comisión Redactora presente un informe periódico de avance del proceso de construcción del Anteproyecto de Iniciativa de la nueva Ley Estatal de Educación. 5. Establecieron como fecha para la conclusión del Anteproyecto de Iniciativa de Nueva la Ley Estatal de Educación, el 30 de julio de 2014; a partir de esa fecha, la Comisión Redactora dispondrá de 5 días hábiles para hacer entrega del documento al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, en un acto protocolario”.

Hoy podemos ver que ninguno de esos compromisos se ha cumplido. Pero también, y sobre todo, debe distinguirse que el cumplimiento de esos acuerdos se encuentra fundamentalmente en el espacio de la Sección 22, que es la encargada de encabezar la Comisión Redactora; que la Asamblea Estatal de la 22 es la primera facultada para conocer del anteproyecto de ley, y que hasta ahora lo único que ha manifestado son apremios a la Comisión Redactora para que presente avances; que fue la Sección 22 quien se comprometió a presentar —hace ya varios días— el proyecto de iniciativa de ley; y que finalmente, al reconocer la voluntad del gobierno y del Congreso, y aliarse a ella, la Sección 22 tampoco está en condiciones para seguir jugando a dar ellos un albazo, o de ponerse a exigir condiciones que no sean las mismas de equilibrio que tácitamente le han puesto los diputados locales y el Gobernador del Estado.

En esas condiciones, vale la pena seguirse preguntando qué sigue para el magisterio luego de que se les agote el tiempo que aparentemente están ganando con la dilación de la presentación del anteproyecto de iniciativa de ley, y si están preparándose —y cómo— para anunciar la derrota que les espera.

LA RETIRADA

La Sección 22 fue derrotada por primera vez el año pasado, cuando por estas mismas semanas pero de 2013 se fueron a la Ciudad de México a establecer un plantón en contra de la emisión de la nueva legislación secundaria en materia educativa, que establecía normas como la del Servicio Profesional Docente, que le ponía fin a los privilegios que ellos habían acumulado en décadas de lucha.

Fueron a la capital del país, pero no pudieron ni frenar la aprobación y promulgación de las nuevas normas; ni consiguieron hacer que las razones de su protesta permearan en la sociedad para que les brindara apoyo; y ni siquiera pudieron resistir una incursión policiaca que los alejó del corazón de la Ciudad de México y los arrinconó en el Monumento a la Revolución, en donde hasta hoy mantienen un plantón que ya constituye sólo una protesta testimonial de la lucha contra la reforma educativa.

Cuando eso pasó los profesores decidieron regresar a Oaxaca para encabezar desde aquí la segunda etapa de su resistencia contra las reformas. Cuando eso pasó anunciaron que la lucha la darían desde Oaxaca, impidiendo que se concretara una norma educativa local acorde con los nuevos lineamientos federales, y empujando la posibilidad de que los Poderes del Estado en Oaxaca elevaran a rango de ley su Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca. En realidad, eso es lo que los profesores han intentado en todos los meses de lucha que llevan. Pero lo cierto es que ni siquiera decretando un segundo no inicio del ciclo escolar, podrán detener lo irremediable.

¿Qué es lo irremediable? Que, como lo afirmó el diputado Alejandro Avilés —quién sabe si con plena convicción, aunque sí con la presión que le genera el brete de la ley educativa y los chantajes de la Sección 22— no queda otro camino más que armonizar en el ámbito educativo. ¿Qué significa eso? Que así sea que la Ley Estatal de Educación remita todos los temas espinosos para la Sección 22 a la legislación federal, este proceso es irremediable y de todos modos tendrá que ocurrir porque de lo contrario únicamente se estaría maquillando una situación que ocasionaría más problemas para Oaxaca.

Entendiendo lo anterior, ahora lo que parece es que el famoso anteproyecto de ley educativa —el que sería viable para ser aprobado— no es tan complejo como parecen estarlo pintando los profesores de la Sección 22, y más bien lo que pareciera es que, mientras, todos ganan tiempo para una negociación que sea algo así como el “premio de consolación” para que la dirigencia magisterial justifique el próximo fin de las acciones de lucha y tenga algo qué llevarse en las manos cuando de todos modos sea derrotado en las cuestiones de fondo de este proceso.

¿HAY RUMBO?

Por esa razón la Asamblea Estatal de la Sección 22 está únicamente dando largas. Si leemos con atención el documento de Acuerdos, Tareas, Pronunciamientos y Plan de Acción emitido este fin de semana, no se logra apreciar un rumbo claro del movimiento. Es decir, no saben bien cuál es el escenario siguiente, y se resisten a aceptar que lo que va a pasar, para ellos, es irremediable.

+ Sección 22 espera respuesta, para justificar violencia

Es muy probable que durante todo el mes de agosto —y quién sabe cuánto tiempo más, aunque este es un mes crucial— los oaxaqueños veamos manifestaciones extraordinarias de violencia y radicalismo por parte de la Sección 22 del SNTE. La semana pasada los oaxaqueños ya vimos cómo, reviviendo escenas de 2006, los maestros revivieron su “brigada móvil” y fueron a atacar oficinas de legisladores y del PRI. Amenazan con hacer lo mismo en oficinas de otros partidos. Y a pesar de que indignan la violencia y la impunidad con la que actúa el magisterio, los oaxaqueños tendríamos que balancear con serenidad la relación costo-beneficio de no responder a sus agresiones.

En efecto, hoy como siempre la Sección 22 está demostrando la doble moral que lo caracteriza: por un lado, en los documentos que emite su Asamblea Estatal hablan de un movimiento pacífico, civilizado y democrático que busca el mejor escenario para sus trabajadores y para el pueblo de Oaxaca. Pero por el otro, guarda silencio y evita repudiar las acciones de violencia cuando son protagonizadas por sus agremiados.

Para muestra, un botón: En esos documentos (el informe de Acuerdos, Tareas, Pronunciamientos y Plan de Acción, que emiten luego de cada sesión de su Asamblea Estatal) la Sección 22 nunca establece como una de sus acciones consensadas la de ir a realizar actos violentos en contra de políticos, legisladores, partidos políticos o ciudadanos. Sin embargo, a pesar de que esos nunca son acuerdos ratificados, de todos modos ocurren. Y lo que es más contrastante, es que si bien la 22 no manda —según— a sus maestros a realizar dichas acciones, tampoco repudia la violencia cuando es generada por sus partidarios.

Ahora bien, esas acciones tienen una intención específica, al margen de las motivaciones y conflictos partidistas que están enredados en el asunto. Esa intención es simple: la Sección 22 intenta que el gobierno estatal emprenda algún tipo de acción policiaca en su contra, y para ello está tratando de incrementar el nivel de virulencia con el que actúa en momentos muy específicos. Eso fue lo que hizo, por ejemplo, en el marco de la Octava del Lunes del Cerro, cuando una brigada móvil de maestros intentó subir hasta el Auditorio Guelaguetza para tratar de impedir que los asistentes pudieran ingresar a ver el espectáculo.

Los profesores, en aquella ocasión, hicieron uso de diversas amenazas para intimidar a los cuerpos de seguridad, que no actuaron. Se fueron a plantar a los accesos al Cerro del Fortín y seguramente muchos profesores estaban dispuestos al enfrentamiento, el cual fue evitado por la pasividad de las corporaciones, lo cual fue inicialmente criticado al propio Gobernador del Estado, a quien se le ha acusado de no actuar en contra de los profesores, y de permitirles la impunidad en todas las acciones que emprenden.

Lo mismo pasó la semana pasada, cuando otra brigada de maestros fue a destrozar la sede del PRI y las oficinas legislativas del diputado federal Samuel Gurrión y del senador Eviel Pérez Magaña. De nuevo, el propósito de los profesores era, sí, enviar “mensajes políticos” a los partidos respecto al proceso de elaboración de la iniciativa de ley educativa, pero también era provocar a las autoridades estatales, a ver si en una de esas emprendían un operativo para detener o enfrentar a los profesores.

En las condiciones actuales de la Sección 22, toda acción en su contra lo consideran un acto de intimidación y de represión. Ellos están buscando desesperadamente la forma de hacerse de esa bandera —porque hoy en día no la tienen— y para ello están incrementando su nivel de violencia. Y frente a todo eso, los ciudadanos debemos ver el escenario con serenidad y preguntarnos si en realidad vale la pena enfrentar a los profesores en este momento, o —con una tolerancia que no debiéramos tener, pero que en este momento parece necesario— evitar darles el motivo que ellos andan buscando para redoblar las acciones en contra de todos. El 2006 dejó grandes lecciones sobre eso, que hoy en día los oaxaqueños debemos retomar y asumir con responsabilidad.

VIOLENCIA

En el 2006, recordemos, los maestros tenían más de tres semanas en paro indefinido y en plantón en el Centro Histórico de la capital oaxaqueña, cuando el gobernador Ulises Ruiz decidió enviar a la policía a desalojarlos. La acción no fue producto de la casualidad o de un solo impulso del Gobernador. Fue, en realidad, resultado de haber recogido un conjunto de exigencias de la ciudadanía que se decía en contra de los excesos del magisterio y le exigía que pusiera orden y restableciera el Estado de Derecho.

¿Qué pasó? Que cuando el Gobernador decidió actuar, resulta que nadie lo respaldó. Todos esos grupos sociales que habían exigido acciones al gobierno decidieron esconderse y respaldarse en tímidas declaraciones que sólo se centraban en el orden pero sin recordar que ellos habían sido parte de quienes habían exigido el operativo.

Lo más importante de eso, y lo más grave, es que las acciones policiacas tuvieron el efecto contrario, porque ni pudieron desalojar a los profesores de las calles de la capital oaxaqueña, ni terminaron con su movimiento o con el paro de labores y, al contrario, provocaron daños exponencialmente mayores a la economía, a la ciudadanía, al orden público, y a todos, que no hubieran ocurrido de haber medido con distinto rasero la posibilidad de utilizar a la fuerza pública sin tomar demasiado en cuenta los efectos a mediano y largo plazo que ello tendría para todos los ciudadanos.

Por eso hoy en día vale la pena reconsiderar la posibilidad de que los oaxaqueños actuemos con prudencia. Perdemos más al regalarle a la Sección 22 el motivo que anda buscando desesperado para mantener sus acciones violentas, que permitiendo el paso del tiempo. No son meses fáciles. Eso lo preveíamos desde hace tiempo. Sin embargo este es el momento de la prudencia ciudadana y de evitar caer en el juego que intentan los maestros para perpetuarse en su lucha en contra de la ley educativa.

¿Y EL PROYECTO DE LEY?

Ya estamos en la primera semana de agosto, faltan dos para el inicio de clases, y lo único cierto es que no existe ni siquiera un proyecto de ley educativa con la cual puedan discutir los diputados. ¿Se mantendrá la expectativa de tener ley de educación antes de que inicie el ciclo escolar 2014-2015? Y de ser así, ¿cuánto costará esa negociación?

+ 2006-2014: historia de cómo acabar con liderazgo

Justo en el mes de agosto de 2006, la Sección 22 del SNTE se ganó, a pulso, el liderazgo nacional de la oposición política llevada al límite de la praxis política. En ese momento, ya estallado el conflicto magisterial y popular en Oaxaca, la Sección 22 consiguió aglutinar el apoyo y respeto de todo tipo de organizaciones disidentes en el país: desde los llamados “atencos” del Estado de México, hasta de organizaciones clandestinas que, así como diversos grupos de lucha social, hicieron presencia en la capital oaxaqueña para colaborar en la crisis que intentaba derrocar al gobernador Ulises Ruiz. Hoy, sin embargo, con todo y que en México nos encontramos en el momento emocionalmente más álgido de las reformas estructurales, el magisterio oaxaqueño está más solo que nunca.

En efecto, la historia actual del magisterio bien podría llamarse “¿Cómo terminar con un liderazgo avasallante en sólo ocho años”. Esto porque hoy es evidente que la Sección 22 viene atravesando por un proceso aceleradísimo de pérdida bases sociales y de respeto entre las organizaciones disidentes del país. Dicho estatus, la 22 se lo ganó “a la buena” cuando en agosto de 2006 consiguió terminar de volcar al estado de Oaxaca —había comenzado en dos meses antes, en la coyuntura del desalojo fallido— en contra del entonces gobernador Ruiz, que era emblema político del priismo de Roberto Madrazo Pintado.

Al lograrlo, el magisterio consiguió el respaldo y colaboración unánime, de las más importantes organizaciones y fuerzas políticas disidentes al gobierno en México. Sólo a partir de ello pudo explicarse que en Oaxaca hicieran presencia prácticamente todas las organizaciones de lucha social, que en ese y otros momentos habían librado batallas menos robustas con el gobierno federal.

Asimismo llegaron a la entidad representantes de los partidos de izquierda, que entonces también estaban identificados con sectores radicales y que buscaban la forma de cobrar la afrenta de que a Andrés Manuel López Obrador le hubieran robado —en su concepción— la Presidencia de la República. Incluso, en 2006 en Oaxaca también participaron organizaciones como el EPR, que en sus propias palabras permitieron la participación de varios de sus integrantes en calidad de “luchadores sociales”.

En los años que median entre el 2006 y la actualidad, la Sección 22 del SNTE de Oaxaca se ubicó en el escenario nacional como una organización sólida y disciplinada, que era de las pocas capaces de presentar una oposición real a los intereses del gobierno en turno. La sola presencia del magisterio en Oaxaca, provocó que el presidente Felipe Calderón visitara la entidad apenas unas cuatro o cinco veces en toda su gestión. Y que desde el inicio de su mandato, el presidente Enrique Peña Nieto no haya puesto un pie en la entidad. En ambos casos, el resquemor presidencial se ha centrado en la reserva a la posibilidad de venir a agitar un avispero que no les conviene azuzar, o en provocar un problema que se puede prevenir simplemente evitando su presencia en la entidad.

Así, si la sola capacidad de movilización y firmeza del magisterio provocan esas reservas en el gobierno federal, el proceso de reformas también abría una expectativa de que el magisterio oaxaqueño tomara por lo menos una parte del liderazgo nacional en la movilización en contra de lo que ellos denominan como la entrega del país a los capitales e intereses extranjeros.

Ello sí ocurrió en un principio. De hecho, desde la administración del presidente Calderón, la Sección 22 fue una de las pocas organizaciones políticas en el país que abiertamente manifestó y prestó apoyo a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, cuando esa compañía fue liquidada por un decreto presidencial. Y, de hecho, cuando se aprobó la reforma educativa (que fue la primera del paquete de reformas estructurales del presidente Peña Nieto), la 22 no sólo manifestó su oposición con movilizaciones y paros de labores masivos en Oaxaca, sino que también tomó de forma abierta el liderazgo nacional de la CNTE, demostrando que en esencia el poder controlador del magisterio disidente de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, se encontraba fundamentalmente en el seno del movimiento democrático magisterial oaxaqueño.

MAGISTERIO, AISLADO

Frente a todas estas muestras de liderazgo nacional del magisterio como organización disidente al gobierno federal y las reformas estructurales, debemos preguntarnos: “¿Qué pasa ahora?” La pregunta no es ociosa: hoy, cuando las reformas constitucionales y legales federales son un hecho, y el magisterio oaxaqueño está dando la batalla más importante de su existencia (porque es la última gran oposición que les queda por presentar), resulta que la Sección 22 del SNTE se ve sola, aislada, sin mayor capacidad de movilización, y sin respaldo de los grupos más importantes que los apoyaron en otros tiempos.

Y es que llama la atención que a diferencia de otros tiempos, hoy no haya un solo sindicato, organización, grupo de lucha social, e incluso movimiento armado, que manifieste alguna postura, respaldo o hasta crítica al magisterio local. Parece, más bien, que el conjunto de situaciones que ocurren en el país, obligaron a bifurcar los intereses de todas esas organizaciones, y en ellas el magisterio oaxaqueño comenzó a demostrar que a diferencia de lo que afirmaba en años anteriores (que su lucha era por el país), hoy su verdadero interés se encuentra focalizado en no perder los privilegios salariales y de condiciones de trabajo, que ha ganado a base de sus años de lucha particular en Oaxaca.

La situación es clara: mientras algunos de los grandes grupos de lucha social buscan frenar la reforma energética o la entrega del petróleo a capitales extranjeros, el magisterio oaxaqueño está luchando porque se contrate a los normalistas o porque se apruebe una ley educativa local que sólo involucra sus intereses como trabajadores, y no los de toda la población.

S22, SE QUEDA SOLA

Pareciera, además, que ese aislamiento es también una especie de reproche por preferir su lucha particular a la lucha por el país, y por no saber mantener un liderazgo nacional en el que muchos genuinamente creían, pero que ellos se encargaron de minar con sus desviaciones ideológicas, con los titubeos de su resistencia en la lucha contra la reforma educativa (no han podido reponerse de la derrota de su plantón en la Ciudad de México), y por sus acciones de resistencia meramente testimoniales.