+ Tirar a EPN, estéril; Estado debe cambiar

Al lado de las legítimas protestas e indignación nacional por la detención-desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, se encuentra la intención insistente —y estéril— de buscar la forma de responsabilizar directamente al gobierno federal por los crímenes de Iguala. Ese propósito tiene un fin eminentemente político, que no le ayuda al país en un momento tan complejo como éste.

En efecto, vale la pena considerar la distancia que existe entre la exigencia de justicia, y la de la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto. La primera es producto de un sentimiento nacional unánime que está encaminado a un cambio profundo en el entendimiento y compromiso con el respeto a la ley. La segunda exigencia, en realidad parece ir encaminada a tratar de aprovechar esta tragedia para machacar la existencia de una supuesta intención expresa del gobierno federal por matar a un grupo de muchachos en una comunidad del estado de Guerrero, con la finalidad de lograr que el Presidente renuncie a su cargo.

La diferencia entre esas dos intenciones es profunda. Pues en el primero de los planos, queda claro que lo importante es que se llegue a un resultado concreto y verificable no sólo en lo relacionado a los crímenes de Iguala y el castigo a todos los responsables —incluso respecto a la responsabilidad que el Estado mexicano debe reconocer, asumir, y reparar—, sino en cuanto a los cambios institucionales que esto necesariamente debe acarrear; pero en el segundo, la intención es más corta y sólo se limita a que el presidente Peña Nieto renuncie.

Lo peligroso de no distinguir entre estas dos intenciones, es que podemos ser objeto de una confusión, y que ello puede llevarnos a lograr la segunda de las intenciones sin hacer nada a favor de la primera. Pues queda claro que si bien uno de los problemas que tiene el país se encuentra en la frivolidad y poco sentido de la solidaridad del Presidente y su grupo gobernante, también queda claro que el problema más importante que tiene la país no es ese, sino la situación de violencia e impunidad que no cede, y que se ha vuelto cotidiana en amplios espacios del territorio nacional.

En ese sentido, el riesgo es mayúsculo si asumimos que es desde la misma clase partidista nacional, de donde se alienta esta intención de tirar al Presidente a partir de los hechos de Iguala. ¿Qué pretenden? Cargarle toda la responsabilidad a Enrique Peña Nieto de la detención-desaparición de los normalistas de Ayotzinapa para intentar de conseguir su caída. Esto generaría una espiral de cambios políticos que, sin embargo, no pasaría por el replanteamiento de las instituciones, que es donde se encuentra el problema más grave que tiene nuestro país.

En el fondo, ¿qué ganaríamos los mexicanos de a pie si cae Enrique Peña Nieto, y por cualquiera de las variables llegara al poder o Andrés Manuel López Obrador, o Josefina Vázquez Mota, o cualquier otro de los actuales jerarcas o líderes partidistas, que sin dudarlo se apuntarían en la lucha sucesoria si el actual Presidente renunciara? ¿Qué ganaríamos los mexicanos si de todos modos quitando a Peña Nieto y poniendo otro Presidente, las instituciones continuaran siendo las mismas? Evidentemente, no ganaríamos nada. Y eso es lo peligroso, en el fondo, de confundir el problema de Peña Nieto y su estadía en el poder, y su remoción con la pervivencia de la misma podredumbre institucional que es urgente erradicar en nuestro país.

¿UNA REVOLUCIÓN? SÍ

Suena demasiado fuerte, pero en México necesitamos una revolución, y eso queda más claro que nunca. La necesitamos porque independientemente del conflicto armado —ese no lo necesita el país—, lo que urge es un replanteamiento de fondo en la forma en cómo se concibe la supremacía de la Constitución, y cómo el Estado aplica la ley y sanciona ejemplarmente a quien la quebranta.

Esa es la raíz de muchos de los grandes problemas que tiene nuestro país, y en gran medida éstos han subsistido por la colusión de la partidocracia para crear élites, territorios y actividades de excepción, en las que la ley simplemente deja de tener el valor supremo con el que debiera ser respetada, para que ellos puedan ejercer su poder al margen de la ley.

¿Cómo nos explicamos, por ejemplo, que en el auténtico narcoestado que es Guerrero, un Gobernador y un Alcalde emanados de un partido, hayan sido reiteradamente tolerados por un gobierno federal emanado de otro partido, porque políticamente era más viable no molestarlos que perseguirlos? ¿Cómo podemos explicar que Michoacán hubiera llegado a los niveles de colusión y corrupción institucional que recientemente vimos, sin que Presidente, Gobernador, Alcaldes y todas las autoridades —aunque a veces lo olvidamos, todas están obligadas a cumplir la ley, y para eso protestan la Constitución cuando asumen cualquier cargo público— relacionadas hicieran algo para evitarlo?

Más bien, lo que es evidente es que en este país, y en este momento, todas las autoridades, todos los partidos, todas las élites políticas y quienes tienen relación con el ejercicio del poder, se coludieron, se hicieron cómplices, y se pusieron de acuerdo para que la ley dejara de cumplirse. Esto es trágico. Y de esto son cómplices el PRI, el PAN, el PRD y todos los partidos políticos, porque todos han participado en los mismos cálculos políticos de los que todos se han beneficiado; y porque todos han cedido espacios, todos los han exigido, y todos se han aprovechado de que no existe un contrapeso ciudadano que los obligara a cumplir con la ley que juraron respetar.

Por eso México sí necesita una Revolución. Un gran movimiento —no armado, porque no es necesaria una guerra para hacer una Revolución— que tenga como fin establecer un nuevo orden jurídico, y renovar las reglas de la convivencia en este país. En la Revolución cargarían responsabilidad Peña Nieto, pero también todos los partidos, que hoy para tratar de esconder su propia responsabilidad están tratando desesperadamente de echarle toda la culpa al Presidente, a ver si con eso salen ellos bien librados y continúan gozando de los espacios de impunidad que hasta ahora han tenido.

¿Y LOS PROMOTORES DEL VOTO NULO?

Todos aquellos que en otros momentos llamaron a no votar, o a nulificar los votos, debieran salir ahora. Debieran demostrar civilidad y patriotismo sosteniendo esas supuestas convicciones en estos momentos de crisis. En su momento, también llamaron al voto nulo para beneficiar un partido. ¿Dónde están esos demócratas? ¿Dónde están esos que dicen estar a favor de las mejores causas del país, pero que sólo continúan callados?

+ Control se ejerce con fiscalización y fin de privilegios

Hace dos semanas el Congreso del Estado ratificó a tres funcionarios de la administración del gobernador Gabino Cué Monteagudo. Esto ocurrió en un clima simuladamente democrático en el que los nombramientos del Ejecutivo son refrendados por el Legislativo, en un supuesto equilibrio de fuerzas. Este mecanismo es en realidad una farsa que debe cambiar si aspiramos a una mejor democracia, y a un mejor gobierno.

En efecto, el pasado 5 de diciembre la LXII Legislatura ratificó por mayoría los nombramientos de los nuevos titulares de Sevitra, Sedafpa y Sinfra, Carlos Moreno Alcántara, Jorge Octavio Carrasco Altamirano y Sergio Pimentel Coello, respectivamente. Esta ratificación se enmarca en los mecanismos democráticos que estableció la reforma de abril de 2011, en la que se estableció, como una apariencia de equilibrios, que los nombramientos del Ejecutivo debieran ser ratificados por el Congreso.

El problema es que esta disposición ni funciona, ni aporta a la democracia, ni ha hecho efectivo el supuesto equilibrio entre poderes que se supone que debe procurar. Las razones son materiales, pero también tienen que ver con la inadecuada ingeniería constitucional aplicada a la ley en Oaxaca. ¿De qué hablamos? De que establecer mecanismos relativamente cercanos al parlamentarismo, en un modelo dominado esencialmente por la predominancia del Ejecutivo, resulta inadecuado y hasta riesgoso para el funcionamiento del poder público.

Pues resulta que Oaxaca ha seguido el modelo constitucional federal, en donde se procura la existencia de un Poder Ejecutivo con atribuciones relativamente acotadas, pero con amplias capacidades para ejercer las que sí se encuentran en su ámbito de competencia. Un ejemplo de ello, es el hecho de que en el modelo federal son muy pocos los funcionarios que deben pasar por la ratificación del Congreso.

Esto responde al modelo clásico presidencialista, en el que el Titular del Ejecutivo puede nombrar y remover libremente a sus colaboradores, porque él es el depositario único de la función administrativa, que sólo delega a sus funcionarios para tareas específicas. La contraparte de esta libertad, se centra en el hecho de que el buen o mal resultado de la gestión de los subordinados del Presidente son responsabilidad directa del Mandatario, que es quien al final responde por las acciones de gobierno ante el Poder Legislativo.

Lo opuesto a ese modelo tendría que ser alguno de los tipos de predominancia parlamentarista, en donde el Congreso tiene una participación de corresponsabilidad con el Ejecutivo en las tareas de gobierno, y también comparte los resultados de esa función pública. El problema es que, en este caso, en los sistemas en los que predomina la potestad del Ejecutivo, sus decisiones relacionadas con la administración pública y el nombramiento de sus subordinados, no pasa por el Congreso; y en los sistemas parlamentarios, resulta que los integrantes de los gabinetes de gobierno son también integrantes del parlamento, porque el mismo titular del Ejecutivo emanó de una decisión parlamentaria.

NI PARLAMENTARISMO, NI NADA

Ahora bien, si tratamos de ubicar nuestro modelo doméstico en alguno de los que hemos mencionado, nos será muy difícil conseguirlo. La razón es simple: si la administración pública recae en el Ejecutivo, ésta es su responsabilidad, y por ende no le debe pedir permiso al Congreso para nombrar o remover a quienes son depositarios secundarios de esa responsabilidad, que inicialmente es suya.

Eso no lo entendieron en Oaxaca, y por eso diputados y Gobernador decidieron hacer una reforma en ese sentido, que sólo sirve para simular una democracia colaborativa entre poderes, que en realidad no existe. ¿Por qué? Porque las modificaciones hechas a los artículos 59 fracción XXXIV y 88 de la Constitución local para establecer la ratificación de los integrantes del gabinete por parte del Congreso del Estado, sólo ha servido para ser una herramienta de negociación entre los integrantes de esos poderes, que en realidad no ha redundado ni en un ejercicio de control, ni en una mejor función pública. Las razones están a la vista.

Hasta hoy, el Congreso no le ha rechazado un solo nombramiento al Gobernador, incluso en los casos más polémicos como el del titular de Seguridad Pública, Alberto Esteva Salinas, que al momento de ser nombrado tenía tres órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentarse en su contra. En una democracia real, ese nombramiento habría sido intransitable en el Congreso, e incluso antes de eso habría sido moralmente insostenible por el propio Ejecutivo.

¿Pero qué pasó? Que se impuso la razón política; que el Ejecutivo se empecinó en su decisión; y finalmente el Congreso (quién sabe a partir de qué negociación) decidió ratificar a Esteva —que ya para entonces se había hecho impresentable— bajo el argumento de que si el Gobernador había decidido lo anterior, ellos le darían el beneficio de la duda a partir de que la administración pública es responsabilidad del Ejecutivo, y no del Legislativo.

Eso fue lo mismo que ocurrió el 5 de diciembre, cuando el Congreso ratificó inopinadamente a los nuevos titulares de Sevitra, Sinfra y Sedafpa, sin siquiera considerar la conveniencia de sus nombramientos; la trayectoria profesional de cada uno de ellos, o sus antecedentes en la administración pública.

Por todo lo anterior, este “control” a través de la ratificación resulta una ominosa simulación. Y ello se suma a otros mecanismos ocupados ex profeso para el chantaje y no para el control, como la glosa del Informe, las comparecencias y la imposibilidad de llevar a cabo una verdadera fiscalización a la gestión de cada uno de los servidores públicos.

Eso es lo que en el fondo debía cambiar para tener una administración pública. Lastima al Estado que esos supuestos controles sean sólo poses para simular democracia, y que mientras los resultados sean indefendibles a la vista de la ciudadanía que hoy en día parece ir en una ruta franca de convencimiento de que nada diferente —y mejor— puede ocurrir.

¿SERÁ?

Dicen que desde la dirigencia del PRI andan haciendo, tarde, la labor de “pastoreo” de los que aspiran a las diputaciones federales. Todos llevan meses moviéndose en sus distritos, y ante el CEN, para afianzarse. Pero resulta que ahora el dirigente quiere que “le deban” el favor, y por eso dice que él los va a llevar ¡a donde ellos ya fueron hace meses! ¿Será que no hay quien le dé norte a esos despistados representantes del CDE del PRI?

+ Ir vs URO y copartícipes de 2006, su finalidad

La Comisión de la Verdad conformada en Oaxaca para indagar las violaciones graves a los derechos humanos durante el conflicto magisterial, tiene por lo menos tres facetas que están en marcha. Una es la aparente, que busca construir un discurso; otra es la de las expiaciones con el grupo al que busca proteger el interés que la conformó; y una tercera va perfectamente encaminada a enjuiciar a algunos de los actores que participaron en el conflicto en calidad de servidores públicos, y que son los mismos que le servirían al régimen como blancos para obtener posicionamiento electoral.
En efecto, ayer miércoles, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Comisión de la Verdad de Oaxaca, afirmó que el derecho a la verdad constituye uno de los pilares fundamentales “y una condición básica para garantizar la justicia y la paz en la sociedad de Oaxaca”. Según un comunicado de la Comisión, para el pueblo oaxaqueño es primordial contar con instrumentos que permitan esclarecer hechos constitutivos de violaciones a los derechos humanos cometidos, para garantizar que éstos no se repitan, para hacer justicia y honrar la memoria de las víctimas. Ese es el discurso legitimador, que lo que busca es establecer una posición sobre lo que fundamenta la existencia de dicha instancia.
En ese rubro, el discurso no es equivocado pero sí es incompleto. El derecho a la verdad es uno de los tantos que individual y colectivamente deben ser satisfechos a los integrantes de una comunidad, cuando han enfrentado una circunstancia excepcional como la del conflicto magisterial de 2006. ¿Cuál es el problema? Que si bien en el discurso sí se establece el propósito de tutelar el derecho a la verdad de los oaxaqueños agraviados en sus derechos fundamentales durante aquella crisis social, lo que no ha podido quedar bien establecido es si esa Comisión será en realidad capaz de llegar a conclusiones que sean suficientes como para ser consideradas como la verdad en torno a esos hechos.
Concretamente, la Comisión sigue teniendo reservados elementos fundamentales para un trabajo como éste, tales como el método seguido, el tipo de investigación, el universo a considerar, y varios otros que desde el inicio debieron ser parte de un consenso amplio para corroborar que, en efecto, dicha Comisión podrá llegar a la verdad a partir de la ruta metodológica trazada.
Ahora bien, la Comisión de la Verdad ha buscado interpretar con estrechez el término “violaciones a los derechos humanos”. Específicamente, se han quedado con la visión de que los derechos fundamentales sólo pueden ser quebrantados por una autoridad, y que en éste ámbito los particulares no violan derechos humanos sino que cometen delitos. En un sentido muy restringido, tienen razón.
Sin embargo, al mantener esa visión —que parece más una proclama o una posición calculada o hasta políticamente correcta— lo que hacen es dejar descobijadas a las víctimas que ni fueron parte del conflicto por ser funcionarios o integrantes de los grupos inconformes, pero que sí vieron lastimados sus derechos fundamentales por alguno de los muchos hechos en donde hubo quebrantos por los que nadie ha respondido ni en la faceta de la comisión de delitos, ni en la faceta del quebranto a los derechos fundamentales.
Por ende, esta visión en el fondo lo que busca es generar una visión maniquea en la que unos son los buenos y los otros los malos; o bien, que unos fueron los completamente responsables de ese conjunto de hechos, y sus contrapartes únicamente fueron víctimas oprimidas del mismo. Esto significaría generar una visión carente de matices que, en el fondo, daría paso a la tercer intención que dio origen a esta Comisión.

IR TRAS VARIOS ASPIRANTES
Un tercer tema que cobra relevancia por las implicaciones que tendrá la Comisión de la Verdad en Oaxaca, es la persecución y exhibición que esas indagatorias harán de personas que todavía quieren pervivir en la política local, que son “activos” del PRI, y que serán objetivos directos de esta indagatoria.
El primero de ellos Hay varios personajes que seguro que saldrán a relucir, junto con el ex gobernador Ulises Ruiz, a quien buscarán enjuiciar como figura central de ese periodo. Junto a él, buscarán ir en contra del actual Presidente del PRI, Héctor Anuar Mafud Mafud, el delegado de Sagarpa, Manuel García Corpus, y Heliodoro Díaz Escárraga, que fue Secretario de Gobierno durante el conflicto magisterial, entre todo el grupo de connotados priistas que fueron gente del grupo de Ulises Ruiz cuando ocurrió el conflicto en el 2006.
Lo curioso es que casi todos ellos tienen aspiraciones políticas hoy en día (y particular los tres personajes a los que nos referimos, porque hay otros que ya no tienen actividad partidista ni aspiraciones políticas), pero también tuvieron participación en aquel conflicto. A Mafud, por ejemplo, le reprocharán que los jueces que dependían de él (era Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca) no actuaron con imparcialidad y lo hicieron por consigna. La muestra de ello es que todos los procesados por delitos relacionados con el conflicto magisterial fueron declarados inocentes y hoy están libres. Y a García Corpus y Díaz Escárraga los van a tratar de vincular con las “caravanas de la muerte”, con las que el gobierno de Ruiz trató de combatir a los militantes de la Sección 22 y de la APPO que se manifestaban en Oaxaca.
En resumen, eso va a ser un salpicadero de acusaciones y responsabilidades que seguramente no van a servir mucho para hacer justicia y (dada la parcialidad de los integrantes de la Comisión) tampoco para conocer la verdad; pero para lo que sí va a servir es para refrescarle la memoria a muchos sobre lo que ahora quieren hacer creer como que no pasó o ya se olvidó, y también para ser un conjunto de obuses políticos de cara al proceso electoral que se avecina.

TIEMPOS, BIEN MEDIDOS
Ese es un tema de vital importancia en estos momentos. La Comisión de la Verdad estableció el compromiso de entregar los resultados de su investigación en el mes de marzo del año próximo. Ese será, paralelamente, un mes determinante en la designación de los candidatos a las diputaciones federales y será, para el grupo gobernante, un elementos invaluable para utilizarlo en contra de sus adversarios priistas. Todo está enfilado para eso. Sólo falta ver cómo el tiempo, y el desenvolvimiento de las circunstancias, comienzan a dar muestra de ello.

+ PGJE: con alcances similares a la norma federal

Dentro de las medidas que el gobernador Gabino Cué anunció en el marco del arranque de su quinto año de gestión, sobresalió su disposición a realizar las modificaciones constitucionales que sean necesarias, para adecuar el marco jurídico estatal a las reformas que el presidente Enrique Peña Nieto propuso el pasado 27 de noviembre para fortalecer el Estado de Derecho. Vale la pena repasar las particularidades que determinan estas posibles reformas, que tienen como base la transformación del Ministerio Público.
En efecto, el pasado lunes en un mensaje a la ciudadanía, el Gobernador del Estado anunció cinco propuestas de reforma —cuatro de ellas relacionadas con la procuración de justicia—, y giró instrucciones a sus funcionarios para que realicen los trabajos correspondientes para la elaboración de las iniciativas. Concretamente, el gobernador Cué consideró necesaria la creación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca la cual, dijo, fungirá como un Órgano Constitucional Autónomo, sustituyendo a la Procuraduría General de Justicia de la entidad.
Propuso, además, la creación de una Fiscalía Anticorrupción, inserta en la estructura de Fiscalía General del Estado, dotándola de autonomía funcional, así como el establecimiento de 23 Centros de Justicia que permitirán la dignificación de los espacios de procuración e impartición de justicia, acorde al nuevo sistema de justicia penal. Y anunció que propondría a las dirigencias de los partidos, sumarse Plan para el Fortalecimiento de la Seguridad, la Justicia y el Estado de Derecho en México, mediante la aplicación de evaluaciones de control de confianza a sus candidatos a cargos de elección locales (http://bit.ly/1wbbd1J). Específicamente vale la pena revisar lo relacionado con el Ministerio Público.
Esto porque el gobernador Cué lo que técnicamente propuso es adecuar la figura del Ministerio Público a la de la Fiscalía General de la República, que aunque ya se encuentra en la Constitución federal, entrará en vigor hasta 2018. Esto, aunque parece algo positivo frente a las circunstancias del país, en realidad resultaría innecesario, dado que prácticamente todos los elementos que se establecieron en la reciente reforma constitucional federal ya existen en la Constitución del Estado desde hace tiempo, y sólo hace falta ponerlos en práctica con verdadera y absoluta visión de Estado por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo. Veamos.
México ha sido un país ampliamente cuestionado en el ámbito internacional, por el hecho de que su órgano de procuración de justicia depende del Poder Ejecutivo. Esto porque siendo el Procurador el fiscal que investiga la comisión de delitos, formula acusaciones y ejercita la acción penal, debiera ser autónomo en su elección y desempeño. Pero no. De acuerdo con la norma que rige hasta el momento, el Procurador es un integrante más del gabinete de gobierno del Ejecutivo federal, y su designación no pasa por la ratificación del Congreso, o la coparticipación de algún otro poder federal. Y en eso radicó uno de los grandes cambios que ya contempla la Constitución de la República, pero que aún no entra en vigor.

CAMBIOS… ¿CUÁLES?
El nuevo artículo 102 de la Constitución federal establece, en su apartado A, que la Fiscalía General de la República será un organismo público autónomo; que su titular durará nueve años en el cargo, y que por regla general será electo por la combinación de propuestas, ternas y decisiones del Senado de la República y el Ejecutivo federal. Sólo por excepción —cuando o el Senado o el Ejecutivo no actúen en los términos que señala dicho precepto—, uno de ellos podrá realizar la elección del Fiscal General. E incluso, la propia destitución del Fiscal no queda sólo al arbitrio del Ejecutivo, sino que puede ser objetada, e incluso revocada, por el propio Senado.
Aunque pudiera creerse lo contrario, la Constitución de Oaxaca no dista tanto de lo que ahora establece la Constitución de la República. El artículo 95 señala que el Ministerio Público estará presidido por un Procurador General de Justicia que será elegido por el Congreso del Estado de una terna de juristas de reconocida capacidad profesional y solvencia moral que el titular del Poder Ejecutivo someterá a su consideración.
El Congreso —continúa diciendo el precepto— elegirá al Procurador General de Justicia del Estado, previa comparecencia de las personas propuestas, por la mayoría de los diputados presentes o, en sus recesos, por la Diputación Permanente en el improrrogable plazo de treinta días. En caso de que la Legislatura no resuelva dentro de dicho plazo, ocupará el cargo la persona que de esta terna designe el Gobernador del Estado.
Si analizamos con detalle y comparamos el contenido de las dos disposiciones, comprobaremos que sólo se distinguen por dos cuestiones. Primera, que en la Constitución del Estado el Ministerio Público no es constitucionalmente autónomo (cuenta con independencia técnica para realizar las funciones de su competencia, lo cual se supone que no es poco); y segunda, que en Oaxaca el Procurador sí puede ser destituido libremente por el Gobernador del Estado. Ahora bien, consideremos que esa disposición tiene siete años vigente, pues fue aprobada mediante el Decreto 538 de la LIX Legislatura, el 5 de noviembre de 2007.
Con todo esto, lo que parece quedar claro es que antes de pensar en una reforma, lo que hace falta es hacer materialmente autónomo a un Ministerio Público que, como figura constitucional, en Oaxaca ya es de vanguardia y que le lleva la delantera a la federación desde hace más de un lustro. El problema, como siempre, se ha centrado en la insuficiencia presupuestal de la Procuraduría; en la designación no de las personas idóneas, sino de las que el Gobernador quiere; y en la pasividad, en la aberrante pasividad y colaboracionismo irreflexivo del Congreso del Estado, que no ha sido capaz de hacer valer sus funciones y participar —y compartir la responsabilidad pública— en la determinación de la persona encargada de formular acusaciones y perseguir los delitos en el Estado.

APLICAR LA LEY
Por eso creemos que no es necesaria una reforma en este caso, por dos razones. Primera, porque primero debieran ocurrir las modificaciones federales para que en base a ello se armonizara; y segundo, porque lo que hace falta es aplicar cabalmente las normas ya existentes. El problema, como siempre, no es de la ley sino de quien cree que el problema es de normas, y no de voluntad y compromiso en su aplicación.

Le falla manejo político a la dirigencia

Mañana se realizará la elección del nuevo Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO), y a estas alturas es posible analizar algunas de las circunstancias que han sido determinantes para este proceso en el que, al margen de los ganadores, lo que ya se puede ver son las fallas que tuvieron quienes tenían ventaja para conducir este proceso, y que serán determinantes para el resultado de la elección. Repasemos algunas de ellas.
Juan Rosas no supo pertenecer a un grupo, y tampoco logró hacer el suyo. Esto quedó claro desde el momento en el que Rosas decidió renegar abiertamente de su origen, a pesar de que hace tres años fue impulsado sin ambages por un sector del sindicato de burócratas al que hoy repudia. Eso le generó un importante descrédito que trató de lavar queriendo allegarse de algunos grupos eternamente disidentes. Su intención era obvia, y por eso muy pocos burócratas le creyeron: en los hechos, trató de legitimarse uniendo a varios grupos, aunque ninguno de ellos con ascendencia y representación real al interior del STPEIDCEO. Esto le provocó un doble descrédito. Primero, a él como cabeza de un grupo al que intentaba crear, por tratar de consolidarlo a partir de la traición a quienes lo llevaron a la dirigencia sindical; y segundo, porque ninguno de los grupos a los que unió gozaba de amplia credibilidad entre los agremiados. Así, los iguales se unieron y la planilla blanca fue el resultado.
Rosas como estratega. Cuando estaba por iniciar el periodo marcado por los estatutos para la renovación de la dirigencia sindical, corrió fuerte el fuerte rumor que la convocatoria no se publicaría, pues Rosas aún tenía el sueño de reelegirse. Posteriormente, y cuando perdieron la Comisión Electoral, intentaron llevar el escenario de la elección a una Asamblea General —misma que él nunca realizó en sus tres años como dirigente—, pero cuando todos los demás grupos le tomaron la palabra decidió nuevamente retractarse, y abrir el proceso a la forma en que se ha desarrollado. Todo eso sin contar incidentes penosos como el del supuesto atentado, que no le reportó ningún beneficio y sí sirvió para revelar la opulencia con que se ha conducido como dirigente de un gremio, en el que ni el mejor pagado de sus integrantes puede tener un vehículo de la mitad del precio de la camioneta que según había sido baleada por sus adversarios.
Las planillas. La insistencia de Rosas por tratar de llevar la elección sindical a un escenario de confrontación, hizo que los liderazgos que simpatizaban con él, se pulverizaran. Tan fue así que se generaron cuatro planillas (arena, blanca, roja y verde) que, cada una por su lado, tiene su peso específico que en realidad por quien fue desaprovechado fue por el propio Rosas, que no supo articular esos factores de decisión a favor de su proyecto.

LAS PLANILLAS
La planilla arena. Este grupo realmente sorprendió su inscripción al interior del sindicato de burócratas, pues deriva de una iniciativa casi directa del Partido Acción Nacional. Afirman quienes conocen este proceso que su candidata a secretaria General, Margarita López, es panista de cepa y colaboradora cercana de la diputada Leslie Jiménez Valencia. Incluso, señalan que así lo presume, como si a los burócratas esto les generara alguna simpatía o, ellos mismos sostienen, como si esto les hiciera alguna gracia.
La planilla blanca. Ésta se conformó, como lo hemos señalado, por la unión de varios grupos que finalmente derivaron en un híbrido. Presumieron la unidad de diversos grupos y actores ajenos al sindicato, pero terminaron imponiendo condiciones que no gustaron a la mayoría. Así, afirman los propios burócratas, Pablo Negrete, director administrativo de la Secretaría de Administración, impuso a su delfín Jesús Carmelo en la Secretaría de Previsión Social de los blancos; de ahí deriva, dicen, tantos beneficios —días libres, por ejemplo— otorgados a esta planilla, antes y después de la campaña, para tomar ventaja sobre los otros, al menos en este rubro. El diputado federal Samuel Gurrión impuso a Patricia Morales en la Secretaría de Finanzas. Gurrión ha regalado desayunos y cinco mil playeras, que luego buscará recuperar a través de esa posición estratégica; luego, el grupo de Wilfrido Toledo e Hilda Pérez Luis impulsaron a Gloria Martínez; el grupo azul de Óscar González —personaje que se auto robaba en SAPAO— impulsó a Claudio Martínez en Escalafón. Todo lo demás se lo repartieron entre Rosas, Mauricio Carreño (nepotismo abierto con su prima hermana Virginia Carreño, como parte de la planilla) y German Espinoza jefe real de estos últimos. Y de su candidato, Felipe Cruz, no se puede decir mucho: invirtió toda la campaña en “aclarar” —como si a estas alturas alguien pudiera creerle— que no era impuesto por nadie.
La planilla roja. Esta planilla es la continuación de un proyecto político del ex dirigente Joel Castillo, que ahora con el apoyo de la aún secretaria de Previsión Social, Lorena Cervantes, tejieron ya su propia plataforma, y de acuerdo a lo visto son los que tendrían menos dificultades para ganar la elección. Su candidato, Julián Estrada, tiene formación en la sección 22 del SNTE, y su única interrogante se centra en que no pretenda llevar a los burócratas a las mismas prácticas del magisterio.
La planilla verde vino a menos después de seis años donde se había distinguido como la segunda fuerza. Afirman los burócratas que los acuerdos entre Oliverio Neri y Rosas al negociar la tesorería de la Comisión Electoral (que recayó en Patricia González) desinfló a este grupo. Sin embargo, se mostraron menos belicosos y más cautos al impulsar a Noé Bautista; dejaron que pugna fuera entre rojos y blancos, y decidieron irse por la libre aunque no tienen posibilidades reales de incidir en el resultado de esta elección.

GUERRA SUCIA
Lo cuestionable de todo esto se centra en la carencia común de propuestas, y el exceso de guerra sucia entre los grupos al interior del STPEIDCEO. Lo que predominó fue el intercambio de diatribas y ataques, y en eso se entretuvieron los burócratas sin ver que lo verdaderamente importante debió ser el debate sobre su futuro como gremio. Mañana, finalmente, ocurrirá la elección y sólo se espera que nada se aleje de la civilidad que debiera prevalecer por encima de cualquier circunstancia.

+ Momento crítico debe cambiar ruta de parches

En México debemos comenzar a considerar en serio la posibilidad de llamar a un Congreso Constituyente para que redacte una nueva Constitución. Son varias las circunstancias que hacen evidente esta necesidad, aunque ninguna otra es del tamaño de la crisis que hoy en día vive el Estado gracias a la corrupción, a la impunidad y a la ingobernabilidad que se ha promovido y tolerado desde el propio gobierno. Si el orden debe cambiar desde las bases, entonces es apremiante que dejemos de hacerle parches a la ley y vayamos a una revisión a fondo del texto constitucional.

En efecto, estamos a menos de tres años de que nuestra Constitución federal cumpla 100 años, y es bien sabido que de entonces a la fecha se le han hecho más de 600 modificaciones; que su contenido ha sido modificado sustancialmente en casi todos sus artículos; que si bien se han reforzado aspectos como el de los derechos fundamentales, también ha habido una carrera permanente porque cada gobierno deje huellas de sus particulares programas o intereses políticos en la Constitución. Y sobre todo, hoy es claro que la Constitución ha sido constantemente adecuada a la circunstancia, pero que ésta no siempre ha sido normada de manera eficaz por el mandato constitucional.

Ese es uno de los grandes problemas que tiene nuestra Constitución: que frente a cada circunstancia se piensa en “cirugías mayores” que terminan siendo mamotretos ante la imposibilidad de discutir de fondo los temas que son fundamentales. Si hacemos un análisis de las reformas por periodo presidencial, fácilmente podremos corroborar que cada Presidente ha tratado de salvar su circunstancia política, y ha intentado pasar a la historia como un demócrata o un reformador, pero a costillas de una Constitución que por tener tantos rostros, parece que está acabando por perderlos todos.

Vayamos a dos ejemplos. Durante su gestión, el presidente Felipe Calderón reformó 110 de los 136 artículos que tiene la Constitución. Las modificaciones o adiciones fueron de lo más variado. Cada una de ellas —aunque no en conjunto— dependieron de la circunstancia o el asunto que debía salvar, y que demagógicamente se abordaba partiendo de reformas a la Constitución. Pero esas modificaciones no respondieron a un programa concreto de adecuación de la Constitución, a partir de una visión de conjunto o de un verdadero proyecto de Estado. Cada reforma tenía su propio origen y finalidad, que no necesariamente era concordante con las demás.

Ahora bien, hasta el pasado 7 de julio, el presidente Enrique Peña Nieto había reformado 66 artículos de la Constitución, en cinco paquetes de reformas —energética, fiscal, de telecomunicaciones, de transparencia y educativa— que hoy en día vemos que tampoco han resuelto los temas que preocupan al ciudadano de a pie, y que de nuevo parecen ser la materialización del programa político de un partido en el gobierno.

¿De qué hablamos? De que ninguna de esas modificaciones —que han implicado modificar casi la mitad de todo el texto constitucional— ha aliviado las preocupaciones ciudadanas. Eran, concretamente, el programa de reformas del gobierno para darle viabilidad a un proyecto político que, demagógica y deliberadamente, ellos pretenden hacernos creer que es un proyecto de nación.

Pero tan no han resuelto los problemas que preocupan a la gente —como en su momento no lo hicieron las reformas a 110 artículos de la Constitución durante la gestión del presidente Calderón— que por eso hoy las exigencias son las mismas de antes: combate frontal a la corrupción, a la impunidad, a la violencia, a la ineficacia gubernamental, y a la ingobernabilidad. Esos temas siguen sin ser discutidos, y la autoridad sigue sin ofrecer una respuesta a la ciudadanía dentro del ámbito de sus atribuciones y de las instituciones existentes. Pero como en México la Constitución tiene la culpa de todo, entonces la receta que continúan aplicando los gobiernos es reformar en lugar de actuar, a ver si con eso se olvida o se lava la responsabilidad por lo que, en el terreno de los hechos, no se quiere o se puede realizar.

RESPUESTA INÚTIL

Hace dos semanas, el Presidente respondió a la exigencia de justicia, con una nueva promesa de acciones… una vez que se hagan reformas a la Constitución. Sí: que el programa de rescate del Estado de Derecho nuevamente pasa —según el gobierno federal— por la realización de una nueva “cirugía mayor” a la Constitución, como si no hubieran sido suficientes las modificaciones que hasta ahora se le han realizado.

La idea es, otra vez, que la Federación absorba facultades antes depositadas en estados y municipios; y que las que en otros tiempos fueron facultades “metaconstitucionales” del Presidente, ahora se institucionalicen para que el Ejecutivo federal ahora sea constitucionalmente más fuerte que los estados y los municipios del país.

Esto no puede seguir así. No, porque los mexicanos parecemos continuar jugando ese amargo juego de evadir la realidad, y tratar de que otros —la Constitución— paguen por los deberes que todos nos rehusamos a asumir. Y si se supone que hay temas en los que todos estamos de acuerdo porque son normas fundacionales de nuestra nación (los derechos humanos, la forma de gobierno, la división de poderes, el federalismo, y algunos otros… se supone), entonces lo que habría que discutir es la necesidad de hacer una nueva Constitución, en donde se plasmen todas esas aspiraciones y aspectos sustanciales de nuestra organización, y se eliminen las tentaciones de seguir elevando a rango constitucional los experimentos o los programas partidistas que se intentan plasmar en el texto fundamental, como si con eso solo se resolvieran mágicamente los problemas nacionales.

Vivimos hoy un momento inédito en la vida nacional. Debemos pensar, por eso, en escenarios que de verdad sirvan para revitalizar el imperio de la ley. ¿Por qué no buscar el refrendo nacional de una nueva Constitución, que se aleje de las frivolidades y los programas partidistas, y que de verdad refleje el ánimo de esos millones de personas que hoy no se sienten respaldados, incluidos y tutelados por ese documento, que se supone que justo para eso fue creado?

RATIFICACIONES

El peor escenario es seguir en la simulación, como la que constituyen mecanismos inútiles como el de la ratificación de los secretarios del gobierno estatal por el Congreso. Ello engloba todo un mar de contradicciones que perviven con el aval de diputados y gobernantes. Abundaremos.

+ Elección descuidada: riesgosa para muchos

Dentro de una semana ya estará resuelta la elección del nuevo dirigente del sindicato de burócratas en Oaxaca. Sin embargo, lo que priva hasta el momento es una abierta intervención de manos oficiales en un curioso conflicto interno en el que los disidentes resultaron ser los oficialistas, y en donde el gobierno dejó de ser un factor de equilibrio para convertirse en instrumento de la impericia de algunos de los funcionarios involucrados en este asunto.

En efecto, hoy la competencia real al interior del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca se libra entre dos grupos: el que tiene el respaldo del actual dirigente, Juan Rosas, y el que ha sido el grupo dominante al interior del gremio por más de una década. El primero de los grupos está agrupado en la Planilla Blanca; y el segundo en la Planilla Roja. Sólo que mientras éste último grupo ha mantenido cierta constancia en su integración, y tiene un liderazgo visible, los blancos en realidad son una rara suma de disidencias que hoy, en sus incongruencias, tiene un apoyo oficial que —para variar— no lleva ningún rumbo, y sí muchos riesgos. ¿De qué hablamos?

De que los blancos son producto de un fenómeno raro al interior de ese gremio. Juan Rosas llegó a la dirigencia sindical gracias al apoyo de los mismos que hoy integran la planilla roja, y específicamente del ex dirigente Joel Castillo Pérez. Sólo que una vez siendo Secretario General del STPEIDCEO, Rosas renegó del liderazgo que lo llevó a esa posición, y para tratar de generar su propio grupo decidió coquetear con todos los hatos disidentes al interior del sindicato, que históricamente habían sido opositores a su grupo originario. Así, vendiéndoles la idea de abanderar a esas minorías, las sumó a su estrategia de renegar de sus antiguos aliados. Y luego, ya metido en el proceso de sucesión de la dirigencia sindical, exigió el apoyo del Gobierno del Estado para fortalecer sus posiciones.

¿Qué resultó? Que gracias a ese apoyo franco de la Secretaría de Administración, el nuevo grupo de Juan Rosas comenzó a recibir beneficios; sólo a partir de ese apoyo pudieron hacer ofrecimientos a personajes relativamente importantes dentro del sindicato, para recibir apoyos concretos a cambio de involucrarse en el proyecto de Rosas. Concretamente, hoy se sabe que gracias a ese respaldo oficial, la Planilla Blanca se encuentra en posibilidad de ofrecer contratos y hasta basificaciones, a cambio de apoyo a ese grupo. Y ya comenzaron a hacerlo.

Y es que al interior mismo del Sindicato sostienen que después de abortar el trabuco de Unidad Sindical, y evitar una desbandada total, los manejadores de la Planilla Blanca comenzaron a cooptar a cuanto “líder de opinión” de entre los mismos burócratas, se cruzaba en su camino. Un ejemplo de esto, aseguran, es el ingenuo secretario de la Comisión Electoral, Samuel Juárez Lucas, delegado sindical en el Sistema DIF, a quien la Planilla Blanca se ufana de haber “comprometido” con su causa gracias al contrato que le acaban de otorgar a su hermana Nelly Juárez Lucas, en la Secretaría del Trabajo.

Otro “líder” al interior del sindicato a quien los blancos dicen haber logrado cooptar, es Ignacio Cruz, del Instituto Catastral, a quien aseguran haber conseguido la basificación de su hija, Tania Cruz. Incluso, otra sencilla forma de tirar el presupuesto —quién sabe si con la venia de la Secretaría de Administración—, es basificando a personal de la Procuraduría, con cargos de policías ministeriales a través de su gestor Armando Rodríguez; o mejor aún, otorgando bases a personal de lista de raya, como la esposa de Eleazar Pascual.

En esa lógica, aseguran que la peor barbarie en que han incurrido los blancos para tratar de fortalecerse de cara a la elección del próximo 10 de diciembre, es la basificación de personal que, contando con todas sus facultades físicas e intelectuales, los han hecho pasar como discapacitados. Existe una lista de personas a las que les fueron otorgado beneficios sindicales a través de esta vía, sin —afortunadamente— tener alguna discapacidad física o intelectual.

DERROCHE, SIN RUMBO

Como puede verse, este conjunto de prácticas y ofrecimientos de cooptación constituye un enorme derroche para tratar de apuntalar a la planilla blanca, a partir del apoyo abierto de funcionarios del gobierno estatal. El problema es que nadie tiene la certeza de que dicho apoyo pueda verdaderamente retribuir en un resultado favorable para la planilla a la que apoya Juan Rosas, primero porque a pesar de ser la suma de varias expresiones al interior del sindicato, ninguna de ellas tiene una presencia importante entre los agremiados; y segundo porque el manejo político que ha tenido Rosas ha sido espectacularmente deficiente.

Y es que parece que en todo esto, Rosas —apadrinado, como lo dijimos aquí mismo el 20 de octubre, por el director del Cobao, Germán Espinosa Santibáñez— no parece haber considerado que el gremio de los burócratas está conformado por grupos que, en su mayoría, responden más a la confianza e identidad con algún grupo, que con una cargada o un proyecto político. Pues al margen de los partidismos, no parece haber generado ninguna confianza al interior del sindicato el hecho de que, desde el inicio, quienes respaldaron a la planilla blanca dejaran ver que esto era únicamente un paso para abonar a la construcción de un proyecto político, dentro de un partido, y rumbo a una elección estatal.

Finalmente lo que parece quedar claro es que nadie tuvo que desacreditar a los blancos: eso lo hicieron ellos mismos al tener un Secretario General carente de todo sentido de la estrategia, y al contar con el respaldo de funcionarios del gobierno estatal que a pesar de tener todo el poder para construir una candidatura fuerte, sólo han venido demostrando incapacidad e impericia para dar rumbo y proyección a su proyecto político, y un claro desconocimiento de la forma en cómo se determina el sindicato de burócratas. En esas condiciones, el resultado de esta elección es previsible, y no será favorable para los otrora disidentes, que luego devinieron en oficialistas, y que hoy se presentan como la planilla blanca.

NO HAY CAMBIOS

Hubo, dicen, sólo una rotación de nombres en las áreas de gobierno estatal. Pero los cambios anunciados fueron otro ejemplo más del gatopardo. Sí: que todo cambie para que siga igual. Tan simple como eso.

La Federación claudica: Guerrero es el indicador

Hasta hace pocas semanas no aparecía entre los escenarios posibles que el gobierno federal claudicara ante el poder fáctico que constituye la disidencia magisterial del sureste del país. La detención-desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y el enojo nacional producto del conjunto de acontecimientos de los últimos setenta días cambiaron las variables, y pareciera que hoy el camino trazado lleva una ruta que, entre sus muchos efectos, va a sepultar a Oaxaca. Ello contradice el discurso oficial. Pero es más fuerte lo que parece que lo que se dice.
En efecto, desde hace varios días se enviaron señales en el Congreso local que de sigue latente la tentación —o la indicación— de ceder ante las exigencias de la Sección 22 del SNTE. El viernes pasado, diputados locales de varias fracciones sostuvieron un encuentro con representantes del magisterio, en el que el argumento fue uno solo: la exigencia abierta de la 22 para que los legisladores no consideren ninguna otra propuesta, y aprueben la iniciativa de Ley Estatal de Educación que ellos les entregaron en agosto pasado.
Sobre esta propuesta hay mucho ruido, pero un total ayuno en cuestión de análisis de fondo. Se dice, por ejemplo, que la propuesta elaborada en conjunto por el gobierno estatal, el Congreso y la 22 es el PTEO hecho iniciativa de ley; se dice también que esa propuesta promueve la evasión del sistema de evaluación a los maestros establecido en la legislación federal; se dice que se contrapone a la Constitución federal; y, en resumen, se dicen muchas cosas negativas de la propuesta. Pero sólo se dicen.
¿Cuál es la realidad? Que hasta hoy el Congreso no tiene un diagnóstico de fondo de cuál es el estatus de constitucionalidad real de las propuestas presentadas tanto por el Ejecutivo como por la Sección 22 del SNTE. De hecho, en la reunión antes señalada entre diputados y representantes de la Sección 22, fue patética la postura del presidente de la Comisión Permanente de Educación, el diputado Jesús López Rodríguez, de no tener claro ni siquiera cuál de las propuestas era la presentada por el magisterio y cuál la del Gobernador. Mucho menos sabía si alguna de ellas, o ambas, o ninguna, tiene en realidad —y al margen de fobias y filias respecto al magisterio— visos de inconstitucionalidad.
Uno de los temas más ruidosos, pero muy poco analizados, es el del establecimiento de un mecanismo de evaluación, en ambas iniciativas. El ruido —y la ignorancia— han apuntado a que ese mecanismo de evaluación busca evadir las disposiciones federales. Sin embargo, quien lee y comprende bien lo que dice la ley, puede comprobar que la ley federal y la estatal se refieren a evaluaciones distintas. ¿De qué hablamos?
De que mientras la legislación federal se refiere a la evaluación de los docentes, las dos propuestas de Ley Estatal de Educación (la del Gobernador, y la de la 22) se refieren a la evaluación de los programas de estudio. A esto nos referimos en nuestra entrega del 14 de agosto, cuando señalamos que lo que dispondría la ley educativa estatal, de ser aprobada cualquiera de las dos propuestas, son sólo procesos de “evaluación” no vinculatorios, que no deciden ni influyen sobre el ingreso, promoción, permanencia y remoción de los docentes, y que más bien van enfocados a crear una “cultura de la evaluación” a través de trabajos colectivos —según— de reflexión y mejora sobre lo ya realizado, que a simple vista, dijimos entonces, parecerían más una terapia de grupo que un verdadero proceso de evaluación del desempeño del magisterio.
Por esos mismos días, y habiendo ya analizado las propuestas, dijimos el 19 de agosto que en realidad el único viso de inconstitucionalidad llana que tenía la propuesta de la Sección 22, era el contenido del artículo 16 transitorio —que fue eliminado en la propuesta que finalmente envió el Ejecutivo al Congreso, y que junto con la supresión de una disposición que establecía el deber del Ejecutivo de estimular económicamente a los mentores oaxaqueños, fue lo que encolerizó al magisterio y provocó que ellos fueran al Congreso a entregar la misma propuesta pero que incluía las disposiciones eliminadas por el gobierno—, que disponía la obligación de contratar automáticamente a los casi 950 normalistas que recién egresaron de las 11 normales del Estado.

CONTRATACIÓN AUTOMÁTICA ¿VA?
Ayer, en su columna Estrictamente Personal, el periodista Raymundo Riva Palacio escribía, en relación a la posible autorización de la contratación automática de los normalistas en Oaxaca, lo siguiente: “En Oaxaca, [el subsecretario de Gobernación] Luis Miranda ya dispuso que avancen las instituciones estatales para entregarle formalmente el poder a la Sección 22 de la CNTE (…) ahora, Miranda aceleró la solución final. La semana pasada instruyó a las autoridades en Oaxaca a que aprueben la ley educativa que presentó la Sección 22. De una vez por todas, que la CNTE se apropie de la Reforma Educativa en los términos que desee”. Según Riva Palacio —y esto es evidente—, esto significaría la claudicación del Estado mexicano frente a la implementación de la reforma educativa.
Al final, esta versión viene a darle coherencia a todo lo que se ha dejado ver en el Congreso local: que las fracciones parlamentarias estarían dispuestas a aprobar la propuesta de Ley Estatal de Educación que presentó la Sección 22, porque es la que dispone la contratación automática de los normalistas, pero con la venia de Gobernación.
Esto, aunque no es propiamente un tema de fondo, sí sería el reconocimiento de que el magisterio venció al Estado. Pues, de hecho, toda la reforma educativa se hizo con la intención justamente de frenar la ausencia de mecanismos de control que permitían que el magisterio fuera juez y parte en la administración de la educación pública en el país.

PANORAMA DESOLADOR
No es para menos. Ayer mismo, Javier Solórzano decía en La Razón —y en concordancia con Riva Palacio— que Guerrero anda sobre los pasos de Oaxaca, y que pareciera que ahí a la ciudadanía no le queda más que irse acostumbrando a vivir en medio de la anarquía que provoca un gremio sin contrapesos ni límites. Qué tragedia para el sureste del país, que mientras el Presidente anuncia programas de rescate (las zonas económicas preferenciales) para Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, también le entrega la gobernabilidad a quienes desde ahora serán los enemigos de esos proyectos. Es continuar en la apuesta por el repudio al sureste del país.

+ Protesta: útil sólo para exigir; inútil, cuando afecta

México entró ya a un estado de conciencia que está llevando a diversos sectores sociales a manifestarse de una forma que hasta ahora no había sido vista. Pero mientras la sociedad despierta y se empodera, existe una intención clara de los sectores que han tenido a su favor el estado de cosas por canalizar toda la inconformidad sólo hacia las calles. Cada mexicano debía tomar conciencia de que no sólo en las calles se protesta, sino que lo importante es exigir y canalizar la exigencia hacia cambios concretos.

En efecto, llevamos casi 70 días desde que ocurrió la detención-desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y no ha habido un solo día en el que no se cuente una manifestación más de repudio por ese hecho. A la par ocurrió la revelación de la ostentosa mansión de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, y todos presenciamos el estado de shock en el que entró el gobierno federal por no poder explicar la procedencia de esa propiedad valuada en casi 90 millones de pesos.

Ello abrió una discusión que hasta ahora estaba reprimida: el de la urgencia de establecer mecanismos de control al poder público, frente a las tentaciones de la corrupción. Y a esa inconformidad se le vinieron a sumar todos los factores sociales y económicos adversos del país, que sólo estaban esperando el momento y la coyuntura perfecta para emerger de las clases populares, donde se encontraban arrinconados.

Esa suma de factores es la que hace perfectamente explicable y legítima la inconformidad de los mexicanos. Pues no hay un solo mexicano razonable que pueda decir que está a favor de la colusión o el sometimiento de las autoridades con cárteles criminales; no hay un solo mexicano que pueda decir que acepta que en los municipios, en los gobiernos estatales, y hasta en distintas áreas del gobierno federal, haya o pueda haber funcionarios que tienen relación con criminales y continúan sin ser molestados. No hay, no puede haber, un mexicano medianamente razonable que pueda decir y argumentar que está a favor de las violaciones —por acción u omisión— a los derechos humanos de las personas, que comete la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

Pero así como no hay —ni puede haber— un solo mexicano razonable que pueda ver o justificar legítimamente un acto abominable como la detención-desaparición de los normalistas, tampoco puede haber gente que se diga a favor de las desigualdades sociales; que pueda aceptar y convalidar el contraste que genera la excesiva riqueza de unos, frente a la dolorosa pobreza y marginación de la mayoría.

Del mismo modo, no puede haber quien se diga a favor de que en este país exista una casta de privilegiados que, recibiendo favores oficiales, se ha enriquecido ilimitadamente al margen de las reglas mínimas de la regulación, de la competencia o de la subsistencia mínima del interés público por encima de los planes de negocio de las empresas que encabezan.

Incluso, no puede haber alguien razonable en este país que acepte o convalide —incluso militando o simpatizando con el mismo partido del Presidente o el Gobernador en turno— que la corrupción sea hoy en día la moneda de cambio en este país; o que celebre —sin colusión de por medio— que existen gobiernos que se dicen legítimos pero que lo consiguieron gracias a la ayuda de los votos comprados; o que se dicen honestos aún cuando existen clarísimos indicios (la Casa Blanca, es un ejemplo, pero no el único) de que trafican con influencias, con favores, con contratos, con obras, con fondos y con apoyos electorales, para poder llegar al poder.

¿Cómo poder estar a favor de todas esas aberraciones de nuestro sistema? Evidentemente, no hay forma. Pero al margen de eso, lo importante es que tomemos los caminos eficaces para combatir esos flagelos.

LAS CALLES, INÚTILES

Hasta la semana pasada, el país llevaba sesenta días volcado en una protesta sin precedentes, y aún así el Presidente presentó un decálogo de propuestas que no sólo no dejó satisfecho —ni alivió— a nadie, sino que vino a demostrar que el régimen gobernante continúa viviendo en el mismo mundo de soberbia y fantasía en el que están seguros que de todos modos, hagan o lo que hagan —y omitan lo que omitan—, no va a pasar nada.

Todo esto se hizo evidente cuando propusieron un conjunto de recetas viejas, parciales, llenas de rencor y aversión a la forma de gobierno y la división de poderes, y sin capacidad de enfrentar verdaderamente los problemas más apremiantes del país. Si esto no fuera suficiente, el gobierno federal no demostró un ápice de autocrítica ni de capacidad analítica frente al enojo genuino entre millones de mexicanos, que no son alentados ni por el PRD ni por AMLO ni por nadie para protestar, sino que verdaderamente están molestos por ese conjunto de situaciones insostenibles, en las que unas son responsabilidad de quienes intentan doblegar al Estado, pero muchas otras tienen su origen en la corrupción institucionalizada que los gobernantes de los últimos tiempos se han resistido a erradicar.

Frente a todo eso, ¿qué hace el Estado? Alienta silenciosamente que todos salgan a las calles a protestar, a ver si con el desgaste y la continuidad, se cansan y dejan de protestar. A la par de ello ha promovido el enrarecimiento y la vandalización de las protestas, para desacreditarlas. Y quizá no pase mucho tiempo antes de que cree algún Frankenstein social para tratar de desmovilizar —como ya lo ha hecho antes— a esas miles de personas que hoy están saliendo a las calles día a día para protestar por lo que ocurre en el país.

Frente a todo debían existir otros intentos, igual de fuertes, pero menos vulnerables, para tratar de cambiar el estado de cosas. La situación del país no está como para solamente utilizar la vía de las calles —que es la más sencilla, pero también la más manejable y la menos capaz de cristalizarse en una exigencia concreta canalizada a su vez en una propuesta— y dejar en la incertidumbre el éxito de las inconformidades.

EL PAÍS DEBE CAMBIAR

Eso es irremediable. El problema es que hasta hoy la única propuesta que existe —y que es deficiente, cuestionable, parcial, incompleta, y hasta podríamos decir que inútil— para enfrentar la crisis, es la del presidente Peña Nieto. ¿Quién más ha alzado la voz? ¿Cuál de las demás protestas se ha traducido en propuestas? A todos nos indigna Ayotzinapa. Pero eso es intrascendente si no viene acompañada de propuestas de cambio para un mejor país.

Aunque parece un asunto muy local de una entidad como Oaxaca, el gobierno federal debería responder a una pregunta en específico ante su propuesta de unificación de las policías municipales en una sola corporación estatal, en entidades como la nuestra donde existen municipios de usos y costumbres: ¿Cómo harán transitable su reforma si dichas comunidades prefieren continuar con sus propios esquemas de seguridad?
En efecto, como bien sabemos la semana pasada el presidente Enrique Peña Nieto propuso desaparecer a las corporaciones policiacas dependientes de los municipios en México, y crear en su lugar una sola corporación policiaca estatal por cada entidad federativa. La propuesta recibió los aplausos de los presentes, quizá porque entre la concurrencia no había quien tuviera una visión distinta de la presidencial, o porque en ese momento nadie tomó en cuenta que México no es un país homogéneo, y que por eso aquí la igualdad se funda justamente en el reconocimiento constitucional de las distintas minorías étnicas que existen en el territorio nacional. Esas minorías también tienen derechos. Y es ahí donde se ve el primer gran choque entre la propuesta presidencial y la realidad. ¿De qué hablamos?
De que según la propia Constitución, y las leyes federales, hoy en día la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo.
Esto significa que en las tareas relacionadas con la seguridad pública la Constitución no establece marcos de subordinación ni de sujeción de un ámbito de gobierno hacia otro, sino que establece una clara relación de coordinación entre ellos, para las distintas tareas que se establecen en la última parte del artículo 21 constitucional. Asimismo, en la mayoría de las leyes de las entidades federativas se establecen esos mismos marcos de coordinación entre estado y municipios —no podría ser de otra forma, si la Constitución federal ya establece ese deber— pero además ya existen los llamados “mandos únicos” a través de los cuales el Gobernador del Estado tiene la facultad de disponer de las corporaciones municipales cuando la necesidad lo amerite.
Frente a todo esto, la propuesta de crear Policías Estatales únicas y desaparecer las policías municipales, en realidad parece como la “evolución” del mando único y su consolidación en una sola fuerza. El problema es que no en todos los estados de la República existen corporaciones policiales municipales más o menos unificadas, y tampoco en todas las entidades federativas existen autoridades municipales uniformes, regidas únicamente por las normas emanadas del proceso legislativo, que no tomen en cuenta la costumbre o desarrollen su gobierno en base a sus sistemas normativos internos. Ese es el caso de Oaxaca, pero también de varias otras entidades federativas en donde el reconocimiento de sus pueblos originarios obligadamente llevaría esta discusión a otros ámbitos.
¿Cuáles? Los de la necesidad no sólo de que los Poderes Federales impongan a los pueblos determinaciones que involucren la desaparición de sus policías municipales —o de las corporaciones tradicionales de seguridad que existen en muchas comunidades, y que no son precisamente policías municipales, sino cuerpos de topiles, vigilantes, y demás—, sino que éstos tengan la posibilidad de participar en ese tipo de decisiones, y que vean satisfecho el derecho a la consulta que tienen a su favor según la legislación internacional que México ha aceptado como parte de su marco jurídico.

DERECHO A LA CONSULTA
El 5 de septiembre de 1990 el Estado mexicano ratificó la adopción del contenido del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, conocido popularmente como Convenio 169 de la OIT. Los derechos que contiene ese tratado son fundamentales frente a una decisión de esta magnitud en nuestro país. ¿Por qué?
Porque, concretamente, lo que busca el Convenio 169 es establecer medidas tendientes a garantizar el derecho de los pueblos indígenas —como entes colectivos— a mantener su integridad y formas de organización en los países donde se encuentran. Por eso, teniendo como marco la pluralidad de sistemas jurídicos —como en el caso de México— que pueden convivir en el mismo tiempo y espacio, dicho tratado establece los mecanismos a través de los cuales los pueblos indígenas sean respetados, considerados y tomados en cuenta en las decisiones que los involucran.
Concretamente, el artículo 6 del Convenio 169 establece que al aplicar las disposiciones del dicho Tratado, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;
b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente (…) en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; y que las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas (Apartado 2).

PROPUESTA, A DEBATE
Este tema será fundamental: como la desaparición de las policías municipales también involucra a pueblos indígenas en varias entidades del país, éstos tienen el pleno derecho a ser consultados, por ser esa una potencial medida legislativa susceptible de afectar directamente su modo de vida y sus disposiciones. Por esa razón, si esa iniciativa prospera será sólo a través de la consideración de la opinión de las propias comunidades que exijan ser tomadas en cuenta. Esa es la parte de la representación nacional que hoy no tiene ninguno de los partidos políticos. Cientos de pueblos indígenas en México no están dispuestos, ni tienen por qué oponerse irracionalmente, pero tampoco aplaudirle inopinadamente al Presidente aún en su propio detrimento. Ya lo veremos en su momento.