+ Consejeros fustigan rendición de cuentas

qué paradoja que hoy en día, en Oaxaca, uno de los ejemplos palmarios de la opacidad y la resistencia a la rendición de cuentas ocurra en la propia Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública de Oaxaca. resulta que ahí, donde debiera ser la casa de la transparencia, el ejercicio de los recursos públicos no le queda claro a nadie, las cifras siguen si cuadrar, y los consejeros (Esteban López José, Gema Sheyla Ramírez y Eréndira Fuentes Robles) se niegan a rendir cuentas a la sociedad.

En efecto, el problema de fondo en este organismo autónomo constitucional no sólo radica en la repartición de las cuotas y cotos de poder, sino también el manejo del dinero a su libre albedrío. Confiados en que el manto protector de los diputados finalmente les alcanzará para ocultar sus irregularidades, los integrantes de la Comisión de Transparencia decidieron optar por la amenaza y la intimidación a su personal —que no tiene responsabilidad ni potestad en la conducta de los titulares—, en lugar de preocuparse por hacer un papel decoroso frente a los oaxaqueños, al fungir como supuestos defensores de la legalidad y la transparencia.

Y es que de acuerdo al Informe de Actividades 2013, que aparece en el portal de la Cotaipo (http://bit.ly/1rImLon), en su página 85, dentro del apartado que corresponde a la Dirección de Administración, ésta reporta que los 33 millones de pesos que le asignó el Congreso para el ejercicio anual fueron ejercidos, quedando pendientes por ejercer sólo 84 mil pesos.

Al comparar el Informe de actividades 2012 de la propia Comisión, el gasto aparece desglosado por rubros, mientras que en el 2013 sólo se observan cifras globales ¿qué quieren ocultar en Transparencia? Así, en lugar de enumerar con detalle la forma en cómo fueron gastados los recursos públicos que se les asignaron —como se supone que debería hacerlo el órgano que se supone que está para poner el ejemplo en transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía, sin que medie solicitud alguna—, los integrantes de la Cotaipo se limitaron a hacer una tímida enunciación de lo gastado.

Así, el citado informe sólo señala lo siguiente: Rubro autorizado ejercido: Servicios personales: 21 millones 713 mil 951 pesos con 09 centavos. Materiales y suministros: un millón 342 mil 253 pesos con 61 centavos. Servicios generales: nueve millones 77 mil 165 pesos con 42 centavos. Y bienes muebles, inmuebles e intangibles: un millón 140 mil 693 pesos con 09 centavos. Dando esto un total de 33 millones 274 mil 63 pesos con veintiún centavos, que corresponden al Presupuesto ejercido en 2013.

Y si esa sola enunciación de gastos espectacularmente cuestionables (por opacos) no fuera suficiente, en el rubro de servicios generales hay otra demostración de cuán poco comprometidos están los consejeros con la rendición de cuentas, en su propia casa.

Pues resulta que, por ejemplo, al explicar por qué hay una sola cifra global del rubro de Servicios Generales, el informe establece lo siguiente: “De igual forma, en este capítulo del gasto, se organizaron, programaron y controlaron los servicios generales, garantizando la contratación de servicios necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos de la comisión, procurando siempre la obtención de mayores beneficios en calidad, precio y financiamiento en las etapas de contratación, recepción, control y suministro de los bienes y servicios adquiridos, a fin de administrar con responsabilidad los bienes muebles propios y arrendados, siendo los gastos más significativos generados en el año los servicios básicos tales como: energía eléctrica, telefonía convencional y móvil, internet, redes y procesamientos de información, servicios de vigilancia, servicio de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles para su mejor funcionamiento, así como la difusión, impresos y publicaciones de programas y actividades oficiales de la comisión” (página 88 del Informe 2013).

¿Los diputados y la ciudadanía tendríamos por qué estar conformes con explicaciones azarosas, ofrecidas a la LXII Legislatura como mera justificación, respecto al destino de más de 33 millones de pesos?

MÁS OPACIDAD

Revisando la misma página institucional, puede verse una hoja escaneada que concentra el Presupuesto de Egresos 2013, enviado por la Cotaipo a la Secretaría de Finanzas (http://bit.ly/1k8a7jp). Esta es una verdadera joya para el análisis financiero y para las auditorías externas, que quizá algún día revelen cómo se ejerció el presupuesto en esa Comisión.

Para ejemplificar lo anterior basta con retomar algunos rubros, de los que nadie –más que los consejeros- en la Cotaipo saben en realidad cómo fueron gastados: 1.2 millones por concepto de Impresos y Publicaciones Oficiales, 800 mil pesos para Difusión, 720 mil pesos gastados en “Reuniones, Congresos y Convenciones”, además 450 mil pesos para “Exposiciones y Espectáculos”, cuando salvo algunas premiaciones de concursos realizadas con presupuesto testimonial y con reconocimientos que se reducen a un diploma maquilado en cualquier impresora, no hay noticia de que hayan sido organizados, ni tampoco enumeran nada de eso en su Informe de Actividades.

Estos son sólo algunos botones de muestra, de un asunto que tiene mucho más de fondo: desde el inicio se enumeró (ver Al Margen 17.05.2013, en http://wp.me/pIlC9-Ho) la enorme irregularidad cometida por los diputados de la LXI Legislatura al elegir como Consejeros a tres personajes totalmente ajenos a la transparencia.

El Congreso en aquel momento eligió a López José, que es contador público y que no revela ninguna especialización en materias relacionadas con acceso a la información; lo mismo pasa con Eréndira Fuentes Robles, que desde entonces se advirtió que tenía amplísima experiencia pero sólo en terapia y constelaciones familiares; y qué decir de Gema Sheyla Ramírez, que si bien cuenta con una maestría en Derecho Privado, tampoco tiene cómo demostrar experiencia en el tema.

IRRESPONSABLES

Es, sin duda, una irresponsabilidad aceptar un cargo de especialización cuando no se tienen los conocimientos y el reconocimiento público suficientes como para fungir como una autoridad en el tema. Pero lo es mucho más que siendo principiantes en el tema, no hayan tenido responsabilidad ni sentido común para al menos mantener a salvo el decoro personal, y la casa limpia para que si no lograban que se dijera algo bueno de ellos, tampoco salieran por la puerta de atrás, como finalmente terminará ocurriendo.

+ Examen docente, razón de la virulencia de S-22

El lunes Oaxaca vivió un día de locos, aparentemente por el radicalismo de una facción de la Sección 22 del SNTE que, en contra de los acuerdos alcanzados por su Asamblea Estatal, decidió ir a tratar de boicotear la Octava del Lunes del Cerro, en el Auditorio Guelaguetza. ¿Esta fue una acción fortuita de un grupo que simplemente desatendió las disposiciones magisteriales? No. En realidad, ese grupo de radicales apenas si alcanzó a reaccionar, sin ningún efecto, frente a la primera acción concreta que aplica la SEP en Oaxaca en el marco de la reforma educativa.

En efecto, ayer el periódico Reforma de la Ciudad de México informaba que a Secretaría de Educación Pública había “roto” el bloqueo que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantenía a sobre el examen docente en Oaxaca y Michoacán. “La dependencia —abundaba la información— logró que ayer [justo el lunes] 176 aspirantes a maestros aplicaran los exámenes de ingreso al Servicio Profesional Docente (SPD), sin embargo no logró que cientos más se quedaran en sus estados por intervención de la CNTE. En total secrecía, la SEP armó un operativo y envió a Michoacán y Oaxaca camiones para que casi 5 mil aspirantes pudieran presentar su examen en la Ciudad de México”.

Según la nota, la CNTE impidió que los camiones con los egresados de las escuelas normales salieran de sus estados. “Sólo pudieron salir quienes estaban registrados de otras universidades. De Michoacán llegaron 55 y de Oaxaca 121 aspirantes, quienes presentaron los exámenes de ingreso”. ¿Qué significa todo esto? En concreto, que el gobierno federal está comenzando no sólo a aplicar las nuevas disposiciones legales en materia educativa, sino también a echar a andar el proceso de desmantelamiento del corporativismo sindical del magisterio, que tiene como base la alimentación continua —en los normalistas— de nuevos agremiados.

Este es un punto toral para la Sección 22, que aún en el marco de su intolerancia conocida puede tolerar muchas cosas, menos que de fondo le corten la alimentación de sus bases. Históricamente, los normalistas han sido parte esencial del gremio, al ser siempre integrantes de sus bases más radicales y de sus grupos de choque.

Desde hace años y hasta ahora, la Sección 22 encontró una oscura relación de “ganar-ganar” con los normalistas, que desde que el sindicato magisterial tiene el control de la mayoría de los procesos administrativos de la educación en la entidad, es quien por un lado ha ocupado la presencia y radicalidad de los normalistas para llevar a cabo la gran mayoría de sus acciones políticas y de presión a la ciudadanía; y por el otro, que en aras de agradar al sindicato al que consideran que le deben el trabajo, los normalistas se han ofrecido a ser la parte más frontal de la lucha magisterial, llevando a cabo todas las acciones que los propios profesores de base se rehúsan a hacer por considerarlas riesgosas, violentas o radicales.

Así, unos han buscado agradar al sindicato para después ser parte de sus beneficios; y el sindicato ha sabido siempre que el normalismo es —era hasta ahora— la base inagotable de militantes nuevos e incondicionales, que estaban dispuestos a hacer todo con tal de demostrar que son dignos representantes de la democracia sindical.

EL ZARPAZO

La decisión de la SEP de llevar a cabo el proceso de evaluación tiene por lo menos tres efectos: el primero, demostrar que aún en el radicalizado marco de oposición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el gobierno federal tuvo capacidad de aplicar un examen; el segundo, enviar el mensaje devastador de que por responsabilidad de la propia CNTE el gobierno federal ni siquiera pudo considerar a los estudiantes de las escuelas normales como prospectos para obtener una plaza de maestro, dejando el espacio a egresados de instituciones no controladas por el sindicato magisterial; y tercero, demostrar que de todos modos ninguna de sus protestas tuvo efecto alguno más que en sus propios agremiados.

Al final, todo queda en la propia cancha de los profesores democráticos. Pues aún frente a toda la presión que han aplicado al Gobierno del Estado para tratar de someterlo, el Gobernador del Estado reiteró el mismo lunes que uno de los temas que no estaban sujetos a negociación es el de la asignación de más de novecientas plazas de maestro que exige la Sección 22 para los normalistas.

Luego, aún en el marco de las protestas realizadas en Oaxaca por el magisterio (y esto hay que subrayarlo), de todos modos la SEP llevó a cabo su examen sin problemas en la Ciudad de México. Y aunque el lunes los profesores intentaron boicotear la Guelaguetza, de nuevo parecieron llevar a cabo esa acción únicamente para que quedara constancia de su enojo y oposición a la decisión ejecutada en la Ciudad de México, pero no para verdaderamente tratar de impedir o de incidir en la decisión tomada por la SEP.

En el fondo, también queda en entredicho la capacidad operativa y de movilización del magisterio, de la que tanto han alertado hasta sus propias bases. Si otra hubiera sido la situación y los tiempos, la Sección 22 habría dispuesto trasladarse en pleno a la Ciudad de México para tratar de boicotear las decisiones de la SEP e impedir el examen aplicado a los aspirantes. No lo hicieron. Y no fue así porque por un lado su protesta parece más bien testimonial, pero también porque parecen no tener una capacidad suficiente de movilización como para tratar de lograr un traslado masivo a la capital del país para una protesta como las de otros tiempos.

Por todo ello, aunque no es justificable, sí es “comprensible” que un contingente de profesores intentara boicotear fallidamente la fiesta de los Lunes del Cerro. Lo hicieron porque no hubo forma de parar el examen, que los afecta porque comienza el proceso de minar sus bases de apoyo. Pero también porque están en un estado de desmovilización e incapacidad que hoy debería alarmarlos más a ellos, que a nosotros como ciudadanos afectados.

MÁS BLOQUEOS

Alguien debe parar la anarquía y violencia de los transportistas: hace unos meses ya hubo un muerto y camiones quemados. Varias veces han ocurrido enfrentamientos a balazos. Ayer de nuevo la ciudad fue un caos gracias a ellos. ¿Qué necesita la autoridad para poner un remedio de fondo? ¿Más muertos? ¿Más violencia? ¿Que terminen incendiando Oaxaca? Es lo único que podría faltarnos.

Decisiones recentralizadas: ¿autoritarismo o relevo?

La semana pasada priistas de dos facciones distintas se enfrentaron en el marco de la toma de protesta del nuevo dirigente de la Confederación Nacional Campesina, sector agrario del PRI. Al margen de la disputa, de los intereses que cada grupo defendía, y del atropellado relevo en la dirigencia, lo que queda en el fondo es la decisión tomada desde la Ciudad de México de seguir decidiendo el rumbo del priismo local… sin considerar al priismo local.
En efecto, desde hace más de tres años varios grupos de priistas locales han exigido que se les tome en cuenta en las decisiones de su partido. A partir de diciembre de 2010 el PRI local se quedó sin su figura central, que era el Gobernador del Estado. Aunque parezca algo extraño, el reclamo del priismo en la orfandad era legítimo: hasta antes de la derrota de 2010, la voluntad del priismo local siempre había sido sustituida por la del Gobernador, en su calidad de Primer Priista del Estado. Y lo que exigían, era que por primera vez se les considerara, ahora que la figura del Jerarca había desaparecido.
Ello no ocurrió, por varias razones. La primera de ellas era la polarización natural, después de una derrota del tamaño del PRI en 2010. Aquí en Oaxaca, el PRI siempre había sido un partido de “carros completos”. Por eso, en la derrota, los priistas trataron primero de hacer un ajuste de cuentas que falló, porque el feneciente liderazgo de Ulises Ruiz continuó determinando el cacicazgo priista varios meses después de haber dejado la gubernatura.
Luego, el CEN intentó la política de los acercamientos, en aras de hallar un equilibrio que le permitiera a los priistas oaxaqueños darse una dirigencia propia. Envió a un primer delegado nacional (Jorge Sandoval Ochoa) que buscó sin éxito las avenencias. Luego llegó otro emisario que tampoco pudo hallar puntos de coincidencia de una militancia que demostraba ser menor de edad. Y finalmente, desde la Ciudad de México impusieron a los dos últimos dirigentes. Uno, Juan José Moreno Sada, que pasó de noche por la dirigencia. Y Héctor Anuar Mafud Mafud, que aunque llegó con respaldo sólido, no ha demostrado mayor capacidad de integración de los grupos priistas locales ni parece haber entendido bien el escenario de su dirigencia.
Y es que sólo a partir de conocer este panorama se pueden entender las decisiones actuales de la dirigencia nacional priista, y se pueden prever las relacionadas con los próximos procesos electorales. ¿Por qué las actuales? Porque hoy en día habría que preguntarnos con seriedad si la rotación de los sectores y organizaciones priistas —los sectores popular, agrario, juvenil, femenil y territorial, etcétera— está atendiendo a un proceso de verdad integrador (en el que la dirigencia priista de Oaxaca opina y contribuye a la decisión final), o si es sólo producto de negociaciones y decisiones tomadas de forma lisa y llana desde la capital del país.
En ese sentido, lo que ocurrió la semana pasada en la CNC es sintomático, porque lo ocurrido fue todo menos un albazo. Más bien, un Delegado Nacional fue enviado a conducir el proceso de renovación de la dirigencia del sector campesino. En apariencia todo se desarrollaba sin contratiempos, hasta que se atravesó el interés de la fracción del PRI en el Congreso local, para exigir un “proceso democrático” y repudiar las imposiciones que, según ellos, generaban división.
¿Qué buscaban? Que la decisión tomada en la Ciudad de México no se concretara en Oaxaca. Pero su molestia, en realidad, no tenía que ver con el rechazo a la verticalidad, sino con la intención de quedarse ellos —en un agandalle— con el sector, para ocuparlo después como un trampolín político para la elección federal intermedia de 2015, y también para tratar de demostrar —fallidamente— que influyen en las decisiones de su partido. Por eso el diputado Freddy Gil Pineda Gopar utilizó a sus golpeadores de siempre para que intentaran reventar la sesión en la que le tomarían protesta a Lino Velásquez. Lo hicieron, aunque sin poder evitar que se consumara la transmisión de la dirigencia, por la que el Delegado de la CNC había venido a Oaxaca.

LA RECENTRALIZACIÓN
Sólo un ingenuo podría creer que de verdad el PRI es un partido democrático. La prueba está en que, por ejemplo, el arribo de Mafud a la dirigencia priista fue producto de un consenso hecho en la Ciudad de México, después legitimado por el Consejo Político, que fue creado y convocado ex profeso para formalizar su nombramiento. Lo mismo ha pasado —y seguirá pasando— en los sectores priistas en los que habrá o hubo relevo. Frente a ese panorama, ¿alguien puede creer que de verdad se decide respetando o tomando en cuenta los tiempos, las formas y a la militancia, en esas decisiones?
Lo cierto es que no. Y eso es lo que agrava todavía más lo ocurrido en la CNC. Pues lo evidente es que ni la dirigencia estatal, ni los cenecistas, ni los diputados locales, parecen entender que lo que están haciendo no se traducirá en democracia interna o en respeto a la militancia, sino exactamente en lo contrario: si la CNC —o el CEN del PRI— envió a un Delegado a que operara el relevo, y éste se enfrentó a una turba que intentó impedir no su decisión, sino la decisión del CEN, entonces lo que está ocurriendo es que ese priismo local está nuevamente demostrando su minoría de edad y su incapacidad para entender la naturaleza de las decisiones de su partido, lo cual terminará, finalmente, alimentando la verticalidad del CEN del PRI.
Y es que, preguntémonos, ¿si Mafud se pronunció porque el cambio en la CNC se dé “con respeto entre los cenecistas, y con apego a los tiempos y formas” (en claro rechazo a la operación que vino a hacer el delegado cenecista Oscar Bautista), entonces fue porque no le preguntaron, o porque él mismo no está de acuerdo con decisiones idénticas a las que lo llevaron a él a la dirigencia priista?

OAXAQUEÑOS, SIN FUTURO
Si entendemos la lógica de estas decisiones, entonces podemos prever que dentro de unos meses, cuando se decidan las candidaturas y el rumbo del priismo local frente a las elecciones federales de 2015, tampoco le preguntarán a nadie en Oaxaca. Es decir, en la Ciudad de México nombrarán candidatos y los impulsarán —si quieren— al margen de la dirigencia estatal. Ese es el mensaje de fondo que trae aparejado el nombramiento de Velásquez, muy a pesar de todos los priistas oaxaqueños —Mafud, incluido— que no estaban de acuerdo con ello.

 + PTEO no es propuesta; no tiene algo firme

Los maestros de la Sección 22 del SNTE tienen establecido un plantón representativo en el zócalo de la capital oaxaqueña; además bloquean recurrentemente la sede del Poder Legislativo para evitar un “albazo”; diario presionan al Ejecutivo para que no promulgue una ley educativa sin su consenso. Y sin embargo hasta hoy no tienen una sola propuesta concreta para la Ley Estatal de Educación.

En efecto, por un lado, causa alarma que la Sección 22 esté desplegando todas las acciones de protesta que los oaxaqueños resentimos a diario en nuestra entidad, pero que al mismo tiempo acepte de forma disimulada que hasta este momento no cuenta con ninguna propuesta concreta para la nueva Ley Estatal de Educación. Causa alarma por los devastadores efectos que puede tener para Oaxaca la decisión magisterial de escalar en sus protestas. Sin embargo, si tomamos en cuenta que la 22 nunca ha tenido entre sus virtudes la de convertir sus protestas en propuestas, esta situación no debería asombrarnos.

Y es que en los últimos días hemos visto cómo la Sección 22 ha tratado de incidir de forma cada vez más radical en el escenario estatal, exigiendo que tanto el Ejecutivo como el Congreso del Estado eviten un albazo legislativo y tomen como base para la elaboración de la ley, las propuestas y los resultados de los 37 foros educativos que ellos realizaron. Reiteradamente, los Poderes Ejecutivo y Legislativo han constatado frente a la ciudadanía su compromiso de que la nueva Ley de Educación estará lista a más tardar cuando arranque el próximo ciclo escolar, a finales del mes próximo. Pero tal parece que mientras la 22 gasta demasiado tiempo cercando a funcionarios y legisladores, y exigiendo respeto a los acuerdos, olvidaron dedicarse de lleno a la elaboración de sus propuestas de ley.

¿De qué hablamos? De que en el documento de Acuerdos, Tareas, Pronunciamientos y Plan de Acción emanados de la Asamblea Estatal Extraordinaria celebrada por la Sección 22 el 18 de julio pasado, hacen llamados y reconocimientos que, por decir lo menos, son contradictorios y reveladores de la falta de trabajo y propuestas concretas por parte del magisterio para la ley educativa.

En concreto, la Asamblea de la Sección 22 estableció en el Acuerdo 38 que “Avala la propuesta de estructura de la Ley de Educación para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca que presenta el equipo técnico de la Sección XXII para la construcción de la Ley Estatal de Educación con algunas contextualizaciones políticas, jurídicas y pedagógicas para el conocimiento de las bases del MDTEO”. Sin embargo, más adelanete, en la Tarea 9 del mismo documento, la Asamblea establece: “Que el equipo técnico redactor de la Ley Estatal de Educación de la Sección XXII presenten (sic) de manera inmediata el primer borrador del anteproyecto a la Asamblea Plenaria y a la Asamblea Estatal”.

La contradicción es evidente: Por un lado, la Asamblea está avalando “la propuesta de estructura” de la Ley Estatal de Educación “que presenta el equipo técnico de la Sección XXII para la construcción de la Ley Estatal de Educación…”; pero en la contraparte, la propia Asamblea reconoce que ese equipo técnico encargado de la redacción de la propuesta de ley no ha presentado ninguna propuesta concreta a la Asamblea Estatal. Por eso, en su Tarea 9 llama de forma urgente a “que el equipo técnico redactor de la Ley Estatal de Educación de la Sección XXII presenten (sic) de manera inmediata el primer borrador del anteproyecto a la Asamblea Plenaria y a la Asamblea Estatal”.

¿Cómo puede la Asamblea Estatal avalar algo que simplemente no conoce, porque el equipo técnico redactor de la propuesta educativa ni siquiera ha presentado el primer borrador del anteproyecto? ¿Cómo tomar en serio el aval que la Asamblea de la Sección 22 le está dando a una “propuesta de estructura” de la Ley Estatal de Educación cuando ni siquiera ellos conocen el contenido real de la misma? Más bien, lo que queda en evidencia es que una vez más el magisterio democrático está sucumbiendo ante la petición de los poderes formales de que convierta en propuestas concretas los planteamientos que hace en sus jornadas de protesta.

En este caso, es claro que el magisterio no tiene avances importantes en lo sustancial de la ley educativa. Y su decisión de presionar a los poderes en realidad no viene acompañada de ningún interés o compromiso con la ciudadanía. Lejos de cuando menos hacerse parte del compromiso hecho por el gobierno y el Congreso para que antes del inicio del nuevo ciclo escolar esté aprobada la ley, la 22 se está tomando todo el tiempo del mundo —como si ellos y Oaxaca tuvieran tiempo de sobra— para elaborar una propuesta que nadie sabe el nivel de avance que tenga, ni si ésta tiene algún tipo de armonía con la Constitución de la República.

PÉSIMOS PARA PROPONER

Nada de esto, sin embargo, debía sorprendernos. La Sección 22 nunca ha tenido buenos antecedentes cuando de proponer se trata. El mejor botón de muestra fue el conflicto magisterial de 2006, en el que la Sección 22 planteó innumerables exigencias al gobierno federal respecto no sólo a los temas relacionados con ellos, sino también sobre temas de democracia, gobernabilidad, controles constitucionales y demás… pero nunca pudo convertir ninguno de esos temas en una propuesta concreta para ser elevada a rango de ley.

Quizá hoy no lo recordemos. Pero la Sección 22 y la APPO se quedaron literalmente sin materia cuando a finales de 2006 el gobierno federal les dijo que el diálogo sólo continuaría si el magisterio y las organizaciones que integraban la APPO eran capaces de convertir sus exigencias en una propuesta para la Reforma del Estado en Oaxaca. Nunca pudieron hacerlo, a pesar de que sabían que el costo sería elevado y que finalmente lo terminaríamos pagando todos los oaxaqueños. ¿Porqué? Porque no presentar ninguna propuesta equivalía dejarle toda la cancha libre al gobierno estatal para que hicieran una reforma a modo. Eso fue lo que hizo en su momento la Legislatura local de la mano con el gobernador Ulises Ruiz. Y el resultado es lo que vemos hoy en día.

¿GANAR EN LAS CALLES?

Su radicalismo nubla la capacidad de análisis de la Sección 22. Incidir en reforma es posible y deseable, siempre que haya propuestas. No las hay. Eso es terrible porque entonces están metidos en una lógica que bien podría llamarse “ni contigo, ni sin ti”. Y claro, los platos rotos los pagamos todos.

Si afán no es comercial, entonces que vuelva a su raíz

Los oaxaqueños no debíamos dejarnos embriagar por la fiesta de la Guelaguetza, y más bien deberíamos tener el deber de no dejar de verla desde un sentido crítico. Sólo así podríamos entender a cabalidad que el proceso de modificaciones deliberadas por el que la Guelaguetza ha atravesado en los últimos años sólo le provoca daños y desnaturalización, y que si el gobierno no tiene en realidad un afán económico entonces debía ser el primero en insistir en que los Lunes del Cerro regresen a su origen.
En efecto, quizá en la última década hemos visto cómo la Guelaguetza se ha venido modificando sustancialmente. Desde la decisión de duplicar el número de representaciones, hasta la decisión —refrendada por la actual administración— de modificar el Auditorio Guelaguetza, hacen evidente que la fiesta de los Lunes del Cerro han venido perdiendo la trascendencia y el colorido que las caracterizó en el pasado como expresión cultural auténtica de las comunidades oaxaqueñas, para convertirla en un conjunto de espectáculos inertes que están hechos para deslumbrar al turista, pero sin respetar la raíz de las tradiciones que ahí se representan.
Hoy en día esa intención comercial está a la vista: desde que se decidió duplicar el número de representaciones de la Guelaguetza, el programa tradicional de los Lunes del Cerro comenzó a sufrir modificaciones que hasta ahora no han tenido forma, orden, ni límites. Lo primero que ocurrió es que como había que cubrir con bailes y muestras de tradiciones las dos representaciones de cada lunes, el Gobierno del Estado y el Comité de Autenticidad comenzaron a relajar los requerimientos para las comunidades que aspiraban a participar en los Lunes del Cerro, y también comenzaron a incluir otro tipo de representaciones ajenas a los bailes, como calendas, mayordomías, bodas y fiestas populares de las comunidades, que hoy son parte de la representación.
Ello ha permitido tener cubiertas las cuatro presentaciones de los Lunes del Cerro, pero sin atender concretamente al criterio inicial de que lo primordial debían ser bailes. Y los organizadores de la fiesta de los Lunes del Cerro han venido aprovechando año con año la doble bendición que, primero, para ellos constituye el hecho de que como la gran mayoría del turismo nacional y extranjero no tiene mayores antecedentes de lo que ve, de todos modos termina aplaudiendo y reconociendo la representación, que si bien es altiva y colorida, no es lo que debía ocurrir; y segundo, que al final de todos modos la gran mayoría de los oaxaqueños termina seducido por la magia de la fiesta y el amor a la tierra, y deja en segundo plano los aspectos negativos, y las desviaciones, que ve pero no reconoce ni señala como debería, de los Lunes del Cerro.
Esta situación, al paso del tiempo, está institucionalizando lo que no debería ser de los Lunes del Cerro. Esto porque la reiteración de esas prácticas equivocadas, y de la forma en cómo han venido desnaturalizando la festividad, ha ocurrido sin una oposición firme de la ciudadanía, que lejos de seguir aplaudiendo y aceptando lo que a todas luces se ve que no es correcto, debería exigir el respeto a esta tradición, que si bien no es milenaria (porque tal y como la conocemos data de la década de los treintas del siglo pasado), sí tiene más de ochenta años siendo columna vertebral de la forma en cómo Oaxaca presenta a México y al mundo algunas de las principales tradiciones de sus pueblos originarios.

¿ACTIVIDAD CULTURAL O COMERCIAL?
Eso es algo que todos, gobierno y ciudadanos, debíamos preguntarnos respecto de la Guelaguetza. Es cierto que la fiesta de los Lunes del Cerro constituye uno de los detonantes económicos más importantes del año para la entidad, y que es también fuente directa e indirecta de empleo para miles de personas. Sin embargo, habría que hacer claramente una distinción entre el dinero que el gobierno invierte y administra para llevar a cabo una festividad cultural que detona la economía y sirve como motor para prácticamente todos los sectores locales que dependen del turismo, y lo que pudiera ser un negocio para el propio gobierno.
Lo anterior se desprende de la apariencia que se da hoy en día, de que la fiesta de los Lunes del Cerro son un negocio del gobierno para su beneficio, y no una inversión pública con organización oficial encaminada a reactivar la economía local, luego del largo periodo que pasa desde el periodo vacacional de Semana Santa hasta el mes de julio.
Si el gobierno de verdad comprendiera que la fiesta de la Guelaguetza es un detonante económico y no un negocio, entonces tendría que dedicarse con mucho más esmero a cuidar los fundamentos de la festividad, y procurar que al margen de los rubros comerciales, ésta preservara los aspectos esenciales de su originalidad. Hacer eso sería la garantía de una festividad perdurable, y de la preferencia a largo plazo del turismo nacional y extranjero.
Lamentablemente hoy lo que parece es que lo que buscan es sacar provecho a corto plazo, aún frente al riesgo de que todo lo que están haciendo termine minando y desvirtuando lo que originalmente se pretendía. ¿De verdad conviene llevar a cabo dos representaciones en cada una de las ediciones de los Lunes del Cerro? ¿De verdad esto reporta una afluencia mayor de turistas, o una derrama económica mayor para la economía local? Incluso, ¿vale la pena poner en riesgo la forma en cómo se estableció la festividad, en aras de alimentar la venta de asientos del Auditorio Guelaguetza, lo cual no alcanza ni para costear una parte de los gastos totales que se realizan durante cada mes de julio?
Es lamentable que no exista interés institucional, de todo el gobierno, por cuidar lo que para Oaxaca ha sido su principal fuente de ingresos, dentro del rubro turístico. Nuestro Estado es reconocido por su diversidad de expresiones culturales y las costumbres ancestrales de sus pueblos. Pero ello no es garantía de preservación, así como tampoco la responsabilidad de la organización de los Lunes del Cerro, es patente de corso para que el gobierno haga lo que quiera con esas festividades que, al final, no son de ellos sino de todos los oaxaqueños.

LOS PUROS Y LOS CONVERSOS
Pues sí, es de locos pero parece que en la coyuntura de los rejuegos actuales, el ulisismo le sigue ganando batallas a sus contrapartes al interior del PRI. Ahí va Fredy Gil, según contra el ulisismo, por la CNC. ¿Y entonces él qué era…o es?

¿De qué sirven sus protestas representativas?

La Sección 22 del SNTE enfrenta un dilema profundo, que su dirigencia y sus bases no parecen comprender: para poder ganar las batallas en que se enfrascaron hacen falta acciones encaminadas a lograr sus fines, antes que a ser simples demostraciones de radicalismo, de falsa ideologización o de apego a sus principios sindicales. ¿Cómo quiere el magisterio imponerse como el grupo político predominante en la entidad, y conseguir que la ley responda a sus dictados, si las acciones que emprende van encaminadas a todo menos al logro de esos objetivos?
En efecto, el fin de semana previo la Asamblea Estatal de la Sección 22 decidió que durante las próximas semanas van a realizar un paro rotativo representativo en el zócalo de la capital oaxaqueña. A la par de ello están efectuando su programa anual de la Guelaguetza popular, y están también llevando a cabo diversas acciones de hostigamiento a representantes —según ellos— de intereses capitalistas y transnacionales que atentan contra el pueblo.
Todo eso lo están haciendo, básicamente para lograr tres objetivos: primero, que el gobierno federal tome la decisión de iniciar el proceso para derogar —porque “abrogar”, que significa dejar sin efecto todo un ordenamiento jurídico, es un término incorrecto que reiteradamente ocupa la Sección 22— el contenido reformado de los artículos 3 y 73 de la Constitución federal, relacionados con la evaluación de la educación y todo lo que fue adicionado con la llamada reforma educativa.
Segundo, que el gobierno y el Congreso estatal lleven a cabo el proceso de armonización de la ley educativa local en base a los planteamientos que ellos establecieron en su Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO), y no en lo que disponen la Ley General de Educación, la Ley del Servicio Profesional Docente, y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y tercero, que los tres ámbitos de gobierno, y sus tres respectivos poderes, asuman que la Sección 22 es un portavoz válido y único del pueblo de Oaxaca —y de México— y comiencen a actuar en base a lo que ellos dictan, y no a lo que las oligarquías quieren para poder seguir subyugando al pueblo oprimido.
Detrás de esos planteamientos hay una larga lista de apoyos de las izquierdas, que respaldan ampliamente los planteamientos de la Sección 22, pero callando —o diciendo, y haciendo, francamente muy poco— para respaldar con hechos todo lo que el magisterio dice como gremio, como disidente, y como representante del pueblo.
Y es que queda claro que en realidad no hay alguien que con un sentido mínimo de oposición, pueda allanarse a lo que quiere el gobierno. Es decir, siempre va a ser posible creer que la evaluación de la educación puede y debe ser distinta a como la planteó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto; también va a ser siempre posible creer y sostener que toda lucha a favor del pueblo es justa; e incluso es también factible estar de acuerdo en que sería saludable para la nación tener una oposición más robusta, más civilizada y más propositiva.
Todo eso es lo que se supone que la Sección 22 representa. Sin embargo, cuando se analiza su programa de acción encaminado a cumplir con esos objetivos, todo adquiere una dimensión distinta —que no necesariamente significa que sea algo superior a lo dicho en sus postulados.

LUCHA REPRESENTATIVA
Veamos: para lograr el objetivo de que se deroguen los artículos 3 y 73 de la Constitución federal en lo relacionado a la reforma educativa realizada el año pasado, el magisterio de la Sección 22 no necesita, ni le sirve, un paro representativo, ni un plantón, ni movilizaciones en Oaxaca, y tampoco trasladar sus protestas a la Ciudad de México. Los maestros, pues, necesitan entender que no sirve de nada tomar —e incluso ganar— las calles si eso no se traduce en acciones firmes para lograr sus objetivos.
¿Cómo hacerlo? Lo que tendría que hacer la 22 es conseguir que un grupo de diputados o senadores de la República impulsaran una iniciativa de reforma a esos artículos, y después hacer toda la presión posible para que los poderes federales votaran a favor de esa reforma que dejaría sin efectos el contenido constitucional que ellos repudian. Luego tendrían que presionar al Presidente de la República para que sancionara la reforma y la publicara en el Diario Oficial de la Federación. Así, y sólo así, verían cumplida su demanda. Obviamente en las condiciones actuales ni el Congreso federal, ni el Ejecutivo, estarían dispuestos a hacerlo. Pero queda claro que el magisterio tampoco está dando la batalla para eso.
Ahora bien, si lo que quiere la Sección 22 es que el Congreso de Oaxaca legisle lo que ellos proponen en el PTEO, es necesario que tengan toda la capacidad política, combinada con serenidad y contundencia, para incidir en el debate político de una reforma posible. Hay puntos concretos en los que ellos pueden lograr una victoria, si su objetivo es pugnar porque se tome en cuenta en la nueva ley la realidad de los pueblos y las necesidades de reconocimiento de la pluriculturalidad y la diversidad.
Pero si lo que quieren es enmascarar en esos postulados nobles su intención de que el Congreso de Oaxaca inaplique lo establecido en la Constitución federal entonces no sólo estará cometiendo un despropósito, sino que también estará reiterando el autoengaño: esté o no lo que ellos quieren en la ley estatal, de todos modos el contenido íntegro de la reforma educativa será vigente y aplicable en Oaxaca a partir del 1 de enero de 2015, y esas reglas también les aplicarán a ellos.
Al final, parece que los maestros oaxaqueños están llevando a cabo todas esas acciones sólo para dejar constancia que dieron la batalla, aunque sabiendo de antemano que la van a perder. Están emprendiendo acciones para demostrar su inconformidad. Pero en realidad no están haciendo nada para conseguir los objetivos que se supone que se trazaron para cumplir y no sólo para contemplar.

ARMONIZACIÓN
La “gran” reforma que necesitan hacer los diputados oaxaqueños no tiene mucha ciencia. Más bien, están buscándole tantos pies al gato como sea posible. Al final, lo que van a terminar haciendo —y de todos modos habrá conflicto— es remitir todos los temas importantes de la Ley Estatal de Educación a lo que establecen las normas federales aplicables a cada caso concreto. Es, pues, algo así como una remisión simple. Todo lo que se aparte de eso será objeto de una nueva controversia constitucional. El tiempo lo dirá.

+ Falta de consenso, reflejo de crisis ideológica

El viernes pasado, en su asamblea estatal, la Sección 22 del SNTE decidió iniciar una jornada de movilización rotativa por regiones, como parte de la cobertura al proceso de creación de la nueva ley estatal de educación y de las respectivas mesas de negociación que tiene con los gobiernos estatal y federal. Aunque ésta parece una decisión sólida y con suficiente legitimación, en realidad al interior de la 22 parece que los sectores radicales están perdiendo la guía del equilibrio entre la movilización y el apego a los principios políticos que rigen a ese sindicato.

En efecto, aunque en apariencia las decisiones tomadas por la Sección 22 parecen seguir la misma lógica de siempre de la movilización-negociación-movilización, desde el mismo seno del magisterio existen voces que alertan sobre las desviaciones de la lucha magisterial y lo complejo que resulta en estos momentos creer que son todos los maestros quienes están asumiendo decisiones que, en realidad, están siendo tomadas por unos cuántos. Vale la pena entender esta vertiente de la crisis educativa de la entidad.

Y es que resulta que el pasado 18 de julio, producto de su Asamblea Estatal Extraordinaria, la Sección 22 fijó como su tarea número 33 lo siguiente: “Esta Asamblea Estatal después de haber realizado su consulta a las bases, en el marco de la defensa de la Educación Pública, por la estabilidad laboral de los trabajadores de la educación, por el respeto irrestricto a los acuerdos políticos y suscritos ganados por el MDTEO, por la construcción de una Ley de Educación para el Estado Libre y soberano de Oaxaca donde se incluyan los resolutivos de los 37 foros sectoriales, por una comisión de la verdad que de justicia al pueblo de Oaxaca y preparar las condiciones de unidad a nivel nacional para continuar la lucha por la abrogación de las contrareformas a los art. 3º y 73 constitucionales así como de sus tres leyes reglamentarias punitivas, declara una jornada de movilización rotativa por regiones, iniciando el día 21 de julio de 2014 en el zócalo de la Ciudad de Oaxaca…”

Esta es la respuesta, según la Sección 22, al proceso de construcción de la ley educativa y a las mesas de negociación con los gobiernos estatal y federal. En dicho resolutivo asumen que el proceso legislativo de la ley educativa se llevará a cabo conforme a lo firmado en la declaración política del 10 de marzo pasado, sin albazos, y por eso no disponen el establecimiento de cerco alguno en las instalaciones del Congreso del Estado.

Sin embargo, más allá de haber dispuesto la movilización rotativa y las acciones para el mes siguiente —hasta antes del inicio del nuevo ciclo escolar— habría que preguntarse qué proceso ha seguido la toma de esas decisiones y qué grado de legitimidad tienen éstas en realidad.

LAS DESVIACIONES

Ayer, en las páginas del diario Noticias aparece un texto de Ricardo Rojo, que constituye una de las críticas internas más agudas que se le han hecho a la Sección 22 en los últimos tiempos. El articulista comienza dando dos datos que son reveladores, respecto a la Asamblea del 18 de julio, y a la forma en cómo en base a una consulta a las bases, se tomó la decisión de ir al paro rotativo.

El primero de esos datos, es el siguiente: que el pasado viernes se instaló “una forzada” asamblea estatal, con sólo 444 representantes de un total de 856. Es decir, que si la Asamblea Estatal funciona con un quórum de la mitad más uno, para poder llevarse a cabo necesitaba la presencia de 429 delegados. Y el hecho de que sólo hayan acudido 444 de los 856, revela que las decisiones tomadas en esa Asamblea fue sólo con el 51.86 por ciento del total de representantes magisteriales.

Y el segundo dato que ofrece Ricardo Rojo es tanto o más revelador. Afirma que “según números reportados por el profesor Francisco Villalobos, Secretario de Organización”, la consulta a las bases a partir de la cual se tomó la decisión de realizar plantones masivos rotativos regionales en el zócalo citadino tiene como base “un dato frío resultado de una consulta: 14,418 profesores en favor, de un total de 78,233”.

Después de eso, Rojo alude el documento orientador para la jornada de lucha nacional y estatal, en el que la 22 llama a la unidad a todas sus bases magisteriales, y a continuar de manera organizada, con acciones contundentes y multitudinarias, para que con imaginación y capacidad de análisis, puedan responder a los intentos del gobierno porque abandonen la lucha.

Frente a este llamado, y lo contrastante de los números con los que la Asamblea de la Sección 22 está tomando decisiones, Ricardo Rojo reflexiona: “Estos párrafos revelan el trasfondo de una política perversa y colaboracionista si nos concretamos -sencillamente- a responder las siguientes preguntas: a) ¿tomar acuerdos con una tendencia de 14418 profesores de un total de 78233 contribuye a la unidad de su movimiento o a su división?, b) ¿No es desgastante y riesgoso andar persiguiendo diputados, aplicadores de exámenes, cierres de edificios y calles con asistencia disminuida y mantener un plantón con 37 elementos en la ciudad de México siendo un movimiento de masas poderoso?, c) ¿Acaso no pueden poner en marcha “toda su imaginación” para recrear el escenario neoliberal en el que ya cayeron? (lucha aislada, sin apoyo social, alejada de los temas nacionales como el de la entrega de la nación con la reforma energética, trampa de los diputados PRIistas y PANistas que anunciaron un albazo en la cámara local, etc.)…

“d) ¿Son los plantones regionales en el zócalo acciones de “unidad, contundentes y multitudinarias”?, e) ¿Con estas acciones “contundentes y multitudinarias” se logrará la abrogación de las reformas y adiciones a los artículos 3º y 73 de la constitución y sus leyes secundarias?, f) ¿El boicot a la Guelaguetza Oficial les devolverá las escuelas tomadas por la sección 59, la aprobación de la Ley Estatal de Educación de Oaxaca y dará respuestas a su Pliego Petitorio Estatal y Nacional?, g) ¿A quién sirve realmente una jornada de lucha en estas condiciones?”

CRÍTICA DE FONDO

Hay varios temas brutalmente dolorosos para la Sección 22, y también para la democracia en Oaxaca, que necesita de ellos. ¿Cómo lograr la abrogación de una ley? ¿Cómo recuperar su respaldo social, y las escuelas en poder de sus adversarios? Esos son dos de varios temas. Más bien, lo que parece es que el radicalismo está llevando a la 22 a la lucha irremediable, y al final a sólo darse un tope con la pared.

Guelaguetza oficial vs la magisterial: dos de lo mismo

Por noveno año consecutivo, la Sección 22 del SNTE presenta su propia edición de la fiesta de la Guelaguetza, en un intento por convencer a la ciudadanía de que ese es un esfuerzo genuino, auténtico y alternativo en contra de las decisiones comerciales del Gobierno del Estado, pero guardando silencio respecto al lucro en el que ellos también incurren frente a toda la ciudadanía por insistir en presentar una fiesta espejo —con vicios y desviaciones, incluidos— de los Lunes del Cerro, que en realidad no aporta ni rescata nada de la cultura de Oaxaca.
En efecto, la llamada “Guelaguetza magisterial” nació al calor de la refriega popular del 2006, cuando los maestros boicotearon la festividad de los Lunes del Cerro, y a cambio de eso montaron su capricho de una representación alternativa a la que se presentaba en el Auditorio Guelaguetza, para que el pueblo asistiera gratuitamente a admirar los bailes y las representaciones culturales de las comunidades indígenas de nuestro estado.
En aquella ocasión, los cuestionamientos contra los maestros se centraron en el boicot a la Guelaguetza, pero no en la insistencia de su propia representación. Y en los años siguientes, la ciudadanía olvidó preguntarse cómo logró subsistir la Guelaguetza magisterial, y qué interés persigue en realidad, al margen de ser una actividad “disidente” a las festividades oficiales.
Vale la pena preguntarse, por ejemplo, qué aportaciones culturales tiene la Guelaguetza magisterial; qué tradiciones y expresiones originarias de los pueblos ha rescatado; qué elementos comerciales ha eliminado; y, sobre todo, cómo se financia y cómo habría conseguido tomar distancia de los Lunes del Cerro que organizan los tres niveles de gobierno en Oaxaca.
Comenzar por el tema de las tradiciones no es irrelevante: se supone que los maestros son quienes tienen una capacidad mucho mayor de palpar las verdaderas expresiones culturales en los pueblos, a partir de que son un gremio que tiene presencia en la inmensa mayoría de las comunidades de la entidad, incluso las más alejadas. Si los profesores de verdad tuvieran una vocación de rescate cultural de los pueblos indígenas, para ellos sería muy fácil corroborar que en verdad lo que viene a Oaxaca a presentarse es lo auténtico de los pueblos, porque ellos seguramente tendrían representantes permanentes en los mismos. Sin embargo, nada de eso ha sido relevante para el magisterio, que más bien ha venido haciendo presentaciones muy similares a las que organiza el gobierno en el Auditorio Guelaguetza.
Asimismo, hoy como cada año, la dirigencia de la Sección 22 pretende hacer creer a la sociedad oaxaqueña que con la llamada Guelaguetza oficial “se lucra con la cultura de nuestros pueblos”, y a partir de ello invita a que la ciudadanía acuda a la Guelaguetza magisterial, que se presenta en los campos deportivos del Instituto Tecnológico de Oaxaca, y que es gratuita.
¿De verdad el solo hecho de que la Sección 22 no le cobre a quien quiera ir a ver sus representaciones, le quita a su Guelaguetza el elemento del lucro económico y la hace ser una festividad cercana al pueblo? Aunque en apariencia podríamos afirmar que sí, para poder dar una respuesta cabal habría también que preguntarse de dónde salen los recursos con los que la Sección 22 costea todos los gastos que implica esa representación, y si para ello recibe ayuda gubernamental o sólo lo costea a partir de las cuotas de apoyo que le impone a cada uno de sus agremiados.

LUCRO, SIMILAR
Cada año, el Presupuesto de Egresos de la Federación dispone de fondos para que el gobierno municipal de Oaxaca de Juárez, el gobierno del Estado de Oaxaca, y el gobierno federal a través de la Secretaría de Turismo, organicen y dispongan todo lo necesario para las festividades de la Guelaguetza. El objetivo es que el gobierno organice la celebración, pero que toda la derrama económica que genera en turismo, en impuestos y en comercialización de ciertos aspectos de la festividad, convierta ese gasto en inversión y genere ganancias no para el gobierno, sino para todos los sectores de la economía que tienen movilidad a partir de esos eventos.
Frente a todo esto, demos por hecho que la Guelaguetza oficial le cuesta al pueblo porque la fiesta es costeada con impuestos, y luego además debe pagar por asistir a verla. ¿Y la Guelaguetza magisterial no tiene ninguno de esos elementos? Pues para empezar, el gobierno estatal y la dirigencia magisterial debían dejar bien claro si utilizan o no fondos públicos para llevar a cabo dicha celebración que, a su vez, está diseñada para ser una contracara de la Guelaguetza oficial, y que con ello intenta contrarrestar los efectos que busca la inversión hecha en la celebración de los Lunes del Cerro, para generar movilidad económica e impuestos.
Es claro que si en esto no hay claridad (pues cada año, desde el gobierno de Ulises Ruiz y hasta la fecha, se habla de los recursos que le facilita el gobierno a la Sección 22 para que pague su celebración, porque ésta así y lo exige y lo hace parte de su pliego anual de demandas), sí debiera haberla en la forma en cómo el gobierno se boicotea solo en sus fines con tal de cumplir el capricho del magisterio, el cual además sí le cuesta a la ciudadanía porque el dinero que les da el gobierno proviene de impuestos que pagamos todos los oaxaqueños.
Lo más lamentable de todo, es que en estos nueve años la 22 se ha dedicado a hacer una celebración espejo de la oficial. En este año, para comprobarlo no hace falta más que con ir a ver cómo anuncian su Guelaguetza: con monumentales lonas impresas colocadas en las fachadas de sus edificios sindicales, que son exactamente iguales —sólo cambian algunos colores y tipografías— a las que cada año manda a hacer el Gobierno del Estado y el Municipio de Oaxaca de Juárez para promocionar las festividades que ellos organizan.
¿Qué aporta la Guelaguetza magisterial? Nada. ¿Cumple su función de no lucrar con la cultura de los oaxaqueños? No. ¿Cuánto nos cuesta a todos? Es alarmante que el gobierno y el magisterio guarden silencio respecto a ello.

TODO O NADA
Los maestros no van a dejar de protestar. Ellos quieren todo, sin cortapisas. Quieren, pues, una rendición incondicional del Estado —como ha sido en los últimos lustros— a favor de sus intereses. El jaloneo por la ley educativa tiene, pues, muchos capítulos pendientes. La 22 se juega todo. Vienen, reiteramos, días muy difíciles para Oaxaca.

Lorenzo San Pablo, oculto crimen de Estado

Están equivocados quienes dan por hecho que con el encarcelamiento de Bulmaro Rito Salinas, se está haciendo justicia respecto a los hechos delictivos del pasado reciente en Oaxaca. La captura de Rito es, a lo mucho, una más de las venganzas entre grupos políticos que finalmente tendrá un arreglo en la misma arena de los intereses políticos, donde se decidió su captura. Pero si de verdad el gobierno estatal quiere dar una muestra de fondo de que está dispuesta a hacer justicia, debería desempolvar, investigar, y perseguir a los responsables, y afrontar las consecuencias institucionales, por el asesinato del activista Lorenzo San Pablo Cervantes.
En efecto, para entender cabalmente la trascendencia del homicidio de San Pablo Cervantes, vale la pena hacer memoria respecto a lo que pasaba en Oaxaca en agosto de 2006. ¿Qué pasaba en aquel entonces? Si recordamos, los maestros habían estallado su paro indefinido de labores, y el plantón, a finales de mayo; el 14 de junio el gobierno de Ulises Ruiz intentó fallidamente desalojarlos, y ello desató una crisis de gobernabilidad sin precedentes. Así, ante las circunstancias, el Gobierno del Estado decidió acuartelar a los elementos de todas sus corporaciones policiacas. Por ese hecho, los integrantes de la Sección 22 del SNTE y de la APPO eran libres de ejecutar toda clase de hechos en las calles de la capital oaxaqueña.
En aquel momento —agosto de 2006— los inconformes, ya habían tomado conciencia de la importancia de tener bajo su dominio las principales radiodifusoras locales; habían venido ocurriendo una serie de agresiones y auto ataques que, a través del despojo y la violencia, les habían permitido hacerse —como nunca antes había ocurrido en México— de todas las señales radiofónicas de la capital oaxaqueña. Y ante ese hecho, el gobierno había reaccionado enviando convoys policíacos (las llamadas “caravanas de la muerte”) para tratar, aparentemente, de “limpiar” las calles y despojar a los inconformes de las señales usurpadas.
En ese contexto murió Lorenzo San Pablo Cervantes, el 22 de agosto de 2006. Ese individuo, que era empleado de la Secretaría de Obras Públicas, tuvo la desafortunada idea de atender el llamado appista —hecho a través de la radio— para resguardar las instalaciones de la empresa radiofónica RPO, que entonces se encontraba bajo su poder. Al paso del convoy policiaco hubo un enfrentamiento con los inconformes. Y al accionar uno y otro grupo las armas con las que contaban, quien cayó muerto fue el mencionado sujeto. A pesar de que son muchos los acontecimientos relacionados con el conflicto magisterial que le generan una responsabilidad al Estado en Oaxaca, el homicidio de Lorenzo San Pablo es el más evidente crimen que se cometió formalmente a manos de agentes estatales y terminó en el cajón de la impunidad.
Ese hecho, aunque —para bien o para mal, según sea el caso— hoy pase totalmente desapercibido, constituyó el inicio del periodo más violento por el que ha atravesado Oaxaca. Fue a raíz del asesinato de San Pablo Cervantes, que los grupos sociales —y demás organizaciones que acompañaron a la Sección 22 y la Asamblea Popular durante el conflicto magisterial— que apoyaban a la APPO, comenzaron a exigir que la población saliera a las calles a instalar el mayor número de barricadas posibles, y fue lo que generó un periodo de violencia social que nunca antes había ocurrido en Oaxaca, y en el país, en el cual mucha gente más salió violentada en su integridad o sus derechos fundamentales.

RESPONSABILIDAD DE ESTADO
Lorenzo San Pablo murió a manos de agentes estatales, que participaban en las llamadas “caravanas de la muerte”. La existencia de esos convoys policiacos está plenamente documentada, y también existen las evidencias de la circunstancia específica en la que falleció ese individuo. Así, no hay forma de que el Estado se desentienda de ese crimen, que fue el único que sin ninguna duda se cometió por agentes del Estado en una acción oficial que no tiene ninguna atenuante, explicación ni justificación.
¿Por qué entonces si hablamos de la justicia respecto a los excesos del pasado, nos alegramos —y quizá hasta nos demos por satisfechos— ante la aprehensión de Bulmaro Rito? Es muy posible que Rito, como varios otros integrantes del régimen anterior, haya cometido excesos y auténticos saqueos a las arcas estatales. Pero es insuficiente pensar que con ello quedan saldadas las cuentas del pasado, y que entonces ya se puede dar borrón y cuenta nueva a todo lo que ocurrió durante ese periodo.
Una cosa son los posibles delitos cometidos en el ejercicio de la función pública (como el peculado, o desvío de recursos, que hoy está tan de moda), y otros los delitos flagrantes —como el asesinato de San Pablo Cervantes, que fue atacado en desproporción, y que además estaba desarmado— que incluso pueden llegar a constituir crímenes de lesa humanidad, cuya responsabilidad también pesaría sobre Ulises Ruiz y sus funcionarios.
Al final eso es lo que más restituiría a toda la sociedad: que el gobierno asumiera su responsabilidad, y por un lado decidiera investigar, a través de sus propias instancias de procuración de justicia —y al margen de las poses demagógicas de las “comisiones de la verdad”— para esclarecer esos auténticos crímenes cometidos en aquel periodo; y que por el otro extremo el gobierno asumiera su verdadera responsabilidad de Estado y buscara, voluntariamente, la reparación de los delitos cometidos, entendiendo esto no sólo en el ámbito de las restituciones económicas, sino estableciendo todo un esquema de reparación enfocado a que nunca más un crimen de esos volviera a cometerse en nuestro estado.
Esta última parte sí le correspondería asumir al gobierno de Gabino Cué. Lamentablemente los encargados de velar por los derechos humanos en este gobierno reducen el tema a activismo y lucha social, dejando cuestiones sustanciales, como las reparaciones, entre las cosas que no les generan interés promover.

ENTREVISTA EN PRISIÓN
¿Cómo está eso de que un reportero puede entrar a una penitenciaría a entrevistar a un recluso, con una grabadora digital o, aún más, con un teléfono celular con el que lo videograba? Por el morbo, muchos no repararon en el detalle, pero eso fue lo que pasó con Bulmaro Rito, que ya fue “entrevistado” dentro de Ixcotel. ¿Así de relajadas están las medidas de seguridad para ingresar al penal? ¿Quién lo permitió? Eso debe explicarlo el titular de la SSP, Alberto Esteva Salinas.

Jerarquía entre ámbitos de gobierno, determinante

El proceso de armonización de la legislación educativa estatal con la federal, es importante para Oaxaca y para la Federación por las implicaciones políticas que tiene, pero no por las legales. Aunque en el ámbito político, Oaxaca tiene una prueba de fuego ante la encrucijada que resulta por la necesidad de armonización, junto con la oposición de la Sección 22 del SNTE a las nuevas reglas constitucionales —y el apoyo del régimen local al magisterio—, es claro que ello bien puede ser constitucionalmente intrascendente. Es importante entender por qué.
En efecto, la nueva legislación en materia educativa estableció rubros que hasta ahora no existían. El más sensible de ellos es el establecimiento de todo un sistema de evaluación de la actividad docente, que es aplicable para todos los profesores de educación pública básica del país. Contra este sistema en concreto, es que los trabajadores afiliados a la Sección 22 han manifestado su rechazo, y por esa razón han desplegado un conjunto de acciones —que no hemos visto desplegado completamente, hasta ahora— para tratar de impedir que la legislación federal baje al ámbito estatal.
En ese sentido, la 22 cree que con eso, y con la posible elevación de su Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO) a rango de ley, podrá escabullirse de las nuevas reglas establecidas en la Constitución de la República. Suponer eso es un error, pues aún impidiendo por completo la armonización de las leyes estatales con las federales, de todos modos seguirán prevaleciendo las normas federales. Hay razones relacionadas con los principios de jerarquía normativa, que son muy concretas y que fundamentan lo que afirmamos.
¿De qué hablamos? De que necesitamos entender la trascendencia del artículo 124 constitucional, que a la letra dice: “las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados”. Este precepto deja ver la existencia de dos competencias: una originaria, que es la de las entidades federativas; y una derivada, que es la federal. Por eso ese artículo debe ser entendido a partir de las facultades que toma la Federación como ámbito de competencia, y todo el resto —no enumerado— que es lo que se queda en el ámbito de las entidades federativas para su libre reglamentación.
Entender la trascendencia de este artículo es fundamental por una razón simple: hasta antes de la reforma constitucional en materia educativa, el Congreso de la Unión no tenía la facultad de legislar en materia de evaluación docente. Y tomemos en cuenta que, primero, ese rubro no existía en ningún ordenamiento legal, y que, acaso, la evaluación se quedaba en meros acuerdos administrativos sin base constitucional; y segundo, que de haber existido hasta antes de la reforma federal de 2013, ese sistema constitucional de evaluación debió legislarse en los estados y no en la federación, porque las entidades federativas eran quienes tenían la libertad de legislarlos, a partir de que la Constitución federal no le daba facultades al Congreso de la Unión para emitir disposiciones legales en esa materia.
No obstante, tenemos que volver a este punto para comprender que al ya contemplar el artículo 73 de la Constitución federal, en su fracción XXV, la facultad para establecer un Servicio Profesional Docente que cumpla con lo dispuesto en el artículo tercero, entonces esas disposiciones son de observancia general en toda la República y el responsable de su aplicación es esencialmente el gobierno federal, independientemente de que sean o no acordes con las legislaciones estatales.

BATALLA POLÍTICA
Oaxaca se encuentra en una encrucijada, que no pone en riesgo, en el mediano y largo plazo, la vigencia de la reforma educativa federal. Más bien, la encrucijada se encuentra en la posible incapacidad de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Oaxaca para poder procesar la armonización de las normas educativas en un marco de gobernabilidad y diálogo con la Sección 22, y en los efectos negativos que ese fracaso tendría ante los ojos de la nación, y del mundo, que a partir de ello terminarían de constatar que en la entidad no gobiernan los poderes constituidos, sino un poder fáctico llamado Sección 22 del SNTE.
Ese fracaso, y el escarnio, tendrían su principal costo en el ámbito político, pero no en el educativo. Pues queda claro que tanto la Sección 22, como el mismo gobierno estatal y el Congreso local, pueden pasar todo el tiempo que deseen tratando de simular que trabajan en el proceso de armonización educativa, sin demostrar resultados de nada, y de todos modos el 1 de enero del año próximo el gobierno federal tomará posesión de los rubros más importantes de la evaluación de los docentes en la entidad, y entonces comenzará a recortar servicios y beneficios que tienen los profesores, y a normar todos los procesos que hoy se encuentran en manos de la Sección 22 y que por mandato de la Constitución federal, ahora deben ser regulados por la SEP.
Así, por ejemplo, los profesores de la 22 podrán seguir obstaculizando la realización de los exámenes de oposición para la asignación de nuevas plazas, y lo que hará la Federación es reservar esos espacios para cuando haya condiciones, sea en un mes o años después. Lo mismo ocurrirá con quienes no participen en el censo de docentes, o con quienes se nieguen a reconocer a la SEP como autoridad.
Así, mientras no haya condiciones, la SEP no abrirá nuevas plazas; quien no participe en el censo, no cobrará su salario, y quien se niegue a reconocer a la SEP, no será objeto de los servicios que ésta otorgue. En todos los casos, quien pierde es el magisterio, y no el gobierno federal, que aún en el caso de que no haya armonización, de todos modos vendrá a tomar posesión de lo que, por mandato de la Constitución de la República, ya tiene atribución para comenzar a regular.

DOÑA LIZBETH
Un tema que no debe dejar de considerarse respecto a la persecución judicial de ex funcionarios, es que existen versiones de que a principios de 2011 la entonces titular de la ASE, Rosa Lizbeth Caña Cadeza, entregó a los principales integrantes del régimen anterior, sendas cartas de liberación de responsabilidad por —según— haber solventado definitivamente la comprobación de sus respectivas funciones como servidores públicos. De existir esos documentos liberatorios, sería muy difícil fincarles una responsabilidad actualmente. ¿Será?