Discusión estéril: lineamientos están dados

Es una falsa actitud democrática la de insistir en el “consenso” de la nueva Ley Estatal de Educación. El binomio de la Sección 22 del SNTE y el Gobierno del Estado, ya llevaron a cabo 37 foros regionales en los que se supone que recogieron el sentir de la ciudadanía, los maestros y los expertos en el ámbito educativo. Ahora, para insistir en lo mismo, el Congreso del Estado anunció otros ocho foros. Detrás de eso están escondiendo una iniciativa que nadie sabe si existe, quién la preparará, qué contiene y, sobre todo, para qué habrán servido los 45 foros realizados al respecto.
En efecto, por un lado el 10 de marzo pasado el Gobierno del Estado, la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura y la Sección 22 del SNTE firmaron una declaración política para establecer las bases sobre las cuales se daría la discusión de la armonización legal en materia educativa en la entidad. Ahí se estableció que se llevarían a cabo foros para escuchar a la ciudadanía y para hacer democrática la construcción de la nueva ley. Así, la Sección 22 anunció la realización de 37 foros regionales en los que se escucharían a todos los sectores sociales, aunque ellos mismos remarcaron –y así lo avaló el Gobernador del Estado en su momento– que los principales participantes en esos foros serían los maestros.
La apariencia de los foros era buena, aunque su tuétano no parece tan homogéneo. El argumento para justificarlos se centró en que Oaxaca imponía un conjunto de circunstancias que debían ser reflejadas en la ley, y que para eso era necesario escuchar las inquietudes de los maestros para que a partir de ellas se pudiera construir una ley que respondiera a esas necesidades. Para darle forma a esas justificaciones, se habló de condiciones sociales, de marginación, de pobreza y de respeto a la cosmovisión de las etnias, la pluriculturalidad, las lenguas, los usos y costumbres y muchas otras cuestiones.
En realidad muchos de esos elementos son simples distractores. ¿Por qué? Porque a pesar de que en apariencia dicen que buscan apartarse de la homogenización que establece la ley federal, así como también de la negación de circunstancias de hecho (como la diversidad cultural, las condiciones sociales, la pobreza, etcétera), lo cierto es que muchos de esos no son temas propios de una ley en materia de educación, y también que muchos de esos problemas han sido abordados por otras normas federales, e incluso por la misma Constitución de la República.
En ese sentido, los maestros oaxaqueños han exigido que no se les tase igual que a los profesores del centro y norte de la República, en donde las condiciones de la educación son distintas por encontrarse los educandos en una mejor situación económica y social que los de nuestra entidad y todo el sureste de la República. Eso es entendible y aceptable. Sin embargo, ¿las condiciones de pobreza de los niños oaxaqueños son justificación para que a ellos como profesionistas (ojo, y no los resultados de su trabajo, influidos por las condiciones sociales) se les evalúe en sus propios conocimientos y se les obligue por la ley a cumplir ciertas condiciones y requisitos para mantenerse frente a grupo y para ascender en lo profesional y económico?
Obviamente esa no es una pregunta sencilla de responder. Pero más bien, lo que está ocurriendo es que ellos quieren evadir ese cuestionamiento a partir de la argumentación de temas sociales, económicos o de cuestiones relacionadas con la pluriculturalidad en que debe desarrollarse la educación en la entidad. Por eso, dicen querer incluir en la ley de educación estatal esos temas, cuando muchas de esas cuestiones ya se encuentran tuteladas por el artículo 2 de la Constitución General de la República, que establece las bases para la educación en las etnias –y que es complementario al artículo tercero, que habla propiamente de la educación–, o que son cuestiones programáticas que el gobierno debe atender (como la marginación o la pobreza) antes que contemplarlas como cuestiones irreversibles que deben determinar una diferenciación en la forma en cómo debe verse o evaluarse la educación en esas regiones.

¿Y LOS FOROS?
Algo sobre lo cual no se ha dicho nada en estos meses, es qué está pasando con los foros para la construcción de la norma educativa, y cómo van éstos a servir para la construcción de la nueva Ley Estatal de Educación. El asunto no es menor: ya se realizaron 37 foros, y se van a realizar ocho más, organizados por los poderes Ejecutivo y Legislativo, respectivamente, y hasta ahora no ha sido ventilada públicamente la metodología concreta a través de la cual se va a procesar, o se está procesando, toda la información y las propuestas que se han vertido en los foros, y cómo –y quién– es el encargado de construir la iniciativa de ley.
Eso es una verdadera incógnita. Y en esa incertidumbre, es claro que hoy los famosos foros de propuestas de la nueva ley educativa, lo mismo pueden ser un verdadero referente para la construcción de la iniciativa (si se está trabajando con método y a partir del ejercicio plural de reproducir en la ley lo escuchado en los foros), que una verdadera torre de babel, en la que todos hablan sin que nadie se entienda, y en la que no hay ni siquiera una memoria ni el cuidado necesario en el procesamiento de la información, para que eso se reproduzca en la ley.
Resulta que hoy en día nadie sabe concretamente quiénes participan, o participarán, por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en el grupo que construirá la norma educativa; tampoco se sabe si será sólo la Sección 22 (quien ya anunció un grupo, pero sólo convocado por su sindicato) quien realizará la iniciativa a partir de su sola visión, o si para esos efectos ya fue contratado un despacho “especializado” en el tema, que esté realizando el trabajo técnico mientras aquí se da la apariencia de que se realiza la iniciativa a partir de un ejercicio plural que en realidad es un conjunto de actos de justificación, y demagogia, para cubrir las formas.

PRETEXTOS
Al final, lo único que tenemos claro es que hay dos caminos: o construyen una norma que, al margen de la democracia magisterial y las justificaciones, se ajusta estrictamente a los lineamientos constitucionales federales; o construyen y aprueban una iniciativa que refleje los intereses magisteriales pero termine en una segunda controversia. Tanta democracia parece irrelevante: lo único que valdrá es si la ley educativa local se ajusta a lo que dice la Constitución federal. Nada más.

+ Miopía: fueron por cargos, no por la democracia

Estando prácticamente en el cuarto año de la presente administración, nadie debía sorprenderse de la falta de resultados en temas concretos como la rendición de cuentas, la transparencia y el castigo a los malos servidores públicos. La situación actual es consecuencia de un conjunto de acciones y medidas que no se tomaron, pero también es resultado de que los encargados de velar porque Oaxaca tuviera mejores instituciones y leyes, prefirieron la frivolidad y la comodidad de los cargos, antes que de los compromisos ante la ciudadanía. Por eso nadie debía hoy hacerse el sorprendido.

En efecto, Oaxaca se encuentra a poco más de la mitad de un conjunto de momentos históricos, en el que la entidad consiguió la alternancia de partidos en el poder, a través de una de las formas democráticamente más dolorosas posibles: en menos de un lustro, Oaxaca pasó por una elección inequitativa, en la que el partido hegemónico ganó los comicios gracias a argucias electorales, pero no a una verdadera voluntad popular mayoritaria.

Luego vino una revuelta social que enfrentó a todos los factores de poder de la entidad. Y finalmente terminó con un aparente renacimiento del partido oficial, que finalmente fue aplastado en las urnas por quienes prefirieron el cambio de partidos en los poderes del Estado. Al margen de las componendas, lo que ocurrió fue que una sociedad harta se volcó para buscar en las urnas, un cambio que ni siquiera logró conseguir con protestas en las calles.

Cuando todo eso ocurrió, los mensajes de la ciudadanía eran muy concretos: querían resultados, querían honestidad; querían justicia y, sobre todo, querían la no repetición de las prácticas y las evidencias de corrupción cometidas por funcionarios al amparo del poder. Eso es lo que habían visto y rechazado frontalmente del entonces gobernador Ulises Ruiz. Y claramente era eso mismo lo que le demandaban al gobernador Gabino Cué, una vez que la mayoría lo eligió como nuevo mandatario.

Nada de eso (la justicia, el castigo, o la transparencia, entre otras demandas de la ciudadanía) habrían de ocurrir por el solo transcurso del tiempo, ni porque esas fueran promesas contenidas en un discurso político. El camino correcto para el cumplimiento de esas demandas (porque antes de ser promesas de un gobernante, fueron exigencias de la ciudadanía) debió darse a través del establecimiento de un verdadero marco jurídico que permitiera contar con mejores herramientas legales, para perseguir a quienes fueran señalados por cometer irregularidades administrativas o penales en el ejercicio de sus funciones como servidores públicos.

Así, si los mecanismos legales eran adecuados, y se combinaban con la voluntad de cumplir con las demandas de la ciudadanía, el resultado tendría que ser necesariamente un gobierno eficaz, capaz de impedir la corrupción, y perseguir hasta sus últimas consecuencias los actos que ocurrieran.

Sin embargo, nada de eso pasó. Y la responsabilidad no sólo recae en el titular del Poder Ejecutivo, sino también en un Poder Legislativo, que lleva todo el tiempo de la alternancia extraviado y embriagado por el poder ilimitado, que les cayó de golpe. Por eso, en cuestiones concretas, nadie puede hacerse el sorprendido que hoy parezca –de nuevo- imposible que algo o alguien cambie el panorama, y que algo o alguien pueda detener la corrupción que otra vez supura (de funcionarios, ex funcionarios y particulares involucrados con la gestión pública) en estos tiempos presentes.

LA JUSTICIA, UN FRACASO

Hoy, por ejemplo, causa sorpresa que la Secretaría de la Contraloría no tenga en sus registros la persecución de temas que para muchas personas es fundamental. Por ejemplo, que no tenga voluntad o capacidad para poner freno a los abusos que se cometen en el otorgamiento de la obra pública a empresas; las cuestiones que siguen sin ser aclaradas sobre el manejo de recursos públicos en diversas dependencias del gobierno estatal, que libre y periódicamente disponen de cantidades millonarias para fines que sólo ellos conocen; o las omisiones que se cometen también desde no pocas dependencias estatales en el ejercicio correcto de los recursos para que las obras y los servicios lleguen a la ciudadanía en los tiempos y formas que deberían, y no cuando a los funcionarios encargados se les dé la gana –o la razón les permita– realizarlo.

¿Por qué el fracaso? No sólo es porque los funcionarios involucrados no tiene voluntad o capacidad para cumplir con su tarea, sino también porque hoy en día Oaxaca sigue teniendo los mismos mecanismos de rendición de cuentas que había en el pasado, y que fueron hechos justamente no para cumplir la ley, sino para evadirla y bordearla. En lo concreto, resulta que a pesar de todas las promesas vertidas por quienes antes anhelaban con ganar las responsabilidades públicas y hoy son gobierno, ninguna de las normas que debieron haberse transformado, ha sido tocada en un punto o coma. ¿Cuáles son?

No fueron revisadas integralmente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; el Código Penal en la parte correspondiente a los delitos que se cometen en el ejercicio de funciones públicas. Asimismo, a pesar de la supuesta transformación de los órganos autónomos encargados de la fiscalización y de la tarea de garantizar la rendición de cuentas, ni a la Auditoría Superior del Estado ni a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, se les otorgaron los mecanismos y recursos adecuados para verdaderamente cumplir con sus tareas.

Más bien, a los funcionarios encargados de impulsar esas iniciativas, ni a los diputados que supuestamente participaron en la dictaminación y aprobación de las mismas, les preocupó hacer algo por verdaderamente darles mecanismos efectivos y de vanguardia para cumplir con sus tareas. Todos se fueron por la oportunidad de los cargos y los espacios.

TRISTE RESULTADO

Hoy, a pesar de la alternancia, la “justicia” se sigue haciendo con los instrumentos e instituciones del pasado, además de que la voluntad demostrada por el régimen es mucho menor a la prometida. A nadie le preocupa la posibilidad de revisar integralmente las normas que regulan el ejercicio y los límites del servicio público, porque muchos de quienes deberían hacerlo hoy son beneficiarios de las lagunas que contienen dichas normas. Por eso, se reitera, nadie debía sorprenderse de este triste resultado.

+ No hay ideología, proyecto o razón en Jucopo

En la teoría clásica, el Congreso es depositario de la representación del pueblo en los poderes del Estado. Esa representación se supone que corresponde a las diversas expresiones sociales y políticas que deben tener presencia en el poder encargado de dictar las normas y fungir como contrapeso del Poder Ejecutivo, que tiene a su cargo la administración de los recursos públicos. Esa teoría ha servido por mucho tiempo para justificar y legitimar la función de los legisladores. Empero, hoy sigue en pie la pregunta: ¿De verdad nos representan?

En efecto, esta pregunta, que parece un lugar común, cobra relevancia ante la enorme distancia que existe entre los representantes y representados en entidades como la nuestra. Porque a pesar de que hubo un proceso electoral del que salieron electos 25 representantes de la ciudadanía, lo cierto es que el Congreso es hoy un poder dominado por ciertas facciones y poderes fácticos muy concretos que no responden al interés o las necesidades de la ciudadanía. En oposición a esto, podría decirse que el Congreso siempre ha estado dominado por cúpulas. Sin embargo, aún sosteniendo esa afirmación, es claro que de todos modos hasta la representación de las cúpulas pasa por un periodo de descomposición. ¿De qué hablamos?

De que en los tiempos del régimen de partido hegemónico (en la era de los gobiernos del PRI en los tres ámbitos), en el Congreso también mandaba el Presidente o el Gobernador en turno, según fuera el caso, a través del o los diputados que él personalmente enviaba al Poder Legislativo a representar los intereses de su gobierno. Hasta hace no mucho tiempo, era práctica común que desde el Palacio de Gobierno se decidiera quién sería el Presidente del órgano principal de decisión del Poder Legislativo. Esto ocurría como parte de la hegemonía total del régimen. Y si bien ese o esos diputados representaban intereses muy concretos, éstos eran siempre concordantes con el proyecto o la intención del Gobernador en turno.

Sin embargo, preguntémonos qué ocurre hoy. Pues lo que vemos en Oaxaca es un Poder Legislativo verdaderamente extraviado en sus intenciones y fines, debido a que la figura del líder dominante que antes tuvo el Gobernador en turno fue sustituida por personas y facciones de menor nivel, que además no tienen responsabilidad directa con la ciudadanía, ni se deben a ella, y que por ende están preocupados por defender otros intereses que no necesariamente son los del régimen, ni los del partido político al que representan, ni una cuestión ideológica, y ni siquiera un proyecto político. Lo que vemos hoy, pues, es un dominio del Poder Legislativo por parte de grupos que no responden a nada, y que por eso demuestran rápidamente sus frivolidades, sus extravíos y, sobre todo, su aparente inmunidad a la reprobación popular.

¿QUIÉNES MANDAN EN EL CONGRESO?

Veamos si no. El Poder Legislativo del Estado está hoy dominado por no más de cinco personas. Esas personas corresponden, respectivamente, a los tres partidos mayoritarios, y quizá a uno o dos “notables” más, que por su influencia en el ámbito político o en la vida pública de la entidad, pueden incidir en el rumbo del Congreso. No obstante, el caso paradigmático es la Junta de Coordinación Política, que hoy en día gobierna al Congreso pero no representa nada.

¿Quiénes son esos personajes? Todos los conocemos: Natividad Díaz, por el PAN, Alejandro Avilés, diputado del PRI, y hasta hace unos días Anselmo Ortiz del Partido de la Revolución Democrática. Ellos tres pintan de cuerpo entero la crisis que existe –aunque ellos obviamente niegan– en el ámbito de la representación real de la sociedad en el Poder Legislativo.

Para entender esto, vayamos a responder una pregunta previa: ¿Qué representan los llamados diputados plurinominales? En el caso del PRI, a facciones, pero nada relacionado con la sociedad. Juan José Moreno Sada, por ejemplo, representa a una facción del CEN del PRI: no es líder de nadie, ni representante sectorial de algo, y figura política de espacio o lugar alguno. Algo similar ocurre con Lilia Mendoza, Yolanda López Velasco o María del Carmen Ricárdez Vela.

Cada uno de ellos, son producto del impulso de facciones concretas (los ex gobernadores) que hoy en día no tienen ninguna conexión ni preocupación por la sociedad. Quizá podríamos separar de esos grupos a Alejandro Avilés y Adolfo Toledo Infanzón. Sin embargo, a pesar de sus aparentes buenas relaciones y antecedentes de su partido, lo cierto es que a ellos la ciudadanía los ha rechazado en las urnas en los últimos procesos electorales en los que ambos han intentado ocupar un cargo por la vía de la voluntad popular.

Lo mismo ocurre con el PAN, específicamente con Natividad Díaz, que aunque por una casualidad fue diputada de mayoría, ella ya tenía asegurado su espacio en la lista de plurinominales, y que en esencia tiene una representación tan relativa que por eso no parece sentirse obligada a nada que no sea servir a los intereses de la facción a la que representa. Y qué decir de la fracción del PRD, en la que su “cúpula parlamentaria” está compuesta por un reemplazo de la dirigente del Foscupt, Karina Barón Ortiz (la diputada Vilma Martínez Cortés), un espacio comprado por el régimen del gobernador Gabino Cué para Jaime Bolaños, y la representación de las familias y tribus que gobiernan ese partido (¡de izquierda!) en Oaxaca desde hace décadas.

¿Qué intereses ciudadanos pueden representar esos diputados? Queda claro que ninguno, porque no se deben a ellos. Se deben a sus facciones, a sus cúpulas y a otros intereses que no son los del interés general. Por eso vemos que con tanta facilidad pueden prestarse a arreglos de todo tipo, a feroces luchas por el control presupuestal, y a un desprecio brutal a los temas que interesan a la ciudadanía, e incluso genuinamente al régimen que gobierna.

FALSA REPRESENTACIÓN

Es en espacios desde donde se ha alimentado la comercialización del voto y la conciencia. Y por eso hoy el Poder Legislativo pasa por una crisis tan profunda que debe llevar al replanteamiento de a qué representan los plurinominales, y si existe una razón, una sola, para que sigan siendo ellos quienes dominen el Poder Legislativo, a pesar de no contar con más respaldo y representación que el de las facciones que los llevaron hasta esas responsabilidades que, de una u otra forma, inciden en la vida de todos.

Las consecuencias, pagadas por la ciudadanía

Estamos a muy poco tiempo de que Oaxaca cumpla tres lustros de sostener una relación fría y distante con la Federación. El resultado de esa lejanía es palpable en diversos aspectos, comenzando porque hoy en día Oaxaca parece más una ínsula que una entidad integrante de la Federación. En esa relación, la alternancia partidista sin madurez política, ha sido factor fundamental para la persistencia de esta crisis.
En efecto, si miramos al pasado veremos que Oaxaca ha pagado caro el costo de sus efervescencias políticas. Cuando en el año 2000 se dio la alternancia de partidos en el poder presidencial, nuestra entidad atravesaba por un dominio casi total del priismo. En la decantación del viejo poder presidencial, los nuevos depositarios de ese poder fueron los Gobernadores. Y en el caso de nuestra entidad, en aquel entonces había un Mandatario fuerte que asumía que ejercer el poder era un ejercicio de plenitud que implicaba no ceder oficiosamente frente al adversario.
Los resultados de esa relación, en aquel momento, fueron poco perceptibles. El entonces nuevo Presidente de la República (Vicente Fox Quesada) llegó al poder asumiendo una actitud democrática que le sirvió para ganar legitimidad en el primer periodo de su gobierno. Por eso, en el inicio aceptó la tolerancia total frente al disenso y decidió utilizar la sola herramienta de la lejanía para mostrar oposición a sus adversarios. Sólo que después, cuando asumió la parte del poder que disimuló al principio, comenzó una campaña de hostigamiento en contra de las entidades con las que no concordaba. Oaxaca fue una de ellas y entonces a través de las restricciones presupuestales comenzó a hacer presión a la entidad.
¿Cuál fue el efecto? Que, en lo inmediato, los poderes de la entidad se vieron obligados a llevar a cabo diversas acciones de reacción frente al gobierno federal, que incluso llegaron a un plantón en la capital del país, en exigencia de recursos. Lo que ocurría no parecía simple, porque entonces la federación no negaba más recursos a la entidad, sino que se resistía a entregar los que ya tenía. Por eso, la batalla de los poderes locales en contra de la federación fue finalmente ganada por los oaxaqueños, con la “salvedad” de que la federación impidió que el presupuesto y la inversión hacia Oaxaca creciera por voluntad. Los recursos y las obras que se llevaron a cabo fueron producto de desencuentros feroces en los que lo que menos prevalecía era la solidaridad y la simpatía de la federación con nuestra entidad.
Luego, en los tiempos electorales, vino el primer revire fuerte. En los albores de las alianzas partidistas raras en nuestro país, en 2004 se dio en Oaxaca una alianza inexplicable del PAN y el PRD para impulsar a un solo candidato, opositor al PRI, y apoyado por todos los factores de poder externos, incluyendo la federación. No pudieron ganar. Pero el nuevo Mandatario, Ulises Ruiz, llegó nuevamente cuestionado y generó desde el inicio roces con el Presidente, que seguía siendo Vicente Fox. ¿Qué pasó? Que Fox aparentó tener una relación civilizada con la entidad, que nunca debía ser entendida como una relación de solidaridad. Por eso, cuando todos se enfrentaron al conflicto magisterial del 2006, el gobierno federal decidió dejar aislada a Oaxaca, en su afán por vengarse del entonces gobernador Ruiz y todo lo que éste implicaba.
¿Quién ganó? Nadie. Porque la Federación no consiguió la renuncia del gobernador Ruiz. Éste no ganó la posibilidad de arrinconar al más importante poder fáctico de la entidad, que es la Sección 22 del SNTE. El magisterio no consiguió derrocar al Gobernador del Estado. y finalmente la gran perdedora fue la ciudadanía oaxaqueña que vio cómo por un conflicto entre grupos políticos, la ciudad entró en una situación de crisis y los habitantes –que nada tenían que ver con ese lío– terminaron pagando las consecuencias por esas afrentas.

RELACIÓN SIN FUTURO
Después del conflicto magisterial, las veces que el Presidente vino a Oaxaca fueron escasas, y de mala gana. De hecho, el Titular del Poder Ejecutivo Federal evitó casi por completo venir a la capital oaxaqueña, y en las pocas ocasiones que visitó alguna región del Estado lo hizo de la forma más breve y distante posible.
Esa situación tuvo sus efectos en la imposibilidad de la entidad para acceder a mejores condiciones. La federación comenzó, por presión de los representantes oaxaqueños en el Poder Legislativo Federal, a etiquetar más recursos para la entidad. Pero siempre quedó claro que a pesar de los ofrecido, lo dado no era todo lo posible, y esto siempre estaba enmarcado por la corrupción que la federación nunca se ocupó por combatir de verdad en nuestro estado.
Así llegó el 2010, cuando los partidos a nivel federal estaban perfectamente determinados en sus rutas políticas, en Oaxaca ganó Gabino Cué la gubernatura. Él llegaba gracias al apoyo del PAN, PRD y PT. Sin embargo, éste desde el primer momento se asumió como garante de las fuerzas de izquierda, y entonces el panismo –que estaba en el poder presidencial- se alejó, abriendo una nueva brecha que ya no se cerró. En los comicios federales de 2012, en Oaxaca el perredismo ganó los comicios presidenciales gracias al impulso del Gobernador del Estado, pero eso no dejó bien parada a la entidad. ¿Por qué?
Porque la izquierda fue lanzada hasta la tercera posición en la importancia y presencia de las fuerzas políticas nacionales. El hecho de que ganara el PRI la presidencia no le abrió margen de negociación alguno porque las cúpulas nacionales de los partidos mayoritarios fueron abordadas directamente por el Presidente, quien logró acuerdos que marginaron a los liderazgos locales. Por eso el capital político del gobierno de Oaxaca no cobró mayor relevancia en las grandes negociaciones nacionales, y por eso no hubo mecanismos a partir de los cuales el Presidente se viera obligado a buscar los consensos locales para una mejor gobernabilidad.

¿QUÉ SIGUE?
Es posible que más allá de los triunfalismos, la relación entre Oaxaca y el gobierno federal no se componga sino hasta los resultados de los comicios estatales de 2016. No hay forma clara de saber cómo se compondrá el escenario de la sucesión estatal, pero lo que sí queda claro es que sólo bajo condiciones muy específicas el gobierno federal accederá a construir una relación aceptable con nuestra entidad. Mientras los ciudadanos seguiremos pagando las consecuencias de esa relación lejana, que está por cumplir tres lustros.

Magisterio vs ciudadanos: la volatilidad, clave

Nos hemos acostumbrado a que el gobierno asuma a grupos organizados como la mayoría, y que a la ciudadanía la obligue –nos obligue– a padecer los efectos de esa lucha que, aunque organizada, es en realidad minoritaria. En Oaxaca tenemos una larga y funesta tradición en ese sentido, a partir de grupos como la Sección 22 del SNTE que por su capacidad de organización y disciplina puede poner en jaque al gobierno, a pesar de tener una representación que apenas rebasa al dos por ciento de la población.
En efecto, vale la pena reflexionar sobre eso. Pues durante gran parte de los años de lucha que lleva la Sección 22 del SNTE en Oaxaca, el gobierno ha asumido como una determinación velar por la atención a las demandas e intereses del magisterio, por ser un grupo numeroso y organizado. La contracara de esa determinación está en los ciudadanos, que aún siendo mayoría y teniendo una mayor capacidad de determinación, se encuentra siempre dispersa y se decanta en la sola indignación sin poder dar paso a las siguientes etapas de la reprobación a una autoridad que privilegia las minorías, por encima de la mayoría.
Esto lo vemos casi a diario en nuestra entidad. Aquí, inicialmente fueron las grandes masas de trabajadores inconformes las que fueron demostrando que con capacidad de organización y con disciplina era posible oponerse al Estado y conseguir la satisfacción de sus demandas. Eso fue lo que desde hace varios lustros demostró la Sección 22, cuando irrumpió en el escenario estatal y nos hizo ver a todos que ellos sí tenían capacidad de cerrar una arteria vial fundamental de la capital, que podían también cerrar una carretera federal; que podían tomar oficinas públicas o espacios comerciales, sin que la autoridad pudiera reaccionar ante ello.
Primero, hace años, lo hacían como una forma contundente de lucha. Si lo recordamos, hace quince o veinte años tomar cruces viales como el llamado crucero de la Volkswagen, en la capital oaxaqueña, era sinónimo de un verdadero atrevimiento y de una afrenta a la autoridad. Era así porque pocos lo habían hecho antes, y porque también la autoridad se aprestaba a atender de inmediato, bajo la amenaza de acciones recíprocas por parte de la fuerza pública, las demandas de los inconformes.
Sin embargo, con la reiteración de esas formas de lucha se fueron relajando los efectos. Por un lado, los grupos se dieron cuenta que tomar una acción tan “contundente” como esa era cada vez menos efectiva; y por otro lado, la autoridad comenzó a dejar de tener miedo a la reacción de la ciudadanía –que vio que a pesar de los abusos no tomaba partido o represalia política o electoral de la situación– y entonces comenzó a dejar pasar ese tipo de protestas sin dar mayor respuesta. Los primeros, pues, asumieron que su deber era accionar de forma contundente, siempre; y los segundos se dieron cuenta que a pesar de la reprobación ciudadana esto no podría quitarlos de sus cargos. Y entonces comenzaron a dejar todos pasar todas las acciones adversas.
¿Quién perdió? Perdió, obviamente, la ciudadanía que comenzó a ampliar su margen de tolerancia frente a las acciones. Los grupos de presión asumieron que debían ir incrementando la intensidad de sus formas de lucha para lograr la atención del gobierno; y éste asumió que sólo respondería en función de sus intereses y sus conveniencias políticas, pero no a partir de lo que la ciudadanía pensara o quisiera.
Así, los ciudadanos quedamos en segundo plano. Pero en buena medida fue por nuestra propia responsabilidad.

LA ORGANIZACIÓN, CLAVE 
El conflicto magisterial dejó muchas lecciones amargas, pero una de ellas es determinante hasta el día de hoy: propios, extraños, y el mismo gobierno, asume que el único grupo capaz de derrocar a un gobierno y generar inestabilidad política e ingobernabilidad en el estado, es la Sección 22. Por eso, a ese grupo de presión se le prohíja en todas sus demandas y se le procura hasta la ignominia a pesar de que muchas veces sus demandas sean contrarias al interés y deseo de la ciudadanía.
Y es que, es cierto, en 2006 el magisterio democrático oaxaqueño demostró una capacidad infinitamente superior de disciplina y organización, de la que cualquier otro grupo pudiera suponer. Los maestros, organizados, fueron a organizar un plantón; luego, juntos pero de forma selectiva, resistieron el embate de las fuerzas del orden cuando intentaron ser desalojados de su protesta; mantuvieron un paro de labores de casi siete meses en la entidad; soportaron la suspensión de pagos de sus salarios de agosto a noviembre de ese año; y sólo regresaron a clases y dieron por concluida la fase violenta del conflicto magisterial cuando les fueron satisfechas sus principales demandas.
¿Qué idea dejó todo esto? Que el único capaz de poner de cabeza al estado, y en jaque al gobierno, era el magisterio democrático, y que por eso la alianza con ellos debía prevalecer casi por encima de cualquier otro interés que pudiera existir en la entidad. Asumieron, pues, que esa era la alianza que permitía la gobernabilidad.
Y, silenciosamente, dieron también por hecho que esa unión podía sostenerse a pesar de los daños que pudiera generarle a la ciudadanía y al interés público, porque en este caso era predominante la capacidad de organización de los profesores sobre la volatilidad que tiene la ciudadanía, quien únicamente demuestra inconformidad por destellos, para luego olvidarlos y dar paso a un nuevo margen de tolerancia que soporte nuevos y más contundentes actos de presión.
Si asumimos la realidad con objetividad podremos ver que eso es exactamente lo que ha pasado. Por eso el gobierno mantiene una alianza irrompible con los grupos de presión que considera fundamentales para el mantenimiento de su gobernabilidad. Y por eso deja a la ciudadanía al garete, dando por hecho que a pesar de su inconformidad ni podrá tomar represalias en su contra (en las urnas, por ejemplo) y que tampoco esa inconformidad podrá destituirlos de su cargo. Algo ciertamente terrible, pero parte de la cruda realidad que vivimos los oaxaqueños todos los días.

GUELAGUETZA ¿TAPATÍA?
Fueron presentados los anuncios comerciales que se transmitirán por radio y televisión nacional sobre la fiesta de los Lunes del Cerro. Llama la atención que la música que ambienta los comerciales no es oaxaqueña, sino que más bien suena como a música del estado de Jalisco. ¿Habrán cometido tal barbaridad los lúcidos funcionarios de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico? Es pregunta.

Falta de orden y proyecto, razón real de la crisis

En una democracia consolidada, no debería sorprender la existencia de disensos e incluso de rupturas entre las fuerzas políticas, o incluso al interior de éstas en una institución colegiada, como un Poder Legislativo. Eso sería normal porque los consensos y las rupturas tendrían que darse a partir de la defensa de razones políticas o posiciones ideológicas, o por la defensa de programas específicos cuando se rompieran los equilibrios que son parte de los compromisos pactados. En Oaxaca las rupturas son recurrentes en el Congreso, pero a diferencia de las democracias consolidadas aquí ocurren por la inmadurez política de las fuerzas partidistas, por la avidez de algunos personajes y por la ausencia total de proyecto, compromisos o programas políticos.
En efecto, en los primeros seis meses de trabajo de la LXII Legislatura hemos visto diversas rupturas tanto al interior de las fuerzas políticas, como entre ellas. Las fracciones parlamentarias han llegado varias veces al punto de la ruptura y la parálisis por temas que van desde las reformas relacionadas con los administradores municipales y el reparto de estas posiciones, hasta la desaparición de Ayuntamientos y los manejos presupuestales. A todos ha quedado claro que ninguna de las fracciones es homogénea a su interior, y que a pesar de que tienen mucho poder discrecional, los coordinadores parlamentarios no pueden controlar ni consensar con todas sus bancadas.
Todo esto tiene una ruta específica, y es la del dinero. En diciembre del año pasado, cuando se presentó el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado para 2014, en donde se contenía una reducción presupuestal al Congreso, todos los partidos representados lograron la milagrosa unanimidad en el impulso a una iniciativa de reforma constitucional, que establecía la irreductibilidad del presupuesto legislativo.
¿Por qué estuvieron todos de acuerdo? Porque la unanimidad, en el fondo, se centraba en el hecho de no perder las parcelas ni el presupuesto, pero no en que eso pudiera hacer más productivo al Congreso. Y menos de un mes después hubo otra reforma que logró otra prodigiosa unanimidad: la reforma constitucional que regresaba al Congreso la facultad de nombrar a los administradores municipales, sin intervención del Poder Ejecutivo. De nuevo, la preocupación de los diputados no se centraba en la estabilidad de los municipios en conflicto ni en la posibilidad de resolver sus conflictos internos por la vía de la imposición de administradores municipales –que, valga decirlo, ejercen atribuciones sin contar con un marco jurídico que los regule y frene en sus excesos.
De nuevo la pregunta: ¿qué los movió entonces a impulsar esa reforma? Lo que los movió fue su desmedida codicia de los presupuestos municipales. Pues resulta que desde hace mucho tiempo, era una tradición que los administradores municipales fueran nombrados según los intereses del Gobernador en turno, como un mecanismo más de premio para sus leales “poniéndolos donde hay”. Empero, esta práctica se modificó en los tiempos de la pluralidad, para dar paso a los administradores puestos –y con débitos concretos- por un diputado en específico. ¿Cuál era el débito? Compartir el presupuesto del municipio administrado, facilitarle prebendas y espacios, y otorgarle al diputado impulsor una serie de prestaciones libres de toda comprobación a costa del erario y los bienes municipales.
Por todo eso, los diputados oaxaqueños tenían mucho interés en que la facultad de nombrar a los administradores municipales regresara a ellos. Así lo hicieron. Pero la realidad es que todas las posiciones que hasta ahora han sido dispuestas por el Congreso del Estado, han sido producto de la decisión discrecional de los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Cada uno de los coordinadores ha nombrado a sus administradores, ha premiado a sus diputados afines, y ha relegado a los que no lo son.
Sin embargo en esas decisiones no ha habido una pizca de preocupación por el entorno social, por los conflictos municipales o por la resolución de los mismos. ¿Qué les ha preocupado? El dinero. Y esto ha sido así porque como en el Congreso no hay compromisos ni programas específicos, entonces las únicas reformas importantes que generan los consensos son aquellas en las que se encuentran involucrados intereses concretos, económicos, de los diputados. La democracia o la madurez política, pues, no tienen nada que ver en estos temas.

INESTABILIDAD
Hasta hoy el Poder Legislativo no ha tenido una actividad consistente, ni tiene una agenda legislativa que decorosamente pueda ser presentada como tal, ni cuenta con un solo logro que no sea la disputa y la salvaguarda de los intereses de los legisladores. Por eso la inestabilidad al interior de las bancadas –que se difumina todo el tiempo a la totalidad del Congreso– tiene también su origen en esas disputas que aunque son democráticamente intrascendentes, sí son determinantes para el funcionamiento de la Cámara de Diputados.
Si revisamos los casos, corroboraremos que la falta de acuerdos al interior de la bancada perredista, y la caída del diputado Anselmo Ortiz como coordinador en realidad fue producto de que los diputados de su fracción se sintieron agraviados pero no en lo ideológico, sino en lo económico, y decidieron remover no a quien administraba bien, sino a quien se quedaba con todo, y cambiarlo por alguien que sí “comparta”. ¿Compartir el presupuesto es algo moral y políticamente aceptable? A todas luces la respuesta es “no”. Sin embargo los diputados están tan extraviados que por eso públicamente ventilan sus diferencias y razones por las que quitaron a Anselmo Ortiz y pusieron en su lugar a Félix Serrano Toledo, sin que esa rotación pase por una promesa consistente de honestidad, congruencia o transparencia. Buscan con quién sí se pueden poner de acuerdo. Y ya. La democracia, el programa político a favor de Oaxaca, o la responsabilidad de los diputados, no existe.

CASOS SIMILARES
En una situación parecida se encuentran Natividad Díaz del PAN, y Alejandro Avilés del PRI. Es mucho más posible que pronto releven a la coordinadora parlamentaria panista; pero Avilés, en realidad, lo que está haciendo es contener una situación de tensión creciente al interior de su bancada, y apoyarse en los acuerdos cupulares que lo sostienen. Es claro, pues, que la crisis tiene su base en la avidez, no en los disensos ideológicos democráticos que, en Oaxaca, ocupan un lugar intrascendente en la agenda legislativa.

+ Sección 22: Cómo preparar su próxima derrota

Dice el principio de la contradicción que nada puede ser, y no ser, al mismo tiempo. En base a eso, se entiende la disyuntiva que encierra el planteamiento del Gobierno del Estado relacionado con que la Comisión Redactora de la Reforma Educativa en Oaxaca construirá una iniciativa que no se contrapondrá con el mandato de la Constitución federal, pero que tampoco atentará contra las conquistas laborales de los trabajadores de la educación en la entidad. La única alternativa posible, por un lado, es la de la institucionalización de un PTEO “patito”; y por el otro, la construcción de una salida decorosa a la Sección 22 del SNTE, ante lo inevitable.

En efecto, este asunto está lleno de complejidades. Pues en Oaxaca no se termina de entender que en realidad el gobierno de Gabino Cué se encuentra en un callejón sin salida en el tema educativo, y que como parte del control de daños está tratando de hacer lo que menos conflicto le genere con los principales poderes fácticos organizados, como la Sección 22 del SNTE. Por eso, en una decisión muy pragmática decidió mantener la alianza con el magisterio a costa del perjuicio que eso le causa ante la ciudadanía. Sólo que en la ponderación parece haber ganado la organización magisterial contra la volatilidad y dispersión de la ciudadanía, que puede estar muy inconforme pero no está organizada.

¿Qué camino queda en el ámbito formal? Si de lo que se trata es de mantener la alianza con el magisterio organizado, lo que irremediablemente le queda es construir una norma que se apegue íntegramente a lo planteado por la Sección 22 en el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO). Esto le garantizaría al gobierno estatal seguir contando con la gracia de los educadores y con la alianza en la cual el magisterio no cruza la línea de la presión hacia el gobierno, que ejerció de forma permanente en contra de otros Gobernadores.

Sin embargo, el asunto no es tan simple. ¿Por qué? Porque la respuesta se encuentra en la cuestión de quién paga el salario de los maestros. Quien paga, es la Federación. Y por ende, la Federación tiene una influencia determinante a la hora de presionar no para que se haga una norma de consenso, sino para que se formalicen y se apliquen las normas que ya fueron dictadas en el ámbito federal, y que constituyen condiciones ineludibles para que sea la Federación quien siga pagando los salarios de los profesores.

Oaxaca, por esa sola razón, está obligada a no apartarse de los lineamientos constitucionales federales en la materia. Y por eso mismo queda la duda: ¿Cómo construirá una reforma educativa estatal que ni viole los principios de la Constitución, ni tampoco disminuya los logros del magisterio a lo largo de más de 30 años de lucha? Dicho en otras palabras: ¿si la Sección 22 se opone a la reforma educativa federal porque dice que atenta contra sus derechos y conquistas salariales, y por eso pide su derogación, entonces cómo le hará el gobierno estatal para darles esa reforma que incluya los temas que le interesan a los maestros pero que además no infrinja lo que dice la Constitución federal?

Por eso no es equivocado asegurar que más bien lo que el gobierno de Oaxaca está tratando de hacer es jugar con el principio de la contradicción (“Nada puede ser y no ser al mismo tiempo”) para intentar convencer al magisterio de que la inclusión de su “visión de la educación” compensará los ajustes que irremediablemente tendrá que hacer al armonizar la norma estatal a los lineamientos federales, y con ello quitarles privilegios históricos como la perpetuidad de las plazas magisteriales, la no evaluación, la transmisión hereditaria de las mismas, y otros tantos temas que son los que, en realidad, la Sección 22 no quiere que desaparezcan de su marco de derechos.

Y es que el magisterio democrático no vive en la fantasía, ni está preocupado en realidad por la “pluriculturalidad de la educación”. No. Están claramente preocupados por su situación salarial y laboral. Y bajo ninguna circunstancia (y menos con el PTEO “patito” con el que el gobierno estatal trataría de apaciguarlos) dejarán que esos temas se conviertan en ley.

PROPUESTA: CONSENSO, UN ENGAÑO

Todo lo relacionado con las “múltiples visiones y realidades de la educación en Oaxaca” es en realidad un engaño. Es así por dos razones: primera, porque todo lo relacionado con la pluriculturalidad y las diferenciaciones que necesitan hacerse en las regiones del país con población indígena o de minorías, ya se encuentra establecido en la Constitución federal desde hace por lo menos una década en el artículo 2; y segunda, porque bajo esos argumentos el magisterio de Oaxaca ha enmascarado su oposición a los temas que tienen que ver con el aspecto laboral y administrativo de la educación, que es en realidad lo que les preocupa.

Por eso el consenso es un engaño. Por eso la supuesta “inclusión” de todas las visiones y realidades de la educación en la entidad, no es más que un maniqueísmo a través del cual buscarán tratar de hacer pasar algunos de los privilegios laborales y salariales que los profesores no quieren perder. En ello habría quizá formas muy apretadas de redacción de la ley para que la norma estatal no contraviniera a la federal pero tampoco atentara contra los derechos y conquistas de los educadores. Es una misión casi imposible que sin embargo sólo puede ser explicada de una forma. ¿Cuál?

Que también el magisterio estaría preparándose para la derrota inminente. No podrán oponerse (porque su capital político no les alcanza) a la implementación de la reforma educativa, y quizá terminen tratar de ganar perdiendo: es decir, aceptando el “PTEO patito” para decirle a sus bases que su plan alternativo se convirtió en ley, cuando lo que se haya hecho en realidad sea una entreveración de la reforma constitucional en los aspectos laborales, y del PTEO en los temas educativos, que para los maestros son secundarios. Todo puede pasar.

¿UN POLICÍA EN EL IEEPO?

Dicen que es parte de la cuota de Roberto Pedro Martínez. Que era el relevo de Alberto Esteva si finalmente se hacía imposible su llegada a la SSP. Que junto con Marco Tulio López Escamilla, era uno de los dos oaxaqueños con mejor posición dentro de la Policía Federal. Y que calienta el brazo para ir al IEEPO. Ya se ostenta como “representante gubernamental en las mesas de diálogo con la Sección 22, y asesor del Jefe del Poder Ejecutivo”. Es un salto (otro) al vacío. ¿Se imaginan?

+ “Sólo es 1mdp”… monto que muchos nunca tendrán

La frívola decisión de construir un gimnasio en las instalaciones del Poder Legislativo en San Raymundo Jalpan, es sólo una muestra más de la gran insensibilidad que caracteriza a los integrantes de la Legislatura local. Ya antes habían dado muestras de no saber ni entender por qué a la ciudadanía le molestan tanto los excesos de funcionarios y diputados. Para ellos un millón de pesos, o cinco o diez, son montos menores. No alcanzan a entender que a casi la totalidad de la población le molesta y le agravian esos dispendios, porque esas son sumas de dinero que resolverían todos sus problemas económicos y su vejez, pero que seguramente nunca verán junta.

En efecto, no es la primera vez que los diputados de la LXII Legislatura demuestran su lejanía con los problemas de la ciudadanía, a pesar de ser los “representantes del pueblo de Oaxaca”. Hace apenas unos meses, por ejemplo, cuando se dio a conocer que el diputado y coordinador de la bancada perredista en la LXI Legislatura, Emanuel Alejandro López Jarquín, había acumulado una riqueza superior a los 3.5 millones de pesos en cuentas bancarias sólo en el tiempo en el que fungió como legislador, esto generó un agravio generalizado, además de cuestionamientos sobre el origen y la licitud de esos recursos.

La razón de ese agravio que demostró la ciudadanía, era obvia: si se supone que un legislador gana menos de 50 mil pesos mensuales, el “ahorro” íntegro de tal cantidad durante los tres años de su cargo no alcanzaban a completar la suma reflejada en sus cuentas bancarias. Además, si esas sumas le fueron entregadas por otros conceptos, ello nunca quedó clarificado ni por el ex diputado ni por la Tesorería del Congreso. Empero, sólo hubo un personaje, uno solo, que salió a defenderlo. Ese personaje fue su sucesor en la coordinación de los diputados perredista, y tesorero legislativo en el tiempo de los depósitos inexplicables de López Jarquín, Anselmo Ortiz García. ¿Qué dijo?

Estas son sus declaraciones textuales: “el coordinador de la Fracción parlamentaria del PRD Anselmo Ortiz, aclaro que no hay elementos para enjuiciar al funcionario público del gobierno de Gabino Cué, por el delito que se le busca incriminar de 3 millones de pesos en sus cuentas bancarias. “Creo es que una cantidad muy modesta y si revisáramos las cuentas de los priistas creemos que más de uno pisaría la cárcel. López Jarquín acaba de ser legislador y tienen más de 30 años de carrera política y creemos que el monto existente en sus cuentas habla de una vida muy modesta”.

Hace falta releer las declaraciones para comprender la dimensión de la irreflexividad, de la insensibilidad y del desprecio hacia la ciudadanía y hacia las condiciones sociales y económicas de la mayoría de los oaxaqueños, que demostraba el impresentable diputado Ortiz García. ¿Tres millones de pesos en una cuenta personal son una cantidad “muy modesta”? ¿El hecho de que “los priistas” puedan tener en sus cuentas cantidades superiores y por ello “más de uno pisaría la cárcel”, era justificación del inocultable exceso de su compañero de partido? ¿En qué vida, en qué época de México, o en qué país, y en qué estrato social, “el monto existente (de tres y medio millones de pesos) en sus cuentas habla de una vida muy modesta”? Si eso es “modestia” para el diputado Ortiz, entonces debiera ser porque el grueso de la población, cualquier oaxaqueño, puede tener tres y medio millones de pesos en sus cuentas bancarias. Y no es así.

Más bien, lo que hizo con todo descaro, fue justificar que los políticos sí se roban el dinero del erario que tienen a su disposición. ¿La razón? Que al igual que el ex diputado López Jarquín, la inmensa mayoría de la población económicamente activa, también tiene que trabajar treinta años (las mil 500 semanas de cotización que exige la Ley del IMSS) para contar con derecho al retiro, y que ni siquiera con la suma de las aportaciones tripartitas de toda una vida de trabajo reflejadas en su cuenta de ahorro para el retiro, una persona común y corriente puede ver junta una suma de dinero que alcance los seis dígitos. Siendo así, ¿entonces sólo siendo político se puede juntar esa cantidad?

Esas aseveraciones son una burla abierta a la inteligencia de las personas, a la dignidad (lo poco que todavía podría quedarle) del trabajo en el sector público, y a la medianía juarista de la que todos hablan pero nadie honra en esta sociedad oaxaqueña que tiene políticos que creen que siguen viviendo en la época de la ignorancia total.

EL GIMNASIO

Algo similar ocurre con el gimnasio legislativo. El diputado Alejandro Avilés se justifica diciendo (sin ninguna prueba documental, cotización, licitación, contrato o algo similar, que pruebe sus dichos) que ello sólo costará un millón 200 mil pesos. Con esa cantidad de dinero, que para el diputado Avilés es nada, se podrían rehabilitar muchos espacios deportivos públicos, que hoy se encuentran en ruinas.

Se podría también dotar de mobiliario e infraestructura dignas a decenas de escuelas que no necesitan un millón, sino diez o veinte mil pesos para comprar mesabancos nuevos o pizarrones nuevos. Podrían procurarle dignidad a parques y espacios comunes –incluso los aledaños al Recinto Legislativo de Jalpan– que se encuentran en el más completo olvido, y que también podrían utilizar para que los trabajadores y los legisladores convivan, se ejerciten y se acerquen unos a otros para corroborar que al final más allá de los cargos y las lisonjas, todos son personas que comparten los mismos problemas que por condición humana todos enfrentamos.

Qué bien nos caería a todos los ciudadanos que los diputados bajaran de la nube en que se encuentran y asumieran que en la realidad de la gran mayoría de los oaxaqueños hablar de una suma de dinero como la que están invirtiendo en el gimnasio, es tanto dinero que seguramente decidirían que se invirtiera en obras de verdadera utilidad y no para satisfacer la frivolidad de un puñado de diputados que, aludiendo al refranero, como no tienen y llegan a tener, locos se quieren volver.

RESPONSABILIDAD DE MUCHOS

Es terrible que el diputado Avilés asuma la defensa de lo imposible y trate de justificar y hacer ver como “normal” algo que es inadmisible para la mayoría de la población. Lo peor es que confirma de nuevo, su papel de peón y cómplice de una Junta de Coordinación Política que parece la principal enemiga de la ciudadanía y de Oaxaca, y en la que comparte responsabilidad con Natividad Díaz y Anselmo Ortiz.

+ Auditoría: ¿protección o ruptura de cívicos?

Es indispensable que la Auditoría Superior del Estado cumpla a cabalidad con la determinación de revisar a fondo los recursos públicos que ha ejercido el Congreso del Estado en los últimos años, pero también es necesario que lo haga de cara a todos los oaxaqueños y que en eso nadie permita engaños o simulaciones, e incluso venganzas entre grupos. Lo que debe prevalecer es la ley, aunque esa sea la premisa más desdeñada hoy en día.
En efecto, uno de los temas que queda en medio de todo es la relación de dependencia institucional y constitucional que tiene la ASE frente al Congreso; y la relación de dependencia personal y política que existe al interior del grupo que revisará y será revisado. Hay que clarificar, pues, con todo detalle la relación y los débitos que existen entre el hoy diputado federal Carol Altamirano con el auditor Carlos Altamirano Toledo, y entre éstos y Alejandro López Jarquín, actual secretario de Desarrollo Social y Humano, y presidente de la Junta de Coordinación Política durante el último año de la escandalosa y cuestionada LXI Legislatura.
Vayamos por partes. Pues queda claro que el primer escollo que presenta esta posible investigación, radica en que la Auditoría Superior es el órgano técnico de fiscalización, que tiene las atribuciones constitucionales de revisar el ejercicio de los recursos públicos que reciben los poderes del Estado. El problema es que la ASE tiene una autonomía limitada, que sólo se circunscribe a lo técnico y operativo, pero dependiendo del Poder Legislativo en sus alcances sustanciales. En esas condiciones, ¿qué garantías institucionales existen de que la ASE, que es subordinada al Poder Legislativo, podrá auditar con plena libertad, sin presiones y sin limitaciones, al propio Congreso?
En un primer momento podríamos suponer que como se trata de ejercicios pasados, y que como no son los mismos diputados quienes serán revisados y quienes integran hoy la LXII Legislatura, entonces no habría mayor problema en que la revisión fuera a fondo. Sin embargo, en medio de todo eso quedan dos cuestiones: primera, que dentro del Congreso, y en la actual Legislatura, ya hubo un acuerdo político para mantener al mismo personal que manejó los recursos en la Legislatura anterior; y segunda, que constitucionalmente la ASE tendría plena libertad de auditar sólo el último año de ejercicio de la LXI Legislatura, que es el que corresponde justamente al tiempo en el que López Jarquín fue presidente de la Junta de Coordinación y que por ende sería quien resultara con responsabilidad por el posible manejo indebido de recursos públicos.
En la primera de estas dos vertientes, el panorama es claro: dentro del Congreso pudo más el arreglo discrecional entre los coordinadores parlamentarios del PRI y PRD que el escándalo por el evidente manejo indebido de los recursos públicos, y por eso Anselmo Ortiz y Alejandro Avilés pactaron la permanencia de toda la estructura administrativa que tuvo a su cargo los recursos en la LXI Legislatura, a cambio de compartir los beneficios de ese manejo discrecional que ya quedó en evidencia de dos de los tres coordinadores parlamentarios de la Legislatura que antecedió a la actual.
Al parecer, los diputados Anselmo Ortiz y Alejandro Avilés tratarán de capitalizar lo más posible (quién sabe para beneficio de quién, a aparte de ellos) el estruendo causado por las evidencias de corrupción y enriquecimiento indebido, y buscarán aprovechar el río revuelto, y el problema que eso genera entre los grupos perredistas, para seguir teniendo ventaja en la discrecionalidad que ahoga al Congreso del Estado.

LOS ALTAMIRANO
Carol Antonio Altamirano es sobrino de Carlos Altamirano Toledo. El primero fue coordinador parlamentario de la LXI Legislatura desde su inicio (en noviembre de 2010), hasta los primeros meses de 2012, cuando solicitó licencia a su cargo de diputado local, para ocupar una curul federal. Él heredó en la coordinación de los diputados perredistas a Alejandro López Jarquín, fundamentalmente por pertenecer a su misma corriente política (o tribu) al interior del PRD, denominada Movimiento Cívico. Entre ellos está parte del problema actual por la auditoría exigida y prometida a la LXI Legislatura. ¿Por qué?
Porque el artículo 65 bis de la Constitución del Estado señala que en el desempeño de sus funciones, la ASE “contará con plena autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad.” Estos principios, en términos sencillos, apuntan a que la ASE sólo puede revisar ejercicios anuales, pero que esa atribución se ejerce plenamente sólo en el año inmediato anterior al en que se realiza la revisión.
Ahí es donde se encuentra el problema para los Altamirano. Pues si el auditor Carlos Altamirano sostiene que el órgano revisor hará una auditoría al Congreso, ésta tendrá que comenzar por el año 2013. En ese periodo, de enero a noviembre, quien encabezó la Legislatura fue López Jarquín, que fue el “delegado” de Carol Antonio Altamirano en la LXI Legislatura mientras él se fue a ocupar una curul a la Cámara baja federal.
¿Qué significa esto? ¿Es un rompimiento al interior del grupo de los “cívicos” perredistas? ¿Es un error de cálculo obligado por las circunstancias? ¿O es parte de un pacto tácito para hacer una revisión poco profunda a las finanzas del Poder Legislativo, cerrarla con observaciones menores que no impliquen una responsabilidad trascendental a quienes encabezaron la LXI Legislatura, y dar con eso carpetazo al asunto bajo la premisa de que un mismo ejercicio anual, no puede ser legalmente revisado dos veces por el mismo órgano de fiscalización?

CRISIS DE LEGITIMIDAD
Dicen, hasta en tono de burla, en el Congreso, que hoy se vive un periodo de crisis institucional por la falta de acuerdos entre el PAN y el PRD, y la voracidad del Coordinador de los diputados priistas, que está aprovechando cada uno de los espacios para hacerse de más poder al interior del Congreso. En realidad, lo que se vive es una profunda crisis de legitimidad porque si ya de por sí los diputados tienen una credibilidad y una ascendencia bajísima frente a la ciudadanía, con estas acciones, acuerdos y complicidades, lo que están haciendo es agotar la poca legitimidad que tenía el Poder Legislativo en Oaxaca.

Hace veinte años, el país amaneció el primer día del año en guerra. Ese día, unos chiapanecos decidieron tomar las armas, y desde las montañas impulsaron un levantamiento armado, que si bien no fue exitoso en el terreno de las armas, veinte años después continúa retumbando porque logró poner en el centro de la atención nacional el olvido y la marginación, ancestrales, que prevalecían en las zonas rurales de aquella entidad, y que no habían cambiado con ninguno de los cambios sociales y políticos que había vivido nuestra nación desde el momento de la conquista. Vale la pena hacer un recuento de uno de los episodios más relevantes del alzamiento armado, que consolidó al subcomandante insurgente Marcos como la emblemática figura que con el filo y las balas de la palabra centró el debate sobre Chiapas.
En efecto, se afirma con razón que la de Chiapas de 1994 fue una guerra que duró 11 días en la lucha armada, pero que ha durado varios lustros en la guerra de palabras. Desde el primer día de aquel año, cuando se dio el levantamiento armado, y las bases militares y policiacas de Chiapas comenzaron a ser atacadas, el gobierno tenía intenciones de aplastar a los insurrectos a través de acciones violentas. Esa posibilidad fue atajada por la entonces incipiente globalización de los medios y de la opinión pública, y por el temor que tuvieron expresiones del gobierno federal de que esa respuesta fuera más costosa políticamente para la imagen del país, que las señales de apertura que pudieran darse a través de una ley de amnistía.
Así, el gobierno federal anunció el 11 de enero de aquel año, el cese unilateral de las acciones armadas por parte de las fuerzas armadas, y el día 21 de ese mismo mes fue emitida una Ley de Amnistía, a través de la cual se buscaba la desmovilización de los integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Desde algunos días antes, entre el 17 y 18 de enero, el presidente Carlos Salinas de Gortari había anunciado el envío de dicha Ley al Congreso. Y cuando eso ocurrió, el Departamento de Prensa y Propaganda del EZLN dio a conocer uno de los comunicados más emblemáticos de la guerra zapatista de Chiapas, e icono de las capacidades intelectuales y retóricas del líder más visible de aquella organización. Vale la pena releer algunos fragmentos de ese comunicado, que es comúnmente conocido con el título de “¿De qué nos van a perdonar?” y emitido en respuesta al anuncio de la Ley de Amnistía que había hecho el gobierno federal:
“Creo que ya deben haber llegado a sus manos los documentos que enviamos el 13 de enero de los corrientes –escribía el subcomandante insurgente Marcos. Ignoro qué reacciones suscitarán estos documentos ni cuál será la respuesta del gobierno federal a nuestros planteamientos, así que no me referiré a ellos. Hasta el día de hoy, 18 de enero de 1994, sólo hemos tenido conocimiento de la formalización del “perdón” que ofrece el gobierno federal a nuestras fuerzas. ¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van a perdonar? ¿De no morirnos de hambre? ¿De no callarnos en nuestra miseria? ¿De no haber aceptado humildemente la gigantesca carga histórica de desprecio y abandono? ¿De habernos levantado en armas cuando encontramos todos los otros caminos cerrados? ¿De no habernos atenido al Código Penal de Chiapas, el más absurdo y represivo del que se tenga memoria? ¿De haber demostrado al resto del país y al mundo entero que la dignidad humana vive aún y está en sus habitantes más empobrecidos? ¿De habernos preparado bien y a conciencia antes de iniciar? ¿De haber llevado fusiles al combate, en lugar de arcos y flechas? ¿De haber aprendido a pelear antes de hacerlo? ¿De ser mexicanos todos? ¿De ser mayoritariamente indígenas? ¿De llamar al pueblo mexicano todo a luchar de todas las formas posibles, por lo que les pertenece? ¿De luchar por libertad, democracia y justicia? ¿De no seguir los patrones de las guerrillas anteriores? ¿De no rendirnos? ¿De no vendernos? ¿De no traicionarnos?

¿QUIÉN VA A PERDONARNOS?
“¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? ¿Los que, durante años y años, se sentaron ante una mesa llena y se saciaron mientras con nosotros se sentaba la muerte, tan cotidiana, tan nuestra que acabamos por dejar de tenerle miedo? ¿Los que nos llenaron las bolsas y el alma de declaraciones y promesas? ¿Los muertos, nuestros muertos, tan mortalmente muertos de muerte “natural”, es decir, de sarampión, tosferina, dengue, cólera, tifoidea, mononucleosis, tétanos, pulmonía, paludismo y otras lindezas gastrointestinales y pulmonares? ¿Nuestros muertos, tan mayoritariamente muertos, tan democráticamente muertos de pena porque nadie hacía nada, porque todos los muertos, nuestros muertos, se iban así nomás, sin que nadie llevara la cuenta, sin que nadie dijera, por fin, el “¡YA BASTA!”, que devolviera a esas muertes su sentido, sin que nadie pidiera a los muertos de siempre, nuestros muertos, que regresaran a morir otra vez pero ahora para vivir? ¿Los que nos negaron el derecho y don de nuestras gentes de gobernar y gobernarnos? ¿Los que negaron el respeto a nuestra costumbre, a nuestro color, a nuestra lengua? ¿Los que nos tratan como extranjeros en nuestra propia tierra y nos piden papeles y obediencia a una ley cuya existencia y justeza ignoramos? ¿Los que nos torturaron, apresaron, asesinaron y desaparecieron por el grave “delito” de querer un pedazo de tierra, no un pedazo grande, no un pedazo chico, sólo un pedazo al que se le pudiera sacar algo para completar el estómago?
¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? ¿El presidente de la república? ¿Los secretarios de estado? ¿Los senadores? ¿Los diputados? ¿Los gobernadores? ¿Los presidentes municipales? ¿Los policías? ¿El ejército federal? ¿Los grandes señores de la banca, la industria, el comercio y la tierra? ¿Los partidos políticos? ¿Los intelectuales? ¿Galio y Nexos? ¿Los medios de comunicación? ¿Los estudiantes? ¿Los maestros? ¿Los colonos? ¿Los obreros? ¿Los campesinos? ¿Los indígenas? ¿Los muertos de muerte inútil? ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo?

20 AÑOS DESPUÉS…
Poco ha cambiado en Chiapas desde entonces. Y quizá habría que seguirse preguntando quién debe perdonar, y por qué, en esa guerra. En otro momento analizaremos por qué Octavio Paz dice que el zapatismo entrañó la única causa verdaderamente social de la Revolución. Chiapas lo confirmó. Aunque pareciera que muchos siguen sin entenderlo.