+ Gobierno debe dar los beneficios, sin discriminación

Qué visión tan corta tienen los empleados de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado, que no alcanzan a ver que el programa de dotación de útiles y uniformes escolares a los niños que estudian en instituciones públicas de educación básica, es un derecho y no una dádiva. Eso, que se aprecia a simple vista, lo confunden con sus aviesas lealtades con la Sección 22 del SNTE. Y en aras de querer sostener sus compromisos políticos, lo que provocan es la violación flagrante de los derechos de los niños que reciben instrucción con profesores de la Sección 59.

En efecto, ayer TIEMPO informaba que según el director del programa de dotación de uniformes y útiles escolares del gobierno estatal, Diego Rule Castro, los alumnos de los maestros de la Sección 59 “no recibirán uniformes y útiles escolares porque [la 59] no acreditó a sus alumnos ni están avalados por el Sistema Educativo de Oaxaca. Destacó que mientras no se compruebe debidamente que cada alumno instruido por maestros de la Sección 59 del SNTE ya cuenta con toda su documentación, los útiles y uniformes no se entregarán ‘porque no se podrá soportar cada entrega’”.

Veamos este asunto en perspectiva. En febrero de este año, el secretario de Desarrollo Social y Humano, Alejandro López Jarquín, señalaba que con el programa de dotación gratuita de uniformes escolares a alumnos de educación pública, se distribuirán un millón 950 mil juegos de uniformes escolares a 975 mil alumnos, ejerciendo una inversión de 463 millones 156 mil 720 pesos; además, decía, se entregarán 500 mil paquetes de útiles escolares con una inversión de 76 millones 230 mil 960 pesos. La única condición que existe para que cada uno de esos niños reciba su dotación de uniforme y útiles escolares, es que se encuentre inscrito en una escuela pública en el Estado.

Ahora bien, lo que parece es que Rule Castro se encuentra extraviado entre los compromisos del gobierno con la Sección 22 —que no hizo él, pero que oficiosamente está siguiendo— y su corta visión como persona y como servidor público. Claramente es visible que no entiende que la entrega de útiles y uniformes a los menores constituye un derecho y no una prebenda; que su obligación como servidor público es velar porque los derechos de la niñez prevalezcan por encima de cualquier otra circunstancia; y que este conflicto entre la Sección 22, la 59 y el gobierno estatal, no es culpa de los menores, y por ende ellos no tienen por qué pagar las consecuencias.

En ese sentido, es evidente que su perspectiva limitada, impide a Rule Castro —y al obtuso Titular de la Sedesoh— entender que el problema entre las secciones sindicales y el gobierno estatal es finalmente producto de una disputa administrativa y política, en la que los menores no tienen nada que ver, y por ende sus derechos deben estar protegidos independientemente de las circunstancias políticas frente a las cuales ellos son víctimas y no actores.

Específicamente, el no reconocimiento de esos alumnos por el sistema educativo estatal es una cuestión administrativa, porque es una resistencia del IEEPO —motivada por cuestiones políticas, y por la presión que permanentemente ejerce la Sección 22 sobre ellos—, la que impide que los alumnos de educación pública básica que reciben instrucción por maestros afines a la 59, cuenten con toda su documentación en regla.

Además, es lamentable constatar que son los propios funcionarios estatales quienes presentan los programas sociales como una prebenda o una dádiva sólo para las personas que, al margen de que tengan la necesidad o el derecho de recibir este beneficio, sean quienes estén de acuerdo con el gobierno… o con sus aliados. Esto es abominable porque, además, el gobierno de Oaxaca mantiene sus programas sociales sostenidos únicamente como una concesión graciosa del gobierno, sin darles el carácter constitucional de derechos para la niñez, con lo cual se harían obligatorios de observar independientemente del tiempo y la circunstancia política.

VIOLAN DERECHOS

Además, si esto parece aún poco, quedan aún varias preguntas por responder. Una de ellas, fundamental, es la siguiente: ¿Qué no todos y cada uno de los servidores públicos del país están obligados a observar los derechos fundamentales, definidos y difusos, de las personas, independientemente de que se encuentren o no en una norma, pero existan en la realidad?

Pues hasta donde recordamos, el tercer párrafo del artículo 1 constitucional dice que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

Al menos en este caso los servidores públicos involucrados están asumiendo una posición, aún en el ámbito de lo voluntario, que querer limitar un derecho mientras no se cumpla una condición administrativa que no está en manos de los afectados. Es decir, los alumnos no tienen la culpa del problema administrativo de la Sección 59, y ellos sí cumplen con el requisito de asistir a clases en una escuela pública, y por ese solo hecho ser merecedor de las prestaciones que les debe dar el Estado por ser parte de un programa social la dotación de útiles y uniformes.

No hacerlo de ese modo, sería tanto como aceptar que entonces el programa fue hecho sólo para los alumnos que reciben instrucción por parte de maestros de la Sección 22, y que está permitido llevar a cabo un acto abierto de discriminación por no acudir a una escuela de los “democráticos”.

Al final, queda claro que esto quebranta la afirmación de que el gobierno es para todos y que hay una verdadera actitud democrática. Lamentablemente, esta es la constatación de la alianza del sector oficial con el magisterio, que es llevada hasta la ignominia.

SOLIDARIDAD

Al margen de la circunstancia, y de los rejuegos e intereses políticos que hay alrededor de algunos medios locales, es inaceptable la sola intención de querer amedrentar a compañeros de medios informativos. El ataque al domicilio del director de Despertar, nuestro amigo Felipe Martínez López, debe ser indagado y esclarecido de inmediato por las autoridades estatales competentes. Rechazamos la violencia en contra de los medios y exigimos que se haga valer el Estado de Derecho.

Déficit financiero, “papa caliente” para SEP en 2015

El jueves pasado el Gobierno del Estado publicó un inusual comunicado en el que repasaba las circunstancias en que se dio el proceso de rezonificación salarial de los trabajadores de la educación en Oaxaca y, disimuladamente, le “anunciaba” al gobierno federal el déficit, y los problemas financieros que habrá de enfrentar la Secretaría de Educación Pública a partir de enero de 2015, con la recentralización del manejo administrativo de la nómina educativa.
En efecto, en la visión simplista del largo conflicto educativo de Oaxaca, y de la situación que enfrenta hoy el Gobierno de Oaxaca frente a las presiones de la Sección 22 del SNTE, casi siempre se omiten detalles que son fundamentales para comprender la realidad actual. Una de esas circunstancias, que hoy parece en el cajón del olvido, es la relacionada a la negociación que en 2006 emprendió el gobierno federal con la Sección 22, en el marco de la revuelta magisterial que entonces ocurría en la capital del Estado. Ahí se encuentra una de las razones claves de la beligerancia magisterial actual. ¿Por qué?
Porque uno de los temas que encendió la furia de los profesores (y fue gasolina para la revuelta social), fue la decisión del entonces gobernador Ulises Ruiz de retomar el control administrativo del IEEPO. Como bien se recordará, producto del convenio de descentralización educativa firmado en 1992, el gobernador Heladio Ramírez había fijado nuevas reglas para la administración de la educación en el Estado, dentro de las cuales se estableció que sería la Sección 22 quien nombraría a toda la estructura administrativa del nuevo instituto educativo, con excepción del Director General, que sería el único nombrado por el Ejecutivo Estatal sin consenso con el sindicato magisterial.
Ruiz fue presa de esa regla, y por eso cuando decidió la embestida en contra de los profesores en 2006, uno de los aspectos clave que decidió tocar para minar su influencia, fue el de eliminar a todos los integrantes de la Sección 22 que eran parte del cuerpo directivo del IEEPO. Esa fue una de las decisiones que más dolió a la Asamblea de la Sección 22, porque si hubo un factor decisivo para mantener la disciplina de todos los miembros de la 22, éste era la capacidad que tenía el propio sindicato de coaccionar administrativamente a los integrantes del sindicato que no cumplieran con las tareas que ordenara el Comité Ejecutivo de la Sección 22. Por eso, al perder presencia la 22 en los cuadros directivos del IEEPO, también perdía mucha de su capacidad de control al interior de sus bases.
Fue por eso que cuando la 22 fue llamada a negociar en la Ciudad de México directamente con la Secretaría de Gobernación —una vez que la 22 había desconocido totalmente a la administración estatal como interlocutor—, la Asamblea decidió que dos serían los temas base de la negociación: uno sería el conseguir que toda la estructura administrativa que existía en el IEEPO como espacios del sindicato, fuera reinstalada en las funciones que venía desempeñando hasta antes de la crisis magisterial de ese año; y dos, que se llevara a cabo el proceso de rezonificación salarial de los más de 70 mil trabajadores de la educación en el estado, lo cual les garantizaría las mejoras salariales que el gobernador Ruiz se había negado a darles en los meses previos, por tener un costo global de más de 41 mil millones de pesos que el gobierno estatal no tenía capacidad de destinar para ese proceso.
Por eso, a pesar de que la 22 no consiguió ni la salida de Ulises Ruiz del gobierno estatal, ni la desaparición de poderes, curiosamente decidió regresar a las aulas. Pues aunque no había conseguido sus objetivos políticos, éstos se convertirían en la justificación permanente de todas sus movilizaciones y acciones de lucha en los años siguientes. Y al margen de eso, sabían que habían conseguido mucho más que todos los demás actores participantes en el conflicto de aquel año.
Lo que nadie previó es que al final privaría el olvido institucional del gobierno federal por los compromisos que asumió con la Sección 22 para desactivar sus protestas, y que hoy todo eso fuera parte de un pasivo que, como bumerang, le está regresando al gobierno federal para que los asuma.

IEEPO: BOMBA DE TIEMPO
En el comunicado al que hacemos alusión (que puede ser leído íntegramente en  HYPERLINK “http://oaxaca.quadratin.com.mx/?p=331919” http://oaxaca.quadratin.com.mx/?p=331919), el gobierno de Oaxaca muy comedidamente le enlista a la federación los problemas que se llevará a partir del 1 de enero del próximo año. Son los siguientes:
1.-Prestaciones en días  (70 días) y plazas fuera de presupuesto, derivadas de negociaciones salariales de gobiernos anteriores (1995-2007): lo cual equivale a 3.4 mil millones de pesos anual.
2.- Proceso de Rezonificación 2006-2012.- El costo de la transferencia de los trabajadores de la Educación de la zona económica II a la zona económica III, solo se cubre en su totalidad por la federación en el cinco por ciento de las plazas, por el 95 por ciento de plazas restantes,  se recibe una compensación. Lo anterior conlleva a una insuficiencia presupuestal, conciliada con la SEP de: 2.1 mil millones de pesos.
3.- Distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica (FAEB).- A partir de 2008 se recibe del FAEB únicamente el presupuesto programado en el ejercicio anterior, más el incremento inflacionario estimado, esto implica que los incrementos anuales en sueldos y salarios no sean regularizados. Este criterio de asignación de recursos redujo el presupuesto del IEEPO en: 3.0 mil millones de pesos en el periodo 2008-2012. Con la publicación de la nueva Ley de Coordinación Fiscal, el Gobierno Federal, crea el Fondo de Aportaciones de Nomina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y desaparece el FAEB, y re-centraliza el pago de la nómina educativa a partir del 1 de enero de 2015.

OCHO MIL MILLONES
Si hacemos operaciones aritméticas simples respecto a los montos que constituyen el déficit actual del IEEPO, llegaremos a la conclusión de que su monto real es de más de ocho mil millones de pesos. Esta suma millonaria —unas tres cuartas partes del presupuesto educativo anual de Oaxaca, que es de unos 14 mil millones de pesos— no se generó de la noche a la mañana. ¿Por qué nunca asumió la Federación su responsabilidad de parar esta loca carrera de chantajes? A la federación le ganó la visión facciosa de corto plazo. Y ahora tendrán de nuevo este problema en sus manos.

La responsabilidad federal, hasta ahora sigue escondida

Lejos de lo que se pensaba, en el mensaje alusivo a su Segundo Informe de Gobierno el presidente Enrique Peña Nieto se refirió al tema educativo y, sin mencionar expresamente, lo hizo en un tono conciliador en el que ofreció todo el esfuerzo de su gobierno para la implementación de la reforma educativa. No hubo, pues, ni los tonos de reclamo ni el repudio que muchos hubieran querido escuchar. Eso se explica en el hecho de que, aunque casi nadie lo registra, el gobierno federal tiene un enorme reto con la reforma educativa en Oaxaca que quizá —al igual que el gobierno estatal, con la parte que le corresponde— no sabe cómo resolver.
En efecto, al dar un mensaje a la nación, el presidente Peña Nieto fue muy cuidadoso en sus palabras, respecto a las resistencias en la aplicación de la reforma educativa. “La instrumentación de la Reforma Educativa constituye —dijo— un firme compromiso del Gobierno de la República. Si bien su aplicación ha sido generalizada en el país, también hay que reconocer que ha enfrentado resistencias en algunas regiones específicas. Seguiremos sumando esfuerzos con los gobiernos locales, con los maestros, los padres de familia, las organizaciones civiles y la ciudadanía en su conjunto, para que la Reforma Educativa se aplique en las 32 entidades federativas y, con ello, asegurar que sus beneficios lleguen a todas nuestras niñas y niños del país”.
Al margen de la retórica, lo que parece claro es que el discurso y la realidad no van de la mano, al menos en el caso de Oaxaca, que es la única entidad federativa en donde no se ha llevado a cabo el proceso de armonización de las respectivas legislaciones, en donde tampoco se ha dado un solo paso en la implementación de la reforma educativa, y en el que, al contrario, la Secretaría de Gobernación está socializando una posible solución a la pugna con el magisterio en resistencia, que bien podría constituir la claudicación de la puesta en marcha de los mecanismos de evaluación que hoy contempla la Constitución federal para los profesores de educación pública básica.
Lamentablemente, el gobierno federal ha sido tan omiso como el Estado en las tareas que le corresponden, pero a lo que sí le ha invertido mucho es a tratar de que sea Oaxaca quien cargue con todo el costo político de la imposibilidad de implementación de la reforma educativa, que si bien pasa por la armonización de las dos legislaciones, también es un tema de operación política en la que el gobierno federal no ha podido demostrar eficacia en la construcción de acuerdos.
Y es que hasta hoy, todo lo que hemos visto, se centra en el impulso constante de una campaña de linchamiento en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Oaxaca, que han sido incapaces de cumplir con su tarea de llevar a cabo el proceso legislativo que hace falta. En esa tarea, se ha omitido mencionar que el gobierno federal ha buscado un debilitamiento constante de las estructuras institucionales locales, frente a un sindicato que tiene una capacidad de movilización que no puede ser desestimada, y se ha aprovechado de que el gobierno estatal ha tomado como una determinación —creemos que equivocada— la de no contradecir, ni en lo mínimo, a la dirigencia magisterial que, más que nunca, ha mostrado desinterés en llevar a cabo sus protestas sin lastimar a la ciudadanía.

LOS PENDIENTES FEDERALES
A partir del 1 de enero próximo, la Secretaría de Educación Pública debe tomar el control de la administración de la educación en Oaxaca, y no sabemos qué avance real lleva ese proceso. Asimismo, la SEP aplicó, en coordinación con el INEGI, un censo de maestros y escuelas que nadie sabe qué grado de avance pueda tener en la entidad, y después por un acuerdo con la Sección 22 impulsó un “plantilleo” que no es más que la realización de un censo alternativo para conocer el número de maestros por escuela, su adscripción, sus condiciones salariales y su participación en labores docentes.
Esa crisis, en la parte que hoy sigue escondiendo el gobierno federal frente a la sociedad, tomará otra dimensión en enero próximo, cuando —haya o no ley educativa local armonizada con la legislación federal— entren en vigor todas las disposiciones relacionadas con la administración de la educación, y entonces sea ya la SEP, y no el IEEPO, el encargado de llevar a cabo todos los procesos para que los maestros oaxaqueños cobren sus salarios. Hoy en día no existe ninguna certeza —y si la hay, es sólo en el ámbito privado, porque en el ámbito público sólo se guarda silencio— sobre qué pasará entonces, y si llegado ese momento habrá capacidad de la nueva autoridad educativa para enfrentar todo lo que les espera.
Tomemos como base un ejemplo. ¿Qué pasará si falla la realización del llamado “plantilleo”, así como falló la ejecución del censo educativo que hizo el INEGI? ¿Qué condiciones de gobernabilidad habrá en Oaxaca si una tercera parte, o la mitad, o todos los maestros oaxaqueños no cobran su primera quincena de enero de 2015 con cheques ya emitidos por la SEP? ¿En enero qué tendrá que decir el gobierno federal frente a la resistencia a la aplicación de los nuevos criterios de evaluación de los profesores?
Sobre todo eso debiera estar trabajándose hoy por parte de la SEP, porque la armonización de la legislación local con la federal en materia educativa, es sólo uno de varios pasos que deben darse para llevar a cabo el cumplimiento de las promesas que hizo el presidente Peña Nieto en el marco de la entrega de su Segundo Informe de gobierno. Y queda claro que así como hoy el gobierno de Oaxaca es cuestionado —con toda razón— por su tibieza y sus omisiones, también debiéramos al menos preguntarnos qué está haciendo, y cuánto ha logrado avanzar, el gobierno federal, en las tareas que le corresponden.
Sabemos que esta es una atribución conjunta de los tres órdenes de gobierno, en la que la Federación tiene un conjunto de tareas que quién sabe si ya realizó. Por eso, quizá, el presidente Peña prefirió el tono suave antes que un reproche a Oaxaca que, irremediablemente, le terminaría rebotando como bumerang ante la falta de resultados de los operadores e implementadores federales de la reforma educativa.

INSOSTENIBLE
Sí, el secretario de Seguridad Pública, Alberto Esteva, es insostenible. Con su ánimo de no meterse en asuntos internos de los gremios, vuelve inoperante hasta el lema de la dependencia que encabeza. ¿Cumplir y hacer cumplir la ley? Por favor…

Presión magisterial, freno a democracia

Sostenidamente, el gobierno y el Congreso de Oaxaca hacen dos aseveraciones respecto a su supuesta independencia de los poderes fácticos: por un lado, dicen que ninguna presión ejercida desde la sociedad es determinante para la toma de decisiones; y por el otro, sostienen que el Estado asume plenamente que parte de su vocación democrática radica en no responder a las provocaciones que grupos de presión como la Sección 22 del SNTE hacen a la autoridad, respecto al orden público y los derechos de terceros. ¿De verdad esas actitudes demuestran democracia e independencia en Oaxaca?
En efecto, hoy el Estado oaxaqueño se encuentra ante uno de sus dilemas más profundos frente a la necesidad de emitir una nueva legislación en materia educativa. Como bien lo sabemos, la reforma constitucional federal, y la promulgación de la reglamentación secundaria de ese nuevo contenido constitucional, obligaron a Oaxaca como entidad federativa a iniciar un proceso de armonización de su legislación, que hoy tiene a sociedad y gobierno frente a una situación en apariencia insalvable: la Sección 22 se ha opuesto con todo denuedo a que se lleve a cabo ese proceso, y sostienen que sólo estarán de acuerdo con una legislación educativa que responda a sus intereses, independientemente de que sea o no armónica con la Constitución de la República. Y ocupan el método de la presión social para tratar de conseguir lo que pretenden.
Frente a esto es que el Estado hace esas dos manifestaciones. Pues por un lado, gobierno y Congreso sostienen que son independientes y que no se dejan presionar por grupo alguno, aunque en los hechos ellos son los que se han visto obligados a postergar el momento de emitir la nueva legislación educativa, y a llevar al consenso con un poder fáctico (la Sección 22) el contenido de una ley, que en sí misma debiera ser la expresión de la independencia y soberanía de los poderes del Estado.
La justificación que hasta ahora han ofrecido el gobierno y el Congreso para llevar a cabo ese consenso, es la vocación democrática de quienes los integran. Esto es posible. Sin embargo, en un verdadero marco de democracia lo que tendría que haber ocurrido es que todos demostraran su voluntad por el consenso, cediendo en ciertas posiciones en aras de conseguir otras. Esto es, que tanto el gobierno y el Congreso concedieran ciertas posiciones a un poder fáctico como la Sección 22 (con quien de entrada no tienen el deber de negociar, aunque lo hacen por esa supuesta vocación democrática), para que a su vez ésta hiciera esa misma demostración. Sólo que eso no ha ocurrido, y posiblemente no ocurra nunca.
Todos sabemos que hasta hoy la 22 no ha cedido una sola de sus exigencias, porque sus órganos de dirección asumen la democracia como el deber del Estado de cumplir todo lo que ellos —como expresión del pueblo de Oaxaca— exigen, y no como el deber de todos los participantes en el consenso democrático de ceder ciertas posiciones en aras de conseguir otras. 
Así, lo que en realidad están provocando los poderes del Estado con esa posición ambigua e inexplicable, es debilitar en su conjunto al Estado. Pues a pesar de que los Poderes estatales no aceptan que en realidad se encuentran profundamente presionados —y asustados— por las acciones y reacciones de la Sección 22, todos vemos que eso ocurre todos los días.
¿Cómo no pensar que hay presión infinita por parte de la Sección 22 en contra del gobierno y del Congreso, cuando los obligaron primero a firmar un pacto político que en sí mismo quebrantaba el mandato dado por el Poder Legislativo Federal para el periodo en que debía darse la armonización de las legislaciones locales con la norma federal? ¿Cómo no creerlo cuando después obligaron al Ejecutivo y Legislativo a conformar una comisión redactora conjunta, en la que prevaleció la visión de los profesores democráticos? ¿Y cómo no seguirlo creyendo, cuando ellos son quienes presionan todos los días a los diputados para que no discutan y aprueben otra legislación, que no sea la que ellos entregaron?
Si en ese marco de presiones —y de la reacción del gobierno y el Legislativo, que siempre responden cediendo a lo que quiere el magisterio—, todavía se atreven a afirmar que hay democracia e independencia del Estado, entonces no sabemos qué concepción tan distorsionada tienen de esos conceptos, que hoy en día no están ni cerca de materializar lo que hasta ahora hemos conocido como Estado de Derecho.

ESTADO DÉBIL
Ahora bien, ocurre exactamente lo mismo con el orden. El gobierno asume como deber inamovible no responder a las afrentas que reiteradamente ha hecho la Sección 22 en contra de la sociedad y el orden público, porque dice que actuar en su contra constituiría una demostración de represión, que va en contra de la vocación democrática del régimen gobernante.
No obstante, lo que ocurre en realidad es que con ello el Estado facilita su propio debilitamiento. ¿Por qué? Porque no sólo se trata de no actuar en contra de la Sección 22, sino también de lo que demuestra, y de los puntos de referencia que toman otras organizaciones. Hoy en día vemos que taxistas, camioneros, transportistas, vendedores ambulantes, integrantes de organizaciones gremiales, grupos de lucha social, y un larguísimo etcétera, toman las calles de Oaxaca libremente, como si en ellas no hubiera una norma mínima de convivencia, y como si no tuvieran el deber de respetar a los demás.
¿Por qué ocurre eso? No porque el magisterio sea muy numeroso y sea imposible actuar en su contra, sino más bien porque el Estado es quien puso la pauta de que todo podía hacerse sin tener consecuencia alguna, y por eso hoy cualquier grupo hace lo que quiere en la vía pública de la ciudad, o atacando bienes o derechos de la colectividad.
Esa es una muestra de debilidad profunda, que está confundida con una actitud democrática. Ésta última debía centrarse en actuar en un marco de tolerancia y civilidad. Pero el límite de esos dos valores debía darse en el momento en el que cualquiera de los dos extremos (la protesta o la civilidad) lastimaran los derechos de terceros.

¿Y LA SOCIEDAD?
Esa es la gran pregunta. Y la respuesta no se encuentra específicamente en la población, sino más bien en su desorganización. Los oaxaqueños no hemos podido pasar del lamento a la organización, entendida ésta última como la capacidad de aglutinarse para exigir derechos u oponerse a ciertas cuestiones. Nada de eso existe. Por eso, y por la debilidad del Estado, aquí impera la ley del más fuerte.

S22 no se conformará; crisis de 2006 es la prueba

La Secretaría de Gobernación cometió el más grande error táctico en su intención por lograr que la Sección 22 del SNTE entre en el proceso de implementación de la evaluación para los trabajadores de la educación. Al ceder en la contratación de los 943 egresados de las 11 escuelas normales de la entidad, Gobernación quizá trató de dar una muestra de buena voluntad para avanzar en la negociación. Sin embargo, este paso revela el nivel de desconocimiento que tienen sobre la forma de operar de la Sección 22. El conflicto del 2006 es la prueba, y sólo hace falta recordar por qué.
En efecto, sólo aquellos que no tienen memoria ya olvidaron la génesis del conflicto magisterial de 2006 en Oaxaca. El año previo —2005, el primero de gestión del gobernador Ulises Ruiz, quien como promesa de campaña había anunciado que en su gobierno no habría más marchas y plantones—, el entonces secretario General de Gobierno, Jorge Franco Vargas, conjuró rápidamente las jornadas de lucha magisterial haciendo un movimiento que en el momento dio resultados, aunque en el mediano plazo se convirtió en el detonante de la mayor crisis que ha vivido un gobierno local por conflictos sociales.
Pues resulta que en aquel año 2005, efectivamente no hubo plantón ni paro indefinido de labores por parte de la Sección 22 porque el Secretario General de Gobierno llegó a la mesa de negociación con el magisterio con respuesta a todas y cada una de sus demandas, y todavía les ofreció más recursos de los que el magisterio le había solicitado al gobierno. Obviamente, en aquel momento la negociación fue redituable para la Sección 22, aunque tal movimiento reveló que el sagaz secretario Franco Vargas no conocía la forma de operar del magisterio democrático oaxaqueño. ¿Por qué?
La respuesta es simple: porque ni Jorge Franco, ni el gobernador Ulises Ruiz calcularon que esa supuesta “inversión” hecha con el magisterio no sólo no los convertía en “amigos” o aliados, ni les redituaría en nada —fuera de haber logrado que en 2005 no hubiera plantón, protestas, o actos de presión en las calles de la ciudad—, sino que al año siguiente ello se convertiría en el punto de referencia para que la Sección 22 fuera y les pidiera más de lo que ellos habrían podido seguir dando.
Y es que, en su desconocimiento, Ruiz y Franco no alcanzaron a ver que uno de los principios básicos de la lucha magisterial se centra en nunca ceder ni dar pasos hacia atrás. Esto significaba que, por poner un ejemplo, si en 2005 habían recibido equis número de millones de pesos —cuestión que para el gobierno podría constituir una inversión histórica, producto de un esfuerzo único y extraordinario—, al año siguiente el magisterio no se conformaría con recibir lo mismo, o menos. Ellos, pues, van siempre por más. Y en la imposibilidad de entender esa forma de lucha, todo se rompió cuando en la negociación entre el gobierno y el magisterio en 2006, la administración del gobernador Ruiz no pudo igualar, y mucho menos superar, lo que su mismo gobierno le había dado el año previo.
¿Qué ocurrió entonces? Que los maestros prolongaron el paro indefinido de labores por 22 días, hasta que el gobierno de Ruiz tomó la decisión equivocada de ordenar una incursión policiaca que fue repelida por los profesores que se encontraban en el plantón ubicado en el primer cuadro de la capital oaxaqueña.

LOS ERRORES DE SEGOB
Ayer, el periódico Noticias informaba que ante el acuerdo político entre el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda y la Comisión Política de la Sección 22, el IEEPO inició la contratación de 943 egresados de las 11 escuelas normales, sin mediar examen alguno de evaluación.
Según informaba el diario en su primera plana, el jefe del Departamento del Nivel de Formación y Actualización de Docentes de la dependencia, Jehú Reyes de la Rosa, dijo  que las direcciones de educación preescolar, especial, primaria, indígena y física iniciaron el 29 de agosto pasado las reuniones de trabajo con los 943 egresados para dar a conocer los criterios de contratación porque son diferentes en cada nivel. Explicó que el IEEPO contratará a los egresados con el término administrativo movimiento 95, equivalente al interinato ilimitado, para ser basificados a los seis meses un día de labores conforme marca la Ley.
Esto constituye la rendición del gobierno federal ante la Sección 22, en una equivocada estrategia de distensión del movimiento magisterial de Oaxaca. Pues quizá en la lógica utilizada por el gobierno federal, lo que podrían lograr con esta concesión a los maestros es que ellos se llevaran su “premio de consolación” a cambio de acatar los lineamientos de la reforma educativa. Lamentablemente, no entienden que la lógica de la lucha magisterial no es compatible, bajo ninguna visión, con la conformidad o la resignación. Por eso nos atrevemos a afirmar que este es un error que finalmente Oaxaca, y el gobierno federal, habrán de pagar en los años siguientes.
¿Por qué? Porque el sindicato magisterial no asume que sus adversarios les hacen concesiones como demostraciones de buena voluntad, sino que lo hacen porque se ven obligados a decidirlo en función de la capacidad de movilización y de presión que ejerce el magisterio. Por eso, si en esta jornada de negociación lograron al menos la contratación de los 943 egresados de las 11 normales de la entidad, en momentos subsecuentes no irán sino por más de lo que en esta ocasión lograron conseguir.
Esa fue la lección implacable que dejó el 2006. Y es todavía más lamentable que Gobernación haya cedido ante las presiones magisteriales sin nunca haber tomado la responsabilidad, y los costos políticos, sociales y económicos, de este proceso de implementación de la reforma educativa, que ha cargado silenciosamente a la sociedad y al gobierno de Oaxaca. Esta decisión difícilmente podrá zanjar el problema existente. Y más bien, se ve como la punta de lanza de los conflictos futuros en la relación de la Sección 22 con sus nuevos interlocutores, que a partir de 2015 serán funcionarios del gobierno federal.

EPN: DOS AÑOS, Y NADA
Ayer el presidente Enrique Peña Nieto presentó su segundo informe de gobierno. En ese contexto, una de las cifras negras en su gobierno es que Oaxaca es el único estado del país que no ha visitado. Ahora debería venir pero ya no como favor, sino a explicar por qué escogió a Oaxaca como símbolo del fracaso de su reforma educativa. No faltaba más.

Quitar pluris pega directo a fuerzas opositoras

Si buscamos el matiz democrático de la consulta popular que impulsa el PRI para eliminar 100 curules y 32 escaños en las cámaras legislativas federales, simplemente no lo encontraremos. No existe una explicación lógica, coherente y sostenible en términos democráticos, de por qué una medida de ese tipo fortalecería la democracia representativa; pero lo que sí existen son razones muy concretas, de pragmatismo político puro, para entender por qué hoy el PRI intenta reducir el Congreso.
En efecto, desde hace algunos días el PRI inició en todo el país la recolección de alrededor de un millón y medio de firmas que necesita para acceder a una consulta popular, en los comicios federales de 2015, en la que preguntaría a la ciudadanía si está o no de acuerdo en que se reduzca la composición de las cámaras legislativas federales. El PRI dice que está atendiendo a un reclamo de la ciudadanía, y que además ese es uno de los compromisos que hizo el presidente Enrique Peña Nieto cuando era candidato. Sin embargo, parece que son otras razones (no dichas), las que impulsan esa posibilidad.
Lo primero que debemos preguntarnos es el momento de anunciar la consulta. El líder nacional del PRI, César Camacho, lo hizo apenas una semana después de que el Congreso concluyó los trabajos de la emisión de las leyes reglamentarias de las reformas estructurales. Lo hizo, además, en vísperas del momento electoral que se avecina. Y lanzó la propuesta como un “equilibrio” a la consulta que prepara el PRD sobre la reforma energética, o la discusión del salario mínimo que impulsa el PAN.
Y es que vista desde cualquier perspectiva, la del PRI es una consulta con resultados previsibles y garantizados. ¿Por qué? Porque en efecto, mucha gente exige que se reduzca el Congreso pero no para los fines que quiere el Presidente o el PRI, sino para evitar los excesivos privilegios que tienen los legisladores federales. Es claro que el PRI está impulsando esta consulta con encuestas en las manos, y con la idea de que llevar a cabo este intento encierra un resultado que para ellos bien puede ser un ganar-ganar puro.
Es por eso que en este punto es donde vale la pena reflexionar en dos cuestiones. Primera, ¿quién gana y quién pierde en realidad con esta reforma?; y segunda, ¿cuál sería el efecto colateral de que una medida como ésta pudiera llegar a convertirse en ley, respecto a todo el proceso de reformas que se llevó a cabo recientemente y que al Presidente le interesa mucho perpetuar y evitar a toda costa que ocurra alguna contrarreforma?
Para entender la primera de esas dos cuestiones planteadas en líneas anteriores, es necesario preguntarse a quién le benefician más las diputaciones y escaños del Senado que se otorgan por la vía de la representación proporcional. La respuesta es simple: le benefician más al PAN, al PRD y a los partidos minoritarios, porque territorialmente el PRI tiene más influencia que ellos (tiene, por ejemplo, alrededor de 20 gobernadores, que no tienen problema en ganar la mayoría de los distritos electorales federales) y porque finalmente la representación proporcional lo que busca es equilibrar las fuerzas y dotar de espacios legislativos a los partidos en proporción no a los distritos ganados, sino a los votos obtenidos en las jornadas electorales.
Por eso, una consulta como ésta iría a impactar directamente sobre esos partidos, que verían particularmente mermada su presencia en las cámaras legislativas por la reducción de la representación proporcional.

GANAR-GANAR
Con menos curules y escaños, habría también menos presencia de los partidos de oposición, y entonces habría, valga la redundancia, menos oposición. Ese sería el efecto colateral de una posible reforma encaminada a reducir el Congreso, que el PRI evade explicar a la ciudadanía. Lo hace porque sabe que una explicación de esa es insostenible democráticamente, y porque no parece dispuesto a exhibir su intención de lograr un beneficio propio, a partir del engaño a la ciudadanía respecto a que ésta es una reforma que lo que busca es responder a sus intereses.
¿Por qué sería, además, un ganar-ganar? Porque el PRI y el Presidente están muy interesados en que no haya, por más mínima que sea, posibilidad de que alguna de sus reformas pueda sufrir modificaciones a partir de las acciones de la oposición. Concretamente, no querría ver mermada la reforma energética, a la que le apuestan tanto, o alguna de las otras reformas a las que les pusieron mucho de su capital político. Por eso están tratando de evitar eso “blindando” las reformas a partir de la modificación del esquema democrático de decisión por parte del Congreso.
Ese blindaje se da a partir del hecho de que el PRI irá a fortalecer su presencia territorial para ganar todos los espacios legislativos posibles por la fuerza de los votos, y al mismo tiempo buscará mermar a la oposición para que se quede en la vía de la representación proporcional, a la cual busca restarle espacios. De ese modo, al haber “mucho PRI” y poca oposición en las cámaras, no habrá forma de modificar la Constitución simplemente porque no habrá capacidad numérica para lograr tal objetivo.
Por eso los mexicanos debemos preguntarnos con seriedad si con esta supuesta reforma democratizadora queremos a un Congreso más débil y a un Presidente más fuerte. No parece la ruta correcta de una democracia que se encuentra en crecimiento. Más bien, parece la lectura pragmática –y perversamente hábil- de un tiempo político concreto en el que quien detenta el poder está luchando desde esa posición, para perpetuarse.
Este ya no debería ser un tema de estar de acuerdo o en contra de la reforma sólo por la militancia partidista. La discusión debiera partir de un contexto democrático, y de un análisis serio, en el que debiéramos preguntarnos exactamente qué queremos los mexicanos, y qué planea el grupo gobernante para permanecer en el poder con ventajas.

LA REFORMA Y LOS VACÍOS
Sí debe haber una reforma que replantee el poder. Pero necesita ser mucho más de fondo que la sola reducción de legisladores, sin pasar también por el replanteamiento del poder y la influencia del Presidente. El poder no permite vacíos. Y si alguien tomará la porción de poder que dejará suelto el Congreso al reducir su tamaño, ese será el Presidente, figura sobre la cual nadie discute si es también necesario acotar o replantear sus funciones. Aunque no lo aparenta, esto plantea una abierta tentación autoritaria no vista en los últimos tiempos en México.

Presión, institucionalizada; lucha social, en pleno

En las últimas semanas hemos visto cómo en Oaxaca la legalidad se ha relajado hasta límites insospechados. No es la primera vez que la autoridad estatal se queda arrinconada ante los grupos que organizadamente protestan y, rompiendo el orden, exigen respuesta a demandas que no siempre son legítimas. ¿Vale la pena hoy tolerar que organizaciones y sindicatos sigan en esa dinámica indefinidamente? Es urgente tomar conciencia de ello.
En efecto, si hacemos un recuento de las acciones de protesta de grupos sociales ocurridas en las últimas semanas, veremos cómo cada vez hay más lejanía entre los postulados “sociales” tradicionales y las demandas y disputas que hoy motivan las acciones de violencia. La Sección 22 del SNTE, por ejemplo, mantiene la ocupación de la plaza principal de la capital oaxaqueña, la cual está aparentemente justificada por las negociaciones que llevan a cabo con el Gobierno del Estado y la Secretaría de Gobernación por la aplicación de la reforma educativa.
Quizá esa parte sea relativamente comprensible, pero no que le hayan abierto el paso a docenas de vendedores ambulantes que hoy aprovechan la presencia magisterial en el zócalo y alameda de la capital oaxaqueña, para comerciar productos sin ningún tipo de regulación, y respondiendo a intereses que no quedan claros –es más, ni los abordan, dejándolos deliberadamente como invisibles- ni en las negociaciones con el gobierno, ni en las justificaciones que el magisterio ofrece a la ciudadanía, y tampoco en los acuerdos que toma la Sección 22 al interior de su Asamblea Estatal.
Si esta violación al orden público doblemente aberrante, ocurre a plena luz del día y a la vista de todos, en Oaxaca también la autoridad está traspasando los límites de la tolerancia en otras cuestiones que también la ciudadanía comienza a ver sin sorprenderse. ¿Nos hemos detenido a pensar, por ejemplo, el grado de impunidad y laxitud que hoy en día tolera el gobierno al magisterio, como para que éste sea capaz de ir a tomar, por varios días seguidos, las oficinas de una compañía privada, sin que nadie los moleste tanto por la agresión y el acto de presión que están cometiendo en contra de un particular, como también por el hecho de que con su protesta rompen todavía más el orden y el derecho de paso de toda la población?
Algo muy similar ocurre con las acciones que en las últimas semanas ha emprendido la Sección 22 en contra de las oficinas de la Sección 59, de legisladores priistas, de edificios públicos, de negociaciones, y de todos los que de alguna forma se cruzan en su camino. El gobierno apenas si alcanza a argumentar que la dinámica social y política de Oaxaca es compleja y llena de particularidades, pero sin aceptar que hoy en día estamos dando pasos irremediables hacia una crisis profunda en cuanto a la noción de orden y a la capacidad que debe tener –y no tiene- el Estado para asumirse como autoridad.
¿Qué debemos esperar que pase con la Sección 22? ¿Que sitie nuevamente la capital de Oaxaca y decida romper el orden a gran escala, como ya lo han hecho en el pasado? ¿Por qué nadie le pide cuentas al magisterio ya no de los vidrios que ha roto y de las negociaciones que ha dañado en sus jornadas de lucha, sino de su oprobiosa tolerancia a la presencia de vendedores ambulantes en el zócalo citadino? ¿Sabemos, por ejemplo, a quién le sirven y mantienen todos los vendedores ambulantes que hoy se encuentran auspiciados y cobijados por el plantón que mantienen los trabajadores de la educación en zócalo citadino? Si sí lo sabemos, entonces alguien debería hacer algo. El problema es que la autoridad asume la posición de tolerante y democrática para maquillar lo asustadiza que es; y la ciudadanía se queda indefensa ante acciones que son cada vez más lesivas y violentas.

TODOS CONTRA TODOS
La Macro Plaza tiene menos de una semana en funcionamiento, pero ya lleva más protestas que días laborados. A ese lugar han ido a manifestarse transportistas, materialistas, profesores, taxistas y mototaxistas, que en realidad podrían también responder a las autoridades municipales corruptas que desean tener una participación en el “área de oportunidad” que ofrece la macroplaza a través de la tolerancia a la corrupción.
Hace unos días, por ejemplo, se fueron a manifestar taxistas que querían ser “respetados” en los espacios que dicen que les pertenecen en la nueva plaza comercial, ubicada en jurisdicción de Santa Lucía del Camino. Esa “pertenencia” está basada en realidad, en una única creencia de que la territorialidad también significa un derecho fáctico que en ese caso está a su favor. Por eso, aquellos taxistas fueron a protestar y a agredir a otras organizaciones, como si en realidad no existiera una autoridad de la materia, que en el último de los casos debiera ser la encargada de regular todas esas cuestiones, y no dejarse chantajear por ninguna organización, por numerosa que fuera.
El problema, en este caso, es que la noción de la legalidad y el sentido de la autoridad está totalmente rebasada. Sólo así puede entenderse que no haya noción entre las organizaciones de que primero debe estar la ley y después la fuerza, o de que ellos no pueden pensar sólo en agredir a todos los que se cruzan en su camino tratando siempre de imponer su criterio y sus intereses por la fuerza, y ya sin antes mediar el diálogo o respetar las acciones que pudiera emprender la autoridad para tratar de controlar situaciones de esta naturaleza.
Nada de eso ocurre hoy en día, y eso es preocupante. Ya no se trata sólo de que la lucha sea entre grupos y el gobierno, sino que hoy ésta se da, en los mismos términos, entre gremios y particulares, entre organizaciones de un mismo ramo, o entre ámbitos de gobierno que azuzan a grupos sociales para que vayan a protestar en contra de otros ámbitos de gobierno.

AUTORIDAD, AUSENTE
Esa pérdida de la noción de autoridad puede no tener retorno si la única intención de la autoridad, es la de seguir dando largas y canonjías a quienes deberían ser controlados pero tienen contra la pared a quien debiera ser la autoridad, pero no lo parece. Por eso, hoy la lucha social vive momentos de desenfreno que serán muy difíciles de remediar cuando se den cuenta que la tolerancia sólo sirve para concentrar más los vicios que hoy se permiten.

INE debe dar más certezas sobre proceso de elección

Desde hace algunas semanas se desarrolla el proceso de selección de quienes integrarán el Organismo Público Local (OPL) del Instituto Nacional Electoral (INE), que sustituirá al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO). La elección de los consejeros de ese organismo es relevante, porque constituye una de las primeras materializaciones de las nuevas reglas electorales. Sin embargo, vale la pena preguntarse: ¿De verdad el INE está coronando la ciudadanización de los órganos electorales?
En efecto, la pregunta no es ociosa, a la luz de ciertas cuestiones que le quitan brillo a este proceso de reintegración de los organismos electorales locales, como el de Oaxaca. Una de las dudas razonables que por salud política que deben prevalecer en un proceso como éste, es si de verdad el INE está haciendo lo suficiente por garantizar la ciudadanización de los órganos electorales, y si de verdad está tomando las medidas adecuadas que brinden certeza a los ciudadanos de que realmente se eligió a las personas más calificadas para fungir como autoridad electoral.
Estas dudas tienen su razón: con la reciente reforma electoral, la Federación hizo patente que las entidades federativas son menores de edad en cuanto al manejo de sus responsabilidades electorales, y al mismo tiempo la Federación se asumió como el gran árbitro de esas cuestiones. Por eso le quitó a los estados la gran mayoría de sus facultades en el ámbito electoral, para convertir al IFE en un Instituto Nacional y darle alcances de leyes generales a normas que antes regían cuestiones electorales sólo en el ámbito federal.
Así, una de las razones de fondo para eliminar la jerarquía normativa en el ámbito electoral (municipal, estatal y federal) y crear una sola competencia (la nacional), fue que los estados no habían podido impedir la partidización de sus órganos electorales, ni habían logrado frenar la influencia de poderes fácticos que colonizaron a los órganos electorales locales y los pusieron al servicio del poder, alejándolos del interés de la ciudadanía.
A partir de eso se torna relevante la cuestión de cómo se están integrando los OPL. Pues se supone que con ello lo que el INE pretende lograr es inhibir la influencia de partidos y grupos políticos en la integración de los órganos electorales locales, para así garantizar que habrá independencia, especialización y legitimidad en las funciones electorales, y que de verdad estarán éstos integrados por las mujeres y hombres más calificados para realizar dichas labores. Se supone, pues, que con estos nuevos procesos el INE busca que los OPL se integren al margen de débitos políticos, tráfico de influencias, o “intereses” de los partidos porque sean ciertos personajes –califiquen o no en la evaluación de los conocimientos técnicos que deban acreditar- quienes sean parte de los órganos que fungen como autoridad electorales.
Por eso hoy en día es no sólo posible, sino necesario, preguntarse si de verdad el INE está llevando a cabo correctamente el proceso de selección de consejeros de los Organismos Públicos Locales, y si en esto de verdad está garantizando la claridad, la imparcialidad y la equidad respecto a todos los aspirantes.

LAS DUDAS
Quizá en un ánimo de hacer una convocatoria lo más amplia posible, el INE dejó abierta la posibilidad de que los integrantes del actual órgano electoral estatal (el IEEPCO) participaran en la integración del OPL. Esta no es en sí misma una cuestión que rompa con la equidad que debe prevalecer en este proceso.
Más bien, lo que sí genera una expectativa negativa es el hecho de que, en el caso del IEEPCO, la gran mayoría de quienes integran el Consejo General son agentes directos de los partidos que los postularon. Así pues, si se suponía que una de las cuestiones que el INE quería eliminar al absorber a los órganos electorales locales era la partidización de sus integrantes, hoy de entrada esa cuestión no se garantiza al dejar en la laxitud tanto la participación de esos personajes, como el ámbito de influencia que habrán de tener los partidos representados en el Consejo General del INE.
No obstante, vale la pena ir por partes. Primero, parece que el INE estableció un sistema de exámenes para dar certeza sobre el resultado de la elección de consejeros de los OPL. No obstante, en el establecimiento de ese mecanismo de exámenes no se estableció con precisión qué nivel de influencia tendría cada una de las etapas para la selección final de los consejeros. Dicho de otro modo: se estableció la elaboración de un examen de conocimientos y de un ensayo escrito, la valoración curricular y una entrevista, pero no hay certeza de qué valor específico tendrá cada una de esas etapas para la determinación de quién es, fundadamente, un candidato idóneo.
Luego, se dejó en la completa discrecionalidad la participación de los partidos políticos y los consejeros del Poder Legislativo en este proceso. Así, las reglas para la designación de consejeros del OPL sólo establecen que una vez que hayan sido aprobadas las listas de los aspirantes que avanzaron en las etapas de selección, éstas serán entregadas a los representantes de los partidos políticos y a los Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General, “para sus observaciones y comentarios”.
¿Qué podemos entender como “observaciones y comentarios”? Pues esta aparente suspicacia se funda en el hecho de que ellos tienen una facultad discrecional de acordar, o pactar, la consideración en específico de alguno de los integrantes de esa lista de aspirantes al margen de sus resultados en la evaluación; o bien, pueden vetar la posibilidad de que uno de esos aspirantes seleccionados pueda llegar a ser considerado como potencial candidato a ocupar la responsabilidad de consejero electoral.

¿DEMOSTRARÁ EL INE TRANSPARENCIA?
En Oaxaca hay ejemplos negros de cómo los mejores perfiles son soslayados, en exámenes de oposición, frente a compromisos políticos. ¿Un botón de muestra? Que ninguno de los actuales integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado fue de los mejor calificados en el examen de conocimientos, y las demás pruebas que se aplicaron. ¿Esta historia turbia puede repetirse? Claro que sí, en los huecos que deliberadamente dejó el INE en las reglas que rigen este proceso, para permitir la ominosa participación e influencia discrecional de los partidos políticos en este proceso. Al tiempo.

Sólo una vía para control previo de una ley

Es preocupante que frente a un caso tan espinoso como el de la omisión legislativa del Congreso de Oaxaca, por la armonización de las normas educativas, el Secretario de Educación Pública intente defender la posición del gobierno federal con argumentos equivocados. Emilio Chuayffet demostró, en la primera alusión que hace a la situación actual de Oaxaca, que tiene firme intención de no permitir quebrantos a la Constitución, pero sin tener claridad de cómo conseguirlo.
En efecto, el lunes pasado en alusión al caso Oaxaca, el secretario Chuayffet, advirtió que “ahí donde no se han podido armonizar leyes con los objetivos de la política educativa de México”, se tiene el principio de “supremacía constitucional” que se puede ventilar en la Suprema Corte, “mediante una acción de inconstitucionalidad para que ésta diga cuál de las posiciones en conflicto o pugna prevalece”.
¿De verdad es posible defender la posición del gobierno federal, y el principio de la supremacía constitucional a que hace alusión el Titular de la SEP? ¿De verdad podría intentar una acción constitucional en este momento el gobierno federal? ¿Qué camino queda para tratar de conseguir algún grado de certeza respecto a la constitucionalidad de una norma que aún no se discute y aprueba, y sobre la cual lo único que existe son iniciativas de ley, presentadas ante el Congreso local pero aún no dictaminadas ni presentadas al Pleno por las comisiones a donde fueron turnadas las iniciativas?
En este punto podemos comenzar a distinguir las equivocaciones del secretario Chuayffet Chemor respecto a la forma en cómo prevé defender la supremacía de las normas educativas del ámbito federal, frente a las omisiones del Estado de Oaxaca, al menos en el momento en el que se encuentra el proceso de armonización de la norma educativa local con las disposiciones federales. Como todos sabemos, Oaxaca está, en ese ámbito, en la nada jurídica. Y de ahí deben partir ciertas consideraciones. ¿Cuáles?
Que, por un lado, el artículo 105 de la Constitución establece dos mecanismos de control constitucional, denominados Controversia Constitucional, y Acción de Inconstitucionalidad. El primero de esos mecanismos tiene por objeto que la Suprema Corte dirima controversias que se susciten entre poderes de un mismo ámbito de gobierno, o entre distintos ámbitos de gobierno, por leyes o actos realizados por uno de ellos, que afecten el ámbito de competencia de otro. Por su parte, la Acción de Inconstitucionalidad, tiene como fin plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución.
En este sentido, el secretario Chuayffet aseguró, concretamente, que la vía que pretende utilizar es la Acción de Inconstitucional. ¿Es esto posible actualmente para el caso de Oaxaca? De entrada la respuesta es “no”, por una razón muy evidente: que según el propio artículo 105 de la Constitución federal, las acciones de inconstitucionalidad sólo podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma que se pretende impugnar.
Queda claro que en la situación actual de Oaxaca ni siquiera existe una ley estatal aprobada, que pudiera ser objeto del control constitucional por parte de la Suprema Corte mediante una Acción de Inconstitucionalidad; y que en el caso de ya existir, no sería la SEP ni el Presidente de la República los legitimados para poner en marcha ese mecanismo de control, sino en todo caso el Procurador General de la República, o el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Poder Legislativo del Estado, en contra de la ley estatal expedida por el propio órgano (artículo 105, fracción II, incisos c) y d) de la CPEUM).

EL (ÚNICO) CONTROL PREVIO
Con esto queda claro que con todo y su argumento de la supremacía constitucional (que es correcto) el Secretario de Educación Pública está equivocado porque hoy en día el único medio legal que tenía el gobierno federal para presionar a los poderes del Estado en Oaxaca a que apuraran la legislación en materia educativa, ya lo hizo valer cuando en abril pasado presentó una primera Controversia Constitucional en contra de la omisión legislativa de la Legislatura del Estado. Fuera de eso, hoy en día no tiene ningún otro mecanismo legal de presión, porque éstos sólo podrá hacerlos valer cuando se apruebe una ley y el contenido de ésta sea sometido a una revisión de constitucionalidad ante la Suprema Corte.
Curiosamente, sólo queda una vía de control constitucional, que es a nivel local, que no está en las manos de la federación sino de los poderes locales, y que debiera dirimirse ante el Tribunal Superior de Justicia. ¿Cuál es? Es el mecanismo establecido en el apartado B, fracción IV, del artículo 106 de la Constitución del Estado.
¿De qué hablamos? Nos referimos, concretamente, a un mecanismo de control previo de la Constitucionalidad, que fue puesto recientemente en la Constitución local, pero del que sospechosamente nadie –quizá ni la misma Sala Constitucional local- parece hoy acordarse. ¿Qué dice la Constitución local al respecto? El precepto citado en el párrafo anterior dice, a la letra, lo siguiente: “Corresponde a la Sala Constitucional, en los términos que señale la ley: IV.- Conocer de las peticiones formuladas por el Gobernador del Estado, por treinta por ciento de los Diputados al Congreso del Estado (…) sobre la constitucionalidad de un proyecto de ley o decreto aprobado por el Congreso previo a su promulgación y publicación. El Tribunal Superior de Justicia deberá resolver en un plazo máximo de quince días naturales, mediante la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros”.
Esa es la única herramienta que le podría quedar para todo aquel que de verdad tuviese algún tipo de preocupación relacionada con las iniciativas presentadas ante el Congreso local en materia educativa. Ese es el único mecanismo de control previo que contemplan las leyes que rigen a los actos y los poderes involucrados en este asunto, a partir del cual el Tribunal Superior de Justicia podría hacer un primer balance sobre la constitucionalidad del contenido de esos proyectos de ley que ya existen en el Congreso local.

NO LO VEREMOS
Claro. Es brutal aceptarlo. Pero ese único mecanismo de control constitucional que existe hoy en día, no lo veremos ponerse en marcha. No, porque el Poder Judicial del Estado quiere ser ajeno a este lío. Y no, porque el Ejecutivo y Legislativo le están cuidando más la espalda a la 22, que la constitucionalidad.

ASE, incapaz de cumplir sus funciones, ¿por quién?

Estamos a poco tiempo de que termine el primer año de gestión de las autoridades municipales, y el cuarto de las autoridades estatales, y sólo podemos tener una seguridad: que la instancia fiscalizadora será incapaz de revisar las cuentas de cada uno de los ayuntamientos, y de los entes auditables, y que eso generará un nuevo dejo de impunidad que se sumará a los que todos conocemos. ¿Habremos de indignarnos? Seguro que sí. Pero dados los hechos, nadie debiera sorprenderse que al final ese fuera el resultado.
En efecto, cuando comenzó el año la sociedad oaxaqueña se estremeció cuando conoció amplias señales de corrupción e impunidad emergidas de varios ayuntamientos. De municipios como el de Xoxocotlán, Salina Cruz, San Pedro Mixtepec, Zaachila, entre muchos otros, brotaron sendas noticias de que los nuevos ricos de cada una de esas regiones eran justamente las autoridades municipales que entregaron sus cargos al finalizar el año anterior.
Así, de José Julio Antonio o Adán López se conocieron sus nuevas fortunas y propiedades inmobiliarias amasadas en apenas tres años; de Eduardo Rojas Zavaleta se supo de la existencia de una cuadra de caballos con valor de varios millones de pesos; o de Salina Cruz se supo del tiradero dejado por la autoridad saliente, que con magia “limpió” todas sus cuentas al pasar a ser diputado local. La gran pregunta, en esos y muchísimos otros casos era: ¿Por qué la Auditoría Superior del Estado no hace algo para investigarlos, perseguirlos y sancionarlos?
La respuesta simple lleva a pensar en la complicidad y en los acuerdos políticos para evitar las persecuciones. Sin embargo, queda claro que en más de un caso —en la inmensa mayoría de ellos— lo que ocurre es la combinación de una voluntad institucional encaminada a mantener débil al órgano de fiscalización de la entidad; y de un Congreso que está más preocupado por vigilar a la Auditoría Superior con recursos y burocracia legislativa, que por ver porque ésta cumpla verdaderamente con sus funciones y tenga mayores herramientas para realizar su trabajo.
Esta combinación de factores hoy en día es un problema mayor. Pues queda claro que por un lado el gobierno estatal no ha procurado una verdadera evolución del órgano fiscalizador. A lo más que llegó en relación a la ASE, cuando anunció su proyecto de Reforma del Estado, fue a reitegrar el órgano fiscalizador y hacer un reparto “equitativo” de posiciones entre los partidos políticos. Por eso el Auditor es una posición del régimen gobernante (y del PRD), y cada uno de los subauditores responde a los intereses del PAN y el PRI. Pero fuera de eso no se le dio nada más a la ASE para que hiciera mejor su trabajo.
El Congreso tampoco lo hizo. Cuando dizque reformó a la Auditoría no le dio mayores facultades de fiscalización; no le dio más recursos económicos; no le brindó una estructura burocrática de carrera que garantizara un nivel constante de actualización y mejoramiento de sus procesos administrativos; y por si fuera poco no le dio las herramientas para que la ASE se ganara la confianza frente a la ciudadanía, y con ello tuviera mayor legitimidad basada en sus resultados.
Hoy, por eso, la ASE es una entelequia que está afectada por diversos factores que cancelan cualquier posibilidad de fiscalización real, de persecución a las autoridades corruptas, y de brindar confianza y resultados a la ciudadanía. Esta historia, que constituye una tragedia para el sector público, se explica a partir de datos duros como las enormes carencias presupuestales que tiene la ASE; la ausencia casi total de personal especializado en tareas de fiscalización; los salarios abrumadoramente bajos de la mayoría de los empleados de la ASE -que hacen suculenta la posibilidad de incurrir en actos de corrupción-; y la falta de apoyo del Estado para que ésta haga correctamente su trabajo.

UN ÓRGANO INCAPAZ
Lejos de ver porque la ASE hiciera mejor su trabajo, este año el Congreso le quitó presupuesto. Lo hizo para crear la llamada Unidad Técnica de Fiscalización, dependiente de la Comisión de Vigilancia de la ASE, que preside el diputado Adolfo Toledo Infanzón, a la que le destinó 18 millones de pesos, que no fueron producto de una ampliación presupuestal, sino de la “reorientación” de recursos que recibía la ASE. Por eso, es paradójico —por decirlo de forma decente— que el Congreso haya creado un ente que vigila al órgano fiscalizador, pero al mismo tiempo le haya quitado elementos de funcionamiento a ese ente (la ASE) que ahora ya es observada de cerca por una comisión legislativa.
Este asunto tiene más de fondo: la ASE de Oaxaca es el órgano fiscalizador que tiene más entes auditables en todo el país (alrededor de 630), y ya de por sí era la auditoría de una entidad federativa que tenía menos presupuesto (que ahora, con los 18 millones que le quitó la Comisión de Vigilancia, es todavía más bajo); la ASE tiene menos de cien auditores —lo cual haría, en el mejor de los casos, seis auditorías por cada funcionario, y cada una de las revisiones lleva por lo menos dos meses de trabajo— y cada uno de ellos gana menos de 10 mil pesos al mes.
Sin justificar una conducta indebida, pensemos: ¿cómo suponer que un auditor estatal habrá de resistirse a la tentación de incurrir en un acto de corrupción (extorsionar a una autoridad municipal con problemas de comprobación, por ejemplo; o simplemente dejarse corromper por un edil que, además, si ha robado, tiene dinero suficiente para su “defensa”) cuando su salario lo pone en una situación que prácticamente lo invita a incurrir en ese tipo de conductas?
Por eso, a nadie debiera sorprenderle cuando el propio auditor Carlos Altamirano sostiene públicamente que este año sólo podrá auditar a 70 de los 570 ayuntamientos que tiene la entidad, y que de las 20 autoridades municipales que llevan auditadas, cuando menos 10 no entregaron información sobre el estado financiero en que recibieron sus administraciones municipales. Es, en el fondo, la muestra de que la impunidad está sostenida desde el propio Estado, que ni hace una Auditoría fuerte, ni genera las condiciones para que los servidores públicos le teman de verdad a una revisión de su ejercicio.

ES EL COLMO
Que haya ex autoridades municipales que además de no haber entregado la documentación comprobatoria de sus respectivas gestiones, todavía se den el lujo de “comunicarle” a la ASE que ellos tienen los documentos pero que necesitan que ésta “se los pida”, para que ellos las entreguen. Xoxocotlán uno de varios ejemplos.