+ Iniciativa oculta, equívoca en términos, y al vapor

Si nada extraordinario sucede, antes de que finalice sus trabajos la LXI Legislatura del Congreso del Estado podría ser aprobada una Ley para Protección del Ejercicio del Periodismo en el Estado de Oaxaca. Ojalá que los diputados tengan la responsabilidad suficiente para emitir una ley útil para la sociedad y para el ejercicio informativo, antes que privilegiar la pose política con la aprobación de una norma que no tendría utilidad práctica alguna.

En efecto, en varios momentos la Junta de Coordinación Política del Congreso local ha dicho que entre sus temas pendientes se encuentra la citada ley de protección del ejercicio periodístico, pero ha asegurado que esa será una de las normas que posiblemente aprueben antes de que culmine la LXI Legislatura. Así lo ha asegurado el coordinador de la bancada perredista, Alejandro López Jarquín, quien incluso ha afirmado que dicha iniciativa que incluirá en el periodo extraordinario que se llevará a cabo en el mes de octubre. ¿De qué trata esa ley?

La iniciativa partió de las agresiones físicas que han sufrido varios reporteros en los últimos años, y particularmente por los desencuentros que en los meses recientes ha habido entre corporaciones de seguridad estatal y trabajadores de la información, al momento de dar cobertura a ciertos acontecimientos. Al haber obstrucción del trabajo periodístico y trato indebido de policías a reporteros, se planteó la necesidad de contar con protocolos tanto para la actuación de los elementos de seguridad, como de los reporteros y fotorreporteros, al momento de cubrir hechos noticiosos, para que unos y otros cumplieran con sus respectivas labores sin generar roces.

El establecimiento de protocolos de seguridad, e incluso de protección al trabajo periodístico en temas concretos, es algo no sólo acertado sino útil y necesario para fijar reglas claras en el trabajo informativo y la actuación de la autoridad en esos casos. Sin embargo, más allá de ese primer planteamiento existen otros que deben ser tomados en cuenta por el Congreso del Estado, si es que de verdad quiere aportar algo positivo para el ejercicio de la libertad de expresión.

En ese sentido, lo primero que debe hacer es socializar, dar a conocer, y someter a una discusión amplia el contenido de la iniciativa que intenta elevar a rango de ley, entre todos los sectores de la prensa en Oaxaca. Salvo el grupo Prensa Oaxaca que presentó la propuesta (cuya labor es loable por el solo hecho de haberla construido), pocos son los trabajadores de la información que conocen la propuesta. ¿Cómo pretende el Congreso llevar a votación una norma que no ha sido ampliamente difundida entre todos los sectores, todos, de la prensa oaxaqueña? Esa es una primera inconsistencia, que palidece frente a otras que enumeraremos más adelante.

INCONSISTENCIAS

En primer término, es insustancial que una ley comience estableciendo derechos que ya están garantizados por la Constitución. En este caso, la propuesta que se estudia en comisiones legislativas comienza redundando en los derechos que se encuentran ampliamente protegidos en los artículos 6 y 7 de la Constitución federal, y reforzados por el derecho convencional de que México es parte.

Luego hay fallas mayores. Por ejemplo, el artículo 8 del proyecto, que norma el secreto profesional, dice: “Los periodistas tendrán el deber de abstenerse  de revelar o proporcionar información, secreto o comunicación de carácter reservada.” ¿En ese caso, los trabajadores de la información tienen el derecho o el deber de abstenerse de revelar información?

Porque si ese es un derecho, entonces la necesidad de protegerlo se hace evidente; pero si es un deber, entonces no sólo no hay que protegerlo, sino que más bien es necesario establecer un mecanismo sancionador para quien lo incumpla. Y bueno, lo relativo a la “comunicación reservada” consideramos que ya se encuentra plenamente regulada por el artículo 16 constitucional, que establece que las comunicaciones privadas son inviolables. Si no se refieren a eso, ¿entonces qué deberíamos entender por “comunicación reservada”?

Otro problema grave surge cuando se establece la cláusula de conciencia. Dicha cláusula es definida de la siguiente forma en el artículo 12 del proyecto: “La cláusula de conciencia es un derecho de los periodistas y colaboradores periodísticos, que tiene por objeto garantizar la independencia en el desempeño de su función profesional, salvaguardar la libertad ideológica, el derecho de opinión y la ética profesional del periodista.”

Todo muy bien, pero luego de esto surge uno de los temas que consideramos como de mayor gravedad. Continúa el citado artículo diciendo: “En virtud de la cláusula de conciencia, los periodistas y colaboradores periodísticos tienen derecho a solicitar la rescisión de su relación jurídica con la empresa de comunicación en que trabaje, cuando: a) En el medio de comunicación con que estén vinculados se produzca un cambio sustancial de orientación informativa o línea ideológica; b) La empresa los traslade a otro medio del mismo grupo que, por su género o línea, suponga una ruptura patente con la orientación profesional del periodista y colaborador periodístico.

Aquí hay muchísimas lagunas, preocupantes. Primera, toda rescisión de un contrato laboral es un derecho del trabajador, a partir de que éste no está obligando nunca, por disposición expresa del artículo 5 de la Constitución federal, a laborar en el lugar o en la actividad que no desee. El trabajo, pues, es libre por definición. Y, entendiendo eso, debemos preguntarnos: ¿por qué es un derecho pedir la rescisión de la relación laboral, si más bien lo que debería establecerse es que los supuestos que menciona el precepto (los incisos a y b citados) podrían ser causal para la rescisión del contrato laboral sin responsabilidad para el trabajador o que, en su caso, se equipararían al despido injustificado.

LA ORIENTACIÓN INFORMATIVA

Incluso cuando pudiera establecerse que el cambio de orientación informativa fuera una causal para la rescisión del contrato laboral, habría que definir qué entiende la ley por orientación informativa o, más aún, con línea editorial. Y lo sabemos de antemano: esa sería una batalla perdida, a partir de que una línea editorial se inscribe en el ámbito subjetivo de cada empresa de medios, en el que se involucran temas ideológicos, económicos, sociales y hasta políticos. Eso pasa aquí y en China. Hay varios temas más. Hablaremos de ellos en nuestra entrega de mañana.

+ Efecto contrario: ¿Y las “instituciones”?

La LXI Legislatura local aprobó la noche del miércoles un decreto que contiene la Ley que crea la Comisión de la Verdad para investigar “los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos del pueblo de Oaxaca en los años 2006 y 2007”. Más allá de la pose y la apariencia de justicia que trae aparejado dicho decreto, lo que queda claro es que con esa decisión los diputados demuestran ser los primeros que no creen en las instituciones del Estado (que están en manos de los mismos partidos que ellos representan), pero además que seguramente no le tendrán miedo a que se conozca la verdad sobre los hechos y momentos que pretenden indagar. ¿Será?
En efecto, desde que hace años comenzó a hablarse de la posible creación de una comisión de la verdad respecto a los hechos relacionados con el conflicto magisterial, en este espacio hemos sostenido que una decisión de ese tipo, en manos del Gobierno del Estado, del Congreso, o de organizaciones civiles de verdad comprometidas con el esclarecimiento de los posibles crímenes cometidos durante ese periodo, necesariamente tendría que implicar la investigación de todos los hechos constitutivos de delitos, y no sólo los atribuibles al anterior régimen en contra de los activistas del movimiento popular. ¿De verdad están dispuestos, el grupo gobernante y sus aliados, a revisar hechos en los que todos podrían resultar con responsabilidad?
Según lo que se informó respecto a la decisión de la LXI Legislatura, la integración de esta comisión “obedeció a las insistentes demandas de diversos sectores por castigar a los presuntos responsables del caso 2006, entre los cuales se menciona al ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz y varios de sus colaboradores”. Sin embargo, queda claro que una Comisión de la Verdad tiene funciones que rebasan la posibilidad de perseguir ex profeso a ciertos personajes, y que en el fondo tiene como objetivo esclarecer todo un conjunto de hechos relacionados con un periodo de tiempo y un espacio específico.
En ese sentido, organizaciones como Amnistía Internacional señalan, con razón, que todas las víctimas de genocidio, de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra, de tortura, de ejecución extrajudicial y de desaparición forzada, tienen derecho a la verdad. En específico, Amnistía Internacional sostiene que obtener la verdad sobre los crímenes es vital, primero, para que las víctimas directas conozcan toda la verdad sobre los crímenes de que han sido objeto, así como las razones que los motivaron, y para que se reconozca públicamente su sufrimiento. Además, la verdad es necesaria para desmentir toda acusación falsa que haya podido formularse contra ellas durante la comisión del delito.
Segundo, para que los familiares, especialmente de víctimas de homicidio o de personas desaparecidas, averigüen qué les ocurrió a sus seres queridos y conozcan su paradero; y tercero, para que la sociedad afectada conozca las circunstancias y las razones que llevaron a que se perpetraran las violaciones, de modo que se garantice que no se repetirán, y para que se reconozca y preserve la experiencia colectiva de los crímenes sufridos.
A partir de este punto es donde la creación de una Comisión de la Verdad comienza a tener cierto aspecto complejo en el caso de Oaxaca. Pues queda claro que al margen de las visiones cargadas de parcialidad (incluso las que impulsaron esta decisión) el conflicto magisterial no fue sólo un conjunto de ataques por parte del Estado en contra de un grupo de manifestantes, sino que este fue un conjunto de hechos en los que la sociedad (no sólo el magisterio, no sólo el Estado) fue la que se quedó en medio de un conjunto de ataques recíprocos entre unos y otros.
Específicamente, si una de las razones esenciales de la creación de una Comisión de la Verdad radica en que la sociedad afectada “conozca las circunstancias y las razones que llevaron a que se perpetraran las violaciones, de modo que se garantice que no se repetirán, y para que se reconozca y preserve la experiencia colectiva de los crímenes sufridos”, ¿los participantes de ese conflicto desde el sector de las organizaciones inconformes, estarán dispuestos a reconocer su parte de responsabilidad en toda la cadena de hechos que ocurrieron en ese momento?
Pues si hay disposición y plenas garantías para una investigación de verdad seria, el resultado sería altamente positivo. Pero si todo esto es –como lo decía ayer Juan Diego en este diario- una simple faramalla para cumplir una pose política, entonces la LXI Legislatura estará desperdiciando, formalmente, una oportunidad –esta sí- histórica para conocer la verdad sobre todos los hechos relacionados con el conflicto magisterial.

CLAUDICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES
La creación de una Comisión de la Verdad únicamente se da en circunstancias excepcionales, en los que se determina con toda firmeza que las instituciones del Estado no son capaces de investigar ciertos hechos, y en los que más que el castigo, lo que se busca el conocimiento de la verdad (no son lo mismo castigo y esclarecimiento) sobre un periodo de tiempo en específico.
Frente a esto, cabe la pregunta: ¿si el Gobierno del Estado creó hace dos años una fiscalía especializada en la investigación de hechos ocurridos en el pasado, la creación de esta Comisión es en cierta medida la aceptación tácita y expresa del régimen actual (el grupo gobernante, los partidos que son sus aliados, etcétera) de que sus propias instituciones no pueden llegar a ningún resultado y que por eso se deben tomar provisiones excepcionales para llegar a un resultado concreto?
Esto, lejos de aparentar un avance democrático, lo que refleja son evidentes signos de alarma sobre la poca atención que el régimen le pone a los temas sustantivos (el funcionamiento de las instituciones, por ejemplo) y le dedica tiempo, recursos y capital político a la creación de figuras de poca utilidad, pero de mucha pose, que en realidad no dan ninguna certeza (y sí generan muchas dudas) de que contribuirán a conocer la verdad y a estimular la justicia en hechos sobre los cuales, ciertamente, aún faltan muchos detalles por conocerse. Esto es, pues, la consolidación del desperdicio de una oportunidad que sí es histórica.

URO, SIN ALIADOS
Esta Comisión se creó sin el aval de la bancada del PRI. Era intención de la mayoría coalicionista, crearla desde hace mucho tiempo. Los aliados del ex gobernador Ulises Ruiz frenaban los intentos. Esos aliados, queda claro, ya no existen. Por eso se quedó solo.

+ También hay damnificados, pero no hay interés

Desde hace más de una semana, cuando las torrenciales lluvias provocaron cientos de miles de damnificados en toda la costa del Pacífico, el Presidente de la República envió a prácticamente todo su gabinete a atender las zonas siniestradas y, personalmente, ha estado unas seis veces en entidades como Guerrero, fuertemente lastimadas por los efectos del clima. Llama la atención que en este momento, como en muchos otros, la Federación ha desplegado sobre Oaxaca sólo la atención necesaria, pero sin que eso pueda llegar a confundirse con cercanía e incluso con un trato justo hacia nuestra entidad.
En efecto, como bien se sabe, la semana pasada las tormentas Ingrid y Manuel dejaron una enorme estela de destrucción y pérdidas humanas, que hoy son consideradas por el gobierno federal como los más devastadores de los últimos tiempos, por la vasta extensión territorial que afectaron las lluvias. Esto generó, en los días siguientes, un importante despliegue de acciones del gobierno federal, que en el momento apenas si pudo reaccionar en proporción a la crisis, pero que conforme han ido pasando los días ha ido creciendo a grado tal de que hoy no existe otro tema prioritario para la Federación que pueda considerarse que se encuentra al mismo nivel de la crisis provocada por las lluvias.
En este escenario, el presidente Enrique Peña Nieto ha entendido bien el momento por el que atraviesa el país, y desde el primer día de la crisis se dedicó a atender el problema de forma personal viajando a los lugares con afectaciones y llevando un mensaje concreto de que el gobierno federal asumirá la responsabilidad por la atención a los damnificados y por la reconstrucción de las zonas devastadas. Eso lo ha llevado a estar en todas las entidades con fuertes afectaciones, menos en Oaxaca en donde hay decenas de comunidades que estuvieron varios días incomunicadas y que requieren no sólo la atención de la Federación, sino el refrendo simbólico del Jefe de la Nación.
Ese refrendo simbólico es el que ha llevado al presidente Peña Nieto a estar seis días seguidos en las zonas devastadas de Guerrero. Es lo mismo que, en los últimos días, lo llevó a Sinaloa y a otras entidades federativas con afectaciones por las fuertes lluvias. Políticamente, el Presidente debe hacer presencia periódica en todas las entidades que integran el Pacto Federal porque a través de eso se hace el refrendo del acuerdo fundacional que le dio vida y que mantiene unida a la nación.
Por distintas razones, Oaxaca estuvo lejos de las administraciones federales panistas, que nunca le pusieron mayor atención a ese simbolismo político por las diferencias partidistas entre los Mandatarios federales y los estatales. Y hoy, esa lejanía sigue siendo tanto o más perceptible que en los tiempos de los gobiernos estatales priistas, y de las administraciones federales del PAN.

INDOLENCIA FEDERAL
Las tormentas Ingrid y Manuel vinieron a romper la agenda nacional. Hasta hace unos diez días, las prioridades federales se centraban en el conflicto magisterial y en las reformas hacendaria y energética que se siguen discutiendo en las cámaras legislativas. Las lluvias y las afectaciones vinieron a cambiar esa dinámica y a imponer la necesidad de que toda la alta burocracia del gobierno federal se dedicara a atender las afectaciones y a los damnificados, y a que esos dos temas otrora prioritarios fueran “administrados” hasta que esta contingencia pasara.
Esa es la razón por la que, hasta en los noticiarios de televisión, el tema de las reformas que se discuten en el Congreso tengan una atención en segundo plano y a que, en los hechos, esos temas se encuentren en una especie de “stand by”, mientras existen las condiciones para volverlos a subir al primer plano de la agenda legislativa. Por eso, ni en esta semana y posiblemente ni en la siguiente, se discuta o se decida sobre temas como la reforma hacendaria (a ésta sólo la determinarán los plazos constitucionales) y menos la energética, que habrá de requerir operación política al más alto nivel entre el gobierno federal, las cámaras legislativas y los partidos.
Pero en el caso del conflicto magisterial, que concierne directamente a Oaxaca, sí se vio una nueva actitud de desdén hacia la entidad por la distancia que existe entre el régimen del Presidente de la República y el Gobierno de Oaxaca. Para muestra, los hechos: mientras la entidad tenía más de 130 municipios fuertemente afectados por las lluvias, nadie en la Secretaría de Gobernación quiso o pudo operar con la prontitud y la capacidad debida, como para convencer a los grupos de maestros inconformes de que el Gobernador de Oaxaca podía ya no estar en las mesas de negociación con la Sección 22 y la CNTE, y dedicar ese tiempo y atención para atender a los damnificados, que por simples razones humanitarias están por encima de cualquier conflicto de intereses, como el de los maestros.
De hecho, fue hasta antier lunes que el gobernador Gabino Cué Monteagudo pudo establecer que el diálogo con los profesores en paro estaba agotado, y que quedaba en la decisión de ellos continuar con su paro de labores o regresar a clases. Implícitamente, lo que el Mandatario quiso decir es que ya no habría más mesas de negociación y que por tanto ahora sí podría dedicarse a atender otros asuntos que también son de prioridad para la administración estatal. En el pináculo de esos temas se encuentra la atención a los damnificados de la entidad, que siguen esperando una respuesta de mayor nivel de los tres ámbitos de gobierno.
¿Vendrá a la entidad el Presidente? Hasta el momento no hay noticia sobre eso. Es cierto que han estado aquí algunos de los integrantes de su gabinete. Pero queda claro que en la agenda nacional Oaxaca sólo es foco de atención por el conflicto de los maestros, pero no porque haya voluntad por demostrar que el gobierno federal está también presente en las zonas siniestradas por los fenómenos de la naturaleza. El pacto federal, al final, está esperando un mejor momento para hacerse visible entre la Federación y el estado de Oaxaca.

SOMOS REHENES
Ayer Oaxaca vivió una mañana de locura. ¿Por qué? Por tres temas que demuestran que aquí las minorías mandan: gran parte de la capital fue sitiada por los integrantes de la impresentable CNP; el llamado “Paso Deprimente” (en Cinco Señores) fue bloqueado por materialistas; y Ciudad Administrativa por un pequeño grupo de inconformes. Es claro: aquí hay todo, menos autoridad.

+ Oaxaca no debe permitir ser minoría oprimida

Es posible que estemos viendo los últimos capítulos del conflicto magisterial en la Ciudad de México, aunque lo que ahora no debe permitirse es que la inconformidad sólo se traslade del Distrito Federal a Oaxaca sin resolverse. Si eso pasa, entonces quedará claro que el gobierno federal tomará a nuestra entidad como el foco de reducción de la resistencia —que sí quiere ser el magisterio democrático— que condenaría a nuestra entidad a la putrefacción no sólo del conflicto, sino de la paz pública y del derecho a la educación de más de un millón de niños. Sería abominable pensar que Oaxaca quedara como la “minoría oprimida” de la reforma educativa en el país.
En efecto, durante la tarde de ayer lunes se darían a conocer los resultados de la consulta hecha por la Sección 22 del SNTE a sus miembros movilizados en la Ciudad de México. Éstos podrían optar entre continuar con la resistencia a las reformas ya desde las aulas, ya en paro indefinido de labores. De darse el primer supuesto, el plantón de maestros en la capital del país sería sólo representativo. Pero de darse el segundo caso, entonces tendrían que optar por el plantón masivo, a partir del cual deberían movilizarse nuevamente miles de profesores oaxaqueños para la reinstalación de un plantón extenso.
Frente a la decisión de los maestros se encuentran las posturas tanto del gobierno federal, como del estatal. Ambos han afirmado que para ellos el diálogo con la Sección 22 está agotado, que fueron suficientes las respuestas que dieron a demandas magisteriales, y que se sostienen en la decisión de pagar los salarios retenidos a los profesores sólo cuando éstos inicien el ciclo escolar. La Federación y el Estado, además, se sostienen en la decisión de no dar marcha atrás en la reforma educativa, en no detener su aplicación, y en estudiar el contenido del PTEO como una posible visión alternativa del nuevo contenido de la legislación en materia educativa.
¿Si la Sección 22 decide continuar en la Ciudad de México, querrá hacerlo buscando qué? Obviamente, tratando de conseguir la satisfacción de los puntos en los que no quiere ceder el gobierno estatal y federal. Si eso pasa, ya no habrá visiones y negociaciones parciales, aunque en los hechos los únicos que seguirán incrementando su nivel de desgaste serán los maestros, que continuarán sin percibir su salario, y acumulando el repudio de la ciudadanía que ya no quiere verlos en la capital del país.
En ese sentido, la mejor solución que podrían darle al problema —que, es cierto, es una solución parcial porque los remedios totales en un asunto como éste, no existen— es que los profesores oaxaqueños decidan continuar con su lucha a través de un plantón representativo en la capital del país, pero resolviendo el inicio del ciclo escolar de inmediato en Oaxaca.
Aunque esa parece ser una solución demagógica, lo cierto es que en el caso de nuestra entidad no puede pensarse ni en una solución total que ponga fin a la inconformidad magisterial (eso significaría ceder en todo, anular de facto la reforma, y darles definitivamente los pocos espacios sobre los que ellos aún no tienen el control de la educación en la entidad) como tampoco puede pensarse en la posibilidad de que los maestros trasladen sus movilizaciones y su plantón a Oaxaca sin decretar el inicio del ciclo escolar.

PLANTÓN REPRESENTATIVO
Para Oaxaca la mejor solución sería la decisión del plantón representativo en la Ciudad de México porque, aunque sea difícil de entender y de aceptar, sólo de ese modo el tema del magisterio de la CNTE no dejaría de estar en la agenda del gobierno federal, ni dejaría de ser foco de atención para la opinión pública nacional, que es la única que de algún modo puede continuar presionando para que todos los actores de este tema encuentren un arreglo así sea en el mediano plazo. Si transfieren el problema a Oaxaca, será tanto como darle el tiro de gracia a la educación pública en nuestra entidad. ¿Por qué?
Porque si trasladan el plantón y las movilizaciones a Oaxaca, de inmediato el tema dejará de estar en la atención del gobierno federal, y los problemas que ocasiona el paro de labores (así sea la anulación del derecho a la educación de un millón 300 mil niños y jóvenes) pasaría de la ruidosa atención de la opinión pública y los medios de la capital del país, a la desilusionada y poco activa ciudadanía oaxaqueña que no tendría manera de reaccionar y hacer ver el tamaño de su enojo frente a los profesores. Si eso pasa, la Sección 22 se sentiría libre para seguir presionando y tomando decisiones que, aun siendo impopulares, no tendrían ningún efecto adverso para ellos.
En este sentido, una de las posibilidades que no debe admitirse en Oaxaca es que el conflicto sea visto por el gobierno federal a través de la forma “democrática”. Es decir, que asuma que si la democracia es el gobierno de la mayoría, entonces su contraparte es una minoría oprimida, que debe pagar las consecuencias de no ser parte de quienes están a favor del gobierno. El gobierno federal bien puede ver el conflicto magisterial de esa forma, y dejar que una sola entidad federativa se pudra con la resistencia de los mentores (Oaxaca) a cambio de que los otros 31 estados asuman las nuevas reglas en materia educativa y se alineen en el nuevo esquema educativo del presidente Enrique Peña Nieto.
Ese es un lujo que no nos podemos dar en Oaxaca. Aceptarlo sería tanto como dejar que aquí sí se cancelaran de facto los nuevos esquemas educativos e independientemente de que éstos sean constructivos o no, terminar de escriturar todo el ámbito educativo a los profesores de la Sección 22, para que éstos sigan haciendo y deshaciendo a discreción, cobijados en la bandera de que reformar la educación es privatizarla y perjudicar a la niñez y juventud que, de todos modos, con las aulas cerradas sigue sin recibir la educación de calidad que por derecho le corresponde según la Constitución de la República.

ADIÓS INCONCLUSO
Por cierto, la “histórica” LXI Legislatura sin que los diputados hayan emitido la declaratoria de que se aprueba, o se rechaza, la reforma educativa. Es cierto, es un tema irrelevante en lo práctico, pero muy revelador de la alarmante improductividad de los diputados locales salientes, de su indolencia por los asuntos que necesariamente implican demostrar oficio político, y su proclividad a la ambición. Pero, ¿ya cobraron su bono de despedida (2.5 millones de pesos, por diputado) por la aprobación de las cuentas públicas?

+ Disputa: lo loable contra lo inconfesable

Contrario a lo que se piensa, al magisterio democrático oaxaqueño aún le queda suficiente combustible para continuar su resistencia contra las reformas en materia educativa, y para dar una larga batalla –en Oaxaca o en la capital del país- por la preservación de sus privilegios. Si el gobierno federal y los maestros paristas actúan con inteligencia, pueden desactivar las movilizaciones en la capital del país y conseguir –que es lo más importante- el inicio del ciclo escolar en este estado permanentemente azotado por el huracán magisterial de la Sección 22 del SNTE. ¿Cuál es la fórmula?
En efecto, esta semana es determinante para el conflicto magisterial, si la CNTE y el gobierno alcanzan puntos de coincidencia mínimos que les permitan destrabar este momento crítico que ya está siendo demasiado costoso para todos. Las acciones magisteriales llevan cinco semanas continuas, mismas en las que ha habido comunicación permanente entre los dirigentes de las secciones magisteriales que protestan y funcionarios del gobierno federal y de las entidades federativas involucradas. ¿Por qué, a pesar de tanto diálogo, han sido tan pocos los avances?
Porque queda claro que así como los maestros de la Coordinadora han ido siempre a negociaciones llevando como único punto de discusión que sea cumplido en su totalidad el pliego de demandas que presentaron desde el inicio, el gobierno federal ha llevado una posición más o menos similar a las negociaciones, pues en todo este tiempo han sido más las exigencias que las concesiones, y concretamente no han abierto los suficientes espacios de intercambio para que los profesores de la CNTE asuman que están siendo escuchados y que sus demandas están siendo incorporadas a la agenda educativa del gobierno federal y las entidades federativas.
Sería fácil decir, en este sentido, que lo necesario entre unos y otros es una negociación de intercambio mutuo, en la que se pudieran hacer recíprocas concesiones para finalmente construir un acuerdo que hiciera programático el cumplimiento de dichos compromisos. Esto podría ocurrir si se cumplieran dos condiciones –que no se han dado en este caso. ¿Cuáles son? Primera, que ambos bloques (gobierno y magisterio) estuvieran dispuestos a negociar sin tener como precondición las posiciones inamovibles de sólo ir por todo o por nada en las mesas de negociación. La segunda, que los asuntos a tratar fueran concretos, que no tuvieran dobleces. Y que fueran tan confesables como para hacer de verdad público el diálogo y los acuerdos alcanzados.
No se dan ninguna de las dos condiciones. La primera de ellas está ausente porque hasta hoy el diálogo entre el gobierno federal y las organizaciones inconformes se ha centrado en temas coyunturales, pero no por los asuntos de fondo que son los que se supone que son la razón por la que los maestros viajaron hasta la Ciudad de México.
¿Qué han negociado? El plantón, el paro de labores, las movilizaciones, las fechas significativas, y el posible regreso a las aulas. ¿Y qué es lo que sigue pendiente de ser negociado? Todos los temas de fondo de la reforma educativa, que van desde la evaluación hasta la recentralización del manejo administrativo de la educación, pasando por todos los privilegios que pretenden ver intocados los profesores democráticos.

EL YING Y EL YANG
En medio de todo esto hay un problema que no es menor: por cada tema loable por el que el magisterio de Oaxaca dice estar luchando en la capital de la República, hay otro tema oscuro en el espejo que es el que en verdad ellos quieren preservar. Si los vemos uno por uno podremos darnos cuenta fácilmente de lo que hablamos.
Por ejemplo, los maestros de Oaxaca dicen estar luchando en contra de la privatización educativa, aunque en realidad contra lo que están luchando es la modificación de sus conquistas laborales. Ellos afirma categóricamente que la reforma es parte de una intención del gobierno federal por entregar el rubro educativo nacional a criterios de tipo eminentemente capitalista. En esa “intención” (que en realidad es una mera inferencia, porque la ley dispone, no supone) ellos justifican el rechazo a una norma que sí limita no sus derechos, sino sus conquistas.
Otro ejemplo: la Sección 22 afirma que lucha por el derecho a la educación. Esa es una bandera loable. Pero lo cierto es que tanto la lucha por la educación pública, como la supuesta lucha por sus derechos, son una falacia. En realidad, el magisterio lucha por la preservación de un estado de cosas, pero sin fundarse en un derecho concreto. Su defensa no entraña el derecho a la educación ni de sus derechos laborales, sino únicamente la resistencia a que sea modificado el esquema bajo el cual trabajan.
Uno más: los maestros de la CNTE dicen que no se resisten a la evaluación, pero dicen que la reforma educativa es homogenizadora y desconoce las particularidades de nuestra nación, así como los problemas sociales que existen en varias entidades, y pretende medir a todos los alumnos y a todos los maestros según estándares internacionales que no corresponden a la realidad de infinidad de comunidades de varias entidades pobres o marginadas. ¿Es todo eso cierto? Posiblemente sí. Pero en la supuesta resistencia a la homogenización, lo que buscan es que no se les evalúe, ni se someta a revisión periódica la forma en que realizan su trabajo frente a los alumnos.
Esos son sólo algunos ejemplos que sirven para demostrar lo complejo de la negociación. Este es algo así como un juego de espejos, en el que se esgrimen las razones loables en defensa y justificación de las inconfesables. Es cierto que el gobierno federal ha fallado en su posición de todo o nada. Pero la 22 también falla gravemente cuando pretende engañar a todos con esos argumentos, sin asumir que en las condiciones actuales, ya ni los más crédulos los dan por válido con los ojos cerrados, como era antes.

RELAJAMIENTO
Como no habrá victorias totales, lo único que queda es la parcialidad, aunque a un costo alto. ¿El gobierno federal aceptará algo así como una aplicación paulatina de las nuevas normas educativas en entidades como Oaxaca? ¿Permitirá que el IEEPO se trague –nuevamente- toda la melcocha de posponer de facto la entrada en vigor de la reforma educativa? ¿El magisterio decidirá el regreso a clases a cambio de una medida de distensión de este tipo? Este fin de semana es clave. Ahí sabremos si las concesiones son suficientes para darle cauce a este conflicto.

+ Estos son momentos para despertar como sociedad

El terremoto ocurrido en la Ciudad de México hace exactamente 28 años, no sólo cimbró a la sociedad por la magnitud del desastre o por el altísimo número de pérdidas humanas y materiales, sino también porque —en el ámbito de la vida pública— corroboraron que el gobierno era mucho más débil, lejano y soberbio de lo que todos suponían. Hoy, México atraviesa por una contingencia que si bien no es ni cercana en costo de vidas humanas, sí está considerado como el peor desastre de las últimas décadas. ¿Servirá esto para que volvamos a “despertar” como sociedad?
En efecto, se dice que el régimen de partido hegemónico tuvo sus primeras —pero irremediables— fracturas (que lo llevarían a perder definitivamente el control político del Distrito Federal, y luego la Presidencia en el año 2000) el 19 de septiembre de 1985, cuando el gobierno del presidente Miguel de la Madrid Hurtado no fue capaz de responder a la crisis derivada del terremoto.
Ese día, ante el desastre, el gobierno priista del presidente De la Madrid no fue capaz de coordinar el apoyo a los damnificados. Tampoco tuvo capacidad para articular las tareas de rescate de las personas que habían quedado atrapadas entre las edificaciones derrumbadas. Rechazó la ayuda que ofreció la comunidad internacional. Y, desde el primer momento, fue rebasado por la sociedad que, organizada de forma espontánea pero contundente, tomó las riendas de la situación y fue quien finalmente se tendió la mano entre sí y tomó conciencia de que podía hacer mucho más que sólo sentarse a esperar a un gobierno que, según vieron, no llegaría en su rescate.
Ese fue uno de los elementos determinantes que dieron pie al desmantelamiento paulatino del llamado régimen de partido hegemónico que fue el PRI hasta 1997. En los comicios presidenciales de 1988 el Distrito Federal, y el centro de la República, le cobró fuerte la factura al presidente de la Madrid, y al PRI (y por eso casi pierde Carlos Salinas de Gortari como abanderado presidencial del PRI frente a Cuauhtémoc Cárdenas, postulado por los partidos integrantes del Frente Democrático Nacional), no sólo por la larguísima ola de crisis económicas y devaluaciones de la moneda que habían ocurrido en la última década, sino también por el descuido y el olvido oficial de sus deberes frente a la ciudadanía, los cuales habían quedado claramente constatados en momentos como el terremoto de 1985.
En buena medida, el surgimiento de una oposición partidista fuerte surgió del desencanto ciudadano por seguir siendo clientela de un partido, y un régimen que no tenía capacidad de responderle en los momentos de crisis. De ahí se entiende que si el primer “despertar” se dio en 1968, y el segundo en la década de los ochentas, hoy en día —ante una crisis de magnitudes comparables— la sociedad debería nuevamente retomar su papel de preponderancia ya no para hacer ganar o perder a un partido y premiarlo o castigarlo con el poder, sino más bien para exigir condiciones distintas de atención a la ciudadanía, y para obligarlo a ser un poder menos basado en los intereses cupulares y más cercano a lo que necesita la gente.

GOBERNAR CON TODOS
¿Qué podríamos esperar del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en una condición como la actual, y ante una emergencia como la que vive gran parte del territorio nacional en estos momentos? Seguramente, debíamos esperar, y exigir, que el Presidente y su partido (el Revolucionario Institucional) dejen de creer que todo México es el Pacto por México o los radicales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Uno es un pacto partidista que representa de forma muy relativa al interés nacional, y el segundo es una minoría que protesta no por el respeto a un derecho, sino por el inminente fin de sus privilegios.
Lo que el gobierno federal debía asumir en estos momentos —y los ciudadanos exigírselo— es que México es la gente que necesita atención, la gente que está clamando por la atención y las respuestas federales que están llegando a cuentagotas frente a una crisis de gran escala. La ciudadanía está exigiendo que el gobierno no se olvide que se gobierna con todos y no sólo con el PAN y el PRD, y que asuma que son tan legítimas las demandas de la gente que se encuentra aislada, varada, o sin posibilidad de acceso a satisfactores básicos como comida, agua o atención médica, que las de los trabajadores que ruidosamente protestan en la capital de la República. El ciudadano, pues, exige —o debería estarlo haciendo— que el Presidente se acuerde que México es todo, y que no todo se reduce a las victorias y derrotas políticas que suma su gobierno en estos primeros meses de gestión.
El caso de Oaxaca es similar. Es difícil de creer que ante un momento de tal crisis, en la que decenas de miles necesitan de la atención urgente, de todos, el gobierno deba distraer su atención en un conflicto político con el magisterio que, según podemos ver, tiene una perspectiva estéril casi de principio a fin. Mientras eso pasa, y los profesores democráticos obligan al gobernador Gabino Cué a sentarse a mesas de negociación predestinadas al fracaso, miles de oaxaqueños esperan que llegue su Mandatario, al que ellos eligieron, a darles una respuesta y a solidarizarse personalmente (como lo demandan los principios básicos de la democracia) con ellos que posiblemente lo perdieron todo.
Por eso este debía ser un momento propicio para despertar y no para tirarnos al desánimo como ciudadanía. Lo peor que puede ocurrir es que a todos nos gane la indolencia y tomemos como algo natural el ensanchamiento de la brecha que ya existe entre el pueblo y el gobierno. Sí, se trata de organizarnos e ir a hacer la parte que no puede o no ha querido hacer el gobierno. Pero también se trata de exigirle una visión más incluyente, más cercana a la gente y más demostrativa de que se gobierna para todos, y que no sólo se hace con quienes presionan o con quienes conviene.

AYUDA A LA COSTA
Damas rotarias encabezadas por por la empresaria Martha Alicia Escamilla y la profesora Laura García Gómez (ambas ex presidentas del Club Rotario Guelaguetza) se organizaron desde el fin de semana y, con la heroica ayuda de un puñado de personas, hasta ayer habían juntado tres toneladas de víveres para los damnificados de la Costa y la Sierra Sur. Ojalá haya más ciudadanos organizados para esas tareas, y ojalá que los tres ámbitos de gobierno den la ayuda necesaria para garantizar que esa comida llegue a quienes la necesitan.

+ Todo en manos de radicales; exprimirán a maestros

El mal fario sigue rondando el conflicto magisterial. A pesar de lo que muchos quisieran, el paro de labores no tiene si quiera una fecha más o menos cercana para ser revisado —y mucho menos levantado—, así como tampoco existe certeza de que pueda llegar a acordarse algo más que la continuación de las hostilidades. Los resolutivos de la más reciente Asamblea de la Sección 22 dan luces sobre los pasos a seguir en el movimiento. Pero todos van encaminados a seguir exprimiendo a los profesores para que continúen en la lucha, y para proveerse de argumentos y justificaciones para no levantar el plantón y el paro indefinido de labores.
En efecto, el primero de los puntos que debe ser considerado, es el relativo a que, de llegar a darse una anuencia de las bases, las clases no iniciarán sino hasta después del 23 de septiembre próximo. ¿La razón? Que en los resolutivos de la Asamblea Estatal Permanente celebrada el 13 de septiembre pasado en la Ciudad de México, quedó claro que todos los posibles acuerdos se discutirán hasta la siguiente Asamblea que se realizará el viernes 20 de septiembre. Es decir, que de llegar a decretarse el fin de la jornada de lucha y el inicio del ciclo escolar, éste no iniciaría antes de la última semana de septiembre.
Sin embargo, no hay muchas razones para tener aliento sobre el posible arranque del ciclo escolar. Esto, debido a dos razones: la primera, que determinaron que la consulta a las bases se dará únicamente entre los trabajadores de la educación que se encuentran en la Ciudad de México; y anclaron esta consulta al cumplimiento de una serie de demandas por parte del gobierno federal, el estatal, y el SNTE. ¿Tenemos clara la dimensión de esos dos resolutivos?
En el primero de los aspectos, el punto 18 de los acuerdos del 13 de septiembre pasado, la Asamblea Estatal determinó “consultar a las bases movilizadas en la Ciudad de México, la modalidad en que deberá desarrollarse la actual jornada de lucha, bajo un documento orientador que elabore la Secretaria de Orientación Política e ideológica que rescate el balance real de esta etapa. Dicha consulta será realizada el día viernes 20 de septiembre del presente año.”
Esto, de antemano, está encaminado a la continuación del paro. ¿Por qué? Porque a estas alturas, la Sección 22 ya no desea consultar entre todos sus trabajadores, sino sólo entre los que se encuentran en la capital del país. Ahí, ya sólo se encuentran los sectores más comprometidos con la lucha frontal del magisterio, y éstos difícilmente aceptarán el reinicio de clases mientras no se dé una respuesta verdaderamente “contundente” por parte de sus interlocutores.
Y si esto no fuera suficiente, habrá que releer lo que dice el punto 20 de los citados acuerdos. En éste, la Asamblea magisterial se pronuncia por “continuar con la Mesa de Negociación con el Gobierno Federal, el Gobernador del Estado de Oaxaca y el Secretario General del CEN del SNTE para mejorar las respuestas a los siguientes puntos: la liberación de los presos políticos y de conciencia, aprobación de la Comisión de la Verdad, el respeto a las conquistas y la defensa de los derechos de los trabajadores del MDTEO, otorgamiento de recursos Federales y Estatales para la puesta en práctica del PTEO, liberación inmediata de los salarios de los trabajadores del MDTEO, devolución de las escuelas tomadas por los espurios en esta Jornada de Lucha de manera inmediata y sin condiciones, desaparición de la espuria y devolución de las cuotas sindicales.”
Esto significa, en términos llanos, la abrogación de toda la reforma educativa (la norma constitucional, y las leyes secundarias), la restauración de todos los derechos y conquistas que desaparecen con la nueva legislación; la implementación del PTEO; la restitución de salarios; la desaparición de la Sección 59; y, en esencia, la rendición total del Estado frente a sus pretensiones.
Todo esto, queda claro, no ocurrirá jamás en una mesa de negociación con el gobierno federal. Y como esto no pasará, y como el movimiento ya se encuentra plenamente en manos de los sectores más radicales del magisterio oaxaqueño, entonces todo está predestinado a continuar como hasta ahora: con las escuelas cerradas, con los maestros protestando, y con la sociedad volcada en contra de un movimiento que, en esencia, no lucha por la defensa de un derecho, sino por la preservación de sus privilegios.

LOS AMAGUES
En estas condiciones, es ya un triunfo de la Sección 22 conseguir que las escuelas sigan cerradas. Esto no lo está logrando necesariamente porque los trabajadores de la educación estén plenamente convencidos de que deben seguir en este movimiento, o porque estén dispuestos a resistir indefinidamente sin percibir sus salarios. La Sección 22, en realidad, está endureciendo sus posiciones a partir del control que tiene de sus trabajadores, y está utilizando toda su fuerza en contra de quienes se resistan a participar en las movilizaciones, o que cuando menos no acaten los resolutivos de continuar en paro de labores.
Esto lo han reflejado en dos de sus resolutivos. Los puntos 15 y 16 del documento antes citado, señalan respectivamente: “la Asamblea Estatal acuerda que los Jefes de Departamento, Jefes de Sector, Supervisores y Directores que no se encuentran movilizados en esta Jornada de Lucha se les sancione de acuerdo a los Principios Rectores de este MDTEO”. Y el siguiente punto dice: “La Asamblea Estatal acuerda que los Niveles Educativos retomen las Constancias de Participación Sindical de la presente Jornada de Lucha para los diferentes beneficios logrados por el MDTEO, tales como: becas, préstamos, cambios, ascensos, etc.”
Es decir, que apenas termine la jornada de lucha, la 22 buscará con todo premiar y sancionar según sus reglas “democráticas” a los maestros, y no con base en su esfuerzo y preparación como se debería. Ratificará, pues, su voluntad de que esté mejor quien participe en la lucha, independientemente de si es o no un buen maestro frente a grupo. Algo terrible.

CENTROS DE ACOPIO
En Oaxaca, tuvo que ser la Secretaría General de Gobierno quien instalara un Centro de Acopio de ayuda para nuestros paisanos de la Costa, Istmo y Sierra Sur que resultaron afectados por los fenómenos meteorológicos de los últimos días. ¿Y dónde quedó el DIF Estatal, y todas las demás dependencias estatales que se supone que están para ayudar a la ciudadanía en situaciones críticas como éstas?

Por eso, irán de frente hasta hallar límite

Hay quienes todavía consideran que la Sección 22 del SNTE perteneciente a Oaxaca, y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, basan sus acciones en cuestiones como la aceptación o repudio ciudadano, el resultado de sondeos de opinión, e incluso en las consecuencias que puedan tener sus acciones frente a terceros. Nada de eso les importa en realidad. Y por eso las opciones se terminan frente a un gobierno federal que dentro de poco tiempo deberá optar o por dar una gran lección de política, o tomar la fuerza frente a quienes quieren poner en entredicho su autoridad.

Vayamos por partes. Pues por un lado, debemos primero entender que el magisterio de Oaxaca, y de otras entidades que se encuentran protestando en la Ciudad de México, no tienen en su agenda cercana la posibilidad del regreso a las aulas y que, como lo anunciaron ayer, no sólo buscarán regresar al zócalo de la capital, sino que incluso anunciaron que intentarán sitiar toda la Ciudad de México para demostrar fuerza y para reiterarle a los tres poderes federales su rechazo a la reforma educativa. Por el otro extremo, queda claro que el gobierno puede hacer muchas cosas, menos posponer indefinidamente la solución a este conflicto.

Todo esto significa, en términos generales, que el desalojo de maestros ocurrido la semana pasada en la capital del país, no sólo no terminó con el problema de las protestas y el paro de labores, sino que pospuso —quién sabe hasta cuándo— el regreso a clases. Como ocurre cada que alguien toma una decisión de fuerza contra la CNTE, ésta decidió re victimizarse y no sólo no regresar a clases, sino reforzar el plantón e intentar acciones de mayor fuerza. Es, digámoslo así, un berrinche a gran escala.

Ante esto, el gobierno federal tiene cada vez menos opciones. La primera de ellas, es la salida política, que en estos momentos no parece muy posible, debido a que los maestros de la Coordinadora —y en eso los de Oaxaca también son punta de lanza— tienen objetivos que consideran como inamovibles e innegociables. Los maestros, pues, han ido a un “todo o nada” a las mesas de negociación con la Secretaría de Gobernación. Eso está condicionado por la fuerza que toman los grupos radicales que no aceptan victorias parciales ni cesiones frente a cualquier negociación o argumento. Y queda claro que en esas condiciones el margen de negociación casi se reduce a cero.

Una segunda opción que tendría el gobierno federal es la de comenzar a forzar una solución a partir del agotamiento de los inconformes. La CNTE asume que tiene la fuerza suficiente para continuar indefinidamente esta jornada de protestas. Hasta el momento, el magisterio democrático ha tratado de esconder la merma que ya tienen sus bases, y asume que con sus incondicionales (que no son los 70 mil maestros de Oaxaca, ni todas las secciones magisteriales en las que tiene presencia la Coordinadora) podrá continuar su estancia en la capital del país.

Es aventurado hablar de cifras. Pero lo que sí queda claro es que hoy en día el magisterio oaxaqueño (que está acostumbrado a la seguridad del salario, pero que hoy en día tiene dos quincenas retenidas) no tiene la misma capacidad y disposición para la movilización que como lo tuvo hace apenas un mes.

En este sentido, es clave la forma de autofinanciamiento del magisterio: de cada delegación sindical o centro escolar, un grupo de profesores es el que decide trasladarse a las protestas, y todos los demás cooperan con dinero para el pago del traslado, de la alimentación y del hospedaje, si es que deciden no pernoctar en el sitio del plantón.

Mientras tenían el salario asegurado, los maestros podían rotar o “calendarizar”, sin problemas, la presencia periódica de cada uno de ellos en las movilizaciones de la capital del país, junto con la cooperación de todos los demás. Así el desgaste económico y físico se relativizaba, tanto para quienes iban a las protestas como para quienes las financiaban. El problema es que ahora no tienen fuentes para el autofinanciamiento. Y aún frente a las presiones del Sindicato (que está utilizando verdaderas medidas de fuerza para obligar a sus agremiados a continuar en la protesta), el desgaste pronto será inocultable para la Coordinadora, que hasta ahora sigue aparentando que su fuerza está intacta.

LA SOLUCIÓN DE FUERZA

El gobierno federal aplicó una medida de fuerza al gordillismo que controlaba el SNTE: metió a la cárcel a su dirigente, y envió sendas amenazas a todos aquellos que pretendieran inmolarse en defensa de la profesora Elba Esther Gordillo. Así, en poco tiempo los alineó a todos. ¿Qué hacer en el caso de la CNTE?

En este asunto hay varios problemas que reducen las opciones de solución: la CNTE no tiene un dirigente visible. De hecho, está claro que Rubén Núñez, el líder de la Sección 22, está actuando presionado y arrastrado por las resoluciones de un Sindicato que él no controla. De la sola Sección 22, hay más dirigentes subrepticios que líderes visibles. Así que “descabezar” a la 22 encarcelando a Núñez no resolvería nada. Y lo mismo pasa con la CNTE, que tiene una estructura de mando horizontal y casi furtiva, que no es la que se sienta a negociar con las autoridades federales.

¿Qué hacer? Al gobierno federal le quedarían pocas opciones. Una sería comenzar a desmantelar los elementos que le dan fuerza a la Coordinadora. Es decir, desmantelar estructuralmente lo que les da fuerza, como el control salarial y administrativo que tiene el Sindicato sobre sus agremiados (salarios, prestaciones, escalafón, ubicación, etcétera). Otra, de más fuerza, tendría que pasar por la posibilidad de dar por terminada la relación laboral con los paristas, y ofrecer (como lo hizo con el SME) un atractivo programa de retiro en aras de desmovilizar a la mayor cantidad de maestros, y entonces sí focalizar a los radicales  en una resistencia menor y más controlable, que les permitiera una salida negociada en el mediano plazo, o incluso optar por la vía de dejarlos en su resistencia por tiempo indefinido.

ENCRUCIJADA

Esto, como queda claro, es un verdadero ajedrez en el que las piezas, a partir de ahora, deben moverse con mucha cautela e inteligencia porque de ello depende el inicio del ciclo escolar. Finalmente lo que está en medio, y es de lo que menos se habla, es el profundo daño a la educación de más de un millón de niños y jóvenes, que siguen esperando el regreso a las aulas.

Problema no está resuelto: ¿dejarán que se pudra?

El gobierno de la República tomó una decisión importante el viernes cuando decidió desalojar a los profesores de la Sección 22 del SNTE del zócalo de la Ciudad de México, y ahora debe demostrar que su capacidad política es más que el solo acuerdo del Pacto por México, y que su interés de fondo es por la educación a ras de suelo, y no sólo por ver concretadas las reformas estructurales como una pose y como un triunfo político del Presidente de la República. El problema de la CNTE no está resuelto, y el gobierno ahora debe demostrar que sabe hacer política.

En efecto, el problema no sólo no se resolvió el viernes con el desalojo de maestros de la Plaza de la Constitución en la capital del país, sino que con esa acción se les dio motivos para continuar lejos de las aulas. Al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto le interesaba mucho que el zócalo estuviera despejado el fin de semana, para poder llevar a cabo el tradicional Grito de Independencia la noche de anoche, y para que se desarrollara en condiciones normales el Desfile Militar del 16 de septiembre, particularmente en este que es un año emblemático por conmemorarse el centenario del Ejército Mexicano. Pero, ¿ya sabe el gobierno federal qué hará con los maestros una vez que pase la celebración de la independencia?

El problema de fondo, a nuestro juicio, es el siguiente: los maestros de Oaxaca cumplen hoy su quinta semana de paro. En Oaxaca, un millón 300 mil niños y jóvenes que cursan su educación básica en escuelas públicas, no han iniciado el ciclo escolar. Los mismos maestros están metidos en una espiral de radicalismo que los tiene sin laborar, sin salario, y sin muchas posibilidades de acuerdo. El movimiento magisterial fue, como siempre, tomado por los radicales que aprovecharon los recovecos de la negociación –y la urgencia del gobierno por desocupar la plancha del zócalo– para tomar el control. Es decir, que no hay clases. Y no hay claridad en qué solución se le dará al conflicto.

En este sentido, consideramos que el desalojo del viernes no sólo no fue solución al conflicto magisterial, sino que agravó las cosas y alejó la posibilidad de solución. La acción policiaca, está visto, no arregló nada frente a una dirigencia magisterial que no necesita más que unas horas para reorganizarse y regresar por lo que les quitaron. Y lo más grave es que la acción policiaca le dio razones (la gran mayoría poco válidas, aunque frente a los hechos eso ya es lo de menos) a otros grupos que sólo estaban esperando ese momento para enquistarse al movimiento magisterial e ir a protestar juntos.

Todo eso está pasando. Ayer domingo, el magisterio de la Sección 22 anunció que el miércoles irá a recuperar su plantón en la plancha del zócalo de la capital del país; pero ya no lo harán solos, sino que ahora irán junto con otros grupos como el SME, Morena, y varios más (hasta los anarcopunks) que nada tienen que ver con el conflicto magisterial, pero que ahora están regodeándose porque tienen motivos para hermanarse con una lucha, para abrir márgenes de negociación con el gobierno federal (que antes no los consideraba) y para tratar de sacar ganancias de la prolongación de este movimiento que tiene un costo social elevado, pero un costo educativo que es incalculable.

ABRIR LA POLÍTICA

Hasta ahora el gobierno federal ha hecho otras cosas, pero no política con el magisterio. Sus vías de solución han sido las siguientes: que los maestros acepten la nueva ley, porque el acuerdo de partidos políticos logró aprobarlas en las dos cámaras legislativas fueron aprobadas. Fue eso, o la solución policiaca de disolución. La Secretaría de Gobernación no ha querido ceder en las exigencias magisteriales, y tampoco ha fomentado una solución al nivel del gobierno de Oaxaca. ¿Entonces?

Podríamos pensar que lo más fácil para el gobierno federal, en estas condiciones, es dejar que el problema se traslade a Oaxaca y aquí se pudra. El problema es que en estos momentos, el tema magisterial ya no es un tema local ni regional (de Oaxaca o del sureste del país) y más bien es un tema toral perfectamente fijado en la agenda pública nacional. Hagan lo que hagan, los maestros de Oaxaca continuarán teniendo atención nacional hasta que efectivamente regresen a clases y den por terminada la actual jornada de lucha.

Hay una razón clara para ello: este conflicto se generó por la decisión del gobierno federal por las reformas en materia educativa, y la resistencia del magisterio oaxaqueño. En este escenario, el gobierno de Oaxaca quedó rebasado ante la dinámica nacional. Por eso, mientras los maestros sigan en la Ciudad de México (o incluso si regresan a Oaxaca, pero continúan con el paro de labores) y no inician el ciclo escolar, la responsabilidad de fondo será del gobierno federal, y el costo lo pagará el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a quien se le cargará el costo de no poder resolver este problema.

Por eso, lo que pase en esta semana será determinante. La Secretaría de Gobernación debe hacer un manejo quirúrgico del asunto para diseccionar bien el problema, para separar a los elementos ajenos al tema magisterial, para negociar ya no sólo con el dirigente magisterial, Rubén Núñez (que claramente fue rebasado por los grupos radicales de la Sección 22, que reventaron el acuerdo de la entrega del zócalo, y que son quienes empujan fuerte para regresar a él el miércoles) sino para construir entendimiento con quienes justamente no quieren un arreglo.

Y sobre todo para que, al margen del tema estrictamente policiaco, este conflicto pueda ahora sí tener una solución de fondo que permita el regreso de los maestros a las aulas, y el fin de este paro que puede continuar de forma indefinida, a costa de los niños y jóvenes que no tienen clases, y también a costillas de los miles de profesores que (por recuperar sus quincenas perdidas, o realmente por convicción, o por preocupación por el daño que están provocando) ya quieren regresar a clases.

OTRO 2006

Algunos por alarmistas, otros por soñadores, pero no faltó quien todo el fin de semana se la pasó diciendo que estábamos en la antesala del 2006. Pero, de risa, no fueron más que un puñado de chavos banda (o normalistas… casi lo mismo) quienes se dedicaron a molestar a la ciudadanía. Protestantes que hacían barullo sólo en el día, porque en la noche había que ir a ver la pelea del Canelo, o a dar El Grito. Nada habrá de otro 2006. La ciudadanía, creemos, sí aprendió la lección.

+ ¿Por qué Federación asume control de los profesores?

Uno de los temas torales de la iniciativa fiscal que presentó el domingo el Gobierno de la República, radica en que la Federación pretende retomar el control del pago de salarios de todos los profesores del país. Esta es una medida mayor, que no sólo es un signo claro del fracaso de la llamada descentralización educativa emprendida por el gobierno federal a principios de la década de los noventas, sino que también podría ser un reflejo fiel del federalismo mexicano que es falso por partida doble: en primer término porque los estados han sido incapaces de cumplir con una atribución básica que les fue conferida; y en segundo plano porque la misma Federación falló, o que se resistió a cumplir con su deber de fortalecer a las entidades ante la facultad que les otorgó.
En efecto, para entender este tema es necesario ir por partes. Pues de entrada queda claro que este es un tema que está lejos de ser nuevo, o carente de un diagnóstico actualizado. Desde siempre se ha sabido que la descentralización educativa sirvió en mucho para que entidades como Oaxaca se convirtieran en rehenes de las secciones magisteriales que, bien organizadas, encontraron formas eficaces de presionar a los gobiernos estatales ya no para conseguir mejoras en el ámbito educativo, sino para adjudicarse victorias económicas o políticas que no fueron proporcionales a los bajos niveles de aprovechamiento educativo que han alcanzado en casi tres décadas.
Frente a esta realidad, una pregunta que nos hemos realizado en otros momentos (ver Al Margen 27.03.13), y que hoy encuentra respuesta con la propuesta del gobierno federal, es: ¿Qué debe hacer el Estado en su conjunto para reasumir su responsabilidad en el ámbito educativo? La respuesta ha sido clara desde siempre: volver a tomar el control de la educación para rectificar lo que se ha torcido, pero también para hacer que lo que dice la Constitución se cumpla.
Uno de los pasos fundamentales para hacer que la ley se cumpliera fue justamente el de elevar a rango constitucional ciertos criterios relacionados con la evaluación y con los estándares de calidad que deben cumplir todos aquellos que están parados frente a un grupo de alumnos, así como también el establecimiento de los mecanismos para normar correctamente la vida y la evaluación de los profesores. El paso político que se dio en concordancia con ello fue el descabezamiento del gordillismo, que estaba maniobrando para generar focos de resistencia contra la reforma. Sin embargo, aún frente a la reforma y el descabezamiento del gordillismo, eso no es suficiente.
¿Por qué? Porque si la reforma constitucional fue nacional, el cumplimiento de la norma debe ser asimismo en todo el territorio mexicano. En ese sentido, el gobierno de la República no puede desdecirse de lo que ya hizo, y aplicar el contenido de la reforma sólo en las entidades federativas donde no hay resistencia o donde los maestros están a favor de los nuevos estándares educativos. Particularmente, debe voltear los ojos a los estados que se han declarado en resistencia, y aplicar medidas efectivas en ellos. Esas medidas tendrían que ver, incluso, con la recentralización educativa que hoy se está poniendo de manifiesto con la propuesta de reforma fiscal, que incluye la desaparición del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica (con lo que la Federación transfería a las entidades federativas los recursos para que éstos pagaran la nómina de sus maestros) y su reemplazo por el Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), a través del cual la Secretaría de Educación Pública sería la única responsable de operar un sistema de administración de nómina magisterial a nivel nacional.
La medida busca un solo fin: que la Federación reasuma el control económico de los asuntos magisteriales, y que a través de esto desaparezcan los chantajes magisteriales a gobiernos estatales, las dobles negociaciones y los privilegios y prebendas extraordinarias que han conseguido los profesores en los últimos años presionando a gobiernos estatales institucionalmente débiles o con poco margen para negociar con los profesores organizados.

DOBLE FRACASO
Esto, sin embargo, revela un doble fracaso: por un lado, queda claro que (aunque no se dice abiertamente) todo esto constituye un estruendoso fracaso de las entidades federativas, a las que hoy se propone que se les quiten facultades directamente relacionadas con la administración de recursos económicos, ante la incapacidad que han demostrado para afrontar los problemas relacionados con el magisterio, y para hacerse presentes como autoridad y no como rehén de las secciones magisteriales. Oaxaca es, quizá, el más visible de esos casos, pero está lejos de ser el único.
Empero, en el sentido contrario, queda claro que este fracaso no es sólo de las entidades federativas sino también de la Federación. Pues es evidente que el Pacto Federal está construido no sólo de la voluntad aislada de las entidades por construir una Federación y dotarla de facultades para su funcionamiento, o de ésta por materializarse únicamente para generar fortaleza equilibrada para todos los Estados que la conformaron. En realidad, es claro que el Pacto Federal está constituido de compromisos mutuos, solidarios y bilaterales, en los que es deber de todos los Estados cumplir con los fines comunes, pero es también responsabilidad de la Federación generar las condiciones de igualdad para que los estados puedan cumplir con los compromisos que son propios de ellos o que les fueron delegados.
En este momento, la medida es pragmática y apremiante. Es, quizá, una medida que busca corregir un problema actual con una solución práctica. Pero en el fondo, este es un nuevo llamado de atención respecto a lo cuestionable de nuestro modelo federal y a las demostraciones materiales de su mal funcionamiento. Jugamos en México a la Federación. Pero queda claro que en los temas torales terminamos ciñéndonos al centralismo que siempre ha estado como contraparte de nuestra democracia.

RECORTES
En el caso de Oaxaca, si la Federación retira las aportaciones del FAEB habrá un hueco enorme que materialmente deberá ver cómo se solventa en el IEEPO. Algo similar pasará si el gobierno federal cambia la aportación de recursos por la de productos en especie en el tema de la salud. ¿Ya se vio el tamaño del problema práctico? En el ámbito educativo son más de 15 mil millones. ¿Cómo se solventarán los huecos existentes?