Programas federales, detenidos quién sabe por qué

Han pasado casi nueve meses desde que inició la nueva administración del gobierno federal, y ya comienza a provocar alarma que Oaxaca sea la entidad federativa que presenta mayor rezago en todo el país, en el nombramiento de delegados y en la reactivación de los programas federales. En varios momentos hubo razones que justificaban el aplazamiento de dicha decisión. Pero hoy ya no queda claro si las pugnas al interior del priismo han sido más fuertes que la atención federal, o si existe una especie de pacto tácito para mantener estática la presencia federal en Oaxaca. E incluso puede ser que al gobierno federal únicamente no le interese nada relacionado con la entidad.

En efecto, aunque en la mayoría de las entidades de la República el nombramiento de delegados federales ha girado alrededor de varios factores, hoy puede verse que Oaxaca no es prioridad para el gobierno federal, y que a su vez el gobierno de la entidad parece no tener prisa en que se reintegren las delegaciones federales. Mientras en entidades como el Estado de México o Hidalgo (de donde provienen el Presidente y el Secretario de Gobernación) la reintegración de las delegaciones se dio en los primeros meses del año, Oaxaca sigue estando por completo olvidada de la atención federal. Hay razones para afirmarlo.

El primer y más poderoso argumento que sostiene la grave desatención a la entidad, radica en que hasta ahora el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha mostrado nulo interés por la entidad, salvo en temas que son prioritarios como la atención de ciertos aspectos relacionados con la gobernabilidad, y la búsqueda de consensos con el grupo gobernante local para el tránsito de las reformas que ha venido realizando el gobierno federal a lo largo del presente año. Fuera de eso, ni el Presidente ni el Secretario de Gobernación, y en realidad muy pocos funcionarios de primer orden del gobierno federal, se han apersonado en Oaxaca para cumplir —como se supone que debe hacer el gobierno federal con todas las entidades que integran la Federación— con la formalidad política del refrendo del Pacto Federal.

El segundo asunto es tanto o más grave. Pues hoy la desatención federal ha provocado una especie de letargo en los programas que ejecuta y en los servicios que el gobierno federal otorga directamente a la ciudadanía en la entidad. En ese sentido, el hecho de que la gran mayoría de las delegaciones federales continúe acéfala ha provocado, en el aspecto más sensible, que muchos de los programas federales presenten hoy retrasos, subejercicios o deficiencias de funcionamiento que al final del día terminarán impactando negativamente en las propias estadísticas y resultados del gobierno federal (si es que los reconoce), pero que sobre todo terminarán reflejándose de forma perjudicial en los beneficios que directamente recibe la ciudadanía.

En este sentido, lo menos importante parece ser el hecho de que las cúpulas priistas en la entidad (no más de tres o cuatro personas) no se pongan de acuerdo en el contenido de la lista de nombres que se encuentran propuestos para ocupar dichos cargos en la entidad. En el fondo, lo más grave de todo esto se encuentra en el hecho de que la entidad se está quedando sin las herramientas indispensables para combatir diversos problemas sociales, que son la razón de la existencia de los programas y las inversiones que realiza el gobierno de la República.

PROMOVER LA PARÁLISIS

Todo esto se dimensiona cuando vemos, en temas concretos, todo lo que está en juego, y en riesgo, ante la desatención federal a sus propias dependencias y a los programas que aquí se ejecutan: en primer término, el gobierno federal tiene como eje de todos sus esfuerzos en materia social el programa llamado Cruzada Nacional contra el Hambre, que está destinado a combatir la carencia alimentaria, y una serie de atrasos de primera prioridad, no en todos los municipios pobres del país, sino sólo en los que presentan mayor índice de rezago social.

En este sentido, Oaxaca aglutina a más de 130 de los 400 municipios que son prioridad de atender en el presente año, ya no sólo por la Secretaría de Desarrollo Social y sus organismos desconcentrados y descentralizados, sino por todo el aparato burocrático federal que, según lo anunció el Presidente de la República, aglutinaría todos los esfuerzos juntos para que fueran juntas todas las dependencias las que se encargaran de hacer un trabajo integral en favor de las personas.

Si vemos todo eso a contraluz de lo que ocurre en Oaxaca nos daremos cuenta de la gravedad del problema: ¿Cómo está operando ese conjunto de esfuerzos en una entidad, en la que ni la Sedesol, ni sus programas más importantes, ni otras delegaciones de dependencias federales, tienen representantes en la entidad? Pues más allá de lo que se diga en el ámbito federal para justificarse, lo cierto es que aquí sólo están ocurriendo dos cosas:

O las dependencias están a la deriva, únicamente en manos de encargados que están dedicados a sólo ver el trabajo administrativo ordinario sin involucrarse (lo mismo porque no quieren que porque no los dejan) en temas relevantes que implican responsabilidad y manejo de recursos; o, como saben que tienen un pie afuera del gobierno federal, están aprovechando para hacer los negocios que tuvieron limitados en años anteriores y asegurarse —al menos económicamente— para los años que vienen, en los que ya no detentarán los cargos que —así sea de forma temporal— hoy tienen.

Al final, lo que parece estar atorado en medio de todo esto, es el procesamiento de una decisión compleja que, por eso mismo, el gobierno federal no tiene tiempo —ni interés ni prisa— por tomar. Hay cosas, quizá, más importantes que abrir el consenso entre los “notables” oaxaqueños. Mientras, están administrando lo que se puede, quizá porque eso tiene un costo menor que los enredos que tendrían que deshacerse para llegar a una decisión concreta.

PRIORIDADES

¿Tanto urge que los afines de uno u otro grupo tengan chamba en las delegaciones federales de la entidad? ¿De verdad los programas federales caminan solos? ¿Qué no vale atender las las necesidades de la gente? ¿Así cómo podrá refrendar el partido en el gobierno federal, que también le importa la gente que votó a favor de ellos en Oaxaca? Incluso, ¿después de esta demora injustificada, cómo sostener que las delegaciones sí siguen siendo importantes? Van 9 meses y el tiempo sigue corriendo…

+ Apretarán en SCT; después van a pelear

Muchos de los que tienen puestas las miras en el futuro político de Oaxaca deberían ver con detalle la maniobra que están haciendo, libremente, el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Oaxaca, David Mayrén Carrasco, y el diputado local electo del PRI por San Pedro Mixtepec, Freddy Gil Pineda Gopar, para asegurar el futuro político, aunque al final sólo uno de los dos saldrá ganancioso.

En efecto, lejos de cualquier enfrentamiento, Mayrén y Pineda Gopar parecen más bien estar coordinando acciones para hacerse, primero, del control de la delegación federal que materialmente se encuentra aún en manos de los funcionarios de la administración anterior. Pero esa alianza será sólo temporal: Mayrén y Pineda trabajarán de la mano sólo hasta el momento de las definiciones electorales de 2015, en la que ambos querrán ser candidatos a la diputación federal priista por el distrito electoral federal de Santiago Pinotepa Nacional… pero sólo uno podrá serlo. Pero para entender a cabalidad este asunto, es necesario ir por partes.

Desde hace dos semanas, Freddy Gil Pineda Gopar ha sido noticia en la entidad por las tres agresiones consecutivas que ha perpetrado en contra de personal de esa dependencia. En igual número de ocasiones, funcionarios administrativos de esa delegación han presentado denuncias penales por los hechos. Y en el mismo número de ocasiones, el también Edil con licencia de la comunidad de Santos Reyes Nopala ha dicho que sus irrupciones a la delegación de la SCT tienen como objetivo denunciar las arbitrariedades que han cometido servidores públicos en la ejecución de obras y en la atención a sus demandas y gestiones.

El problema es que, de entrada, parece demasiado capital político arriesgado por el Diputado Local Electo, sólo por unas gestiones. ¿Qué pasa entonces? Que como en política nada es casualidad, entonces esas irrupciones violentas tienen una explicación perfecta, y ésta tiene que ver con el control que hasta ahora no ha podido tomar, el Delegado, de la delegación que encabeza. Por eso, David Mayrén se está valiendo de los conocimientos de Freddy Gil en irrupciones y violencia porril, para poder hacerse de los espacios que hoy están legalmente ocupados por personas que no son afines a sus intereses, pero que pretende para la gente que integra su equipo.

En ese sentido, aseguran que Mayrén Carrasco se encontró con el freno que impone la Ley federal Servicio Profesional de Carrera, a la remoción de personal que es parte de ese programa en las delegaciones federales. Eso le ha impedido remover a personal que viene de las administraciones panistas, y tener libertad para colocar a sus propios funcionarios, que hoy ya laboran en una especie de delegación paralela, sólo que sin el acceso a las plazas y prerrogativas que sí podrían tener de pertenecer ya a la plantilla de empleados de la SCT.

Mayrén, en los meses que lleva como delegado, ha tenido ya varios desencuentros con los empleados de la delegación, por esa y otras causas. ¿Qué hizo? Que decidió echar mano de su paisano Freddy Gil Pineda Gopar, a quien no le da miedo eso de ponerse violento, para generar incertidumbre entre los empleados de la delegación y después aprovechar el río revuelto para iniciar los procedimientos administrativos (y/o “negociaciones”) que le permitan dar de baja a algunos empleados clave de la delegación (los que fue a agredir y cuestionar Freddy Gil, y otros más) para comenzar a ocupar esas plazas con personal que además de ser cercano a él, conoce también los mecanismos para que ahora la delegación responda a sus intereses, y desde ahí poder generar las condiciones para pelear la candidatura a la diputación federal, por la que tanto ha soñado (y ya perdió en una ocasión) el Delegado, que es también diputado local con licencia.

ENCUENTROS Y DESENCUENTROS

El ahora Diputado local electo por el Distrito IX de San Pedro Mixtepec, es paisano del Diputado local con Licencia por el distrito XI de Santiago Pinotepa Nacional. Ambos están identificados con lo que queda en Oaxaca del grupo del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Y ambos son los dos únicos que tienen “futuro político” en el corto plazo en el PRI por la región de la costa. La explicación es sencilla: uno es presidente municipal con licencia, ganó los comicios con una cómoda ventaja, y será diputado los próximos tres años; el otro, ha tratado también de tener presencia importante en aquella región, ocupa una delegación federal de vital importancia en la entidad.

El problema es que ambos tienen en el futuro inmediato las elecciones federales intermedias que, aunque son en 2015, ya no están tan lejos. Pineda Gopar viene de ser Presidente Municipal de Santos Reyes Nopala, y seguro no habrá querido invertir recursos y capital político para volver a ser Edil dentro de tres años. Con toda seguridad puede afirmarse que su proyección tiene como blanco seguir haciendo política para ganarse la candidatura a la diputación federal por el PRI.

Por su parte, con el paso del tiempo quedará claro que David Mayrén Carrasco quiere exactamente lo mismo. De hecho, en 2006 ya fue candidato por el distrito electoral federal 09 con cabecera en Pinotepa Nacional, pero perdió en aquellos históricos comicios federales (por desastrosos), en los que el entonces Gobernador había prometido sumarle un millón de votos al candidato presidencial, pero sufrió el peor descalabro de la historia del tricolor en la entidad, perdiendo nueve de las 11 diputaciones, las dos senadurías y obteniendo una votación ridícula para Roberto Madrazo Pintado.

En todo este tiempo, Mayrén ha acariciado la posibilidad de volver a ser candidato. Hoy está enfilado en el cargo que podría llevarlo a revivir ese anhelo. Sólo que sus ambiciones y su desesperación por tomar el control de la delegación de la SCT (y sus beneficios) lo llevó a trabar una alianza exactamente con el personaje que no debía: a la postre, Pineda Gopar le hará la vida imposible y terminarán dándose con todo ya no por el dinero o por las obras que ejecuta la delegación, sino por el futuro político, que –les guste o no- es el mismo para ambos, pero en el que no caben los dos al mismo tiempo. Ya veremos…

DELEGACIONES ACÉFALAS

Por cierto, ¿cuál es la razón por la que Oaxaca es la entidad con mayor rezago en el país, en el nombramiento de delegados federales? Explicaciones políticas puede haber muchas. Pero la inoperancia de los programas federales no lo explica nadie. Abundaremos.

Oaxaca y Michoacán, juntos en el paro

Sería inadmisible que, de nuevo, el magisterio de Oaxaca diera golpes consecutivos a la ciudadanía y los niños oaxaqueños, por un problema que ni estalló ni tiene solución en la entidad. Este fin de semana, anunciaron que en nuestro estado no iniciará el ciclo escolar 2013-2014 debido a que en días próximos se llevará a cabo la discusión legislativa, en el Congreso federal, de las leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia educativa. Nadie debía sorprenderse de este paro, que la Sección 22 anunció desde hace dos meses. Pero sí será injusto que el magisterio haga pagar a los oaxaqueños por un problema que no es propio de la entidad.
En efecto, desde el mes de junio pasado, las bases del magisterio oaxaqueño se pronunciaron a favor de no estallar el paro indefinido de labores, sino hasta cuando llegara el momento en que el gobierno federal y las fuerzas políticas nacionales presentaran al Congreso sus propuestas de reglamentación secundaria en materia educativa, y éste decidiera subirlas al pleno para ser votadas. El magisterio oaxaqueño resolvió también que buscaría incidir en las comisiones legislativas en las que habrían de discutirse esas propuestas de ley, para que en éstas hubiera también planteamientos magisteriales y no sólo las consideraciones y conveniencias del gobierno federal.
Nunca quedó claro si esto último fue hecho, o al menos intentado, por el magisterio, pero lo que sí quedó claro es que ellos buscarían aguantar hasta el último momento el estallamiento del paro indefinido, porque en el momento que lo hicieran buscarían accionar con toda la fuerza que tienen contenida. Ese momento es ahora, y por esa razón a nadie debía sorprender lo que haga la Sección 22, en compañía de otras secciones sindicales identificadas con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, como el magisterio de Michoacán, que tampoco iniciará el ciclo escolar el día de hoy.
En ese sentido, es claro que las motivaciones del paro indefinido se inscriben en el ámbito nacional, pero que por eso mismo esto no debía ser motivo para dos, o triples daños, simultáneos, a la ciudadanía y la educación en Oaxaca.
¿Por qué nacional? Porque la legislación secundaria de la reforma educativa es un tema que se discute en las cámaras legislativas federales, y porque la reforma educativa radicó en una modificación a la Constitución General de la República. En Oaxaca el magisterio recibió tal apoyo de los partidos y el gobierno, que por eso la Legislatura local dejó pendiente su voto relacionado con la modificación constitucional, y el gobierno ha incidido fuerte para evitar el desbordamiento de los grupos más radicales de la Sección 22, así como el estallamiento de un paro indefinido de labores antes de tiempo.
Sin embargo, lo importante en estos momentos ya no radica en cuidar el momento del estallamiento, para postergarlo, sino que ahora lo importante es evitar que a los oaxaqueños se nos castigue más de la cuenta. ¿De qué hablamos? De que, sí ya de por sí el solo hecho de que no inicie el ciclo escolar, y las escuelas se mantengan cerradas no sabemos si por una, dos o más semanas consecutivamente constituye un daño artero a los más de un millón de niños y jóvenes que se quedarán sin clases, por lo que ahora se debe pugnar —y suena mal, pero es la realidad— es porque la Sección 22 vaya hasta los sitios donde sus protestas pueden ser escuchadas y tomadas en cuenta (es decir, en la Ciudad de México) y no se dedique a jodernos todavía más a los oaxaqueños por un asunto que ni es local ni puede resolverse aquí.

MAGISTERIO DORMIDO
Por gracia de sus grupos más radicales, el magisterio oaxaqueño rechazó la propuesta de reforma educativa en la legislación secundaria que había construido junto con un grupo de especialistas y abogados del Gobierno del Estado.
Esa propuesta, que fue presentada por el propio gobernador Gabino Cué hace ya varios meses en las cámaras legislativas federales, no sólo no fue rechazada, sino que fue reconocida por diversas fuerzas políticas nacionales como una propuesta constructiva, de vanguardia y garante de los equilibrios que debían existir entre quienes apoyaron la reforma constitucional, y quienes pugnaban porque se respetaran cabalmente los derechos de los trabajadores de la educación. Esa habría sido una oportunidad inmejorable para que los profesores oaxaqueños tuvieran instrumentos legales legitimados y fueran a incidir, como tanto lo exigieron, en la discusión de las leyes que reglamentarán la reforma educativa.
El problema es que no lo hicieron, y ahora parecen desprovistos de cualquier otra herramienta que no sea su capacidad de movilización y su fuerza de choque. De hecho, ellos aseguraron que construirían una nueva propuesta, con sus especialistas y con sus agremiados, pero nunca establecieron el momento de presentación de la misma y, de hecho, no sabemos si en realidad se dedicaron o no a la realización de esos trabajos. Si no tienen esa propuesta, entonces no tendrán ningún elemento de verdad constructivo relacionado con la reforma educativa, y su protesta se reducirá a ir a exigir la abrogación de la reforma constitucional (que no ocurrirá), y para exigir la no aprobación de una legislación secundaria en la que no intervinieron, y que tampoco ocurrirá.
Por eso lo único que queda es esperar dos cosas: primero, que el paro indefinido de labores no se prolongue más de lo estrictamente necesario para dar cobertura al periodo extraordinario de sesiones en el que se discutirá la legislación secundaria de los artículos 3 y 73 constitucional; y segundo, que los ánimos no se vayan a desbordar aquí en Oaxaca, porque aquí todas las protestas serían estériles y dañinas, y ni contribuirían a detener las reformas que ellos pretenden, ni contribuiría a demostrar el rechazo a las reformas del presidente Enrique Peña Nieto.
Nada nos asegura que por lo menos una de esas dos cosas ocurra. Pero no debemos perder de vista que lo grave ya no es sólo el paro, sino las consecuencias indeseables que esto puede traer para todos en Oaxaca.

Y LA RESPUESTA OFICIAL
Por cierto, ¿alguien sabe en qué va la negociación entre el gobierno estatal y la Sección 22? Seguimos sin saber qué se ha negociado, en qué se ha cedido, qué ya se ha entregado y qué hace falta por cumplirle a la Sección 22. Ese no es un tema menor: son miles de millones los que están implicados en esa negociación que, indebidamente, sólo ellos conocen.

+ LXI Legislatura debe arreglar este desastre, ya

Es trágico para la democracia en Oaxaca, que sólo se hable de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de la entidad por los escándalos y las diferencias entre sus integrantes. Es lamentable porque el ejercicio del derecho a la información es uno de los temas torales de todas las democracias reales, pero aquí eso sirve únicamente para el escándalo, para la codicia y para el reparto de cuotas entre facciones y partidos políticos.
En efecto, de la Cotaipo no se conoce nada más que los asuntos personales de sus integrantes. En todo este tiempo, dicha Comisión no ha sido capaz de emitir un solo criterio relevante relacionado con el derecho a la información, ni ha resuelto asuntos polémicos y ni siquiera ha dado pautas sobre la pretendida “nueva generación” del derecho a saber, que se supone que se inauguró con la reforma constitucional relacionada con la transparencia, con la “evolución” del órgano garante, y con la reintegración de su Consejo General. De la Cotaipo sólo se habla gracias a la autodestructiva lucha de poder que prevalece a su interior.
Apenas en mayo pasado, en la Cotaipo había todo un aquelarre enfilado a la destitución de la consejera Gema Sehyla Ramírez Ricárdez. A ella se le acusaba de haber asumido el cargo de integrante del Consejo General de la Cotaipo sin haber concluido el proceso de renuncia a una suplencia en el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.
Dicho señalamiento sirvió de base para que los integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano de la Comisión solicitaran al Congreso que se iniciara el procedimiento de Juicio Político en contra de Ramírez, para que ésta fuera destituida del cargo e inhabilitada por no haber cumplido con los requisitos de ley para ser electa como Consejera de la Cotaipo. Era público que, lejos de cualquier cuestión de congruencia o acto de “contraloría social”, los Consejeros Ciudadanos estaban cumpliéndole el capricho a Esteban López José, a la sazón consejero Presidente de la Cotaipo, que nunca ha contado con el apoyo de Ramírez Ricárdez y por eso ha querido verla fuera de la Comisión.
Dicho intento no prosperó; pero eso no significó que las pugnas internas terminaran. Y esta misma semana vimos un nuevo capítulo de esta historia, en la que por querer desprestigiarse mutuamente sus integrantes, al final terminan lesionando de gravedad a la Comisión, y desalentando la confianza de la ciudadanía por el órgano que se supone que es garante del derecho a saber en Oaxaca. ¿Qué pasó?
Que “alguien” reveló que el Consejero Presidente de la Cotaipo, Esteban López José, está registrado como técnico en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y que por ende está habilitado y puede contratarse con los grupos beneficiarios de manera y recibir el pago por concepto de asistencia técnica.
Esta “denuncia” implica, en realidad, dos ilegalidades. La primera, que al ocupar López José el cargo de Consejero de la Cotaipo, no puede desempeñar otro empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado, de los municipios, partidos políticos o en organismos privados, o en el desempeño de su profesión con excepción de la docencia o la investigación académica, siempre que no medie remuneración alguna, cosa que eventualmente sí podría ocurrir si se contrata como técnico en los programas federales que maneja dicha dependencia.
Y, según la publicación del diario Noticias (página 13-A, del lunes 12 de agosto del presente año), la segunda de esas ilegalidades radicaría en que, de acuerdo con los Lineamientos para la Habilitación al Padrón de Técnicos de los programas federales FAPPA y Promusag, “quien desempeñe un cargo como servidor público en los ámbitos federal, estatal o municipal está impedido en ser asesor técnico de un proyecto productivo”.

DESPRESTIGIO TOTAL
En términos reales, las acusaciones contra López José son meras posibilidades que, más bien, a lo que van encaminadas es a continuar con la guerra interna en la Comisión de Acceso a la Información. Son posibilidades, porque si bien López José sí podría haber tramitado registro ante la Sedatu, para acusarlo formalmente de haber violado las normas que rigen a la Cotaipo y pedir su destitución, tendrían también que probar que ha recibido remuneraciones económicas por el servicio de asesoría técnica que indebidamente estaría prestando en programas federales.
Sin embargo, eso es lo menos importante. En el fondo, lo que está ocurriendo con esa guerra de dimes y diretes, es que al final lo único que se está corroborando es que el Congreso eligió a un trío de “chambistas”, que carecen de nivel profesional y experiencia comprobables para desempeñar esos cargos (Ver Al Margen 17.05.2013), y que ni siquiera pueden ejercer, con mínima dignidad, la alta responsabilidad que les confirió el Congreso en nombre del pueblo de Oaxaca.
De hecho, es tan grave la situación por la que atraviesa la Cotaipo, que por eso la misma LXI Legislatura –que en uno de esos momentos de profunda oscuridad, tomó esa decisión tan contradictoria y lamentable respecto a la integración del órgano garante de la transparencia- ha dejado ver la posibilidad de aprovechar las recientes reformas federales en materia de derecho a la información, para enmendarse ellos solos la plana y componer las barbaridades que cometieron al elegir a López José, a Ramírez Ricárdez y a Eréndira Fuentes Robles como titulares de la Comisión de Acceso a la Información.
En el fondo, sí es urgente que se reintegre la Comisión pero ahora sí a través de un verdadero proceso de consulta a la ciudadanía, y tomando en cuenta los principios constitucionales que rigen el derecho de acceso a la información, además de ponderar los perfiles y los antecedentes profesionales de quienes aspiren a ese cargo. En este caso no lo hicieron. Por eso eligieron a dichos personajes, a los que sus ambiciones los han cegado, y sólo han contribuido a desprestigiar a la institución que integran, y a hacer nugatorio el derecho a saber en Oaxaca.

SIEMPRE EN GUERRA…
En el PRI oaxaqueño la constante son los pataleos. Entre los diputados electos los rounds de sombra tienen como centro una estéril lucha por la coordinación de la bancada, que desde hace semanas ya fue decidida en la Ciudad de México. Y ahora ya comienzan los pataleos por la dirigencia estatal priista que (¡Oh sorpresa!) también está siendo discutida y negociada en la capital del país. Vaya democracia.

+ Martínez Álvarez sólo habla de lo evidente

El martes pasado, a través de su cuenta de Facebook, el contador Jesús Martínez Álvarez relató una anécdota relacionada con el manejo de las finanzas públicas de Oaxaca. Además del contenido concreto de su publicación en las redes sociales, la revelación del ex Secretario General de Gobierno deja ver tres cuestiones concretas: primera, que a pesar de todos los intentos recaudatorios y de “disciplina fiscal”, las finanzas estatales nada más no cuadran; segundo, que los altísimos presupuestos siguen siendo una verdad a medias para la entidad; y tercero, lo desgastadas que se encuentran las relaciones entre la cúpula gobernante y el llamado Grupo Oaxaca.
En efecto, para entender este asunto es necesario ir por partes. En principio, el relato de Martínez Álvarez versa sobre un asunto concreto: a) Que el gobierno estatal tiene —o tenía— invertidos dos mil millones de pesos a plazo fijo, por los que una institución bancaria pagaba rendimientos; b) Que esa cantidad de dinero, otorgaba rendimientos en dinero, pero también permitía que dicha institución bancaria prestara servicios adicionales al gobierno estatal; c) Que al margen de esos rendimientos —ojo— “se deposita una cantidad mínima o adicional para dárselos a quien maneja las finanzas”; d) Que los encargados del manejo de esos recursos habían decidido mover su inversión hacia una institución que no tiene sucursales ni presta servicios en la entidad, y; e) que por ese movimiento se habían beneficiado dos personajes en concreto, a quienes la nueva institución bancaria en la que se hizo la inversión les pagaría una suma adicional “por fuera” .
Esto, al margen del “rendimiento” extraordinario que quizá habrían recibido indebidamente los dos personajes a los que alude Martínez Álvarez, pone en el centro de la atención una pregunta clave: ¿Es posible que el Gobierno del Estado pueda disponer discrecional y libremente de una cantidad tan grande de dinero, proveniente o de los recursos de su recaudación propia, o de las transferencias que recibe de las arcas federales, para destinarlos a una inversión bancaria a plazo fijo sólo para generar intereses?
Este asunto es el que en primera instancia debe ser clarificado. Pues desde el inicio de la actual administración se han venido aplicando una serie de medidas para incrementar el monto de la recaudación estatal, basados en el hecho de que la cantidad de dinero que recauda el Gobierno del Estado es mínima, y que eso les reducía el margen de maniobra para llevar a cabo inversiones propias, o para exhibir los “pari passo” que establecen diversos programas federales para que el gobierno estatal pudiera acceder a recursos extraordinarios.
Esa recaudación se incrementó, es cierto, pero gracias a medidas como la resistencia del gobierno estatal a eliminar o modificar el Impuesto sobre la Tenencia y Uso de Vehículos, la reducción de las exenciones en el Impuesto sobre Nómina para las empresas, o el cobro de derechos por la realización de espectáculos y eventos públicos, que en otro tiempo omitía cobrar el Gobierno del Estado, bajo la lógica de alentar el empleo o diversas actividades que de otro modo no podrían realizarse.
Como dato adicional, a diferencia de los recursos federales que son fiscalizados con mucho más detalle, los recursos provenientes de la recaudación estatal tienen mucho mayor margen de ser destinados con mayor libertad a fines e intereses propios de la administración estatal. Ahora bien, ¿es posible que puedan desviarse dos mil millones de pesos de recursos federales —que generalmente vienen “etiquetados” desde el presupuesto federal— para llevar a cabo una inversión a plazo fijo con el solo objetivo de obtener rendimientos? ¿O es que dicha “inversión” se hizo del “ahorro” realizado con recursos de procedencia estatal, y más específicamente, de los impuestos cobrados a los oaxaqueños?

¿Y EL ESTADO DE LAS FINANZAS?
El mismo martes, el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Enrique Arnaud Viñas admitió que se va a contratar una nueva deuda para atender los problemas de la entidad. Señaló que “se buscará un financiamiento autorizado pendiente de contratar hasta por 2 mil 400 millones de pesos, que se clasifica como una deuda directa para proyectos estratégicos, infraestructura y reparación de daños causados en 2012”. Ante esta afirmación, no sobra la pregunta: ¿Y los presupuestos históricos de los últimos años para la entidad?
Ese es otro asunto que los oaxaqueños ya debemos ver con mucha menos alegría que antes: en los últimos años, o nuestros legisladores y gobernantes (locales y federales) nos han engañado sistemáticamente con la estratagema de los presupuestos federales “históricos” que se otorgan a la entidad, o en verdad algo ocurre con el gobierno estatal que sigue sin poder encontrar el camino adecuado para ejercer y comprobar, cada año, los recursos que la Federación le otorga, pero que al mismo tiempo le condiciona a la presentación de los proyectos respectivos, a la ejecución en plazos y forma específicos, y a la comprobación del destino que se le dio a dichos recursos.
Este es un tema que viene ligado con el anterior. Pues contrasta fuertemente que, mientras se revela que existen inversiones multimillonarias (dos mil millones de pesos son muchísimo dinero) destinadas sólo a la obtención de rendimientos y servicios bancarios institucionales (considerando en el supuesto, que en dichas operaciones nadie saliera particularmente beneficiado, como no sabemos si en realidad ocurre o no), también se diga que la entidad contratará nuevos empréstitos para hacer frente a sus compromisos y al desarrollo de proyectos estratégicos y de infraestructura que, según pensábamos, serían concretados a partir de los incomparables recursos que en los últimos años se han gestionado, y se han otorgado para nuestra entidad, desde la Federación.
Todo esto, sin duda, merece algo más que silencio…

FRÍAS RELACIONES
Jesús Martínez Álvarez es uno de los integrantes históricos del llamado Grupo Oaxaca. Desde que era servidor público estatal, sus constantes enfrentamientos con otros funcionarios dejaban ver fricciones constantes entre los diversos grupos que tenían influencia en el gobierno estatal. Su salida del gabinete, y la constante revelación de “anécdotas” dejan ver lo fría que está la relación entre quien gobierna y el Grupo Oaxaca, que siempre se ha adjudicado el destino (bueno o malo) de los últimos gobernantes, pero que hoy parece estar irremediablemente relegado.

+ Apretar reformas constitucionales, y después…

Visto en el mismo contexto, la estrategia del gobierno federal respecto a las reformas estructurales es clara, aunque peligrosa: en esta primera etapa de la administración, está apostando a sacar adelante todas las reformas constitucionales que pueda, para después menguar la presión —en todos los sentidos— en la discusión de la nueva legislación secundaria de las reformas constitucionales. Eso pasó con la reforma educativa, y es el camino que hoy se ve que se sigue en el tema de telecomunicaciones y las demás reformas que se han logrado. Para no variar, esa sería la misma ruta con la reforma petrolera. Sólo que la realidad es mucho más que números y votos en el Congreso.
En efecto, la semana pasada apuntábamos en este espacio que es muy posible que en la agenda de trabajo del periodo extraordinario que realizará el Congreso de la Unión a finales del presente mes, se incluya la presentación de la propuesta federal de la legislación que reglamente la reforma a los artículos 3 y 73 en materia educativa. Hasta el momento, no está firme la agenda legislativa del periodo extraordinario, y mucho menos hay claridad sobre el contenido de esas nuevas leyes. Sólo que nadie se cuestiona algo al respecto, porque todos parecen estar metidos en la dinámica del shock por la presentación de la iniciativa energética.
Esta distracción es nociva para la salud nacional. Es cierto que la reforma constitucional en materia educativa estableció los nuevos parámetros de evaluación y permanencia del profesorado, así como de los criterios de otorgamiento de las plazas docentes. Sí. Pero eso fue tan importante, como hoy lo es saber cuáles serán las reglas concretas que regirán cada uno de los temas establecidos en la Constitución en materia educativa. Y mientras muchos se encuentran distraídos en otros temas, el Ejecutivo parece estar teniendo puerto libre para presentar su propuesta de reforma y apostar a que la mayoría simple le permita sacar una legislación secundaria ad hoc a los intereses gubernamentales.
En ese sentido, es posible que en el tema educativo el gobierno federal tenga la ventaja que seguramente no tendrá en el tema energético. ¿Por qué? Porque en el sector educativo, el gobierno del presidente Peña jugó con ventaja al primero desarticular el liderazgo de la profesora Elba Esther Gordillo al frente del SNTE (que es el grupo mayoritario de profesores en el país) y neutralizar a la nueva dirigencia. En esas condiciones, la inconformidad de los maestros de Oaxaca, Michoacán y Guerrero, es menor frente a quienes no protestaron por la reforma constitucional en materia educativa.
Hoy, de nuevo, el Presidente juega con ventaja en ese tema, debido a que la atención nacional está puesta en la reforma energética y en las reacciones que ésta ha generado. Es muy posible que en ese marco de poca atención al tema educativo, y con la ventaja de no contemplar inconformidades mayores del magisterio nacional (salvo el corredor del sureste del país), pueda sacar sin problemas la legislación secundaria en la materia, y que con eso afirme que se concluyó el proceso legislativo de modernización del sector educativo, para dar paso finalmente a la implementación de las nuevas reglas en materia educativa, y dejar en el ámbito administrativo esa reforma ya concluida.

EL PETRÓLEO NO ES EL SNTE
Sin embargo, el impacto de la reforma en materia de energéticos es distinto. El presidente Peña Nieto, de nuevo le apostó al gran paso de sólo abrir los candados indispensables en el ámbito constitucional, para después dejarle la tarea de la reglamentación a una votación legislativa con menor grado de complejidad. Esto, sin embargo, es muy relativo.
Nos explicamos en lo relativo a las votaciones: en México tenemos una Constitución rígida. Es decir, que para realizar reformas a la Constitución, el propio Texto Fundamental establece un procedimiento especial, más complejo que el de una reforma a leyes ordinarias (que sólo requieren la mitad más uno de los votos en cada cámara), para conseguirlo. Así, para poder reformar o adicionar la Constitución, es necesaria la anuencia de dos terceras partes de los individuos presentes al momento de la votación en cada una de las Cámaras federales; y después, es necesaria la aprobación de la mitad más uno de las Legislaturas locales.
¿A qué viene todo esto? A que, en este caso, el presidente Peña Nieto está utilizando de nuevo toda su legitimidad política del arranque de la administración, y los instrumentos (como el Pacto por México) que creó para facilitar el tránsito de las reformas estructurales, para sacar adelante las reformas constitucionales. Para éstas sí necesita de la participación de las tres principales fuerzas políticas en el Congreso, que sólo juntas alcanzan a superar el margen de votación que establece la propia Constitución para ser reformada. De nuevo, está dejando para luego la presentación de la legislación secundaria, dado que ésta representa un problema legislativo mucho menos complejo que el de las reformas constitucionales.
Esto, debido a que, en la Cámara baja, el PRI tiene 213 diputados. Por eso, para sacar adelante una reforma legal, sólo necesita 251 votos y eso los consigue gracias a su alianza con el Partido Verde y el Panal (que tienen, respectivamente, 28 y 10 diputados). En el Senado, el PRI tiene 54 senadores, y sólo necesita 11 votos más para concretar la mayoría simple.
Quizá por eso (por la facilidad de concretar reformas legales frente a la complejidad de las constitucionales), el gobierno federal está apostando a lanzarse fuerte por las reformas constitucionales, para después allanar el camino y “componer” sus proyectos en la reglamentación secundaria, ya teniendo a su favor la despresurización social que genera haber desfogado todo en la discusión constitucional, y el poco interés —relativo— que se le pone a las reformas secundarias. Esa es la ruta. Quién sabe si funcione para la reforma energética.

PAÍS, ¿EN LLAMAS?
No hay que dejar de ver la parte social. El tema petrolero, como lo apuntábamos, es un tema no sólo económico, sino de orgullo e identidad nacional. ¿El gobierno federal ya calculó el efecto social, adverso, que puede tener el intentar llevar a cabo un plan sin atender la despresurización de la efervescencia social? Esta situación es por demás compleja. Pero es tan real, como el hecho de que, por la reforma petrolera, pronto veremos manifestaciones que ni en sueños veríamos por la reforma educativa.

+ Petróleo: nuestro, pero que sí nos sirva

En días y semanas próximas, el debate relacionado con el futuro de los energéticos en México, y particularmente el petrolero, estará en el pináculo del debate nacional, y por eso lejos de abonar a la causa de la continuidad nacional, o de la privatización de la industria petrolera, por lo que debemos pronunciarnos es por un debate serio, libre de atavismos e ideas preconcebidas, y capaz de concebir los planteamientos más serios y más benéficos para nuestro país.
En efecto, el Presidente de la República ni siquiera ha presentado su propuesta de reforma energética al Congreso de la Unión, y en México ya se discute la privatización de Petróleos Mexicanos o de la propiedad de los hidrocarburos, como si esos fueran hechos inminentes, y como si todo fuera producto de una conspiración para entregar la riqueza petrolera nacional a los voraces oligarcas extranjeros que siempre han pretendido adueñarse de nuestro país.
En esto, el debate relacionado con la reforma energética no puede estar determinado por ideas preconcebidas, lo mismo a favor que en contra de la privatización. No puede ser así porque la sola realidad indica que en un tema tan complejo no pueden ni deben predominar las posturas monocromáticas que se aferran a favor o en contra de una sola posición, inamovible, o a otra exactamente en las mismas condiciones. Esto no puede ser así porque la discusión relacionada con Pemex es tan compleja y trascendente que los mexicanos estaríamos de antemano derrotados si nos conformamos con esa sola posibilidad, y no con la de un debate amplio.
En ese sentido, podemos entender que en México el tema petrolero sea particularmente complejo. Esto, debido no sólo a que de la industria petrolera depende una tercera parte del gasto público nacional y que así ha sido en las últimas décadas, sino sobre todo porque el tema petrolero implica también una victoria trascendental de nuestro país en relación a los intereses extranjeros, que incluso podría ser la única en la que verdaderamente México se pudo sobreponer a los intereses que se aprovechaban de la industria y la riqueza del subsuelo mexicano.
Y es que el petróleo implica la única batalla que, sin armas, México le ha ganado a Estados Unidos. Desde finales del siglo XIX, el gobierno mexicano entregó concesiones de explotación de hidrocarburos a empresas norteamericanas e inglesas. Éstas obtuvieron ganancias multimillonarias en nuestro país, y a cambio trajeron desarrollo tecnológico que marcaron el Porfiriato, en temas como el establecimiento de las comunicaciones ferroviarias, o el desarrollo a gran escala del telégrafo y otros medios de comunicación. Es cierto que hubo desarrollo y derrama económica. Pero también lo es, que lo que dejó en nuestro país esa industria en manos extranjeras, era nada respecto a lo que ellos habían ganado gracias a la explotación de los hidrocarburos.
Desde que se promulgó la Constitución de 1917, se estableció en el artículo 27, que los productos del subsuelo eran de propiedad nacional, y que ésta tenía el dominio exclusivo para su extracción, explotación, transformación y aprovechamiento.
Sólo que ningún gobierno, hasta el del presidente Lázaro Cárdenas, se atrevió a cuestionar o revocar las concesiones que tenían empresas estadounidenses para la extracción de los hidrocarburos contenidos en el subsuelo, debido fundamentalmente a que todos sabían que los industriales norteamericanos que verían afectados sus intereses, eran los mismos que –se rumoraba, con muchas bases- que contribuyeron al fin del gobierno del presidente Díaz, cuando éste comenzó a permitir las inversiones inglesas en las riquezas y territorios mexicanos que los estadounidenses ya consideraban como suyos.
En ese sentido, si históricamente los norteamericanos habían despojado a México de sus territorios y riquezas desde la guerra de 1847 en la que se perdieron los territorios de Texas, Alta California y Nuevo México, luego vino otra ocupación y despojo que, entre muchos otros actos de intervencionismo (incluida la conspiración promovida desde la embajada norteamericana en febrero de 1913, que desembocó en la Decena Trágica, la muerte del presidente Francisco Madero y la instauración del huertismo) tuvo como tema central el petróleo.
Por eso, cuando el presidente Cárdenas nacionalizó la industria petrolera y recuperó la hegemonía nacional en el aprovechamiento petrolero, para los mexicanos ese fue también un acto de reivindicación de la dignidad nacional. Desde entonces, el petróleo es un tema no sólo de economía, sino fundamentalmente de nacionalismo, en el que muchos prefieren que éste se pudra en el subsuelo, antes que entregarlo de nuevo a manos extranjeras.

DEBATE COMPLEJO
Ese nacionalismo es el que distorsiona de fondo el debate. Pues quizá la propuesta presidencial en sí misma no sea privatizadora, y posiblemente ni siquiera tendría por qué serlo. El problema es que hay quienes –no sabemos si por convicción, o no- se autonombran como defensores del nacionalismo mexicano y a partir de eso se lanzan con consignas que fácilmente pueden ser compradas por otros fervientes nacionalistas, que en realidad no saben si la reforma energética será o no privatizadora, como tanto les dicen sus dirigentes.
En ese sentido, será imposible llegar a un acuerdo nacional respecto al futuro del petróleo si la discusión relacionada con la industria energética siempre está condicionada por eso, que bien podría ser una idea preconcebida, o un atavismo. Si no se tiene la claridad suficiente para saber qué es lo que verdaderamente necesita y conviene a nuestro país, entonces siempre estaremos dando vueltas en temas del pasado y en cuestiones que no deberían ser preponderantes para un tema estratégico como lo es el petrolero para nuestro país.

ERRADICAR LOS MITOS
Este debate debe ir de las ideas tirantes y extremosas, a las que puedan verdaderamente clarificar las implicaciones de una posible reforma, así como las necesidades de la industria y del Estado en relación al petróleo. No parece sana la posibilidad de tomar las calles en tono agresivo, si aún ni siquiera se conocen los detalles de lo que se pretende hacer con Petróleos Mexicanos. Dos cosas sí nos deben quedar claras: que para algún lado, y mejor si es para adelante, debe moverse Pemex. Y que la reforma debe privilegiar la industria y la generación de riquezas, antes que la sola conveniencia del gobierno por captar más recursos. El tema se intensificará aceleradamente. Ya lo veremos.

+ ¿El partidismo atropellará a la coalición?

Si la elección de julio estuvo llena de vértigo para el gobierno, para los partidos y para los poderes fácticos en Oaxaca, ahora con la designación de los liderazgos camerales podrían terminar diluyendo sus respectivos avances obtenidos el 7 de julio. La forma en que parecen estar procesándose las definiciones dentro de los partidos dejarán mucho que desear. Si siguen como van, ni el PRI ni los partidos coalicionistas estarán en posibilidad de refrendar la confianza que les depositaron quienes votaron por ellos. Veamos por qué.
En efecto, el hecho de que el Congreso esté integrado por una pluralidad de fuerzas genera la necesidad de que se construyan acuerdos que van más allá de lo estrictamente popular. El hecho de que ninguna fracción parlamentaria tenga mayoría, genera la necesidad de que el Congreso se gobierne a través de una Junta, con un poder rotativo entre las tres principales fuerzas.
Ese poder compartido, implica la necesidad de cada acuerdo se construya en base a consensos que son determinados por los principales factores de poder dentro no sólo del Congreso, sino también de otros sectores determinantes, como son como el gobierno, las cúpulas partidistas y los grupos y sectores (políticos, económicos, sociales, etcétera) a los que pertenece cada uno de los diputados. Es cierto que los liderazgos legislativos deben responder al interés de cada uno de los partidos. Pero también lo es que los partidos deben asumir que no fueron ellos solos los que ganaron, sino que cada victoria y derrota fue producto de la combinación de factores que sólo puede existir en la pluralidad.
¿Por qué afirmar lo anterior? Porque, en términos generales, los partidos están intentando decidir sus liderazgos como si hubieran ganado ellos solos. Y si deciden hacer eso estarán tomando una decisión no sólo precipitada, sino que también pondría en riesgo la gobernabilidad legislativa, la productividad del Congreso, y la resolución de un montón de problemas que necesariamente deben ser resueltos a partir de la ley. Pero vayamos por partes.
En el PRI, por ejemplo, se ve reiterada la intención de que el liderazgo legislativo recaiga o en Juan José Moreno Sada, o en Alejandro Avilés Álvarez. Todas las razones son de cúpula. Esto, porque aseguran que a cada uno de ellos lo apoya sendo ex gobernador, y que esas “bendiciones” serán fundamentales. Sin embargo, ¿en la pluralidad de fuerzas y desde su posición de partido de oposición, una sola definición debe ser suficiente para determinar el rumbo de una bancada?
Más bien, lo que los priistas deberían es tratar de aprender de su adverso presente, y de las duras lecciones que les dejó el manejo cupular de su bancada ya como partido de oposición. ¿Será que no recuerdan el alto costo que pagó la bancada tricolor por el ingenuo manejo que tuvo la coordinación de su fracción durante el primer año legislativo? ¿Y será que insisten en no ver que la débil coordinación de los dos años siguientes llevó a toda la bancada a una situación de atomización que no hizo sino debilitar al priismo?
Y es que, en el fondo, queda claro que si Avilés o Sada (o quien sea de ellos) pretende encabezar a su bancada, debe demostrar su liderazgo a través de la legitimación. Y esa legitimación no puede llegar sólo de la opinión o el designio de uno solo de sus militantes notables, sino de la constatación de que ese liderazgo fue bien construido, y que además está respaldado por la bancada y por la sociedad.
¿Moreno Sada y Avilés podrían pasar esa prueba? Difícilmente. Tampoco podrían pasar la prueba de los antecedentes; ya no digamos que pudieran pasar por el tamiz de la buena fama pública. Entonces, ¿cómo construir ese liderazgo?

LIDERAZGOS DE BERRINCHE
En el Partido Acción Nacional las cosas siguen un camino que parece irremediable: volver a generar una imposición para después ser fustigados por quienes tienen el poder real que ellos intentan aparentar que poseen. Nos explicamos: en las negociaciones por la asignación de las candidaturas por el principio de representación proporcional, el grupo gobernante no logró poner más que a Bernardo Vásquez Colmenares –un no panista- en la suplencia de la segunda posición, cuya titularidad ocupa Perfecto Rubio Heredia.
Siempre quedó claro, pero lo entendieron todos menos el panismo local y nacional, que al grupo gobernante no le interesaban todas las posiciones, sino una en particular, que representara los intereses del gobierno antes que los del partido, y que fungiera como vaso comunicante entre el gobierno y la bancada panista. Esto, hasta en la más común de las lógicas, implicaba el equilibrio entre la independencia panista y la pertenencia a una coalición que gobierna.
Sin embargo, hoy existe una abierta rebelión que tiene como único fin impedir que Vásquez llegue al Congreso. Por el lado de Rubio Heredia, éste estaría –alentado por el panismo duro- dispuesto a no presentar licencia a su cargo legislativo; y por el otro, buscarían destituirlos a ambos a partir de la impugnación de la candidatura que ellos representan a través del argumento de la violación a la paridad de género. ¿Qué buscan? En el fondo, imponer a su propio coordinador de bancada. Pero con eso descarrilarían a la fracción panista, como lo hicieron cuando impusieron a Francisco Reyes por encima del interés del grupo gobernante.
Algo similar pasa en el PRD. Ahí fue todavía más definido el interés que buscaba asegurar la posición de Jaime Bolaños no como figura perredista, sino como la del hombre del Gobernador en el Congreso. De nuevo, en su voracidad, el perredismo intenta encarecer la negociación o para poner como coordinador a uno de los líderes de sus tribus locales, o bien para subir al infinito el costo de su anuencia para que Bolaños pase como líder parlamentario y sea quien articule los esfuerzos no a favor del PRD, sino de la Coalición que, como va, no pinta para un terso fin de sexenio.

PARADOJAS
Panismo y perredismo juegan con fuego, calculando con avaricia la necesidad que tiene el grupo gobernante de ellos en el Congreso. La mayor paradoja que podría presentarse en este escenario –y que no podemos descartar- es que ante tanta codicia, el grupo gobernante termine pactando con el PRI y con las fuerzas minoritarias para sacar adelante las reformas y emisión de nuevas leyes que tiene pendientes. Con el PRI y la “chiquillada”, el gobierno tendría la mayoría simple para las reformas legales. Todo es posible. Este último escenario, también.

+ Deuda, pero que sea para beneficio común

Casi al término de la gestión municipal en la capital oaxaqueña, el edil Luis Ugartechea ha buscado demostrar que su gobierno terminará con finanzas sanas, a través de la denuncia a administraciones anteriores. Sus antecesores le han respondido a través de la demostración de que ninguno de ellos dejó las arcas municipales sobrecargadas. Pero lejos de eso, el dilema de la capital se centra en que, si bien tenemos un municipio sin deudas, también tenemos un municipio sin capacidad de respuesta y sin margen de maniobra en sus finanzas. Por eso, no es ociosa la pregunta: ¿Necesitamos forzosamente un municipio sin deudas, o un gobierno con deudas “sostenibles”?
En efecto, sobre la administración de Ugartechea pesan importantes dudas relacionadas con la administración de los recursos municipales y con las deudas que pudo haber contraído durante su gestión. Se ha afirmado, sin probanzas plenas, que el Munícipe de la capital contrajo deudas millonarias y que no tuvo un manejo del todo responsable de las finanzas municipales. Aunque él asegura lo contrario, hay indicios de que algo no camina bien en el Ayuntamiento citadino, y que por eso están tomando medidas desesperadas (como el despido masivo de personal, del que daba cuenta TIEMPO en su edición del pasado sábado) para tratar de llegar al final de la gestión lo menos enredados posible.
Frente al público, pareciera que la preocupación central de Ugartechea no radica en dejar un municipio con faltantes o con problemas financieros, sino en no dejar un municipio endeudado. Hasta hoy, ha asegurado que entregará un Ayuntamiento con finanzas sanas y ha dicho que, a diferencia de sus antecesores, no habrá préstamos pendientes por pagar ni cuentas vacías a la llegada del nuevo munícipe. A todos los que ha acusado, le han respondido puntualmente asegurando que ellos no dejaron problemas como los que se denuncian actualmente.
Suponiendo sin conceder, demos por hecho algo: que ni Ugartechea, ni José Antonio Hernández Fraguas, ni los otros Alcaldes que ha tenido la capital en la última década, han dejado cuentas pendientes por pagar, deuda pública, o saldos sin comprobar en la administración municipal. ¿Eso es necesariamente algo benéfico para la ciudad? Antes de soltar una respuesta, tendríamos que repensar lo que vamos a responder.
Esto, debido a que si bien todos los Ediles que sucesivamente han pasado por el Ayuntamiento citadino, han tenido como preocupación central el tema de la deuda. Es cierto, las pruebas dicen que ninguno ha sobre endeudado al Municipio. Sólo que, también —y es el punto que a veces no alcanzamos a ver— ninguno de ellos ha tenido la capacidad de generar condiciones distintas en cuanto a la ejecución de obras que sean de beneficio e impacto mayor para la capital.
Salvo excepciones mínimas, Oaxaca de Juárez no sólo no ha tenido grandes obras o grandes beneficios en servicios públicos —que pudieron haber sido conseguidos incluso a través del camino de la deuda—, sino que incluso las últimas administraciones han comenzado a desatender temas que antes eran prioritarios, y por eso hoy vemos una ciudad que tiene serios problemas con temas esenciales que van desde la inseguridad hasta los baches, la basura, el alumbrado y muchos otros que hoy se encuentran en estado de abandono.
En esas condiciones, ¿debemos alegrarnos de que no haya deuda? Quizá sí, porque ello representa cierta “tranquilidad” para quien gobierna y para quienes están interesados en las finanzas de la ciudad. Empero, también debemos tomar en consideración que la palabra “deuda” no es directamente proporcional a “problema” o a “hipoteca del futuro”.
Más bien, lo que ha pasado es que nadie ha querido tomar el paquete de generar deuda responsablemente para dotar a la ciudad de mejores servicios. Y es que la ciudadanía cree que toda deuda es irresponsabilidad y significa “robo” por parte del gobernante. Y éste a su vez cree que toda deuda significará costos políticos para él y su partido. Por eso, a Oaxaca le queda a la perfección aquella perla del refranero que dice que “quien nada debe, nada tiene”.

LA DEUDA
En este punto, es menester recordar una anécdota agridulce ocurrida aquí mismo en Oaxaca: Cuando inició el gobierno de Ulises Ruiz, éste quería hacer muchas obras pero al mismo tiempo le rondaba el fantasma de los duros cuestionamientos que se le vendrían encima a su administración por el endeudamiento. Ellos, en su momento, “resolvieron” el problema a través de la salida fácil de contraer compromisos económicos que no estuvieran catalogados en la ley como deuda pública.
Así, con los esquemas PPS, construyeron Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial. Ambas constituyen una enorme sangría (y por quince años más) a las arcas estatales, además de que en sí no representan obras que generen algún beneficio para la ciudadanía. Sin embargo, en la contratación del esquema y la deuda, pudo más la “tranquilidad” del ex gobernante por dejar una enorme deuda que para efectos legales no es “pública” (e hincharse con eso de dinero, junto con sus socios), antes que contratar una deuda que sirviera para inyectar dinamismo al gobierno y a la sociedad, y que a través de mayor crecimiento y mayor recaudación, dicha deuda pudiera ser sostenible por sí misma y generadora de beneficios para la mayoría.
Ese es el punto que también parece que no pueden cuadrar en la capital. Ugartechea quién sabe si deje o no deuda, pero lo que sí es cierto es que en su administración se incrementó drásticamente el gasto corriente (sólo en el tema de salarios el incremento es exorbitante), a partir de recursos que no sabemos si salieron de una mayor recaudación, del incremento de su presupuesto o de una deuda.
Y si no se endeudó, lo cierto es que su gobierno —como todos los anteriores— no tuvo sino sólo capacidad de hacer lo que pudo, pero no de concretar alguno de los tantos proyectos —muchos de ellos importantes como las vialidades, y otros urgentes, como la basura y demás— que tanto se prometen en campaña, pero que luego se desmoronan ante la incapacidad financiera del Ayuntamiento y los titubeos que tienen los gobernantes frente a la posibilidad de la deuda pública.

AUSTERIDAD
Por cierto, ¿Javier Villacaña sostendrá los estratosféricos salarios y dietas que implementó Ugartechea para sus concejales y empleados administrativos? Ese es un tema que seguro le hará crisis. Más, porque prometió mucho y, sin deuda y sin ajustes, no será posible que le alcance.

Comité de Radio/Tv, primero que pidió rescisión

En una sesión de trabajo realizada el 31 de mayo pasado, el Comité de Radio y Televisión del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, exigió por escrito al Presidente del Consejo General, Alberto Alonso Criollo, y a otros funcionarios del Instituto con competencia en este tema, que apercibieran de inmediato a la empresa Verificación y Monitoreo SA de CV, para que realizara sus tareas de acuerdo a lo pactado, o que se les rescindiera el contrato respectivo. Nadie atendió (o nadie quiso atender) este llamado. Por eso, a nadie en el IEEPCO le queda la pose de sorprendido ante estas deficiencias, que siempre estuvieron a la vista de todos.

En efecto, en dicho documento —del cual obra copia en esta columna, y que puede ser consultado en nuestro blog http://almargenoaxaca.wordpress.com— consta que en esa fecha —37 días antes de los comicios—, todos los integrantes del Comité de Radio y Televisión (los representantes de los partidos políticos, así como los funcionarios electorales Gelasio Morga Cruz, y Leonardo Alejandro Aguilar Díaz) llevaron a cabo una reunión de trabajo para analizar el informe acumulado de monitoreo de espacios noticiosos del periodo de intercampañas durante el proceso electoral ordinario 2012-2013, realizado por la empresa Verificación y Monitoreo SA de CV.

El objeto concreto de dicha reunión, consistía en la presentación del informe, para luego dar voz a los integrantes de la Comisión, para que luego emitieran sus consideraciones. Lo ahí asentado refleja con todo detalle los problemas de fondo que todos sabían que tenía ese deficiente trabajo de monitoreo. Y aunque lo hicieron saber oportunamente al Consejo General, y a todos en el IEEPCO, nadie hizo algo al respecto. Esto fue lo que, textualmente, manifestaron los representantes de los partidos políticos:

“1. De acuerdo a lo que se ha manifestado en otras ocasiones, no estamos satisfechos con el trabajo realizado por la empresa Verificación y Monitoreo SA de CV, pues sus reportes carecen de claridad y un análisis que nos lleve a comprender el comportamiento de los medios ante las notas que se generan día a día, ya sea en radio, televisión, prensa e internet; donde queda de manifiesto el profesionalismo de la empresa, la cual nos otorgue la seguridad a nosotros como representes de los partidos políticos, así como también a la ciudadanía en general, de contar con la certeza y la transparencia que implica la competencia entre los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos contendientes en el presente proceso electoral, asimismo poder estar sabedores de la imparcialidad con la que los medios tratan toda actividad política relativa a dicho proceso electoral.

“2. No existe un reporte cuantitativo de calidad por partido político con gráficas de cada uno de ellos.

“3. No existe una cobertura total de las empresas radiofónicas contempladas en el catálogo de medios aprobado por este comité.

“4. Los reportes semanales y el acumulado no reflejan un análisis puntual que nos permita conocer la tendencia de los medios hacia algún candidato, partido político o coalición.

“5. Del mismo modo queremos manifestarnos en cuanto a la presentación del portal de consulta de sus bases de datos, ya que no vemos un trabajo que demuestre calidad, no se encuentran gráficas, datos estadísticos.

“6. No hay acceso a testigos de todas las notas como se nos comentó de parte de la empresa, pues ha habido ocasiones que esperamos hasta más de cuarenta y ocho horas para poder tener la información completa, ya que de las quince plazas donde se instalaron sólo aparecen ocho u once plazas para consultar información.

INCONSISTENCIAS

“Por la serie de inconsistencias y deficiencia en los trabajos de monitoreo —continúa el documento—, este comité solicita que se requiera a la empresa contratada para que en el próximo reporte semanal mejore su trabajo, en los términos establecidos en el contrato respectivo, atendiendo las observaciones que se han vertido en esta reunión. Asimismo debe turnarse el presente asunto al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios, Baja, Enajenación y Desechamiento de los Bienes Muebles, al Consejero Presidente del Consejo General y al Señor Contralor de este Instituto, a efecto de que determinen lo procedente en uso de sus facultades legales, apercibiendo a la empresa Verificación y Monitoreo SA de CV para que en caso de no cumplir con el presente acuerdo se proceda de inmediato a la cancelación del contrato”.

Después, en el mismo documento, se toman dos acuerdos que hoy sabemos que fueron ignorados por todos en el IEEPCO. Ahí se consigna: “Primero. Se dará a conocer a la empresa contratada para llevar a cabo el monitoreo, a (sic) las inconformidades expresadas en la presente minuta mediante oficio, así como a la Presidenta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios, Baja, Enajenación y Desechamiento de los Bienes Muebles, al Consejero Presidente del Consejo General y al Señor Contralor de este Instituto, a través del Presidente de este Comité de Radio y Televisión, a efecto de que determinen lo procedente en uso de sus facultades legales, apercibiendo a la empresa Verificación y Monitoreo SA de CV para que en caso de no cumplir con el presente acuerdo se proceda de inmediato a la cancelación del contrato.

“Segundo.- Se requiere que la empresa contratada para que en caso de continuar con su relación laboral con este Instituto, designe a una persona con la capacidad técnica necesaria para que cada semana rinda su informe por escrito y en versión electrónica ante este Comité de Radio y Televisión”.

No sobra decir, que dicha minuta fue firmada y sellada por Gelasio Morga y Leonardo Alejandro Aguilar Díaz, presidente y secretario de dicho Comité, así como por los representantes del PAN, PRI, PRD, PVEM, Movimiento Ciudadano, Unidad Popular, Partido Socialdemócrata de Oaxaca, y Nueva Alianza.

QUE NADIE SE SORPRENDA

¿Eso, como lo dice Alberto Alonso Criollo, es “cumplir la ley”? Lo que queda claro con ese documento es que las inconsistencias y el pésimo trabajo de monitoreo siempre fue sabido por todos en el IEEPCO, pero que nadie pudo hacer nada o para corregir las fallas de la empresa, o para evitar que los casi 13 millones de pesos que costó el monitoreo, fuera dinero tirado a la basura. Echar culpas hoy ya no sirve de nada. Y en concreto, ¿de todos modos terminarán pagándole a Verificación y Monitoreo?