+ Oaxaca de Juárez debe ser vista como urbe

Aunque formalmente Oaxaca de Juárez dejó de ser la sede de los poderes del Estado, su importancia como capital del Estado es indiscutible no sólo en lo político y administrativo,  sino también por los enormes problemas que presenta en conjunto con los municipios aledaños, que han sido absorbidos por el crecimiento urbano. Hoy que estamos en el momento de las definiciones partidistas sobre quiénes serán los candidatos a convertirse en autoridades, los oaxaqueños esperamos no sólo disputas o grillas, sino un conjunto de propuestas sobre cómo abordar esos problemas de fondo que enfrenta nuestra ciudad.

En efecto, una capital es la ciudad que tiene la preeminencia en un campo social, cultural, económico o de otra índole en un Estado. En nuestro caso, Oaxaca de Juárez es la ciudad más importante de la entidad no sólo porque aquí se concentra la mayor actividad administrativa, económica y política de la entidad, sino también porque a diferencia de casi todos los demás estados (en los que existen por lo menos dos o tres ciudades de similar importancia que su capital), en Oaxaca no existe otra población con un nivel de desarrollo similar al de la capital.

Esto significa un reto de multiplicadas dimensiones para la capital oaxaqueña. Pues en primer término, el hecho de que en la entidad no haya otra ciudad con un desarrollo e importancia similar al de Oaxaca de Juárez, no significa que ésta última sea una ciudad desarrollada o con sus problemas urbanos, sociales, económicos y administrativos ya resueltos.

Y si esto es en sí mismo grave, todo se acentúa cuando reparamos en el hecho de que hoy el rumbo que lleva toda la zona metropolitana de Oaxaca es de total abandono e indolencia frente a sus problemas. Hace muchísimo tiempo que la capital no cuenta con un proyecto urbano, con obras de gran calado, e incluso con orden. Y ese es el ingrediente fundamental de los problemas agravados que hoy enfrenta.

En Oaxaca de Juárez no ha habido proyecto, y por eso todos los que han sido presidentes municipales en los últimos lustros han venido a hacer únicamente lo que se les ha ocurrido. Cada uno de ellos, al margen de su extracción partidista, su formación personal o profesional o sus intereses políticos, ha prometido reinventar la capital, sacarla de sus problemas y llevarla a una situación de mejoría, aunque lo único que han logrado es profundizar los conflictos que aquí se padecen.

Y es que Oaxaca enfrenta problemas muy concretos. Por ejemplo, tiene graves problemas de inseguridad que siguen sin ser resueltos. Tiene también un grave problema de rezago en su planeación urbana y en el desarrollo de alternativas para las vialidades, peatones, ciclistas y automovilistas. El transporte público es una asignatura prácticamente anulada; hay un conjunto enorme de problemas de salud pública que a nadie le importa resolver. Y, por la combinación del desinterés, la incapacidad y la desidia a la hora de enfrentar a los poderes fácticos, aquí los giros negros, el ambulantaje, la pillería y hasta la delincuencia organizada han tomado el control de la vía pública en casi todas sus vertientes.

Es gravísimo, por ejemplo, que en Oaxaca de Juárez no haya control de las zonas públicas, los parques, los jardines, las banquetas, las plazas públicas y hasta las calles. Unas pertenecen a los ambulantes, otras a la prostitución, algunas más a los giros negros. Y qué decir de todos los espacios que se encuentran en manos de grupos o personajes oscuros que quieren todo menos el imperio del orden.

PROBLEMAS ¿INVISIBLES?

El otro gran problema que enfrenta Oaxaca es que sus problemas se han extendido en la misma proporción que ha crecido la capital y se ha ido internando en los mal llamados municipios conurbados. Hoy muchos de esos problemas antes descritos son una preocupación ya no sólo de quienes habitan la capital, sino también de quienes viven en los más de veinte municipios que son considerados ya como parte de lo que debería ser una zona metropolitana de Oaxaca, pero que por la misma visión corta de las autoridades (y la mediocre exigencia de los ciudadanos) no han dejado de ser sino anexos a la ciudad, que bien podrían ser su patio trasero.

¿A poco no Xoxocotlán, Santa Lucía del Camino, Yatareni, Tlalixtac o San Jacinto Amilpas, tienen una importante “actividad económica” basada en todo lo que no puede hacerse de forma abierta en la capital? ¿A poco no en muchos de esos municipios se encuentran muchos de los problemas de prostitución, giros negros, venta de sustancias prohibidas y demás que no pueden existir de forma franca en Oaxaca de Juárez?

Sobre todo esto, ¿qué propuesta de solución tienen los que aspiran a ser autoridades municipales tanto en la capital como en los municipios “conurbados”? Porque lo fácil es decir que “Vamos por Oaxaca” (o alguna de esas frases cargadas de demagogia, pero vacías en cuanto a contenido) pero sin tener una noción clara de qué se debe hacer para resolver sus problemas. Se puede pensar en llegar a la alcaldía de la capital para luego brincar a una diputación, una senaduría o la candidatura a Gobernador. Pero también, y sobre todo, debería pensarse en llegar a ese cargo para hacer algo por Oaxaca.

Ninguno de los problemas de Oaxaca es caso aislado, porque Oaxaca de Juárez no es una isla ajena a otras poblaciones, a otros vicios o a otras prácticas. ¿Qué queremos los oaxaqueños de esos hombres y mujeres que aspiran a gobernar esta enorme mancha urbana que hoy parece una tierra sin ley? ¿Qué esperamos de esos que piden nuestro voto, pero sin comprometerse a nada a cambio de eso? Nosotros los ciudadanos deberíamos ser más exigentes. Pedirles a los candidatos menos demagogia y más seriedad. Menos ambiciones y más trabajo. Menos eslóganes y más propuestas. Menos intereses electorales y más visión de Estado para enfrentar ese conjunto enorme de problemas que hoy tienen a Oaxaca en un bache, del que no parece poder salir en el futuro cercano.

SANTA LUCÍA DEL CAMINO

Ese municipio ha sido golpeado, desde varias administraciones atrás, por las ambiciones de distintos grupos. Sus peleas terminan arrodillando al municipio y deteniendo cualquier posibilidad de progreso. Se ha visto la incapacidad del PRI y de la oposición, a la hora de gobernar. ¿Repetirán la historia? ¿Lo hará la coalición con un gobierno de caos, como el actual? ¿O lo hará el PRI, que sólo busca imponer a un desconocido (Fortunato Mancera) para repetir la historia? Santa Lucía merece algo mejor…

Ayer quedó demostrado que al grupo del ex gobernador Ulises Ruiz sólo le gustan las imposiciones y la demagogia, cuando son de casa. Ante el anuncio de que el candidato a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez por el PRI será un personaje que no pertenece a su ralea política, propios y extraños en el ulisismo no se aguantaron las ganas de denunciar una imposición, un farsa y un fraude, que en realidad ni siquiera se llevó según los métodos que ellos mismos establecieron en Oaxaca. La realidad, finalmente, la realidad parece estar alcanzando a ese grupo que creyó que, al menos en el PRI local, sí podría tener control e influencia transexenal.
En efecto, al mediodía de ayer medios locales dieron a conocer que el Comité Ejecutivo Nacional del PRI había llegado a la conclusión definitiva de que el diputado priista Javier Villacaña Jiménez sería su candidato a la alcaldía citadina. Minutos más tarde el propio aspirante confirmó el hecho mientras llamaba a la unidad y la disciplina a los demás contrincantes, apelando los compromisos que hace unas semanas habían contraído a través de la firma del llamado Pacto por Oaxaca.
La nominación de Villacaña no parecía que pudiera darse de ese modo tan contundente, dados los antecedentes de presión y chantaje que había ejercido el grupo del ex gobernador Ruiz para tratar de hacerse de la candidatura por la vía del albazo. De hecho, el ulisismo había lanzado a José Escobar Gómez al ruedo político desde hace ya varios meses. Y a pesar de que éste intentó congraciarse con diversos sectores del tricolor, en realidad nunca pudo construir una imagen sólida o una fortaleza determinante que le permitiera acceder sin oposición a la candidatura tricolor en la capital oaxaqueña. Al final, el ulisismo significó para él no la garantía de ser candidato, sino el lastre que lo ancló en la derrota.
Empero, el ulisimo no está acostumbrado a perder, así sus victorias sólo les signifiquen derrotas. Quizá por eso, rompiendo con el uso tradicional que da a su cuenta personal de Twitter @ulisesruizo (que, según se ve, fundamentalmente la ocupa para enviar saludos o condolencias, pero en muy pocas ocasiones para temas políticos) el ex gobernador Ruiz tomó posiciones respecto a la nominación de Villacaña, argumentando lo siguiente: Fraude villacaña la elección del pri en oaxaca capital? Trampas?? Mañas??? Q vas a decir.
Escobar fue mucho más explícito al decir en su cuenta de Twitter @pepe_escobar lo siguiente: La encuesta mañosa que favorecía a @JavierVillacana se ha confirmado. No hay representatividad #Oaxaca; @CCQ_pri [César Camacho] ni siquiera ha visitado #Oaxaca y reitera viejas mañas en el PRI; El PRI sigue siendo una cuna de lobos, pues @CCQ_PRI muestra que es un dirigente antidemocrático que frena el progreso; Esta claro que la manipulación de @CCQ_PRI beneficia a la corrupción y no al interés de la gente de #Oaxaca; El Pacto por #Oaxaca no ha sido respetado, pues se emite una resolución a partir de intereses de la dirigencia antidemocrática del @CCQ_PRI; #Oaxaca sigue como está por decisiones contrarias al bien común que lo mantienen en la situación actual.
¿Por qué tanta virulencia?

IMPOSICIONES
El enojo real de Escobar, y de su mecenas el ex gobernador Ruiz, tiene su origen no en el hecho de que la famosa encuesta sea falsa, o en que se hayan roto los términos del Pacto por Oaxaca. En realidad, el enojo de ambos surgió del hecho de que no se respetó el intento del ex Gobernador por imponer a Escobar como candidato. Si el propio Pacto había establecido el método y los compromisos relacionados a cómo se determinaría la candidatura, entonces Escobar no tenía mucho que decir respecto al resultado.
Sin embargo, todo esto se inscribe en el hecho de que aún no estando en el poder, el ulisismo ha querido todo, aún cuando ellos conforman el grupo más perdedor y antidemocrático que podría existir al interior del PRI oaxaqueño. Sólo quien tenga los ojos cerrados, puede dejar de ver que aún en la derrota, ellos han tenido a sangre y fuego el control del CDE del PRI local; que son ellos los que han impuesto a más candidatos que nadie; que ellos son quienes impusieron la tradición de romper las reglas para simular procesos democráticos que terminan en la imposición de abanderados; y que, ellos más que nadie, son los que más veces han llevado al PRI a derrota por no ceder en sus candidaturas de capricho, y por lastimar a la militancia con decisiones impopulares, antidemocráticas y, en resumen, destinadas al fracaso.
Qué paradoja de todos ellos que hoy se quejan de ese proceso amañado, cuando hace apenas tres años el ulisismo sí simuló todo un proceso democrático para elegir al candidato del PRI a la gubernatura del Estado, y terminó imponiendo a Eviel Pérez Magaña (el menos aventajado de todos) como abanderado. A diferencia de esta carrera por la alcaldía citadina, en 2010 el ulisismo sí simuló una competencia al interior, metió a todos los aspirantes a una competencia sin destino; en ese ínter, el grupo gobernante se dedicó a fustigar y lastimar a todos los que, de antemano se sabía, no serían candidatos; y finalmente trató de solucionar todo a través de un arreglo que dejó descontentos a todos, y que impuso al menos competitivo de los aspirantes para terminar perdiendo la gubernatura.
Hoy, sin embargo, el descontento hizo presa de ellos a partir de una decisión salomónica del CEN del PRI. En la Ciudad de México tienen claro que la batalla por la capital es el último reducto de competitividad electoral, luego de que tanto las candidaturas a diputados locales, como la lista de abanderados por la vía de la representación proporcional, ha sido una auténtica cena de negros entre los ex Gobernadores y los grupos de poder que tienen cierta presencia en Oaxaca.

DERROTA RELATIVA
Al final, el grupo del ex gobernador Ruiz no se queda con las manos vacías. De hecho, aún sin esa candidatura en las manos de uno de los suyos, siguen teniendo mucho más de lo que se merecen. Por ellos el PRI no es gobierno en Oaxaca. Y aún así, tienen docenas de posiciones, que van desde la cuestionada Secretaría General del CDE del PRI (que se encuentra en las manos del impresentable Alejandro Avilés Álvarez), hasta candidaturas a diputados y presidentes municipales que, finalmente, serán entregadas a socios, personeros, parejas sentimentales e incondicionales. Y queda claro que a ellos sí les gusta la imposición, pero sólo cuando son ellos quienes la realizan.

+ Autodefensas: su aliento no está en inseguridad

El magisterio guerrerense dio un paso arriesgado al admitir que dentro de sus acciones inminentes podría estar la creación de grupos de autodefensa para respaldar su lucha en contra de la reforma educativa. Esto, de nueva cuenta, prende las luces de advertencia sobre la violencia derivada de las acciones magisteriales, pero ya no sólo por las ligas históricas de los profesores (en Guerrero y en Oaxaca) con la guerrilla, sino ahora frente a todas las implicaciones que tienen esos grupos.

En efecto, este es un asunto de Estado. Es así porque si bien la de los maestros en Oaxaca y Guerrero es una lucha eminentemente política, entre ellos nunca han dejado de estar presentes otro tipo de organizaciones que, buscando fines similares, intentan llegar a ellos a través de la vía violenta. La diferencia entre la guerrilla y las autodefensas, es que las primeras tuvieron motivaciones eminentemente políticas basadas en la búsqueda de cambios sociales. Y es claro que las autodefensas tienen motivaciones más cercanas al del enrarecimiento social impulsado desde la delincuencia. Por eso, este es un asunto de Estado.

Vayamos a las ligas del magisterio con la guerrilla. La referencia más cercana que existe es la del conflicto magisterial y popular de 2006 ocurrido en la capital oaxaqueña, aunque lo cierto es que el magisterio de la Sección 22 nunca ha podido desligarse de distintas células de la guerrilla en nuestro país. En diversos episodios del conflicto ocurrido hace casi siete años, quedó claro que o en la lucha política del magisterio había células de la guerrilla, o que el conflicto magisterial en realidad fue un conjunto de acciones orquestada desde los movimientos armados. Varias son las razones para asegurarlo.

Una de esas razones se encuentra en el hecho de que, en 1996, el dirigente en funciones de la Sección 22 al inicio del conflicto magisterial, Enrique Rueda Pacheco, fue detenido en una casa de seguridad del EPR, y en posesión de armas y elementos propagandísticos pertenecientes a esa agrupación armada. A otros ex dirigentes, y corrientes políticas al interior de la Sección 22 (como la UTE), también se les ha señalado reiteradamente por tener ligas con organizaciones de ese tipo.

Otra de esas razones se encuentra en el hecho de que, públicamente, el EPR aceptó que dos de sus militantes, que fueron aprehendidos y desaparecidos en Oaxaca en mayo de 2007, habían tenido participación en el conflicto magisterial y popular ocurrido un año antes en su calidad de luchadores sociales. Incluso, una de las versiones más aceptadas respecto a la participación de los desaparecidos en el conflicto, apunta a que ambos participaban en las labores de organización de las movilizaciones populares, y que particularmente la tarde-noche en que fueron detenidos y desaparecidos en inmediaciones del Hotel del Árbol, se dirigían al Hotel del Magisterio, a donde habitualmente sostenían reuniones y donde recibían protección y alojamiento.

Incluso, desde entonces y hasta la fecha el tema del conflicto popular es uno de los más recurrentes para diversas organizaciones armadas. Todas sostienen, con razón, que el movimiento magisterial es uno de los de mayor influencia en la vida de los oaxaqueños y del sureste del país, y por esa razón toman posiciones respecto a sus actividades, sus aciertos, sus errores y las causas y luchas políticas en que se involucran.

GUERRILLA, NO AUTODEFENSAS

Circunstancias, planteamientos políticos e ideológicos y momentos que involucran al magisterio y la guerrilla, existen en abundancia en Guerrero y Oaxaca. Los dos grandes guerrilleros que son iconos de la CNTE, y que incluso sus rostros aparecen en su bandera, fueron maestros rurales de Guerrero, y respondieron a los nombres de Genaro Vásquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos. El profundo contacto social entre el profesor y las necesidades sociales más profundas, pues, hacen indisoluble la relación entre el magisterio y la guerrilla en ambas entidades federativas.

Sin embargo, es indispensable entender esta primera relación con la del magisterio y las autodefensas. La guerrilla, como hemos apuntado antes, tiene profundas motivaciones políticas y sociales, y está planteada para conseguir un cambio de régimen, de orden jurídico y de relación entre las fuerzas políticas predominantes de una sociedad. La autodefensa, sin embargo, tiene motivaciones mucho menos elevadas, mucho menos sociales y, al contrario, prácticamente desprovistas de causas justificadas e incluso de legitimidad entre la sociedad.

En algunas comunidades las autodefensas surgieron como consecuencia de la inseguridad. Sin embargo, está plenamente documentado que específicamente en Guerrero, muchos de esos grupos nacieron a partir del interés de grupos relacionados con la delincuencia organizada por desestabilizar, por terminar de tomar el control de regiones enteras, o simplemente por demostrar su capacidad de fuego, el temor que pueden infligir, o su influencia entre quienes habitan esas comunidades.

Por eso la relación entre el magisterio y las autodefensas, tiene poco o nada de similar que su relación con la guerrilla. La primera está plenamente justificada por las circunstancias y, aunque eso no la aleja de su marco de ilegalidad, es una de las características fácticas que más historia tienen dentro tanto del movimiento magisterial como de los movimientos armados. Sin embargo, la segunda es francamente riesgosa, porque entonces acerca al magisterio a otra vertiente de la ilegalidad que más bien tiene que ver con la protección de cuestiones del orden criminal, y con una nueva mimetización entre los intereses y las luchas sociales, y los intentos de los grupos armados por tomar lugar en los temas relevantes de una nación.

DELITOS ELECTORALES

Al inicio de la semana, un noticiero radiofónico de audiencia meramente testimonial convocó a un foro en la UABJO, en el que participaron dirigentes partidistas y el secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez. Todos, incluido el funcionario, no perdieron momento para lanzar loas a los gobiernos de coalición, y a alianzas como la que PAN, PRD y PT conformaron para este proceso electoral. A pesar de que el halago en boca propia es vituperio, todos, juntos, festinaron sus acciones al margen del IEEPCO que, de nuevo, queda como la burla de todos… por no poder, ni querer, frenar los flagrantes delitos electorales que, como ese, se cometen a la vista de todos, y a plena luz del día.

+ Confunden derecho con la defensa económica

Los maestros de la Sección 22 aún intentan legitimar la lucha por la defensa de sus intereses, a partir de un grupo de banderas que son reivindicables, pero que poco o nada tienen que ver con sus planteamientos, y que mucho menos están relacionadas con los intereses de fondo que dicen tratar de preservar. En su defensa formal, los maestros oaxaqueños dicen defender la educación pública, la pluriculturalidad y los derechos de la niñez y juventud a una educación integral y acorde a su entorno, cuando en realidad lo que busca su defensa fáctica es preservar es el conjunto de conquistas y canonjías cuyo fin se decretó con la reforma educativa federal.

En efecto, parece un contrasentido que mientras la gran mayoría de los trabajadores de la educación en el país aceptaron la reforma educativa, haya otros que, a partir del mismo argumento de la defensa de la educación pública, combaten la modificación constitucional. Se supone, en apariencia, que este asunto implica la disputa por un interés general, que es el de la educación que imparte el Estado. ¿Quién está bien, y quién mal? Y lo que es más importante: ¿Esta pugna radica en realidad en la defensa de la educación pública?

Sobre esto, la Sección 22 ha afirmado categóricamente que el PTEO tiene como base la oposición a los intentos del gobierno federal por privatizar la educación. Han asegurado que la educación debe ser pública y que en los procesos de evaluación se deben considerar no sólo los criterios dictados por la SEP, en la ciudad de México, o por organismos internacionales confeccionados desde el extranjero, sino sobre todo las características sociales y económicas de cada comunidad, particularmente en entidades de presencia mayoritariamente indígena, como la nuestra.

Frente a ella, la reforma educativa federal establece la necesidad de criterios específicos de evaluación de la educación; que éste (la evaluación) sea el criterio fundamental para el ingreso, permanencia, ascenso e incluso remoción de los profesores en todo el país. Y establece bases generales sobre qué órganos del Estado serán los encargados de llevar a cabo esa tarea.

Al final, según la Constitución, la educación sigue teniendo los mismos enfoques de siempre (el combate a la ignorancia, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, la independencia y la justicia, etcétera). Lo que cambia es la forma en cómo se relacionan los educadores con la autoridad, y las bases que tiene ésta para ser quien norme y rija todo lo relacionado con la educación.

La Sección 22 dice que las normas educativas federales no toman en cuenta los criterios etnolingüísticas, y las particularidades sociales y económicas de las distintas regiones del país. No toman en cuenta que esos derechos están asimismo garantizados por el artículo segundo constitucional, y que por esa razón desde hace años existen programas especiales de adecuación del marco educativo a las particularidades de las más de cincuenta etnias que existen en el país, y que si bien es cierto que tanto la Alianza por la Calidad en la Educación, como la reforma reciente están hechas desde el centro del país, esto no significa que se pretenda hacer un daño a la educación, o que lo que se pretenda sea únicamente dañar los derechos legítimos de los alumnos, maestros o padres de familia. ¿Qué ocurre entonces?

DEFENSA DE SUS INTERESES

Los profesores de la educación están en todo su derecho de defender sus intereses. Sin embargo, el primer paso para que lo hagan de cara a la ciudadanía, y no con engaños, debiera ser que hablaran con la verdad. Es decir, que dejaran atrás todos sus intentos por enmascarar la defensa de sus intereses a partir de los relacionados con la educación, y que de frente dijeran por qué no quieren ser evaluados, por qué no quieren acatar las nuevas normas educativas, y por qué plantean soluciones que, en el fondo, a lo que se refieren es a la preservación del mismo estado de cosas que prevalece hasta este momento.

Por eso, los trabajadores de la educación argumentan por ejemplo a favor de la pluriculturalidad, pero en realidad lo que pretenden es defender la continuidad de la contratación automática de los normalistas; dicen combatir la privatización de la educación, cuando lo que en realidad quieren es que siga imperando el poder del sindicato en las decisiones administrativas y laborales de sus agremiados; dicen estar en contra de los criterios aculturizadores y homogeneizadores, cuando en realidad lo que buscan es que nadie se involucre en la educación pública de bajísima calidad que se imparte en las comunidades, y que no sólo tiene que ver con las condiciones de pobreza o marginación de los niños y sus padres, sino también con la dejadez y la falta de compromiso de los profesores con su labor.

En todo esto, los profesores oaxaqueños descuidan los aspectos verdaderamente sustanciales: su defensa de la educación debía empujar el perfeccionamiento de la capacidad del Estado para construir, equipar y mantener a las instalaciones de todas las escuelas públicas de la entidad; debieran poner todo su empeño y fuerza política —y en eso la sociedad no tendría forma de estar en desacuerdo— para exigir que se combatiera de mejor modo el hambre, la pobreza y la imposibilidad del acceso a servicios básicos en todas las comunidades rurales y marginadas de la entidad oaxaqueña. Debieran hacer todo porque verdaderamente el Estado se abocara a atender las necesidades de la educación, por encima de los intereses de los maestros.

Por eso la lucha de la Sección 22 está destinada al fracaso. No tienen forma de dirigirse de frente a la ciudadanía para explicar cuáles son las razones de su lucha. No hay legitimidad en sus planteamientos. No tienen forma de justificarse. Por eso toman banderas legítimas para defender intereses que, a la vista de todos, no pueden seguir sosteniéndose. Por eso, el sureste de México se está quedando como un polo aislado en el que los maestros parecen luchar contra un mundo que no quiere que sus intereses sigan siendo los dominantes, por encima de los de la mayoría.

¿Y EL PLAN ALTERNATIVO?

Por cierto, estamos en medio de un caos por el PTEO y… ¿Alguien conoce tal documento? Es el colmo que todos hablen de algo que, públicamente, nadie ha visto.

+ Sin proyecto, este es un triste momento definitorio

A partir de hoy, los días de esta semana serán cruciales para saber no qué destino político y de gobierno le espera a la capital oaxaqueña, sino apenas para conocer algunas apretadas definiciones dentro de los partidos políticos para establecer quiénes serán sus respectivos candidatos a la alcaldía citadina. Este es un escenario desolador, que pone de manifiesto el fracaso del “proyecto de cambio” que nunca llegó para la ciudad, pero que además revela que nadie —partidos, aspirantes, grupos políticos, etcétera— está preocupado por el destino de Oaxaca de Juárez.

En efecto, la administración municipal de Luis Ugartechea pasará a la historia sin pena ni gloria. A pesar de haber ganado con holgura, y de haber dicho a los oaxaqueños que su gobierno buscaría las soluciones prácticas que necesitaba la ciudad al margen de los rejuegos políticos o los tiempos electorales, lo cierto es que el primer corte de caja hacia su gobierno es devastador: no pudo generar un estado mínimo de satisfacción en el ciudadano, y por esa razón no pudo construir un proyecto de gobierno para el trienio siguiente. Sus intrascendentes resultados, pues, no le alcanzaron para montar un delfín o para asegurar que otra vez la ciudadanía vote por su grupo, o por su partido.

Esto abre un escenario inédito. Pues no pasará mucho tiempo, antes de que veamos en Oaxaca de Juárez cómo la ciudadanía comienza a cobrar las cuentas de un cambio incumplido. En la capital, luego del gobierno de Ugartechea, el panismo no tiene ninguna garantía de volver a ganar. La coalición de partidos (PAN, PRD y PT) le apuesta a anclar como candidato a Edil algún personaje de los más cercanos al grupo del Gobernador del Estado, para que a través de eso se vea obligado a apuntalarlo con recursos económicos y capital político. El problema es que esta elección intermedia no tiene ninguna inercia o fuerza exterior, y por eso necesitan algo más que influencias.

Necesitan, sí, un candidato que vuelva a atraer la simpatía de los votantes sin partido, que hace tres años votaron por Ugartechea pero que seguramente hoy están inconformes con sus deslucidos resultados. Necesitan también una estructura electoral fuerte, pero con la cual no cuenta ninguno de los partidos que integran la coalición.

Necesita también articular un discurso coherente y posible sobre los problemas de la capital y las soluciones, asimismo posibles, que ellos plantean como gobierno. Esta, que pareciera  una “necesidad” redundante, es más bien urgente. Ugartechea —no lo olvidemos— ganó el gobierno municipal sin hacer campaña, sin conocer muchos de los problemas de la ciudad en zonas que él mismo nunca había visitado, y sin tener claro cuál era la nueva perspectiva de solución que su gobierno debía generar, para una ciudad que tiene muchísimos problemas pero —al parecer— nadie dispuesto o preocupado por resolverlos.

En todo esto, la responsabilidad es compartida. Pues finalmente, este fue un gobierno de coalición que, aún con toda su fuerza junta, no fue capaz de resolver uno solo de los problemas más apremiantes que enfrenta la ciudad. PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, juntos, no pudieron con el ambulantaje, con la contaminación, con los problemas del transporte, con las vialidades, con los baches, con la inseguridad y con tantos otros temas que, según se supone, debieron haberse enfrentado a partir de la sola existencia de una voluntad conjunta de los representantes populares de los partidos mayoritarios que gobiernan la capital, que tienen en sus manos al Gobierno del Estado, que tienen mayoría en el Congreso, y que tienen una representación importantísima en las cámaras federales, desde donde también se gestionan recursos y se planean acciones para ciudades importantes como la nuestra.

A pesar de tener todo eso, no pudieron con los problemas de Oaxaca. ¿Y qué le irán a ahora a decir a los electores, los concejales citadinos, y quienes aspiran a serlo a través de la coalición? ¿Que no pudieron porque los problemas son muy difíciles? ¿Que no arreglaron nada porque les interesaba más extorsionar al Edil que aportar soluciones? ¿Que el PRI y los ex Munícipes les pusieron el pie para no dejarlos resolver nada?

Aquí en Oaxaca no hay oposición. Y si los coalicionistas dejaron la ciudad tal y como la encontraron (o peor que antes) fue por incapacidad, y no por la existencia de oposición o guerra sucia desde los otros partidos.

PRI, PARA LLORAR

Lo más triste es que las definiciones que podrían equilibrar esta indolencia de los coalicionistas, están igual de extraviadas, y en grave riesgo de desvirtuarse por completo, en el Revolucionario Institucional. ¿Por qué? Porque las señales que están mandando sus factores internos, apuntan a que la designación de candidatos a las alcaldías, y particularmente a la de la capital oaxaqueña, va por el más difícil de todos sus escenarios posibles. Veamos si no.

La semana pasada, el diputado Javier Villacaña envió varias señales que demuestran alarma. Denunció la lentitud de su partido para definir candidatos, la insensibilidad de sus dirigentes para llevar a cabo sus encomiendas políticas, y la pérdida de una oportunidad —que dadas las condiciones, era muy necesaria para el PRI— de hacer precampañas y acercarse a la ciudadanía. Además, y por enésima ocasión, dejó ver su inconformidad por la existencia de dados cargados en su contra.

Esto deja en claro que al PRI tampoco le importa la ciudad. Lejos de lo que pudiera pensarse, en el tricolor —y entre sus candidatos— tampoco hay perspectiva de la ciudad y las soluciones que demanda. Si no tienen tiempo para resolver sus pugnas internas, mucho menos lo tendrán para pensar y preocuparse por la ciudad, o para articular el discurso o las propuestas que refuten a los coalicionistas, hablando precisamente de la realidad y de lo que debe hacerse para cambiarla.

NO MOLESTEN

Esto, claro, no se lo pregunten a nadie de los que abonan todos los días a que los conflictos internos en el PRI no se arreglen. No le pregunten, por ejemplo, a Juan José Moreno Sada, que no hace sino recibir reproches por conflictos que no provocó, pero por los que sí es responsable al ser el dirigente.  No le pregunten a Alejandro Avilés, que gana y gana con sus “amarres”, y su venta de candidaturas. No pregunten a varios precandidatos, que de la nada se sienten con derecho a ser ungidos como abanderados. No pregunten a nadie si hay proyecto para Oaxaca: todos son intereses. Todas son ambiciones.

+ Propuesta educativa vs delegaciones federales

Han ocurrido tantas cosas en Oaxaca en menos de una semana, que es importante no dejar que se escapen las que podrían considerarse como poco importantes. En cuatro días, el gobierno de la República comenzó a integrar las delegaciones de las Secretarías y Direcciones federales, ocupando una lógica particularmente distinta a la que ha tenido en otras entidades federativas, en un momento tan específico como el de la crisis por las protestas de los profesores que se oponen a la reforma educativa.

En efecto, es necesario no dejar de ver estas dos cuestiones dentro de un mismo contexto. Pues ni es usual, ni es casual, lo que está ocurriendo en el escenario local, toda vez que casi al mismo tiempo quedó de manifiesto el acuerdo tácito entre el gobierno de Oaxaca y la Sección 22 para impulsar una polémica iniciativa alterna a la que pretende el gobierno federal con la Ley General de Educación; así como también la decisión del gobierno federal de comenzar a colocar en sus delegaciones en la entidad —decisión que había dilatado más de cuatro meses en tomar—, a un cúmulo de personajes que, en gran medida, representan un regreso al pasado.

Vayamos al primero de los casos. Pues por presión de la Sección 22 y de varios de los grupos afines al régimen, el gobierno estatal tomó desde el primer momento las banderas en contra de la reforma educativa. En esa lógica se entiende que el gobierno haya decidido nunca romper con el magisterio democrático, además de aceptar la dinámica de la elaboración de una propuesta alternativa a la reforma constitucional, de formar una comisión ex profeso (gobierno-Sección 22) que con recursos públicos se encargara de la elaboración de la iniciativa de ley; y —quizá la señal más emblemática– el freno total a cualquier posibilidad de que el Congreso del Estado discutiera la postura de Oaxaca frente a la modificación al artículo tercero constitucional, y menos que tomara una postura de aceptación, expresa o tácita, de la reforma educativa.

Todo eso selló la alianza entre el gobierno de Oaxaca y la Sección 22. Seguramente, en un inicio no parecía que esto pudiera llegar a tener una repercusión nacional, debido a que independientemente de la beligerancia magisterial y de su cercanía con el gobierno local, no parecía posible que hubiera un mayor condicionamiento de recursos económicos, o una acción política de gran calado como respuesta del gobierno federal a esta alianza que, en estricto sentido, es en contra de su reforma educativa.

Sólo que ante el crecimiento de la protesta, y la combinación de la inconformidad del profesorado oaxaqueño con el de otras entidades federativas, el gobierno federal comenzó a enviar señales de molestia. Las más claras ocurrieron el mismo día en que, en un intento por tomar distancia del conflicto, de los maestros e incluso de la iniciativa, el Gobernador del Estado fue hasta la capital del país a presentar, como iniciativa de ley y a través de los diputados federales de Oaxaca, el documento que conjuntamente había construido con la Sección 22. Ésta misma ya se había deslindado de su contenido.

Y en su presentación, el Mandatario matizó el contenido, evitó el choque o la confrontación con las autoridades federales, e incluso habló de un proceso de “tropicalización” (que en el ámbito académico es un término ampliamente aceptado cuando se trata de adaptar una norma o concepto a una realidad distinta a la en que ésta fue acuñada) de la reforma educativa para adaptarla los procesos de evaluación a los maestros a las particulares condiciones sociales que prevalece en las entidades de sureste de la República Mexicana.

El problema es que, a pesar de todo eso, la respuesta federal ha sido clara: ha evitado inmiscuirse en cualquier asunto relacionado con Oaxaca; el único tema que ocupó al Presidente sobre la inconformidad de los maestros democráticos, fue sólo para reiterar que no permitirá que nadie ponga en entredicho la reforma educativa; y finalmente, y casi al mismo tiempo, respondió a estas maniobras tomando la distancia suficiente respecto al nombramiento de los funcionarios federales en la entidad.

MUCHA DISTANCIA

En otras entidades del país, el consenso entre el gobierno federal y el local ha sido claro para determinar el nombramiento de los titulares de las delegaciones federales. Eso ha correspondido no sólo al regreso de una “cortesía” política y administrativa que se perdió en las administraciones federales de extracción panista, sino también a las muestras de voluntad que en varias entidades del país ha tenido el gobierno federal para trabajar en conjunto —y más allá de las diferencias políticas— con los gobiernos estatales en temas específicos.

En Oaxaca esa operación se había retrasado justamente por la existencia de apretados canales de comunicación entre ambos gobiernos. Parecía que, en ese escenario, la salida salomónica consistía en que el gobierno evitaría el consenso con el gobierno local, pero también evitaría nombrar a personajes de ascendencia priista en la entidad, y así darle solución a un problema que, además, se había entrampado por las ruidosas exigencias de ex diputados federales, y ex funcionarios de la administración del gobernador Ulises Ruiz, por ser designados (en una especie de “premio”… quién sabe a qué) como delegados federales por el solo hecho de ser “priistas de ascendencia”.

Sin embargo, es claro que en la combinación de circunstancias terminó dándose el peor escenario: el nombramiento de varios de los personajes a los que el gobierno de Cué desearía haber visto lejos de Oaxaca… o en prisión. Esta definición no parece casual, y tampoco parece corresponder a los antecedentes de cómo el gobierno federal ha nombrado en las principales delegaciones a personajes que cuentan al menos con el no-veto del gobierno estatal.

Esto ocurre en tiempos electorales. Algunos de los nombrados son auténticos adversarios del régimen. Y todo esto, al final, no hace sino constatar la difícil relación que no deja de haber (a pesar del cambio de partidos gobernantes en los dos ámbitos) entre Oaxaca y el gobierno federal.

MUY GRAVE

La violencia y los disparos ocurridos durante la convención para elegir a Joel Castillo como candidato del distrito 22 por el PRI. Este es un reflejo de la crisis interna que genera la voluntad por mantener, desde la oficina de Alejandro Avilés, los dados cargados, la comercialización de candidaturas, y los favoritismos interesados en varios distritos. Esto pudo haber terminado en tragedia. Aguas.

+ Protestas, aquí, no generarán el efecto esperado

Cuando en 2006 el entonces gobernador Ulises Ruiz se enfrentó a la Sección 22 del SNTE con el fallido desalojo y el posterior conflicto social, el gobierno federal estaba dispuesto a dejarlo solo, y permitir su caída, hasta que la revuelta social puso en riesgo la constitucionalidad, y se convirtió en un referente negativo que podría incluso alcanzar al régimen presidencial panista. Hoy, la resistencia y las protestas de los maestros, junto con la aparente apatía federal hacia el gobierno de Oaxaca, abren una ruta similar a la de 2006. Veamos por qué.

En efecto, para entender este asunto es necesario ir por partes. Pues en primer término, es menester apelar a la memoria respecto a qué causas, en el escenario nacional, dieron origen a la crisis magisterial en la entidad, y qué causas obligaron al gobierno del presidente Vicente Fox a entrar al rescate de un gobernador repudiado como Ruiz en aquellos momentos. Después, es necesario hacer un paralelismo entre aquellas circunstancias y las actuales, para finalmente entender por qué, tarde o temprano, al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no le quedará más que entrar al rescate del problema político en nuestra entidad, y otras que ponen en entredicho la reforma educativa.

Hasta el 2006, Ulises Ruiz tenía una figura envidiable: era el único gobernador del PRI que pertenecía totalmente al grupo de Roberto Madrazo, que de la dirigencia nacional de ese partido había saltado a la candidatura presidencial, y que tenía ciertas posibilidades de ganar los comicios. Ruiz tenía el control electoral total de una entidad que era semillero de votos para el PRI. Y, para el régimen federal, Ruiz representaba la oportunidad perfecta para defenestrar al madracismo y sacarlo de la carrera presidencial. Así actuó el gobierno foxista ante el conflicto magisterial.

El gobernador Ruiz tomó, ciertamente, una ruta de fuerza al ordenar la intervención policiaca al plantón magisterial. Sin embargo, éste había pactado una intervención de fuerzas federales que nunca llegaron. La imposibilidad de contener el orden, luego se profundizó cuando el gobierno federal asumió públicamente que el conflicto educativo de Oaxaca era un tema estrictamente estatal, y que éste debía ser resuelto a través de la negociación entre el gobierno de Ruiz y la Sección 22 del SNTE.

Con eso, de tajo el gobierno de Oaxaca se quedó solo. Y así estuvo por varios meses, aún cuando el Gobernador y el Congreso local, hicieron varios exhortos a la Federación, apelando a lo que establece el artículo 119 constitucional respecto a la obligación de la Federación de prestar protección a las entidades federativas en caso de trastorno interior.

Este escenario de no meter las manos para evitar la caída libre del gobernador Ruiz, cambió radicalmente cuando el gobierno federal —el régimen panista, en particular— se vio amenazado por quienes estaban dispuestos a no permitir la toma de posesión de Felipe Calderón como Presidente, y al margen de lo que había externado la voluntad popular a través de los votos, exigían que éste renunciara a través de la presión y el repudio popular de cientos de miles de personas que instalaron un plantón en Paseo de la Reforma y el zócalo de la capital del país, y otras miles más que por todos los rincones del país le llamaban “espurio” y le exigían que dejara el cargo.

En ese momento el gobierno federal entró en un dilema: en Oaxaca, una revuelta popular exigía la destitución de quien, les cayera bien o no, era Gobernador Constitucional del Estado, y había emanado como tal, de un proceso electoral validado como legal y democrático. El gobierno federal, por una omisión deliberada, había omitido prestar ayuda para el restablecimiento del orden, porque sabía que hacer eso implicaba también permitir la continuación de un gobierno al que repudiaban.

Sin embargo, no entrar en ayuda al gobernador Ruiz, era tanto como abrir la puerta para que las protestas postelectorales que encabezaba Andrés Manuel López Obrador tomaran la forma de una revuelta popular, y por la misma vía de la violencia y la presión a la ciudadanía, exigieran que FCH no asumiera como Presidente, o bien que renunciara ya habiendo tomado el cargo.

RUTAS PARALELAS

En este caso, ante la resistencia del magisterio de varias entidades federativas por la reforma educativa (que se publicó en el Diario Oficial de la Federación desde el pasado 26 de febrero, hace más de un mes), apenas ayer miércoles el presidente Enrique Peña Nieto tomó las primeras posiciones. El Primer Mandatario aseguró que el gobierno de la República no permitirá presiones ni retrocesos en la aplicación de la reforma educativa, puesto que no se pondrá en riesgo el desarrollo de las nuevas generaciones y que apoyará a los maestros que estén comprometidos.

Este es un primer paso, fundamental, sobre el reconocimiento —que aún no hace el gobierno federal de manera expresa, pero que es irremediable que lo haga con el paso de los días— de que la resistencia de las secciones magisteriales de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, y franca posición de rehenes en las que se encuentran los gobiernos estatales de nuestra entidad y de las otras dos mencionadas, sí ponen en riesgo el futuro de la reforma educativa.

Y es que, en el fondo, el problema no radica en lo legal (es decir, en la subsistencia de la reforma, o la llamada “contrarreforma” que podría ocurrir en Oaxaca o Guerrero), sino en el hecho de que aun siendo vigente y obligatoria la reforma constitucional federal, éste se quede sin aplicación en las tres entidades mencionadas. Permitir que esto ocurra en las entidades con magisterio disidente, sería tanto como poner el mal ejemplo a las demás, para que en cualquier momento las secciones magisteriales desconozcan la reforma por la fuerza de la movilización popular, y obliguen al gobierno de su estado a dejar de aplicarles las evaluaciones o las reglas que impone la reforma constitucional. Eso sería como darle el tiro de gracia a una reforma de gran calado, que tiene menos de cuarenta días de nacida.

PROTESTA ESTÉRIL

Al margen de su contenido —que ha sido fuertemente criticado por contener lo que la Sección 22 quiere, y no lo que la educación necesita—, con el solo hecho de haber llevado su propuesta de reforma al Congreso de la Unión, el gobernador Gabino Cué dejó en claro que protestar en Oaxaca es inútil. A ver cuánto tiempo tarda en entenderlo, si es que lo hace, el “magisterio democrático”.

+ Avilés no vende candidaturas: negocia convenciones

El Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca está a punto de sellar la que podría ser la más profunda derrota en su historia como partido en la entidad. Hoy que se llevan a cabo las convenciones distritales para la designación de diputados locales, y cuando se realicen las de nivel municipal, no ocurrirá otra cosa sino la confirmación de que la conducción amañada de un proceso interno está encaminada al desastre. Hay razones de sobra para asegurarlo.

En efecto, a principios de año el Consejo Político Nacional del PRI estableció que en las entidades donde habría proceso electoral, se elegiría a los candidatos a través de convenciones distritales y municipales, y no por medio de encuestas, votaciones internas u otros métodos que se han ensayado en el pasado. Por eso, en Oaxaca se determinó que el registro de aspirantes a obtener una candidatura, se realizaría en la primera semana de marzo, para luego hacer proselitismo al interior del PRI (y particularmente entre los integrantes de los delegados distritales y municipales) y finalmente fueran las respectivas Convenciones, quienes avalaran a los candidatos. Ese era el camino. Pero, como siempre, en Oaxaca torcieron el camino hacia la corrupción y la imposición. ¿Por qué?

Porque tal y como lo han hecho en el pasado, aquí los encargados del proceso interno trataron, según su costumbre, de definir las candidaturas a diputados y alcaldes a través de decisiones cupulares. Esa posibilidad quedó abierta con el hecho de que, todavía en el mes de febrero, no había Presidente en funciones del Comité Directivo Estatal, y todo estaba en manos de la Secretaría General, que ya estaba depositada en Alejandro Avilés Álvarez.

Éste trató de reemplazar el periodo de precampañas por el de una especie de “subasta” en la integración de las convenciones distritales. Aunque parezca increíble, en muchos casos Avilés —desde la cómoda oficina de la Secretaría General, en la que opera con todo el bajo perfil a su favor— “amarró” ciertas candidaturas a través de la venta de la integración de los participantes en las convenciones distritales y municipales.

Esa novedosa forma de “chicanear” una candidatura le resultó ampliamente favorable. Y es que su nuevo método de torcer un proceso que se supone que es democrático, consistió en que a los candidatos que cupularmente amarraron su candidatura, o que se pusieron de acuerdo directamente con él, les permitió que les entregaran listas completas de las personas que asistirían a esas convenciones.

Y como se supone que en una convención, ungen como candidato al aspirante que más aceptación recibe de los asistentes, entonces al cerrar la integración a favor de un solo de los precandidatos, en detrimento de los demás, lo que estaría haciendo en automático es asegurar que toda la votación y aclamación fuera para uno solo de ellos, y que los demás no tuvieran posibilidad alguna de competir o de incidir en la convención, o en el resultado de esa votación.

A grandes rasgos, eso es lo que ha generado cúmulos de inconformidad entre la militancia priista que está fervorosa de participar en el proceso interno, y esa sería la causa por la que este día en que se realizan las convenciones distritales, varias de ellas terminaran reventadas o en franca confrontación, no por la beligerancia de quienes la integran, sino por la inconformidad de quienes se quedaron marginados de este proceso, no por no tener méritos o trabajo político, sino simplemente por no haberse prestado al juego de los arreglos cupulares o de la venta de candidaturas, que por todos lados se acusa al interior del priismo local.

FALLAS E INCONFORMIDAD

Esas maniobras dieron origen a la inconformidad que ayer externó el aspirante a la alcaldía de la capital oaxaqueña, Javier Villacaña Jiménez, respecto a la Comisión Estatal de Procesos Internos, y a la anulación tácita del periodo de precampañas al interior del priismo. “Se perdió un tiempo valioso (…) para definir estrategias y tener visualizados escenarios respecto al proceso”, dijo el también diputado local. Esa, de la Comisión de Procesos Internos, es tan sólo una primer falla de muchas que están ocurriendo en un proceso que augura ser un desastre.

Y es que la inconformidad real de Villacaña radica en las maniobras que hace unas semanas intentaron hacer en su contra para dejarlo fuera de las convenciones, cosa que finalmente no lograron. Sin embargo, esos mismos intentos los están haciendo con los más de ochenta personajes que se registraron para competir por las 25 candidaturas a las diputaciones locales, y los cientos que se registraron para las candidaturas a los gobiernos municipales. Todo se refleja en la capital oaxaqueña, porque ésta es la principal caja de resonancia de un fenómeno nocivo que se repite, sin ningún pudor, en la gran mayoría de los distritos, y en los municipios grandes y pequeños, que se rigen por el sistema de partidos políticos.

Veamos otro botón de muestra. En el municipio de Santa Lucía del Camino, por ejemplo, Avilés Álvarez arregló no la candidatura, sino la integración de la convención municipal —a través del método antes descrito—, a favor de Fortunato Mancera, un precandidato que a pesar de no contar con trabajo político en el municipio, y de tener escasas posibilidades de competir incluso ante casi cualquier otro de los aspirantes a la alcaldía en esa localidad, es quien sí se pudo arreglar con Avilés, y fue a quien le dieron todas las facilidades para conformar la integración de la convención municipal, que se celebrará en días próximos.

Hoy, ante la abundancia de señalamientos como ese, y ante la incapacidad natural del dirigente Juan José Moreno Sada por apagar tantos incendios al mismo tiempo, veremos cómo varias de las convenciones distritales son reventadas por la inconformidad de la militancia real, que de nuevo fue marginada de la posibilidad de participar en la designación de sus candidatos, y que seguramente negará el voto a esos candidatos que son resultado de las maniobras y los acuerdos, y no del respaldo de su trabajo y de quienes (cada vez menos) todavía creen en el priismo.

PREOCUPACIÓN REAL

En esas condiciones, no extrañará ver cómo el PRI pierde todavía más distritos y alcaldías de las que perdió en 2010. Eso, sin embargo, no quita el sueño a quienes están ejecutando estas maniobras. Su fe está puesta en la lista de candidatos por representación proporcional. Ahí, Avilés y toda la herencia del ulisismo, quiere ver coronadas sus maniobras, aunque su legado real será el desastre.

+ Gobierno, en mejor ruta con esas banderas

La ruta de choque era inevitable. El pasado domingo, la Asamblea Estatal de la Sección 22 del SNTE decidió rechazar el proyecto de ley que habían construido junto con el Gobierno del Estado, para influir en la reglamentación de la reforma constitucional en materia educativa, que entró en vigor en febrero pasado. Al desconocer dicho documento, el magisterio puso en evidencia su insistencia inamovible porque el Plan para la Transformación de la Educación (PTEO) sea aprobado íntegramente y no en un proceso de armonización con la Constitución y las normas federales. Y esa intención dejó ver los límites naturales del gobierno estatal, que decorosamente reconoció su imposibilidad de mantener la ruta trazada por el magisterio. ¿Qué sigue?

En efecto, varias fueron las decisiones que dejaron en claro que el régimen gobernante trataría de evitar una confrontación innecesaria con el magisterio. Derivado de ello, frenaron indefinidamente la discusión respecto a si la Legislatura local aprobaba o rechazaba el contenido de la reforma a los artículos 3 y 73 de la Constitución de la República; el gobierno, en esa lógica, optó por asumir un discurso y una actitud crítica frente a la reforma; e incluso, esa fue la razón por la que, aún teniendo en contra a amplios sectores de la opinión pública, el gobierno asumió el PTEO como iniciativa propia e instaló mesas de trabajo en conjunto con la Sección 22, para que a través de la construcción de una propuesta legislativa sólida fueran, juntos, a la Ciudad de México a tratar de incidir en la legislación secundaria que reglamentará el nuevo contenido constitucional relacionado con la educación.

A todos les quedaba claro que si de lo que se trataba era de evitar el choque con la Sección 22, ese era el camino para el gobierno, aún frente a la crítica de todos los demás sectores que acusaban de entreguismo a los poderes Legislativo y Ejecutivo locales. Contra la opinión de la mayoría, el gobierno defendió el PTEO como una alternativa, y puso a trabajar a una comisión conjunta que habría de hacer lo natural: armonizar y darle la forma adecuada a la propuesta magisterial, para que ésta pudiera ser presentada y defendida en cualquier foro, y ante cualquier especialista, en la capital del país; y sobre todo, añadirle los elementos necesarios para que la propuesta de la Sección 22 no fuera rechazada de entrada por tener visos de inconstitucionalidad.

Esas adecuaciones, hechas por un grupo de especialistas y por el propio Comité Jurídico de la Sección 22 del SNTE, fue lo que el fin de semana rechazó la Asamblea Estatal. Según lo establecieron en sus resolutivos, la Asamblea acordó “el rechazo al documento presentado por el Jurídico de la Sección XXII a la Reforma de la Ley General de Educación y se construya otro con las adecuaciones pertinentes al Proyecto de Reforma de Ley General de Educación”.

En ese mismo resolutivo, dejaron en claro que lo que quieren no es un proyecto de reforma viable y acorde con la Constitución, sino un documento que por encima de todo sostenga íntegramente el contenido del PTEO. Algo así, pues, como un traje a la medida. Quizá por eso, establecieron que ese nuevo proyecto será elaborado “por parte de una Comisión Jurídica integrada por con un grupo de abogados constitucionalistas y abogados de la CNTE, además del Investigador en Pedagogía Hugo Aboites, con la finalidad de ubicar los términos que reflejen la integración del PTEO al marco normativo Federal y Estatal, y posteriormente se baje a consideración de la Asamblea Estatal y las bases para finalmente ser remitida a las instancias correspondientes”.

LA NECIA INSISTENCIA

Ayer mismo, el gobernador Gabino Cué estableció la postura del gobierno estatal frente a la decisión de la Asamblea Estatal de la Sección 22, de rechazar el documento que su propio comité jurídico había ayudado a construir. En conferencia de prensa, el Mandatario dijo, creemos que con toda razón, que la reforma educativa constituía una oportunidad para proponer y participar, pero sobre todo, para contribuir en el proceso de mejoramiento de la educación en el país y en nuestra entidad.

El gobierno vio esa doble oportunidad (de incidir en la reforma educativa federal, y de evitar el choque con la Sección 22) desde el momento en que acordó la instalación de mesas de trabajo para la elaboración de una propuesta conjunta de ley, que después (para beneficio fundamentalmente de la Sección 22) sería presentada nada menos que por la Legislatura del Estado al Congreso de la Unión, en base a la facultad de presentar iniciativas de leyes federales, que le reconoce el artículo 71 de la Constitución de la República, el cual también establece que en el caso de que se presente una iniciativa de ley por parte de un Congreso local, ésta pasará sin mayor trámite a la Comisión legislativa respectiva para su análisis.

Eso fue lo que rechazó la Sección 22 con su insistencia por hacer un documento que, aunque no sea viable jurídicamente —y sea incapaz de superar hasta el primer tamiz de la constitucionalidad de las comisiones legislativas que se creen para dar contenido a la reforma educativa—, sí sea el que contenga íntegramente, y sin cortapisas, el contenido del PTEO.

Al final, es claro que esa necedad los hará fracasar en cualquier intento por incidir de manera razonada en la discusión legislativa sobre la reglamentación del nuevo artículo tercero, pero que al mismo tiempo les dará banderas para seguir protestando en las calles, y continuar una lucha en la que, ha quedado claro, tienen todos los elementos para exigir en las protestas lo que no podrán defender a través de la propuesta seria y viable que se esperaba de ellos, pero que no resultará por sus posturas inamovibles.

EL MUNDO ESTÁ MAL

Lo que los maestros quieren es un sinsentido: quieren que las leyes estatales y las federales se adecuen a su Plan Educativo. En su visión corta e intolerante, esto debe ser así para que ellos puedan estar conforme. Eso no sucederá. Por eso veremos cómo, al final, se quedan solos con su documento, con sus constitucionalistas, con sus investigadores y con su Hugo Aboites, pero no con el objetivo de incidir en la nueva visión de la educación (y evitar que la oligarquía tome todo el control de ella), que era lo hasta sus propios aliados esperaban de una Sección 22 del SNTE más razonable y abierta al intercambio, y no a los fanáticos intolerantes que ya decidieron ir, solos y por la libre, únicamente para chocar con la pared… y seguir protestando. Esa será la historia.

Gobierno y Congreso deben dejar el silencio

No sorprende que ante la necesidad de respuestas, y la abundancia de resistencias, las soluciones a los múltiples problemas del transporte público en Oaxaca sigan estancadas y más enredadas que nunca. No sorprende, a pesar de que quienes se quedan en medio de todo son (somos) los usuarios, que seguimos recibiendo un servicio caro, riesgoso y de mala calidad. Nunca debemos perder de vista que más allá de los problemas y sus causantes, quienes importan son los ciudadanos, a quienes nadie les ha dado el respeto y las respuestas que merecen.
En efecto, hace unos días se cumplió el plazo que habían pactado el Gobierno del Estado y las diferentes organizaciones de transportistas, para comenzar a cumplir los acuerdos establecidos en una minuta a cambio de las cuales la Secretaría de Vialidad les autorizó un incremento de cincuenta centavos al costo del pasaje. Para nadie era una novedad que en esa minuta se estableciera el deber de los concesionarios de renovar la flota vehicular, capacitar a los conductores, contar con el seguro del usuario, y una larga lista de temas que son exactamente los mismos que sirven para justificar todos los incrementos a la tarifa, pero que nunca se cumplen a favor de los usuarios.
La diferencia entre este último incremento y todos los anteriores, es que en este caso la Sevitra dio un paso más al frente y anunció la entrega al Congreso local, de una iniciativa que contenía el proyecto de Ley de Transporte, a través del cual se daría cumplimiento no sólo a los acuerdos recién firmados, sino que además tendría la capacidad de regular, con soluciones actuales, todos los temas del transporte que hoy, por no contar con una ley que prevea supuestos existentes en la realidad, están en el vacío jurídico y, por tanto, en la anarquía.
El problema es que ahí se atoró todo. Por distintas razones, los diputados no están interesados en entrar al análisis de una ley como esa. Muchos de ellos, están más preocupados por sus proyectos personales o el aseguramiento de su futuro político a través de nuevos cargos, y otros simplemente no ven importante el problema. Pero lo más lamentable, es que en el mismo gobierno estatal no ven ese asunto como prioritario. Por eso, hasta hoy nadie en el gobierno le ha dado el impulso que necesita esa iniciativa para impulsar a los diputados a que discutan y, en su caso, aprueben esa iniciativa.
¿Qué está pasando ante este nuevo vacío? Que por la sola falta de una ley, los acuerdos se hacen imposibles de cumplir. La Sevitra dice estar atorada en ese paso intermedio. Los diputados no han hecho una sola manifestación respecto a si discutirán o no, y cuándo, tanto la iniciativa de Sevitra como otras que desde antes ya habían sido presentadas. Y mientras los concesionarios están preparándose no para cumplir cuando menos parcialmente el contenido de los acuerdos tomados en enero, sino para generar resistencia en contra de cualquier intento de que se discuta la nueva Ley de Transporte que termine perjudicando sus intereses.
Este es, para los usuarios, el peor escenario. La autoridad se quedó en medio de un asunto en el que no tiene el control total. Los diputados están abstraídos. Y quienes debían cumplir están haciendo todo, a la vista de todos, para no hacerlo. Y mientras, la tarifa no tiene posibilidad de regreso, ante el incumplimiento. ¿Podríamos pensar en un escenario todavía peor?

ANARQUÍA Y ABUSOS
Históricamente, los concesionarios del transporte urbano y suburbano se han quejado de las difíciles condiciones en las que prestan ese servicio. Una y otra vez dicen que el precio que paga el usuario por el servicio no alcanza a cubrir el alto costo de los insumos, refacciones y combustibles, además de todo el personal que se encuentra alrededor del funcionamiento de los autobuses. Siempre se han quejado de eso, aunque hasta ahora en Oaxaca no existe un solo concesionario, uno solo, que no tenga una capacidad económica personal envidiable frente a otros que realizan actividades similares.
¿Es posible pensar en empresas pobres con empresarios ricos? Evidentemente no. En este caso, lo que ha ocurrido es que, desde hace mucho tiempo, el servicio se ha visto deprimido en aras de sostener el margen de ganancias de los dueños de las unidades. En razón de eso, los concesionarios han sido los primeros que se han resistido a que la antiquísima Ley de Tránsito Reformada sufra nuevas modificaciones, para regular con mayor certidumbre la actividad y la situación jurídica del servicio que prestan. A nadie más que a ellos, le convienen las lagunas legales y la anarquía que impera en ese sector. ¿Por qué?
Porque con el solo hecho de que la ley regule a un transporte urbano de hace tres o cuatro décadas, y no el actual, les permite prestar un servicio de pésima calidad en toda la extensión de la palabra. Nada los obliga ni siquiera las minutas y los acuerdos que recurrentemente firma con la autoridad a cumplir con un mejor servicio porque esa noción del mejor servicio no está contemplada en la ley. Lo mismo ocurre con los mecanismos que tiene el gobierno para hacer valer su figura de autoridad. Si la ley no los obliga a nada, y tampoco le da al Estado las herramientas para asumirse como regulador y no sólo como un observador, entonces lo que queda es el tipo de servicio que se presta actualmente.
Tristemente, en ese escenario, el único que se queda indefenso, es el usuario. Éste tiene que soportar la codicia de los concesionarios y el mal servicio que ellos mismos han procurado. Debe también soportar las incapacidades continuadas del gobierno para asumirse como autoridad y ya no como protector de los concesionarios. Y por si eso no fuera suficiente debe pagar los costos de la indolencia del Poder Legislativo, que simplemente porque no quiere, o porque no le conviene al proyecto personal de los diputados, dice no a cualquier posibilidad de discutir y legislar lo relativo a este tema.
Todos debían tener en cuenta que finalmente, todo impacta en quienes usan las viejas, sucias y peligrosas unidades de transporte, que son los mismos que votan mayoritariamente en todas las elecciones. No lo olviden.

¿NO SE VAN?
¿Cómo harán para que alguien crea que las empresas eólicas no se irán de la entidad, cuando hasta hoy ni el gobierno estatal, ni el federal, han sido capaces de resolver el tema de Mareña? Es lo primero que debían contestar aquellos que prevén más inversiones, pero no pueden ni aterrizar las que ya están listas para asentarse en Oaxaca.