+ PRI: ¿la rebelión alcanzará a todos los grupos?

Una discusión tan sensible como la de la publicidad oficial, no debe estar sujeta a facciones, ni a distorsiones, y mucho menos ser vehículo para vendettas entre grupos de poder. En Oaxaca ese tema específico de la relación comercial entre el gobierno y los medios de información, debe llevarse a cabo en la perspectiva y alcances correctos, y con los actores adecuados. Y como la asignación de publicidad oficial debe ser una razón de Estado, entonces la discusión alrededor de ella debe tener la altura suficiente como para alcanzar a ver por encima de los maniqueísmos y las disputas entre grupos políticos.

La publicidad oficial es razón de Estado, no sólo porque los recursos que utiliza son públicos o porque —se supone— lo que pretende promover el Estado a través de la publicidad son temas de interés general, sino también porque esa es una forma de promover el ejercicio de las libertades de expresión e imprenta, consagradas en todas las constituciones democráticas contemporáneas del mundo. En esa lógica, una regulación de la publicidad oficial siempre será benéfica en la medida que logre equilibrar y transparentar la relación entre el poder y la prensa. Cuando no es esa la intención, entonces lo que se pretende es un engaño y una afrenta para la democracia.

La publicidad oficial debe ser razón de Estado, y todos los actores involucrados deben asumir esa premisa en toda su magnitud. En primer término, debe ser el Estado el promotor de una asignación correcta, transparente y equitativa de la publicidad oficial, y deben ser todos los medios de comunicación los primeros interesados en que se respeten esos principios básicos.

Del mismo modo, deben ser los agentes del Estado (es decir, el gobierno en su conjunto) los primeros interesados en velar porque la publicidad cumpla verdaderamente con el fin de informar a la ciudadanía sobre acciones y temas que verdaderamente son del interés general; pero los medios de información, también, debieran comenzar a eliminar la tendencia a seguir permitiendo que se promuevan personas y proyectos políticos, y exigir que la publicidad que venden al gobierno sea la éticamente idónea, y no sólo la más conveniente a criterio del mercado.

Del mismo modo, como la publicidad es razón de Estado, todos deben abonar a la existencia de una legislación acorde a las necesidades comunes del gobierno y los medios, y se debe estimular, desde todos los frentes, la participación de todos los involucrados no sólo para generar un instrumento jurídico en específico, sino también para crear un conjunto de mecanismos claros, consensados y legítimos, a través de los cuales se pueda cumplir con los fines que, en teoría, persigue el Estado al contratar publicidad con recursos públicos para los medios informativos.

Incluso, como la publicidad oficial es razón de Estado, todos deben abonar porque se termine la discrecionalidad, y porque también se elimine la práctica de asignar recursos como una forma de premio o coacción para los medios críticos o afines, según sea el caso. Finalmente, la inexistencia de una regulación específica —así sea la menos acabada— para la asignación de publicidad oficial, a lo único que contribuye es a seguir menoscabando la de por sí poco accesible libertad de expresión. La falta de regulación a la única que premia es a la discrecionalidad, y con ello también se estimula el medio fáctico de control sobre los medios que, finalmente, con sus errores y aciertos, han jugado —hemos jugado— un factor determinante para esta democracia que hoy tenemos.

EL CASO OAXACA

En el caso específico de Oaxaca, el primer requisito es que la discusión sobre la publicidad oficial se aleje de los insultos, de las facciones y de los maniqueísmos. Como todo en la vida, esta discusión no se reduce a un mero asunto entre buenos y malos, o a entre puros y conversos; y por esa razón, debe haber inclusión y claridad respecto a los temas que son torales para los medios, y necesarios para la democracia.

En primer término, cada uno de los actores debe asumir el papel que les toca jugar. Los medios y el gobierno deben asumir su papel de partes directamente involucradas en el tema, y deben honrar su convicción democrática participando conjuntamente en la confección de normas y prácticas que se ajusten a sus necesidades comunes.

Frente a ellos, los actores periféricos deben también asumir el papel que les toca representar, evitando la tentación de erigirse en jueces de una actividad periodística que no conocen ni ejercen, y también alejándose de las posturas maniqueas a partir de las cuales asumen que el control de la publicidad debe generarse para limitar la supuesta voracidad de los medios, pero no para garantizar que el Estado reparta de manera equitativa, correcta y transparente los recursos públicos asignados para publicidad oficial, entre todos los actores posibles, y no privilegiando a uno (o a un grupo), a costa de condenar a la desaparición a todos los demás.

Finalmente, todos los esfuerzos son loables, pero cada uno de ellos debe verse desde una perspectiva crítica para asumir el fin que persiguen. No se trata, pues, de que todo continúe en la discrecionalidad, como tampoco de que agentes extraños, que no conocen las vicisitudes y los retos diarios de los medios informativos, sean quienes pretendan juzgar a los actores periodísticos, y dictar normas jurídicas (y hasta morales) sobre cómo deben comportarse unos y otros en una relación en la que ellos no están involucrados.

Lo ideal sería que esta discusión tuviera una verdadera visión de Estado desde todos los frentes en que pretende darse. Ojalá que hubiera más claridad para abordar este tema, y para concretar una verdadera agenda de los medios de comunicación que abordara ese y otros problemas que son tanto o más urgentes para garantizar la libertad de expresión en un estado como el nuestro.

TRIFULCA PRIISTA

Comentan que antenoche, cuando el ex gobernador Ulises Ruiz se enteró que no fue incluido en la lista de candidatos plurinominales a cargos legislativos por el PRI, mandó a sus personeros, Eviel Pérez Magaña entre ellos, a amenazar al secretario de Organización del CEN, con renunciar al partido si no se quitaba de la lista de candidatos plurinominales a Martín Vásquez y Nieves García. No lograron nada. Y el CEN constató su desdén al ex Mandatario, cuando le negó a varios candidatos oaxaqueños la posibilidad de tomarse la foto con el candidato presidencial, Enrique Peña Nieto. Abundaremos.

+ Lo dicho: todo a URO… para que no exija más

Vistos desde el tamiz de la democracia real, parecieran inexplicables los acuerdos a través de los cuales el Partido Revolucionario Institucional trata de mantener la “unidad” en Oaxaca. Tales acuerdos, en realidad, son un mero reparto entre las cúpulas y los sucesivos Jefes Políticos tricolores de la entidad, que no está respetando las expresiones reales de la militancia priista de Oaxaca, pero que pretende justamente que los Jefes Políticos no exijan más de lo que ya les fue dado.

En efecto, en todo esto hay innumerables decisiones que no son explicables a partir de una lógica común. No es del todo comprensible, por ejemplo, por qué el CEN, bajo las dirigencias sucesivas de Humberto Moreira, y de Pedro Joaquín Coldwell, no hayan tomado determinación alguna respecto a la profunda división y conflictos que existe alrededor de la dirigencia estatal del PRI en Oaxaca.

Del mismo modo, no resulta fácilmente comprensible la decisión de enviar a un delegado político que únicamente ha respaldado las decisiones del otrora grupo gobernante, pero que en realidad no hizo nada, y ni siquiera intentó ser un referente democrático interno para el priismo, ni un factor de cohesión o de concordia.

Incluso, en esa misma lógica, no parece haber una explicación satisfactoria respecto a por qué las candidaturas al Senado de la República, y a las diputaciones federales, respondieron a un mero reparto cupular de posiciones y, por qué, de nuevo, no atendieron a las expresiones reales de la militancia tricolor en las distintas regiones del Estado.

Todo esto no parece ser parte de un guión democrático, sino que más bien son destellos de la sempiterna película priista, en la que unos arreglan todo, y los demás están obligados a seguir las reglas que ya marcaron los mayores. Y es que, al menos para el caso de los sucesivos Jefes Políticos del priismo oaxaqueño (los ex Gobernadores), esto resulta ampliamente benéfico para la preservación de sus parcelas de poder en la entidad; y al mismo tiempo, eso resulta también ganancioso para el Comité Nacional de ese Partido, pues así tiene menos compromisos que cumplir en las esferas nacionales. El problema es que, todo esto, tiene un costo altísimo en términos de militancia, de credibilidad y de capacidad real de competencia.

No obstante, parece que tal preocupación no permea entre los grupos que pactaron. Cada uno de esos Jefes Políticos, asume que sus respectivos candidatos serán arrastrados por el jale del candidato presidencial, Enrique Peña Nieto; consideran también que habrá un “factor Peña” para ayudarlos a ganar. Y saben que si esto ocurre, y el PRI regresa a la Presidencia de la República, de nuevo todos los factores tendrán que alinearse a lo que resulte de una nueva negociación entre ellos, para ver quién encabeza formalmente la dirigencia partidista en la entidad.

Todas sus cuentas, en realidad, rondan en el supuesto de la victoria presidencial. No obstante, no parecen haberse dado cuenta que, en realidad, el CEN está jugando perversamente con todo el priismo oaxaqueño, pues hoy les está cambiando oro por espejos al negarles, a todos, los espacios nacionales que un buen dirigente debiera estar exigiendo como una posición segura. Al final, parece claro que para mantener el estado de cosas (en el que el PRI y sus espacios pertenecen a tres o cuatro personas, y ellos deciden todo), todos están dejando ir los pesos, por empecinarse en contar los centavos. Veamos si no.

ORO POR ESPEJOS

El primer día del mes de abril del año pasado, anotábamos en este espacio que “lo que se ve es que la época de los intercambios ya comenzó. El dirigente nacional Moreira Valdés parece estar dando, a cambio del asiento que no entregó en el CEN priista al ex gobernador Ruiz, el respaldo para que éste reconfigure su grupo político de Oaxaca. Es decir, que a cambio de no cargar con el costo político de incluir a una figura de tantas aversiones y tantos costos políticos como el ex Mandatario, Moreira le está permitiendo que haga todo para conservar el feudo local que aún tiene en Oaxaca. De ahí puede entenderse que todos, sin excepción, estén respaldando a la dirigencia del diputado Pérez Magaña, pero que nadie haga más por elevar la presencia del grupo del ex gobernador Ruiz.”

Ese intercambio hoy sigue siendo vigente. Porque si primero la dirigencia nacional del PRI le permitió a Ulises Ruiz conservar el control de la dirigencia, fue sólo a cambio de que éste no exigiera el espacio en el Comité Ejecutivo Nacional que inicialmente se le había prometido. Luego, al perder éste la fuerza que tenía como figura de fundamental ascendencia en el priismo, aunque continuaba teniendo una capacidad de operación electoral nada despreciable, el priismo nacional hizo otro intercambio con el ex Gobernador.

Unos y otros decidieron que la única posibilidad de mantener el control del priismo oaxaqueño era a través de un acuerdo con todos los ex mandatarios que aún siguen siendo priistas. Por eso, todos fueron llamados y a todos se les entregó ciertas posiciones y candidaturas dentro del CDE, marginando a todas las demás expresiones regionales y minoritarias que exigían ser tomadas en cuenta.

La entrega no fue a cambio de nada: a todos se les dio candidaturas para tratar de comprometer el trabajo de todos a favor del priismo. No obstante, ese intercambio trajo otra decisión: que, hasta donde se sabe, ninguno de esos Jefes Políticos será incluido en las listas nacionales para las cámaras federales. Es decir, que no veremos entre ellos candidaturas plurinominales que en otro tiempo se pudo pensar que tendrían dada su importancia como priistas.

La operación fue perfecta: el CEN se quitó cuando menos tres problemas de encima. Repartió cupularmente las candidaturas y puso a trabajar a favor del PRI a esos factores; y finalmente no entregó nada de lo que verdaderamente le importa a cambio de “arreglar” el conflicto del priismo oaxaqueño que, valga decirlo, a ras de suelo está más enredado y enconado que nunca.

CAPRICHITO

Ayer, el diputado Francisco Martínez Neri declaró, abruptamente, suspendida la sesión ordinaria del Congreso del Estado, porque una hora y media después de la hora que marcaba la convocatoria, aún no había quórum. Este, que aparenta ser un acto de corrección y apego a la norma, en realidad, dicen, es un berrinche porque nadie toma en cuenta al ex Rector de la UABJO, como Presidente de la Mesa Directiva del Congreso local. ¿Será?

+ Ugartechea: ¿Qué tipo de “respeto a ley” estimula?

¿De verdad debe dejar satisfecha a la sociedad oaxaqueña, el remedio que el presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, Luis Ugartechea Begué, le dio al tristemente célebre asunto del “Gentleman de Oaxaca”? ¿De verdad todo lo resuelve el despido de un individuo indefendible, como Juan Francisco Arias Díaz? Es claro que un asunto tan delicado como este, debe verse en una perspectiva más amplia que la del solo hecho en sí mismo. Esto debiera preocuparnos a todos.

¿Qué ocurrió? Que, tal y como aparece en el video colgado en el sitio Youtube el pasado lunes, hace unos días el citado individuo fue arrestado, en completo estado de ebriedad, por la misma Policía Municipal de Oaxaca de Juárez. Al ser llevado a la Comisaría citadina, Arias Díaz hizo objeto de todo tipo de insultos y jaloneos a los elementos policiacos que lo trasladaron, al punto de retar a golpes a uno de ellos, de exigir en un tono altisonante que lo esposaran, y de amenazar a varios agentes con cesarlos gracias al poder y la cercanía de la que él presumía tener con el Munícipe. En el mismo video se ve claramente cómo los agentes policiacos no respondieron a ninguna de sus agresiones, y cómo hasta le ofrecieron llevarlo a su casa. Fue, pues, toda una demostración de la “mejor” y más pura prepotencia que no es nada rara en nuestro ambiente cotidiano.

De esto deben preocuparnos, a todos, varias cuestiones. La primera de ellas, tiene que ver con la disposición al gobierno municipal a mantener este asunto en privado. Queda claro que si nadie hubiera subido este video a la red de internet, y si nadie lo hubiera difundido en las redes sociales, seguramente el acto de prepotencia habría quedado como una más de las no pocas anécdotas de ese tipo que existen entre los elementos municipales, e incluso habría quedado en la completa impunidad.

Además, quién sabe si por temor al escándalo, o porque de verdad no se había tomado ninguna medida contra el individuo aludido, la administración que encabeza Luis Ugartechea no había hecho público un solo dato del episodio, y tampoco de la decisión de separar de sus funciones al secretario privado.

Y es que un acto de prepotencia, de arbitrariedad y de abuso de autoridad, como el que protagonizó Díaz Arias, es moral y jurídicamente equiparable al de un acto grave de corrupción, que no sólo no debe ser minimizado ni ocultado, sino que, al contrario, debiera ser hecho público de oficio para dar muestra de la vocación democrática y de legalidad por parte del gobierno, y para lanzar mensajes a otros funcionarios para que no repitieran la conducta.

El problema es que el gobierno de Ugartechea actuó tarde; seguramente lo hizo sólo como una reacción natural al escarnio; y, en el fondo, anunció el cese fulminante de Juan Francisco Arias Díaz, en un intento por apagar lo más rápido posible el ruido que generó la difusión del video. Nada se dijo, por ejemplo, de las razones que llevaron a los agentes a resistir todos los ataques e insultos del individuo; de las razones que impidieron que éste fuera detenido por las agresiones a la autoridad; y, sobre todo, de los antecedentes que tienen este tipo de conductas en el gobierno que encabeza.

Es evidente, pues, que la salida a este asunto fue la más fácil, pero también la más incompleta, si es que esas medidas se tomaron únicamente para apagar las críticas de la opinión pública. Al gobierno de Luis Ugartechea le hace falta dar otras explicaciones respecto al hecho y su contexto, y también le hace falta tomar nuevas medidas para evitar que esto vuelva a ocurrir.

¿TODOS SOMOS “GENTLEMEN”?

Comúnmente, los elementos policiacos de cualquier corporación tienen quejas veladas de que, en sociedades como la nuestra, todos, o casi todos, por alguna razón, sienten que son influyentes. A partir de ello, dicen, la gran mayoría de las personas pretenden evadir la acción de la ley ya sea estimulando actos de corrupción (con la clásica “mordida”), o ya haciendo gala de la prepotencia y la altanería que, es la alternativa dura al influyentismo que otorgan el poder o el dinero.

Sin embargo, una cosa es lo que se dice y otra la que podría estimularse desde un mismo gobierno. ¿Por qué sobre Arias Díaz la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez no tomó ninguna acción no sólo por las conductas que había desplegado en el lugar en que fue arrestado, sino también por los insultos, jaloneos y amenazas que profirió sobre los agentes ya en las instalaciones municipales?

Lo que queda claro es que la inacción de los agentes rebasó el ámbito de la mesura, y sin ninguna duda se inscribió en el terreno del temor a verdaderamente ser reprendidos por arrestarlo, someterlo, esposarlo o entregarlo a la autoridad competente para que respondiera por los delitos cometidos en contra de la autoridad que representan los agentes.

Ante esto, el gobierno municipal de Oaxaca de Juárez debiera responder si es que, en efecto, hay alguien que estimula la impunidad o el miedo respecto a este tipo de actos. Porque si bien es cierto que este es el primer acto de prepotencia plenamente documentado, no es ni el primero ni el único exceso en que han incurrido servidores públicos municipales durante la presente administración. Aunque sin pruebas tan contundentes como un video, existen señalamientos claros respecto a los malos tratos que profieren algunos funcionarios municipales a los empleados y a la misma ciudadanía, sobre los cuales nadie se ha molestado en castigar o al menos “recomendar” que no ocurran.

En el fondo, este hecho debiera constituir un severo llamado de atención a todos aquellos que cotidianamente estimulan este tipo de tratos, este tipo de lenguaje, y este tipo de acciones en contra de sus subordinados, pero que ante una evidencia como este video, se escandalizan y hasta exigieron al Presidente Municipal la destitución del individuo. No se trata de hacer leña del árbol caído, sino de desterrar este tipo de conductas sin necesidad de que haya de por medio, un video como prueba contundente.

PAPÁ EN CAMPAÑA

Aseguran que don Heladio Ramírez López anda, en persona, haciendo campaña por toda la región de la Mixteca. ¿Saben por qué? Porque su hijo, Luis Antonio Ramírez, será candidato a diputado federal por ese distrito y, según ven, los apoyos del PRI no son tantos ni tan incondicionales como esperaban. Más bien, dicen, hay un panorama adverso. Por eso, el hijo y el padre andan en campaña. No vaya a ser la de malas… Abundaremos.

+ Salvatierra: erró al esconder sus movimientos

Visto desde fuera, Oaxaca y sus habitantes podríamos parecer un poco más que incomprensibles: por largo tiempo, exigimos obras, acciones y decisiones que, cuando son finalmente tomadas, también resultan molestar a ciertos sectores representativos de la ciudadanía, a grado tal de generar nuevos e intensos focos de oposición.

Esa podría parecer la actitud de los oaxaqueños frente a la construcción de una obra necesaria, como la del Distribuidor Vial en el crucero de Cinco Señores, en la capital oaxaqueña. El problema, sin embargo, no radica en la decisión o en las implicaciones del proyecto, sino en la forma en que fue tomada y asumida por el secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, Netzahualcóyotl Salvatierra López.

Dicho distribuidor, es una de las tantas obras que necesita nuestra capital. De hecho, Oaxaca tiene un grado importantísimo de rezago en infraestructura vial de todos los tipos, si se mira a la luz del desarrollo que tienen ciudades más o menos similares a la nuestra (en población, economía, etcétera) de otras entidades federativas. La capital de Oaxaca tiene, de hecho, un enorme grado de abandono y caos cotidiano en la vía pública, que hacía necesario que las autoridades comenzaran a hacer obras necesarias que, además, dieran una imagen distinta a la del estancamiento y el rezago.

En ese sentido, no sólo el crucero de Cinco Señores era un foco rojo. Contrario a lo que pasa en la mayoría de las ciudades de la República Mexicana, Oaxaca tiene una especie de “nudos viales”. Es decir, puntos álgidos que, si son bloqueados u obstruidos, provocan caos no sólo en los alrededores a él, sino en prácticamente todas las arterias viales importantes de la ciudad. Aquí existen varios puntos con esas características, que además de generar problemas ante los (tradicionales) bloqueos por cuestiones de lucha social, también eran representativos de la anarquía y el atraso vial que, casi siempre, aprisionaba la circulación y la fluidez del tránsito vehicular.

Por todo eso era necesaria la obra que hoy mismo ya se ejecuta. Por eso mismo, eran necesarias las propuestas de solución, y las decisiones que, por desidia y por incapacidad, no se habían tomado en el pasado. Por eso mismo, en el plano objetivo parece incuestionable el hecho de que, desde el poder estatal, se le pretenda dar solución a un problema como este. Sin embargo, queda claro que el problema no se encuentra, hoy, en el qué, tanto como en el cómo. La complicación, pues, parte de las formas éticas y políticas que no se siguieron, y de las personas y las organizaciones a las que no se respetaron al momento de tomar la decisión.

Y es que el primer punto álgido de todo esto, parte justamente del poco respeto por la ley que tuvieron las autoridades municipales y estatales. De hecho, por mandato del artículo 115 constitucional, la obra aludida debiera ser responsabilidad inicial del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, quien a través de los mismos mecanismos que establece el precepto constitucional aludido, junto con el último párrafo del artículo 116 constitucional, debió haber solicitado la intervención del Gobierno del Estado para la ejecución y financiamiento de la obra.

No obstante lo anterior, la Secretaría de las Infraestructuras decidió completamente la obra, y el gobierno municipal de Oaxaca de Juárez no sirvió ni siquiera como una buena comparsa. Finalmente, todo se decidió en el ámbito del gobierno estatal, como si la Constitución federal y sus mandatos (a los cuales tampoco hizo caso el gobierno municipal), no fueran norma suficiente como para merecer respeto.

NO HAGAS COSAS BUENAS…

Eso justamente es lo que dice el refrán: no hagas cosas buenas, que parezcan malas. ¿Por qué decir lo anterior? Porque, ¿qué se pensaría de una dependencia gubernamental, que licita una obra de costos millonarios —quizá una de las más importantes de toda la administración actual— en la última del año, sin hacer la publicitación lo suficientemente amplia no sólo para cumplir con la ley, sino también para que a los ojos de la ciudadanía no quede la menor duda de que todos supieron que estaba concursándose la obra, y que cualquier interesado, constructor grande o pequeño, podría entrar a participar para tratar de conseguir la adjudicación de la misma?

De nuevo, ¿qué se pensaría de una dependencia estatal que proyecta la construcción de una obra de gran envergadura; que hace planos, estudios de factibilidad y todo lo necesario, pero que decide no “socializar” la obra lo suficiente? ¿Qué se pensaría de una dependencia oficial que se guarda hasta el último momento todos y cada uno de los detalles de esa gran obra?

La respuesta a esos cuestionamientos es simple: todo da pie a sospechar que, en efecto, la Secretaría de las Infraestructuras oculta “algo”, y que ese “algo” necesariamente tiene que ver con corrupción, con beneficios desmesurados, y quizá hasta ilegales, para unas cuantas personas o grupos empresariales, e incluso que dentro de esos beneficiarios se encuentra también un grupo político, o el mismo equipo de funcionarios que planearon, licitaron e iniciaron la ejecución de la obra a espaldas de todos los demás oaxaqueños.

Aún es muy pronto para saber si, en efecto, son susceptibles de confirmar algunas o todas esas sospechas. El problema es que al haber decidido haber hecho todo en sigilo, y haber sacado a la luz el proyecto, pero por la puerta de atrás, el Secretario de las Infraestructuras dio todos los elementos para alimentar el “sospechosismo” y comenzar a considerar que, en efecto, “algo” hay escondido en todas esas decisiones que, por muy positivas que sean, se tomaron en sigilo y levantaron innecesariamente todo el polvo que hoy empaña y demerita la obra que ya se ejecuta en el crucero de Cinco Señores.

CUESTIONAMIENTOS COSTOSOS

Algo muy similar ocurre con las inconformidades que la obra generó entre sectores como Pro Oax y la Fundación Alfredo Harp Helú. Esos grupos, que le guste o no al secretario Salvatierra, son mecenas de la ciudad y su patrimonio, lo que en el fondo querían es que el Gobierno tuviera la atención de darles a conocer el proyecto y quizá también sugerirles algunas adecuaciones. No lo hicieron. Y ahora tienen que pagar las consecuencias de acceder, forzados, a las pretensiones que bien pudieron haberse generado en un acto democrático de inclusión, que no tuvo capacidad de ver el “gobierno del cambio”.

+ Las vías se agotan, y los gobiernos no responden

La guerra contra el crimen organizado que encabeza el gobierno federal, y la poca atención que reciben las exigencias de respetar los derechos fundamentales, y resarcir y castigar efectivamente sus violaciones, parecen hacer irremediable la búsqueda de hermanamiento entre las distintas formas de lucha que existen en nuestro país. México entró en una peligrosa senda de aparente agotamiento de las vías institucionales tradicionales. Y eso podría hacer una suerte de “coctel” entre grupos de ciudadanos que exigen el fin de la lucha anticrimen, y los que en el fondo luchan por desaparecer al poder actual e instituir un nuevo régimen de gobierno.

En efecto, en los últimos años hemos visto con intensidad, cómo, por vías distintas, diversos grupos en nuestro país, han buscado vías eficaces para luchar a favor de los derechos fundamentales de las personas; y cómo, otros grupos terminaron incluidos accidentalmente en ese camino, pues al inicio su lucha fundamental estaba encaminada a temas distintos a los de la seguridad pública o el respeto a las garantías constitucionales de los gobernados. No obstante, las complejas circunstancias del país parecen unir a esos grupos que inicialmente no tenían casi nada que ver.

¿De quiénes hablamos? En lo relativo a la lucha anticrimen, y los abominables efectos colaterales que ésta ha tenido, existen diversos grupos puramente civiles. Uno de ellos, que aglutinó a una gran cantidad de esas expresiones de inconformidad, es el que encabeza el poeta Javier Sicilia.

Éste, a lo largo de los trabajos que ha realizado al frente del Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, ha exigido que el gobierno federal modifique las estrategias de la lucha contra el crimen organizado, y ha también señalado de manera frontal la urgencia de que las fuerzas armadas regresen a sus cuarteles, para evitar que éstas sigan cometiendo violaciones a las garantías individuales de las personas. En el fondo, además, ese y los demás grupos que lo acompañan, ondean la exigencia de que el gobierno federal deje de ponderar, en sus estrategias, la necesidad de preservar la seguridad pública aún a costa de sacrificar o menoscabar las garantías individuales de las personas.

En otro de los frentes se encuentran las exigencias del Ejército Popular Revolucionario. Ésta organización armada, que sostiene una lucha de largo aliento por derrocar al régimen actual e imponer uno apegado a sus principios políticos e ideológicos, se ciñó a esta lucha de una forma casi circunstancial: en mayo de 2007, aquí en Oaxaca fueron detenidos y desaparecidos dos de sus militantes. Desde entonces, han señalado que se trata de un caso de desaparición forzada de personas (delito penado no sólo por el orden jurídico interno, sino por toda la legislación internacional en la materia), del cual el Estado Mexicano es también responsable.

Hoy, cuando han pasado casi seis años en los que esos reclamos se han ido abultando, sin que uno solo pueda tener una respuesta satisfactoria por parte de los Poderes de alguno de los tres órdenes de gobierno, comienzan a surgir expresiones claras respecto a la necesidad de dejar de lado las vías institucionales actuales (por considerarlas ineficaces, aunque los ineficaces, deliberadamente o no, han sido quienes encabezan los organismos defensores, investigadores y juzgadores) para tratar de explorar otras vías a partir de las cuales puedan presionar al gobierno federal a dar respuesta a las demandas.

FRACASO EVIDENTE

A través de un comunicado, emitido el pasado 21 de febrero, el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, hace un recuento estremecedor del fracaso de la lucha de todas las organizaciones, desde todos los frentes, y ante todas las vías posibles, en favor de los derechos humanos, y en contra de las acciones violatorias de estas garantías por parte del gobierno federal. Del recuento, destacan algunos puntos como los que ahora reseñamos:

“No ha bastado la lucha por el respeto y defensa de los Derechos Humanos dentro del marco jurídico establecido (…) No basta con sólo recurrir a las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos en el plano nacional, los testimonios de miles de victimas de la impunidad de Estado, lo prueban (…) No ha sido suficiente la denuncia pública nacional e internacional para detener la violencia generada por el Estado mexicano contra el pueblo y sus organizaciones…

“Ante el autoritarismo y la violencia que todo descalifica, criminaliza y mata desde el Estado no ha sido suficiente recurrir a las ong´s de Derechos Humanos internacionales que año con año rinden su informe sobre la situación de violación a los Derechos Humanos en nuestro país. Este gobierno de criminales como todo régimen autoritario hace caso omiso y continúan violando de manera sistemática los Derechos Humanos fundamentales (…)  Insuficientes han resultado las críticas y los análisis condenatorios, las abundantes y documentadas denuncias, como también, los informes sobre la situación imparcial y facciosa de la impartición de justicia en México al servicio de unos cuantos (…) Miles de mexicanos sabemos por la experiencia que recurrir a la vía judicial para demandar justicia es inútil, porque a los que se les pide justicia se les comprueba en cada momento que son ellos mismos parte de los agresores del pueblo y los luchadores sociales”

Destacan también “la expatriación, el destierro forzado; la limpieza social; el asesinato contra la población indefensa son parte de ese terrorismo de Estado que se sigue ejerciendo a pesar de la denuncia política y los dictámenes de ONG’s DH’S internacionales”

LUCHA CONJUNTA

Nadie debiera desatender este llamado, independientemente de quién y cómo se hace. El nivel de tensión llega al límite. Por eso no se equivoca el EPR cuando señala que “todas las medidas implementadas por separado de las personalidades progresistas, organizaciones populares y de Defensa de los Humanos han dado hasta ahora medianos resultados o dan resultados temporales, corremos el riesgo como pueblo de que la violencia institucionalizada escale en crueldad y masificación, si no existe unidad de todo el pueblo, se trata de proteger la vida y la libertad de los mexicanos”. La reiterada omisión oficial parece encaminada a ello: A que todos se conjunten y traten de dar una sola batalla a favor de los derechos humanos. Ese es un llamado nada alejado de la realidad.

+ PAN: su contienda tendría más sustancia

Si alguien pretende saber cuán costoso puede resultar un arrebato, debía voltear a ver el ejemplo que ofrecen el PAN en Oaxaca y su ex militante, Pablo Arnaud Carreño. Ambos, hoy, saben que hacer las cosas sin pensar, puede tener costos insospechados para todos en el mediano y largo plazo.

En efecto, hoy casi nadie se acuerda que Pablo Arnaud Carreño fue el primer gran activo que tuvo Acción Nacional en Oaxaca dentro de la época de la alternancia partidista. Arnaud fue capaz de derrotar no sólo a la maquinaria tradicional de clientelismo priista, sino que con su empuje también derrotó al entonces gobernador Diódoro Carrasco Altamirano, que trataba de imponer como munícipe de la capital oaxaqueña a su tío, David Palacios García, quien fue vencido de modo avasallante por el panista.

Qué paradoja: hoy Carrasco Altamirano es candidato a Senador por ese Partido. Y éste, el blanquiazul, enfrenta una crisis de identidad y cuadros de tal magnitud, que éstas se reflejan claramente en la postulación del ex adversario priista, que fue justamente el primer gran damnificado de las victorias panistas en Oaxaca.

Qué poderosa es la falta de memoria entre los ciudadanos. Porque Arnaud fue el primer gran icono panista en la entidad, que avivó entre los oaxaqueños el aliento por el cambio. Éste hizo un gobierno municipal de aciertos importantes. Y eso le valió ser luego postulado como candidato a diputado federal, en donde su alto grado de aceptación por la ciudadanía lo llevó a aplastar al hoy secretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, que —ironías de este pragmatismo ideológico aberrante— entonces era abanderado del PRI para el distrito electoral federal que abarca la capital oaxaqueña.

Arnaud continuó acumulando activos en su paso por la diputación federal. Eso le valió ser luego aspirante a Gobernador por su partido. Dejó pasar en 2004 a Gabino Cué Monteagudo, a cambio de obtener mejores posiciones dentro de su partido, y que éste le permitiera años después a su esposa, Laura Bustamante Underowood, postularse también por una curul federal. Arnaud, pues, abrió brecha en la senda de la alternancia partidista en Oaxaca. Y mostró también un importante grado de disciplina al aceptar la primera postulación del hoy gobernador Cué, que desde entonces ya prometía derrotar al priismo en la búsqueda de la gubernatura del Estado.

El problema es que, tanto en el panismo como en Arnaud ganaron los arrebatos. Y finalmente, éstos vinieron a demostrar lo riesgosos que pueden ser éstos, cuando se dan en medio de un ambiente árido, en el que resulta que los puros se hacen conversos. Y todos terminan abonando al desprestigio del partidismo, de la ideología y de las supuestas convicciones que debieran tener los institutos políticos y sus militantes frente a las decisiones más trascendentales.

ARREBATOS COSTOSOS

El 27 de mayo de 2010, Pablo Arnaud Carreño anunció su renuncia al Partido Acción Nacional. En ese mismo acto, se pronunció a favor del candidato a Gobernador por el Partido Revolucionario Institucional, Eviel Pérez Magaña. Arnaud era entonces cónsul general de México en Caléxico, California, en los Estados Unidos. Tenía una posición privilegiada, en buena medida por su militancia panista y como una forma de retribución por lo hecho como primer gobernante de oposición en un municipio de Oaxaca.

Antes, en octubre de 2009, Arnaud había aceptado que tenía aspiraciones de convertirse en candidato a Gobernador por su partido, si es que se lograba la conformación de “una gran alianza” que impulsara la alternancia en la entidad. Dos meses después, en diciembre de ese año, las fuerzas de oposición presentaron a los que serían sus seis precandidatos. Fueron tres del PAN (Pablo Arnaud, Huberto Aldaz y Gerardo García Henestroza). Uno por el entonces Partido Convergencia: el senador Gabino Cué Monteagudo. Por el Partido Nueva Alianza fue presentada la ex secretaria de Gobierno, Irma Piñeyro Arias. Y por el PRD se presentó Carlos Altamirano Toledo.

El primer arrebato fue del PAN. Pues éste partido había prometido a sus abanderados, una contienda interna limpia con los otros partidos, en los que se respetaría el triunfo de quien resultara ser el mejor posicionado en las encuestas. Esa fue la finta con la que todos se fueron. Porque finalmente, en un arrebato de triunfalismo, el PAN dio por ganador a Gabino Cué Monteagudo, sin si quiera tomar en consideración a sus propios militantes, y sin tener tampoco el decoro para darles a conocer la decisión que cupularmente se había tomado a favor de Cué.

Los precandidatos panistas quedaron como una comparsa no sólo de quien finalmente fue designado como candidato a Gobernador, sino también de su partido. El PAN, al parecer, vio seguras las posibilidades de triunfo, y no reparó en las fracturas. Pero el enojo provocado en un arrebatado igual que su partido, como lo es Arnaud, lo llevó unos meses después, a declararse fuera del PAN y manifestarse a favor del PRI.

Los cálculos, entonces, eran inciertos. También lo es que los arrebatos de unos, no justifican las decisiones de otros. Pero hoy, a la distancia, qué falta de sustancia se ve el panismo de Oaxaca, que finalmente terminó postulando como candidato a Senador, a quien finalmente fue el blanco de las primeras derrotas panistas. Qué pocos cuadros tiene el panismo, que finalmente parece estar volviendo de la peor forma a su pasado no sólo para revivirlo, sino también para reconocerlo, e incluso hasta para postularlo.

Arnaud habría sido un excelente candidato a algún cargo público por el PAN. Por lo menos, él hubiera sido el referente que hoy les falta a todas las fuerzas coaligadas, respecto a la congruencia y la verdadera lucha por los cambios dentro de las estructuras gubernamentales y políticas. El problema es que el mismo PAN, y Arnaud, se encargaron de minar todas sus posibilidades, y de dejarse ver como poco preparados para algo más que la simple bandera del cambio.

VOLVER AL PASADO

Hoy, por ello, Arnaud está, sin posibilidad de retorno, fuera del PAN —y de la vida política de Oaxaca—. Pero por eso mismo, dicho partido tiene como sus mejores cartas no sólo a enigmáticos productos del reciclaje, sino que corona a sus enemigos postulando a personajes sin militancia ni compromiso, o a quienes trataron de hacer morder el polvo a los verdaderos panistas en el pasado.

+ Gobierno debe aprender: no reincidir ni ceder

Como en cualquier proceso de aprendizaje, el Gobierno del Estado se encuentra muy a tiempo de tomar en consideración, algunas de las lecciones que deja este episodio de confrontación con sus trabajadores sindicalizados. Si son inteligentes, sensibles y verdaderamente comprometidos con su trabajo, más de un funcionario debiera tomar algunos de estos puntos en consideración, para no caer en errores futuros.

1. Hoy más que nunca, el Gobierno del Estado debe asumir que aquí no existen ni los aliados incondicionales, ni los enemigos pequeños. En términos generales, pareciera que la administración estatal tiene una clara proclividad a tasar a los grupos y protestas sociales, para atenderlos o ignorarlos según su propia valoración. Contrario a lo que ocurría en el régimen anterior, en el que se dejaba protestar a todos sin ninguna preocupación (pero también sin ninguna atención real), hoy los funcionarios estatales “tasan” la importancia de los grupos y sólo atienden a los que consideran “peligrosos”. Con este episodio ante los burócratas, queda claro que su tasación ha sido, y fue en este caso, claramente precipitada e incorrecta.
2. En esa misma lógica, el Gobierno del Estado debe también asumir un modo distinto de tasación de sobre quiénes utiliza la fuerza pública. Porque es cierto: la ciudadanía ha exigido largamente acciones contundentes en contra de quienes bloquean arterias viales u oficinas públicas, e incluso ha validado que, en casos concretos, se utilice a la fuerza para restituir el orden. El problema es que el Gobierno del Estado sólo asumió un criterio: el distinguir entre los “peligrosos” y los “inofensivos”. A los primeros, así estén manifestándose por un abierto chantaje, o estén alterando el orden público, se les deja protestar. A los segundos, así estén luchando por la causa más legítima (que no era en este caso la que defendían los burócratas) se les retira a palos sin ningún tipo de consideración.
3. El gobierno debe asumir que las decisiones que implican la fuerza, siempre deben ser tomadas con perspectiva de gobierno, y no sólo como meros temas de seguridad. Es obvia la distinción que deben tener tanto los encargados de la política como de los asuntos de seguridad pública, entre delincuencia y contención de manifestaciones u alborotos populares. pero el entendimiento de esa diferencia debe traducirse en el momento de la toma de las decisiones.
4. ¿Qué hacer en otros casos? Porque no se trata de que el Gobierno del Estado, a partir de ahora, actúe con miedo, como tampoco se trata de que éste homogenice sus decisiones a favor del uso total de la fuerza, y mucho menos que se rinda ante cualquier tipo de alboroto o inconformidad de grupos sociales. No. Se trata de que entienda y diferencie bien cada momento, cada circunstancia y cada actor, y que tenga la posibilidad de tomar decisiones luego de una valoración integral. Debieran comenzar a dejar atrás aquella idea de las organizaciones “grandes y pequeñas”, “radicales y orgánicas”, “aliadas o priistas”, y comenzar a considerar la importancia de los temas y los efectos que puede tener el desdeñar a la persona, a la causa en un momento determinado.
5. El Gobierno debe aprender a valorar el costo real de cada conflicto, y asumir, a partir de eso, si es conveniente la intervención de fuerza o la facilitación del diálogo. En 2006, por ejemplo, el gobierno entendió tarde que habría sido más fácil, y menos costoso, negociar en paz con la Sección 22 del SNTE, que permitir el crecimiento del movimiento magisterial. Del mismo modo, hoy cualquier solución que tenga el conflicto entre los trabajadores sindicalizados y el Gobierno del Estado, será mucho más costosa (en recursos, en imagen para el gobierno, e incluso en aliados), que si se hubiera tenido la sensibilidad para darle cauce a las exigencias de los trabajadores, y evitar que esto terminara en una acción de fuerza.
6. Ni el sindicato más orgánico está dispuesto a no defender su dignidad como gremio. Quizá alguien consideró que como el sindicato de burócratas ha sido tradicionalmente “cercano” y “colaboracionista” con el Gobierno del Estado, entonces no habría problemas si se hacía una “pequeña” demostración de fuerza, ante una manifestación derivada de unas exigencias que son a todas luces ilegítimas. Si alguien en el Gobierno del Estado supuso lo anterior, es claro que estaba equivocado: los sindicatos verticales o corporativos se acabaron hace años. Y por eso hoy, orillado por sus agremiados —que, efectivamente, sienten herido el orgullo y el respeto, independientemente de que puedan ser corresponsables por los hechos—, el secretario General del Sindicato de Burócratas, Juan Rosas, está encabezando las acciones de inconformidad, seguramente más por compromiso que por convicción de que ese debiera ser el camino.

LECCIONES CLARAS

Esas, y algunas otras lecciones, están ahí a la vista a partir de este episodio. Es buen momento para que el Gobierno del Estado comience a considerar esos y otros puntos, porque si bien no se trata de que, por este trago amargo, ahora el gobierno deje libremente protestar a todos, por todo, sin ninguna consideración (como era en el pasado), tampoco se trata de que vaya por la vida tropezándose recurrentemente con las mismas piedras.

Se trata de entender en específico lo que ocurre, y tomar lo que sirve para no volver a incurrir en las mismas prácticas. Se trata, además, de que la sensibilidad pueda más que la inmediatez, y que a partir de ello puedan haber mejores elementos para tomar decisiones en casos equiparables. No es algo del otro mundo. Es simplemente que estos deben ser episodios únicos, y no el punto de partida para situaciones recurrentes. El problema es que, según lo visto, no hay garantía de que los funcionarios estatales puedan o quieran aprender de sus propios errores.

SILENCIO TOTAL

Qué raro que hasta el momento, la diputada Margarita García García, que proviene de las bases sindicales del Gobierno del Estado, que fue víctima directa de hechos como el del pasado lunes, que hasta fue encarcelada por sus decisiones e ideas sobre la forma en que debiera llevarse a cabo la lucha sindical, que dijo defender las causas de los trabajadores, y que hasta trató de incidir en las decisiones sobre el sindicato de burócratas, ahora simplemente no diga nada. ¿Apoco los toletazos entienden de partidos o de grupos gobernantes?

+ Marco Tulio no debe irse; sindicato no debe ceder

Es inexplicable la forma en cómo las dependencias encargadas de ver un tema como el de la inconformidad del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, dejaron crecer este problema hasta sus proporciones actuales. El único referente que se tiene de una situación similar ocurrió hace dos sexenios, cuando por unas exigencias más o menos similares a las actuales, los burócratas se sublevaron y llegaron al punto de cerrar las oficinas estatales para tratar de ganar las calles en protestas. Hace diez años que esto no ocurría. Y por eso es inexplicable que por un asunto relativamente menor, hoy todas las dependencias estatales estén tomadas por sus propios trabajadores.

El esquema de la legalidad sostiene que todos están obligados a acatar la ley, o que de lo contrario la autoridad debe actuar para preservar el orden y el funcionamiento de las instituciones. Esta fue la lógica que siguió la Policía Estatal, ante la inconformidad de un grupo de sus mismos trabajadores sindicalizados del gobierno estatal, al hacer una toma pacífica de instalaciones de la misma dependencia. Sólo que los mandos de la corporación, no tomaron en cuenta que Oaxaca presenta ciertas particularidades que, les guste o no, deben ser consideradas, para evitar que conflictos de otra índole se conviertan en temas de riesgo para la gobernabilidad. Y, sobre todo, los mandos de la SSPE debieron tomar en consideración que lo ilegítimo de las exigencias de los burócratas no era justificante, ni atenuante, frente al uso de la fuerza pública.

Y es que queda claro que si algo es rechazado casi de forma unánime por la sociedad oaxaqueña, es el uso de la fuerza en contra de asociaciones gremiales. Eso quedó claro hace seis años, cuando frente a la acción policiaca en contra de los trabajadores de la Sección 22 del SNTE, auténticas masas de población no adherida ni identificada con fuerza política o gremio alguno, salió a las calles a protestar y a exigir la renuncia de los funcionarios directamente involucrados con la decisión, y posteriormente la salida del mismo Titular del Poder Ejecutivo.

Eso también quedó claro cuando, hace diez años, el Gobierno del Estado decidió utilizar la fuerza pública en contra de los mismos trabajadores del Gobierno del Estado, y entonces sembraron una de las primeras semillas de quienes luego se convirtieron en sus más feroces adversarios políticos, y que finalmente terminaron tomando el poder estatal en las elecciones de julio de 2010, a través del gobernador Gabino Cué.

¿Qué pasó entonces? Que la dirigencia del sindicato de burócratas planteó al gobierno una serie de exigencias, que éste se negó a cumplir. Ante la resistencia oficial, los trabajadores decretaron paro de labores y toma de oficinas. La efervescencia lógica entre los trabajadores inconformes, llevó el movimiento a escalas superiores, que finalmente terminaron con irrupciones violentas de la entonces Policía Preventiva para recuperar las instalaciones gubernamentales, y para aprehender a varios dirigentes del movimiento sindical y encarcelarlos por varios años. Entre ellos estaba nada menos que la hoy diputada local por Movimiento Ciudadano, Margarita García García.

El movimiento de aquel entonces no era más legítimo que el de hoy; del mismo modo, las exigencias que entonces hacían los burócratas al gobierno estatal, tampoco eran más elevadas ni más propias que las que hicieron los empleados de la SSPE. De hecho, queda perfectamente claro que desde hace mucho tiempo los trabajadores al servicio del Estado no luchan por causas verdaderamente legítimas, sino simplemente por conseguir mayores prebendas a cambio de trabajar menos. Es lo que, en el terreno estrictamente laboral, ocurría entonces y también pasa ahora.

Sin embargo, nada de eso era justificante para la acción dura de entonces, como tampoco es motivo suficiente para pensar que era disculpable la acción de la fuerza pública en las protestas del pasado lunes. Aunque en 2002 la acción de fuerza del Estado no pasó a mayores, sí contribuyó a gestar la oposición que hoy gobierna. Y quienes creyeron que a los burócratas se les podía echar a la policía sin ninguna consecuencia política, no tomaron en consideración que han pasado 10 años desde entonces, que en medio de ello estuvo la revuelta magisterial de 2006. Y que por esa razón es fundamental actuar con cierto grado de sensibilidad, antes de optar por el uso de la fuerza.

¿QUIÉN SE VA?

Queda claro que Marco Tulio López Escamilla tiene algunos adversarios dentro del gobierno estatal, que deliberadamente están dejando crecer el problema para orillar su salida. Él, como lo dijimos en nuestra entrega de ayer, ante esas intenciones, simplemente no se ayuda. Pero el problema de fondo es que si todos finalmente conspiran, o toman medidas que por casualidad abonan a la salida del Secretario de Seguridad Pública, el finalmente derrotado no será nadie más que el Gobierno del Estado.

Hoy, por esa razón, las labores de negociación política de las Secretarías de Gobierno y Administración deben ser con visión de gobierno, y no con visión de grupo. Deben pensar que más allá de los rencores internos de ciertos funcionarios en contra de López Escamilla, lo que en este momento debe prevalecer es el sentido de no permitir el abaratamiento de sus posiciones para la negociación.

El problema es que eso los mete en un auténtico callejón sin salida. Los burócratas han anunciado que no cederán sino hasta que vean la renuncia tanto de López Escamilla como del comisionado de la Policía Estatal, César Alfaro Cruz. El gobierno, hoy, no puede ceder bajo ninguna circunstancia a esa pretensión. Pero en la misma posición están los sindicalizados, que buscan también demostrar fuerza y conseguir el respeto que no tuvieron quienes decidieron el uso de la fuerza.

NO HAY PUNTOS MEDIOS

El problema es precisamente ese: que no parece haber, en medio de esas posiciones aparentemente irreductibles, vasos comunicantes que permitan un entendimiento que no lleve a esas posiciones extremas en las que necesariamente uno sea el ganador, y el otro resulte derrotado. ¿De verdad se privilegiará esa visión de gobierno que se necesita en un caso como éste? ¿O podrán más las “flacas ayudas” que le están dando desde dentro a López Escamilla ante sus errores? Por eso el crecimiento de este asunto parece inexplicable. Por eso, quizá también, puede ser llevado hasta niveles insospechados.

+ Marco Tulio confirma su vocación como policía

Marco Tulio López Escamilla, secretario de Seguridad Pública del Estado, nunca ha mentido: públicamente ha dicho que él es un policía, y que todos lo consideren como tal, y no como un político. Como no ha engañado nunca a nadie, y menos a su jefe, el Gobernador del Estado, entonces tampoco debieran dejar en sus manos asuntos que deben resolver no policías, sino personas con capacidad y conocimiento político de las particularidades del entorno oaxaqueño. Sólo así podría haberse evitado un problema, tan innecesario y riesgoso, como el que ocurrió ayer con los nada pudorosos empleados sindicalizados del Gobierno del Estado.

En efecto, este asunto no podría entenderse sin tomar en cuenta sus particularidades. Porque si bien lo que ocurrió ayer fue una pequeña trifulca entre trabajadores que bloqueaban instalaciones estratégicas para la seguridad pública, lo cierto es que ni la protesta debió llegar hasta el punto del bloqueo a oficinas públicas, como tampoco debió actuar la fuerza pública como si no hubieran otros cauces a través de los cuales poder solucionar este asunto tan poco trascendente (ahora magnificado) tanto para el gobierno estatal como para el sindicato de burócratas.

¿Por qué calificar este asunto como “poco trascendente”? Porque, en realidad, las demandas que hacían a la dependencia los trabajadores sindicalizados de la Policía Estatal, no son nuevas ni imposibles de cumplir, pero además son tan frívolas y cínicas como siempre han sido.

De acuerdo con su propio pliego petitorio, éstos pedían cosas tan inverosímiles como “la autorización de 15 plazas, para los compañeros de Base que tengan la necesidad de ingresar a trabajar a un familiar a las Oficinas Administrativas como (Policía Comisionado). A propuesta de la Delegación Sindical.”.

Exigían, además, sendas ayudas económicas y en especie para los días de: La Samaritana, del Niño, de la Madre, del Padre, de la Secretaria, de Fin de Año y del Empleado. Asimismo reconocimiento para los trabajadores caídos y jubilados, Ayuda de Transporte, Estacionamientos, Insumos de Oficina, Semáforos y una serie de cuestiones que siempre se escuchan, en todas las oficinas estatales, pero que difícilmente son cumplidas.

En ese sentido, queda claro que la voracidad para exigir, que siempre demuestran los trabajadores de base es explicable —mas no justificable— a partir de las mismas prácticas de connivencia que se fomentaron entre trabajadores y autoridades para evitar cualquier tipo de perturbación al estado de cosas que prevalecían.

Los privilegios desmedidos otorgados y tolerados recurrentemente a los empleados públicos menos productivos, sólo tiene su explicación en intentos por controlar relaciones políticas pero no en el marco aceptable, sino en una especie de mutuo “pacto de no agresión”, en el que todos se daban todo, a cambio de que nadie desatara la perturbación. Para variar, siempre se privilegió la estrategia de dar todo a los trabajadores para que éstos no hicieran bronca al jefe en turno, y éste cedía en una especie de “hipoteca” a largo plazo, que hoy, cuando se pretende que ciertas reglas cambien, está a punto de estallar.

ERRORES OFICIALES

Comenzábamos esta entrega recordando la vocación de policía del secretario López Escamilla. Esa vocación, y formación, hace a quienes son entrenados para ello, personas con capacidad de asumir y obedecer el mandato legal, y a sus superiores, con prestancia y disciplina, e incluso más allá de las posibles objeciones morales o de conciencia (y no sabemos si también las éticas).

Eso es muy benéfico para resolver problemas de seguridad o para mantener disciplina entre las fuerzas policiacas, pero evidentemente no tanto para abordar temas plagados de matices políticos, y menos en una entidad con tantos antecedentes de la mala relación entre cualquier tipo de protesta social, con la acción de la fuerza pública para disuadirlas.

Esto, explicado de otro modo, sería más o menos así: mientras el funcionario encargado de temas políticos busca resolver un asunto como este a través de la concertación urgente con los grupos inconformes, el policía pretende disuadir la manifestación para restituir el orden, y una vez logrado esto tratar de que los inconformes hagan valer sus pretensiones a través de los cauces institucionales.

La segunda de las vías no es incorrecta, pero simplemente no funciona en un entorno político como el nuestro. Toda la población, y no sólo los maestros, tienen aún fresco el recuerdo del 2006, y los efectos de una imprudente acción policiaca cuando lo que era verdaderamente necesario era continuar por la vía política.

Este planteamiento, que es inadmisible para quien tiene un tajante sentido de la legalidad, sí lo es para quien entiende que muchas veces la gobernabilidad y la estabilidad pasan por una tolerancia mayor a la debida, o por la búsqueda de alternativas que no siempre tienen un respaldo legal pleno, pero que son necesarias para no hacer contraproducente la solución que se le da a un problema en específico.

El problema es que el secretario López Escamilla tiene una visión estrictamente de policía, que no sirve para abordar problemas que rebasan la simple esfera policiaca. Es cierto que no se puede tolerar todo; pero también lo es, que no se puede andar por la vida echando a la fuerza pública a quienes, por intransigentes que sean, representan un potencial riesgo para la estabilidad de la misma institución.

Todo eso deja un saldo altamente negativo. Un problema sindical simple (sí, cargado con ciertas “jiribillas” de detractores internos del secretario López Escamilla), fue magnificado por el poco tacto con el que fue tratado por el Comisionado de la Policía Estatal, que también demostró ser un policía sin disposición ni visión para resolver, o al menos encausar, este tipo de problemas por otras vías que no sean las del uso de la fuerza pública. Y, al final, ese tema simple trascendió en un conflicto de gobernabilidad para la propia administración estatal que, mientras tanto, ya tiene cerradas todas las oficinas públicas estatales, por tiempo indefinido.

UN BUEN PLEITO…

Dice el refranero que muchas veces es preferible un mal arreglo que un buen pleito. ¿Tendrán esto claro, todos los que llevaron este problema a su situación actual? ¿Si el secretario López intuye que este conflicto laboral es una especie de “fuego amigo”, para qué les dio más motivos? Son preguntas.

+ Oposición oculta; colaboracionismo disimulado

Esta primera etapa como principal fuerza de oposición, debiera ser la de mayores dividendos políticos y electorales para un partido supuestamente sólido como el PRI, en un escenario como el de Oaxaca. Pero no. Esta historia tiene un panorama distinto y desolador, que debiera tener en honda preocupación a los tricolores que hoy pretenden engañarse con aquello del “partido del triunfo”, y a los que verdaderamente desean recuperar la fuerza que tuvieron como fuerza política en otros tiempos.
Habiendo gobernado la entidad por varias décadas de manera continua, y conociendo a fondo los problemas más importantes de la entidad —muchos de ellos, creados directa o indirectamente por ellos mismos—, pudiera creerse que, con la mano en la cintura, los priistas podrían hacer añicos al recién asumido oficialismo, para luego capitalizar esas ganancias en votos y preferencias electorales.
Sólo que la realidad apunta en una ruta distinta: el papel de oposición que han asumido es prácticamente invisible. Y junto con ello, han profesado un abierto colaboracionismo con sus supuestos adversarios, que hoy deja dudas respecto a si verdaderamente es esta una actitud democrática, o una especie de “trueque” para no profundizar la persecución judicial a ciertos personajes.
En la jerga de los políticos, los legisladores y los abogados, es popular el refrán que dice que “quien hace la ley, hace la trampa”. Esto, llevado al ejemplo específico de Oaxaca en estos tiempos de alternancia, podría operar perfectamente para un priismo que, habiendo generado, o manejado, la gran mayoría de los conflictos y problemas públicos que subsisten en la entidad, también podría tener al alcance la posibilidad de allegarse de las soluciones posibles, o cuando menos de las vías correctas para dar el cauce adecuado a esos asuntos cuando, se supone, el gobierno es incapaz de manejarlos.
Es decir, que bajo esa lógica de que “quien hay la ley, hace la trampa”, podría creerse que si de algún modo ellos habrían conocido los problemas como gobernantes, también habrían de tener a la mano ciertas nociones específicas sobre cómo alcanzar soluciones viables. Y, obviamente, siguiendo con el supuesto, esta posibilidad de de tener la solución, debiera reportarles las ganancias políticas que necesitan frente a los electores, para el reposicionamiento de su partido.
¿Hacia dónde apunta la realidad? Hacia un partido que, cuando menos, no tiene claro cuál debe ser su esquema de oposición, que tampoco tiene un rumbo definido en cuanto a sus estrategias de trabajo para conseguir resultados; y que, por si fuera poco, tampoco ha aprovechad el papel que debiera estar desempeñando, y que mucho menos tiene la noción de cuál será su nueva oferta al electorado. Es decir, están en algo así como un callejón sin salida.
La razón es evidente. En estos 15 meses como partido de oposición, la dirigencia priista no entendió el papel que le tocaba jugar tanto al interior de su partido, como frente a las demás fuerzas políticas y, sobre todo, frente al gobierno. El no tener idea de lo que debiera hacer, debilitó su presencia e importancia, y de hecho la anuló como articulador e interlocutor con todos los grupos. ¿De qué hablamos?
De que el o la dirigente priista debía ser el líder de la oposición en Oaxaca. Debiera ser, idealmente, el hombre o la mujer que marcara los posicionamientos de su partido frente a los asuntos públicos de la entidad; debiera ser también quien estableciera las líneas estratégicas del trabajo de los representantes populares (locales y federales) en las distintas cámaras legislativas con presencia de priistas oaxaqueños; debió ser el interlocutor institucional con el Gobierno del Estado. Y, sobre todo, debía ser quien generara los equilibrios internos suficientes como para tener una vida democrática más o menos sana y llevadera frente a las acciones y embates de sus adversarios.
El problema es que Eviel Pérez Magaña nunca asumió el papel que le tocaba jugar. Fue exactamente lo que no necesitaba un partido como el suyo, en el momento en el que a él le tocó encabezarlo. Y es que el PRI necesitaba a un Presidente fuerte y tuvo a uno que no tenía ánimos de oponerse a nada. Necesitaba ser un vaso comunicante con todos los grupos internos, y sólo se encargó de dividirlos. Necesitaba ser un líder y apenas si sostenía su cargo gracias a las reglas estatutarias. El PRI necesitaba un estratega, y Pérez Magaña sólo fue un Presidente que se dedicó a vegetar en su cargo.
Y por eso, hoy, el desastroso resultado de su periodo como dirigente priista, está a la vista de todos.

¿OPOSICIÓN LEGISLATIVA?
Esas omisiones de la dirigencia priista, dejaron “sueltos” a todos los factores internos. ¿Y qué pasó? Que cada uno asumió su propia fuerza, creó su agenda, y comenzó a negociar aisladamente con sus adversarios. El resultado quizá sea provechoso para los personajes. Pero es repugnante para un partido que, se supone, intenta replantearse para recuperar el agrado de los electores.
En el Congreso del Estado, por ejemplo, la oposición presentada por el PRI no fue digna de presumir. Porque salvo algunos destellos, en realidad sus resultados objetivos hablan de sumisión al Ejecutivo, de total colaboracionismo con las decisiones oficiales, e incluso de acuerdos oscuros o de prestancia a prácticas deleznables de “negociación” política (algo así como decidir el sentido de su voto a cambio de dinero) que ellos mismos llevaban a cabo cuando formaban parte del grupo gobernante.
Además, el PRI en el Congreso tampoco tuvo una agenda definida, y mucho menos esquemas claros de trabajo que luego les permitieran capitalizarlos en votos. Y es que sus supuestas “grandes aportaciones a Oaxaca”, son exactamente las mismas que presumen el gobierno y los partidos coaligados, y, por si esto fuera poco, tampoco son muchas ni verdaderamente importantes.

ESCENARIO SOMBRÍO
¿Qué pueden esperar ante todo eso? Que ellos construyeron este escenario sombrío que hoy tienen enfrente. Su falta de idea y de determinación como fuerza de oposición. El miedo de sus dirigentes a asumirse como tales, y la sospechosa disposición de sus representantes populares para contribuir a las causas oficiales, además de sus propios errores y reyertas internas, hoy los tienen en un estado de incertidumbre. No supieron aprovechar este momento. Y ahora no tienen algo objetivo, y real, con qué convencer al electorado de que son eficaces como instituto político.