+ Incapacidad, intereses y desidia, hacen coctel

El posible retiro de la millonaria inversión de Mareña Renovables tiene hoy una connotación nacional, por el menosprecio a los pueblos indígenas, por la avidez de hacer negocios rápidos antes que verdaderamente garantizar una inversión a largo plazo, y por la desidia del gobierno para atender un tema tan delicado como este. El amague directo hecho por la directiva de esa empresa, es sólo la punta de lanza de todo un proceso negociador que ha estado viciado desde el principio, y afectado por intereses que han ido del descuido a la voracidad.

En efecto, desde hace más de un año, Mareña Renovables espera las condiciones adecuadas para emprender su desarrollo eólico —considerado el más grande de América Latina— en las comunidades de Santa María y San Mateo del Mar, en el Istmo de Tehuantepec. Desde que comenzó a planear el desarrollo, esa empresa contrató a un despacho mexicano de gestores-negociadores, que sería el encargado de generar las condiciones sociales y políticas mínimas en las comunidades involucradas, para que sus pobladores accedieran a participar en el proyecto, y para controlar cualquier tipo de eventualidad relacionada con los grupos de lucha social que existen en la zona. Ese despacho de gestores-negociadores está encabezado por el oaxaqueño Julio Esponda, y cuenta con la participación y asesoría del ex gobernador Diódoro Carrasco.

Ahí, al parecer, inician las torceduras de este asunto. Pues aseguran quienes conocen el tema que Mareña dio por hecho que contando con la asesoría y seguimiento de un ex mandatario (con fuertes ligas y ascendencia en el gobierno actual), podría tener aseguradas las condiciones mínimas para que la inversión estuviera garantizada. Y los asesores, en aras de ver su negocio cristalizado en el menor tiempo posible, habrían minimizado la necesidad de hacer un trabajo social y político milimétrico en cada una de las comunidades, y con cada uno de los grupos sociales con presencia en la zona, y dieron por sentado que habría adherencia al proyecto eólico. Este fue el primer gran error. ¿Por qué?

Porque al parecer no calcularon correctamente cuando menos tres cuestiones. Primera, que las decisiones que afectan a toda la comunidad en los pueblos indígenas se procesan de una forma particular, en la que debe haber diálogo y sensibilidad. Segunda, que supusieron que el gobierno les daría todo el respaldo en el control de la gobernabilidad derivado de las ligas entre el Gobierno actual y el ex Mandatario. Y tercera, que la avidez por el chantaje de algunos grupos sociales podría ser controlada sin mayor contratiempo. Y parece que fallaron en todo.

Fallaron en lo primero, porque si algo tienen claro hoy las comunidades indígenas, es que tienen derechos derivados de instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado a consultarlos en temas que relacionen a su gobierno, su forma de convivencia o su territorio, y a respetar su determinación. Aunque sí hubo trabajo en este sentido, lo hecho no fue suficiente para convencer a los pobladores originarios que el establecimiento del complejo eólico era lo mejor que podía ocurrirles. Esa fue una primera traba que, a la luz de las dos siguientes, hoy se aparece como la menos importante.

Fallaron también en la segunda. Pues los negociadores contratados por Mareña no calcularon que hoy el gobierno tiene otros intereses políticos en la zona, y que por esa razón su apoyo no sería dado como un tema dado por hecho. Todos se hallaron con las resistencias propias de funcionarios del gobierno estatal que, al mismo tiempo, tenían intereses políticos directos en la zona, que además esos intereses estaban relacionados con grupos que por chantaje o avidez se iban a presentar como opositores a Mareña; y que, por si eso fuera poco, el gobierno estatal habría de tener un manejo político desastroso en la contención de esos intereses.

Y finalmente fallaron en el cálculo sobre los grupos sociales. Pues es cierto, Ucizoni de Carlos Beas puede representar a 20 personas —como lo han afirmado estos días. Pero esas 20 personas han tenido la capacidad suficiente como dejar en un segundo plano la voluntad de la mayoría de los habitantes de las comunidades involucradas, y de hacer valer, por la fuerza, su intento por detener el proyecto o negociar beneficios a cambio de dejarlo continuar. Si el despacho de negociadores contratado por Mareña consideró que con unos cuántos pesos podría controlar el asunto, falló gravemente.

LA MEZQUINDAD, POR DOQUIER

Ahora bien, eso no significa que toda la responsabilidad se encuentre en la avidez y la insensibilidad de Carrasco como negociador y mediador en un asunto como éste. En realidad esa es sólo una parte de todo este problema, que se profundizó por la voracidad de grupos como Ucizoni que dicen representar a todas las poblaciones involucradas, cuando en realidad no son siquiera identificados por los pobladores y mucho menos tienen liderazgo y representación en la zona.

Y esta doble desgracia se enmarca con un gobierno que no ha sabido mediar entre sus propios aliados (Carrasco, por un lado, que trae de la mano a Mareña; y a los grupos de “izquierda”, que son quienes bloquean el proyecto, pero que son con quienes el régimen pretende ganar las próximas elecciones); y que, al contrario, con su indolencia ha permitido que este asunto llegue a niveles críticos de confrontación, y que hoy Mareña Renovables esté a punto de retirar su inversión no sólo de Oaxaca, sino del país.

Por todo eso, este problema tiene una dimensión nacional: si Mareña se va, no sólo será Oaxaca, sino México, quien quedará ante la mirada internacional como un país que no garantiza inversiones. Se perderá también una inversión multimillonaria, y la oportunidad de desarrollo para las comunidades indígenas que hoy viven en la más honda pobreza. Y Oaxaca constatará su imagen de una entidad ingobernable y hostil a todos aquellos que pretenden aprovechar sus riquezas naturales.

MÁS INTERLOCUTORES

Una última razón sobre por qué este es un problema nacional: por las circunstancias, el gobierno estatal ya fue rebasado. Y debe ser la Federación quien atienda políticamente este problema y haga lo necesario por resolverlo. Mareña no debe irse. Pero si se queda debe ser a través del convencimiento y del respeto a los pueblos, y también con la garantía de que su presencia traerá beneficios y desarrollo para todos, sin ser sólo un negocio para un puñado de políticos y líderes de la lucha social.

+ Ahora, el magisterio no debe imponer su sola voluntad

En las condiciones actuales, lo único que debiera restar es la desaparición del Legislativo como poder del Estado en Oaxaca. La sumisión que han demostrado sus integrantes, el trato indigno que han permitido por parte de un poder fáctico, y la ausencia total de una noción sobre lo que significa el poder público, hace que sus integrantes hayan degradado al Congreso del Estado a tal punto, que lo único que les faltaría por permitir sería su aniquilación como Poder Soberano.

En efecto, las condiciones actuales no podían ser peores: por segunda ocasión, un poder fáctico como la Sección 22 fue capaz de paralizar por completo sus actividades, en aras del cumplimiento de una pretensión política. La vez anterior, en 2006, la Sección 22 del SNTE trataba justamente de que el Poder Legislativo no cumpliera con sus deberes constitucionales, para demostrar con ello que los poderes no funcionaban y que por tanto la Federación debía desaparecerlos para nombrar un nuevo gobierno en la entidad. Lo paradójico es que, en esta ocasión, la 22 quiere justamente lo contrario: que el Congreso legisle una ley a modo. Sin embargo, presiona haciendo justamente lo contrario. Es decir, impidiendo sus labores.

En 2006, el Poder Legislativo del Estado fue duramente criticado porque, ante las circunstancias de toma de sus instalaciones, la entonces Gran Comisión decidió habilitar sedes alternas en las cuales pudiera funcionar. Aún con el estado de sitio fáctico que imperaba en la entidad, también a manos de la Sección 22 y la APPO, y en condiciones que parecían poco decorosas para uno de los Tres Poderes del Estado, el Congreso sesionó en el patio de una casa, en un salón de fiestas o en centros de negocios de hoteles de la capital oaxaqueña, con tal de no detener el trabajo legislativo.

¿Pero qué pasa ahora? Que, de nuevo, el Congreso se convirtió en rehén de uno de los caprichos de la Sección 22. Y aún cuando en este caso lo que quiere el magisterio —valga la redundancia— es justamente que el Legislativo legisle, lo cierto es que su estrategia ha estado encaminada a arrodillar primero a los diputados, para luego tratar de que éstos hagan no lo que deben, sino lo que los maestros exigen. Lo más grave de todo, es que ante este burdo intento, los diputados no sólo no han mantenido el decoro mínimo de su investidura y del respeto que deben procurar para el Poder Legislativo como ente soberano, sino que además han aceptado a pie juntillas las maniobras de la Sección 22 deteniendo por completo la actividad legislativa.

En estas condiciones, ¿qué es peor: Que en el 2006 el Poder Legislativo sesionara en el patio de una casa o en un salón de eventos sociales legalmente habilitado para esos efectos, o que hoy mantenga todas sus actividades detenidas sólo porque la Sección 22 se niega, en un acto de radicalismo puro y sin ninguna razón válida, a entregarle sus instalaciones?

Por eso, la sola aceptación del documento que contiene el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca, convalidó todas y cada una de las maniobras del magisterio oaxaqueño, y reafirmó el estado de sumisión en que se encuentra el Congreso del Estado en Oaxaca.

¿QUÉ QUEDA?

A pesar de la profunda indignidad que le han profesado al Poder Legislativo, los diputados no se equivocan: legislar en el marco jurídico oaxaqueño un tema educativo es poco trascendente, debido a que la reforma de la materia en el ámbito federal es jerárquicamente superior a la local, en todos los sentidos. Y la única forma en que podrían interactuar una y otra en este mismo momento, tendría que ser a partir de la armonización y coordinación que hubiese entre ambas, pero nunca en el estado de contradicción que pretende la Sección 22.

Y es que el problema es que los maestros oaxaqueños rechazan la reforma constitucional federal, y exigen la legalización y constitucional del PTEO en Oaxaca, no porque en verdad ésta última sea perniciosa para la educación y el plan alternativo sea la panacea, sino porque la reforma federal fue elaborada y pactada por gobiernos emanados de partidos a los que ellos consideran como adversarios, y porque ellos asumen el reconocimiento de su plan como una respuesta política, y no estrictamente educativa, al régimen de poder con el que no coinciden.

Esa es una de las razones torales por la que es doblemente insana la postura de los diputados locales. Pues en su pobre concepción, el Poder Legislativo quedó supeditado a las exigencias de la Sección 22, y lo mismo podría ocurrir con el tema legislativo. Si eso ocurre, no sólo se premiarán los caprichos y las maniobras del magisterio democrático para demostrar su poder, sino que haría entrar a Oaxaca en una contradicción seria con la Federación en cuanto a la aplicación de los lineamientos administrativos y técnicos relacionados con la educación.

¿Qué hará el gobierno de Oaxaca, si se legaliza y constitucionaliza el PTEO por capricho de la Sección 22, si la Federación comienza a recortar recursos por la incompatibilidad de modelos educativos? ¿Qué hará el gobierno de Oaxaca si, finalmente, la Federación deja de financiar paulatinamente la educación en la entidad porque, por capricho de la Sección 22, no se cumplen con las condiciones mínimas que éste impone para otorgar mejores condiciones?

Algo de eso ya ocurre en la actualidad. Pues aunque la Sección 22 lo niega y algunos profesores han aceptado el daño en aras de su militancia y de su fe en el magisterio democrático, lo cierto es que ya ha habido recortes y negativa a mayores recursos en temas como la antes llamada carrera magisterial, que en Oaxaca no ha mejorado en los últimos años, justamente porque el magisterio oaxaqueño no se ciñó a los lineamientos establecidos en la Alianza por la Calidad en la Educación. Lo que sigue, en ese ámbito, es que la Federación comience a recortar recursos en virtud de la falta de evaluaciones y de seguimiento a quienes han sido beneficiados de ese programa, pero que desde hace varios años no pasan por ningún proceso de corroboración de sus conocimientos.

CAPRICHOS, A FUERZA

El gobierno de Oaxaca ha permitido, cada vez en una situación más forzada, que la 22 siga estando al margen de las evaluaciones y los criterios delineados por la Federación. ¿Estará dispuesto a hacer todavía más? Si la respuesta es positiva, entonces ya debería nombrar a Rubén Núñez Ginés como director del IEEPO, y terminar así de institucionalizar este asalto a la educación y al poder público en Oaxaca.

+ Convertir el PTEO en ley sí es posible

En las condiciones actuales, la lucha de la Sección 22 del SNTE parece únicamente encaminada a la victimización y las lamentaciones. Pues aunque intentan usar toda su fuerza para doblegar al gobierno y Congreso del Estado, y hacer ley su Plan por la Transformación de la Educación en Oaxaca, lo cierto es que están destinados a perder. Ese camino irremediable, parte de su incapacidad para controlarse y de su proclividad por la beligerancia, y no del hecho de que exista una especie de conspiración en su contra.

En efecto, ayer el representante de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en Oaxaca  de la Secretaría de Educación Pública, Roberto Ledesma Solares, consideraba en entrevista con TIEMPO, que con la constitucionalización a nivel federal de la reforma en materia educativa, ahora lo importante radicará en la elaboración de las leyes secundarias que reglamenten lo recién establecido en el nuevo artículo tercero constitucional. Esta cuestión debiera ser fundamental para una lucha de verdad razonada por parte de la Sección 22, en lugar de forzarnos a todos los oaxaqueños, a un nuevo “tour de force” para tratar de alcanzar sus objetivos políticos y no educativos. ¿Por qué?

Porque desde antes de la reforma educativa —y a pesar de los dichos forzados de quienes veladamente intentan defender la postura radical del magisterio oaxaqueño— se sabía que la visión federal sobre la evolución educativa ya había arrollado a prácticamente todos los argumentos y justificaciones de la Sección 22. Más allá de las pasiones políticas o la militancia sindical, todos saben que la propia Alianza por la Calidad en la Educación ya contenía muchos de los temas que el magisterio oaxaqueño daba por inexistentes, y en los cuales justificaba su resistencia a dicho plan. Obviamente, todo ese contenido pasó a la reforma constitucional, y será ley cuando se establezca la reglamentación secundaria. Si la Sección 22 fuera inteligente y razonable debiera tener esa legislación federal como su objetivo principal de lucha en estos momentos.

Es evidente que la Sección 22 tiene la fuerza suficiente para hacerse escuchar, y ser tomada en consideración, aquí en Oaxaca o en la capital del país, por los gobiernos estatal y federal o por los Congresos en esos ámbitos. En ese contexto, la 22 no tendría ningún problema para exigir un espacio en los foros legislativos de discusión, y en las mesas de expertos que están instaladas entre el Congreso federal y la SEP para la elaboración de las normas en materia educativa que reglamenten el contenido de la reforma constitucional.

El problema, sin embargo, es que la Sección 22 confunde la fuerza con la beligerancia. Pues cuando asumimos que podría tener la fuerza suficiente, y hasta sobrada, para hacerse presente, a cualquier nivel, en los foros educativos y en la discusión legislativa sobre la educación, es porque éstos tienen cierto grado de legitimidad y de representación de un sector educativo importante que es nada menos que el de buena parte del sureste del país. Lo lamentable es que ellos no asumen esa fuerza, y más bien la confunden con la capacidad de movilizarse, de abandonar las aulas, de presionar al poder público por la vía de facto, y por su capacidad por bloquear, gritar y hacerse presentes a través de las formas más irracionales conocidas hasta ahora.

Eso es lo que, al final, los termina marginando de todo: Los margina su beligerancia, su incapacidad para controlarse, su intolerancia y la excesiva proclividad que tiene hacia la movilización y hacia los métodos radicales. Por eso, solos se cierran las puertas en todos los foros serios donde sí se decide el futuro de la educación; por eso —y no porque en esencia sus argumentos sean equivocados— tienen una imagen y una opinión fuertemente desacreditadas que finalmente lo que provocan es que se cancelen sus posibilidades de ver materializados, y operantes, sus planteamientos traducidos en ley.

EL CAMINO: LA DEMAGOGIA

La Sección 22, a la vista de todos, sigue un camino errado, y lo más preocupante es que no parece estar ni siquiera preocupada por su decoro y por la inviabilidad de sus propuestas. Pues mientras ellos deberían estar dando la batalla en la capital del país, y ante las cámaras legislativas federales para que allá se tomen en consideración sus planteamientos y los incluyan en las leyes secundarias que ya se preparan, ellos insisten en continuar una guerra de movilizaciones y presiones aquí en Oaxaca.

Además, los profesores democráticos de Oaxaca exigen que su reforma sea establecida en la Constitución local y se implemente por potestad “soberana” del gobierno estatal, aún cuando casi el total de todos los recursos que se aplican provienen de la Federación. Por si esto fuera poco, el magisterio oaxaqueño exige una reforma en contrasentido a la federal. Pues ésta busca la devolución de la rectoría educativa al Estado, pero la 22 plantea una reforma que consolide el poder de la educación en el sindicato y termine de entregar la institución reguladora de la Educación (el IEEPO) al magisterio, para que éste lo maneje con más discrecionalidad de la que hoy goza.

Al final los únicos dos caminos son la ley o la demagogia: el camino de la ley debiera radicar no en la claudicación de las convicciones del magisterio, sino en el abandono de sus estrategias de beligerancia para entrar en un proceso de negociación en el que se incluya su visión en la reforma que hicieron los partidos políticos nacional a los que ellos consideran como sus adversarios. El camino de la demagogia es el que siguen actualmente. Lo más que lograrán, con él, es reiterar al público sus capacidades de choque y de presión. Pero, sin duda, no podrán conseguir la inclusión de sus planteamientos o una victoria de la cual puedan presumir a largo plazo.

Quizá, en el más real de los escenarios, consigan que en Oaxaca el gobierno y el Congreso no toquen sus intereses. Sin embargo, eso no significará que su PTEO funcione o que su visión de la reforma educativa —que debiera ser lo auténticamente trascendental— se consolide en ley y trascienda a su poder actual.

AUTONOMÍA MUNICIPAL

No sólo con el tema de las constructoras y de la obra pública, el Gobierno del Estado sobrepasa la autonomía de los municipios. ¿A alguien le preocupa, por ejemplo, que los Módulos de Desarrollo sean quienes “validen”, entre los municipios y el Congreso, los Planes Municipales de Desarrollo? La inconstitucionalidad, a todo lo que da. Abundaremos.

+ ¿Cómo querer que legislen cuando ellos lo niegan?

A la memoria de mi padre,

Ismael Humberto Ortiz Romero.

Es contradictorio —por no decir que un auténtico insulto a la inteligencia— que los profesores de la Sección 22 del SNTE exijan que tanto el Congreso, como el Gobernador del Estado, conozcan y discutan el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO), pero que al mismo tiempo mantengan un amague abierto con la movilización y el paro indefinido de labores, e insistan en el cerco que instalaron desde hace varios días en el Recinto Legislativo de San Raymundo Jalpan.

En efecto, esas ­acciones son contradictorias no sólo desde el punto de vista del pragmatismo, sino incluso de la formalidad que pretenden dar a su Plan como alternativa viable para la educación pública en el Estado. Los profesores de la Sección 22 han manifestado no su ánimo, sino la exigencia, de que el PTEO sea discutido a los más altos niveles del sector público en la entidad.

Pero al mismo tiempo han demostrado, con hechos, no confiar en sus interlocutores. En esas condiciones cualquier diálogo democrático se hace imposible, y todo se intercambia por un grosero intento por doblegar al Gobierno y al Congreso, con tal de ver cumplida —a fuerzas— una pretensión que ni ellos saben si es viable legal, constitucional, económica, política y académicamente, en una entidad como la nuestra.

¿Por qué los maestros exigen diálogo? Porque, en la práctica y en la teoría, no tienen otro camino para conseguir su reforma más que la aparente “civilidad”. Por esa razón, los profesores han llamado al gobierno estatal y al Congreso del Estado para que conozcan a fondo el PTEO, y para que analicen todas las posibilidades de darle el reconocimiento debido en la Constitución, dotarlo con la fuerza de la ley, y finalmente aplicarlo en todo el sector educativo de la entidad.

Sin embargo, en todo esto no sólo cuenta el qué, sino también el cómo. Ahí es donde está el problema. Pues la civilidad que en apariencia han demostrado los trabajadores de la educación al elaborar un proyecto de ley, y presentarlo ante el Poder Legislativo para que sea discutido (recordemos que el artículo 50 de la Constitución local faculta a cualquier ciudadano a presentar iniciativas de ley), no es sino una pose que únicamente ha servido para darle forma legal a sus actos.

Fuera de eso, todo ha sido un abierto amague. ¿Por qué? Porque aparejadamente a su “acto constitucional” de presentar un proyecto de Ley, los señores profesores han amagado al gobierno estatal (y todos sabemos que sí son capaces de hacerlo) con parar labores y llevar a cabo movilizaciones masivas, y tomó unilateralmente la decisión de cercar el Poder Legislativo e impedir todo trabajo en la sede formal del Congreso del Estado.

En esas condiciones, se pierde toda la civilidad y las buenas formas que los profesores oaxaqueños intentan hacer creer que han tenido… y se presentan de cuerpo entero como los totalitarios intolerantes que sólo pretenden hacer valer su verdad negando cualquier posibilidad real de diálogo, y todo intento por generar condiciones democráticas para una reforma educativa de gran calado.

Y si eso es algo ya de sí grave, lo es todavía mucho más que, en su intento, los trabajadores de la educación estén negando toda posibilidad de un gran acuerdo que permita el tránsito de una reforma educativa en la que de verdad estén involucrados los profesores, las autoridades, los padres de familia, los alumnos y la ciudadanía en general.

¿DIALOGANTES O VERDUGOS?

La espada de Damocles pende sobre todos en Oaxaca. En su intento por legitimar el PTEO, los maestros parecen estar dispuestos a generar todas las condiciones que sean necesarias, no para llegar a una conclusión que deje satisfechos a todos los involucrados, sino para demostrar que es únicamente su verdad la que vale en la educación en la entidad.

Quizá en eso se funda su intento por deslegitimar a sus interlocutores. Sólo en un mundo de locos, como Oaxaca, podría pensarse que es posible que un poder fáctico como la Sección 22 exija la realización de un acto constitucional —la legalización y/o constitucionalización de un planteamiento específico a través del proceso legislativo— a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, pero que al mismo tiempo los descalifique sistemáticamente e incluso impida su funcionamiento en las condiciones democráticas mínimas que debían existir para el reconocimiento de un plan educativo, en sus dichos tan bondadoso, como dicen que es el PTEO.

Eso mismo ocurre frente a la sociedad. Pues los profesores oaxaqueños aseguran que la reforma constitucional federal en materia educativa no tomó en consideración a todos los ciudadanos y actores sociales involucrados. Pero ellos están haciendo exactamente lo mismo respecto a su plan. En palabras sencillas, ellos lo único que han dicho es que tal plan es la verdad indiscutible en la entidad. Y que por esa razón debe ser aprobado tal cual, sin ningún tipo de adicionamiento o cuestionamiento por parte de los expertos, de la ciudadanía, de los legisladores, del Gobernador o de los mismos trabajadores de la educación que no necesariamente están de acuerdo con el PTEO.

Por todo eso, cabe la pregunta de si los maestros son de verdad agentes dialogantes o verdugos de la educación y la paz en Oaxaca. ¿Cómo justificar que sus planteamientos y sus decisiones son los más claros, cuando al mismo tiempo asumen el amague como la parte oscura de su negociación? ¿Cómo querer que la ley se consolide, y se cumpla, cuando en el camino que ellos mismos están trazando no hacen otra cosa más que romperla y cuestionar su imperio?

Por eso la espada de Damocles pende sobre todos. Moverse no es opción. No hacerlo, tampoco. Pues aquí las únicas dos opciones son, o reforma a capricho de los profesores, sin que nadie pregunte, y bajo su amague; o un conflicto que sólo afectaría más a la ya muy maltrecha educación pública en el Estado.

ILEGALIDADES

Más allá de los caprichos, en el PRI tienen un gravísimo problema para legalizar sus decisiones: los cambios en su dirigencia anunciados ayer tienen serias dudas sobre su legalidad, si se miran desde la lógica de que el Comité Directivo Estatal no tiene Presidente y Secretario General, sino sendos encargados, y que sus relevos los han hecho con la sola fuerza de los acuerdos políticos, pero sin ninguna forma legal. No aguantarían una impugnación ante los tribunales electorales. Seguro.

+ ¿A costa de qué se pactaría entrega de plaza?

2013 será un año esencial para la reconstitución real del PRI, como un partido ganador. En este año habrá elecciones en cuando menos 16 entidades, se renovará alrededor de la mitad de los gobiernos municipales del país y, como en el caso de Oaxaca, habrá también importantes escaramuzas electorales, en las que se supone que el PRI tratará de ocupar mejores posiciones como partido de oposición. Aunque, en apariencia, de lo que se trata es simplemente de ganar lo más que se pueda, ¿por qué en Oaxaca parece que van en sentido contrario?

En efecto, las señales del priismo nacional respecto a Oaxaca son por demás contradictorias. A estas alturas, sería ingenuo creer que en el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, en la Ciudad de México, no tengan un panorama preciso de lo que ocurre en Oaxaca, de sus disputas internas y de los desequilibrios, como tampoco de la importante oportunidad de triunfos electorales que aquí existen. Es seguro que allá saben perfectamente que aquí las disputas son profundas, pero que no hay nada que con orden y reconciliación no se pueda resolver, para ganar. Y, ante eso, las victorias son potenciales. ¿Qué ocurre entonces?

Todo esto ha vuelto a revivir a partir de la dimisión de Salvador Sánchez como delegado con funciones de presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Él llegó a la entidad como consecuencia de la concesión que le dio el CEN priista al grupo del ex gobernador Ulises Ruiz, para continuar teniendo presencia mayoritaria en la dirigencia tricolor en Oaxaca. Sánchez está claramente identificado con el mismo grupo ulisista-madracista al que pertenece, como integrante distinguido, el ex gobernador de Tabasco —hijo político de Roberto Madrazo, y hermano político del ex gobernador Ruiz—, Manuel Andrade Díaz, quien seguramente llegará en los próximos días a hacerse cargo de la dirigencia estatal.

Aunque hay alboroto entre los diversos grupos del partido, lo cierto es que la presencia de Andrade o de Sánchez no cambia la situación del tricolor en absolutamente nada: ambos son personajes que continuarán, en línea directa, con la preservación de los intereses ulisistas en el PRI local; ambos pertenecen al mismo grupo; y con uno o con otro, las decisiones que se habrían de tomar serían exactamente las mismas. Es decir, tratar de colocar al mayor número posible de integrantes de ese grupo como candidatos a diputados locales por los dos principios (mayoría relativa y representación proporcional); y nutrir el proyecto del senador Eviel Pérez Magaña como candidato a Gobernador por segunda ocasión en 2016.

A partir de eso puede entenderse que, aunque la inconformidad es comprensible, también es cierto que es intrascendente. Es así porque la línea del PRI de la Ciudad de México parece estar determinada a no cambiar. Eso significa que no habrá recomposición, ni diálogo ni reconciliación ni avenimiento para tratar de integrar a un solo PRI que sea real, que sea fuerte, y que sea capaz de ir unidos. Eso, ya quedó claro, no les interesa.

Sin embargo, más allá de todo eso hay dos cuestiones que son verdaderamente alarmantes: primera, por qué los grupos contrarios al del ex gobernador Ulises Ruiz no han encontrado verdaderos puntos de unificación de sus causas y formas de lucha por la democratización de su partido. Y segunda —que es aún más importante—: ¿a cambio de qué la dirigencia nacional del PRI está desdeñando la posibilidad de tener una mejor presencia en el Poder Legislativo de Oaxaca, y una mejor situación para trabajar por la gubernatura en 2016?

REPRESENTACIÓN DESDEÑADA

Quienes entienden la política más allá de lo inmediato, saben que, políticamente, siempre es mucho más redituable luchar por el poder, que desde el poder. Esto es, que es más cómodo ser oposición, porque desde ahí se puede construir sin tener mayor responsabilidad que la de la crítica y el señalamiento constante a las acciones oficiales. Quienes no entienden esa visión, se quedan a negociar en las primeras condiciones posibles, y asumen actitudes no de oposición, sino de paleros del gobierno en turno. Eso es lo que, lamentablemente, le ocurre a la fracción parlamentaria del PRI en Oaxaca.

Ellos, los diputados locales del PRI en la LXI Legislatura local, tuvieron la enorme oportunidad de afianzarse como protagonistas y líderes de la oposición en Oaxaca, y de construir oportunidades extraordinarias de presencia y capital electoral a partir de su sola posición como fuerza opositora. Prefirieron, sin embargo, transigir a las primeras de cambio, poner a subasta sus votos y sus conciencias, ganar centavos extra a corto plazo, y convertirse en coristas casi oficiosos del régimen que, sin ningún miramiento, los vapuleó en las urnas; y que luego los utilizó, a cambio de algunas monedas, para sacar adelante el conjunto de reformas que, al final del gobierno, entregarán como “legado trascendental” al pueblo de Oaxaca.

¿El CEN del PRI tendrá alguna idea de todo esto? Y si, como creemos, la tiene, ¿para qué querrá que esta práctica se consolide, a través de una bancada más pequeña, más incompetente y con menos ascendencia, como la que se vislumbra para la LXII Legislatura? No puede haber otro escenario, cuando ahora mismo el tiempo que debían estar aprovechando para construir y afinar sus estructuras electorales, lo están perdiendo en disputas, lamentaciones y divisiones, que sólo dejarán a un PRI devastado y con presencia testimonial en algunos distritos del estado.

Lo que, al final, queda en la conciencia de no pocos, es que con esto el PRI está tratando de disimular, lo más posible, un posible acuerdo para ceder por completo la plaza de Oaxaca al partido gobernante. Saben que sin unión y sin concordia a muy corto plazo, las cosas seguirán en situación de caída libre que después no podrá ser revertida con nada. La llegada de Andrade, por todo eso, no cambiará nada. Sólo será un punto más de una ruta que está trazada y que no parece tener variaciones.

UNA PERLA

Alguien más inteligente debería asesorar al senador Eviel Pérez en el uso de su cuenta de Twitter: hace unos días, por ejemplo, escribió: “Es un honor representar a mi país acompañado de nuestro presidente @EPN en el foro de la CEPAL”. O sea, ¿el Presidente acompaña al Senador? El senador Pérez debía cuidar el protocolo, el respeto al Presidente y su propia imagen. Con esos tuits, no hace sino ahuyentar a los tuiteros inteligentes que, sin ser fanáticos, esperan más de representantes populares como él.

+ Claroscuros, para mejorar nuestra justicia

Más allá del enojo colectivo que fundadamente generó la concesión del amparo que el miércoles decretó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la francesa Florence Cassez por los vicios habidos en el proceso judicial seguido en su contra, quedan algunas notas relevantes que deben ser tomadas en consideración, en el mediano y largo plazo, sobre lo que nos queda a los mexicanos por hacer para evitar otro caso como éste. Hagamos un recuento somero de esas reflexiones sueltas que giran alrededor de este asunto.

1. En primer término, es imposible no tomar en consideración que este fallo representa el más duro golpe al gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Si hasta ahora todos los cuestionamientos han girado alrededor de la guerra contra el crimen organizado, este fallo en realidad lo que hace es centrar la atención ya no sobre lo fallido de esa guerra, sino sobre lo descompuesto que se encuentra todo el sistema penal mexicano. Y es que si las cifras de impunidad son de por sí alarmantes —se considera que sólo uno o dos de cada 100 delitos que se cometen en México, tienen la posibilidad de llegar a una sentencia condenatoria— todo se agrava con esta corroboración de que las sentencias condenatorias no son suficientes, porque éstas, como en el caso Cassez, fueron conseguidas por la fuerza y por la presión de ciertos medios, pero no por la eficacia intachable de funcionarios e instituciones encargadas de procurar e impartir justicia. De eso es responsable Calderón, que no sólo no compuso el sistema, sino que se encargó de consolidar su descomposición.
2. Se debe atender a la necesidad no de componer, sino de rehacer completo, el sistema penal mexicano. Este es un momento crítico, en el que las instituciones actuales están dando señales claras de agotamiento. Porque si bien el caso Cassez puso en evidencia las torceduras de un gobierno que quiso aplicar la justicia según la conveniencia o el momento político, en general este asunto también demuestra que todas las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia deben mejorar integralmente. Las Procuradurías no pueden continuar en la misma dinámica actual, de exigir condenas fabricando delitos y forzando la justicia, ante la imposibilidad de hacer un trabajo profesional y capaz de pasar por la revisión de los tribunales a cualquier nivel. Si esto es así, también es claro que los jueces que condenan, en los ámbitos estatal y federal, deben hacer pulcramente su trabajo y dejar de optar porque sea el tribunal de alzada quien finalmente determine las cuestiones polémicas de un asunto.
3. En ese sentido, es imposible desprenderse del hecho de que aún cuando la Corte hizo un llamado mayor a la recomposición del sistema de justicia, también dejó maltrechos los parámetros sobre lo que es el debido proceso. Ante la resolución del caso Cassez, el Poder Judicial de la Federación debe establecer con toda precisión los parámetros que utilizará para enjuiciar correctamente a los señalados por cometer delitos, pero también, y sobre todo, para evitar que esto se convierta en una puerta de salida, a las calles y la impunidad, para quienes cometieron delitos. Esta cuestión es muy delicada, y sobre ella deberán de trabajar, con todo detalle, aquellos que tendrán la responsabilidad de conducir la justicia a partir de esta decisión histórica.

¿Y LOS RESPONSABLES?

1. En todo esto, es evidente que la responsabilidad por la decisión de la Corte, y por los efectos de ésta, no pueden recaer sólo sobre el Estado. Es cierto que éste, en conjunto, es el responsable de fondo por las violaciones a derechos humanos que cometen funcionarios en ejercicio de sus funciones. Sin embargo, aún cuando la Corte no se pronunció respecto a quién es el responsable por la violación a los derechos de Cassez —que, en el fondo, derivaron en su liberación—, sí es indispensable que a partir de ahora se haga un pronunciamiento serio, de Estado, y es que exigido y que merece la sociedad mexicana, sobre quién fue, cómo, por qué, en qué momento, y con qué objeto, se violentaron los derechos de la francesa para forzar un juicio condenatorio. También debe haber justicia en eso, sobre lo que hasta ahora se ha guardado silencio. Es claro que los mexicanos, y más las víctimas directas de la banda de secuestradores a la que pertenecía Cassez, tiene el derecho pleno no sólo de saber que el Estado es responsable por esto, sino también de quiénes en específico fueron los responsables de que, al final, la presunta secuestradora esté de regreso en Francia gozando de una libertad plena.
2. A partir de ahora, también será necesario puntualizar qué situación jurídica tendrá Cassez. Porque no es menor el hecho de que la Corte se haya pronunciado por dejarla en libertad en virtud de los derechos que le fueron violados mientras estuvo en calidad de procesada, sin entrar nunca a la discusión de fondo relativa a si estaba probada o no su responsabilidad en la comisión de los delitos de secuestro y delincuencia organizada. A muchos mexicanos ofendió gravemente el hecho de que Cassez fuera recibida en Francia como una auténtica heroína, inocente, cuando en  realidad la Corte nunca discutió ese tema y tampoco se pronunció al respecto en ningún momento. Finalmente, si los franceses quieren venerar a una secuestradora, ese es problema de ellos y su moral y su política. Pero en México es indispensable que esa cuestión se puntualice lo más posible.
3. Al final, todo esto debe llevarnos a un nuevo momento fundacional. El sistema electoral sólo comenzó a funcionar cuando tocó fondo, y todos coincidieron en que era prioridad reformarlo a fondo para hacerlo confiable y garante de los derechos políticos de la ciudadanía. Eso mismo debe pasar con las instituciones de justicia. El mensaje de “nunca más otro caso así” por el que el miércoles se pronunció la Corte debe ser una oportunidad para el replanteamiento total, y no para que se termine de perder la confianza en las instituciones.

¿Y LAS VÍCTIMAS?

Un lugar preponderante deben tener las víctimas, que fueron revictimizadas con este caso. ¿Las revictimizó la Corte? No. Lo hicieron quienes, desde la PGR, llevaron tan mal el proceso contra la francesa, que ahora, por esos errores, ella alcanzó su libertad. Son dobles víctimas. Por el secuestro, y por la impunidad. Por eso no es la Corte, sino el sistema de justicia, sobre quien debe pesar la condena generalizada de los mexicanos.

+ Precedente: que justicia sea probada y no inducida

El amparo que ayer le fue otorgado a la ciudadana francesa Florence Cassez constituye una de las más dolorosas lecciones sobre lo que no debe volver a ocurrir en el sistema de justicia en México. La mayoría de ministros que integran la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciaron a favor de conceder a Cassez, de manera lisa y llana, la protección de la justicia de la Unión por las graves irregularidades que presenta el proceso por el que fue hallada culpable y sentenciada a 60 años de prisión. La lección es brutal. Pero quizá por eso mismo sea necesaria, para que en México entendamos lo que no debe volver a ocurrir.

En efecto, inicialmente, el proyecto de resolución de la ministra Olga María Sánchez Cordero de García Villegas contemplaba la posibilidad de otorgarle el amparo a Florence Cassez, aunque sólo para efectos. Esto es, para que el expediente judicial fuera devuelto al Tribunal Unitario de Circuito y éste emitiera una nueva sentencia tomando en consideración las irregularidades señaladas por el Máximo Tribunal.

No obstante, la mayoría de Ministros rechazó el proyecto, e inesperadamente la Ministra cambió el proyecto de sentencia para adherirlo al que en marzo del año pasado había presentado, sobre ese mismo caso, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en el cual se pronunciaba por la concesión de un amparo liso y llano en virtud de las graves irregularidades que se habían cometido en el proceso seguido a la francesa. Al someterse a votación se consiguió la mayoría, debido a que entre marzo y hoy existe un cambio en la integración de los Ministros, por quienes se jubilaron en noviembre.

Ante los hechos, es necesario comprender a cabalidad el asunto y también asumir la trascendencia del fallo. Pues, en el fondo, la mayoría de ministros se pronunció no por discutir sobre la culpabilidad o inocencia de Cassez, sino más bien por censurar, de la forma más dura posible, las irregularidades cometidas por la Procuraduría General de la República en el proceso que se le siguió por la comisión del delito de secuestro; y por sentar un precedente de que un conjunto de torceduras legales del tamaño de las cometidas en el caso Cassez, nunca más deben volver a ocurrir en el sistema judicial mexicano.

En ese sentido, los ministros dejaron claro, en conjunto, que la discusión y el fallo nunca tocaría lo relativo a la culpabilidad o inocencia de Cassez (de hecho, su responsabilidad sí se acreditaba); y que más bien, el fondo de la discusión se encontraba en la negativa de la Corte a convalidar que la autoridad judicial mexicana procesara y sentenciara a una persona en base a pruebas forzadas, a montajes, y a irregularidades graves que alteraban de forma profunda al Estado de Derecho y al sistema de libertades democráticas establecido por la Constitución federal mexicana.

Y es que el problema de fondo abordado por la Corte radicaba en la forma en que fueron obtenidas las pruebas, y en cómo se intentó acreditar, por medio de la fuerza, que Cassez era responsable. Por eso, reiteradamente se dijo en medios informativos de la capital del país, que la resolución de la Corte se basó en la protección a las garantías del debido proceso y a la presunción de inocencia. En ese sentido, la mayoría de ministros asumió que aunque la francesa Cassez es culpable del delito cometido, en el proceso en el que se juzgó se cometieron violaciones sistemáticas a su garantía del debido proceso, y que con el montaje y la manipulación que hizo la PGR (entonces encabezada por Genaro García Luna, que luego fuera secretario de Seguridad Pública en el gobierno del presidente Felipe Calderón) se transgredió gravemente la presunción de inocencia establecido y remarcado en el artículo 20 constitucional.

Por eso se estableció que todo eso, visto a la luz del garantismo que ha procurado la Corte y al reconocimiento que la Constitución da a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y al sistema de protección de las garantías fundamentales, ese conjunto de violaciones resultaban inaceptables y por tanto debía otorgarse un amparo liso y llano para que la quejosa (Cassez) obtuviera su libertad de forma inmediata.

EL REVÉS

Todo esto fue tomado como uno de los más duros reveses para la justicia en México. En realidad lo es, si esto se asume desde la lógica de que fue liberada una secuestradora a la que varias de sus víctimas reconocieron plenamente. Sin embargo, y a pesar de la dureza de la lección, también es necesario comprender que, ni en este ni en cualquier otro caso, debe imperar la mayoría de razón por encima de las pruebas legalmente obtenidas y presentadas, y mucho menos por la posibilidad de que el fin justifique los medios.

Aquí es donde se encuentra lo más polémico de este asunto, y seguramente lo que más costará comprender: ¿Por qué la Corte deja en libertad a una secuestradora? La respuesta que dan los ministros es que la Corte no puede sostener que el sistema de justicia pase por alto las graves violaciones cometidas deliberadamente por las autoridades ministeriales, en aras de sostener en prisión a alguien que, aún siendo culpable, fue blanco de violaciones a sus garantías fundamentales.

En este sentido, el ministro Zaldívar —que en marzo de 2012 presentó un primer proyecto de sentencia en el que se pronunciaba por el otorgamiento del amparo liso y llano a la francesa, que finalmente ayer le fue concedido cuando la ministra Sánchez Cordero se adhirió a ese primer proyecto— señalaba que la protección consular y el respeto a los derechos humanos —que son las dos cuestiones que se violaron en el procedimiento contra Cassez— no son tecnicismos, y no se puede sostener que la Constitución es un ordenamiento de cumplimiento optativo, sino que ello garantiza la existencia de un estado de derecho, y un Estado tiene la obligación de ser eficaz respetando los derechos humanos.

LA DOLOROSA LECCIÓN

¿Cuál es el precedente a largo plazo? Que la justicia en México asuma que aún frente a alguien que es responsable de la comisión de delitos tan crueles como el secuestro, es imposible justificar o pasar por alto violaciones a garantías individuales. Hacerlo equivaldría a una especie de Ley del Talión, que es inaceptable. La responsabilidad no priva, pues, de sus derechos a una persona. Y eso es lo que no debe pasar. ¿El costo? La libertad de Cassez. Por eso es una lección que duele muchísimo, pero que al parecer era también necesaria.

+ Incumplimiento y acaparamiento, factores decisivos

Cuando Salvador Sánchez deje el cargo de delegado con funciones de presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Oaxaca, volverá a avivarse la guerra por el control y liderazgo del priismo local. Esto será así porque, según parece, las últimas promesas de arreglo y reconciliación en ese partido fueron de nuevo incumplidas, y porque los equilibrios internos continúan siendo aparentes y ficticios. Por eso, el día que Sánchez deje formalmente la dirigencia, el priismo volverá al mismo estado de caos en que ha estado desde hace más de dos años.

En efecto, para comprender a cabalidad esta guerra que viene, es necesario recuperar algunos momentos del pasado reciente al interior del PRI oaxaqueño, y entrelazarlos con la visión que se tiene actualmente, en el PRI nacional, de la situación que priva en la militancia local y en los liderazgos priistas en el Estado.

En todo esto, lo primero que es evidente es que en los últimos dos años y medio, los agravios generados por el último proceso electoral local no sólo no han sido subsanados, sino que se han profundizado. En primer término, para la gran mayoría de las corrientes internas del priismo, la candidatura a gobernador de Eviel Pérez Magaña fue consecuencia de una tosca imposición, que no sólo no buscó los equilibrios y consensos necesarios entre los grupos representativos, sino que además generó lesiones en una militancia que, a todos los niveles, fue obligada a disciplinarse y fue utilizada para el solo intento de perpetuación del grupo que entonces gobernaba.

Luego de la derrota de julio de 2010, el grupo compacto del entonces gobernador Ulises Ruiz, de nuevo, no buscó los equilibrios y los consensos, sino que, de nuevo, utilizó a la dirigencia priista como especie de tabla de salvación para colocar ahí a sus más distinguidos integrantes, pero también —y eso es lo que en realidad profundizó el agravio— para utilizar a toda la estructura partidaria (con la posibilidad de las postulaciones y el uso de las prerrogativas del partido) en el intento de sobrevivir a los tiempos de oposición y para tener preferencia en las posibilidades de triunfo que le quedaran al tricolor como fuerza de oposición.

Ese segundo episodio fue también un desastre. Pues como dirigente priista, Eviel Pérez Magaña no hizo otra cosa más que utilizar a la estructura y los recursos del tricolor para promoverse como candidato a senador. Y una vez que llegaron los tiempos para tratar de pelear la candidatura principal al Senado, éste se valió de la fuerza que le quedaba a su grupo no para competir, sino de nuevo para imponerse.

En realidad, nadie verificó si él era el mejor candidato, si era el mejor posicionado o si era el más apto para representar al PRI en el Senado. Simplemente, su candidatura se negoció en las cúpulas. Y sólo terminó subiéndose al carro electoral nacional, pero no para ver ganar a su partido, sino para únicamente asegurar el segundo sitio que le permitiera acceder a la cámara alta a través de la posición de primera minoría.

Ya para entonces la dirigencia priista era un caos. El ahora subsecretario de agricultura del gobierno federal, Arturo Osornio, llegó al PRI sólo para echarse en brazos del grupo ulisista-evielista; y Jorge Sandoval Ochoa no tuvo una mejor suerte como delegado, ya que días y noches completas fue objeto de intrigas por no dejarse manipular por el grupo que había perdido la gubernatura del Estado.

En ese escenario, todos veían la posibilidad de construir por primera vez un acuerdo. Eso, sin embargo, quedó roto nuevamente cuando, una vez más, en la Ciudad de México, el ulisismo apostó a la fuerza para la imposición de un nuevo delegado con funciones de Presidente del Comité Estatal, con el establecimiento de un secretario General (Alejandro Avilés) que fuera una especie de “cuña” para cuidar los intereses del grupo alrededor del PRI.

La variante, en todo esto, es que los diversos grupos priistas que apenas en septiembre del año pasado habían exigido una renovación equitativa del Comité Directivo Estatal, ahora sí se manifestaron abiertamente. Por eso, Salvador Sánchez pudo transitar como delegado presidente en sustitución de Sandoval Ochoa, únicamente después de que en la Ciudad de México hubo un arreglo entre el CEN del PRI y los grupos que habían exigido una renovación y no una imposición.

Sólo que hoy, Sánchez está a punto de irse, y aquel acuerdo no tiene visos de cumplimiento. Lo más grave es que, por enésima ocasión, el ulisimo-evielismo comienza a lanzar señales de acaparamiento respecto al acuerdo que se había signado en la capital del país, que al final no hace sino reavivar el encono dentro de un PRI que necesita unificarse y no terminar de pulverizarse.

ACUERDO ROTO

El famoso acuerdo tomado en la Ciudad de México consistió en algo muy simple: que los grupos priistas dejaran pasar a Sánchez, y permitieran que el ulisismo se quedara con la dirigencia del PRI, a cambio de que las delegaciones federales fueran repartidas entre los grupos de los otros ex gobernadores y los priistas que sí tienen una base social y política real en Oaxaca. El ulisismo, se percibía, había quedado “pagado” con las posiciones hasta entonces dadas. Y lo demás sería repartido en aras de conseguir equilibrios.

¿Pero qué ha pasado? Lo único sólido es que Salvador Sánchez se va. Pero ni el PRI nacional, ni los encargados de la política interna del gobierno federal (sería ingenuo pensar que ellos están al margen), han definido qué pasará con el PRI de Oaxaca y con las delegaciones federales. Por eso, ante el anuncio de que Sánchez dejará Oaxaca, el ulisismo lanzó nombres de quienes podrían ser los beneficiarios (que ellos quisieran) de la ruptura del acuerdo antes mencionado. Pero, finalmente, lo que provocaron con ese ruido es que más de uno esté hoy en un renovado ánimo de enojo y confrontación, por los reiterados incumplimientos del PRI nacional y el gobierno federal, y por las burdas intenciones de unos cuántos por seguir acaparando lo que, según, es de todos los priistas.

URGENCIAS

Al grupo del ex gobernador Ruiz le conviene quedarse con la dirigencia estatal del PRI, porque de entrada tendrá mano en la designación (¿venta?) de candidaturas y en el manejo de los casi 30 millones de pesos que ejercerá de prerrogativas extraordinarias para el proceso electoral. Y pretenden las delegaciones para seguirse financiando en aras de la candidatura de 2016. El pequeño problema, es la ruptura de gran calado que seguramente se avecina.

+ Improvisación y uso partidista, son los antecedentes

Las Brigadas Bienestar son un ejemplo claro de que, lo que mal comienza, mal acaba. Ese programa social, que formalmente fue creado al arrancar la pasada administración para abatir rezagos sociales específicos, trajo siempre aparejados una serie de problemas que fueron inherentes a su formación: por un lado, los afanes políticos que en su momento tuvo el PRI alrededor de ese programa; por el otro, la improvisación administrativa que siempre caracterizó a las antiguas Unidades Móviles para el Desarrollo; e incluso la miopía actual por rescatar los aspectos funcionales de ese Programa, antes que desaparecerlo.

En efecto, para entender este asunto es necesario ir por partes. Pues la historia de desencuentros respecto a las Unidades Móviles, luego convertidas en Brigadas Bienestar, comenzó —valga la redundancia— desde el inicio. Este programa fue, en gran medida, creación del extinto Miguel Ángel Cuellar Aguilera. Éste, que fue su iniciador y primer Coordinador General, planteó la existencia de grupos de trabajo que fueran hasta las comunidades a llevar servicios básicos de gobierno, salud, desarrollo y asesoría técnica en diversos temas. El objetivo era que los habitantes de comunidades alejadas no pagaran, y no tuvieran que ir hasta la cabecera distrital o municipio importante más cercano, a recibir una consulta médica, asesoría en temas relacionados con el campo, o servicios como los del Registro Civil.

El problema es que junto a ese objetivo loable venían otros de claras motivaciones partidistas. Desde el inicio del programa, todos los líderes de las unidades fueron enviados desde el PRI Estatal. La idea era que, en cada comunidad, por la mañana cumplieran con sus funciones formales, pero que por las tardes hicieran trabajo político a favor del entonces partido gobernante. Por eso las Unidades Móviles siempre fueron encabezadas por funcionarios con fuertes ligas con el priismo. Y por eso mismo, siempre hubo particular cuidado en que la plantilla de las Unidades fuera funcional, y que según las evaluaciones cumpliera con los objetivos políticos que desde el inicio se habían trazado.

El problema es que el gobierno de Ulises Ruiz nunca hizo algo para que su programa social estrella dejara de ser algo jurídicamente improvisado. De hecho, las Unidades Móviles fueron el ejemplo perfecto de mucho de lo que se hacía en ese gobierno: ideas relativamente brillantes pero sumamente cortas, siempre encaminadas al trabajo de ingeniería electoral enmascarado de preocupaciones sociales genuinas, y siempre puestas en marcha sobre las rodillas. En este caso, las Unidades siempre fueron un programa superficial, que funcionaba por la voluntad del Gobernador, pero que nunca tuvo estabilidad o fuerza jurídica alguna. ¿Por qué?

Porque la Coordinación de las Unidades Móviles siempre existió a través de ordenamientos menores (simples acuerdos o decretos emitidos unilateralmente por el Ejecutivo, que por ende no tienen la fuerza o la estabilidad que relativamente otorga una ley) y su integración se dio por las cesiones de plazas que fueron ordenadas para cada Secretaría.

Y es que, administrativamente, las Unidades Móviles nunca fueron autónomas. Parte de sus recursos venían de Coplade. Y su personal era, todo, nominalmente comisionado para esas tareas, desde cada una de las Secretarías, Direcciones y Organismos Descentralizados del Gobierno del Estado.

Es decir, que las Unidades existían en los hechos, pero no tenían sustento ni organización formal. Y por eso, eran tan endebles —y su personal tenía tantas cargas de manipulación política por el anterior régimen— que, sólo por una cuestión de imagen, la nueva administración se tardó dos años en liquidarlas.

BRIGADAS DE LA POLÉMICA

Quizá no se recuerde, pero luego del triunfo electoral del grupo del ahora gobernador Gabino Cué, en julio de 2010, la primera protesta que ocurrió en contra del gobierno la encabezaron justamente los trabajadores de las Unidades Móviles.

Éstos empleados, que se prestaron a una burda maniobra de manipulación y chantaje, se movilizaron a mediados del mes de julio de aquel año, argumentando que con esas manifestaciones exigían al gobierno agonizante de Ulises Ruiz que les diera estabilidad laboral (Contratos de Base, pues…), ante un anuncio —que seguramente en ese tiempo era ya intención del gobierno electo, pero que en ninguna forma había sido declarado formalmente— de que en la nueva administración se despedirían a todos los que participaron en los programas sociales del gobierno que había perdido las elecciones.

Cuando eso ocurrió, el gobierno de Ruiz dejó correr la protesta, la inquietud y el temor; y lejos de controlar a los empleados de las Unidades Móviles que anunciaban un despido inminente, alentaban de forma silenciosa a que otros empleados de confianza protestaran también, con el objeto de presionar al gobierno electo para que se comprometiera a no despedir masivamente a los empleados que habían operado los programas sociales, que también tenían claros tintes políticos.

Finalmente, el gobierno electo se comprometió a revisar la permanencia de los trabajadores. Con esa aceptación, tuvo que permitir la continuación de las Unidades Móviles. Sólo que una vez que inició el nuevo gobierno, éstas fueron despojadas de la gran mayoría de sus servicios, y fueron adscritas a la Secretaría de Salud para que se dedicaran a la promoción y atención de la salud. Como era de esperarse, el gobierno nunca tuvo intención de mejorar la condición laboral o salarial de los trabajadores de las Brigadas. Y finalmente les dieron el golpe final hace unos días, cuando decretaron su desaparición.

El problema, en todo esto, es que queda claro que el gobierno actual desapareció ese programa sin reemplazarlo. No hay claridad ni certeza sobre la no necesidad de esas Brigadas ante la existencia de servicios de salud establecidos. De los demás servicios, ni hablamos. En el fondo queda claro que las desaparecieron por haber sido estructuras priistas —que tampoco demostraron mucha eficiacia— y no porque necesariamente fueran infuncionales.

¿QUÉ SIGUE?

Seguramente continuará una batalla jurídica entre quienes se resistan al despido. Pero esto también marcará el inicio de una historia que, dentro de unos años, podría terminar igual. Esto, si continúan las ocurrencias en programas sociales, y si al sucesor de Cué se le ocurre eliminar el programa Bienestar, igual que como ahora lo hicieron con las Unidades Móviles.

+ ¿Qué tendrán que hacer para justificar decisión?

Lo que veremos en Oaxaca en cuanto al rechazo de la reforma educativa aprobada por el Congreso de la Unión, no serán sino pretextos para justificar una decisión que de antemano ya está tomada, y que ni siquiera fue acordada por el pueblo o por el gobierno, sino por la Sección 22. La Legislatura local, de nuevo, será quien cargue con la responsabilidad de este capricho magisterial, y de la determinación del grupo gobernante por no contradecir a los profesores democráticos, sin siquiera decidir si están o no de acuerdo con su postura.

En efecto, si bien en Oaxaca el tema educativo se encuentra fuertemente influenciado por rasgos políticos, laborales y hasta emocionales, lo cierto es que esta es de antemano una discusión cancelada y hasta paradójica para los mismos maestros. Una y otra ocasión, los integrantes de la Sección 22 han manifestado que rechazan la modificación planteada por el presidente Enrique Peña Nieto y aprobada por las cámaras federales, porque consideran que ésta más que educativa, es una reforma laboral para los maestros. No les falta razón. Sin embargo, también es cierto que su aspecto laboral es lo único que ellos han defendido en los últimos años. Veamos si no.

Hoy los profesores de la Sección 22 consideran que la reforma educativa es un complemento de la laboral, que pretende terminar con las conquistas laborales de los maestros, congelar el sindicalismo y terminar con los contratos colectivos de todos los sindicatos. Esa es la razón por la que hoy la Sección 22 llama a sus afiliados a “analizar” su situación, a defender los derechos y a tratar de que el gobierno federal reconozca el plan educativo que plantean como alternativa los profesores oaxaqueños.

Ante todas estas aseveraciones de la propia Sección 22, queda una pregunta que en ningún sentido es ociosa: ¿de verdad el interés de fondo de los profesores democráticos es por lo educativo, y no por lo laboral? Pues en realidad, lo que han demostrado es que sus afanes se encuentran colgados eminentemente en el tema económico y no en el docente. Las pruebas evidentes así lo indican.

Los maestros sólo han estado preocupados por lo económico y laboral, y no por lo educativo. Eso es lo que han dejado ver cuando menos en los últimos tres lustros, en los que con todo denuedo han luchado (y lo han conseguido) por mejorar su nivel salarial, sus prestaciones, su situación laboral y los privilegios y conquistas que gracias a su sindicato hoy le son propias.

No se han preocupado por lo educativo, porque a pesar de los millones y millones que cada año se les entregan, éstos lo que han redituado es simplemente nada. La educación en Oaxaca continúa siendo de bajísimo nivel, con graves problemas de ausentismo, baja productividad en los maestros, resistencia a las evaluaciones, y el consiguiente aprovechamiento nulo en los alumnos que atienden.

En ese sentido, los maestros oaxaqueños se dicen preocupados por la “reforma laboral” que según ellos viene disfrazada de educativa, pues ellos mismos ponen como requisito previo para cualquier tipo de revisión de su postura, que el gobierno federal invierta el porcentaje que establece la Ley General de Educación, y mejore las condiciones de trabajo de los mentores. Para justificar su postura, han establecido que mientras no sea así, el magisterio oaxaqueño continuará rechazando cualquier propuesta de modificación y lucharán para que —al menos en Oaxaca, y por una postura de simple testarudez ante su incapacidad por oponerse con más fuerza a la decisión— la reforma sea rechazada por el Congreso del Estado.

¿Y LA VOLUNTAD POPULAR?

Es franco y abierto el intento del magisterio oaxaqueño por conseguir que el Congreso de un voto de reprobación a la reforma educativa. No les costará mucho trabajo conseguirlo, porque en el gobierno y la Legislatura están completamente convencidos de que resistirse a las presiones de la Sección 22 es riesgoso y políticamente incorrecto para las fuerzas de izquierda. A todos les importa un comino el sentir ciudadano, y deliberadamente confunden la voluntad popular con las presiones y chantajes de algunos grupos.

La voluntad popular, según las definiciones coloquiales, se resume en la decisión de la mayoría de las personas que integran una sociedad, y que tienen capacidad jurídica para involucrarse en los asuntos públicos. Sin embargo, eso que parece tan obvio en Oaxaca provoca una auténtica crisis: ni el gobierno ni los diputados tienen convicción por atender la voluntad popular (a través de una consulta bien hecha, de un referéndum auténtico, o de cualquier otro mecanismo en el que efectivamente pueda recoger las opiniones de los ciudadanos), y más bien están decididos a sustituir, con todo conocimiento, la voluntad de la mayoría por las decisiones caprichosas de un sector de la población (el magisterial) que si bien es fuerte, y tiene ascendencia social, no por eso representa a todo el pueblo, ni tiene de forma necesaria el respaldo de la mayor parte de éste.

Y es que la reforma educativa involucra aspectos que nos incumben a todos. Por eso, es inadmisible que la Legislatura tome la decisión de respaldar incondicionalmente al magisterio, a través de la invención de foros, consultas y mesas de análisis que sólo los incluyan a ellos (a los profesores y la dirigencia de la Sección 22), pero que abiertamente se desentienda del deber de recoger el sentir de la mayoría de los ciudadanos, y de ser el reflejo de lo que la verdadera mayoría desea para algo tan esencial para la vida pública, como lo es el texto constitucional de la República.

El camino para avalar la decisión que previamente fue tomada por el magisterio y respaldada por los diputados y el grupo gobernante, está en marcha. A partir de ahora, veremos quizá foros, encuentros y debates, en los que sin duda el punto de partida será el rechazo a la reforma, y no la discusión serena y equilibrada sobre si ésta es benéfica para la educación de los niños y jóvenes oaxaqueños, o si debe ser rechazada por no responder a las necesidades de la educación, o de los intereses de los maestros. El resultado ya lo sabemos. Sólo falta ver con cuánto decoro —si es que lo conocen— arropan su decisión.

CASA DE CITAS

“El magisterio oaxaqueño no está de acuerdo con este tipo de reformas que plantea el Presidente y, por lo tanto, no pasará. Así lo hemos señalado desde un principio”. Palabras de Rubén Núñez, líder de la 22, dichas ahí en el Congreso. En efecto, como lo dijo desde el principio: no pasará.