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Desaparecer la ASE: pésima opción democrática

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+ Las instituciones no deben pagar por las personas

El gobierno de Gabino Cué Monteagudo debe valorar con serenidad si es conveniente que las instituciones democráticas del Estado paguen por los errores o el origen de quienes las integran. Dentro del paquete de reformas que envió al Congreso, existen dos que deberían ser motivo de un análisis profundo, para evitar caer en simples revanchismos que no hagan más que minar la vida pública e institucional del estado: la primera, es la propuesta de desaparecer la Auditoría Superior del Estado; y la segunda, de crear una instancia distinta al Instituto Estatal de Acceso a la Información, como órgano garante del derecho a saber de los particulares.

Es claro que en Oaxaca, como en el país, las instancias de fiscalización superior, así como los órganos que garantizan el acceso a la información pública gubernamental de los particulares, no nacieron como consecuencia de una mera concesión graciosa por parte de quienes detentaban el poder. Ambas instancias, como varias otras que hoy tienen peso importante en la vida política y funcionamiento del gobierno y el país, nacieron a partir de las luchas y los espacios de democratización que fueron ganando las fuerzas políticas que remontaron su condición minoritaria y de exclusión, y consiguieron exigir al gobierno claridad y certeza en la función pública.

El caso de Oaxaca fue más o menos el mismo: el Gobernador del Estado, como concentrador esencial de todas las potestades públicas de la entidad, se resistió hasta el último momento posible a ser revisado, fiscalizado e incluso cuestionado por su actuación. Así, la nuestra fue una de las últimas entidades de la República en las que se crearon órganos de fiscalización como la Auditoría Superior, o el Instituto de Acceso a la Información.

Desde un inicio, en ambas instancias se cuestionó válidamente la integración de las mismas, por considerar que las personas designadas para las responsabilidades no garantizaban por completo la certeza e imparcialidad que requerían esas instancias. En el caso de la ASE, fue nombrada como titular una cercana colaboradora del entonces gobernador Ulises Ruiz, y en el IEAIP, también fueron designadas tres personas con relaciones y compromisos evidentes con el gobierno en turno.

Hasta ahora, sin embargo, ese ha sido el argumento de fondo para cuestionar el trabajo de esas instancias. Distraídos por la sonoridad de los nombres, de las cercanías con el poder, y de las sospechas que eso genera, poco se ha reparado en la calidad del trabajo de esas instancias, así como las formas efectivas, y con validez constitucional, a través de las cuales esos órganos pueden mejorar.

Es claro que el gobierno de Gabino Cué pretende desaparecer esas instituciones, sin antes ponerlas a prueba en su forma actual, y sobrepasando lo que debería hacerse en un gobierno verdaderamente democrático que respeta la ley. Habría que juzgar a la ASE y al IEAIP en razón de sus resultados tangibles y comprobables, y no someterlos a un proceso de sacrifico a partir de su integración.

TRIBUNAL DE CUENTAS

Vayamos específicamente al caso del órgano de fiscalización que se pretende crear. Hace unos días, el gobernador Cué envió al Congreso un proyecto de reforma a la Constitución del Estado, a través de la cual pretende crear una Contraloría Superior del Estado con características que, en sí mismas, transgreden los lineamientos establecidos por la Constitución General de la República para ese tipo de instancias.

Veamos el asunto a detalle: la Contraloría Superior del Estado tendría una titularidad colegiada, integrada por tres personas. Tendría la obligación de sesionar públicamente. Sus miembros serían designados por el Congreso, y durarían cuatro años en sus encargos, con la posibilidad de ser reelectos por un periodo más. Y se eliminarían los principios de posterioridad y anualidad, a través de los cuales un órgano de fiscalización sólo puede actuar revisando los periodos anuales ya concluidos en el ejercicio público, y no en cualquier momento como se pretende

Esto, que aparentemente daría mayor equilibrio y legitimidad popular al órgano de fiscalización, no sólo se equipara a un simple acto de populismo, sino que también viola los principios establecidos en la Constitución federal. ¿Por qué?

Porque el artículo 116 constitucional obliga a todas las entidades federativas a contar con órganos de fiscalización que sean unipersonales, que sean parte de los Poderes Legislativos locales y que cuenten con autonomía técnica y de gestión, que respondan a los principios de anualidad y posterioridad; que el titular del organismo sea electo por mayoría calificada en el Congreso (es decir, dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión en que es electo el Auditor).

La Constitución federal establece también que el Titular de ese órgano debe durar por lo menos siete años en el cargo, y que cuente con cinco de experiencia en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades. Y bajo esos principios, es como están integradas las Auditorías Superiores de los 31 estados y el Distrito Federal.

Es cierto que Oaxaca es un estado libre y soberano en todo lo concerniente a su régimen interior; pero también es claro, y básico, comprender que al ser parte integrante de la Federación se encuentra sujeta a los principios que marca la Constitución de la República. Y como se ve, la inconstitucionalidad de ese proyecto de reforma, es evidente.

 

TENTACIONES DEL PODER

Pero lo más grave de todo, es que por querer remover a la auditora Caña Cadeza (a quien consideran, no del todo equivocadamente, parte del antiguo régimen), lo que pretenden hacer es destruir una institución creada a partir de bases constitucionales federales. Y al crear la Contraloría Superior, también se corre el riesgo de que la titularidad colegiada fuera asimismo repartida por cuotas partidistas, abriendo nuevamente la posibilidad de que el resultado de las auditorías fuera sometida a negociaciones políticas. ¿El nuevo gobierno ya revisó seriamente los resultados de una instancia como la ASE? ¿Ya habrá visto lo hasta ahora realizado, más allá de sus propias fobias políticas? ¿A poco no sabe que las autoridades municipales hasta ahora más sancionadas han sido las de origen priista? Hoy tienen en las manos la posibilidad de una auténtica transición a la democracia. Pero también de hacer de esa promesa, un engaño y una vacilada.

Twister: @aortizromero

Complejos administrativos: el gran fraude… ¿impune?

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Una de las promesas de campaña del entonces candidato del PRI a la gubernatura del Estado, Ulises Ruiz Ortiz, fue la de terminar con los congestionamientos viales, marchas y bloqueos, que todos los días ahogaban al primer cuadro de la capital oaxaqueña para, decía, devolverle a ese espacio la tranquilidad y belleza que había perdido, en buena medida por la concentración en ese sitio, de prácticamente todas las oficinas públicas estatales. Por ello, eran miles los ciudadanos que todos los días realizaban trámites, trabajaban, o protestaban, en el corazón de la Verde Antequera.
Para cumplir esa meta, ya como gobernador, Ulises Ruiz anunció la construcción de dos complejos que albergarían a todas las dependencias gubernamentales estatales, en espacios alejados del Centro Histórico de Oaxaca de Juárez: el primero de ellos, que desde el inicio sería conocido como “Ciudad Administrativa”; y el segundo al que, apenas hace unos meses, fue presentado como “Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial”, aunque coloquialmente conocido como “Ciudad Judicial”.
Era, pues, el inicio de una de las más grandes obras de infraestructura de la administración estatal 2004-2010, que también resultó un gran fraude y una descomunal hipoteca para las arcas del Estado, que durante las siguientes décadas tendremos que pagar los oaxaqueños; y que el hoy gobernador Gabino Cué Monteagudo prometió revisar, para determinar si es conveniente o no continuar pagando cantidades millonarias de dinero por una obra onerosa, que lejos de representar un ahorro para el erario, constituye una enorme carga económica que además presuntamente representa un monumento a la corrupción gubernamental.

PLAN ORIGINAL
Como ya se ha dicho, la edificación de una Ciudad Administrativa despresurizaría al Centro Histórico de embotellamientos y plantones ocasionados por la ubicación en esa zona de organismos gubernamentales, y a la larga reportaría ahorros considerables en cuanto al pago de arrendamientos, que hasta hace poco tiempo se tenían contratados para albergar a las múltiples oficinas públicas estatales, y que constituían la suma de unos 80 millones de pesos anuales en el pago de rentas para albergar a todas las oficinas del Gobierno del Estado.
Tal planteamiento fue el motor para iniciar la elaboración de dicho proyecto. Los primeros planos de la Ciudad Administrativa comenzaron a elaborarse en la Secretaría de Obras Públicas (SOP) desde el primer día de trabajo de la actual administración. Tras varios meses de estudios técnicos, finalmente se entregó un primer proyecto de obra en febrero de 2005, el cual contemplaba la edificación de cuatro edificios dúplex que, en conjunto, tenían la capacidad de albergar a casi todas las oficinas de la administración central del Gobierno del Estado.
Junto con el proyecto, refieren fuentes cuya identidad se reserva por petición expresa, se entregó un presupuesto de costos. La edificación completa de la obra tenía un costo de alrededor de 355 millones de pesos. Había suficientes probabilidades, afirman, de que dicho monto fuera financiado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos(Banobras), ya que se trataba de la construcción de una obra pública, que sería además garantizada con los recursos federales que anualmente recibe el Estado de Oaxaca.
A la par de ello, señalan, la SOP buscó el apoyo de diversos organismos académicos nacionales de ingeniería civil, para determinar qué empresa constructora ofrecía las mejores garantías de seguridad y control de calidad en la edificación, y sobre todo para que representantes de esos organismos brindaran apoyo al Gobierno del Estado en cuanto a la vigilancia y certificación en la construcción de la obra.
La empresa constructora elegida, refiere una de las fuentes que fue contactada en la Ciudad de México, fue la misma que en la entidad encabezó la construcción de los dos almacenes y tiendas departamentales de mayor envergadura en Oaxaca. De origen canadiense, y siendo una empresa reconocida en los Estados Unidos y Europa, la constructora Canam ofrecía altos estándares de calidad, precio y garantía de entrega en tiempo de la obra, y contaba con las especificaciones técnicas y tecnológicas suficientes para encabezar el proyecto.

FINANCIAMIENTO ONEROSO
No obstante, a mediados del 2005, el tema financiero todavía se encontraba en la lista de pendientes. La dependencia oficial atribuida para atender el tema económico de la obra era la Secretaría de Finanzas. Ahí llegaron al menos tres propuestas de financiamiento: la primera por parte de Banobras, y las otras dos provenientes de la banca privada.
El financiamiento ofrecido por la banca federal, señalan, era casi tres veces más barato que los de la banca múltiple, en cuanto a las tasas de interés ofrecidas y las facilidades de pago. Sin embargo, teniendo ya encima las presiones propias del inicio de los trabajos de cimentación de la Ciudad Administrativa, el secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib comenzó a interesarse por el esquema de financiamiento de obra pública, el cual se conoce popularmente como PPS, o Proyectos de Participación en Sociedad.
El modo de financiamiento por PPS —a diferencia del planteado por Banobras, que transfería la responsabilidad de la edificación y el pago al Gobierno del Estado, pero que reducía notablemente los costos de financiamiento—, contemplaba la contratación, por parte del Gobierno del Estado, del financiamiento y la construcción de la obra con una empresa privada, que edificaría con recursos propios a cambio de pagar una contraprestación por un lapso no menor a 15 años.
La “bondad” del esquema PPS es que no distrae grandes cantidades de recursos públicos para la edificación de una obra, ya que ésta es financiada por constructores privados y se concluye en un periodo menor de tiempo. El perjuicio es que, a la larga, dicho modelo cuesta al erario más del triple del monto que habría erogado de haberla construido con su propio dinero.
Así, movido por una razón poco clara, por primera vez en la historia el Gobierno del Estado decidió construir a través del esquema PPS, y desechó la propuesta de Banobras que ofrecía tasas preferenciales y facilidades de pago. No obstante, los requerimientos técnicos, administrativos y legales del sistema PPS, dieron origen a una historia negra de corrupción y complicidades, que hoy tiene ya comprometido, al menos por 15 años, al presupuesto del Gobierno de Oaxaca.

CONSTRUCTORA FANTASMA
La empresa elegida para construir, fue una creada ex profeso para la obra, cuya titularidad se atribuye al empresario ferretero Neftalí García Arango. A pesar de que en el ámbito federal, a toda constructora que participa en esquemas PPS se les exige que acrediten solvencia moral, técnica y financiera —es decir, obras previas entregadas en tiempo y forma sin reclamos ni deficiencias, suficiencia de tecnología, de supervisión y mano de obra, así como capacidad económica para financiar ellos la obra hasta su conclusión—, en Oaxaca no se consideró nada de eso para asignar esta primera obra monumental, a una sociedad que no tenía capacidad alguna para demostrar ninguno de los requerimientos que les debieron ser solicitados.
Todo esto, sin embargo, ocurrió porque en la autorización que el Congreso del Estado le otorgó al entonces gobernador Ruiz —en un Extra del Periódico Oficial del Estado, publicado el 29 de octubre de 2005— para la contratación de la obra, no se estableció requisito alguno sobre la revisión y control de obra, así como los requisitos que debía cumplir la empresa. Es decir, que le dejó el camino libre para la contratación y para que, una vez hecha ésta, la constructora hiciera lo que quisiera con la obra.

CONTRATO VENTAJOSO
La empresa a la que se le asignó la obra de edificación fue, coincidentemente, la encabezada por García Arango. Así, ésta firmó un contrato con el Gobierno del Estado que contemplaba el financiamiento privado de la construcción de la Ciudad Administrativa y su administración durante 15 años, a cambio de que la administración estatal pagara una suma global, superior a los mil 300 millones de pesos.
Avalado por ese trato hecho con funcionarios estatales, refieren las fuentes, la constructora de García Arango —que evidentemente no podía comprobar ningún tipo de solvencia por no tener ninguna obra previa en su haber— contrató un crédito con el Grupo Financiero Banorte por 355 millones de pesos, y continuó con los trabajos de construcción, cobrando nuevamente por los estudios y el expediente ejecutivo, que meses antes ya habían realizado trabajadores de la SOP.
Así, la empresa de García Arango contrató un enorme negocio. Porque aún pagando a Banorte el doble del monto por concepto de intereses, al finalizar el contrato por 15 años, de todos modos habría ganado, libres de todo compromiso, unos 600 millones de pesos.

CIUDAD JUDICIAL, OTRO NEGOCIO
A grandes rasgos, esa misma habría sido la mecánica bajo la cual se construyó también Ciudad Judicial. Sólo que a diferencia del primer complejo administrativo, éste cuenta con trece edificios y una mayor cantidad de obras de infraestructura. Oficialmente, no se dio a conocer a cuánto asciende el costo de la misma. Pero lo que sí se sabe es que se construyó bajo el mismo esquema, con el financiamiento de la misma institución bancaria, y teniendo como socios ocultos a las mismas personas que ya habían hecho un primer negocio con Ciudad Administrativa.
Incluso, constructores aseguran que en cálculos moderados, Ciudad Judicial pudo haber tenido un costo neto para la constructora de unos mil 800 millones de pesos. Este monto sería el financiado, y a éste se le aplicarían todas las comisiones e intereses que ahora tendremos que pagar todos los oaxaqueños. Hay razón para el incremento sustancial de la construcción.
Y para muestra, un botón: A diferencia de Ciudad Administrativa —cuyos dúplex son de estructura metálica y “forrados” únicamente con lozas de concreto—, todos los edificios ahí son de materiales sólidos. Sólo eso, aseguran, encarece de manera importante esa y cualquier otra construcción.

AHORRO INEXISTENTE
El gobierno de Ulises Ruiz aseguró que para financiar el pago de ambos complejos, el gobierno estatal utilizaría los recursos con los que pagaba la renta de los edificios que hasta hace unos años albergaban a las oficinas estatales.
En términos reales, eran 80 millones de pesos los que se gastaban en el pago de arrendamientos, que serían invertidos en los complejos administrativos. Tal ahorro, sin embargo, es irreal. Sólo en el Presupuesto de Egresos 2010, se estipula(artículo 14) que para el pago del Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial, se destinó la cantidad de 278 millones 976 mil pesos. Es decir, más de tres veces el gasto que se hacía en el pago de alquiler de inmuebles para todas las dependencias del Gobierno Estatal.
El gobernador Gabino Cué aseguró, justamente por toda la opacidad y sospechas de corrupción que envuelve la construcción de esos complejos, que revisaría la viabilidad de continuar con el pago de esos contratos. Sólo que, de entrada, para el ejercicio 2011 ya solicitó al Congreso la autorización para el pago anual que corresponde. Hoy, sólo él tiene la palabra. Sólo el Gobernador sabe si de verdad tiene la voluntad de clarificar todo este asunto, o si permite la consolidación de estos, que bien parecen sendos monumentos a la corrupción y la voracidad de quienes gobernaron la entidad los últimos seis años.

La transición en Oaxaca: ¿Y ciudadanos, cuándo?

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+ El gobierno cambia: ¿la sociedad también lo hará?

Se ha traído y llevado hasta el cansancio, la conminación o exigencia de que el gobierno de Gabino Cué Monteagudo emprenda la fase superior de la alternancia de partidos en el poder: esto es, que siente las bases de una auténtica transición a la democracia. ¿Cómo lograrlo? Es lo que nos hemos preguntado en más de una ocasión, enumerando una serie de necesidades básicas tanto del andamiaje jurídico, como del sistema democrático, e incluso de la forma en cómo debería ejercerse, idealmente, la administración gubernamental. Sólo que, hasta ahora, en general, los oaxaqueños hemos desatendido —gravemente— una necesidad asimismo básica de toda transición democrática: ¿Qué haremos nosotros, los ciudadanos, para fomentar y estimular dicho proceso?

La pregunta no es menor. Porque, en general, la expectativa sobre el gobierno de Gabino Cué, así como su grado de legitimidad, hoy está en uno de sus puntos más elevados. El ahora Gobernador del Estado ganó los comicios con un amplio margen sobre todos sus oponentes. Y no sólo eso, sino que también importantes grupos de la ciudadanía se han volcado a su favor, o cuando menos le han manifestado su disposición a darle el beneficio de la duda sobre el proyecto político que encabeza.

Así, en función de ello, el Gobernante ha venido delineando una serie de reformas constitucionales y legales, disposiciones administrativas, y cambio de actitudes, a través de las cuales plantea iniciar ese proceso de transición que tanto ha prometido. Dispuso, desde el primer momento, una profunda reforma administrativa con la que pretende eficientar las labores administrativas del gobierno estatal; ha venido enviando al Congreso, una serie de reformas legales por medio de las cuales pretende edificar un entramado institucional dotado de mayor claridad, certeza en la rendición de cuentas, y cercano a la gente.

Sin embargo, en todo esto debe estar bien sabido algo: que cualquier reforma que emprenda el nuevo gobierno, no será ni la mejor ni la más acabada que necesita Oaxaca. Esto tiene un fundamento sencillo: las inercias de mucho tiempo no se pueden romper en un periodo tan corto de tiempo como un sexenio, así como tampoco se pueden modificar de un solo golpe todos los esquemas políticos que hasta ahora han prevalecido. Se puede hacer mucho impulsando todas esas reformas que sienten bases sobre un gobierno más democrático, y teniendo un grado importante de disciplina en cuanto al manejo de los recursos y la forma en cómo se ejerce el gobierno.

¿Qué queremos decir con esto? Que, evidentemente, nosotros, desde la sociedad, tenemos también ser parte de ese proceso. Hasta ahora, no sólo en Oaxaca sino en el país, a los ciudadanos se nos ha vendido la idea de que con el voto contribuimos a la democracia y a tener mejores gobiernos. Eso es cierto, aunque no por completo. ¿Por qué?

Porque a través del sufragio, los electores le damos certeza y legitimidad a los procesos electorales, y contribuimos a formar la decisión mayoritaria sobre el rumbo que queremos tanto para el gobierno, como para nuestros problemas sociales, económicos y políticos más trascendentales.

Pero ello de ninguna manera equivale a suponer que nuestra única responsabilidad con la democracia es la de votar, o que con ello se termina nuestro compromiso con el gobierno o la sociedad, y mucho menos a que después de salir de la casilla de votación, luego de haber emitido nuestro derecho al voto, se acaba nuestra responsabilidad o cuando menos la necesidad de estar interesado en lo que ocurre en el ámbito político.

Es evidente que aquí y en China, un solo régimen de gobierno no tiene la potestad, la permanencia o la fuerza suficiente como para hacer todos los cambios que se propone. Por ello, sin duda, los ciudadanos deberíamos jugar un papel más proactivo en cuanto a la democracia, siendo no sólo agentes pasivos, sino activos, de los cambios que todos queremos.

SOCIEDAD CON CONCIENCIA

En efecto, nosotros como sociedad también deberíamos tener más conciencia y compromiso con nuestra realidad. Están tan equivocados aquellos que creen que a partir del 1 de diciembre Oaxaca es un estado nuevo en el que las cosas pueden cambiar como por arte de magia, como aquellos que creen que su contribución a la democracia está hecha y acabada con el solo ir a votar. Mucho más errados, están todos los que suponen que el gobierno debe cambiar, pero todos los demás agentes sociales no. ¿A qué nos referimos?

A que nosotros los ciudadanos deberíamos ser más conscientes de que el gobierno por sí mismo no puede cambiar la realidad. Es decir, hablando con un sentido más práctico podríamos decir, por ejemplo, lo siguiente: ¿Si únicamente cambia o evoluciona el gobierno cambiará Oaxaca? La respuesta es no. ¿Y si el gobierno emprende una profunda modificación social, pero desatiende su relación con las organizaciones sociales, Oaxaca cambiará? Tampoco. ¿Y si cambian todos ellos, pero los partidos políticos se convierten en fuerzas retardatarias e intransigentes, algo evolucionará? Mucho menos. ¿Y si cambiaran todos, y los particulares no? De ninguna forma.

Tendríamos que referirnos con mayor particularidad al papel de la ciudadanía organizada en todas sus vertientes. ¿Cómo queremos que Oaxaca cambie, si todas las organizaciones sociales, gremiales o políticas, deciden continuar instalados en la política del chantaje, la dádiva o la coacción? ¿Cómo querer que ahora las formas políticas sean distintas, si en el ámbito partidista únicamente habrían intercambiado papeles los partidos que representan hoy y ayer al oficialismo y la oposición?

Los ciudadanos comunes y organizados debemos comprender que todo cambio debe ser integral, y que por tanto nadie se puede hacer ajeno a él. Deberíamos organizarnos para exigir de mejor modo, para tener una participación más seria y activa en los asuntos públicos; para proponer y exigir al gobierno que cumpla lo que promete. Y sobre todo, para ser sus más feroces vigilantes de los procesos a través de los cuales se hace el gobierno, se manejan las finanzas y se dispone de los recursos.

CIUDADANOS DESENTENDIDOS

Deberíamos comenzar a no estar satisfechos, pero manifestar esa insatisfacción en cuestiones productivas y positivas. No se trata de desilusión o desánimo, sino de poder tener la posibilidad de siempre poder exigir (y exigirnos) mejores resultados. De lo contrario, todo proyecto de cambio será un simple desbalanceo. Y estará encaminado al fracaso.

 

Irma Piñeyro, atropellada por su mismo proyecto

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+ El Gobierno debe acostumbrarse a respetar la ley

En el sector público de Oaxaca, ha sido común aquel viejo adagio relativo a que “suerte te dé Dios, hijo, que el saber nada te vale”; pero si este gobierno que encabeza Gabino Cué Monteagudo se dice garante de la legalidad y el orden, y asegura que uno de sus proyectos es profesionalizar la administración pública, debe comenzar por acostumbrarse a respetar la ley.

Hace apenas unas semanas, ellos enviaron al Congreso un proyecto de Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en el que incorrectamente establecieron los requisitos que debía cubrir todo aquel que ocupara un cargo en el gabinete estatal. Y el caso de la ahora ya ratificada secretaria General de Gobierno, Irma Piñeyro Arias demostró que, demás de no respetar la ley, el mismo gobierno cayó en la trampa de su ley.

En primer término, habría que tomar como punto de referencia la legislación federal que rige el gabinete de gobierno en el que se auxilia el Titular del Poder Ejecutivo Federal, para poder comprender de mejor modo algunos errores cometidos en esta nueva legislación sobre esa materia.

En ese sentido, el artículo 91 de la Constitución General de la República, establece que para ser secretario del despacho únicamente se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener treinta años cumplidos. Al revisar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, uno puede darse cuenta que ésta ni siquiera establece requisitos o condicionantes para integrar el gabinete de gobierno del Presidente de la República, para evitar una redundancia o, aún peor, una contradicción.

Eso se funda en dos razones: primera, en la jerarquía normativa, que establece que la Constitución de la República es la máxima norma jurídica en el país, y que todos los demás ordenamientos inferiores, lógicamente deben estar de acuerdo con lo que ella establece. En ese sentido, un simple asunto de lógica jurídica nos llevará a entender que siempre una ley ordinaria debe concordar con la norma constitucional, y que cuando existe diferendo entre una y otra, es la ley ordinaria la que debe ser ajustada a la Constitución, porque ésta es la fuente de la que emana el orden jurídico nacional.

Y la segunda razón es no menos importante: en México, el sistema republicano de gobierno se encuentra estructurado de tal modo que el Presidente de la República es el Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, y por tanto él es quien encabeza en el orden superior, como figura única, a la administración pública federal. En razón de ello, todos los que integran el gobierno son simples colaboradores del Presidente que —salvo excepciones relacionadas con asuntos de Estado, como la economía, la diplomacia, el manejo presupuestal y las fuerzas armadas— son nombrados y removidos libremente por éste.

¿Para qué remontarnos a todo esto? Para poder comprender que, técnicamente, la nueva legislación administrativa del gobierno en Oaxaca está mal planteada. Las reformas para exigir la comprobación de estudios profesionales a los integrantes del gabinete debieron partir del Texto Constitucional local, para luego ser solamente reglamentadas en una ley ordinaria.

Pero resulta que aquí, contra toda lógica, una ley inferior contradice a una superior con posibilidades de prevalecer por su forma de aplicación práctica; y que, en razón de ello, se generó un problema no sólo legal, sino también político, en el que las fuerzas de oposición en el Congreso del Estado exhibieron a la administración de Cué por el incumplimiento de los requisitos que ellos mismos plantearon para la designación de su Secretaria General de Gobierno; pero en el que, el principal error fue cometido desde el mismo gobierno, que no encontró un modo claro de manejar este asunto desde ninguna perspectiva posible.

PRESAS DE SÍ MISMOS

Es incuestionable el hecho de que el gobierno de Gabino Cué Monteagudo pretenda comenzar un proceso de profesionalización de la administración pública estatal. De hecho, es saludable que exista esta perspectiva, para que poco a poco se vayan desincorporando de todas las estructuras institucionales los individuos que no cuentan con el perfil profesional necesario para las actividades que realizan.

En la concepción teórica de la administración pública, se supone que el Titular del Poder Ejecutivo tiene dependencias de apoyo a su cargo, porque éste ni es todólogo ni puede estar y decidir en todas las áreas del gobierno; pero por eso mismo, la concepción teórico-política de la administración pública indica que los colaboradores del Presidente o Gobernador, según sea el caso, deben ser aquellas personas que tengan algún grado de especialización técnica o profesional en el ramo que el Mandatario —su jefe— les encarga, además de la experiencia que le permita cumplir eficazmente con los fines no sólo del gobierno, sino del Estado. Al final, el criterio que unifica el trabajo de todos los funcionarios, es el del fin último del Estado, que tiene que ver esencialmente con la búsqueda y obtención del bien común.

Sin embargo, lo que es no sólo lamentable, sino inadmisible, es que sea desde el mismo gobierno en donde se fomenten este tipo de evasiones a la ley. Aunque es imposible de erradicar por completo, se supone que la profesionalización de la administración pública tiene como objeto disminuir el nepotismo, el amiguismo y las demás prácticas en las que prevalecen los criterios afectivos o de interés particular, por encima de las necesidades generales. Se supone, también, que esto era lo que buscaba el nuevo gobierno con sus reformas legales. Pero hoy, con sus decisiones, hoy lo que queda claro es que únicamente pretendieron simular un avance, pero decidieron sobre lo mismo de siempre.

Así, lo que queda claro es que prevalecerá el mismo adagio de antaño: Suerte ya les dio Dios a los nuevos funcionarios, por haber sido nombrados y ratificados sin satisfacer los requisitos legales; y suerte les siga dando para que desempeñen sus labores con eficiencia. Porque el saber, quedó demostrado, nada les vale.

CONDOLENCIAS

Desde este espacio enviamos un abrazo fraterno y solidario a nuestra apreciada amiga, la periodista María de los Ángeles Nivón, por el fallecimiento de su señor padre, don Fernando Nivón Ramos. El autor de este espacio se une al dolor que embarga a la familia, y eleva oraciones por su pronta resignación. Descanse en paz.

 

Educación en Oaxaca: simplemente no existen posibilidades de arreglo

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+ Gobierno-Sección 22: vicios, convalidados

En su primera declaración pública como director del IEEPO, Bernardo Vásquez Guzmán aseguró que toda interlocución que tenga esta administración del Gobierno del Estado será con la Sección 22 del SNTE, y llamó a los integrantes de la Sección 59 a “sumarse” a sus adversarios “por el bienestar de los educandos”. De nuevo, otro régimen de gobierno en Oaxaca dejó a un lado los pudores, para echarse en brazos de un gremio que hará todo justamente porque las cosas no cambien, y mucho menos porque la educación pública mejore.

Como parte de los lugares comunes, la administración del gobernador Gabino Cué llamó al magisterio oaxaqueño a tener una relación respetuosa e institucional, a través de la cual se pudieran mejorar los alarmantes índices de analfabetismo y deficiente aprovechamiento que tienen los alumnos de educación pública básica en la entidad; para ello, el Gobernante estableció una serie de compromisos políticos y educativos con los que, según parece, cree que puede mejorar la instrucción pública en la entidad.

En ese sentido, gran parte del discurso político que ha reiterado el gobernador Cué respecto a la relación respetuosa con los gremios y organizaciones de lucha social, y al no uso de la fuerza pública para actos de represión, está encaminado a la Sección 22. Esto porque uno de los principales agraviados por la anterior administración en esos aspectos, fue precisamente el sindicato magisterial oaxaqueño.

Pero también, en el aspecto estrictamente educativo, el nuevo gobierno abiertamente ha tratado de congraciarse e identificarse con la Sección 22. En efecto, el gobernador Cué ha dicho en más de una ocasión, que trabajarán en conjunto con el magisterio oaxaqueño en la construcción del plan alternativo a la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) que ellos tanto han exigido, y por el que tienen un frente de guerra abierto con la dirigencia nacional del SNTE.

Tal parece que el nuevo gobierno está convencido, o aparenta estarlo, que atendiendo esos dos aspectos podrá mejorar la calidad de la educación, o que al menos conseguirá que los profesores de la Sección 22 dejen a un lado los paros de labores, los plantones y demás acciones de protesta social que tanto acostumbran. En una visión simplista y aparente, este podría ser el camino correcto. Aunque en realidad, decisiones como esas lo único que hacen es dar la primera pauta para la atención de otros problemas mucho más severos.

¿De qué hablamos? De que atendiendo esos dos rubros, el gobierno de Gabino Cué no conseguirá, ni en el mejor de los casos, mejorar la educación pública que reciben los niños y jóvenes oaxaqueños. A lo mucho, lo más que logrará es (medio) estabilizar su relación y convivencia social y política con la Sección 22, pero no conseguirá que ésta comience a revertir los preocupantes índices de rezago educativo que existen en nuestra entidad.

No obstante, ni siquiera en eso los signos son alentadores. De antemano, la 22 ha asegurado y reiterado que no por el cambio de administración, ellos dejarán de llevar a cabo manifestaciones, paros, marchas y demás. Dicen, con toda la congruencia pero también inmoralidad que los caracteriza, que su lucha va más allá de una administración o un gobernante, y que por eso sus causas se mantienen vivas aunque éste sea un gobierno identificado con ellos.

Y respecto al plan alternativo a la ACE, las cosas tampoco son alentadoras. De hecho, no es nuevo el señalamiento en el sentido de que el tan socorrido plan alterno que según ya tiene listo la Sección 22, simplemente no existe. En nuestra entrega del 4 de junio pasado, asegurábamos que lo más que hasta entonces habían podido construir los profesores de la 22 en ese aspecto, eran apenas algunos lineamientos básicos sobre el proyecto educativo alterno del que tanto hablaban.

Pero decíamos también que entre los propios profesores se sabía que dicho planteamiento estaba aún muy lejos de ser un verdadero plan educativo que independientemente de su enfoque, pudiese tener un sustento metodológico, pedagógico y hasta organizacional, lo suficientemente sólido como para ser aplicado a todas las escuelas, alumnos y maestros del Estado.

 

EDUCACIÓN, ¿SIN REMEDIO?

Ahora bien, en este sentido es también necesario hablar en plata. Es decir, seguir la ruta del dinero. ¿Para qué desean los profesores de la 22 ese plan educativo alterno? La respuesta tampoco es nueva: la Sección 22, tiene en la mente lograr la aprobación, dentro de ese “proyecto alternativo”, de sendos programas de rescate de la infraestructura educativa, mobiliario, capacitación docente, formación de nuevos profesores normalistas y, lo que es “la joya de la corona”, el manejo nada menos que del programa de estímulos económicos y ascensos para los trabajadores de la educación. Esto último es lo que, en su visión, vendría a sustituir a la carrera magisterial, que quedó superada con la Alianza por la Calidad de la Educación, y que ellos se niegan a reconocer y a aplicar en Oaxaca.

Así, lo que es evidente, es que los profesores de la 22 no van por la educación, sino por el botín económico. Esto porque si los “democráticos” llegaran a tomar el control particularmente del programa de estímulos económicos, no sólo continuarían recibiendo un cheque en blanco para el manejo terrorista de sus trabajadores, sino que además asumirían el control completo de lo que los profesores denominan los estímulos económicos “de tipo horizontal”, que se les otorga cuando todos aquellos que están frente a grupo mejoran su nivel de preparación académica y de actualización.

¿Todo esto resultaría en una mejor educación? Evidentemente no. Porque, de hecho, cualquier reforma educativa, la que sea, que quisiera llevarse a cabo en Oaxaca, tendría necesariamente que pasar por la disminución de la influencia, los vicios, y el excesivo poder que tiene en sus manos la Sección 22.

 

NADA CAMBIARÁ

En efecto, nada cambiará porque lejos de hacer planteamientos serios y de avanzada respecto a la educación, el nuevo Titular del IEEPO decidió echarse en los brazos de la Sección 22 simplemente por un asunto de sobrevivencia. Y como ésta no cederá ni un ápice de su poder en aras de nada, lo que ya puede preverse es el continuismo en la simple administración del problema educativo. Quizá, en el mejor de los casos, disminuyan las suspensiones de clase. Pero ello no equivaldrá, ni cercanamente, a que la educación mejorará.

 

Congreso local: la autonomía que no lleva rumbo

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+ Ratificaciones: descrédito viene de los coaligados

Hoy parece real, lo que al principio fue tomado como un mero lugar común. En su toma de protesta como gobernador Constitucional del Estado, Gabino Cué Monteagudo, aseguró que a partir de ahora las distintas fuerzas políticas en el Congreso del Estado, trabajarían y decidirían libres de cualquier tipo de coacción o exigencia por parte del Titular del Poder Ejecutivo. Ante las decisiones y actitudes que en estos últimos días han tomado los integrantes del Poder Legislativo del Estado, tal parece que esa promesa del Gobernador ha sido cumplida… aún con los riesgos que conlleva un entendimiento erróneo de las relaciones institucionales y políticas entre poderes.

Un señalamiento que ha sido reiterado incluso desde antes de que se instalara la LXI Legislatura, y que Gabino Cué asumiera la gubernatura del Estado, era que los partidos que integraron la alianza opositora (PAN, PRD, PT Y Convergencia) continuaban instalados por completo en sus discursos de oposición, y reparaban poco en que en los días siguientes asumirían tanto las labores legislativas como de gobierno, pero ahora teniendo ellos la responsabilidad de conducir la gestión pública para responder a las demandas de la sociedad.

La permanencia de todo tipo de señalamientos en tono crítico, parecía chocar con la alianza legislativa que esas fuerzas ya habían trabado en el Congreso del Estado; y también parecieron contrastar cuando, ya como Gobernador, Gabino Cué conformó su gabinete de trabajo privilegiando la cesión de espacios de poder a cada uno de los partidos políticos que lo apoyaron, para llevar a cabo su promesa de conjuntar un equipo de gobierno plural, incluyente y pluripartidista.

Por esa razón, los oaxaqueños fuimos sólo testigos de la conformación de un gabinete variopinto, en el que lo mismo “conviven” —aunque quién sabe si verdaderamente puedan hacerlo— connotados personajes del panismo, perredismo, petismo y convergentes, que en realidad no tienen intereses o ideologías en común, y que tampoco parecen estar identificados, comprometidos, o cuando menos estar verdaderamente al tanto del proyecto de gobierno que encabeza el gobernador Cué.

El problema de esa falta real de identidad, del reparto de cuotas, e incluso de la improvisación de supuestos mecanismos “democráticos” y de eficiencia para la conformación del gabinete, rápido los está llevando a dar sus primeros tumbos. Tal y como lo marcan la Constitución local y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, así como la de la Procuraduría General de Justicia, varios hombres y mujeres designados por Gabino Cué para cargos públicos, debían ser ratificados por el Congreso local. Ahí comenzaron los problemas.

LÍOS INNECESARIOS

Particularmente, tanto la designación del Procurador General de Justicia, como la ratificación de la Secretaria General de Gobierno, han causado más problemas dentro de las fuerzas coaligadas en el Congreso local, que frente a los opositores del PRI. Y esto se ha agudizado por la falta de una operación política efectiva, realizada desde el Gobierno del Estado. Pero vayamos por partes.

Por un lado, la elección del Procurador General de Justicia se enredó y complicó innecesariamente, no sólo por una posible oposición priista, sino fundamentalmente por la falta de oficio y preparación tanto de los nuevos diputados locales, como de quienes tienen a su cargo la Oficialía Mayor del Congreso del Estado. ¿Por qué?

Porque el procedimiento para la elección del Procurador está contemplado por la misma Constitución del Estado, que marca los pasos a seguir. Quizá por falta de experiencia, es en algún sentido explicable que los diputados de la LXI Legislatura no tuvieran claridad respecto a ese proceso; pero es inadmisible que la Oficialía Mayor —que es el órgano técnico del Poder Legislativo, y que la encabeza el mismo personaje (Rafael Mendoza Kaplan) que apenas hace unos meses, en la LX Legislatura, fue responsable de fondo de que la Suprema Corte invalidara reformas a la Ley Orgánica del Congreso por vicios de forma— tampoco supiera cómo conducir dicho asunto, que por su propia naturaleza siempre será de urgente resolución para el Estado. Lo peor, en ese sentido, es que los traspiés de unos y de otros, generó la riesgosa y errónea idea de que al Procurador de Justicia no lo respaldaban ni los partidos que llevaron al gobierno a Gabino Cué Monteagudo.

El caso de Irma Piñeyro Arias es aún peor. La Constitución local establece en su artículo 83 los requisitos para ocupar el cargo de Secretario General de Gobierno. Dice la norma que para ello se requiere ser ciudadano mexicano, tener por lo menos 25 años de edad, estar en pleno ejercicio de sus derechos, no haber sido condenado por delitos intencionales; y tener un modo honesto de vivir. El texto constitucional, como se ve, no menciona títulos ni cédulas profesionales. Entonces, ¿cuál es el problema?

Este es, primero, un enorme error de cálculo, además de un problema de improvisación, e incluso una demostración de falta de operación política. Es improvisación, porque a la nueva Secretaria de Gobierno se le debió exigir, internamente y como requisito previo, el cumplimiento de todo lo que para ese cargo requiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que ellos mismos propusieron al Congreso.

En un segundo término, este es un enorme error de cálculo, porque si con el requerimiento de cédula y título profesional lo que querían es iniciar un proceso de profesionalización de la Administración Pública desde sus titulares, lo que debieron hacer es reformar justamente ese artículo 83 constitucional. Jerárquicamente esa es la norma superior, y por tanto tiene capacidad de invalidar a la inferior. Y si la leen bien, los requisitos que ahí se establecen son extensivos a todos los que ocupan cargos de ese tipo, en la Administración Pública del Estado.

FUERZAS DISIPADAS

Tanto el gobierno de Cué, como los diputados de los partidos coaligados, deben entender algo: que una cosa es que unos y otros sean autónomos, y otra muy distinta que —se supone— hoy la mayoría legislativa y la administración estatal compartan el mismo proyecto político y de gobierno. Qué bueno que eliminaron las imposiciones. Pero qué mal que no parecen tener comunión ni en los asuntos más obvios. Es un error enorme de operación política, que ya la pagan con el descrédito anticipado, e innecesario, que ellos mismos están dando a algunos de los nuevos funcionarios.

Oaxaca: el drama de un PRI extraviado

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+ Lucha intestina: la guerra es fratricida

El mismo día, casi a la misma hora que Gabino Cué Monteagudo asumía la gubernatura del Estado, el senador Adolfo Toledo Infanzón escribía en su cuenta de Twitter (@SenAdolfoToledo) que, palabras más, palabras menos, “ahora sí”, en el PRI de Oaxaca, se vería “de qué cuero salen más correas”. Eso es lo que se anticipa en el Revolucionario Institucional, una vez que los priistas oaxaqueños formalmente se quedaron sin Jefe Político: una auténtica guerra por ver quién se queda con los despojos de lo que, hasta hace no mucho, era el “partidazo” en Oaxaca.

De algún modo, podría parecer hasta natural lo que ocurre en el priismo. Por un lado, la estructura política del tricolor en Oaxaca, sólo había existido a la par de la detentación del poder gubernamental estatal. Y por el otro, en los años recientes esas mismas estructuras político-administrativo-partidistas, fueron sometidas a uno de los más intensos procesos de desgaste interno, que hoy lo tienen al borde de la crisis y el desmembramiento. Frente a esas dos circunstancias, hoy el priismo oaxaqueño se aparece como una jugosa y atractiva presa para los grupos carroñeros que pretenden obtener ganancias de oportunidad a partir de ellos. Vayamos por partes.

Hoy, es evidente que buena parte de esa aparente rebelión y efervescencia interna que vive el priismo, no parte ni de la falta de liderazgos ni mucho menos de las posibilidades de “regreso” o “reconquista” que tengan unos u otros. Hasta el 30 de noviembre pasado, el PRI oaxaqueño funcionó como tradicionalmente lo había hecho en las últimas décadas, alejado de cuestionamiento alguno: es decir, con toda la estructura política a las órdenes y disposición plena de su Jefe Político (el Gobernador del Estado) en turno.

Era siempre el Mandatario estatal —en su calidad de “Primer Priista del Estado”— quien daba las órdenes respecto a los relevos y rotación en la dirigencia estatal; era el Gobernador del Estado en turno quien decidía qué tipos de operación electoral se llevaban a cabo; era quien decía cómo se repartían los recursos del partido; y era quien ordenaba que desde las arcas estatales se enviaran recursos para la buena operación de la estructura partidaria.

Nunca nadie cuestionó que la aparente “democracia” del priismo, en realidad siempre emanara del más inconfesable de los verticalismos y las imposiciones que se decidían en la oficina del Gobernador, y cuyos beneficios no siempre recaían ni en el mejor militante, ni en el más experimentado, mucho menos en el más inteligente, y qué decir respecto a la posibilidad de que el líder tricolor fuera el más honesto.

Esas facultades políticas fueron las que usó a plenitud, como todos sus antecesores, el ahora ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, en su calidad de Jefe Político del PRI. En realidad, él no tenía por qué cambiar, pues de hecho el priismo siempre —hasta hoy, con todo y sus disputas— ha sido y seguirá siendo el mismo proclive a los verticalismos. En todo caso, lo que habían variado, irremediablemente, eran los tiempos y las exigencias de democracia de la sociedad. Por eso, aún con la fuerza política y la estructura electoral que acumulaban y aceitaban todos los días en base a carretadas de dinero y prebendas, de todos modos fueron derrotados en las urnas el pasado cuatro de julio.

Sólo de ese modo puede entenderse que aún cuando habían sufrido la más dolorosa de sus derrotas electorales en Oaxaca, de todos modos fue el Gobernador del Estado quien dispuso que el nuevo líder tricolor fuera el candidato derrotado; por esa misma razón, aún frente a la rebelión, ninguno de los adversarios internos tanto del líder del Comité Estatal priista, como del Jefe Político del Partido, tuvieron el valor para enfrentarse frontalmente y disputar, por la vía de la movilización o de los recursos legales, unas disposiciones que genéticamente todos asumen como incuestionables.

Por eso mismo, hoy ocupan algunas trincheras periodísticas, algunos espacios o grupos de presión, e incluso algunos amagues sobre la disputa que viene, aunque formalmente ninguno se ha animado a enfrentar no sólo a un grupo o a un personaje en particular, sino a las tradiciones políticas que finalmente habrán de prevalecer independientemente de que cambie o se sostenga el grupo que hoy comanda al priismo.

CUEROS Y CORREAS

El pasado 1 de diciembre, cuando el autor de este espacio cuestionó vía Twitter (@aortizromero) al senador Toledo Infanzón respecto a lo que parecía un amague sobre los cueros y las correas en el priismo oaxaqueño, él respondió —no citando textualmente, porque luego borró de su cuenta los mensajes que aquí se mencionan, aunque fueron vistos por docenas de usuarios de esa red social— que a partir de ahora ya no serían las circunstancias, sino los perfiles y liderazgos reales los que contarían al interior de ese partido.

Eso es lo que, ilusamente, podría creer alguien que no conoce lo que de verdad ocurre en el priismo. Todos los grupos, propios y extraños, hoy no dudan en cuestionar el liderazgo del diputado federal Eviel Pérez Magaña como líder priista. Todos sus detractores, argumentan que él sólo es un líder aparente, pues todo le es dictado y dispuesto desde la oficina del ex gobernador Ruiz.

Quienes dicen eso, no están equivocados. ¿Pero a poco alguno de los supuestos “salvadores” de la dirigencia estatal priista, lo están haciendo por la democracia, o por la simple supervivencia de su partido? No. Si verdaderamente el diputado Pérez Magaña es una simple marioneta del ex gobernador Ruiz, lo que sus enemigos quieren es el cargo por las posibilidades que esto representa. Es decir, las postulaciones de la elección federal de 2012.

¿No es eso lo que desea el grupo del detestable Jorge Franco? ¿Y no es lo mismo que quiere el senador Toledo, el faltista diputado Héctor Pablo Ramírez, el grupo del ex gobernador Heladio Ramírez, y todos los que hoy están dentro de esa disputa? Nadie está preocupado por la democracia. Sus cueros y sus correas se llaman poder. Aunque eso los haga pelearse como buitres por carroña.

CARRETONERO

Por cierto, quién sabe si alguien intervino la cuenta de Twitter del senador Toledo Infanzón, o si de verdad ese es su lenguaje y tono habitual. En su Tweet List, aparecen varios mensajes cargados de rencor, burla y ataque. En uno de ellos, por ejemplo, llama al ahora Secretario de Salud del Gobierno del Estado “Enclocha Germán” y en otro dice que Gustavo Madero es “kriptonito Maderito”. ¡Vaya nivel de político!

La burocracia estatal paga revanchas entre grupos

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+ Cué y funcionarios deben identificar al adversario

Uno de los primeros anuncios que hizo Gabino Cué Monteagudo como gobernador electo de Oaxaca, en el mes de julio pasado, fue que una vez que asumiera su cargo, no habría despido masivo de funcionarios de mandos medios y superiores en el Gobierno del Estado. El entonces gobernante recién electo, dijo que se valoraría el desempeño, las funciones y el perfil de cada funcionario de confianza, para determinar si reunía los requisitos de honradez y eficiencia que eran indispensables para la administración pública, y en función de ello les fuera aceptada su renuncia o fuesen ratificados. Qué lejos parecen estar quedando aquellas palabras.

Tal parece que desde el cuatro de julio pasado, los empleados de confianza de niveles medios en el Gobierno del Estado, vienen pagando buena parte de los platos rotos de las batallas electorales. Apenas habían pasado unas semanas de los comicios, cuando la administración del entonces gobernador Ulises Ruiz determinó sin previo aviso que a todos los servidores públicos que ocuparan cargos de mandos medios —a partir de jefes de departamento y hasta subdirectores de área en todas las dependencias estatales— les fueran retiradas cualquier tipo de compensaciones extraordinarias que recibieran por su desempeño.

La explicación formal de esa decisión, se centró en los ajustes normales del cierre del sexenio. Pero en más de una ocasión, aquellos empleados que reclamaron por el recorte salarial y alcanzaron a recibir una escueta explicación, supieron que eso se había determinado en base a dos razones: primera, por los desajustes presupuestales que no podían ser compuestos, cuadrados ni remediados en la Secretaría de Finanzas; y segunda, que se había decidido hacer ajustes presupuestales justamente a costillas de esa burocracia, porque se consideraba que su deficiente participación en las estructuras electorales del PRI había contribuido de manera importante a la derrota sufrida en los comicios recientes.

Quienes desde el PRI determinaron esos ajustes, lo hicieron para seguir —como siempre— engañándose solos, y echándole la culpa a otros por los errores que ellos habían cometido. Desde hace una década, esa burocracia de confianza del gobierno estatal, fue siempre manipulada y coaccionada, a través de los métodos más viles de la política (como las promesas de permanencia en su empleo, y la coacción sobre el despido para quien no participara), para que fuera parte de las estructuras electorales del tricolor.

Usando argumentos como el de la “participación voluntaria”, varias manos se dedicaron permanentemente a presionar a esos burócratas para que, además de su trabajo en la administración estatal, fueran parte del trabajo electoral, independientemente de que estuvieran de acuerdo o no con la propuesta, con la ideología o con los candidatos que propusiera el Revolucionario Institucional.

El pago real a esos servicios, fue el que comenzó a padecer ese sector de la burocracia estatal luego del cuatro de julio: parte de la derrota se la achacaron a ellos. La alta burocracia determinó una cuota de responsabilidad política sobre los jefes de departamento, unidad y de direcciones de área, y se fueron en su contra no sólo para comenzar a “ahorrar” dinero que seguramente no se quedó en las arcas estatales sino en manos de terceros; esencialmente lo hizo para expiar sus propias culpas sobre los errores de campaña que se cometieron, y que fueron más allá del mero trabajo territorial que de sí era insuficiente para ganar los comicios.

PROMESA INCUMPLIDA

Unos días después de haber ganado los comicios, Gabino Cué hizo tales declaraciones respecto a la burocracia estatal, justamente porque los mandos superiores de la Administración saliente dejaron correr el rumor de que el nuevo gobierno despediría, en automático, a todos los trabajadores de confianza y contrataría sólo a personas que no tuvieran ninguna liga con la administración del entonces gobernador Ruiz o con el priismo.

Los empleados de mandos medios, ante tales versiones, se aterrorizaron ante tal posibilidad. La incertidumbre llevó a varios grupos a tratar de generar verdaderos actos de agitación, en aras de tener alguna seguridad de que al menos habría alguna posibilidad de mantenerse en su empleo. Por eso, el entonces Gobernador Electo dijo que antes de despedir al personal había una evaluación escrupulosa de su desempeño.

No obstante, parece que todas esas declaraciones hoy se están convirtiendo en promesas incumplidas. Sin tomar en cuenta que esos empleados de confianza son los que fundamentalmente hacen funcionar al gobierno, que tienen salarios ridículos para un empleado sobre quien recaen fuertes responsabilidades (Un jefe de departamento gana 12 mil pesos mensuales, frente a un director de área que gana más de 35 mil) y que en los últimos años han sido los recurrentemente castigados por las disminuciones salariales, los despidos masivos ya iniciaron.

Para muestra un botón: en la recién creada Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, que encabeza el panista Alfredo Ahuja, desde el pasado viernes 47 empleados con nivel de jefes de unidad fueron notificados de su separación inmediata de sus respectivos empleos. Sin considerar ninguna evaluación, ésos trabajadores serán echados a la calle por indicación de la Secretaría de Administración.

En realidad, todo indica que este ajuste tiene su origen en la avidez por “limpiar al gobierno de priistas” y, evidentemente, por disponer de esas plazas. Las manos de Benjamín Robles Montoya están presentes para atajar a José Zorrilla. Y, dicen, su próximo objetivo es tratar de disminuir, a través de esas mismas medidas, a la secretaria de Gobierno, Irma Piñeyro Arias.

No entienden que sus adversarios políticos o de partido, no están en la burocracia. La mayoría de esos empleados que hoy están a punto de perder su trabajo, con toda seguridad, lo único que quieren y necesitan, es trabajar para sostener a sus familias. Y si antes fueron coaccionados, ahora serán despedidos.

 

REPROBADOS POR FALTAS

El fin de semana, el portal de noticias Animal Político (http://tinyurl.com/2c8rlnm) presentó la lista de los diputados federales con más inasistencias a las sesiones legislativas. ¿Quiénes creen la encabezan? ¡Acertaron! Los diputados del PRI por Oaxaca Héctor Pablo Ramírez Leyva y Jorge Franco Vargas, con ocho y 10 faltas, respectivamente. ¿Y les descontaron sus inasistencias? Jajajá. Por favor.

 

Magisterio-Cué: vayan por una agenda posible

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+ Fantasía, un calendario de 200 días en Oaxaca

El gobierno de Gabino Cué Monteagudo comenzó a aterrizar en la realidad, apenas unos momentos después de que el nuevo Mandatario rindiera la protesta constitucional que correspondía. En su discurso inaugural, se pronunció porque nunca más los niños y jóvenes oaxaqueños que acuden a instituciones de educación pública básica, se queden sin clases. Pero, por paradójico que parezca, su gobierno arrancó justamente con un día de paro de labores del magisterio oaxaqueño.

Es claro que, al menos en ciertos temas específicos, el gobernador Cué debe comenzar a ser realista, y pensar que no todo se arregla con buena voluntad o con la legitimidad política que dan los votos. El de la educación, sin duda, es uno de esos grandes problemas para los que se deben emprender todas las medidas que sean necesarias, pero sobre los cuales cualquier decisión errónea se magnifica. Y sobre todo, se debe actuar más allá de los discursos o la demagogia.

En este sentido, es necesario que la nueva administración del Gobierno del Estado, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, y su titular, Bernardo Vásquez Guzmán, comiencen a construir ya no una agenda deseable, sino una agenda posible para comenzar a enfrentar y revertir los grandes problemas que enfrenta la instrucción pública que se imparte en la entidad.

El primer botón de muestra lo tuvieron desde el momento mismo de la toma de posesión del gobernador Cué. Con el pretexto de repudiar “hasta el último día” a la administración del gobernador saliente Ulises Ruiz Ortiz —argumento erróneo y engañoso, dado que la gestión anterior culminó el día previo, por lo que, de ser así, ellos debieron haber marchado el 30 de noviembre y no el 1 de diciembre—, el llamado “magisterio democrático” de la Sección 22 del SNTE hizo notar su presencia a través del elemento de la movilización de masas, la protesta y las acciones de presión.

Así, mientras Gabino Cué se pronunciaba por terminar con los paros de labores de los profesores para no seguir afectando a la educación, éstos hacían justamente eso para hacerle sentir que lejos de cualquier acuerdo posible, su gobierno deberá comenzar a entenderse con ellos, que a partir de ahora serán una fuerza política mucho más contestataria y de doble lenguaje que nunca.

La razón de esa altivez es clara: en algún sentido, junto con Gabino Cué, la Sección 22 también ganó los comicios del pasado 4 de julio; ellos también sienten que arribaron al poder gubernamental estatal; y, como fuerza sindical, a partir de ahora lucharán en la ruta obvia de todos los sindicatos: es decir, harán lo que sea necesario no sólo por preservar todos los privilegios y los espacios de poder con los que ya cuentan, sino también, y sobre todo, por ensancharlos.

Además, como factor político e incluso electoral, la 22 ha tenido como herramienta fundamental de lucha, la movilización de sus masas y las acciones de presión. Los “democráticos” nunca han preferido la vía electoral, y tampoco las vías políticas. Por su propia naturaleza, ellos buscan siempre las acciones de presión, la presencia radical, y la protesta al límite para tratar de conseguir los objetivos que se plantean.

AGENDA POSIBLE

Por todo ello, es claro y urgente que la nueva administración del gobierno estatal, comience a construir una agenda educativa de temas y alcances posibles, en donde existan planteamientos que no sean tan idealistas o desapegados a la realidad. En su primera declaración ya como director del IEEPO, Vásquez Guzmán ofreció diálogo a la Sección 22, y dijo que comenzarán a trabajar en la construcción de herramientas que les permitan la evaluación del desempeño de los profesores. “En la alternancia, convertida en un proyecto de transición democrática, los profesores tienen cabida pues está la invitación de trabajar desde hoy mismo con el magisterio a fin de reconstruir la comunicación que se ha deteriorado”, dijo.

Este parece un buen principio que, sin embargo, se agotará tan pronto el Gobierno del Estado comience a delinear los aspectos en los que tendrá que ceder la Sección 22. Por ejemplo, cualquier agenda deseable de atención a la educación pública en Oaxaca, debería de contener como uno de sus primeros puntos, la evaluación del desempeño de cada uno de los profesores oaxaqueños, así como el establecimiento de mecanismos claros y profesionales de permanencia, promoción y remoción de las actividades docentes para cada uno de ellos.

Una agenda deseable, debería también contener, como otro de los puntos previos, la necesidad de que el Instituto de Educación quedara en manos por lo menos imparciales: es decir, que ya no fuera la Sección 22 quien propusiera a la gran mayoría de los funcionarios de mandos medios y superiores de su estructura, y que a través de ello pudieran dejar de ser juez y parte de la educación, y vehículo para el corporativismo del que se vale la Sección 22 para controlar a sus agremiados.

Del mismo modo, esa agenda posible debería contener —y que los profesores aceptaran— los mecanismos a través de los cuales se otorgan los estímulos (como la carrera magisterial) a los mentores que sí decidan incrementar su nivel de preparación profesional, y que demuestren mejor desempeño en sus actividades frente a grupo. Lo más importante, en este sentido, debería ser que los profesores de la Sección 22 se hicieran parte de la voluntad del gobierno de Gabino Cué, de que en Oaxaca se cumpliera el calendario escolar de 200 días que establece la SEP.

Es bueno que haya voluntad de diálogo por parte del nuevo Director del IEEPO. Pero es cierto también, que por lo menos es su obligación entablar nuevos canales de diálogo que, primero, permitan distender los agravios entre el magisterio y la autoridad que se generaron en el pasado, para luego pasar a una fase constructiva que logre reencauzar la educación pública que se imparte en la entidad.

 

¿ESPERAR SENTADOS?

Ojalá que no esperen hasta el momento de chocar con la realidad, para entender que la buena voluntad es insuficiente cuando se está frente a un grupo que esencialmente no defiende a la educación o a sus agremiados, sino el poder que acumula. Ojalá que tanto Bernardo Vásquez, como la secretaria de Gobierno, Irma Piñeyro Arias, tengan la claridad y los arrestos suficientes, primero para entablar diálogo real, y luego para construir esa agenda posible que tanto le urge a la educación en Oaxaca.

Transición en Oaxaca: una oportunidad real

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+ Capital político: útil y valioso, ahora o nunca

Una vez investido el cargo de gobernador Constitucional del Estado, Gabino Cué Monteagudo tiene una oportunidad única en México para generar una auténtica ruta de la alternancia de partidos en el poder, a la transición a la democracia. Los primeros signos de su gobierno, así como las condiciones políticas de la entidad en las que se enmarca el cambio de gobierno, apuntan a una enorme posibilidad que debe ser conducida con prudencia y firmeza, para dejar en claro que sí tienen viabilidad y utilidad práctica las tan cuestionadas alianzas electorales.

Por principio de cuentas, necesariamente debemos preguntarnos qué entendemos por transición a la democracia; y por qué aseguramos que el gobernador Cué Monteagudo tiene una oportunidad única ahora en Oaxaca. De la respuesta a esos dos cuestionamientos, podremos entender bien esta posibilidad de transición democrática que no debe ser desaprovechada tanto por el nuevo gobierno estatal, como por los partidos que tienen representación en el Congreso del Estado. Por ello, es necesario ir por partes.

En un primer momento, y aunque parece un tema agotado, tenemos que preguntarnos con seriedad qué entendemos hoy por transición a la democracia. Aunque en México ese asunto lleva por lo menos una década en discusión (el mismo tiempo que el PRI ha estado fuera del poder presidencial), es evidente que bien a bien, todavía hoy no tenemos una idea precisa de qué es, y cómo debe delinearse esa transición a la democracia.

En ese sentido, a lo más que hemos llegado en el país, es a construir algunas propuestas que, sin embargo, no se han podido materializar por la polarización política, por la debilidad y las imprudencias presidenciales, y por la ingobernabilidad y la falta de acuerdos que ha prevalecido en las recientes legislaturas federales.

Así, la idea más reciente y cercana que tenemos sobre una propuesta de transición a la democracia —           que, evidentemente, no es ni la única, ni la mejor, y mucho menos un planteamiento de reforma total o de fondo—, es la que hace un año presentó el presidente Felipe Calderón Hinojosa al Congreso federal, para comenzar a democratizar y modernizar ciertas instituciones e instrumentos políticos y de gobierno que, por su obsolescencia, ineficacia o desuso, no permitían una construcción de acuerdos que diera como resultado el mejoramiento en la democracia o la calidad de vida de las personas.

Ese decálogo de propuestas de reforma política, sin embargo, hasta hoy continúa durmiendo el sueño de los justos. El gran problema al que se han enfrentado las dos administraciones del gobierno federal, en sus intentos por llevar a cabo cualquier tipo de reforma política de fondo, radica en que no han contado con mayoría suficiente en las dos Cámaras del Congreso de la Unión, en que los mismos Mandatarios se han encargado de golpear y atizar a sus enemigos, antes de conciliar y construir acuerdos con ellos en temas de fondo; y en que los partidos de oposición han preferido el golpeteo y las ganancias políticas de corto plazo, a la posibilidad de comenzar a construir una gran reforma política que replantee al Estado en cuanto a sus mecanismos democráticos y tareas de gobierno.

En razón de ello, en los últimos diez años tanto la administración del presidente Vicente Fox Quesada, como la actual del presidente Felipe Calderón Hinojosa, han sido incapaces de construir una verdadera agenda democrática, que tenga viabilidad gracias a posibles acuerdos políticos. Ese, sin embargo, no es el caso del gobernador Cué en Oaxaca. De ahí que frente a los ofrecimientos y anuncios de propuestas de reforma presentadas ayer mismo al Congreso, necesariamente deba demostrar que tiene mucho más que retórica bien construida, respecto a la necesidad de comenzar a reformar las estructuras del poder y el gobierno en Oaxaca.

 

REFORMAS POSIBLES

Ayer, en su primer mensaje a los oaxaqueños, el gobernador Cué hizo una serie de planteamientos importantísimos para la vida política y gubernamental de la entidad. Punto por punto, delineó una serie de propuestas de reforma para reorganizar tanto el Poder Ejecutivo y replantear por completo los esquemas de integración, funcionamiento y alcances del Poder Judicial; reiteró su voluntad por mantenerse ajeno a la vida democrática del Congreso; dijo que replanteará los mecanismos de acceso a la información, y que hará propuestas para llevar a la práctica los mecanismos de participación ciudadana directa, tales como el plebiscito y el referéndum, así como para que exista en Oaxaca la posibilidad de iniciativa preferente.

Estos planteamientos, entre varios otros que hizo el gobernador Cué en el mensaje que dirigió a los oaxaqueños desde el Palacio Legislativo de San Raymundo Jalpan, bien podrían ser la punta de lanza para una verdadera reforma política e institucional, que comience a dar visos de una auténtica transición a la democracia. Una vez hechos esos ofrecimientos, ahora lo que necesita quedar fehacientemente demostrado, es que tiene la suficiente fuerza, determinación y voluntad política para llevar a cabo esas reformas que, en general, comenzarían por limitar el poder que tiene él como Gobernador del Estado.

Es claro que difícilmente tendrá obstáculos legislativos. A diferencia de las Cámaras federales, el Gobernador de Oaxaca hoy tiene el apoyo expreso de la mayoría de las representaciones políticas en el Congreso local; con el PRI, incluso, ha dado señales iniciales de una relación serena y prudente. Y todo esto queda reforzado por el importante momento político por el que pasa, en el que su aceptación y legitimidad son lo suficientemente fuertes como para terminar de arropar y sustentar cualquier propuesta que haga al Poder Legislativo.

Si el gobernador Cué logra llegar a la meta de convertir en ley sus propuestas de reforma, entonces no sólo estará demostrando que el cambio prometido era mucho más que simple retórica: estará dejando pautas claras de que las alianzas electorales sí tienen una viabilidad práctica. Pero mientras, hacer o no la reforma, es un asunto de poder, que sólo se encuentra en sus manos.

 

RECONOCIMIENTO

La ratificación de Andrés Webster Henestrosa como secretario de Cultura del Gobierno del Estado, es un reconocimiento contundente a una labor discreta pero constante realizada en esa área durante los últimos años. Enhorabuena por esa distinción, que parece haber sido construida muy lejos de las grillas, y muy cerca del trabajo.

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Columna Al Margen. Autor: @ortizromeroc. Espacio para la reflexión y el análisis político. #Oaxaca #AlMargenMX.

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