+ Defensa: todos la pregonan, nadie la realiza

Uno de los temas favoritos de la agenda común de Oaxaca es el relativo a los derechos humanos. Autoridades, organizaciones de la sociedad civil y grupos de lucha social hablan de ellos como si esta fuera una de las monedas comunes más valiosas de la vida pública. Lamentablemente, ese cúmulo de menciones y posiciones está lejos de conseguir una defensa efectiva de ellos. Y los mencionan tanto que, paradójicamente, parece que en Oaxaca los derechos humanos ya perdieron todos sus significados posibles.

¿Qué son derechos humanos? –podríamos preguntarnos. Y, tratando de ceñirnos a una definición formal, podríamos decir que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. No obstante, parece que aquí, en nuestro entorno, la definición material es mucho menos elevada, y por eso su trascendencia se torna no sólo cuestionable, sino incluso impráctica. ¿Por qué?

Porque en la entidad los derechos humanos tienen una clara inclinación hacia la lucha social y hacia la justificación de diversas conductas que no sólo están alejadas del sentido real de los derechos fundamentales, sino que peligrosamente se acercan a la justificación de conductas inaceptables o de poses políticas que no tienen ninguna trascendencia. Aquí parece haber un claro ánimo por explotar los derechos humanos únicamente a partir de intereses o agendas políticas.

Si vemos, por ejemplo, lo que hacen los grupos de defensa de los derechos humanos a los que el Gobierno del Estado ha dado importancia y relevancia, fácilmente podremos comprobar que éstos únicamente están encaminados a obtener beneficios políticos o económicos de sus planteamientos. Otros, buscan generar impunidad o provechos para los grupos de personas a los que representan. Ninguno, en realidad, parece estar decidido a promover realmente los derechos fundamentales, o a trazar rutas efectivas para defenderlos. Vayamos a ejemplos concretos para corroborarlo.

¿Cuántas organizaciones de la sociedad civil existen en Oaxaca para dizque defender los derechos humanos? Podemos contarlas y enumerar decenas, o quizá cientos que reciben fondos por parte del Estado, y que también son objeto de atención y negociación por parte del gobierno, del cual obtienen algún provecho. Sin embargo, ahora debemos preguntarnos, cuántas de esas asociaciones buscan dividendos políticos, y cuántas están encaminadas a hacer una defensa trascendental de los derechos fundamentales. La respuesta será que prácticamente ninguna puede demostrar que su defensa de los derechos humanos es efectiva.

Esto es así porque, por ejemplo, ninguna organización no gubernamental en Oaxaca había tenido la decisión para emprender una batalla jurídica como la que hace una semana ganó un grupo de personas, no constituidas en una Asociación Civil de las tradicionales de “defensa de los derechos humanos”, logró una declaración del más alto Tribunal Jurisdiccional del país (La Suprema Corte de Justicia de la Nación) respecto a uno de los paradigmas más polémicos y controvertidos de nuestros tiempos en materia de derechos fundamentales, como lo es el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Ese tema en particular puede parecernos o no correcto. Sin embargo, lo que hizo ese grupo de abogados (que ganó un amparo en revisión, en el que la Corte se pronunció de manera definitiva sobre la inconstitucionalidad de ciertos aspectos de la ley civil local, y ordenó casar civilmente a dos mujeres) fue simplemente articular una defensa adecuada a un tema que involucra de manera sensible a los derechos humanos.

La finalidad pudo haber sido el matrimonio entre personas del mismo sexo, o el aborto, o un conjunto enorme de temas que en Oaxaca simplemente duermen el sueño de los injustos, porque los grupos tradicionales de defensa de los derechos humanos están demasiado ocupados tratando de obtener provechos políticos o beneficios económicos, y olvidan que su existencia podría justificarse si al menos demostraran que pueden hacer algo más que empujar negociaciones, agitar a sectores de la población, o “defender” a personas para que lo que obtengan sea dinero, y no la restitución real de sus derechos quebrantados, y los de las demás personas que potencialmente podrían estar en esa situación.

GOBIERNO DE POSES

Un día como el internacional de los derechos humanos, es el ideal para alimentar las poses. Esto es lo que hace el gobierno local que asimismo se asume como garante de derechos, aunque en realidad tiene graves deficiencias para entender su trascendencia real.

Si la administración estatal se dice garante de los derechos, ¿cuántas iniciativas ha iniciado para revisar el marco jurídico local en esa materia, o para verdaderamente consolidar el Estado de Derecho en esa materia? ¿De verdad tiene cero recomendaciones, como para decir que aquí los derechos se cumplen a cabalidad? ¿Si está tan seguro de sus aseveraciones, entonces por qué contribuyó, junto con el Legislativo, a postrar el órgano garante de los derechos humanos hasta el grado de la inoperancia total?

Incluso, en estos tiempos los derechos humanos frente al Estado van mucho más allá del simple imperativo de “no hacer” para la autoridad. Ésta, hoy, tiene el deber de velar por hacer que los derechos se cumplan, por cumplirlos, por no quebrantarlos, y también porque otros no los quebranten. ¿Esto último es real? Tal parece que no. Porque aunque propios y extraños dicen que Oaxaca es “punta de lanza” en materia de derechos humanos, aquí es donde más se violan y donde más se medra alrededor de ellos. Qué tristeza que todos hablen de los derechos fundamentales, pero que nadie entienda que hoy, por ubicarlos en el ámbito de la agitación y de la lucha social, están menos tutelados que nunca.

¿QUÉ ES “RESPETAR”?

¿Respetar los derechos humanos es equivalencia a permitir la arbitrariedad y los daños de quienes se enmascaran en la lucha social para ser violentos? ¿Respetarlos significa siempre querer que la ley sea selectiva y las autoridades blandas? ¿Respetarlos significa que el Estado haga nada frente a cualquier conducta? Esos son algunos de los sinsentidos de los “derechos humanos” en Oaxaca.

+ Tradición política, que Presidente haga su estructura

Hasta donde se tiene memoria, sólo en una ocasión anterior el Congreso de la Unión había negado la posibilidad de que un Presidente modificara la estructura organizacional del gobierno federal. Hoy, eso es lo que ocurre ante las resistencias habidas en el Senado de la República para que se consolide el conjunto de modificaciones administrativas que el presidente Enrique Peña Nieto planteó para su administración. ¿Cuándo y por qué ocurrió antes y, sobre todo, qué es lo que hoy entorpece la posibilidad de que —lo que era impensable en otros tiempos— el Presidente pueda configurar su organigrama de la forma que mejor le parezca?

En efecto, hasta donde nos alcanza la memoria, podemos establecer que sólo en una ocasión el Congreso de la Unión trabó la posibilidad de que un Presidente modificara la estructura de la Administración Pública Federal. Esto ocurrió cuando, en 2009 México enfrentaba los más brutales efectos económicos de la crisis financiera que azotaba a Estados Unidos y comenzaba a enfermar a las economías europeas. Además de eso, meses antes había ocurrido la crisis de salubridad derivada del brote de influenza AH1N1, que paralizó a prácticamente todo el país a lo largo de más de una semana. En ese contexto particularmente adverso, el Presidente hizo una propuesta que, históricamente, fue congelada por el Congreso. ¿Qué propuso?

En aquella ocasión, en el contexto de la entrega del paquete económico 2010, en septiembre de ese año, el presidente Felipe Calderón anunció un proyecto con el cual se pretendía practicar una renovación total al interior de la administración pública federal, así como, ajustes y el envío de un paquete de leyes que buscaban sacar a México de la grave situación que entonces enfrentaba. Fundamentalmente, el presidente Calderón proponía la desaparición de las Secretarías de la Reforma Agraria, de la Función Pública y Turismo, con el objetivo principal de combatir la pobreza, por ello se anunció el proyecto de desaparecer esas dependencias, cuyas funciones serían absorbidas por otras secretarías de Estado.

¿Qué pasó entonces? Que tres meses después, cuando aún no entraba en vigor el paquete económico del año siguiente, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado, dictaminaron que la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, con la propuesta de la desaparición de las Secretarías de la Función Pública, la Reforma Agraria y de Turismo, sería desechada “debido a que los sectores afectados manifestaron su inconformidad”.

Incluso, practicando la apertura que casi nunca tienen, los senadores fundamentaron su negativa a desaparecer las tres dependencias, en el hecho de que los representantes de diversos sectores habían rechazado la propuesta presidencial. Esto lo manifestaron de forma expresa, al asegurar que diversas organizaciones campesinas, habían acudido al Senado para luchar contra la desaparición de la Secretaría de la Reforma Agraria, y lograr que esta cumpla su propósito de conquistar el desarrollo de las mujeres y hombres del campo, a través de una auténtica igualdad de oportunidades.

Respecto a Turismo, también dijeron que los empresarios, representantes del sector turístico, habían manifestado que era vital que la Secretaría de Turismo continuara vigente, y argumentaron que el turismo es una actividad intensiva en mano de obra que en México genera 2.4 millones de empleos bien remunerados, donde las mujeres no son discriminadas, e incentiva la creación de Pequeñas y Medianas Empresas. Incluso, respecto a la Secretaría de la Función Pública, dijeron que organismos no gubernamentales dedicados al análisis e investigación, así como a la promoción de prácticas de transparencia y rendición de cuentas en el sector público, quienes habían acudido a la Cámara de Senadores para manifestar su inconformidad ante la eventual desaparición, consideraban necesaria la permanencia de esa dependencia “para la consolidación de un gobierno honesto, eficiente y transparente”.

Según información de diciembre de 2010, los “sensibles” legisladores concluyeron que “para generar ahorro, es necesario tomar otras medidas como la reducción de gastos del gobierno federal y la creación de políticas que atiendan el desarrollo rural del país, desecharon la iniciativa, e instruyeron que se informe al Ejecutivo Federal”. Y así dijeron “no”, por primera vez en la historia reciente del país, a un intento del Ejecutivo Federal por ajustar el esquema administrativo de su gobierno.

ADIÓS A LA TRADICIÓN

Era algo así como una “tradición” la relativa que el Congreso nunca objetaba un nombramiento por parte del Presidente, y tampoco una propuesta relacionada con la esfera administrativa, que está bajo su completa responsabilidad. El argumento de siempre, versaba en el sentido de que los legisladores no objetaban en eso al Presidente, porque era una forma de no entorpecer el trabajo del gobierno federal, y también era una forma eficaz de evitar que ante cualquier resultado negativo, el Presidente reprochara al Congreso que eso ocurría por no haberle permitido una estructuración libre de la administración que éste encabezaba.

Sin embargo, en 2010 la tradición se rompió, y ahora vemos que las consecuencias son extensivas al gobierno de Peña Nieto. No obstante el hecho de que ahora los legisladores ya rompieron con esa vieja tradición, se suma un ingrediente más: el hecho de que la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y la de la Función Pública, implican una especie de reprobación, por parte del nuevo gobierno federal priista, a los dos principales ejes de los gobiernos panistas: el de la seguridad, y el del supuesto combate a la corrupción.

Esa es la razón que, en el fondo, ha llevado a los panistas a frenar, en el Senado, los reiterados intentos de la bancada tricolor, y del Gobierno de la República, por sacar adelante la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que en otros tiempos no sólo no habría sido objetada, sino que incluso habría sido aplaudida por propios y extraños.

SIGNOS DE CAMBIO

Aspectos como esos nos recuerdan, sin embargo, que México ya es otro país. Esto no habría pasado hace dos o tres décadas. Más bien, la posibilidad habría sido simplemente inconcebible. Hoy el gobierno tiene que negociar, pactar y transigir para lograr una reforma a su estructura. Lo ideal sería que los senadores panistas la objetaran en aras de mejoras, y no de cobro de venganzas.

+ Gobierno progresista con partidos indolentes

Hace meses, cuando ya se vislumbraba la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomara una decisión trascendental respecto a las leyes locales en materia de matrimonio y familia, señalábamos que todo esto ponía en jaque el sustento ideológico del grupo gobernante, que reiteradamente se asume y reconoce como de izquierda. Hoy queda claro que esa izquierda sólo tiene las características indispensables para la apariencia, pero que está lejos de materializarse día a día en las decisiones del gobierno y de los partidos que hacen mayoría en el Congreso del Estado.

En efecto, en nuestra entrega del 16 de agosto pasado apuntábamos que “es posible que en próximas fechas la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva si la legislación civil de Oaxaca vulnera los derechos de las parejas homosexuales, por no contemplar el matrimonio entre personas del mismo sexo”. Decíamos también que esta, que parece ser una discusión trillada y ajena a nuestra realidad, en realidad es de gran vigencia debido a que la tendencia nacional está encaminada hacia la ampliación total de los derechos de las personas.

Ante todo esto, señalábamos también que “el problema es que, en Oaxaca, lejos de que las fuerzas de izquierda —que tienen presencia importante tanto en el ámbito gubernamental, como en el legislativo—, presionaran en favor de la apertura de derechos para todos por igual, éstas se quedan calladas frente a los intentos de la autoridad local por atajar los medios de defensa que han presentado las personas que se dicen perjudicadas tanto por el contenido de la ley civil, como por la negativa de la autoridad para llevar a cabo un acto fundado en esa ley que, a su juicio, quebranta sus derechos”.

Y es que una cuestión fundamental que quedó olvidada el pasado miércoles (cuando la decisión de la Corte estableció la inconstitucionalidad del artículo 143 del Código Civil, en lo relativo a que el contrato de matrimonio se celebra “entre un solo hombre, y una sola mujer”, y abrió la puerta a los matrimonios homoparentales), es la relativa a que todo esto partió de la negativa del Registro Civil del Gobierno del Estado, para celebrar un contrato de matrimonio que dos mujeres le solicitaron.

¿Por qué es importante no dejar de lado esta cuestión en específico? Porque si bien es cierto que el Registro Civil no tiene otra posibilidad más que la de sólo aplicar las leyes que regulan su actividad, también lo es que, según se supone, este es un gobierno de izquierda que debía estar preocupado no sólo por cumplir la ley, sino también por reflejar el progresismo y los principios que se supone que sustentan su definición ideológica.

Además, si este acto fue conocido por el sector oficial, fue publicitado en diversos momentos, y estuvo a la vista de todos, entonces no debiera haber razón ni para la sorpresa, y tampoco para el oportunismo de quienes hoy falsamente pretenden aparecer como “progresistas”, tratando de “subirse” a un tema del que en realidad son ajenos, y del cual sólo pretenden sacar provecho.

Veamos el primero de los casos. En 2011, el Registro Civil simplemente negó el acto que solicitaban las dos mujeres que querían adquirir la calidad de “contrayentes”. Lejos de negar la prestación del servicio, pero aprovechar el momento para abrir rutas jurídicas y políticas que permitieran poner a discusión un tema como éste y tratar de materializar uno de los principios más progresistas de la izquierda, el gobierno estatal simplemente guardó silencio.

Y el Registro Civil no sólo se encargó de negar inicialmente el acto, sino que cuando las quejosas obtuvieron el amparo y protección de la justicia federal en primera instancia (a través del juicio de garantías radicado con número de expediente 1143/2011, en el que, en marzo pasado, el Juez Segundo de Distrito con sede en Oaxaca ordenó la realización del acto que les había sido negado, pero ahora acatando los lineamientos del fallo constitucional), decidieron inconformarse con dicha sentencia, y someter el asunto a un recurso de revisión, que finalmente culminó en la declaratoria de la Corte que conocimos el miércoles.

¿Esa resistencia a reconocer derechos es propia de un gobierno de izquierda como el que se encuentra establecido en Oaxaca? Tal parece que no. Más bien, un asunto como éste refleja las grietas políticas que existen en un gobierno de coalición, en el que ésta sólo sirve para ganar elecciones, pero no para llevar a los hechos, o cuando menos defender, programas o temas específicos que se encuentran en el plano ideológico, político, o de posturas ante ciertos temas.

Por eso, quizá, a nadie le importó que un tema tan sensible estuviera en la agenda irremediable de la entidad; a nadie le interesó atenderlo cuando aún había tiempo; y por eso ahora, en el más silencioso disimulo, el Registro Civil está aceptando el acto aunque sin establecer mayores posturas o razonamientos ante una decisión tan trascendental para Oaxaca, y para el país, por parte de la Corte.

OPORTUNISMO LEGISLATIVO

Sólo así puede calificarse el intento de los diputados Flavio Sosa y Pavel López por conseguir una reforma al artículo citado, a través de una iniciativa exprés, presentada esta misma semana. ¿Por qué tratar de hacerlo apresuradamente, cuando fue evidente que el tema les pasó de largo en todo este tiempo que el asunto estuvo en manos de los tribunales? ¿Qué de repente les apareció el espíritu progresista que no han demostrado en su actuación como legisladores? ¿O es que sólo cuando vieron que este asunto era inminente, distinguieron la oportunidad de aparecer en la historia como los reformadores y tuteladores de los matrimonios homoparentales?

Lo cierto, en esto, es que con todo y la declaración de la Corte, una reforma de tal calado al Código Civil debe venir acompañada de una recomposición integral de todos los artículos que regulan al matrimonio y la familia. Y eso requiere de un importante trabajo legislativo que supera por mucho las iniciativas hechas al vapor, en el momento, y sobre las rodillas.

DEMOSTRAR PROGRESISMO

A normas como el Código Civil le hacen falta reformas integrales. Sin embargo, como trabajar en algo como eso no impacta políticamente, entonces a nadie le importa. El problema llega cuando, con decisiones como ésta, se demuestra lo desfasado de nuestras leyes. Y todo empeora cuando llegan falsos progresistas, oportunistas, y arribistas del trabajo legislativo, que sólo quieren ganar a costa de las luchas, y causas, de otros.

+ Resolución de SCJN abate a clase política local

Ayer la Primera Sala de la Corte, resolvió un amparo en revisión, en el que se dirimió el alcance que tiene la definición del contrato de matrimonio en las leyes civiles de entidades federativas como la nuestra. Como esos juicios fueron presentados en nuestra entidad, atacando el contenido del Código Civil oaxaqueño, la resolución provocó no sólo reacciones naturales de contrariedad, sino que también generó confusiones y hasta pifias por parte de quienes tienen parte de responsabilidad o injerencia en este asunto. Es necesario, sin embargo, ubicar en su exacta dimensión el fallo del Alto Tribunal, para poder entender el efecto preciso que tendrá la resolución sobre las relaciones jurídicas, civiles y familiares, en Oaxaca y en el país.

En efecto, en un primer momento se dijo que la Corte había “eliminado” del Código Civil de Oaxaca la estipulación de que el matrimonio sólo puede realizarse entre un hombre y una mujer. Se dijo también que, en automático, esta disposición aplicaría para todo el país, “lo que significa que a partir de ahora, cualquier pareja del mismo sexo que se ampare deberá ser reconocida por las autoridades”.

Del mismo modo, en una interpretación poco afortunada del fallo, otros medios informativos aseguraron que  la Corte había determinado “la eliminación del artículo 143 del Código Civil, que define al matrimonio como la unión entre un solo hombre y una sola mujer, por considerar que esto es discriminatorio”, y con eso daban a entender que, en automático, dos personas del mismo sexo podrían casarse en Oaxaca.

Incluso hubo legisladores locales que, como Flavio Sosa y Pavel López, intentaron subirse al tema como un asunto de ocasión, para proponer a la Legislatura una modificación del precepto citado, para eliminar de su contenido lo relativo a que el matrimonio es un contrato civil que se celebra “entre un solo hombre y una sola mujer”, y también derogar lo relativo a que su objetivo es “la perpetuación de la especie”.

¿Qué hay de cierto en todo esto? Independientemente de que, en efecto, la Suprema Corte declaró inconstitucional ciertos aspectos del contenido de ese artículo, lo cierto es que ni lo dejó sin efecto por completo, y tampoco ordenó la modificación del precepto. En realidad, en términos estrictamente jurídicos, el fallo en este sentido tuvo dos efectos: el primero, relativo no a dejar sin efectos el artículo —como erróneamente se ha entendido—, sino más bien a declarar la inconstitucionalidad de la finalidad reproductiva del matrimonio, contenida en la manifestación de que una de sus finalidades primordiales es la de la “perpetuación de la especie”.

Un segundo efecto inmediato, es el relativo a ordenar a las autoridades responsables en este caso en específico, una interpretación conforme, en lo relativo al requisito de la diferenciación de sexos entre los contrayentes, de tal forma que al momento de aplicarlo se hiciera “como si dijera” que el Matrimonio es un contrato celebrado entre dos personas, y no “entre un solo hombre y una sola mujer”, como lo establece el Código Civil de Oaxaca, y los del resto de la República Mexicana, con excepción del Código del Distrito Federal.

ARGUMENTOS DE FONDO

Para llegar a cada una de esas decisiones, hay argumentos perfectamente estructurados. Pues de acuerdo con los diversos tribunales federales que conocieron del asunto, la finalidad reproductiva ya no es una de las fundamentales para el matrimonio, y por esa razón se quebrantan los principios constitucionales de igualdad y no discriminación de de las personas del mismo sexo que pretenden contraer matrimonio.

Sobre la finalidad reproductiva, el Juez Segundo de Distrito del Estado de Oaxaca, resolvió, sobre este mismo caso, que la transformación y secularización del matrimonio y de la sociedad ha resultado en una gran diversidad de formas de constituir una familia, que no surge necesariamente del matrimonio entre hombre y mujer.

En esa lógica, al otorgar el amparo a las dos mujeres que en Oaxaca intentaron contraer matrimonio y les fue negada esa posibilidad, el Juez Federal dijo que se ha evolucionado de tal forma, que se ha desvinculado la unión en matrimonio en sí misma de quienes lo celebran, de la “función” reproductiva del mismo, llegando incluso, al extremo de que aun teniendo descendencia, en muchos casos, ésta no es producto de la unión sexual de los cónyuges, sino de los avances de la medicina reproductiva, o bien, de la adopción, aun cuando no exista impedimento físico alguno para procrear; pues esa decisión, no depende la figura del matrimonio, en tanto cada persona determinará cómo desea hacerlo, como parte de su libre desarrollo de la personalidad, sea bajo la figura del matrimonio, heterosexual o no, o de otro tipo de uniones, como personas solteras, cualquiera que sea su preferencia sexual.

Por esa razón, asentaba, ante una misma situación jurídica se da un trato diferente a las parejas homosexuales, en tanto no les permiten el derecho a contraer matrimonio sin razones válidas que lo justifiquen; cuando las que existen se basan simplemente en las preferencias sexuales.

Ahora bien, sobre el acto discriminatorio que constituye el establecimiento de que el matrimonio sólo puede celebrarse entre un solo hombre, y una sola mujer, se estableció, y así fue ratificado por la Corte, que la norma reclamada (el artículo 143 del Código Civil), infringe los artículos 1° y 4º de la Constitución federal, que pugna por la eliminación de la discriminación no solo de preferencias sexuales sino de sexo y género, pues debe preverse que al encontrarse en situaciones de igualdad, ambas personas, deberán ser tratados de igual manera, lo que redunda en la seguridad de no privarlos de un beneficio o bien soportar un perjuicio desigual e injustificado, como en el caso, resulta la imposición de contraer matrimonio solo entre un hombre y mujer.

LOS ALCANCES

Todo esto, en efecto, abre la puerta para que, ante la reiteración de fallos en ese mismo sentido, pronto se siente jurisprudencia sobre este asunto, y cualquier persona, protegida por la figura del amparo, y apegándose a la interpretación de la Corte, pueda contraer matrimonio con otra del mismo sexo en cualquier entidad federativa, únicamente cubriendo el “requisito” de ampararse en los términos antes mencionados. Esta sentencia es trascendente, pero en ningún modo obliga al Congreso a legislar, ni eliminó un precepto del Código Civil. Se equivocan quienes lo creyeron así.

+ Hechos menos trascedentes pero más duros que antes

Parece de otros tiempos aquella imagen de un Presidente de México desfilando por las calles de la Ciudad de México, entre vítores, una lluvia de papeles de colores, y un automóvil descubierto. No parece de la actualidad, que esa escena aún la hayamos visto el día de la toma de posesión de Vicente Fox Quesada como Presidente de la República. Apenas doce años después —ese lapso, para el tiempo de una nación, es cortísimo—, fuimos testigos de cómo la violencia llegó al punto del desbordamiento ante la unción de Enrique Peña Nieto como primer mandatario de la segunda alternancia en el poder en México. ¿Qué tan descompuesta está nuestra nación?

La pregunta no es ociosa. Pues apenas en poco más de una década, hemos visto cómo la posibilidad de acuerdos y aceptación de la mayoría en México está diluida por completo. Según lo vemos, es claro que hoy tenemos un problema grave con la democracia, porque no existe certeza sobre su ejercicio y tampoco sobre el resultado que arroja. No existe, pues, un solo punto de coincidencia entre lo que debería ser el gobierno emanado de la mayoría, y la aceptación que debiera tener la minoría de ese mandato popular. Aunque la paz sigue siendo una garantía, aunque ésta se logra únicamente por la vía de la fuerza. Eso es gravísimo.

El problema es que si la paz está garantizada sólo por la vía de la fuerza, la inconformidad sólo parece tener cauce por esa misma vía: la de la violencia. ¿De verdad hemos llegado al punto en el que las vías democráticas moderadas están en vías de extinción, y ante los cuellos de botella que se generaron para la canalización de la inconformidad, ésta únicamente encuentra salida a través de la violencia? Según parece, esa es la explicación que intentan dar aquellos que aún tienen ánimos de justificar la violencia. Pero no debía ser motivo de redundancia para quienes, desde el poder, aún siguen hablando del discurso de la democracia.

En realidad, lo que vimos en México este fin de semana es abominable. Pues si tomamos como parámetro los hechos de 2006, en efecto sabremos que hoy las condiciones de gobernabilidad y acuerdo entre los poderes fácticos y los grupos políticos no están tan quebrantadas como hace seis años. Hoy, a diferencia de entonces, el Presidente pudo tomar protesta en un recinto legislativo legitimado por la presencia de los legisladores, lo hizo ahí de una forma más o menos ordenada, e incluso logró el consenso de las dirigencias partidistas para la firma de un gran pacto. En esta transición del poder, a diferencia de la anterior, fue civilizada, pausada y desarrollada en términos constitucionales.

El problema es que el pasado sábado vimos un importante nivel de violencia en las calles que no habíamos visto antes. Fue fácilmente constatable que la Ciudad de México padeció enfrentamientos a niveles que seguramente hacía décadas que no ocurrían. Incluso, ni en 2006 la violencia fuera de los corrillos políticos fue tan intensa como ahora.

El gobierno federal intentó minimizar los hechos. Pero, en el fondo, esa violencia demuestra que algo sigue estando mal en el país, que es una cuestión estructural, y que continuar por la ruta de ignorar la escalada de violencia, o simplemente tratar de paliarla por las vías policiacas, será tanto como echar silenciosamente gasolina a un fuego que tarde o temprano va a provocar una explosión en nuestro país.

VIOLENCIA IRREMEDIABLE

Los actos violentos se desarrollaron a la vista de todos. Y no sólo nos referimos al hecho natural de que las protestas ocurrieron a plena luz del día, en la ciudad más concurrida y atendida del país por el momento que vivía, y por grupos plenamente identificados; más bien, nos referimos a la circunstancia de que todos sabían perfectamente que eso ocurriría; muchos protestaron por el estado de excepción que —de hecho— se decretó en los rumbos de la cámara baja del Congreso de la Unión, pero esos mismos se dijeron dolientes cuando se desató la violencia y las fuerzas del orden replegaron a quienes provocaban desmanes.

Ese es un signo claro de que las cosas están gravemente descompuestas en nuestro país. La violencia se lleva a cabo a la vista de todos; los grupos que los impulsaron son también plenamente conocidos, el nuevo grupo gobernante ha ignorado casi por completo lo que ocurrió. Y en la resaca de la toma de protesta del nuevo Presidente, todos se encontraron de nuevo, en sus mismas posiciones políticamente correctas de siempre, denunciando y señalando todo lo que ellos mismos provocaron.

¿Quién pide, por ejemplo, un cese a la violencia? Son los mismos que el sábado la provocaron. ¿Quiénes hablan de reconciliación? Los mismos que han evitado cualquier posibilidad de entender al otro, y asumir que un imperativo pendiente de nuestra democracia debía implicar el hecho de que en una contienda política tan importante como la presidencial, nadie debía estar en condiciones de perder todo, como tampoco en la de ganar todo.

El hecho de fondo, es que nadie tiene ganas de reconciliarse con la democracia —o con el poder o con la oposición… da lo mismo—, porque las posiciones políticas siguen siendo tan propias del antiguo régimen de partido hegemónico (el del priismo avasallador que existía antes del año 2000), que para los oficialistas sigue siendo un negocio redondo el de no ceder, como también lo es, y en los mismos términos, pero al revés, para quienes se encuentran en la oposición, y desde esos espacios hacen de la derrota una forma de no ceder, y de conseguir más que asumiendo responsabilidades que, según entienden, no les corresponden simplemente porque ellos perdieron.

Al final lo que es evidente es que ahí es donde se encuentra la razón del desencuentro tan profundo que vive nuestro país. Peña Nieto ganó y es Presidente, pero a los ojos de muchos no ganó y es resultado de una imposición. Eso mismo pasó con Calderón. Y eso mismo habría pasado con AMLO, o con quien sea, porque esta democracia —desfasada, aunque de propia de nuestro sistema político— siempre tiene como condición que alguien gane todo o que alguien pierda en esas mismas circunstancias. Y en esas condiciones, lo que siempre veremos es la inconformidad a todo lo que da, y asimismo en un permanente modo de ascenso.

NO NOS CONFUNDIMOS

Sin embargo, la revuelta siempre es ocasión para simples chavos banda. Ya ven al “#YoSoy132”, David Venegas golpeando señoras. Eso, de veras, no es de Dios.

+ Generar interés: reto común, gobierno-PRI

Todos en Oaxaca se dicen tranquilos, y hasta esperanzados, por la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República. Unos hablan de las promesas hechas por el ahora Presidente a nuestra entidad; y otros, de la necesidad del trabajo conjunto y la coordinación institucional para atender los asuntos prioritarios. Todas son simples expectativas. ¿Unos y otros ya se habrán preguntado, en frío, qué interés real por Oaxaca puede tener el nuevo Presidente de la República?

La pregunta no es ociosa, y tampoco es fatalista. Pues pareciera que ante la llegada del nuevo Mandatario federal, todos en Oaxaca se sienten seguros de que algún débito político tiene pendiente el nuevo gobierno de la República con nuestra entidad, y que por ese solo hecho habrá muestras de voluntad, de trabajo, de coordinación, de inversión y de atención, por parte del gobierno federal, para los temas de desarrollo, de economía, de partidismos y hasta de ganas de hacer política, a favor del gobierno, de los partidos, o de los políticos locales.

Lo cierto es que, en rigor, bien puede ser nada lo que le interese a Peña Nieto de Oaxaca. Si lo vemos en términos no sentimentales, bien podremos ver que para el nuevo Presidente nuestra entidad habrá de ser un dolor de cabeza, más que una “joya de la corona”, un tema de interés o un desafío político o partidista. ¿Por qué? Porque hoy, todas las condiciones de la entidad son adversas tanto para el nuevo partido en el poder presidencial, como para el gobierno federal mismo. Veamos esto a detalle.

Oaxaca está gobernado no sólo por una fuerza política opositora, sino por un conjunto de partidos, todos opositores al PRI, que además han volcado, desde el poder del Gobierno del Estado, su apoyo y sus lealtades a la izquierda radical de Andrés Manuel López Obrador. El nuevo Gobierno de la República —que ha demostrado ser experto en el análisis de escenarios electorales— sabe que, en términos de política, le sale más barato arrinconar a los aliados de sus adversarios, antes que querer dominar esas plazas. Si lo vemos así, entonces Peña Nieto tendría más ganas de olvidarse de Oaxaca, que de querer venir a arrebatársela políticamente a los grupos que ayudan a sus adversarios.

No obstante, esa razón no tendría que significar que Peña Nieto, o el PRI nacional, tenga interés en revitalizar al priismo local. En la elección presidencial, quedó claro que Oaxaca representa para el PRI una cierta proporción de voto duro que se maneja directamente desde coordinaciones nacionales, y que para esos efectos es intrascendente el trabajo territorial que se pueda hacer en Oaxaca.

La muestra de eso la puso el propio resultado electoral en la entidad, en el que Peña obtuvo más de medio millón de votos, a pesar de que aquí el trabajo territorial de promoción del voto estuvo pulverizado; a pesar también de que la mayoría de las candidaturas no tuvieron capacidad e interés en invertir en sus campañas; a pesar de que los recursos asignados para la movilización de estructuras electorales, quedó de nuevo en unas cuantas manos y no llegó a sus destinatarios finales.

En resumen, el PRI nacional ya vio que pueden seguir siendo competitivos, a pesar, y no con la ayuda, de los priistas oaxaqueños, a los que continúa siendo complejo reconciliar, sumar a la causa partidista, y quitarles el ánimo de sabotear a su partido con tal de ver perder a los correligionarios que en realidad asumen como sus enemigos internos. Saben, hoy, que el poder de la televisión hace más que toda una “clase política” que en Oaxaca no termina de asumir sus condiciones actuales.

¿CÓMO GENERAR INTERÉS?

El presidente Vicente Fox no tuvo interés en Oaxaca, y por eso la atención que dio su gobierno fue apenas la mínima decorosa como para demostrar que el pacto federal sirve para que se atienda a todas las regiones y entidades de la República Mexicana. Después, por sus aversiones personales contra el PRI, y particularmente contra el grupo del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz, el presidente Felipe Calderón tampoco hizo gran cosa por la entidad: prometió más de lo que hizo; su gobierno invirtió en la entidad con desgano, y sólo por pactos políticos con el PRI, pero nunca convencido de que Oaxaca fuera una prioridad para su gobierno.

¿Qué se puede esperar, en frío, de Peña Nieto? ¿Que venga a Oaxaca a gastarse sus capitales políticos, para arrebatarle al grupo gobernante una militancia prolopezobradorista que no podrá arrancarles ni con solvente? ¿Vendrá a tratar de hacerles la guerra electoral, a sabiendas que el grupo que gobierna la entidad no se tentará el corazón para mantenerse en el poder que hoy ostenta?

Y frente al devastado priismo local: ¿Tendrá ánimos, o algún interés, el presidente Peña Nieto de que su gobierno derroche recursos económicos y políticos para rescatar de la derrota a un grupo político priista —el de los herederos del ex gobernador Ruiz—, que no sólo no ha buscado realmente la reconciliación entre sus compañeros de partido, sino que en realidad, a través de la vida artificial que le da el CEN priista, es uno de los lastres más pesados e impresentables que aún debe sortear la dirigencia nacional del priismo?

Lo cierto es que el reto, hoy, es para todos los grupos —gobernantes y opositores— que integran la clase política de Oaxaca. No se trata de ser entreguistas ni aferrados, sino de buscar las condiciones idóneas para que aquí la política sirva para algo más que generar problemas. Ese reto consiste en generar las condiciones que hagan atractiva en la entidad, no sólo la inversión o la atención social o de gobierno por parte de la Federación, sino que también animen al grupo gobernante a no dejar simplemente abandonada, de nuevo, a nuestra entidad…

Pues es evidente que el presidente Peña Nieto tendrá tantos problemas en qué pensar y ocuparse, que si Oaxaca no le representa una preocupación o un tema de interés real, y sólo nos ve partir de los problemas y los conflictos de siempre, entonces en la entidad pasaremos seis años más arrumbados en el olvido de la Federación.

¿…Y LAS DELEGACIONES?

Habrán notado que de repente se apagó toda la expectativa por ver quién ocuparía las delegaciones federales en la entidad. A partir de hoy comienza oficialmente la cuenta regresiva para el “piñatazo”. En el reparto veremos los arreglos y el reacomodo real del priismo oaxaqueño. No esperemos arreglos tersos. Esto apenas comienza.

+ Partidos: Cuotas y prebendas, no compromisos

La decisión tomada sobre la conformación de la Comisión de Acceso a la Información, confirma que en Oaxaca las fuerzas políticas tienen bien entendido para qué sirve la partidocracia, pero que eso sólo lo usan para lo negativo. Si los gobiernos de coalición deben estar determinados por compromisos y programas, queda claro que en Oaxaca la alianza de partidos ha servido únicamente para la repartición del botín. Eso ha quedado claro con distintas decisiones, pero particularmente en las decisiones que se han tomado en los órganos autónomos, que fueron flagrante e impunemente asaltados por los partidos políticos.

En efecto, en todo el mundo se entiende —menos en Oaxaca—, que las alianzas de partidos se hacen para la búsqueda de objetivos comunes. Esos objetivos compartidos, en esencia, deben estar encaminados a la consecución del bien común. Se supone, además, que una coalición debe tener finalidades específicas, y debe estar enmarcada por el establecimiento de programas y compromisos específicos a cumplir, un tiempo y formas no determinadas por los beneficios que da el poder.

El problema es que en Oaxaca nada de eso ha ocurrido. Las coaliciones que han existido han tenido como único objetivo el de la lucha por el poder. Aunque las normas electorales establecen que los partidos que se coaligan deben conformar una plataforma política conjunta, que debe ser la base de su trabajo político, lo cierto es que en el caso oaxaqueño las plataformas conjuntas han servido únicamente para cumplir con un requisito de la ley, pero no para establecer la ruta, las causas y los temas que se habrán de abordar si esa coalición llega al poder.

En eso se explica el hecho de que los partidos aliancistas en Oaxaca no sólo no tengan rutas específicas, sino que su trabajo real sea deficiente, contradictorio y carente de toda coherencia. En el plano de la formación de leyes, por ejemplo, la agenda de temas a legislar está determinada por la ocurrencia, por los caprichos y por los intereses de los diputados (y del Poder Ejecutivo, en casos determinantes), pero no por temas específicos que por acuerdo común deban ser abordados.

En ese sentido, si nos vamos a los hechos podremos darnos cuenta que la gran reforma constitucional llevada a cabo en abril de 2011 no refleja ningún tema o causa establecido previamente como compromiso conjunto de las fuerzas aliancistas. De hecho, en esa reforma no se tocaron temas sustanciales que pudieran reflejar los principios ideológicos o la plataforma política de una u otra fuerza, o las bases democráticas del gobierno de coalición tanto en el Poder Ejecutivo como en el Congreso del Estado.

Esa reforma, pues, fue confeccionada y decidida en un despacho de asesores jurídicos, y después en la mesa de tres o cuatro personas (los líderes de facto de la Coalición), para finalmente ser legitimada por el proceso legislativo formal y por toda la faramalla con la que se trató de vestir con democracia, a un armatoste legislativo que era sólo la respuesta a puros intereses y pretensiones del grupo gobernante.

PARTIDOCRACIA EN EL ESPEJO

Como no hay programa, ni hay compromisos, ni existen objetivos claros, entonces lo que le queda a un régimen de coalición como el oaxaqueño, es la repartición del poder. Engañosamente, creen que los objetivos de la coalición se cumplen con el solo hecho de asignar cuotas, repartir espacios, y establecer un pacto de respeto mutuo en territorios y temas que quedan vedados para la decisión de cada partido.

Eso, al final, es lo que ha ocurrido en todos los temas administrativos del Gobierno del Estado (en el que cada dependencia, desde el más alto nivel hasta los más modestos, está repartida en base a criterios partidistas); y es también lo que ocurre entre las fracciones parlamentarias que integran el Congreso del Estado, que en su propio ámbito entendieron esa condición, y desde entonces no han hecho otra cosa que repetir el patrón del reparto como “forma” básica de hacer cumplir los objetivos-botín de la coalición de gobierno.

Revisemos, sólo para reafirmar lo que en este espacio hemos dicho hasta el cansancio: que todos los espacios que la misma Constitución concede a la ciudadanía (producto del empuje democrático para acotar el poder de los partidos en el ámbito público), fueron groseramente repartidos por los partidos, como si los órganos autónomos no fueran eso, y fueran simples extensiones de las fuerzas políticas. Lo peor de todo ese asunto, es que esas decisiones, además, han implicado una disminución profunda del alcance y potencial de los órganos autónomos.

Y es que los diputados no sólo no han decidido en función a los principios constitucionales (esos que, letra muerta, dicen que sus titulares deben responder a los principios de idoneidad, experiencia y honorabilidad, y que la elección debe estar determinada por la pluralidad, la paridad de género, el apartidismo y la no discriminación), sino que han tomado esos espacios, que son de funcionamiento eminentemente técnico y profesional, para cumplir con más cuotas y compromisos, a través de personas que no cumplen ni con los requisitos constitucionales y morales mínimos para llevar a cabo esas responsabilidades según lo contempla la propia Carta Fundamental.

Lo hemos dicho antes, y lo refrendamos ahora: ¿Qué podemos esperar de un Instituto Electoral conformado fundamentalmente por cuotas de los partidos aliancistas, han demostrado no poder garantizar procesos electorales confiables? ¿Qué de positivo se puede pedir a un Defensor de los Derechos Humanos que ni siquiera cuenta con el título de abogado que, por razones hasta de dignidad y legitimidad, la propia ley debía exigir? ¿Puede tener un buen porvenir una Auditoría Superior encabezada por un individuo que no pudo comprobar el hecho de contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría gubernamental y de responsabilidades.

ARTEROS APRENDICES

Eso es lo que son los nuevos Comisionados de Acceso a la Información. Ninguno, ni Esteban López José, ni Gema Ramírez, ni Eréndira Fuentes, pudieron comprobar que eran los idóneos para los cargos para los que fueron electos. Los partidos, en esa misma lógica, omiten explicar por qué eligieron a ellos y no a otros. Nadie dice nada porque, al final, lo que ocurrió fue un mero reparto. Les importó un cacahuate la autonomía, el funcionamiento, la profesionalización y la vanguardia de esos órganos. Pregonan la democracia, pero sólo para la casa del vecino.

+ Elección a ciegas; legisladores no explican su decisión

Ayer, sin ningún aviso previo, y sin cumplir con el principio de máxima publicidad que debe regir un proceso legislativo que involucra a la ciudadanía, el Congreso del Estado eligió a los integrantes de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Más allá de los nombres y los antecedentes de los recién electos, la elección de ayer debiera marcar un parteaguas sobre la forma en cómo los diputados toman, procesan y consolidan sus decisiones. Las formas actuales no deben convertirse en práctica común.

En efecto, la elección de Comisionados ocurrida ayer, fue intempestiva. De hecho, hasta antes de las primeras horas de la tarde, todo se reducía a rumores y especulaciones. Fuera de los diputados, ni siquiera en el mismo recinto legislativo tenían conocimiento claro de que pudiera ocurrir la votación integradora del organismo de transparencia. Finalmente, la votación fue decidida y llevada a cabo en unos cuántos minutos, para asombro de todos aquellos que esperaban que por lo menos las ternas de aspirantes fuesen publicadas, y se anunciara, con fecha y hora, la sesión en la que se llevaría a cabo la elección.

Eso era lo menos que se esperaba, luego de la forma tan poco clara en la que los diputados decidieran que la sesión de elección se pospusiera por veinte días más. Si ya desde entonces había serias dudas sobre la integridad del proceso, lo menos que se esperaba es que los diputados decidieran terminarlo, ahora sí, de cara a una ciudadanía que, aún con las desilusiones recurrentes por la forma abiertamente partidizada y sectaria de integración de los demás órganos autónomos, de todos modos confió en la Legislatura y decidió inscribirse libremente para este proceso.

El problema es que, de nuevo, los diputados decidieron hacer todo a oscuras. Y es que el problema no necesariamente radica en el fondo de sus decisiones, como sí en la forma. En este caso, quedó claro que las bancadas siempre tuvieron candidatos específicos, que fueron subiendo y bajando de posibilidades de ser electos no según sus méritos reales y sus potencialidades profesionales o académicas, sino en función de negociaciones e intereses que hasta ahora nadie conoce.

Esta elección se determinó lo mismo por recomendaciones de ex diputados federales, pasado por el pago a débitos por elecciones anteriores, e incluso por el hecho mismo de que la bancada perredista pretendió impulsar, de la forma más desarreglada posible —usando recursos, propaganda en medios y apoyos de supuesta “buena fe”— a un grupo de individuos que simplemente pretendieron atraer reflectores para generar una percepción engañosa de idoneidad que, en realidad, no poseen.

A todo eso se suma el hecho de que los legisladores no cuidaron las formas mínimas para consolidar esta decisión, propia de la partidocracia. Aunque los órganos autónomos deben estar integrados por personas ajenas a intereses partidistas, políticos o de poder, y su integración debe ser consecuencia del mandato constitucional de la realización de una consulta amplia a la sociedad, lo cierto es que todo se resumió en la realización de un proceso simulado en el que no hubo ponderación de perfiles, ni consulta amplia, ni apertura a la sociedad, y mucho menos alguna explicación de por qué los diputados eligieron a cada uno de los personajes ayer votados, y por qué no a otros.

ELECCIONES DÉBILES

Decíamos en nuestra entrega del pasado 15 de noviembre, a propósito de la elección de integrantes de instituciones autónomas como la electoral, de transparencia y derechos humanos, que si se supone que toda democracia busca tener órganos autónomos fuertes para hacer contrapeso al poder del Ejecutivo, en Oaxaca el Congreso ha designado a personajes débiles, sin probidad, sin capacidades profesionales y académicas comprobables, y que por tanto carecen de la posibilidad de conformar los órganos fuertes que se supone que debían existir en una entidad que se dice inmersa en la democracia y en la pluralidad de fuerzas.

El problema en esos casos, decíamos, radica en buena medida en que los diputados tienen un amplísimo marco de acción, que no está regulado por nada. Nadie sabe, por ejemplo, por qué razón fue electo Alberto Alonso Criollo como consejero presidente del IEEPC; exactamente lo mismo puede decirse de Carlos Altamirano Toledo en la ASE, y qué decir del impresentable Arturo Peimbert, que aún con todos sus antecedentes e insuficiencias, y en una competencia en la que había varios personajes de calidad moral, preparación académica y antecedentes intachables, fue electo quién sabe por qué por unos diputados que sólo votaron sin explicar (como sí debería ocurrir en la “democracia” en la que según vivimos) por qué lo hicieron en ese sentido, y sin permitir que hubiera claridad respecto a la forma en cómo negociaron, qué acordaron con cada uno de los designados, y qué recibieron a cambio de su voto.

Hoy, además de eso, vemos que los diputados deciden sin respetar las formas mínimas de una elección democrática. No vayamos en este momento a la revisión de si los personajes ayer electos son los mejor preparados o los que garantizan mejor funcionamiento del órgano de transparencia. Sólo detengámonos en el hecho de que los diputados lo hicieron sin previo aviso, de nuevo sin informar a la ciudadanía (cada diputado, cada bancada, o la Legislatura completa) por qué votó en la forma en que lo hizo, qué elementos tomó en consideración para determinar su decisión, qué garantías ofrece respecto al funcionamiento de la Comisión de Transparencia, y cuál es la corresponsabilidad que ellos reconocen en la forma en que actúen los hombres y mujeres que ayer fueron electos para el Consejo General de esa Comisión.

RESPONSABILIDAD, INELUDIBLE

No hay camino alterno posible. Los diputados de la LXI Legislatura son corresponsables ineludibles del correcto o mal desempeño que tengan los Comisionados de Acceso a la Información, como también lo son de los integrantes del IEEPC, de la Defensoría de Derechos Humanos y de los demás personajes que han designado para las instituciones en las que ellos deciden. Tratar de escabullirse de esa responsabilidad, o simplemente guardar silencio ante las aberraciones que varias de esas personas han cometido en el ejercicio de sus funciones, es tanto como negar que ellos los eligieron, que ellos negociaron y que ellos menguaron profundamente la transición democrática, al hacer esas elecciones de las que no quieren hacerse responsables.

+ Proceso de integración ha sido una farsa

Si de verdad tienen interés en recuperar Oaxaca, para el PRI nacional el tablero electoral de la entidad representa auténtica encrucijada. Según parece, no hay forma posible para reconciliar la derrota con la victoria, cuando se pretende que ambas condiciones se posen en las mismas manos; y mucho menos podrá darse esta posibilidad cuando la reconciliación de los factores reales del priismo local está lejísimos de ser una realidad. En estas condiciones, además, surgen una serie de interrogantes que, de no ser respondidas, no harán sino consolidar la derrota que ya se vaticina.

En efecto, dice el principio de la contradicción que nada puede ser y no ser al mismo tiempo. Esto aplica perfectamente para el priismo oaxaqueño, porque si hay un signo que los ha marcado en los últimos años, ha sido el de la derrota. El grupo que heredó del gobernador Ulises Ruiz el control de la dirigencia, no ha tenido otra senda que la marcada en los dos últimos comicios.

Cuando manejaron el proceso electoral estatal de 2010 perdieron la gubernatura, la mayoría en el Congreso local y las plazas municipales más importantes de la entidad. Y cuando en 2012 de nuevo tuvieron el control electoral del priismo, no hicieron sino repetir el diagnóstico con una nueva derrota, determinada no sólo por las circunstancias, sino también por los excesos y errores que ellos mismos cometieron en el camino.

Ese no es sólo un antecedente, sino es parte fundamental del contexto de la elección intermedia de 2013 para el priismo oaxaqueño. No se trata de reducir el diagnóstico a una simple predicción basada en los antecedentes. Más bien, el asunto álgido radica en el hecho de que, con dos derrotas al hilo —ambas casi al punto del blanqueo—, la credibilidad y la confianza que pudiera tener la militancia priista en la dirigencia y el grupo que insiste en mantener el control monopólico del PRI oaxaqueño, es cada vez menor. Esta es una circunstancia determinante. ¿Por qué?

Porque para 2013 ya no se tratará sólo de que el grupo heredero del ex gobernador Ruiz consiga o no hacer una operación electoral eficaz, sino de que pueda revertir el desánimo y el enojo de su propia militancia por la devastación de los dos últimos comicios. Nadie en su sano juicio podría creer que personajes impresentables como Alejandro Avilés Álvarez, y todos los ulisistas que llevaron al PRI a su derrota, ahora puedan presentarse de nuevo ante sus militantes y simpatizantes, y que éstos les den su confianza sin cobrarles las facturas por las derrotas.

En ese caso, es evidente que las derrotas priistas no son huérfanas: todos saben perfectamente qué las provocaron, y quiénes son los responsables. Del mismo modo, a todos les queda claro que los responsables de cada descalabro tienen también facturas pendientes por pagar, antes que suponer que la sola permanencia, por designio de la dirigencia nacional, les otorga un nuevo cheque en blanco para que la militancia crea ciegamente en ellos, y evite la posibilidad de preguntar, cuestionar y hasta repudiar por los antecedentes del pasado.

Por todo eso, no parece posible que haya posibilidad de conciliar, en un solo grupo, la victoria con la derrota. Ni una ni otra pueden ser y no ser al mismo tiempo. Y de entrada, esa será la primera gran afectación, manifiesta, que traerá aparejada para quienes siguen en el PRI por insistencia pero no por voluntad auténtica y respaldo de una militancia que quién sabe si en realidad los considere, o sólo lo esté esperando para cobrarles por sus excesos y por las derrotas.

¿RECONCILIACIÓN?

Otra de las razones que hacen a Oaxaca un tablero imposible para el PRI, radica en la reconciliación imposible. ¿De qué hablamos? De que más allá de las palabras dichas por Salvador Sánchez y sus segundos, de que el priismo oaxaqueña ahora sí se encuentra en un momento de reconciliación y de integración, lo cierto es que de nuevo la dirigencia priista está sólo incluyendo a sus amigos, a sus compromisos y a los integrantes de su grupo. Con ellos pretenden conformar las candidaturas importantes. Pero también quieren las delegaciones federales y los espacios administrativos de mayor relevancia política y electoral para la entidad.

Es evidente que no se puede tener todo a pedir de boca. Por eso, en el primero de los casos, la reconciliación ha sido una auténtica fantasía. Y en el segundo caso, será imposible que a los priistas que aún controlan la dirigencia estatal también les faciliten el acceso a las delegaciones federales. Si esto lo vemos con una visión de estricta operación electoral, el resultado de todo esto será un factor más para la derrota. ¿Por qué?

Porque es evidente que al no haber una reconciliación y una integración real, la posible sinergia entre el Comité Directivo Estatal del PRI y las delegaciones federales será una fantasía. ¿Cómo querrá la directiva del tricolor que en temas de operación electoral trabajen coordinados candidatos, jefes de campaña y funcionarios públicos, cuando éstos no sólo pertenecen a grupos contrarios en la entidad, sino que unos y otros se han deshecho en improperios, patadas bajo la mesa, descalificaciones y demás? ¿Cómo querrán que trabajen juntos, cuando a las tareas de reintegración del PRI no han sido llamados otros que no sean los “cuates” del ulisismo puro, desdeñando a todas las demás expresiones que también son importantes para la entidad?

Y finalmente, en un escenario así, de confrontación y de casi nulas posibilidades de coordinación entre militantes de un mismo partido (que está en el poder federal, y que busca recuperarlo a nivel local), ¿cómo harán todos para “vender” la idea de que Oaxaca es una arena electoral rentable para el gobierno federal, y que por esa razón es viable arriesgar capitales políticos y credibilidad en una operación electoral de gran calado, que necesitará el doble o triple de lo normalmente necesario, para poder hacer una maquinaria electoral que está a punto de desfondarse no por su desgaste, sino por la imposibilidad de ser operada correctamente?

DERROTA ANUNCIADA

Lo cierto, en todo esto, es que son los antecedentes los que apuntan a la derrota. Las vicisitudes que enfrenta el PRI oaxaqueño son tantas y tan claras, que necesitarían atención de primer nivel para poder recuperar electoralmente la plaza. Y quién sabe si eso le interese a un gobierno nacional que sólo ha visto en Oaxaca el foco de confrontación y algidez, total, con el que seguramente nadie querría lidiar.