+ Abrirse a la sociedad: necesidad inaplazable

Dentro de unos días, la Universidad Regional del Sureste definirá su destino para los próximos tres años. Al elegir nuevo Rector, sería bueno que quienes integran su Consejo de Asociados reflexionaran sobre las necesidades de esa Casa de Estudios no sólo en la medida que lo han hecho hasta ahora: es importante que esa Universidad, como todas en Oaxaca, logre dar el salto para convertirse en un polo de interacción con todas las corrientes de pensamiento, con todos los centros educativos, y con todas las instituciones, instancias y organizaciones —civiles y gubernamentales— con las que hasta ahora no tiene relación.

La URSE, como institución privada de educación superior, tiene un origen diametralmente distinto al de todas las universidades de su tipo en Oaxaca. Ésta, a diferencia de todas las demás, emana no de un afán de lucro o de la búsqueda de un negocio por parte de un grupo de inversionistas, sino de un conflicto político que marcó el rumbo de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca a finales de los años setentas. En medio de aquel conflicto, la creación de la URSE se dio como un intento de garantizar la subsistencia educación superior, que entonces corría graves riesgos en medio del movimiento estudiantil de aquellos años.

Aunque, por el momento y las condiciones en que surgió, durante años hubo ciertos cuestionamientos hacia esa Universidad, lo cierto es que ésta ni tuvo un nacimiento inconfesable, ni se forjó a la sombra del poder —a la distancia puede verse que no había razón para ello—, y mucho menos ha entregado malas cuentas a la sociedad oaxaqueña.

Como persona jurídica, logró alcanzar la estabilidad financiera que muchas instituciones no tienen; como institución académica, ha entregado a la sociedad oaxaqueña profesionistas exitosos y comprometidos. Y como oferta educativa particular, se ha mantenido como una prestigiada isla de laicidad, independencia y accesibilidad, en medio de un mar de ofertas educativas dominadas por el elitismo, por los altos costos, o por los dogmas religiosos.

En ese sentido, queda claro que la URSE ha sabido adaptarse tanto a sus necesidades como al dinamismo de la sociedad oaxaqueña. Quienes la vieron nacer hace 34 años, seguramente no imaginaron que esa Universidad —que inició actividades en un espacio que era utilizado como bodega de cacharros del gobierno estatal, en la que cada alumno tenía que llevar la silla en la que se sentaría, y en la que los catedráticos no contaban ni siquiera con gises y pizarrones— tendría más de dos mil alumnos; que poseería dos campus universitarios, y mucho menos que contaría con instalaciones y servicios de primer nivel. Dígase lo que se diga —y pesar de los escollos y las malas decisiones, de las que no ha sido ajena esa Universidad—, hoy nadie puede negar que todo eso se logra en base a la disciplina, al orden y al sostenimiento de la calidad académica como principal oferta a la sociedad.

Sin embargo, independientemente de que se quieran o no dar por válidos todos esos argumentos, queda claro que la responsabilidad social y académica de una Universidad como la que ahora señalamos, no se termina ahí. Y por eso mismo es necesario dar los pasos siguientes para que siga siendo una institución viable y competitiva en el mediano plazo.

PASOS A FUTURO

Hoy, por ejemplo, la URSE cuenta con importantes acreditaciones que la avalan a nivel nacional como una institución de calidad en la educación superior. No obstante lo anterior, su grado de vinculación con la sociedad y con todo tipo de organismos civiles y gubernamentales sigue siendo un paso pendiente. Es necesario que, por eso mismo, las personas que tienen capacidad de decisión sobre esa Universidad comiencen a dejar atrás los recatos excesivos y las reservas que han tenido por más de tres décadas, y se decidan a llevar a esa Casa de Estudios a niveles que hasta ahora no han explorado. ¿De qué hablamos?

De que a la URSE, sin duda, le hace falta establecer vínculos más estrechos con una sociedad que le ha permitido tener el lugar que hoy ocupa en Oaxaca. Es decir, la URSE debe asumirse no sólo como una institución educativa más, sino que debe tomar parte activa en la colaboración social y ciudadana que tanto hace falta en nuestra sociedad.

Debe ser, por tanto, una Universidad más librepensante, más abierta a todas las opiniones, más interactiva con la sociedad, y más atenta a sus necesidades. También de ese modo se debe honrar su determinación de ser una universidad competitiva, pero accesible a las clases populares; y comenzar a ser una institución con más capacidad de vinculación frente a un universo enorme de oportunidades, que debe ser permanentemente explorado y aprovechado por quienes tienen la fortuna de ser parte del ámbito académico.

Para lograr todo eso —además de preservar e incrementar sus bonos académicos y los temas en los que se ha ocupado hasta ahora—, los cambios siempre son oportunidades. Hoy, por eso, en la competencia por la rectoría de la Universidad que libran el director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Alejandro Reyes Sánchez, y el actual rector interino, Benjamín Smith Arango, debe comenzar a permear ese sentido de apertura, de cambio y de renovación, que tanta falta le hace a esa Casa de Estudios.

El primero de ellos, es un académico de gran experiencia en las labores docentes, fundador de la Universidad, que ofrece un atractivo proyecto de trabajo encaminado justamente a generar las condiciones para una Universidad de futuro, más abierta y vinculada con una sociedad que exige más compromiso de sus instituciones educativas; y de acuerdo a su desempeño, el segundo representa el proyecto de continuidad del largo rectorado que encabezó el hoy extinto doctor Joaquín Cabrera Juárez.

Ojalá que los integrantes del Consejo de Asociados tomen la mejor decisión. Ojalá que lo hagan pensando no sólo en el momento actual, sino en lo que esperan a mediano y largo plazo de la importante institución que hasta ahora han logrado construir.

MALA INFORMACIÓN

Los empleados de base del Gobierno estatal, que dependen de la Secretaría de Seguridad Pública, están aprovechando cualquier pretexto para “subirlo” a su lucha interna por la dirigencia sindical. El problema es que, aunque no existe controversia, la SSPE no logra articular una explicación que desactive las protestas. La ley no obliga a nadie. Pero, al menos en este caso, el pez por la boca está muriendo. Abundaremos.

+ Radicales legitimaron el cambio: Ahora qué sigue

Aunque disimuladamente, hoy es claro que el Gobierno del Estado se encuentra rompiendo relaciones con los antiguos aliados que, en momentos fundamentales, le dieron legitimidad a la bandera de cambio en el ejercicio del poder, que luego ellos capitalizaron a través de las urnas.

Los señalamientos reiterados que hoy tienen en su contra, personajes como el diputado Flavio Sosa Villavicencio, el sacerdote católico Wilfrido Mayrén Peláez, y representantes de grupos como el Frente Popular Revolucionario, sin duda dan cuenta de un alejamiento que no sólo tiene que ver con la negación de prebendas, sino con causas que en el mediano plazo podrían poner en entredicho la legitimidad de este gobierno del cambio.

¿Qué tienen en común los personajes antes aludidos, además de otros como el ex vocero de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, Florentino López Martínez o el profesor Germán Mendoza Nube? Que todos ellos, y varios otros más —que también hoy no cesan en pronunciamientos contra el gobierno estatal— fueron quienes físicamente encabezaron la lucha durante la revuelta magisterial y popular de hace cinco años. Y fueron ellos los que en buena medida construyeron el discurso y las condiciones de desbordamiento social, que luego aprovecharon las fuerzas políticas opositoras para generar su triunfo electoral.

En ese sentido, queda claro que tanto el FPR, como el ala radical de la Iglesia Católica en Oaxaca, e incluso los grupos más radicales de la Sección 22, entre muchos otros grupos de lucha social que, abierta o disimuladamente apoyaron el triunfo electoral del actual gobierno, están lejos de ser hermanas de la caridad. Son grupos que durante años han vivido de la connivencia con el gobierno estatal, pero que a la par de ello han cultivado innumerables formas de desestabilización y presión social, que han utilizado eficazmente como herramientas para lograr sus fines.

Por eso, más allá de sus respectivos discursos democráticos y sus aseveraciones sobre la defensa de los oprimidos, queda claro que ellos han luchado con toda apertura por intereses particulares perfectamente determinados, y por la consecución de fines específicos, que no siempre podrían ser explicados en función del interés general ni de la cara a la sociedad oaxaqueña.

En gran medida, es en función de ello que se explica tanto su participación en el proceso electoral, como el apoyo tácito que dieron a la causa opositora que entonces encabezaba el ahora gobernador Gabino Cué, e incluso las exigencias que hoy hacen al Gobierno del Estado. Como en toda guerra, al momento que se asumieron como parte de los ganadores, comenzaron a reclamar su parte del botín que todos juntos habían obtenido.

Sin embargo, hoy los reclamos de esos y varios otros grupos no deben tomarse únicamente como un berrinche que hacen aquellos a quienes no se les da todo lo que piden. No. En realidad las críticas que éstos realizan a quienes fueron sus aliados —que ahora están en el poder— entrañan otras finalidades, que en el último de los casos van más allá del solo cumplimiento de pretensiones: buscan socavar una construcción que ellos edificaron, pero que por eso mismo también saben cómo echar por tierra si es que deja de responder a los fines que éstos buscaban.

DESLEGITIMACIÓN ACELERADA

Es relativamente natural que no todos los grupos logren convivir en una sociedad tan plural y compleja como la nuestra. Sin embargo, debía tomarse con más detalle el hecho de que el gobierno estatal está perdiendo a sus aliados más esenciales, justamente porque son los principales grupos que saben ser enemigos perfectos de un régimen.

Los hechos hablan por sí mismos. En 2006, todos esos que hoy se pronuncian en contra del gobierno de Gabino Cué, comenzaron haciendo exactamente lo mismo del entonces gobernador Ulises Ruiz, que —como ahora— se negó a cumplirles ciertos caprichos; también como en los tiempos actuales, en aquellos momentos el gobierno no era homogéneo ni del todo eficaz ni capaz de cumplir con sus fines. Y, también entonces como ahora, los grupos tradicionalmente de lucha social decidieron utilizar esas circunstancias en contra de quien había prometido mejoras para la ciudadanía.

En 2006 el detonador de una inconformidad general entre esos grupos, radicó en el desalojo a la protesta magisterial. Queda claro que, sin embargo, ni los maestros democráticos, ni todas las organizaciones sociales eran verdaderamente representativas de lo que todos juntos denominaron como “pueblo de Oaxaca”; sin embargo, su capacidad de acción y presión fueron lo suficientemente importantes como para generar tanto la expectativa de que la revuelta tenía verdaderos fundamentos, como que los alzados eran en realidad correspondientes a una ciudadanía que en realidad se había quedado en medio de todas las circunstancias que ocurrían.

El resultado fue abrumador. Si recordamos, por responsabilidad de una mala relación entre el gobierno estatal y esos grupos, la capital oaxaqueña estuvo más de siete meses ahogada en un auténtico estado de sitio impuesto por esos grupos. Aunque el gobierno se decía fuerte y capaz de responder a la inconformidad de ciertos grupos, lo cierto es que éste también estuvo sitiado, aislado y maniatado, hasta que ocurrieron otras circunstancias que, por sus particularidades, salvaron la cabeza de un régimen que, por mucho menos que eso, pudo haber caído.

Independientemente de cuál es la pretensión actual de grupos radicales como el FPR, ¿el gobierno estatal está tomando en cuenta el riesgo de tener mala relación con esos grupos? la gobernabilidad no es un asunto de juegos. Y queda claro que, de desatender todos esos detalles que hoy parecen aislados, en cualquier momento el actual régimen puede ser medido con la misma vara con la que sus antiguos aliados midieron al régimen priista. Nadie tiene comprada la sobrevivencia política independientemente de las circunstancias. ¿Le permitirá su soberbia al gobierno actual, ver esa particularidad?

CORDERO EN OAXACA

No queda duda que Ernesto Cordero Arroyo tiene a toda la maquinaria del gobierno federal trabajando a su favor, y que hasta ahora todos sus adversarios se han “tragado”, lisos y llanos, todos los señalamientos que éste ha hecho en su contra. ¿Será eso eterno? Queda claro que no. Sin embargo, ¿dónde está el “priismo oaxaqueño” para responder esos y muchos otros señalamientos —mucho más que negativos— que hoy se vierten en su contra?

+ Promesas de cambio: tropiezo de nuevos mesías

Aunque parezca una afirmación fatalista, es claro que Oaxaca enfrenta una serie enorme de problemas que, aunque la autoridad diga lo contrario, no tendrán una solución pronta ni sencilla. Desde cuestiones tan básicas como los baches y hoyancos que abundan en nuestras calles y carreteras, hasta asuntos tan complejos como los asuntos agrarios, el control de las organizaciones sociales, e incluso buena parte de los problemas de gobernabilidad que tiene la entidad, simplemente no se ve solución, ni solucionador, cercano o posible.

En efecto, es claro que ante el panorama tan complejo que presenta una entidad como la nuestra, las promesas de cambio resultan ser no sólo atractivas, sino también políticamente rentables para quien las esgrime. El problema es que, hacer ofrecimientos sobre mejoras sustanciales ante condiciones difíciles, es siempre un elemento retórico de fácil utilización pero de muy difícil cumplimiento. Y queda claro que, en el caso nuestro, eso es justamente lo que ocurre con este gobierno. Veamos si no.

En campaña, por ejemplo, el año pasado a los actuales integrantes del gobierno municipal de Oaxaca de Juárez no les alcanzaba el tiempo, la voz y las palabras, para criticar la desatención de la administración del edil José Antonio Hernández Fraguas, por la grave desatención que tenía en rubros como la seguridad pública o, curiosamente, la atención a las vialidades.

Decían, con razón, que esa era una muestra de un gobierno insensible, ineficaz y desatento a las necesidades de la ciudadanía, y aprovechaban la ocasión para asegurar que con la llegada de un cambio de partido en el gobierno municipal, traería como consecuencia la solución a esos asuntos, a través de la búsqueda de soluciones inteligentes, extraídas de experiencias exitosas de otros gobiernos de alternancia, en condiciones similares a las de Oaxaca.

El problema es que el tiempo pasó, y las mismas condiciones del año pasado se reeditaron en el actual. Ante ese panorama, queda claro que ni los funcionarios de la anterior gestión tienen calidad moral para criticar a los actuales, y mucho menos éstos a aquéllos. La razón es que, antes y después de ellos, el problema sigue ahí. Y sigue ahí porque la contrariedad rebasa por mucho a la capacidad de acción de cada uno de ellos.

¿Esa situación los excluye de responsabilidad? Queda claro que no. Porque una de dos: o no eran conscientes de la magnitud de las promesas que cada uno de ellos hizo en su momento a la ciudadanía para obtener su voto; o por desconocimiento prometieron hacer cosas que en realidad eran imposibles de lograr en un periodo tan corto de tiempo como un trienio… o incluso un sexenio.

El problema es que, sólo la capital de Oaxaca, enfrenta una serie importante de problemas que tienen esas características. Se encuentran en esa lista, por ejemplo, los asuntos de seguridad pública, el mantenimiento en buen estado de las vialidades, el control de los vendedores ambulantes, las dobles filas, la basura, las condiciones de seguridad en los mercados y plazas públicas… y una cantidad enorme de temas sobre los cuales, independientemente de cualquier aseveración de los gobernantes en turno, no les veremos solución definitiva en los tiempos cercanos.

SOLUCIONES INEXISTENTES

Esa misma lista podríamos trasladarla a cualquier otro ámbito, y veríamos que independientemente de las variaciones naturales, el contenido sería exactamente el mismo. El mismo gobierno estatal, hoy en día, se encuentra lleno de diagnósticos sobre una serie inmensa de problemas que tiene, que son de su competencia, y que deben atender. Sin embargo, aún cuando abundan en esa primera cuestión, es claro que tienen una carencia enorme de verdaderas soluciones posibles para esos asuntos.

La cuestión, más allá de las soluciones en particular, es gravísima. Porque no sólo se trata de administraciones gubernamentales que adolecen de ideas claras sobre cómo abordar los problemas que tienen enfrente, sino sobre todo se trata de grupos, facciones o partidos que lucran con la conciencia y la buena fe de la ciudadanía, y que basados en ello hacen creer que podrán resolver asuntos sobre los cuales en realidad ni siquiera tienen problema de sus alcances.

La cuestión no es sólo de Oaxaca. Hoy en día, cuando se supone que nuestra sociedad tiene un mayor grado de experiencia y madurez que nunca, queda claro que ni es lo suficientemente experimentada y tampoco es lo necesariamente madura como para saber identificar a quienes prometen lo que no pueden cumplir. Pareciera que, en ese sentido, es constante que periódicamente lleguen personajes de esas características que deliberadamente incurren en la misma práctica, aprovechándose de nuestra ingenuidad como ciudadanos, pero también de la falta de mecanismos para castigar sus incumplimientos o mal desempeño.

¿Podremos tener una idea de, por ejemplo, cuándo se solucionará el problema de los baches? Porque dado el hecho de que la ciudad entera —prácticamente todas sus vialidades— están afectadas por ese problema, y que el gobierno municipal tiene un presupuesto ínfimo para atender el rubro, ni aún invirtiendo todos sus recursos de gasto corriente para un ejercicio anual completo (lo cual implicaría desatender todos los demás rubros), podría solucionar este asunto.

Por eso es tan grave que los aspirantes a cargos públicos sigan prometiendo en despoblado para luego decir que los problemas son demasiado complicados para ser resueltos en un periodo relativamente corto de tiempo, como también lo es que nosotros los ciudadanos creamos esas promesas sin siquiera preguntar, a cambio, si los prometientes tienen a la mano alguna solución de verdad efectiva, y comprobada como eficaz.

Lo más lamentable, es que en el fondo la reincidencia de esta práctica lo que hace es socavar irremediablemente la imagen que tenemos de la democracia, y de la efectividad del Estado como rector de todas las actividades que implican el bienestar general.

¿NIGNUNA SIMPATÍA?

Conforme avances los meses, iremos viendo cómo en Oaxaca, como en todas las entidades de la República, comienzan a desfilar los aspirantes presidenciales y a cargos públicos de los diferentes partidos políticos, para los comicios del próximo año. ¿Podrá el gobierno estatal mantenerse al margen de esa efervescencia? Ahí vendrá una primera prueba importante de la solidez política de un gobierno de coalición que, como el nuestro, optó por estar al mismo tiempo con melón y con sandía. Veremos.

+ Todos privilegian intereses, no agenda común

Nadie debía escandalizarse por el reconocimiento hecho por el diputado Flavio Sosa Villavicencio del fracaso de la alianza legislativa que, hace un año, hicieron las fracciones de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, en el Congreso del Estado.

Nadie debía sorprenderse, porque ante la falta de voluntad política real, de una práctica legislativa de avanzada, y de una verdadera agenda de temas comunes, lo único que quedaba es que los partidos representados defendieran sus intereses particulares, y reiteraran sus prácticas tradicionales (y corruptas) de negociación de sus conciencias y votos. Ninguna alianza medianamente civilizada y comprometida, puede conducirse —o incluso sostenerse— cuando ésta se pretende construir sobre las bases podridas del pasado, del que también ellos fueron parte.

Uno de los lugares comunes con los que los partidos de oposición critican al otrora oficialismo del PRI en el Poder Legislativo, es porque, dicen, los diputados priistas en los tiempos del partido hegemónico estaban reducidos a simples “levantadedos” que obedecían sin reparos las órdenes del Jefe Político en turno. Critican, hasta ahora, la falta de voluntad propia en que siempre incurrieron, y la sumisión al poder que nunca quisieron cambiar.

No obstante, esa crítica aguda —y, sin duda, cierta— al priismo del pasado, que gobernó en los tres poderes del Estado, y en los tres órdenes de gobierno, nunca ha pasado por un proceso similar de autocrítica sobre lo que fueron no las grandes bancadas de oposición habidas en ciertas Legislaturas locales o federales de otros tiempos, sino los antecedentes inmediatos —es decir, los diputados de las últimas legislaturas previas a la actual— de quienes prometieron democratizar el ejercicio de la política, pero hoy están reconociendo sus incapacidades y fracasos.

Los diputados de oposición, todos, hoy chocan con una realidad en la que ya no pueden responsabilizar al priismo autoritario del pasado. No lo pueden culpar, porque nadie puede responsabilizar a otros de sus propios vicios, desviaciones y prácticas indebidas.

Y es que los diputados tradicionalmente de oposición (varios de ellos, hoy parte de la llamada “Coalición legislativa”) se acostumbraron a hacer de su cargo y su posición, un negocio de rentables ganancias. Hicieron práctica común la de negociar e intercambiar por algo (casi siempre material o económico, y casi nunca confesable) el sentido de su voto y su criterio. Se acostumbraron a criticar hasta lo más simple cuando era conveniente, y a dejar pasar —e incluso convalidar— las decisiones más abominables, cuando había cierto interés o conveniencia, particular o de grupo, involucrado en ellas.

Confundieron también el diálogo político o el intercambio parlamentario, con groseras y poco claras negociaciones, en las que la concertación se mimetizaba con la connivencia, y en las que se perdía el límite entre lo legal y legítimamente posible, y lo que ya rayaba en prácticas nocivas para la democracia.

Seguramente hoy todos los diputados integrantes de esa Coalición legislativa, dirán que lo antes relatado no era parte de la dinámica común de las fracciones opositoras, en los tiempos del partido hegemónico gobernante. Seguramente se darán baños de pureza. Pero, sin duda, en esas prácticas de antaño —que en muchos casos no se han extinguido—, se encuentra buena parte de la explicación sobre el fracaso de los acuerdos actuales entre los partidos coaligados.

No antepusieron a todos sus intereses la defensa del interés general; no existe la agenda común, que era requisito indispensable para el funcionamiento de su alianza; no establecieron criterios comunes para hacer frente a los intentos de desbordamiento del poder; parecen incluso no haber establecido esos acuerdos con su par, el Ejecutivo del Estado, para trabajar juntos a favor de Oaxaca. En esas condiciones, ¿cómo querían que su coalición fructificara?

ERRORES ACTUALES

Algo gravísimo que ocurre entre la administración estatal y las fracciones integrantes de la coalición legislativa en el Congreso local, es que no existe comunicación ni convencimiento sobre el trabajo conjunto. El conjunto de fracciones parlamentarias no ha servido para corregir y mejorar el rumbo del gobierno, sino únicamente para convalidar sus decisiones, independientemente del contenido, posibles errores y alcances de ellas.

Del mismo modo, el Gobierno del Estado no ha buscado un verdadero consenso o convencimiento respecto de las fracciones parlamentarias, para que éstas voten apoyando las iniciativas oficiales, verdaderamente convencidas de que la decisión tomada es la correcta.

Lejos de eso, dese la administración estatal han continuado con la vieja práctica de utilizar “cañonazos”, avasallamiento, o exigir demostraciones de incondicionalidad a los diputados (y éstos lo han aceptado). Y aunque todas éstas prácticas logran el objetivo de tener una votación mayoritaria en un sentido previamente definido, queda claro que esas no son formas de un gobierno —o de un Congreso— que se jacte de ser verdaderamente democrático.

Por si algo más faltara, tampoco existió una verdadera agenda de temas comunes que los partidos aliados propusieran a la Legislatura, y que se encargaran de llevar hasta sus últimas consecuencias. Prueba de ello, es que la aparente gran muestra de voluntad que se dio con la reforma constitucional aprobada desde el mes de abril pasado, aún no ha sido articulada a través de las varias docenas de leyes ordinarias que necesitan ser reformadas para verdaderamente poder ejercer el conjunto de nuevos derechos establecidos en la modificación constitucional.

Por todo eso, lejos del estruendo y la consternación hipócrita por las declaraciones del diputado Sosa Villavicencio, muchos en el Congreso debían estar revisando sus prácticas, su eficiencia, su efectividad, y el grado de compromiso (pero el de a de veras, no la demagogia de las palabras con las que siempre se justifican) que han demostrado hacia Oaxaca.

MUSEO DEL PELIGRO

¿Quiere echar a perder su vehículo en menos de dos kilómetros? Visite el museo de las parrillas rotas, en la carretera al fraccionamiento El Rosario. Ahí su adrenalina subirá al límite, conduciendo entre hoyancos, fosas y trampas para su vehículo. Si la suspensión del auto sobrevive, cuídela y reconózcala. Será muestra de que en verdad es muy resistente.

+ Oaxaca, con oportunidad para replantear Acuerdo

Si de verdad tienen algún compromiso con la educación, y si de verdad pretenden no tener una relación tensa e improductiva, tanto el Gobierno del Estado como la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación deberían ponerse a trabajar en la elaboración de su llamado “plan alterno” a la Alianza por la Calidad en la Educación. Juntos, tienen una enorme oportunidad, que se puede convertir en otro monumental fracaso, si deciden seguir por la ruta de la confrontación, y no en la de la construcción seria de alternativas.

En las últimas semanas hemos visto cómo el “magisterio democrático” de la Sección 22, abrió un enorme frente de conflicto con el gobierno estatal, debido al contenido de un anexo técnico, a través del cual se otorgarían recursos para llevar a cabo la regularización de mentores que hoy no tienen plaza de trabajo. Una de las condiciones puestas en dicho anexo, es que éstos se regirían por las condiciones y reglas actuales de la Secretaría de Educación Pública, y no bajo los criterios tradicionales —y discrecionales— del IEEPO y la Sección 22 de Oaxaca.

La inconformidad visible de la Sección 22 alrededor de esto, radicó en que éstos tarde se dieron cuenta que la aceptación de las reglas y normas de la SEP, conllevaba implícitamente su adhesión a criterios establecidos en la ACE. Aunque la firma de dicho acuerdo fue expresa por parte de los “democráticos”, al darse cuenta éstos se desdijeron de sus compromisos y acusaron a los gobiernos estatal y federal de querer timarlos, engañándolos con una adhesión oculta a la Alianza.

Así, ante la inconformidad de la Sección 22, y su determinación de no observar lo establecido en el Anexo Técnico, el director del IEEPO, Bernardo Vásquez Guzmán, aseguró hace unos días que entonces esos recursos económicos se perderían, por la resistencia magisterial a los procesos de evaluación.

El problema, en todo esto, es que la Sección 22 es una de las organizaciones que sí tiene capacidad de generar un problema social por un asunto meramente laboral y político. De ahí que en los últimos días, las posiciones comenzaran a suavizarse, y se estableciera cierto criterio relacionado con la aplicación de ciertas normas para retener los recursos (60 millones de pesos) que estarían en riesgo de perderse, pero bajo el compromiso de que esto no implicaría la adhesión a la ACE de los profesores oaxaqueños.

Todo esto parece razonable, aunque en realidad es una mentira. La Sección 22 sabe perfectamente que la aceptación de las nuevas normas de la SEP, tarde o temprano será irremediable. Del mismo modo, el gobierno estatal ablandó sus posiciones, sólo como una forma de no entrar en conflicto con la 22, pero porque esté convencida de que puede alejarse, así porque sí, de los términos que fija el gobierno federal.

Finalmente, en el fondo todos saben que quien aporta el dinero para la educación es el gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública. Y que independientemente de que sea hoy, mañana, pasado, o el año venidero, ésta irá incrementando el nivel de presión para que todos los maestros e instancias del país se adhieran al modelo educativo, independientemente de que estén de acuerdo o no.

La palanca de presión, para lograr eso, es bastante simple: tendrán más recursos y beneficios económicos aquellos que cumplan con las normas. Quienes no lo hagan verán reducidos sus presupuestos. Y así es como, en los años siguientes, irán cerrando la pinza frente a resistencias como la de la Sección 22 de Oaxaca.

OPORTUNIDAD IMPORTANTE

No obstante lo anterior, hoy la 22 y el Gobierno del Estado tienen una oportunidad que ojalá no dejen pasar: aunque parezca increíble, hoy existe una comunidad de voluntades a favor de que los profesores oaxaqueños presenten un verdadero plan alternativo de educación, que sea una opción frente a la ACE, y que pueda ser reconocido por todas las autoridades e instancias educativas y presupuestales del país. Es una oportunidad, según parece, inmejorable.

Queda claro que existen fuertes razones políticas para que la Sección 22 no acepte la ACE. Independientemente de su contenido, ésta es una creación de dos de sus principales adversarios políticos: la profesora Elba Esther Gordillo desde el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, y el gobierno panista del presidente Felipe Calderón. Esto da pauta para que prever que, independientemente del contenido de la Alianza, ésta sería rechazada por los “democráticos” de Oaxaca.

No obstante, la beligerancia de la 22 logró que el gobierno federal manifestara su voluntad de aceptar la revisión de un plan alterno; y el gobierno de Oaxaca se mostró en la misma postura. El reto, ahora, es construir ese plan, hacerlo conforme a los cánones actuales de la educación, de los derechos humanos, de la transparencia y de la rendición de cuentas, y no bajo los atavismos trasnochados que recurrentemente defiende la Sección 22, como si fueran elementos determinantes de una educación que, también ilusamente, pretenden presentar como “revolucionaria”.

La cuestión no parece sencilla. Para conseguir ese Plan Alterno, la 22 tiene que articular esfuerzos con los dos ámbitos de gobierno, y debe hacer un trabajo serio. Queda claro que la construcción de ese Plan no pasa ni por los sombrerazos ni por el cierre de calles o la presión social, sino más bien a partir de la demostración del verdadero conocimiento y voluntad por generar ese proyecto que sería una especie de “Plan B” frente a la Alianza por la Calidad en la Educación.

El reto no parece menor. La Sección 22 no ha demostrado mucho en cuanto a la capacidad para ponerse de acuerdo, y profesar verdadera tolerancia a sus adversarios, cuando se trata de obtener beneficios comunes.

¿HABRÁ CONSENSO?

El asunto no es menor. En un lapso de menos de seis meses, deberán tener ya listo un bosquejo general, y serio, para que pueda ser revisado y potencialmente aprobado tanto por el gobierno federal, como por Oaxaca. Ojalá que en esa labor, la 22 tenga verdadera capacidad para tener visión de futuro, y para convertir la adversidad en oportunidades. No sólo se trata de ellos, sino de la educación, que hoy está por los suelos, y de la estabilidad social de la entidad que, para variar, hoy pende de hilos.

+ Ciudadanía no significa sólo votar en comicios

Hoy que celebramos en México el CCI Aniversario del inicio de la Guerra de Independencia, debiéramos preguntarnos con algo de detenimiento, si es impulso, voluntad o sensibilidad lo que nos hace falta como nación, para poder avanzar. Mientras vemos el inminente inicio de las campañas presidenciales, y de nuevas avalanchas de propuestas y promesas, vemos también que el país sigue prácticamente detenido: que no mejora ninguna de las condiciones que nosotros los ciudadanos percibimos; que los representantes en los Poderes Públicos siguen manifestando desdén sobre el contenido del mandato popular. Y que mientras, el país sigue andando sobre los rieles del “pudo haber sido peor”, como una especie de bálsamo (amargo y nocivo) para dizque remediar nuestra realidad. Veamos si no.

Aseguramos que, según nuestra percepción, ninguna de las condiciones mejora. Para la clase política, por ejemplo, es un argumento de justificación el decir, por ejemplo, que la economía de los mexicanos es estable, y que no se aprecian signos de riesgo para la población. Incluso, han llegado a asegurar que, contrario a lo que nosotros creemos, nuestra moneda ha ganado poder adquisitivo y hoy podemos hacer “más” con el salario que ganamos.

Esto es a todas luces engañoso. Sí es cierto que la economía mexicana goza de cierta estabilidad frente a las condiciones del mundo; pero también lo es que esa estabilidad ha sido lograda en buena medida gracias al sacrificio de la clase trabajadora; que desde hace años el gobierno federal reprime diversos indicadores para no reconocer que, por ejemplo, la pobreza es mayor de lo que se diagnostica; que la inflación alcanza niveles mayores al cuatro por ciento que, en promedio, dice el gobierno federal que se da anualmente; o que, del mismo modo el “deslizamiento” (hacia arriba) del precio de los combustibles, de ningún modo impacta en el bolsillo de la mayoría de la población, ni genera encarecimiento al precio de los productos que se venden directamente al consumidor.

Frente a esa disparidad, el gobierno federal puede decir misa si así quiere, aunque lo cierto es que la gran mayoría de los mexicanos ni le cree, ni percibe la supuesta mejoría, ni mucho menos se siente satisfecho con lo que el sector público hace por él. Aunque aún no se manifiesta en un sentido importante, queda claro que esa disparidad entre lo que se dice y lo que se percibe, en cualquier momento puede llevar a la población a una auténtica situación de enojo social, que no podrá disimular el gobierno maquillando cifras o negando lo que es evidente.

Vayamos al segundo de los puntos: la clase política, contrario a la población (que está urgida de acciones y respuestas concretas), no parece tener prisa alguna por resolver algunos de los grandes temas nacionales. Mientras el país está lleno de preguntas y cuestionamientos por la falta de respuestas, los diputados, senadores, gobernadores, altos funcionarios de los tres órdenes de gobierno, y el mismo Presidente de la República, siguen inmersos en la perniciosa necesidad de calcular sus tiempos políticos, y manejar los asuntos de la nación en relación a ellos. ¿A poco no?

México sigue esperando todas sus reformas importantes. En la última década, el gobierno federal ha sido incapaz de articular un solo proyecto fundamental para la vida pública; en la última década, el Poder Legislativo ha sido asimismo incapaz de articular acuerdos verdaderos para sacar adelante temas que interesan a todos.

Incluso, los gobiernos estatales han demostrado que en el marco de libertades que han gozado en este último periodo, lo único que han hecho de sus presupuestos, sus gastos y sus gobiernos, han sido verdaderos dispendios, administraciones anárquicas y de caos, que no tienen ahora (por si algo faltara) una posibilidad factible de ser resueltos en el corto plazo.

Qué decir del tercero de nuestros argumentos: pareciera que nuestra sociedad debe conformarse con no estar peor de lo que ya está. ¿No es eso cierto? Nos “venden” la lucha anticrimen, y sus efectos, bajo el argumento de que “de no haber actuado, estaríamos peor”. Del mismo modo, con eso pretenden que justifiquemos la precaria situación económica: “A pesar de las difíciles condiciones del mundo, México tiene condiciones de estabilidad ganadas gracias a la disciplina fiscal”. Es decir, que no importa que nos sigan deprimiendo con tal de no estar tan mal, como sí podríamos estar.

¿Y LOS CIUDADANOS?

Los mexicanos, por eso, debíamos comenzar a pensar más en lo que nos asumimos hasta ahora como ciudadanos, y en lo que deberíamos comenzar a ser. Quizá debiéramos dejar de pensar en el viejo concepto, legalista, de que ser ciudadano implica únicamente tener 18 años de edad y un modo honesto de vivir, para pasar a una definición más moral y sobre todo más comprometida con nuestro entorno.

¿A poco es buen ciudadano todo aquel que cumple con esos dos requisitos? Eso, sin duda, le permite tener tal calidad, pero no es por sí mismo un valor suficiente de lo que debe ser alguien verdaderamente comprometido con su país y con la sociedad en que se desenvuelve. Alguien con esas características, debía tener un compromiso personal, firme, con ciertos valores como la honestidad, el trabajo, la autoexigencia y también de la exigencia con los demás.

En ese sentido, los ciudadanos debemos dejar de pensar que todo lo malo que ocurre es culpa de alguien más (en ese caso, el gobierno es el culpable favorito), y que nosotros por no haber intervenido somos incólumes, y por tanto estamos libres de toda culpa. ¿De verdad eso es así?

Pongamos un ejemplo. Nos quejamos siempre de la corrupción en ciertas áreas del gobierno. Pero nosotros como ciudadanos, ¿de verdad nunca nos hemos prestado a la tradicional “mordida” que se le da a los agentes de tránsito, a empleados públicos por algún trámite, o para obtener un beneficio mayor al merecido? ¿De verdad no?

HACER CIUDADANÍA

En estas fechas patrias debíamos pensar en hacernos más responsables como ciudadanos. No podemos seguir instalados, todos, en los maniqueísmos que siempre hacen responsable de todo al de enfrente. Debíamos asumir con seriedad nuestro papel en la sociedad, y pensar que lo que no hagamos hoy por México lo pagaremos siempre. Exijamos. Pero exijamos bien. Y pensemos en construir, antes que seguir carcomiendo esta nación… que a pesar de todo, tan buena nos ha salido.

+ Su mala imagen, lleva a que todos tropiecen con él

Uno de los villanos favoritos de los tiempos actuales en México, se llama Ulises Ruiz. Él, que fue Gobernador de Oaxaca hasta el mes de diciembre pasado, es el prototipo del ejemplo a no seguir en la política mexicana. Su rentabilidad negativa, sin embargo, hoy hace que todos recurran a él para posicionarse política o electoralmente… pero que también todos, al valerse de su imagen, corran el peligro de tropezar fácilmente con sus propias palabras. Veamos si no.

Para propios y extraños en la política mexicana, el ex gobernador Ruiz es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Su figura es ubicada como la de un representante tardío de la época jurásica del priismo, como un cacique, como un autoritario, como un represor, como un corrupto, como un abusivo, y como un saqueador de las arcas públicas, entre muchos otros calificativos.

En ciertos momentos, y por distintas circunstancias, representantes de todos los partidos, y de prácticamente todos los rincones del país, se han referido a él como un paradigma de lo que se debe desterrar de la política y del gobierno en México. Sólo que, hasta ahora, ese personaje goza de cabal libertad, y amplia capacidad de acción política para seguir presente en Oaxaca y en el país. ¿Por qué esa disparidad?

Todo esto habría que corroborarlo a la luz no sólo de lo que se dice de él, sino también de lo que se ha probado en su contra. Porque queda claro que mientras en el primero de los ámbitos, todo aquel que desee, o a quien le convenga acusarlo por algo, tendrá amplio margen de acción para conseguirlo eficazmente (es decir, utiliza la lógica de que siempre se creerá que el ex gobernador Ruiz es todo aquello negativo que se pueda decir de él, y más), todos tropiezan en el segundo de los casos. Es decir, todos se topan con el hecho de que el ex Mandatario oaxaqueño sigue libre, que sigue haciendo política, y que irremediablemente (y quizá gracias a su mala fama) seguirá contando con un espacio en esta pintoresca política mexicana.

El ejemplo relativo al manejo del gasto público durante su gestión, es el mejor ejemplo de ello. Reiteradamente, la administración del gobernador Gabino Cué se ha referido al hecho de que se han descubierto multimillonarios desfalcos de cuando menos una treintena de sus funcionarios; a otro lo tienen en prisión por presuntamente traficar 9 mil concesiones; y aseguran que a varios más los busca la Policía Internacional por haberse fugado del país antes de responder por los quebrantos presupuestales en los que se les involucra.

Algo similar ocurre con la élite del gobierno federal que ahora pretende ir a la campaña presidencial a través del ex secretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo. Éste, sin ningún rubor, ha dicho reiteradamente que Acción Nacional no permitirá el regreso al poder presidencial de personajes indeseables de la política mexicana, entre los que menciona al ex gobernador Ruiz.

En ese sentido, queda claro que el ex gobernador Ruiz y el ex secretario Cordero pueden no sólo no ser enemigos, sino que incluso pueden tener una relación personal relativamente cordial, e incluso en el pasado pudieron haber tenido también ciertos arreglos en el ámbito de lo político para dar viabilidad a algunos proyectos en los que tenían intereses comunes.

No obstante, hoy Cordero recurre a él para descalificarlo públicamente, y ubicarlo entre lo peor y más retardatario del priismo, porque la figura del ex Gobernador de Oaxaca es una especie de “camino fácil” para lograr credibilidad entre los electores… pero no porque en realidad esté seguro de todas sus palabras.

TROPIEZOS EN OAXACA

En el Gobierno del Estado debían comenzar a ser más cuidadosos en cuanto al lenguaje que ocupan para posicionarse frente a la ciudadanía oaxaqueña —que está integrada por potenciales electores. Por ejemplo, debían revisar con una visión más honesta y escrupulosa (así fuere en privado y en secreto, si es que llegara a hacerse) la posibilidad de que tendrán de corroborar que, en efecto, los 32 funcionarios de la administración anterior a los que señalaron como saqueadores “confabulados” de las arcas estatales, fueron responsables de haberse robado los más de tres mil millones de pesos que se acusa.

Del mismo modo, con esa misma visión debía revisarse si, en efecto, Gonzalo Ruiz Cerón podrá ser llevado hasta el punto de una sentencia condenatoria (y lograr una sentencia de muchos años de prisión), por los delitos que se le achacan. Aunque auténticamente le echaron encima varios camiones de tierra con todos los procesos que le iniciaron, lo cierto es que en el gobierno estatal nadie tiene certeza de que todas las acusaciones judiciales enderezadas en su contra, puedan tener el sustento suficiente como para soportar un fallo condenatorio, y luego para pasar por las instancias jurisdiccionales revisoras.

Incluso, el Gobierno de Oaxaca debía ver con mayor detenimiento la posibilidad de revisar, de verdad, los crímenes cometidos durante la revuelta magisterial y popular ocurrida en 2006. Sería fantástico, a todas luces, que eso ocurriera. De hecho, es lo que tendría necesariamente que pasar en una sociedad democrática, en la que de verdad impera el Estado de Derecho.

Sin embargo, el Gobierno del Estado debe reconocer con honestidad si su instancia de procuración de justicia tiene la capacidad para iniciar tal empresa. Esto se desprende sólo de ver que el gobierno estatal tiene una Procuraduría agobiada por los problemas urgentes, y rebasada por la desatención a los asuntos importantes. En esas condiciones, ¿de verdad podrán hacer una revisión de los hechos del pasado, que pueda llegar a las conclusiones que la ciudadanía espera?

EFECTO BÚMERANG

Ese es el riesgo de recurrir a un personaje como el ex gobernador Ruiz: su aversión es tanta, que la expectativa rebasará lo que jurídicamente se puede probar de él. Por eso mismo, su imagen provoca siempre un efecto boomerang para quien recurre a él como instrumento de legitimación, o de descalificación de sus adversarios. Y él, de hecho, será siempre mucho más de lo que se pueda decir en su contra, y por eso mismo ni falta le hace que alguien lo defienda (y, de hecho, ni sus mismos ex colaboradores se atreven a hacerlo). Sólo que quienes pretenden tomarlo como blanco fácil, según queda claro, tienen amplias posibilidades de terminar con los ojos morados. Eso ocurrirá si sus recurrentes, finalmente no pueden probar todo lo que dicen de él.

+ Equidad de género será un “dolor de cabeza”

En la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional, son dos las únicas certezas que tienen: la primera, que el otorgamiento de las candidaturas al Senado de la República garantizarán la permanencia del grupo del ex gobernador Ulises Ruiz, que aún controla a la dirigencia estatal; y la segunda, que no habrá cambio de dirigencia hasta que se llegue al momento del otorgamiento de las candidaturas. Por eso, tanto el dirigente Eviel Pérez Magaña, y todos los priistas, no tienen preocupación por modificar los esquemas y rumbos respectivos que han establecido. Pero, ¿qué pasaría si hubiera por ahí algún elemento determinante que no hubieren tomado en cuenta respecto a sus aspiraciones, ambiciones personales y proyectos de grupo?

El asunto no es menor. En la dirigencia del Revolucionario Institucional, y en el grupo que aún mantiene cierta cercanía con el ex gobernador Ruiz, pero que a su vez tiene calidad para asumir el papel de interlocutor válido con el gobierno estatal, se tiene la certeza de que, finalmente, el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido habrá de determinar el otorgamiento de las candidaturas en base a los criterios hasta el momento establecidos, y que los beneficiarios de ellas serán los personajes que desde ahora ya se perfilan.

Para ellos, si todo sale según el esquema actual, seguramente la fórmula de candidatos al Senado de la República por nuestra entidad estaría compuesta por el actual dirigente, Eviel Pérez Magaña, y por el coordinador de los diputados federales del PRI por Oaxaca, Héctor Pablo Ramírez Leyva, independientemente de quién de ellos encabezara la fórmula de candidatos. Reconocen que independientemente de los esfuerzos que pudieran hacer cualquiera de los demás aspirantes a los dos escaños en la Cámara alta, sólo ellos tendrían las posibilidades y el respaldo político necesario para poder asumirse como abanderados.

Sin embargo, ¿qué pasaría si ese esquema no estuviera tan resuelto como hasta ahora parece? Que, en una primera posibilidad, quedara fehacientemente demostrado, con datos duros, que uno u otro no tuvieran la competitividad o la aceptación ciudadana suficiente como para poder ser un “candidato ganador”; que, posiblemente, un acuerdo cupular nacional impulsara a una posible tercera vía; o que el Comité Ejecutivo Nacional decidiera respetar la paridad de género que se contempla al respecto en los estatutos, o que buscara con esto romper de alguna forma la concentración o los “cacicazgos” que siempre han existido al interior del priismo.

Ésta última, es una posibilidad latente. Porque más allá de las posiciones particulares de cada una de las facciones priistas, e incluso del grupo que cree ciegamente que sólo entre ellos serán repartidas las candidaturas, se establece tanto la necesidad de diversificación de las posiciones electorales en disputa, como la necesidad —incluso sólo por decoro político— de no dejar de lado los asuntos de género que luego le generan cuestionamientos fuertes al tricolor.

Lo que hasta hoy queda claro es que no existen candidaturas amarradas. Esto, a quienes más les debe preocupar es a los diputados federales Pérez Magaña y Ramírez Leyva, que respectivamente se sienten ya con medio cuerpo dentro de las candidaturas. A cualquiera de los dos se les podría caer la postulación.

Y lo más grave, para ellos, es que eso no necesariamente tendría que significar que la postulación se entregara a alguien más de su grupo. Más allá de los diputados locales y federales, de los sectores y organizaciones adherentes al PRI en la entidad, existen otras mujeres sobre quienes posiblemente podría recaer la postulación. ¿No puede haber un acuerdo entre cúpulas para el establecimiento de la fórmula de candidatos? ¿No meterá la mano el CEN, ni buscará éste los equilibrios? Desde luego que sí.

Por eso, todos aquellos que pudieran sentir que tienen amarrada la candidatura, deberán redoblar esfuerzos. Ahí no habrá espacio para senadoras “Juanitas”, que sean electas para luego pedir licencia, ni mucho menos para candidatas de comparsa o relleno, como ha sido manejada la paridad de género hasta el momento. ¿Apuestan?

¿GARANTÍAS DE UNIDAD?

Del mismo modo, habrá que observar con detenimiento hasta dónde es cierta la supuesta garantía de unidad que dan todos los priistas respecto a sus procesos internos venideros. Si este es el momento en el que nadie puede asegurar que medianamente existe consenso con lo que se está haciendo, mucho menos pueden asegurar que habrá conformidad y disciplina luego de las definiciones.

El problema es que todos quieren todo. Hoy, al interior del priismo oaxaqueño se libra una lucha feroz por ganar, o arrebatar, las candidaturas que aún ni siquiera entran en juego. Desde diversas trincheras se pretende acceder a las postulaciones a diputaciones federales; la gran mayoría de los federales aspira, y se dice con los méritos suficientes, como para ser Senador de la República. Y lo grave es que, de todo ese cúmulo de aspiraciones y ambiciones, no existe una sola figura que pueda erigirse como un interlocutor válido entre todos los grupos, y/o como un verdadero conciliador de todos los intereses encontrados… que son todos.

¿Qué rumbo le espera a un partido en esas condiciones? Objetivamente, podríamos suponer que el fracaso. Sin embargo, todos los grupos habrán de empujar con toda fuerza pero sólo para obtener las candidaturas. Todos, en el fondo, consideran que la fuerza de la campaña presidencial arrastrará a todos los candidatos a todos los cargos de elección popular, y que esto hará más cómoda la posibilidad de hacer proselitismo con miras a ganar.

Todos están confiados en la ola priista, y por eso se dan el lujo de pelear. Saben que el trabajo fuerte no lo harán ellos. Aunque tampoco piensan que las elecciones verdaderamente evaluadoras del desempeño tanto de la oposición como del gobierno, vendrá en 2013. Nadie piensa en eso. Nadie quiere hacerlo. Ni quieren pesadillas ni quieren tampoco asimilar que el momento de la verdadera evaluación por parte del pueblo, no está muy lejos.

TRÁNSITO, ACÉFALO

Si se atontan, la Dirección de Tránsito del Estado cumplirá un año sin titular. Si tanto interés tienen por el control de confianza y el concurso de aptitudes, ¿por qué no someter a eso todos los cargos, comenzando por el del Secretario de Seguridad Pública? Ojalá que dicho proceso sea provechoso, y no sea otro más de los burdos intentos por legitimar imposiciones (Remember ASE, IEEPC, etcétera).

+ SNTE rebasó a los democráticos “por la izquierda”

Conforme pasa el tiempo, la resistencia de la Sección 22 del SNTE al reconocimiento de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), se va quedando sin sustancia. Con la manifestación de rechazo a un anexo técnico, a través del cual, dicen, los gobiernos estatal y federal daban ciertas pautas para la implementación de la ACE en la entidad, la Sección 22 da nuevos pasos para sostener su resistencia a las políticas educativas del gobierno federal, pero también está abriendo frentes al parecer irremediables en cuanto a la propia estabilidad salarial de una buena parte de sus trabajadores. ¿De verdad sabrán todos los profesores oaxaqueños, el costo que les implica a ellos mismos su resistencia a la ACE?

Este asunto no tiene que ver ni con la privatización de la educación, ni con la lucha de clases —dos justificaciones siempre esgrimidas por parte de la 22. Independientemente de quién la propone y qué fin político-partidista pudiera proponerse, en el ámbito estrictamente educativo la Alianza por la Calidad en la Educación busca poder medir el impacto que tiene la educación en la niñez y juventud mexicana, y el grado de eficacia que tienen los educadores en el desempeño de sus funciones. Lo curioso del asunto, es que es justamente a esos dos tópicos a los que más se resiste el magisterio de nuestra entidad.

En ese sentido, fundamentalmente la Sección 22 argumenta que la implementación de la ACE en Oaxaca equivale a iniciar el proceso de privatización educativa, lo cual afecta a sus derechos laborales, y lesiona la estabilidad y el desarrollo educativo de los alumnos.

Dicen también que la ACE no toma en cuenta las características particulares de una entidad como la nuestra (con un alto grado de pobreza, marginación, los aspectos culturales particulares de las comunidades indígenas, etcétera), y que por tanto cualquier medición que se intente hacer del impacto educativo, estará viciada de origen.

Y como ése resultado no será legítimo, señalan, entonces tampoco existe posibilidad de que a los profesores oaxaqueños se les premie o castigue en función de ello. Y del mismo modo, han llegado a asegurar que la ACE sería algo así como un tipo de plan homogeneizador de la educación, y que lo que haría sería socavar los aspectos culturales particulares de las comunidades que contextualmente no se encuentran dentro del entorno desarrollado de las zonas no rurales.

Esencialmente, esas son las justificaciones que ha encontrado la Sección 22 para desarrollar su llamado “plan educativo alterno”, y para exigir que tanto el gobierno estatal, como el federal, se los reconozcan como válido. Esos mismos argumentos les han servido para rechazar la ACE, aunque en el fondo esa aversión tiene mucho que ver con la distancia que marcan de cualquier iniciativa, cualquiera, que presente el Comité Ejecutivo Nacional de su sindicato, por ser ellos disidentes.

El problema es que su resistencia, focalizada en Oaxaca, no es suficiente para lograr ni el freno a la implementación de la Alianza por la Calidad de la Educación, ni para el reconocimiento del plan alterno que ellos dicen tener, pero que en el fondo no llega a ser sino un mero bosquejo de lo que ellos quisieran que fuera un verdadero plan educativo.

Y el problema contante y sonante es que, más allá de las posiciones partidistas, ideológicas, de política sindical e incluso en relación a los ámbitos de gobierno, los nuevos esquemas de estabilidad y desarrollo laboral están determinados por las reformas educativas recientes, ocurridas en el ámbito nacional. Ahí es donde la situación deja de ser tan romántica y determinada por la fuerza de la Sección 22, y se inscribe en el ámbito de un asunto que pronto impactará a miles de profesores… en sus bolsillos.

ARGUMENTOS AGOTADOS

Quienes conocen los documentos base de la ACE, aseguran que en el planteamiento de fondo ésta no dista de los posibles planteamientos “alternos” que pudieran proponer cualquier sección magisterial o grupo disidente. Esto es, que la Alianza por la Calidad en la Educación sí reconoce que la educación de debe impartirse en un ámbito de respeto y reconocimiento a la pluriculturalidad y diversidad que tiene nuestro país; que cada entorno sí debe ser considerado particularmente. Y que los profesores deben adecuarse a las circunstancias particulares de la sociedad en que se desenvuelven para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos. ¿Para qué?

Para que de ese modo los ámbitos de gobierno puedan determinar los programas de mejora salarial de los profesores. Particularmente, el programa de Carrera Magisterial también fue reformado en el ámbito nacional, y éste estipula que los profesores inscritos, o que se inscriban a ese programa, deberán cumplir de manera indispensable con programas de evaluación anuales, bianuales o trianuales, y que será sólo a través de ese mecanismo como podrán ir incrementando su nivel salarial.

El quid de todo esto, sin embargo, no está en ese punto. Sino que el programa de Carrera Magisterial a nivel nacional —regla que incluye a Oaxaca, aunque la Sección 22 insista en desconocer la ACE— establece que todos aquellos trabajadores docentes que ya estaban inscritos en el esquema anterior, y que deseen no sólo incrementar, sino conservar el nivel salarial y de reconocimiento a la Carrera Magisterial que ya habían alcanzado, necesariamente deberán también hacerse parte de ese proceso de evaluación.

Pocos lo saben, pero los nuevos lineamientos de la Carrera, establecen que de no haber procesos periódicos de evaluación, esos profesores que ya tienen niveles importantes de salario podrán no sólo perder el estatus actual, sino incluso llegar de nuevo a la plaza básica con la que iniciaron su desempeño como docentes.

¿Cómo subsanarán eso en Oaxaca, si hay maestros en la entidad que, con motivo del rechazo a la ACE, llevan ya varios años sin evaluación de Carrera Magisterial? ¿Qué hará la Sección 22 cuando inicie el trabajo de guillotina a esos jugosos salarios?

TIC, TAC, TIC, TAC

Ese no es un asunto local. Y por sus resistencias políticas e ideológicas, podrían perjudicar a la élite magisterial (muchos de ellos parte de la dirigencia, aunque muchos otros verdaderos educadores que se esforzaron por prepararse e incrementar su nivel de Carrera Magisterial) que podrían ver fuertemente mermados sus ingresos. Un asunto que no ventilan. Pero que está amenazante, como una bomba de tiempo.

+ Que el cambio sea más que palabras

En Oaxaca sólo ha cambiado la trinchera de donde emerge la queja, pero ésta sigue siendo exactamente la misma de siempre. Lo mismo ocurre con la justificación de quienes detentan las responsabilidades gubernamentales. El problema es que en medio de esos lamentos y excusas, no parece existir una verdadera ciudadanía con capacidad para conminar a que, unos y otros, lleven a cabo las tareas que les corresponden en pro de un auténtico bien común que va más allá de los intereses partidistas o políticos, que son los que dicen representarnos.

Hoy tendríamos que hacernos una pregunta aparentemente redundante, pero que adquiere actualidad a cada momento: ¿Nos hemos acostumbrado los oaxaqueños a vivir padeciendo exactamente los mismos problemas, independientemente del partido o grupo que se encuentre en el gobierno? La respuesta esperada será un rotundo “no”. Sin embargo, escarbando apenas un poco nos encontraremos con otras respuestas, a las que aún oponiendo resistencia, no podemos evadirnos.

Tal parece que, contrario a lo que creemos, los oaxaqueños sí nos hemos acostumbrado a vivir con los mismos problemas de siempre. Es decir, que también nos hemos acostumbrado a tolerar el desdén o la incapacidad de la autoridad para hacer el trabajo que le corresponde. Nos hemos acostumbrado, pues, al conformismo, a la resignación y a las molestias que provoca seguir lidiando con problemas tan cotidianos que, se supone, ya deberían estar resueltos. Veamos si no.

El año pasado, en esta misma temporada de lluvias, los oaxaqueños nos quejábamos amargamente por la incapacidad y el desdén mostrado por el gobierno respecto los problemas por baches y hoyancos en prácticamente todas las calles de la capital y los municipios conurbados. Aunque nos molestaba, y los daños que eso ocasionaba a nuestros vehículos nos costaban dinero, algunos tratábamos de entender.

Aunque nos asumíamos como inconformes, en el fondo pensábamos, por ejemplo, que era “comprensible” que la autoridad municipal y estatal y no hiciera nada para hacer labores de bacheo y repavimentación en las calles necesarias, porque como había perdido las elecciones el partido gobernante, y como ya era el fin de la gestión, entonces a éste no le interesaba más la opinión que tuviera de él la ciudadanía, ni haría más por “retribuir” en algo a un electorado ingrato que no les había dado su voto.

Aunque ninguna de esas es justificación (comenzando por el hecho de que el mandato popular les confirió una responsabilidad, y el electorado los favoreció cuando fueron electos, no al tratar de que volvieran a ganar sus correligionarios), muchos oaxaqueños decidimos armarnos de tolerancia para esperar un mejor momento. Al fin que el cambio prometido, traería más y mejores soluciones de las que hasta entonces teníamos a la mano.

El problema es que nada de lo verdaderamente importante parece haber cambiado. Sí, es cierto, cambió el partido en el poder, los poderes se renovaron, y hasta inició una cacería de ex funcionarios corruptos. Pero lo cierto es que el problema de los baches hoy, en Oaxaca, sigue siendo exactamente el mismo (y quizá agravado por la continuación del desdén de los gobiernos estatal y municipal), y nosotros como ciudadanos hemos de nuevo tomado una actitud que, por la razón que sea, pretende justificar esas fallas e incumplimientos que no afectan a nadie más que a nosotros. ¿A poco no?

Hoy escuchamos, en el discurso oficial, los “esfuerzos” que se hacen por terminar con los problemas; somos testigos de las justificaciones dadas, respecto al desastre administrativo que éstos hallaron de sus predecesores, y que eso imposibilita cumplir la palabra empeñada a los electores; escuchamos que “estamos a punto de lograrlo”, o que ya se está trabajando. El problema es que la respuesta que queremos, la efectiva que impacte en el cumplimiento, simplemente no llega. Y los ciudadanos, lejos de exigir, seguimos justificando.

CONFLICTOS ¿ETERNOS?

¿Cuánto tiempo más pasará antes de que vuelva a hacer crisis el eterno conflicto entre los concesionarios del transporte público? ¿Será sólo cuestión de tiempo esperar al final de la temporada de lluvias, para volver a ser testigos del severo estiaje que azota a la ciudad? ¿Cuánto tiempo más pasará antes de que los verbeneros, los tianguistas, los chachacuales y/o los vendedores ambulantes, vuelvan a asolar a la capital oaxaqueña con sus negocios irregulares?

Del mismo modo, ¿tendremos que esperar mucho antes de volver a ver una nueva problemática relacionada con el tiradero de basura, y que por causa de ello la otrora Verde Antequera vuelva a convertirse en un auténtico museo de bolsas de basura que despiden olores nauseabundos? ¿En cuánto tiempo más veremos a las organizaciones sociales marchando para exigir recursos, en auténticos chantajes al gobierno estatal? ¿Cuántos días pasarán antes de que un nuevo conflicto agrario incremente la cifra de muertos y damnificados? ¿Es irremediable que los maestros hagan un nuevo paro y plantón en el mayo próximo?

Todos esos, además de muchos otros asuntos, constituyen una agenda de riesgos que en realidad nadie (ni la sociedad, ni el gobierno, ni los directamente involucrados) pretende asumir con responsabilidad. El asunto no es menor: la ciudadanía parece estar acostumbrada a sobrellevar siempre los mismos problemas, sin exigir que éstos sean solucionados. Por eso mismo, el gobierno siempre ofrece soluciones dilatorias (cuando verdaderamente tienen las características de ser remedio), o simplemente se encarga de “administrar” los conflictos hasta que llega el momento de heredárselos a sus sucesores en el cargo.

¿De verdad podemos creer que eso sea el reflejo real de un gobierno? Teóricamente no (pues estaríamos frente a la definición de una sociedad pre-estatal, en la que su gobierno no cuenta con un grupo especializado de funcionarios, que tiene la capacidad de cumplir eficazmente con las tareas que se encomiendan); pero en el fondo, eso es lo que tenemos. Y eso es muy grave, para un gobierno y un Estado, como el nuestro, que se dice democrático, pero que tiene serios problemas para constatarlo frente a sus ciudadanos.

TODOS, OMISOS

¿Por qué los gobiernos nunca piensan en eso? ¿Y por qué nosotros los ciudadanos estamos en esa misma situación? Tal parece que porque nadie quiere asumir la parte de responsabilidad que le corresponde. Y por eso mismo, seguiremos padeciendo los mismos problemas. Siempre.