+ Ciudadanía, política… ¿y partidos parasitarios?

Una de las tantas versiones que existen sobre la puesta en marcha de la estrategia de combate al crimen organizado, por parte del gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, señala que ésta fue implementada como una bien enmascarada estrategia de movilización política, para evitar que las discordancias postelectorales surgidas de los comicios presidenciales de 2006, pudieran devenir en un movimiento beligerante, o en una respuesta violenta por parte de la ciudadanía.

A partir de esa posibilidad, hoy pueden entenderse a la perfección situaciones tan particulares como la de Andrés Manuel López Obrador, y la del recién cambiado de denominación Movimiento Ciudadano, que hasta hace unos días se llamaba Partido Convergencia.

Esa versión, que es una de las tantas conocidas sobre el origen de la sangrienta guerra anticrimen que hoy libra el gobierno federal asegura, entre otras cosas, que este plan fue delineado por el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, que a finales de 2006 estaba preocupado por las altas posibilidades de que el resultado de los comicios presidenciales de ese año, pudiera devenir en un conflicto violento —ya fuere porque AMLO llamara a una especie de resistencia o desobediencia no pacíficas, o porque otros grupos, beligerantes, aprovecharan la ocasión para desencadenar algún tipo de revuelta o asonada violenta.

Se asegura que, derivado de esa preocupación, el gobierno estadounidense ideó las generalidades del plan, el cual incluiría el aprovisionamiento por parte de ellos hacia el gobierno mexicano, con tal de que éstos iniciaran una ofensiva sin precedentes en contra de los cárteles mexicanos.

Tal plan, luego denominado Iniciativa Mérida, tendría dos objetivos: el primero, visible, ir a combatir frontalmente a las bandas criminales, que no sólo provocan problemas en México, sino también en los Estados Unidos. Y el segundo —aparentemente invisible, pero que sí claramente perceptible por parte de la población— iría encaminado justamente a desmovilizar a la ciudadanía que hasta entonces pudiera encontrarse inconforme.

Esto último, evitaría los riesgos de asonadas o revueltas, al infundir miedo a la población a través de la presencia policiaca y militar en las calles; en el mediano plazo, aislaría a los adversarios políticos del gobierno del presidente Felipe Calderón, y los disminuiría; y globalmente, daría seguridad a los Estados Unidos de que sus intereses e inversiones en el país se mantendrían a salvo.

De todo esto, hoy llama la atención que todos los efectos de ese supuesto plan estadounidense —que no es nuevo ni desconocido, aunque nunca oficial— parecen estarse cumpliendo a la perfección. A simple vista puede verse que la guerra anticrimen (y no sólo la presencia criminal en las calles, sino también la policiaca y militar) mantiene en el terror a docenas de ciudades y comunidades en todo el país, que prefieren no salir a las calles —y mucho menos manifestarse— para no ponerse en riesgo, ni toparse con esas personas a las que, sean militares o criminales, los consideran un cáncer y un peligro para la sociedad.

En el caso de las efervescencias políticas, hoy ocurre exactamente lo mismo. Independientemente de cuál sea la razón específica, seis años después de aquellos comicios en los que López Obrador estuvo a punto de ganar (y también a punto de convertirse en un icono de la política mexicana, un referente indispensable dentro de su partido, y un líder indiscutible de la oposición, etcétera), lo que más bien vemos es a un candidato desprovisto de una parte importante de la fuerza que se le vio hace seis años, e incluso buscando un partido político que le permita postularse, en una segunda posibilidad, para acceder al poder presidencial.

PARÁSITOS MUTUOS

Quién sabe si Andrés Manuel López Obrador sepa lo que realmente representa Movimiento Ciudadano en cuanto a fuerza real y presencia electoral en el país; quién sabe si, al contrario, Movimiento Ciudadano sepa que AMLO hoy no es lo que fue en 2006, y que hoy sus posibilidades de repetir una hazaña como la de hace casi seis años, es mucho menos probable. Quién sabe, aunque seguramente ambos están concientes de lo que son. Y si es así, ¿entonces para qué se buscan mutuamente?

Queda claro que Convergencia cambió de nombre para poder entregarse a López Obrador; del mismo modo, queda claro que éste conformó a su Movimiento de Regeneración Nacional, y está aceitando sus estructuras electorales, justamente para ocupar la plataforma que significa un partido político (nada menos que ser uno de los privilegiados que tiene la posibilidad de beneficiarse del monopolio de acceso al poder público) que le permita la postulación presidencial, y nuevamente posicionarse ante el electorado como un líder de izquierda, aunque ya no necesariamente como un potencial ganador de los comicios federales.

¿Y qué busca Movimiento Ciudadano? Más claro, ni el agua: busca subirse al trampolín lopezobradorista para, a partir de él, generar las condiciones que le permitan ya no digamos que ganar muchas diputaciones o senadurías, sino simplemente sobrevivir y conservar su registro como partido político. Saben que preservando esto último, tienen la garantía de prerrogativas por tres años más, posibilidad de postular a cuadros no partidistas, e incluso de que las familias que hoy se ostentan como dueñas de esa “franquicia democrática” puedan seguir viviendo y aprovechándose de ella.

Pareciera que ambos, López Obrador y Movimiento Ciudadano, se encontraron bastante lejos de la senda del verdadero provecho común de las alianzas. Más bien, lo que claramente buscan es su provecho particular mutuo, y pasar satisfactoriamente la prueba de la preservación del registro como instituto político.

Pareciera que no buscan ganar mucho; pero en realidad sí se llevarán lo suficiente como para seguir esperando a la siguiente forma de reinventarse. Queda claro que no es el poder; es la supervivencia.

ADIÓS AL BULLICIO

Con la celebración de la Octava del Lunes del Cerro, Oaxaca prácticamente cierra el ciclo de las actividades más coloridas y atractivas del año. Ojalá que independientemente de eso, siga la promoción intensa a la cultura y a todos los atractivos que tiene nuestra entidad, que tiene para mucho más que seguir siendo un destino de ocasión, y de un par de noches de hotel. Ojalá tengan la visión, en el Gobierno del Estado, para conseguir ese objetivo.

+ Ejemplos de desfalco, burdos e insostenibles

Aprovechando los millonarios recursos que el gobierno estatal erogó en la compra de espacios publicitarios a medios informativos de la Ciudad de México con motivo de las fiestas de la Guelaguetza, en la última semana la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich Fernández, concedió una serie de entrevistas en las que habló de los quebrantos encontrados, de la “piel sensible” de los ex funcionarios señalados, y de los ejemplos que, según ella, corroboran que, en efecto, la treintena de colaboradores del ex gobernador Ulises Ruiz se llevaron más de tres mil 300 millones de pesos. Si alguien en el gobierno estatal es inteligente, o tiene asesores que lo sean, deberían recomendarle a la Contralora que, por su propio bien, dejara de emitir ese tipo de declaraciones.

¿Qué dijo la contralora Woolrich? Por ejemplo, en una entrevista concedida el jueves pasado al periodista Carlos Puig, para el programa “En 15”, que se trasmite por Milenio Televisión, la Secretaria de la Contraloría se dijo sorprendida por la “piel sensible” de los 32 funcionarios que fueron señalados, expresamente, por ella, en una conferencia de prensa el pasado 11 de julio, y dijo no comprender a todos aquellos que primero exigían que el gobierno estatal diera nombres sobre los quebrantos, y después se sintieron ofendidos.

En otra parte de la entrevista, la secretaria Woolrich puso como ejemplo el desfalco que la actual administración había encontrado de la gestión previa en el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, del cual depende el Seguro Popular. Dijo que sólo en esa dependencia habían encontrado un desfalco de más de mil 100 millones de pesos, y dijo que ese faltante, entre otras cosas, había provocado el desabasto de medicamentos que hubo al inicio de la administración. También aseguró que una parte de esos mil millones de pesos irregulares, se había detectado por el otorgamiento irregular de contratos, obras y otras cuestiones de ese tipo.

Finalmente, Woolrich Fernández aseguraba que a muchos de los ex funcionarios señalados no se les había podido “correr traslado”, debido a que éstos ya no se encontraban en el domicilio particular en el que hasta hace poco tiempo habitaban. Decía que a cada uno de ellos se le daría el término de 15 días para solventar las irregularidades que se les señalaban, pero daba por hecho que había desfalcos millonarios.

Ante todas estas aseveraciones, habría que preguntarse qué es lo que realmente busca el Gobierno del Estado a través de la contralora Woolrich; pero, sobre todo, queda la duda inicial respecto a si hoy mismo pueden estar seguros de todos los desfalcos que aseguran, y de la responsabilidad de cada una de las personas a las que han señalado.

¿DECLARACIONES RESPONSABLES?

En primer término, los empleados de la administración estatal encargados de la revisión de los recursos ejercidos, tendrían que repensar con más seriedad qué entienden por “piel sensible”. Aunque puede pensarse que acusan la excesiva “sensibilidad” de quienes antes ejercieron el poder, abusaron de sus cargos, y ahora se dicen perseguidos, en realidad este no es, ni debe ser —por lo menos en su cara visible—, un asunto político sino estrictamente administrativo y materialmente jurisdiccional. Expliquémonos.

¿Cómo se vería el Procurador General de Justicia (a la razón representante social, tradicional “abogado del Estado” y, se supone, defensor de las causas de la ciudadanía), acusando de tener “piel sensible” a los enemigos del régimen, a quien él procesa por la supuesta comisión de delitos? ¿No parecería —y, en efecto, así sería— que atenta contra los principios de certeza, objetividad e imparcialidad, que se supone que representa? Eso es exactamente lo que ocurre hoy con la contralora Woolrich. ¿Y qué no se supone que en este país todos son inocentes, en todos los procedimientos seguidos por la autoridad en forma de juicio, hasta que se les demuestra lo contrario? Y si es así, ¿son culpables por priistas, o porque verdaderamente se les corroboraron los desfalcos?

Pero más allá de eso, hay cuestiones igualmente inexplicables. Si había un ejemplo desafortunado sobre los presuntos desfalcos encontrados, ese es precisamente el del Seguro Popular. ¿Por qué? Porque como ya se ha señalado, los más de mil 100 millones de pesos por los que se acusa de irregularidades a dos ex funcionarios estatales encargados de ese programa, son nada menos que la totalidad de los recursos ejercidos. Es decir, que si en verdad fuera cierto lo que dice la contralora Woolrich, entonces lo que habría ocurrido en 2010 habría sido nada menos que la desaparición del Seguro Popular —y el enorme daño social que eso habría provocado— en aras de la ambición y la voracidad de sólo dos personas.

¿A poco el Seguro Popular dejó de funcionar? ¿A poco en todo 2010 no se pagaron alrededor de 800 millones de pesos, en salarios al 40 por ciento del total de personal que labora en los Servicios de Salud de Oaxaca? ¿Si no se les pagaron, entonces por qué esos miles de trabajadores nunca protestaron? ¿Y en serio no hubo ni medicamentos ni servicios médicos ni nada? Incluso, los organismos evaluadores de ese servicio médico a nivel nacional, reportan que en el último año, el nivel de satisfacción del usuario del Seguro Popular en Oaxaca, fue de nada menos que del ¡97 por ciento!

Lo peor de todo, es que la contralora pretende tasar todo no en base a la justicia o la ley, sino un evidente interés político y hasta partidista, además de sus atavismos personales. Queda claro que todos aquellos que, en efecto, resulten tener una responsabilidad administrativa o penal, deben ser castigados con todo el rigor de la ley. Pero de eso a suponer que hoy mismo se puede enjuiciar a priori, en los medios, a través de ejemplos burdos, y basados en suposiciones no corroboradas fehacientemente.

¿Y LOS JUICIOS?

Las leyes prevén, desde hace muchísimo tiempo, todas las formas posibles para notificar de formas alternas a la de tipo personal, y evitar con eso que el gobernado quede en estado de indefensión. Si hay quien, en efecto, desapareció, lo que debe hacerse es seguir escrupulosamente los procedimientos administrativos hasta su conclusión. No vaya a ser la de malas que, al final de un largo y costoso proceso, los particulares le ganen los juicios a la Contraloría por notificaciones mal realizadas, o por haberlos dejado en estado de indefensión. Suele ocurrir. Pongan sus barbas a remojar.

Viabilidad, en candidatos, no en nombre

Hoy que la militancia convergente se deshace en un pleito interno por el nombre y el control formal su partido, queda claro que la lucha tiene la clara intención de asegurar el rumbo de las candidaturas para los comicios federales del próximo año.

Sólo que los integrantes de los dos bandos en disputa en Oaxaca —partidarios de Benjamín Robles Montoya, y de Alberto Esteva Salinas— no quieren entender que para un instituto político como Convergencia, lo menos importante es el acceso a las candidaturas. Todos debieran estar más preocupados por construir, desde el gobierno, y desde fuera de él, los liderazgos que no tienen y que les urgen si es que de verdad pretenden intentar perpetuarse en el poder en la entidad.

Parece una cuestión “natural”, decidida por algún tipo de instinto de sobrevivencia, que todo partido o grupo político que llega al poder, siempre va a intentar perpetuarse en él. En el caso particular del México actual, el sistema político no permite la permanencia indefinida de las mismas personas en los espacios del poder público, pero sí la de los grupos políticos. Así fue como el PRI, independientemente del nombre del gobernador en turno, gobernó varias décadas. Y así es como, se supone, ahora debería intentarlo hacer el grupo político gobernante que emanó de Convergencia, y que encabeza el gobernador Gabino Cué Monteagudo.

Sólo que este grupo, que aún no comienza a construir claramente —o al menos no se ve— los liderazgos que debieran perpetuar al ahora equipo gobernante luego de un proceso sucesorio, ya se está peleando por el control del partido político que, formalmente, significa la vía de acceso al poder. Y aunque este parece un paso sustancial, en realidad queda claro que esto es insuficiente mientras no tengan las figuras sólidas, a través de las cuales puedan ganar elecciones.

Esto es claro. Los grupos de Robles Montoya —con el apoyo del gobierno estatal— y el de Esteva Salinas, entraron ya en la ruta de colisión, en la que el pretexto es el control del partido, pero el fondo radica en la definición de las candidaturas al Senado. Ambos personajes, emulando la tradición priista, consideran que encabezando la fórmula de candidatos a la Cámara alta, tendrá automáticamente la calidad de “candidato natural” a la gubernatura del Estado en 2016.

Esa disputa parece franca. En realidad, los únicos dos personajes que acompañaron la larga carrera del gobernador Cué desde la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez, hasta ahora como Mandatario Estatal, fueron Esteva y Robles, aunque ambos respondiendo a intereses y grupos distintos. Robles como senador, representaría al grupo puramente gabinista.

Pero Esteva Salinas, en esa misma situación, encarnaría también a un gabinista, aunque éste con un importante grado de reconocimiento, altura y ascendencia política respecto a otros grupos de poder (como el del jefe de Gobierno de la capital del país, Marcelo Ebrard Casaubón) que en diversos momentos han apoyado al gobernador Cué.

Hasta hoy, queda claro que la disimulada actitud del Jefe de ese grupo político (es decir, el Gobernador del Estado) frente a la disputa por Convergencia, lo único que denota es que su apoyo se encuentra a favor de quienes pretenden convertirlo en Movimiento Ciudadano y pretenden que las candidaturas se queden dentro del grupo puramente gabinista que hoy se encuentra en el gobierno del Estado.

¿CANDIDATOS, QUIÉNES?

Sin embargo, este asunto está lejos de reducirse a las dos candidaturas al Senado, e incluso a la posibilidad de que éstas se queden entre los gabinistas “puros” o entre los “ebrardistas”. El tema que realmente debiera preocupar a todos, es que ni Robles, ni Esteva Salinas, ni ninguno otro de los personajes que rodean al gobernador Cué, tiene hoy el potencial para crecer a tal grado de garantizar no sólo un triunfo en 2012, sino también que en 2016 pueda ser un producto electoralmente “rentable” para retener la gubernatura del Estado en manos del gabinismo convergente.

Hoy, independientemente de que el partido finalmente se llame Convergencia o Movimiento Ciudadano, y de la plataforma electoral o intereses que represente, al menos lo que queda claro es que no tienen figuras para lograr crecimiento y mayor presencia.

Es decir, hoy no se nota que se estén construyendo, desde el gobierno y fuera de él, las candidaturas a diputados federales y senadores (Esteva no construye siendo funcionario del gobierno del Distrito Federal, y Robles Montoya mucho menos, al tomar el lugar de  “Maquiavelo” del régimen) para el proceso electoral que ya está en puerta, mucho menos para quienes serán los diputados locales que serán aliados, y que facilitarán el trabajo del Gobernador del Estado desde la Legislatura local siguiente. Y, bueno, frente a todo eso, no se ve qué rumbo pueda tener la visión —si es que la tienen— de que otro convergente gobierne la entidad cuando el gobernador Cué concluya su gestión.

Por eso, hoy todos los convergentes que se deshacen por el control de su partido, debieran ver con mayor claridad que pueden hacerse de la cancha y hasta del balón, pero que sin jugadores competitivos —que metan goles—, esa cancha y ese balón de todos modos sirven para nada.

Y, lo más importante, antes que disputas palaciegas —que, además, cada día descienden de nivel, hasta dejar ver la verdadera vocación de quienes la encabezan— que sólo degradan integralmente a la fuerza que representa, puros y conversos debieran estar preocupados por seguir creciendo políticamente, hasta ser, o parecer, algo más que simples integrantes de un partido que seguiría siendo meramente testimonial hasta en la única entidad federativa del país donde gobierna un militante de ese partido. De nada les servirá esforzarse en lo segundo, si siguen siendo nada en cuanto a lo primero. ¿Entenderán? Sólo ellos saben, aunque hasta hoy no parece.

BOLETINITIS

¿Se había visto antes que un funcionario de segundo nivel —un secretario particular— enviara todos los días boletines de prensa estableciendo posiciones políticas o asumiéndose como el actor político o funcionario de responsabilidad que, en realidad, no es? Eso es lo que extraña de Benjamín Robles: que se pretenda dar una importancia que formalmente no tiene, y que haya foros en los que, por conveniencia, por convenio o por oficiosos, le abran la puerta y alimenten su ego. ¿Por qué no piensa en asumir él la dirigencia de su partido? Eso lo colocaría donde siempre ha soñado estar; y le evitaría muchos problemas al gobierno estatal.

Organizar a la militancia, reto mayor de dirigencia

Económicamente, desde hace mucho tiempo el Comité Directivo Estatal ha tenido vida artificial. Aunque en los tiempos del llamado “partido oficial”, recibía grandes cantidades de recursos no declarados, que le permitían solventar su actividad, esto no significaba que su solvencia pudiera traducirse en seriedad y responsabilidad en el manejo de sus finanzas. Hoy, cuando la dirigencia priista quedó en la orfandad, quedan en evidencia no sólo sus carencias económicas “institucionales”, sino también la situación de informalidad e incertidumbre en la que laboran los no pocos trabajadores del antiguo “partidazo” en Oaxaca.

Quienes trabajaron en el PRI estatal durante los tiempos del partido hegemónico (hasta finales de la década de los noventas), en cargos de dirigencia o incluso como empleados administrativos u operativos, difícilmente conocieron carencias. Aquellos tiempos —que abarcaron décadas— fueron de bonanza, automóviles de lujo, sueldos considerablemente buenos, e incluso de privilegios ante las autoridades para tener facilidades en el desarrollo de sus actividades, o para no ser objeto de actos de molestia.

Con el paso de los años, y el reforzamiento en los procesos de fiscalización de los recursos que recibían los institutos políticos, estos apoyos comenzaron a ser más discretos y limitados, aunque no por ello menos fluidos. Quizá de una década a la fecha, las condiciones laborales para los empleados ajenos a la dirigencia estatal, dejó de ser de cierta comodidad, para pasar a ser de constante incertidumbre y regateos sobre los salarios, prestaciones e insumos de trabajo que realmente necesitaban.

Ya para entonces, ser empleado del Comité Directivo Estatal priista, era sinónimo de no haber tenido una sola opción —o amigo— en la administración pública estatal, o haber sido castigado por alguna cuestión determinada. Los trabajadores, entonces, ya no conocieron lo que era percibir su salario a tiempo o completo; carecían hasta de los insumos mínimos de oficina; dejaron de tener las prestaciones sociales que la ley exige para los trabajadores y patrones.

Y, en resumen, comenzaron a ver al tricolor estatal como un mero lugar de paso, o escalafón, en lo que se incluían en el equipo de trabajo de alguno de los beneficiarios del gobierno en turno, o para esperar una oportunidad estratégica, estando o no campaña, para enrolarse en un empleo en el gobierno estatal.

Esa situación prevaleció por mucho tiempo. Lamentablemente, mientras se degradaba la estancia en el “partidazo” y se hacían más evidentes las carencias económicas, los sucesivos dirigentes estatales vivían otra situación. El reforzamiento de la fiscalización de los recursos que recibían, los hizo ser más “cuidadosos” en la forma en cómo aplicaban éstos para las necesidades reales del partido. Así, con tal de no aparentar “lujos” o bonanzas que las solas prerrogativas no permitían, los administradores del tricolor decidían usar el presupuesto —que evidentemente recibían, en efectivo y sin recibo oficial, de parte de las arcas estatales— para las necesidades de la dirigencia (lujos, bonos, viáticos de la Presidencia, asesores, además de todo tipo de frivolidades), pero no para cubrir las injusticias que se cometían en contra de quienes veían al partido no como una oportunidad política, sino como una opción de empleo y salario para llevar el sustento a sus familias.

CAJA CHICA (Y OLVIDADA)

En los tiempos del PRI-gobierno, cada que había cambio de dirigencia priista, emergían como hongos las inconformidades sobre las deudas y pendientes de pago que dejaba el Presidente en turno. Éste, y el nuevo dirigente, eran siempre acusados de no pagar los salarios, de maltratar a los trabajadores, de hacer promesas de pago y no cumplirlas, y también del no reconocimiento al trabajo devengado, o los salarios pendientes de pago, que hacían los nuevos dirigentes respecto a los anteriores. Ese fue el pan de cada día de quienes trabajaron largo tiempo en el Comité Directivo Estatal del partido.

Durante todo el tiempo que duró el “partidazo”, los dirigentes estatales sólo se preocupaban en dizque cobrar las cuotas partidarias, no para verdaderamente dar sustento al partido, sino para fortalecer sus proyectos personales del momento. Era raro, en este sentido, el Presidente que se preocupaba verdaderamente por la situación salarial de sus trabajadores, o quien hacía alguna mejora a las oficinas o condiciones de trabajo. La mayoría se dedicaba “a lo suyo”, y regateaba lo más posible cumplir con sus obligaciones económicas como dirigente. En realidad, a nadie le preocupaba incrementar los ingresos del CDE porque de todos modos éstos estaban garantizados, y porque era, además de difícil, “políticamente incorrecto” hacerla de “cobrador” a los cuadros distinguidos del partido, que además nunca se preocuparon verdaderamente por éste.

Por todo eso, hoy al tricolor le acomoda perfectamente aquella perla de la sabiduría popular, que dice que un padre mantiene a diez hijos, pero diez hijos no mantienen a un padre. Hoy, por dudar sobre el uso correcto de los recursos, o por egoísmo, prácticamente nadie se encuentra al corriente en sus cuotas.

Quienes hoy tienen cargos de elección popular, aún obtuvieron las candidaturas bajo los antiguos esquemas de que el gobernante se decidía por ellos, y todos los documentos de acreditación —incluyendo los que prueban el requerimiento estatutario de “encontrarse al corriente en el pago de sus cuotas de partido”— les eran confeccionados de tal modo que no cupiera espacio para la impugnación, la ilegalidad o el cuestionamiento.

Por eso hoy el PRI estatal se encuentra a punto de la bancarrota. Porque la orfandad lo llevó a la crisis; por el desapego y el desinterés de sus militantes, legisladores y “cuadros distinguidos”, y también porque ningún gobierno de alguna entidad federativa priista, se ha querido hacer cargo de ellos.

¿QUÉ PONDERARÁN?

Lo importante, en todo esto, debiera ser que Eviel Pérez Magaña hiciera, como un líder auténtico, hasta lo imposible (aún a costa de su peculio personal) para por lo menos dar condiciones mínimas de decoro a los trabajadores del priismo. No hacerlo él, junto con todos los demás que tanto se ufanan de su militancia tricolor, equivaldría a negar, y apartarse, del hecho de que los diputados locales y federales, el Senador y los presidentes municipales del PRI, son lo único que representa, formalmente, al devastado priismo oaxaqueño.

Cambios y ajustes, hechos sin fundamento

Aunque digan lo contrario, las festividades de los Lunes del Cerro, siguen siendo un objeto claro de las ocurrencias y perspectivas personales de quienes han ejercido el poder en Oaxaca. Ni los llamados Comités de Autenticidad, ni las delegaciones, ni las autoridades, ni los encargados últimos de la preservación de las tradiciones, han podido o querido hacer algo para dignificar y verdaderamente dar seriedad a una fiesta que no fue producto de la ocurrencia de una persona, ni acto de aparición espontánea de un régimen o ámbito de gobierno.

Desde hace algunos años, vemos una fiesta de los Lunes del Cerro que es cambiante, aunque sin más fundamento que las ideas, la perspectiva, o hasta los desatinos del gobernante en turno. Desde la polémica, y quizá desatinada decisión, de “techar” el auditorio Guelaguetza, hasta la modificación de los bailables y representaciones, pasando por la inclusión de representaciones ajenas a la cultura y tradición de los pueblos oaxaqueños, e incluso las más recientes decisiones oficiales de eliminar el llamado “palco oficial”, y eliminar el “culto al Tlatoani”, todas son decisiones tomadas sin un fundamento verdaderamente explicable y verificable. Veamos si no.

Independientemente de lo agradable o no que sea a la vista el Auditorio Guelaguetza, o de que personalmente pueda gustarnos o no el manteado, es cierto que tanto la decisión de instalar el techado, como la reciente de retirarlo, parten de los caprichos del gobernante en turno. Hoy, por ejemplo, los defensores del régimen del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, se deshacen en exaltaciones a la obra, y de regodeos respecto a la “brillante” decisión del gobernante a quien defienden, de impulsar la obra.

Del mismo modo, aunque un sector del gobierno estatal se dice “satisfecho” con la obra, otro grupo bastante importante y de peso, asegura no estar de acuerdo con la obra. Ello quedó más que claro el lunes mismo, cuando el gobernador Gabino Cué Monteagudo dijo, en declaraciones a la prensa, que a él le gusta más el sol, y que por eso no está de acuerdo con la permanencia de la velaría en el Auditorio Guelaguetza.

Frente a esas dos posturas, uno puede comprender que, en la esencia del poder político mexicano, se encuentra la disposición de que la palabra del gobernante se convierte en orden y ley casi en automático. Sin embargo, alejándonos de esa idea, debiéramos preguntarnos lo siguiente:

¿Qué fundamento sólido, más allá de la voluntad de los gobernantes, existe hoy para defender o satanizar, o para presumir, o votar a favor de la eliminación de la velaría? Si se supone que los tiempos cambian, y que éstos evolucionan para que la democracia sea más consistente, entonces lo que debiéramos haber escuchado desde un inicio, son razones convincentes y objetivas, más allá del capricho del ex gobernador Ruiz, para decidir la instalación de la velaría.

Del mismo modo, para hoy votar a favor del retiro del manteado, hoy debiéramos basarnos más en datos duros, que en apreciaciones personales, caprichos, o testarudeces, para decir objetivamente por qué debe ser retirada la velaria.

Hasta hoy, se ha dicho, por ejemplo, que el techado del Guelaguetza rompe con la imagen urbana. Sin embargo, quienes lo dicen —y quienes alientan a éstos a decirlo—, no tienen en sus manos otro argumento, ni estudio verdaderamente serio, más allá de su perspectiva particular.

Del mismo modo, y esto resulta aún más grave, el mismo Gobierno del Estado no tiene en sus manos elementos sólidos, para reforzar la decisión del gobernante de que ésta sea retirada. En este sentido, no han podido determinar, por ejemplo, que la velaria es peligrosa; que es discordante a la imagen de Oaxaca, o incluso que su colocación afectó, o no benefició en nada, económicamente a la entidad.

TRADICIÓN, POR

LA MISMA SENDA

Lo grave es que todo esto se extiende a la tradición en sí. Por ejemplo, ¿fue una decisión fudamentada, la de decidir eliminar el palco oficial? Hasta donde se supo, físicamente el espacio ya no existe; sin embargo, queda claro que si algo debían eliminar, no era el perímetro que ocupaban los representantes políticos del Estado (y en otros tiempos del país) y la Diosa Centéotl, sino los privilegios que éstos tienen y los excesos que cometían los funcionarios y sus invitados durante las celebraciones de los Lunes del Cerro.

¿A poco ya no hubo espacios privilegiados para el gobernante, sus funcionarios y los invitados especiales? ¿A poco ya no hubo perímetro de seguridad, ni atenciones especiales, para todos ellos? ¿De verdad se acabó el culto al Tlatoani, al cacique o al gobernante? ¿O es que en realidad, lo que se hizo fue “maquillar” de democrática una decisión que más bien parece una pose u otra más de las ocurrencias?

En el fondo, si verdad se terminó el culto al líder de la tribu, lo que debió disponer el Gobierno del Estado, es que todos (incluido el Gobernador, sus invitados, los funcionarios estatales, y los representantes de la prensa de la capital del país) tuvieran el deber de comprar su boleto personal para poder acceder al Auditorio Guelaguetza a presenciar la fiesta del Lunes del Cerro, y que todos fueran como cualquier oaxaqueño o turista más, que paga para presenciar un espectáculo, en el cual tiene asegurada la entrada, pero no un espacio ni un asiento en un lugar privilegiado.

Incluso, debiera haber más seriedad respecto a la forma en cómo se encuentra hoy estructurada la fiesta de la Guelaguetza. Vemos los oaxaqueños, cómo cada año las autoridades siguen distorsionando el sentido y la esencia de la fiesta, para agregarle nuevos elementos que en realidad no corresponden a lo que representa esta tradición para los pueblos.

CAMBIOS CAPRICHOSOS

Lamentablemente, ni las organizaciones involucradas, ni las delegaciones regionales, ni quienes se ostentan como defensores de la cultura y las tradiciones de las comunidades oaxaqueñas, tienen el valor o la decisión para alzar la voz y denunciar lo que a su juicio está mal planteado. Nadie ha tenido la visión para darle cierto rigor a la celebración, y establecer los cánones a partir de los cuales ésta deba regirse independientemente de los caprichos o las ocurrencias de los gobernantes. Mientras, seguiremos viendo cómo cada sexenio los Lunes del Cerro siguen tomando matices distintos, que en realidad no hacen sino alejarla cada día más de su verdadera esencia.

+ Sección 22-Gobierno: Innovación o mala copia

Todos aquellos que conocen la tradición y el significado de la representación de la Guelaguetza en Oaxaca, coinciden en asegurar que de unos años a la fecha, ésta ha perdido mucho de la esencia que la caracterizaba, y que el llamado “Comité de autenticidad” de la celebración no ha hecho sino desvirtuar su sentido original.

Hoy, cuando en Oaxaca se celebran dos representaciones simultáneas —la llamada “Guelaguetza oficial”, y la magisterial— debemos preguntarnos si los organizadores de ambas celebraciones, verdaderamente están preocupados por la preservación de la tradición, o si sólo se dedican a hacer copias malas, simultáneas, de una celebración que está perdiendo su origen y razón inicial.

Varios son los problemas fácilmente distinguibles de la celebración actual de los Lunes del Cerro. Quienes conocen del tema, aseguran por ejemplo que la decisión tomada hace unos años por el Gobierno del Estado, de hacer dos celebraciones por cada una de las fechas (es decir, la implementación de las llamadas “Guelaguetzas vespertinas”), trajo consigo la necesidad de alargar las representaciones, e incluir a más comunidades y regiones de las que originalmente participaban en las muestras folklóricas.

Esta necesidad, hizo que fueran creados más bailables, y que a la fiesta de los Lunes del Cerro también se le agregaran otras representaciones, como las de las mayordomías, bodas o celebraciones rituales de ciertas comunidades. En algunas, además, se cayó en el extremo de improvisar ciertos bailes que, marcadamente, poco o nada tienen que ver con las tradiciones reales de las comunidades a las que dicen representar.

Por si fuera poco, todo esto se combinó con otras cuestiones, como el pago de ciertos favores políticos (o, al contrario, la reprimenda) a ciertas comunidades o regiones que comulgaban o tenían coincidencias políticas o partidistas con el grupo que tenía en sus manos al gobierno estatal. Al contrario, en diversos momentos, ciertos grupos fueron marginados sólo por el hecho de que no compartían preferencias políticas, o no habían favorecido al candidato o partido que interesaba a la administración estatal.

Todo esto, evidentemente, fue mermando una tradición que, por su propia esencia, debía estar ajena, y debía rebasar incluso, cualquier cuestión política o partidista tanto de los participantes en la Guelaguetza, como de los organizadores. Ahora mismo, ya con el llamado “gobierno del cambio”, algunas de estas cuestiones nuevamente quedaron marcadas, y tuvieron como telón de fondo disputas políticas que, en realidad, nada tenían que ver con la celebración de los Lunes del Cerro.

Ante todo esto, habría que preguntarse en primer término, si verdaderamente el gobierno estatal, y las asociaciones civiles y comunitarias, participantes en la organización de los Lunes del Cerro, en verdad se encuentran comprometidas con la preservación del arraigo y el sentido inicial de las celebraciones, o si sólo continuarán con esta política de seguir haciendo comercial esta celebración que, en realidad, entraña un amplísimo significado respecto a la cosmovisión y las tradiciones ancestrales de los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca.

Es cierto: la Guelaguetza, hoy, debe no sólo preservar el sentido cosmológico de las comunidades, sino que también debe constituir la base de un atractivo turístico con el que funciona buena parte de la economía local, ya que la mayor cantidad de visitantes nacionales y extranjeros que llegan a Oaxaca en calidad de turistas, lo hacen para ver las fiestas de la Guelaguetza.

Sin embargo, las autoridades y todos los involucrados, deben ponderar con toda seriedad hasta qué punto deben comercializarla, sin ponerla en riesgo; y hasta qué punto flexibilizan la llamada “autenticidad” de la celebración. No hacer esto, equivale a seguir vulgarizando una representación que hoy, ya de por sí, se aprecia bastante manoseada por quienes sólo la ven como un negocio.

¿Y LA FIESTA MAGISTERIAL?

La Sección 22 no debía ser ajena a este cuestionamiento. Desde 2006, ellos también hacen su propia celebración. Sólo que hasta ahora no queda claro cuál es la fundamentación de sus representaciones, ni tampoco si ellos han hecho algo más que copiar la celebración organizada por el Gobierno del Estado.

Lo más sencillo, y que quizá sea lo que ocurre, es esto último. Sin embargo, se supone que si el gremio magisterial es un sector medianamente educado y culturizado, y que tiene también un grado importante de contacto social con las comunidades, debía ser labor de ellos no sólo copiar una celebración para llevarla al “pueblo” que, según ellos, no puede pagar un boleto para asistir al Cerro del Fortín, sino también llevar a cabo un proceso real de investigación y racionalización de cada una de las representaciones, para rescatar, preservar y reseñar su sentido original, y no sólo copiar las distorsiones que se presentan en la Guelaguetza oficial.

Esta debía ser una labor de responsabilidad, para no sólo dejar la Guelaguetza magisterial como una opción para “los pobres” o para quienes están comprometidos con las causas de la Sección 22, sino para que ésta celebración verdaderamente tuviera la capacidad de hacer alguna aportación a la cultura y la preservación de las tradiciones en Oaxaca.

Hasta hoy, no queda claro si ellos han analizado o puesto en marcha cuestiones de ese tipo. Sin embargo, sería interesante, y hasta necesario, que tuvieran la decisión de no sólo hacer la copia de una representación incorrecta, sino una verdadera labor de rescate de las tradiciones que se están perdiendo, o de la estructura original de la fiesta de los Lunes del Cerro.

En la medida que la Sección 22 tenga la capacidad de llevar a cabo esas cuestiones, es que estará en posibilidad de presumir a los oaxaqueños, y a los visitantes nacionales y extranjeros, que aporta algo más, que una simple representación como las que todos los días se pueden ver en distintos foros, hoteles y restaurantes de la capital oaxaqueña, que cuentan con el “servicio” de las representaciones de la Guelaguetza.

OAXACA, DE FIESTA

Qué bien se ve Oaxaca estos días, ¿no? Las calles bulliciosas; los cantos, bailables y representaciones artísticas por doquier, rebasan cualquier capacidad organizativa de gobierno o grupo alguno. Esta fiesta es de nosotros, de los oaxaqueños, de la ciudadanía. Ojalá que julio fuera eterno, para ser siempre parte de esta ciudad que año con año se reinventa para mostrarnos su grandeza.

+ Buscar los “trucos”, no desaparecer esquema

Es cierto: debe haber voluntad de los diputados integrantes de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, para revisar los Contratos de Prestación de Servicios a Largo Plazo que firmó la anterior administración, y eventualmente cancelar los pagos excesivos que efectúan anualmente por la construcción de los complejos administrativos de los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado.

Sin embargo, si de verdad tienen ganas de hacer algo verdaderamente positivo por Oaxaca, los diputados deben ir no a eliminar la posibilidad de hacer ese tipo de contrataciones, sino más bien a erradicar los trucos y las lagunas que tienen las leyes que regulan actualmente dicho esquema, y así evitar que éstos vuelvan a ser distorsionados en el futuro.

Todos aquellos que saben de obra y administración pública, saben que los contratos coloquialmente llamados “PPS”, son de amplia utilidad y beneficios tanto para los gobiernos como para la población. A grandes rasgos, a través de un Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo, un gobierno puede contratar la construcción de una carretera, un hospital, un campus universitario, o algunos otros tipos de obra que son de gran impacto social.

Como generalmente un gobierno no cuenta con tantos recursos —cientos o miles de millones de pesos— para una sola obra, en un solo ejercicio anual, opta por la contratación de un PPS, a través del cual una empresa privada construye la obra hasta su culminación, y en el momento en que esto ocurre el particular “arrienda” por un tiempo determinado la obra al sector público, y se compromete a sostener su funcionamiento, operación y mantenimiento en óptimas condiciones, a cambio de que el gobierno cubra una contraprestación económica por un concepto también equiparable al del pago de un arrendamiento, en calidad de arrendatario.

En México, el gobierno federal construye cada año infinidad de obras bajo el esquema de Proyecto de Prestación de Servicios. Así evita dejar obras a medias, no concluirlas; o, en el caso de obras prioritarias, los esquemas PPS permiten que la obra se realice hasta su conclusión, en un periodo corto de tiempo, y bajo un esquema de trabajo no sujeto a ejercicios presupuestales, recortes, reasignaciones, y todas las demás vicisitudes a las que se enfrenta la obra pública, cuando depende directamente de los recursos del Estado.

Sólo que, en el caso del gobierno federal, éste tiene diversos mecanismos, todos ellos estrictos y no sujetos a la imposibilidad de cumplirlos, para revisar y fiscalizar en todo momento el avance de la obra, y para que desde el momento de la firma del contrato no haya cuestiones ventajosas, o no previstas, ni a favor ni en contra del gobierno. Varias Secretarías de Estado, desde diversas ópticas, revisan las obras construidas con PPS de modo permanente, para corroborar que tanto la cuestión presupuestal, como los aspectos técnicos, sean cumplidos a cabalidad.

Muchos de esos aspectos, no se encuentran contemplados en las normas locales; y todo eso fue lo que abrió la puerta para que la contratación de los esquemas PPS estatales, se convirtieran en un verdadero festín de irregularidades y desregulaciones, del que salieron beneficiados un puñado de personajes cercanos al poder en la administración anterior.

LAGUNAS LEGALES

De tener voluntad, los diputados de la LXI Legislatura debieran revisar, por ejemplo, que la ley estatal respectiva no contempla la obligación de que para la asignación de una obra, tengan que participar un determinado número de empresas, que tengan la capacidad de demostrar su solvencia moral, económica y técnica.

En el caso específico de Ciudad Administrativa, la ausencia de esas estipulaciones fueron las que permitieron que la obra finalmente le fuera asignada a una empresa constructora que presuntamente no contaba con las características ni los antecedentes requeridos, y que sólo la supervisión de obra fuera realizada por otras empresas que sí han construido obras de importancia en el país.

Del mismo modo, esa falta de regulación, fue la que permitió que, en un acto discrecional y unilateral —aunque finalmente legal por mandato de la norma—, el Gobernador del Estado asignara directamente la obra, sin ser sometida al concurso o licitación que debiera ser indispensable para una sola edificación que costará, en total, más de mil 500 millones de pesos.

Del mismo modo, deberán revisar qué debe entenderse legalmente por “prestación de servicios”. Se supone que durante el tiempo que dura el contrato, la empresa constructora se hace cargo del mantenimiento y operación del inmueble, y a cambio el gobierno paga una contraprestación económica.

En ese sentido, lo primero que tendrían que indagar, con mucha seriedad y pulcritud, es qué servicios presta la empresa que construyó, por ejemplo, Ciudad Administrativa. En la prestación de ese servicio, que puede ser tan intrascendente como el solo mantenimiento a los elevadores de personal, puede fundamentarse un contrato oneroso, que en realidad sí traslada todas las demás operaciones al gobierno estatal y que, en palabras llanas, constituye un gasto doble para las arcas estatales.

Estos, y varios aspectos más, son los que debieran ponerse bajo la lupa para determinar, ahora sí con bases firmes, cuáles son los aspectos que deben ser reformados y reforzados con urgencia, y qué previsiones se deben tomar para el futuro.

Queda claro que así como se encuentra actualmente la ley, lo que hace es otorgar un enorme cheque en blanco tanto al gobierno estatal como al constructor, y permitir que éstos puedan hacer todo tipo de arreglos para beneficiarse mutuamente a costa del dinero público, tal y como lo habrían hecho con la edificación de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial.

Desaparecer los esquemas PPS sería tanto como errar la solución. Lo que deben eliminar son los trucos, las lagunas y las trampas que vician de fondo un tipo servible de contratación, que le puede ayudar bastante a Oaxaca.

CONCURSO DE PLAZAS

Es gracioso ver cómo hasta los anti-sección-22 se escandalizaron por el anuncio de la incorporación a los concursos para la asignación de plazas. No se asusten. El botín mayor está a salvo: nadie se ha atrevido a cuestionar a los temibles normalistas. Esos que estudian para profesores, pero que son expertos en desmanes, bloqueos y disturbios. Que nadie tiemble. Después de la tormenta, se verá que todo sigue bajo control.

+ Predominan los pactos oscuros y revueltas

El Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca, es hoy como un rompecabezas de mil piezas, parecidas y esparcidas, que nadie sabe bien a bien por dónde comenzar a armar. Lejos de querer practicar cualquier tipo real de operación cicatriz, e incluso de cierta convivencia equilibrada y armónica, los distintos grupos de poder que confluyen a su interior se encuentran en una guerra declarada tanto por la dirigencia estatal, como por las postulaciones rumbo a la elección federal del próximo año que, valga decirlo, ya se encuentra a la vuelta de la esquina. En la medida que se alimentan los extremos, al priismo se le desdibujan las posibilidades de la competitividad y el retorno a la senda del triunfo.

Queda claro que hoy ninguno de los grupos que disputa un espacio al interior del tricolor, está dispuesto a buscar equilibrios. Por un lado, se encuentran los grupos encabezados por militantes de ese partido que, en conjunto, se denominan “corriente renovadora”, los cuales en última instancia pretenden desplazar a la dirigencia del diputado Federal, Eviel Pérez Magaña, para tomar el control del partido y allanar ciertos intereses, muy precisos, que buscan ellos.

En la contraparte, se encuentra la dirigencia de Pérez Magaña, quien insiste en pretender que por su sola ascendencia como ex candidato a Gobernador, y por haber sido el designado por el Jefe Político del otrora grupo gobernante para encabezar los trabajos del priismo, todos los tricolores respeten su investidura y la dirigencia que encabeza.

Queda claro que, frente a estas ideas, se encuentra el cuestionamiento casi unánime de todos los priistas (institucionales, moderados y “reformadores”), que no alcanzan a ver un liderazgo verdaderamente construido y consolidado, ni a un dirigente fuerte que tiene la capacidad de tomar decisiones eficaces para el priismo, y hacerlas valer independientemente de las órdenes o recomendaciones que le dicte el ex gobernador Ulises Ruiz desde la Ciudad de México.

En un tercer punto, se encuentran aquellos priistas ciertamente institucionales que, sin embargo, no por ello respetan la ascendencia y la “mano” que tiene el dirigente Pérez Magaña en el camino al Senado de la República. Éste grupo, encabezado por los coordinadores parlamentarios tanto de la Cámara baja federal, como de la fracción priista en el Congreso del Estado, Héctor Pablo Ramírez Leyva y Martín Vásquez Villanueva, pretenden construir liderazgos independientes de la decisión del priismo y, en algunos casos, han caído en el extremo del intento de madruguete que, si bien no está prohibido, sí rompe con las reglas no escritas sobre las postulaciones dentro del tricolor.

En el fondo, queda claro que nadie pretende llegar a acuerdos institucionales internos. Y ese es el origen del problema. Es decir, los “reformadores” no encuentran otro camino para una posible reconfiguración de los factores de poder al interior del tricolor, que no pase por la salida del dirigente Pérez Magaña; éste, continúa aferrado a que le respeten, sólo “porque sí”, su posición y ascendencia; y los otros aspirantes principales al Senado (la gran mayoría de los demás sólo pretenden hacer públicas sus aspiraciones, para luego declinarlas a cambio de una negociación política) parecen incluso tener una especie de “acuerdo común” para que las postulaciones a la Cámara alta queden sólo entre ellos, pero sin permitir la participación o la apertura a más posibilidades.

¿Qué queda de todo esto? Que en su situación actual, la confrontación, en efecto, tenga nulas posibilidades de ser resuelta a través de un acuerdo que satisfaga a todos. Esto porque, simplemente, todos quieren todo. Y el problema, en realidad, es que como todo partido político, el tricolor necesita recuperar su competividad rumbo al proceso electoral del año venidero. Y simplemente no podrán hacerlo en las condiciones de confrontación y encono que prevalecen actualmente.

LUCHA, CON REGLAS

El pasado martes hubo un encuentro en la ciudad de México, entre el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Humberto Moreira Valdés, y la llamada “corriente reformadora” del priismo en Oaxaca.

Sobre los resultados de la reunión, se tienen al menos dos hipótesis distintas: la primera, que el Líder Nacional del PRI les reiteró que la única legítima es la dirigencia estatal de Eviel Pérez Magaña; y la segunda, difundida por los mismos tricolores oaxaqueños, que Moreira prometió enviar, en dos semanas, a un delegado con funciones de Presidente del Comité Directivo Estatal, para que inicie un proceso de renovación de las estructuras partidarias del tricolor.

Ninguna de las dos versiones, asumida a pie juntillas, parece posible. Sería inaudito, en las condiciones actuales, que la Dirigencia Nacional recibiera, en sus oficinas centrales, a un grupo de priistas, sólo para decirles que ni habrá cambio ni habrá intervención del CEN para remediar el conflicto interno que ocurre en Oaxaca. Tal versión no es creíble, porque aún cuando el Comité Nacional pudiera respaldar de lleno a Pérez Magaña, ello no tendría por qué equivaler a que cerrara los ojos a un problema real, que puede ser potencialmente riesgoso para el priismo, y que necesita ser atendido con rigor y urgencia.

Empero, la segunda versión tampoco es del todo creíble. Aún con su fuerza, el CEN no puede pasar legalmente por encima de la dirigencia estatal. Les guste o no, a todos, el CDE es encabezado legalmente (quién sabe si en el terreno de lo legítimo se pueda decir lo mismo) por Pérez Magaña.

Y estatutariamente, sólo se podría enviar a un delegado con funciones de Presidente del Comité Estatal, si hubiera ausencia formal absoluta del Líder estatal. Esto, como queda claro, no ocurre, ni ocurrirá. En las condiciones actuales, no parece haber poder humano que haga renunciar a Pérez Magaña a la posición partidaria que hoy ostenta.

¿Y EL ARREGLO?

Lo único que sí sería creíble, y posible, es que dentro de poco el CEN respaldara públicamente a la dirigencia estatal, por ejemplo a través de una visita de Moreira al priismo oaxaqueño. Pero antes, necesariamente, debe enviar a un delegado po-lí-ti-co, para que medie y atempere la disputa interna que hoy ocurre. Finalmente, el PRI deberá abrirse para todos. Lo interesante será ver cómo, bajo qué esquema de negociación, y a pesar de quién —y de qué posiciones— comienza a ocurrir este doloroso proceso de apertura. Será como hallar la aguja de oro, dentro de este gran pajar.

Socavar órganos electorales, tendencia actual

Qué bueno que el consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Alberto Alonso Criollo, tenga la voluntad de no permitir que los partidos políticos representados en el Congreso del Estado, sean quienes se repartan los cargos que aún faltan de designarse en ese instituto. Qué mal será, esta sea una mera intención sin fuerza, o que ante los intentos por objetivizar y transparentar las designaciones, y hacerlas al margen del interés de los partidos, éstos pretendan socavar no sólo al Titular, sino al órgano electoral mismo.

Actualmente, existe en México una peligrosa proclividad entre los partidos políticos por socavar a los integrantes, procedimientos y fines del Instituto Federal Electoral. Desde 2006, y sostenidamente, unos y otros se han encargado de cuestionar el trabajo del órgano electoral, y difundir con estruendo las fallas o deficiencias que éste comete.

Desde su reorganización, pasando por los cuestionamientos actuales, y la resistencia cómplice de todos los partidos representados en el Congreso federal, por designar a los tres integrantes que hoy faltan en el Consejo General, lo que parece encontrarse en el fondo es un ánimo por socavar integralmente al órgano, en aras de lograr que éste sea replanteado y renovado completamente —por enésima ocasión—, como si fuera éste el único responsable de la democracia de baja calidad que hoy tenemos.

Si bien recordamos, desde 2006 las fuerzas políticas nacionales pactaron, aún en contra de la Constitución, la renovación del Consejo General del IFE, pues políticamente todos consideraban que éste, encabezado entonces por Luis Carlos Ugalde, había sido uno de los factores fundamentales de la inestabilidad y la incertidumbre electoral vivida luego de la jornada electoral federal de aquel año. Todos, sin excepción, acusaron y cuestionaron al IFE por no tener la capacidad de estar a la altura del momento, y la potencial crisis institucional que potencialmente podía desbordarse en el país.

Tras la renovación —que parecía ser el remedio de fondo a la inconformidad de la partidocracia—, se pensó que todos los cuestionamientos acabarían. Si desde el periodo de Luis Carlos Ugalde había ya visos claros de un mero reparto partidista del Consejo General y las posiciones importantes del Instituto, con la nueva integración, procedente de 2007, todo eso quedó perfectamente claro: cada partido tuvo posibilidad de impulsar a “sus” consejeros, y ante eso, todos habrían estar conformes con la actuación de un órgano hecho ya no por ciudadanos, sino por consejeros con evidentes débitos partidistas.

El problema es que eso no ocurrió. Independientemente de quién o cuál sea la causa o el responsable de la comisión de sus errores y actos de corrupción, lo que queda claro es que nada se ha hecho hasta el momento por reforzar a un Instituto que hoy va en caída libre. Fundada e infundadamente, hoy el IFE es blanco de todos los cuestionamientos, campañas de descrédito y deméritos posibles, que no hacen sino debilitarlo en sus cimientos. Hoy, teniendo el proceso electoral presidencial a la vuelta de la esquina, lo que en el fondo todos los partidos quisieran es ver un nuevo Instituto, plantado ya sobre nuevos cimientos… aunque quién sabe si esos cimientos fueran verdaderamente constructivos para la democracia, o bien útiles para sus intereses particulares.

INSTITUTO EN RIESGO

Oaxaca tiene su propio contexto. Y aunque de fondo el consejero Presidente, Alonso Criollo tiene razón, y debía ser la postura natural de un individuo que encabeza nada menos que al órgano representante de la participación e integración ciudadana en los asuntos políticos del Estado, lo cierto es que él debe tener mucho más que voluntad para lograr los objetivos que se plantea.

En primer término, el Consejero Presidente del IEEPC no debe pasar por alto que el primer gran cuestionamiento que pesa sobre su gestión, y sobre la integración actual del Instituto, es que éste fue constituido en base a un mero reparto de cuotas. Independientemente de que haya sido o no legal la integración, lo que estuvo a la vista de todos es que dicho procedimiento fue llevado a cabo en base a una abierta —aunque no por ello transparente— negociación entre las fuerzas políticas aliadas al gobernador Gabino Cué; que hubo también, en aquella sesión, operadores del Gobierno del Estado; y que incluso hubo acuerdos previos, y potenciales cooptaciones —lo cual rompe con la esencia fundamental de un órgano dialogante, convincente y deliberativo, como lo debiera ser un Poder Legislativo— a integrantes de las fuerzas de oposición.

Ahora bien, e independientemente de la forma en cómo fue integrado el Consejo General del IEEPC, lo siguiente que debe quedar claro —y esto rebasa la esfera de competencia del consejero Alonso Criollo, aunque no por ello deja de ser de su incumbencia—, es si los partidos políticos, y el Gobierno del Estado (que fue parte material, aunque indebida en la integración), tienen verdaderamente voluntad política para permitir que el IEEPC tenga cierto grado de independencia (¡Cierto grado de independencia!) y le sea permitido nombrar a los funcionarios electorales sin la participación de quienes decidieron la conformación del Consejo General.

Si el consejero Presidente Alonso Criollo de verdad tiene el respaldo de los grupos políticos que decidieron su arribo al IEEPC, éste tiene entonces una gran oportunidad de dar pasos hacia delante en la conformación de un órgano electoral fuerte, legítimo e independiente del poder público.

Si no —y más sabiendo de la visceralidad e irresponsabilidad de las fuerzas políticas, que no saben anteponer el interés general, al suyo en particular—, de lo que seremos testigos será de un proceso lento y tortuoso a través del cual todos comenzarán, desde el Legislativo y desde las oficinas del gobierno estatal, a socavar al IEEPC para tratar de conseguir, en última instancia, su deslegitimación y la urgencia de su renovación, para erigir un nuevo órgano que sí sirva a sus intereses.

¿DEMOCRACIA CONSTRUCTIVA?

Ese escenario, posible como todos, ciertamente abonaría a reordenar los equilibrios de poder; pero en nada ayudaría a la construcción de una mejor democracia. Ojalá, por eso, que el consejero Alonso tenga razón en sus dichos y, como se dice coloquialmente, todo lo que diga lo sepa de cierto. Si no, lo que veremos será lamentable para el futuro político de Oaxaca.