+ La horizontalidad, ajena a su tradición

Qué bueno que dentro del Partido Revolucionario Institucional, las distintas expresiones partidistas por fin están saliendo del marasmo que las había dominado, y comienzan a proponer posibles salidas al brete que representa la renovación de su dirigencia estatal. Aunque hay quienes le apuestan a los mismos arreglos cupulares de siempre, queda claro que cualquier solución que le apliquen a este problema tendrá que ser a través de la construcción de consensos y salidas adecuadas. No obstante lo anterior, pensar en una dirigencia colegiada —como lo han propuesto algunas corrientes priistas— parece lo mismo un destello de romanticismo político, que una respuesta inadecuada para un problema inminente como lo es su falta de definiciones políticas.

En efecto, en los últimos días el llamado Frente Renovador por un PRI para todos, lanzó una propuesta que, aunque de entrada parece interesante, en realidad tendría que ser revisada con detalle y, sobre todo, tendría también que estar acorde con los documentos básicos de un partido indubitablemente vertical como lo es el tricolor. ¿Qué propuso ese Frente Renovador?

A través de un comunicado, enviado a los medios informativos la mañana del pasado miércoles, el Frente señalaba lo siguiente: “La renovación del Comité Directivo Estatal del PRI demanda la unión de esfuerzos y la participación de todos los grupos y corrientes internas, por lo tanto pensar en una dirección colegiada que dé cabida a todas las voces, es una opción que la militancia debe analizar seriamente para poner fin a la etapa de división que nos ha costado muy caro, por los importantes espacios políticos que se han perdido”.

Luego, ayer jueves, mediante otro comunicado, el consejero Político Nacional del PRI, y funcionario en el gobierno de Ulises Ruiz, Moisés Molina Reyes, refrendaba la propuesta del Frente Renovador, asegurando que “sólo con el consenso de todas las corrientes y grupos internos podremos recuperar la unidad del PRI en Oaxaca, por lo que la propuesta de formar una presidencia colegiada sería una alternativa viable”. Habría que repensar una propuesta de esta magnitud. ¿Por qué?

En primer término, porque una propuesta verdaderamente seria en este sentido, debiera ser algo más que un mero llamado enunciativo y por eso, cuando menos debiera también venir acompañada de contenido programático específico. Es decir, que la propuesta de una dirigencia priista colegiada tendría que venir acompañada de todo un esquema de trabajo a partir del cual pudiera reflejarse una arquitectura legal viable para llevar a cabo el proceso de constitución de una auténtica asamblea estatal no de priistas notables, sino de toda la militancia, así como del proceso de selección de esa presidencia colegiada, y las reglas y límites que ésta tendría para actuar y decidir frente al priismo local y nacional.

De entrada eso no parece fácil, y menos cuando toda esta propuesta se enfrenta al hecho de que estatutariamente no existe forma de generar estructuras de dirigencia distintas a las establecidas en los documentos básicos, y ésta tampoco respondería a la tradición priista que, les guste o no, lo acepten o no quienes lo proponen, no está acostumbrada a tener estructuras horizontales, y seguramente tampoco sabría que hacer frente a ellas.

PROPUESTAS, PERO VIABLES

La propuesta de una dirigencia colegiada (a través de un “triunvirato”, o de una “dirección colectiva provisional”, como la que en su momento tuvo la APPO, conformada por una treintena de individuos) es inviable desde donde se le vea. Si el primer problema de aceptar una propuesta así sería el estatutario, y luego el legal, y posiblemente hasta el constitucional, el segundo problema —tanto o más grave que el primero— radicaría en que esa dirección colegiada fuera funcional, y después que fuera respetada por la militancia.

Y es que más allá de los romanticismos, el PRI no puede alejarse de sus prácticas y tradiciones. Sería ridículo suponer que, en automático, el priismo pudiera pasar del estado de anarquía y confrontación en que se encuentra actualmente, a uno de democracia plena y respeto a las formas de convivencia y reglas estatutarias, sólo con la conformación de una dirigencia colegiada.

Si algo ha mostrado la historia de este país, es que en nuestra tradición política el poder no se comparte. Por eso en todos los partidos, en los sindicatos, en los grupos, e incluso en el mismo Estado, siempre, los mandos son unipersonales, porque la posibilidad de compartir el poder siempre se ha inclinado a la traición y no al equilibrio. Por todo eso, en nuestro país los partidos no tienen vicepresidentes; el Poder Ejecutivo tampoco lo tiene. Y por eso existen líderes impresentables, pero poderosos, como Elba Esther Gordillo.

Derivado de todo eso, lo que el PRI oaxaqueño tiene que buscar es salidas acorde a lo que ellos han estado acostumbrados a ver y a asumir como parte de su tradición de mando. Pasar de una forma a otra de forma intempestiva no sólo no contribuiría a resolver sus problemas actuales, sino que generaría otros que hoy ni siquiera imaginan, y que tendrían que ver ya no con la unidad o con la aceptación de todos los priistas, sino más bien con el funcionamiento cotidiano del partido y con la eficacia que podría llegar a tener en los momentos decisivos.

Por eso, lejos de fantasear, el PRI debe buscar salidas acordes al consenso y el restablecimiento de sus formas tradicionales de hacer política. Esto es, no a través del avasallamiento, como se acostumbró en los últimos años, sino más bien a través de la conjunción de las principales fuerzas e intereses de una sociedad, alrededor de un solo proyecto político que pudiera incluirlos a todos. Así nació el PRI hace 83 años. Y así el priismo oaxaqueño podría llegar a una auténtica solución acorde con lo que son y con lo que conciben como democracia.

SIN BRÚJULA

Qué tan mal, pero de veras tan mal, estarán en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, que el IEAIP les tiene que puntualizar que las Recomendaciones que emita ese órgano, así como el seguimiento y en su caso, cumplimiento, ¡es información considerada por la Ley de Transparencia como pública, por lo que debe estar a disposición de cualquier persona!      ¿Y es que, qué creen? Que la flamantísima dependencia que encabeza el pasante de abogado, Arturo Peimbert, ni siquiera tiene página web… No se ayudan con esa “publicidad” del trabajo que dicen que hacen.

Qué curioso resulta el hecho de que hoy los principales detractores de las instancias de control y fiscalización del Estado, sean los propios aliados e integrantes del régimen. Esto no ocurriría en circunstancias aparentemente normales. Y aunque de entrada tratan de presentarlo como signos de tolerancia o de autocrítica, lo cierto es que algo grave hay de fondo: todos aquellos que acusan, tienen algo de razón. Y eso está para pensarse y repensarse.

En efecto, en su edición de ayer martes, TIEMPO presentaba declaraciones de la diputada local por Movimiento Ciudadano, Margarita García García, en las que cuestionaba duramente el desempeño tanto de la titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich Fernández, y del auditor Superior del Estado, Carlos Altamirano Toledo.

De Auditor dijo que “en la Auditoría Superior del Estado a cargo de Carlos Altamirano Toledo se ha actuado con opacidad. Allí “chinto tapa a chinto”. Allí así existan pruebas de corrupción no se puede avanzar mucho. Ese es el gran problema que tenemos en la ASE. No hay gente con suficiente calidad moral para hacer señalamientos, sancionar corruptelas y exigir sanciones”. Y de la contralora Woolrich señaló que “cuando el gobernador Gabino Cué nombró a Perla Woolrich como secretaria de la Contraloría consideramos que sacaría todos los problemas que estaban pendientes. Sin embargo hay mucha opacidad. Y así en todo el gobierno pusieron a personas que no dejan trabajar. Gente de todas las corrientes. Unos hacen negocios y otros están pensando si se apuntan para ser candidatos a diputados locales o presidentes municipales. Esto es lo que genera desconfianza en la ciudadanía”.

Por si todo eso no hubiese sido lo suficientemente entendible, la legisladora remató diciendo algo que, al parecer, no sólo ella, sino mucha gente considera: “No sé qué está pasando. Parece que a los funcionarios de la actual administración les quedó grande el cargo. Desconocen muchas cosas. Les tienen miedo a los ex funcionarios y esconden todo bajo el pretexto de que el peculado no es un delito grave. Arman mal las querellas ante la Procuraduría y ésta tampoco cumple sus funciones. Sería una incongruencia echarle flores a los funcionarios que no están haciendo bien las cosas”.

Siguiendo las palabras de la diputada: ¿De verdad les quedó grande el cargo? ¿De verdad desconocen muchas cosas? ¿De verdad —lo que sería el colmo— le tienen miedo a los ex funcionarios? Nada de eso. En realidad, todos —incluida la misma diputada, que en su momento apoyó la integración de expedientes y el inicio de procedimientos administrativos a ex funcionarios, desde una torcida visión política y no con el rigor jurídico requerido— están siendo víctimas de su propia bravuconería, y hasta de lo suelto de la lengua con la que dijeron que harían justicia y castigarían a los “saqueadores”, antes de comprobarles los delitos y obtener de los tribunales competentes las sentencias condenatorias con las que podrían conseguir los resultados que prometieron.

VÍCTIMAS DE SU LENGUA

Más allá de los vicios actuales que existen en la Auditoría Superior, por las mañas que han desplegado algunos de sus funcionarios corruptos para traficar con influencias y obtener dividendos económicos indebidos de ello, es evidente que Carlos Altamirano Toledo llegó al cargo con un vicio de origen. Ese vicio fueron las acusaciones de gobiernismo y servilismo con las que se legitimó la renovación de la estructura y la titularidad, y a partir de lo cual también se prometió que a partir de ahora habría resultados distintos, y mejores, a los que se habían obtenido en la gestión anterior.

Algo similar ocurrió con la Contraloría. Cuando la panista Perla Woolrich arribó al cargo prometió ir sobre los saqueadores de la administración anterior. No sabía bien quiénes eran, ni cuánto se habían robado y, lo más importante, cómo comprobaría legalmente el saqueo, pero ella dijo que habría ex funcionarios en prisión, porque era “lo que el pueblo quería”. Hasta hoy no ha podido hacerlo.

Y no ha podido no porque les tenga miedo, porque le haya quedado grande el cargo, o porque sea su cómplice. Más bien, no ha podido por el simple hecho de que la distancia entre decir y hacer es grande. Y porque, en rigor, no basta con suponer que alguien cometió un ilícito sino que, para el derecho, lo que interesa es lo que se puede comprobar. Y hasta ahora han podido comprobar mucho menos de lo que han supuesto. Y derivado de esto, han podido conseguir mucho menos de lo que han prometido.

En el fondo, su aparente incapacidad es previsible. Consideraron que con el solo cambio de régimen todo se facilitaría y se conseguirían resultados casi por inercia. Eso es naturalmente imposible. Han podido hacer poco, porque las estructuras administrativas y gubernamentales siguen siendo las mismas. Y porque ni Perla Woolrich ni Carlos Altamirano Toledo son tan brillantes, como para que su solo arribo a esas dependencias marcara una diferencia sustancial en la forma en que conducen sus procedimientos, en que prueban sus dichos, y en que consiguen lo que prometen.

En el caso de Perla Woolrich, hace mucho tiempo dijimos que tarde o temprano pagaría el costo por sus acusaciones a priori, y por condenar por adelantado a aquellos a los que aún no les comprobaba el saqueo cometido, e incluso ni siquiera les había iniciado los procedimientos administrativos o penales respectivos. Hoy ya lo paga, porque a casi dos años de gestión no ha tenido la capacidad ya no digamos de encarcelar a alguien, sino de sostener los argumentos con los que los acusó y los condenó —y los linchó— mediáticamente.

PROMESAS EXALTADAS

Al final, es evidente que la única confabulación habida en toda esta historia, es la de la bravuconería y las promesas fantasiosas que unos y otros hicieron al calor de la borrachera democrática por la alternancia de partidos en el poder en Oaxaca. Hoy, funcionarios como Perla Woolrich y Carlos Altamirano ya se encuentran en la fase de la resaca, y sólo hasta entonces comienzan a ver que cometieron muchos errores hablando de más y prometiendo lo que no sabían cómo habrían de cumplir. Por eso, hoy no son sus opositores quienes ocupan su tiempo en acusarlos, sino son sus mismos compañeros de coalición. Qué tan mal estarán que hasta en su propia casa, y ante cualquier ocasión, hablan mal de ellos.

+ Criticar es fácil. Hacer algo positivo, no

Una vez que pasó la calificación de la elección presidencial, en Oaxaca quedó abierta la posibilidad de la renovación del Comité Directivo Estatal del PRI. Si una de las preguntas fundamentales radica en cómo se llevará a cabo ese potencial proceso de renovación, otra tiene que ver con la incertidumbre que radica frente al hecho de que prácticamente todos los grupos locales al interior del tricolor oaxaqueño se han vuelto disidentes, y lejos de proponer y ensayar soluciones, unos y otros se han dedicado a profundizar los enconos y marcar las desviaciones de quienes, al igual que ellos, también son priistas.

En efecto, si dice el refranero que en toda sociedad la victoria está llena de padres, pero la derrota es huérfana, en Oaxaca eso se ha reflejado en la realidad una y otra vez. Desde el 2010, en que perdieron la gubernatura del Estado, casi la totalidad de los grupos priistas se convirtió en detractor del pequeño grupo que controlaba el partido. Y hasta entonces, con su oposición enjundiosa, no han hecho sino abonar a una situación caótica en la que no ha habido propuestas ni construcción, sino simples descalificaciones y críticas que no reconstruyen el priismo local.

Y es que, aún cuando en realidad todos fueron corresponsables de la derrota electoral (desde el momento en que todos aceptaron a Eviel Pérez Magaña como candidato, y prefirieron conservar la chamba antes que poner en alerta sobre los riesgos democráticos y de poder en su partido), a partir de la derrota electoral casi todos se sintieron con la calidad moral para no estar de acuerdo con el manejo partidario, y para “denunciar” a quienes —a la vista de todos, y desde hacía años—, se habían apoderado del tricolor para ponerlo al servicio de sus intereses.

Aunque todos los priistas oaxaqueños tenían ante sí la enorme oportunidad de convertirse, por primera vez, en voces y grupos de oposición, todos prefirieron continuar en la dinámica de sólo desacreditar a sus contrapartes, sin hacer la labor que correspondía frente a un gobierno que, con sus fallas, ha dado tantas oportunidades de capitalización política… a una oposición que ha sido totalmente inexistente.

¿Qué han hecho los grupos? Casi desde que tomó posesión el nuevo gobierno, los priistas se dedicaron a boicotearse y, en gran medida, a fomentar la colonización que ha hecho el oficialismo de parte de sus estructuras. Los priistas se boicotearon desde el momento en que apuntaron sus armas hacia sus contrapartes tricolores y no hacia el oficialismo, y también lo hicieron cuando, por deslealtad y arribismo, se permitieron ser comprados y financiados por funcionarios del gobierno estatal, que habían recibido la orden de colonizar al priismo para convertirlo en un satélite silencioso de los intereses oficiales.

Incluso, hace unos meses hubo una temporada en la que parecía que había una suma imparable de “voces legítimas”, de priistas, que se alzaron para lanzar críticas al priismo, en una supuesta actitud de inconformidad y deseos de democracia. Lo hacían, sin embargo, como una forma de enviar mensajes a los financiadores oficiales para que también los tomaran en cuenta y los incluyeran dentro de la lista de beneficiarios de lo que querían convertir en una oposición orgánica y manipulada que simulara ser la disidencia comprometida, que en realidad no era.

OPOSICIÓN ¿DE QUÉ TIPO?

Al calor de la derrota, se han construido varios grupos que dicen tener la solución a la pasividad priista y a la baja competitividad que ahí prevalece. Muchos son los que señalan, los que descalifican y los que “alertan” a los demás priistas sobre los intentos de acaparamiento, pero ninguno hace algo por construir su partido. ¿A qué nos referimos?

A que la derrota es pareja para todos. Y en dos años, los priistas oaxaqueñas han sufrido dos derrotas electorales consecutivas, que hablan de las profundas divisiones del partido, pero también de la falta de interés de todos sus militantes para generar condiciones favorables para la competitividad. Si en 2010 la derrota de Pérez Magaña, y de un alto número de candidatos a diputados, se debió al cobro de facturas ciudadanas por el mal gobierno de Ulises Ruiz, en 2012 la derrota se construyó no sólo por el efecto López Obrador que les fue adverso, sino sobre todo porque la gran mayoría de los priistas jugaron a perder —y a perder todo, todos—, sólo por ver derrotados a los otros priistas que, según ellos, fueron candidatos por la imposición de los viejos liderazgos.

Lo cierto es que, más allá del discurso disidente, nadie ha construido nada ni ha hecho algo por su partido. Ser crítico apenas si es una pequeña parte de un todo que hoy se encuentra desierto gracias a que nadie quiere moverse, para no beneficiar a los de junto, a quienes consideran espurios, acaparadores, saqueadores e ilegítimos.

Al final, queda la duda: ¿Cómo esperan ser parte de un proceso de renovación y de reconciliación, cuando su única aportación ha sido a partir de la crítica? Si el priismo identificado con el ex gobernador Ulises Ruiz tiene entre sus haberes las peores derrotas y la peor fama pública, el priismo identificado con otras expresiones internas y grupos disidentes tiene tras de sí el estigma reciente no sólo de haber permitido que su partido se desmoronara, sino que, con sus martillazos y su pasividad, contribuyeron grandemente a desmantelar una estructura en la que, finalmente, todos cabían a partir de las reglas impuestas por el Jefe Político en turno.

¿Qué quieren los priistas? ¿Democracia? ¿Y cómo piensan lograrlo? Pues queda claro que aún la democracia plena que románticamente muchos anhelan, no servirá de nada ante la circunstancia de que se queden sin partido. Y no. No se trata de quedarse así porque los expulsen, sino porque todos han contribuido a que “el partidazo” hoy no sea otra cosa más que una entelequia, en la que no hay poder, ni hay democracia, ni hay competitividad, ni hay nada.

Por ese camino, ahí van bien…

MUCHAS MULTAS

La Auditoría Superior del Estado presume que multará a unos 70 ayuntamientos por no haber entregado sus cuentas públicas, pero al mismo tiempo reconoce —como si fuera mérito propio— que más de 400 autoridades municipales sí entregaron sus cuentas anuales. ¿De veras no hay ningún criterio político y, aún peor, económico, y hasta de tráfico de influencias, en esas multas? Sería gravísimo que se comprobara que, al menos en ese caso, los municipios estaban mejor… cuando estaban peor.

+ Cambian las fuerzas, dentro y fuera del PRI

Enrique Peña Nieto fue declarado presidente electo de México, y eso impone una nueva correlación de fuerzas en estados como Oaxaca. ¿Qué coordenadas deben observarse ante esta declaratoria, y ante su inminente toma de posesión el próximo 1 de diciembre como Presidente de la República? Estas son sólo algunas líneas fundamentales.

Enrique Peña Nieto llegará al poder dotado no sólo de un grado importante de legitimidad política, sino también acompañado de un Congreso que necesita muy poco para lograr los acuerdos y reformas que necesita para dar viabilidad a su administración. En este escenario, el Presidente contará con una coalición legislativa en la Cámara de Diputados (PRI, Partido Verde y Nueva Alianza) que, junta, alcanza los 251 votos necesarios para aprobar reformas legales, nuevas leyes ordinarias y el Presupuesto anual; y cuenta con cierta apertura de la bancada panista para entrar en acuerdos y eventualmente conseguir los 333 votos necesarios para aprobar reformas a la Constitución de la República. ¿Qué tiene que ver eso con Oaxaca?

En el primero de los aspectos, esa nueva relación de fuerzas entre el Presidente y el Poder Legislativo se relaciona con nuestro estado, a partir del hecho de que nuestra entidad no tiene una bancada fuerte; que tampoco tiene una bancada en la cámara de diputados, que cuente con cierta identidad o relación con los nuevos grupos dominantes; e incluso que tampoco existe claridad en cuanto a la construcción de las posibles fortalezas de las bancadas oaxaqueñas dentro de la cámara baja, y del Congreso en general.

A partir de eso puede entenderse la aceptación expresa, y el reconocimiento del gobernador Gabino Cué al nuevo gobierno. El Mandatario oaxaqueño parece tener claro que una bancada legislativa federal afín, brinda estabilidad a cualquier régimen —pero que de lo contrario puede convertirse en un auténtico lastre no para su gobierno, sino para la entidad—.

En este caso, sin embargo, es al Gobernador a quien más le interesa no tener una relación tirante ni disputas iniciales con un gobierno federal que tiene mayoría legislativa. Por eso, es el propio gobernador Cué quien está dando la pauta de que Oaxaca tendrá una relación respetuosa e institucional, y que no hará propios los conflictos electorales del partido del que emanó.

Ahora bien, en el caso de la pingüe representación priista por Oaxaca, la situación es compleja. En los últimos años, uno de los argumentos que dio mayor rentabilidad a los diputados federales del PRI, fue su supuesta eficacia en el logro de mayores recursos económicos para la entidad, reflejados en el Presupuesto de Egresos. Aunque no se trata de soslayar sus posibles méritos, también es cierto que en la pasada Legislatura federal las circunstancias fueron particularmente favorables para que ciertas fracciones priistas estatales (las numéricamente fuertes) tuvieran posibilidad de intercambiar su voto por recursos, ya que entonces la bancada priista fungía como bisagra de los acuerdos con el gobierno federal y el PAN, para que éstos alcanzaran el rango de ley.

Hoy no habrá nada de eso. En gran medida, el presupuesto para la entidad estará sujeto a las negociaciones que entablen el gobierno federal y el estatal, operando como mediadores los legisladores afines a uno y otro grupo; pero a partir de eso puede entenderse que habrá una imposibilidad casi total de que algún diputado priista se ufane en asegurar que algún monto del presupuesto para la entidad fue mérito suyo.

Esa circunstancia, posiblemente aleje —saludablemente— a los diputados del PRI de su clásica idea de ser simples gestores de recursos, y los aliente a buscar otras causas y otros temas a partir de los cuales también pueden ser útiles a su partido, a Oaxaca y a quienes votaron por ellos. Quizá a partir de entonces podríamos saber si esos legisladores tienen cierta idea del trabajo legislativo, o si simplemente fueron a vegetar, a cobrar su dieta, a saciar sus frivolidades, y a vivir cómodamente los años que les dure el cargo.

REHACER EL PRI

La declaratoria de Peña como Presidente Electo también marca el inicio de la carrera por la recomposición del PRI. Varios han manifestado su deseo de ser tomados en cuenta para el cambio de dirigencia. Sin embargo, nadie tiene aún certeza de cuánto se emitirá la convocatoria para el cambio de dirigencia, y muy pocos se han manifestado en favor de ciertos imperativos que son ineludibles para quien pretenda ser candidato. ¿De qué hablamos?

De que, en las circunstancias actuales, la elección del nuevo Dirigente del PRI oaxaqueño no puede ser de extremos. Es decir, no puede emanar de la simple consulta a los tres ex gobernadores (ni satisfacer el deseo de uno de ellos, en detrimento de los otros dos), como tampoco puede ser a través de una elección abierta. El primero de los casos sólo ahondaría las discordancias actuales. Y aunque la elección abierta parece hasta un romanticismo democrático, es evidente que en los hechos eso llevaría a una colisión irreparable en la que el priismo oaxaqueño —por sus prácticas corruptas, y los vicios de la manipulación, que no han abandonado— terminaría de destruirse.

En esta lógica, la elección debe pasar por el abandono de los ánimos de ruptura y descalificación que muchos han utilizado en los últimos tiempos como moneda de cambio. Será dirigente, por decisión del presidente Peña Nieto, quien garantice concordia y aceptación por parte no de todos, sino de la mayoría de los grupos oaxaqueños; y será dirigente quien expresamente manifieste que llega al PRI únicamente para dedicarse a las labores partidistas, sin escarnios y sin aspiraciones a cargos públicos en el corto y mediano plazo. Alguien, pues, que se asuma como priista, y que sin ambiciones se comprometa a trabajar por su partido.

DIRIGENTE, ¿DE DÓNDE?

Ese dirigente no vendrá, obviamente, ni de la luna ni de otro país. Tendrá que ser un oaxaqueño que reúna los requisitos de certidumbre que son necesarios. ¿Quién puede hacerlo? Aunque no se aprecia aún todo el universo de aspirantes a la dirigencia, el único que sí ha manifestado expresamente su compromiso con la concordia, con el consenso y con alejarse de cualquier futurismo en cargos públicos y de elección popular, para dedicarse sólo a los asuntos partidistas, es el ex diputado federal, Jorge González Ilescas. Los demás tendrán que comprometerse, o descartarse. Eso se dirimirá también a partir de ahora, que Peña ya es Presidente Electo.

+ Salomón  va desplazar todo, por sus intereses

El problema alimentario de nuestra entidad, y de nuestro país, va más allá de los discursos o de los lugares comunes dichos para justificar las inversiones públicas que no ayudan en nada a resolver la falta de alimentos. Uno de los mecanismos creados en México, por impulso directo de organismos multinacionales, para frenar la dependencia alimentaria son las Agencias de Desarrollo Rural, en las que, se supone, deben participar los tres órdenes de gobierno para evitar desviaciones. Eso, que es algo reconocido y aceptado internacionalmente, en Oaxaca está en vías de convertirse en un objeto de manipulación por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura, que encabeza Salomón Jara Cruz.

En efecto, las Agencias de Desarrollo Rural son organizaciones ubicadas en el interior de la República, que se dedican a promover la organización de grupos campesinos y prestarles servicios de promoción, organización, asistencia técnica y capacitación administrativa. Las Agencias de Desarrollo Rural, cuentan con una estructura de operación multidisciplinaria integrada por técnicos y personas con perfil social en el ámbito rural, con arraigo y conocimiento de la región donde operan, en su mayoría hablantes de la lengua local, y enfocados en proyectos para el desarrollo en zonas marginadas.

En ese sentido, cada Agencia de Desarrollo rural es la entidad responsable de la operación del fondo PESA (Programa Estratégico para la Seguridad Alimentaria, operado por el gobierno federal a través de la Sagarpa) en la región en que se encuentren, y de la aplicación de la metodología para el logro de resultados y del impacto esperado. Cada Agencia es seleccionada por el Grupo Operativo Estatal del PESA, contratadas por los estados —ojo con esto— y validadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

¿Cómo participa cada uno de esos ámbitos? La FAO es quien proporciona la metodología a los gobiernos de los países integrantes para llevar a cabo procesos ordenados de combate a la dependencia alimentaria, y el fomento de producción suficiente de comestibles derivados de la tierra, en cada región del territorio de que se trate. Los gobiernos nacionales (en el caso de México, el gobierno federal) implementa el programa a través de una Unidad Técnica Nacional que funge como instancia operativa, y de la Sagarpa, que aparece como instancia jurídica; pero es ejecutada directamente por los gobiernos de las entidades federativas, que en el caso de Oaxaca es la Sedapfa, que encabeza Salomón Jara Cruz, y es también validada por instancias contratadas por el mismo gobierno ejecutor.

¿Por qué son atractivas las Agencias de Desarrollo Rural? Porque, en el caso de Oaxaca, actualmente operan 52 Agencias, y cada una de ellas tiene un presupuesto de operación de alrededor de un millón y medio de pesos, y tiene capacidad de gestionar proyectos productivos para la activación del campo por unos 4.5 millones adicionales. De hecho, para 2013 la Sedapfa tiene contemplado incrementar el número de Agencias a 58.

Al hacer cuentas, podemos darnos cuenta que sólo este fondo implica unos 350 millones de pesos, que son los que fundamentalmente pretende acaparar la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura de Oaxaca, por medio de argucias no sólo para evadir los lineamientos federales del programa PESA, sino también para desplazar a auténticos despachos —reconocidos y validados por todas las instancias nacionales e internacionales involucradas— que, como Agencias de Desarrollo Rural, están haciendo trabajo a favor del fomento y expansión de la pequeña producción agrícola en todas las comunidades oaxaqueñas, y poner en su lugar agencias “pantalla” que sólo sirvan para operar recursos y generar beneficios económicos para funcionarios estatales.

ENGAÑO TOTAL

El programa PESA, según la información disponible en su página web www.pesamexico.org, se compone por la participación de la ONU, a través de la FAO respecto a la metodología, del gobierno federal, que es quien pone los recursos económicos, y de las entidades federativas que están encargadas de operar el programa, y contratar a todos aquellos que serán los ejecutores materiales, y que, se supone, deben estar certificados por el gobierno federal e incluso por la FAO. Esta división del trabajo pretende involucrar a distintos ámbitos para generar en todos ellos el sentido de la responsabilidad y el compromiso a favor de las comunidades marginadas. Sin embargo, en el caso oaxaqueño eso parece ser ocasión perfecta para la manipulación. ¿Qué pasa aquí?

Que la dependencia que encabeza Jara Cruz está haciendo todo lo posible por liquidar, para 2013, a la gran mayoría de las Agencias que han trabajado exitosamente en los últimos años en diversas regiones oaxaqueñas. Pretende hacerlo aún cuando la gran mayoría de esas Agencias han sido reconocidas y evaluadas positivamente por la FAO, y pretende sustituirlas con otras encabezadas por sus aliados políticos, para que sirvan únicamente como justificación para drenar los recursos económicos federales destinados para ese programa, pero sin buscar verdaderamente un beneficio para los sectores sociales a los que el PESA está destinado.

Esto significa que a Jara el campo no le interesa. No le interesa, por ejemplo, que las Agencias de Desarrollo Rural, dejen de elaborar diagnósticos sobre el potencial de producción agrícola de cada región, así como proyectos de inversión para que el gobierno federal, y organismos internacionales, inviertan recursos extraordinarios en programas de fomento a la producción, que al mismo tiempo buscan disminuir el riesgo de dependencia alimentaria que presenta nuestro país.

Lo que le interesa es beneficiar a sus incondicionales, sin importarle su falta de capacitación y los previsibles malos resultados. Lo que le interesa es ir por esos 350 millones de pesos, que son recurso fresco para la manipulación, la desviación y el acaparamiento que lo ha caracterizado desde su llegada al gobierno estatal.

BOMBA DE TIEMPO

La puesta en operación de los taxis rosas, por parte de la impresentable CNP, constituye un acto de provocación no sólo al gobierno, sino a otras organizaciones de transportistas, como la UOTEO, que encabeza el también impresentable Teódulo Vásquez. Lo más curioso es que el banderazo de salida de los taxis, fue dado por supuestos “aliados” del régimen. De locos.

+ PAN: Moneda de cambio para el futuro…

La elección estatal de 2013 comenzó el pasado 2 de julio. Una vez que se conoció el resultado de los comicios federales, y de la reconfiguración del poder en todos los rincones del país, los partidos arrancaron las tareas para afianzarse, o recuperarse, en el escenario local. A partir de ello, comenzamos a ver movimientos —de todos tipos— dentro de todos los partidos políticos. Y por esa razón, dentro de no mucho tiempo volverá a ser tema del momento la discusión relativa a las coaliciones como medio de preservar el poder.

En Oaxaca, es claro que la coalición que hoy gobierna no tiene tintes de ser una coalición de gobierno y, acaso, tampoco una coalición legislativa. De hecho, lo único que hasta el momento ha demostrado ese maridaje de partidos, es que a cambio de quién sabe qué (porque no es gratis) están dispuestos a apoyar las iniciativas del Titular del Poder Ejecutivo. Esa es la premisa y ese es el fin.

Esta coalición de pragmatismo se hace evidente desde el momento de que la coalición carece de contenido programático y de compromisos serios y causas comunes bien definidas. Los documentos a través de los cuales trataron de pasar de la alianza electoral a la coalición de gobierno, hoy se encuentran olvidados, junto con buena parte del contenido ideológico de cada uno de los partidos.

En esa desenfrenada lucha por conservar el poder, han privilegiado sólo las decisiones que buscan el relumbrón y la consolidación de su presencia. Pero hasta ahora, en las reformas legislativas, en el programa de gobierno, e incluso en los fines que persigue en común el bloque que domina los poderes Ejecutivo y Legislativo, no existe un contenido ni definiciones claras o de una predominancia de la derecha, o de una preponderancia de izquierda, e incluso tampoco de que ambos bloques hubiesen antepuesto algo de su ideología o intereses, en aras de construcciones o causas comunes establecidas y comprometidas en programas de trabajo.

Por eso, esta coalición que hoy gobierna sólo puede explicarse a partir de la lucha por la preservación del poder. Supieron bien que una vez que pudieran tener cierta competitividad, y un candidato a gobernador innegablemente fuerte en el terreno electoral como lo fue Gabino Cué Monteagudo, todo lo demás vendría por añadidura. Acostumbrados a no rendir cuentas a nadie, ni comprometerse a nada, una vez que ganaron asumieron el hecho de que un Congreso sin coalición era sinónimo de pluralidad (y con ello de dificultades mayores en la construcción de consensos). Y por eso decidieron ir por su coalición y decir que este era el instrumento idóneo para la democracia.

Los hechos han demostrado lo contrario. Es cierto que el Congreso ha aprobado reformas que pudieran ser trascendentales. Sin embargo, es también evidente que el costo político de ello ha sido hasta ahora subestimado; y también es evidente que esas reformas responden a otras necesidades e intereses que no necesariamente son el contenido programático e ideológico de una coalición legislativa como la que dicen ser, y que más bien tienen que ver con la preservación del poder.

LA NEGOCIACIÓN QUE VIENE

Si la nuestra fuera una democracia de verdad, entonces hoy debiéramos estar hablando de qué coincidencias políticas o ideológicas podrían ser determinantes para la construcción de una coalición entre dos fuerzas políticas de distintas inclinaciones. Aunque pareciera natural que las llamadas “fuerzas de izquierda” (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) se unieran en torno a un solo proyecto, es claro que ello no tendría por qué inhibir una discusión relativa a qué causas son las que defenderían en común, y qué objetivos deberían de trazarse al conformar una alianza electoral.

Si eso debiera ocurrir entre las fuerzas de izquierda, ¿qué tendría entonces que suceder ante el intento de unificación de partidos tan distantes como el PAN y el Partido de la Revolución Democrática o, también, de fuerzas con pocas coincidencias claras como lo es el albiazul con el Revolucionario Institucional? Tendría, en primer término, que ocurrir un proceso intenso de legitimación al interior de todas las fuerzas, pues no sólo se trata de indicar a los militantes y simpatizantes por quién deben de votar, sino de convencerlos de que esa ruta les permitiría, sí, alcanzar el poder, pero también llevar a cabo un programa de gobierno firme, basado en más sustancia que la sola lucha por el poder.

Para eso tendría que haber una negociación, pero de causas. Sin embargo, lo que realmente ocurre es una negociación de posiciones e intereses, en la que sólo se traba el compromiso político e ideológico, una vez que están asegurados los espacios y las condiciones en que deba ocurrir el reparto en el poder al tenerlo ya en las manos.

En un escenario como esos, resulta que quien se convertirá en moneda de cambio es, paradójicamente, el partido que menos aventajado resultó del último proceso electoral. Este es Acción Nacional, quien a partir de ahora tendrá que comenzar a construir no sólo su escenario de reconstrucción interna en todo el país, sino que en Oaxaca habrá de buscar el sostenimiento no de su plataforma política o su ideario, sino de la posición de preponderancia que ocupa en los Poderes del Estado y en el escenario político local.

Finalmente, en ese terreno es en el que los oaxaqueños veremos la negociación y el jaloneo por la construcción de las coaliciones y los bloques de partidos para los comicios estatales de 2013. No esperemos —porque nunca han ocurrido— discusiones ideológicas ni jaloneos por definiciones ni congruencias, porque lo que todos buscarán es afianzar sus posibilidades de remontar o sostener el poder que ya consiguieron.

Por eso mismo, veremos de nuevo postergada la posibilidad de ver una coalición legislativa o de gobierno. Y por eso seguiremos engañándonos con el discurso del gobierno de coalición, cuando ésta únicamente ha sido una coalición por el poder. Así sea del PRI, del PAN o de cualquier otra fuerza política. Porque, en el fondo, todas son iguales.

DESTELLOS NEGROS

Los que comienzan a dar nuestros flamantes nuevos diputados federales y senadores por Oaxaca. Sería bueno que a partir de ahora comenzáramos a vigilarles su productividad, propuestas y compromiso con el trabajo legislativo que hicieron prometer. Hace tres años, los que ahora se fueron, prometieron lo mismo. Y sólo entregaron baja productividad, ausentismo e indolencia por el compromiso hecho con la ciudadanía.

+ Proteger, sin violar legalidad y garantías

El pasado lunes, una patrulla de la Policía Estatal baleó a unos individuos en la comunidad de Reyes, Etla, en lo que luego el Secretario de Seguridad Pública Estatal calificó simplemente como “un incidente” y como “una confusión”, sin reconocer la gravedad de un hecho plagado de errores y de vacíos en los protocolos de seguridad que utilizan los elementos policiacos estatales para interactuar con la ciudadanía. Independientemente de la justicia que debe recaer sobre los responsables materiales del hecho, esta “confusión” no debe ser minimizada y, al contrario, debe servir como lección para que jamás vuelva a ocurrir algo como esto.

Un incidente es, por definición, un hecho que resulta ser accidental a otro, y que por ende sólo afecta marginalmente el resultado del asunto principal de que se trate. En este caso, sin embargo, el “incidente” en el que ocurrió una “confusión” entre elementos de seguridad pública, derivó en la privación de la vida de cuando menos una persona. Y esto, además, estuvo enmarcado por la huida de los elementos policiacos responsables de realizar los disparos, y la posterior “presentación voluntaria” de los mismos ante las autoridades ministeriales para el “deslinde de responsabilidades”.

Esto es, en realidad, inaceptable. En diversas declaraciones de prensa, las autoridades encargadas de seguridad pública intentaron hacer pasar por válida una versión que, de cara a la ley y al rigor que debe acompañar a los cuerpos de seguridad, resultan inadmisibles. ¿Por qué?

Primero, porque lo ocurrido fue un ataque directo y artero, y no la respuesta a una agresión; segundo, porque no hubo un motivo fehaciente para justificarlo; tercero, porque el accionar de los uniformados fue a todas luces desproporcionado ante la actitud de los “sospechosos”. Y porque si damos por válida la explicación de las autoridades de seguridad, entonces tendríamos que estar aceptando, y legitimando, la posibilidad de que ante cualquier posible “desobediencia” a la autoridad fuese razón suficiente para que ésta dispare no para disuadir, sino para ultimar.

Veamos el asunto por partes. Pues, por ejemplo, en entrevistas radiofónicas, el comisionado de la Policía Estatal, Roberto César Alfaro Cruz, intentó explicar el nerviosismo y el ataque de los uniformados en la “actitud sospechosa” de los individuos a los que dispararon. Ese argumento (que quizá podría ser válido en términos coloquiales) es imposible de ser aceptado ante la ley y las garantías que tienen todas las personas de acuerdo con la Constitución de la República.

Pensémoslo detenidamente. ¿Qué es, legalmente, una “actitud sospechosa”? Es una respuesta imposible de responder, porque eso es algo tan subjetivo, que cada persona, cada corporación, cada elemento y cada mando policiaco, podría tener una definición propia de la “actitud sospechosa”, y posiblemente hasta un parámetro para identificarla y actuar en consecuencia, de acuerdo con cada circunstancia específica.

No obstante, lo cierto es que cualquier autoridad seria, y ante cualquier investigación o “deslinde de responsabilidades” igualmente bien constituido, el argumento de la “actitud sospechosa” es inaceptable, incluso hasta por ser terminológicamente impropio. De hecho, de aceptar la “actitud sospechosa” estaríamos también validando la posibilidad —que materialmente es real— de que cualquier autoridad, en cualquier circunstancia, y al margen de las garantías que nos otorga la Constitución, pudiera molestarnos, detenernos, revisarnos y transgredir nuestros derechos humanos más básicos.

Y aunque en los hechos así ocurre, sería contrario a toda lógica legitimarlo a través de argumentos inconsistentes e insuficientes ya no digamos para explicar un hecho como el aquí señalado, sino hasta para explicar la actuación en general de los cuerpos policiacos.

HACER JUSTICIA

Por ejemplo, el 3 de febrero de 2008, en un hecho más o menos similar, elementos de la entonces Policía Estatal Preventiva que mantenían un operativo especial en inmediaciones de San Pedro Pochutla, dispararon contra siete jóvenes que viajaban en una camioneta que no detuvo su marcha ante las indicaciones de alto. En ese hecho, y tratando de justificarse también en la actitud sospechosa de los jóvenes, asesinaron a dos y lesionaron a otros tres. Según las notas de aquellos momentos, tras los hechos, cinco uniformados fueron detenidos por sus mandos y puestos a disposición de la Procuraduría de Justicia.

En aquella ocasión, los uniformados, y la propia corporación, trataron de justificar el hecho en el posible nerviosismo por el asesinato del director de la Policía Auxiliar, Alejandro Barrita Ortiz, que había ocurrido cinco días antes de aquellos hechos. Sin embargo, al ser consignados, el Juez de Primera Instancia dictó auto de formal prisión en contra de los elementos por hallarlos probables responsables de la comisión de los delitos de lesiones calificadas con agravante de alevosía y ventaja, abuso de autoridad, y homicidio calificado también con agravantes de alevosía y ventaja.

Los familiares de los detenidos solicitaron también que se determinara la responsabilidad penal de quien fungía como delegado regional de seguridad pública en la Costa, aunque eso finalmente no ocurrió. Y aunque la entonces Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca emitió una recomendación (la CDDH/230/(17)/OAX/2008) en la que solicitaba que “los elementos de la Policía Estatal reciban instrucción y capacitación respecto de la conducta que deben observar, y se establezcan ejes y acciones para la prevención de conductas como las acreditadas”, eso, según los hechos, tampoco ocurrió.

Por eso, la SSPE debe darle la magnitud adecuada a los hechos ocurridos, y no sólo debe dejar de minimizar el hecho, sino facilitar las investigaciones para que algo así no vuelva a ocurrir. Los protocolos de seguridad deben servir para proteger, y no para agredir (o matar). Y la ciudadanía debe confiar en que su Policía sabe distinguir y ponderar hechos, y no sólo ordenar y tirar a matar cuando no se cumpla a pie juntillas lo que exigen a los particulares.

JUSTICIA CIEGA

Por todo ello, un acto verdaderamente de justicia debía dar, como es debido, a cada quién lo que corresponde. Lo que ya debía también haber ocurrido es, primero, la disculpa pública debida (no sólo a los deudos, sino a toda la sociedad), y la reparación del daño en todos los sentidos por lo cometido. ¿Eso ocurrirá? Esperemos que sí.

+ Mujeres y jóvenes deben participar en igualdad

Una de las “innovaciones” que contiene el nuevo Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (CIPPEEO), es el establecimiento del principio de “paridad de género”, a través del cual se pretende que al menos el cuarenta por ciento de todas las postulaciones partidistas a cargos legislativos estatales sean para mujeres. Este supuesto avance, en realidad no hace más que revelar el grado de atraso que tienen los partidos políticos oaxaqueños en su civilidad y prácticas internas reales; y en el mediano plazo, revelará también que su falta de apertura para el ejercicio de la política los llevará a una crisis de cuadros (mujeres) no sólo con posibilidades de ser postuladas, sino de ganar una elección.

En efecto, el numeral 7 del artículo 153 del recién aprobado Código Electoral oaxaqueño establece que “De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados por ambos principios que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios y suplentes de un mismo género, procurando llegar a la paridad de género.”

Esta disposición constituye la oficialización de un raro tipo de discriminación que, aunque inicialmente se aprecia como positiva, en realidad es también un reconocimiento de la incapacidad de los partidos para generar una práctica paritaria entre hombres y mujeres, e incluso también la proclividad de ciertos grupos minoritarios por querer ganar los espacios a través de cuotas, y no de competitividad y trabajo electoral real.

Y no. No se trata de ser triunfalistas, como tampoco de simplemente ubicarse en el ámbito de lo políticamente correcto, o incluso del pesimismo, sin apreciar en toda su magnitud la realidad política que nos rodea en Oaxaca. Y es que si inopinadamente nos ubicamos en la primera de las hipótesis, podríamos decir —lejos de cualquier intento de análisis— que con esa disposición establecida en el CIPPEEO las mujeres ganarán los espacios que hasta ahora les han negado los hombres que controlan los partidos y las postulaciones en la entidad.

Si nos inscribimos en esa postura, entonces estaríamos diciendo que el siguiente paso tendría que ser el del establecimiento de una cuota para jóvenes, y después diríamos, al ser conseguida, que ese habría sido el último paso para conseguir una democracia plena… hasta que buscáramos incluir a la vida partidista y legislativa, a otro sector minoritario. Sin embargo, estaríamos claramente equivocados. El hecho de que el Código Electoral haya establecido una cuota de género, apenas si nos sirve para corroborar el grado de atraso real que tiene nuestro sistema político y de partidos. ¿Por qué?

Porque, en primer término, algo tan potestativo y libre como la vida interna de los partidos, y sus definiciones, ahora se verá determinada por obligaciones legales que deberán cumplir, independientemente de que existan o no los espacios para la participación de las mujeres en los asuntos partidistas y el trabajo proselitista o, lo que es peor: que más allá del hecho material de que en los partidos políticos haya no sólo mujeres suficientes, existan también féminas capaces de aportar lo necesario para la vida pública de la entidad, y no sólo ser parte de una cuota que sirva para cumplir un requisito legal, y para ocupar espacios en las Legislaturas sin productividad ni propuestas.

DEMOCRACIA E IGUALDAD

En todo esto, el primer paso deberá constituir en fortalecer la vida democrática al interior de los partidos. Pensemos no sólo en partidos como el Revolucionario Institucional, Acción Nacional o el de la Revolución Democrática, sino en fuerzas claramente testimoniales como el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano o el Partido Unidad Popular. ¿A cuántas mujeres les permiten esas fuerzas políticas la participación no sólo en el trabajo territorial, sino que les permiten el privilegio de las postulaciones?

En el caso de los llamados partidos grandes, la participación de las mujeres en política es más o menos tolerante, y tolerada. Sin embargo, la propia realidad nos indica que en esos partidos el grado de apertura hacia las mujeres no es el deseable. Y no sólo porque éstas tengan pocos espacios, sino porque hasta ahora los partidos en general han fracasado terriblemente en la posibilidad de generar simpatías entre los distintos sectores de mujeres que podrían tener una participación destacada en la vida pública. Por eso, en los partidos son pocas las mujeres que participan; difícilmente existen relevos generacionales entre ellas; y de las que participan, muy pocas tienen la capacidad real para ser competitivas y de ganar comicios en igualdad frente a otra mujer u hombre.

Si eso sucede en los partidos grandes, lo que pasa en los partidos “morralla” es aún peor. En ellos, ni siquiera existe la discusión sobre las cuotas de género o sobre la necesidad de participación de las mujeres, porque éstos evitan generar simpatías entre más personas que no sean las que integran el grupo dominante y, en la práctica, el único que existe en el partido.

Pensemos, por ejemplo, en el Partido Unidad Popular, que hasta donde podemos recordar no había realizado postulaciones de mujeres a cargos relevantes de elección popular, hasta que, más por rentabilidad electoral que por tener auténtico convencimiento sobre la apertura de la política a las mujeres, abanderó a María de los Ángeles Abad Santibáñez como candidata a la gubernatura del Estado.

Eso, aun cuando no es mucho, es lo más que se puede decir de los partidos pequeños, que han evadido, y se sienten ajenos a este tipo de disposiciones. Lo que demuestran todos, en el fondo, es que su alto grado de cerrazón y antidemocracia genera las condiciones necesarias para que en la ley se obligue a algo que debía ser natural.

¿CUOTAS O CUALIDADES?

Las mujeres, los jóvenes, y todos, debían tener igualdad y equidad de condiciones para participar en política con las mismas posibilidades. Sus cualidades principales no se encuentran en el género, sino en sus capacidades políticas e intelectuales, y en la sensibilidad y fuerza que puedan tener para defender las causas de todos. Creer que los espacios se ganan sólo por cuotas es tanto como resignarse a la incapacidad natural. Y, en un cierto paternalismo, sentarse a esperar a que la ley les dé lo que ellos no pueden conseguir.

+ Agenda integral; diputados, más que gestores

Lunes 27 de agosto de 2012

A escasos días de tomar posesión como integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado ya sostuvo una primera reunión de trabajo con algunos de los nuevos legisladores federales por Oaxaca. Aunque según lo informado, el tema fundamental que se trató fue el presupuestal, es evidente que la sinergia entre el gobierno y los diputados y senadores debiera ir más allá de la sola gestión de recursos. El problema es que nadie quiere comprometerse a hacer más que el trabajo presupuestal. Y quién sabe si verdaderamente el gobierno pueda contar con ellos como aliados hasta para el tema presupuestal.

Existen varias razones para la duda. En primer término, uno de los temas que, paradójicamente, estuvo totalmente ausente de todas las campañas políticas, fue el de las verdaderas propuestas legislativas. El proceso comicial en el que fueron electos los 17 legisladores federales que ya sostuvieron su primera reunión de trabajo con el gobernador Gabino Cué, no fue distinto de todos los anteriores. Es decir, que más allá del clientelismo y los vicios para la cooptación del voto, este proceso fue de meras inercias, lugares comunes y propuestas genéricas. Los hechos así lo indican.

En este sentido hubo dos vertientes. La primera, que fue la más cómoda, y que utilizaron prácticamente todos los candidatos a diputados federales, fue la de seguir el discurso de su candidato presidencial, y de ceñirse a los slogans preestablecidos por agencias de publicidad para las campañas electorales.

Frases como “primero los pobres” o “Vamos por el cambio verdadero”, fueron los únicos compromisos que signaron de manera más o menos firmes los nuevos legisladores con sus representados. Ninguno trabajó en la construcción de una verdadera agenda legislativa, posible y acorde con los intereses de los ciudadanos a los que representa. Por eso, en la gran mayoría de ellos no existe una referencia clara de cuál será el compromiso, la bandera o la causa que seguirá como legislador federal.

En el extremo opuesto se encuentra la otra vertiente. Esta es la de la propuesta propia de quien aspira a un cargo ejecutivo, y no a una curul o a un escaño en el Congreso federal. Esa fue la lógica que siguió, en particular, la campaña al Senado de la República del michoacano Ángel Benjamín Robles Montoya.

Éste, en diversas ocasiones retó públicamente a los demás aspirantes a la Cámara alta a que presentaran propuestas en temas relacionados estrictamente con el gobierno (desarrollo social, vivienda, economía, salud, etcétera), y no con el Congreso, y particularmente con la Cámara de Senadores a la que finalmente llegó, pero también sin compromisos claros relacionados con los temas que sí tiene atribuciones constitucionales de conocer ese Poder y esa representación legislativa en específico.

Lo más grave es que si Robles Montoya erró gravemente en su intento por hacer una mini campaña de Gobernador, en lugar de centrarse en los temas que sí son propios el Senado, los demás legisladores electos están en condiciones peores que él, si lo vemos desde la perspectiva de que la gran mayoría de ellos demostraron no tener ninguna idea clara, ni compromiso, sobre qué irán a hacer a las cámaras legislativas.

Al parecer, todos se conformarán con la simple tarea de “cachar” temas al aire en las comisiones legislativas en las que les toque participar, de ocupar sus curules y escaños para incidir en la política y en la vida pública de la entidad, y de tratar de incidir en la política interna de la entidad, en sus partidos y en los cacicazgos que representan. De ahí surgen muchas de las dudas sobre la verdadera visión de Estado y de lo que es verdaderamente el Poder Legislativo, que puedan tener nuestros nuevos diputados federales y senadores por Oaxaca.

LO PRESUPUESTAL

SIEMPRE INTERESA

La determinación del presupuesto que se asignará a Oaxaca el próximo año, en gran medida partirá de la relación que construya, o que ya haya construido, el gobernador Gabino Cué con el Partido Revolucionario Institucional. Pues aun cuando en la entidad tiene una mayoría abrumadora de diputados y senadores aliados (fundamentalmente perredistas), lo cierto es que la LXII Legislatura federal arrancará trabajos con un PRI que, entre él y sus aliados, conforma una mayoría simple (250+1) necesaria para impulsar, solo, el Presupuesto de Egresos de la Federación, con grandes posibilidades de que sea ratificado por el Senado de la República, en el que también tiene cierta ventaja.

Si esto es así, ¿entonces qué harán los legisladores por Oaxaca? Lo obvio: se encargarán de vigilar y hasta “corretear” el presupuesto que se asigne. Eso les interesa y les conviene por naturaleza. Pues cada diputado tiene una faceta material de gestor, y a partir de eso incide en el otorgamiento de parte de esos recursos económicos para las comunidades que representa y en las que tiene intereses políticos.

Y es que todos los legisladores, sin excepción (pues así lo han hecho siempre), buscarán llevar recursos para sus comunidades no sólo para generar bienestar, sino sobre todo para afianzar sus cacicazgos y liderazgos, y para a partir de eso poder colocar a presidentes municipales, diputados locales, y hasta a sus propios sucesores… todo en una escala en la que el manejo, la gestión y hasta la aplicación de los recursos públicos son un lucrativo negocio del que ellos son parte, porque también obtienen ganancias (y no pocas).

Por eso a todos los diputados les interesa ser gestores. Por eso, también, por razones naturales, a los diputados no les temblará la mano para ir a pelear por más presupuesto. Quien diga que ha pasado por una Legislatura federal sin darle “pellizcos” a los recursos que consigue, miente aparatosamente.

Por eso, todos están centrados en esos temas. Y por eso todos desdeñan la posibilidad de ir a defender otras causas que no sean las presupuestales. Esta, aludiendo al refranero, es una nueva forma no de darles, sino ponerlos donde hay. Y miren que ahí hay mucho.

MUCHO BLA, BLA, BLA…

El de instancias como la Secretaría de la Contraloría, que cada que puede revela nuevas cifras sobre los cientos de expedientes que existen en contra de funcionarios de la pasada administración. El problema es que todo se queda en expectativas, porque de los tres mil 400 millones de pesos que constituyó “el saqueo”, y de “los saqueadores”, aún no se sabe nada. El discursito no les servirá para siempre. Faltan hechos.

+ Sólo mantener la paz no es insuficiente

Parece cíclico el hecho de que, ante ciertos hechos, el gobierno —independientemente del color partidista en el poder— tenga que salir al paso para reiterar que hay gobernabilidad y que lo que ocurre es parte de la actividad política relativamente normal de la entidad. También es cíclico que la oposición (también independientemente de los partidos y colores que la compongan) denuncie que el siguiente paso es el estallido social, pero que no sólo no hagan nada para remediar la situación, sino que abonen a su enrarecimiento. Si Oaxaca desea mejorar realmente sus condiciones, debe ir más allá de lo que se consigue hasta ahora y lograr verdaderamente avances en materia de control político.

En efecto, lo que ocurre hoy no es distinto de lo que ha pasado en otros años. Crímenes inundados de tintes políticos; protestas de grupos sociales; agresiones entre particulares, hechos delictivos de gran calado, y cuestionamientos interminables por parte de grupos opositores. Ante ello, prevalecen las dos versiones (la oficial y la opositora) que pretenden resolver todo sólo en el terreno de lo discursivo, pero que realmente tienen poca capacidad y elementos para poder incidir de mejor forma en los asuntos públicos, como la gobernabilidad o la paz social.

Todos, sin embargo, se conforman con lo que hay. Hasta ahora, el gobierno se ha seguido conformando únicamente con mantener las condiciones mínimas de paz. Ocurren ciertos hechos que son considerados como relevantes, pero que son minimizados y considerados como cuestiones aisladas. La oposición, por su parte, cumple con su posición de denunciar, pero anticipadamente asume que el responsable de la gobernabilidad es, valga la redundancia, el gobierno. Y ellos, por consiguiente práctica de la política mexicana, deciden no ser parte de la solución, sino continuar siendo parte del problema.

¿Qué ocurre entonces? Que el resultado es todo lo mediocre de siempre. Aprovechan el hecho de que los oaxaqueños nos hemos acostumbrado a asumir como “normales” ciertas condiciones sociales y de gobernabilidad, que para otras sociedades serían simplemente inaceptables.

El gobierno toma ventaja como eso para continuar sosteniendo la gobernabilidad simplemente con alfileres sin esforzarse más; y la oposición se encarga de administrar esas agujas pero sin abonar a su consolidación y, al contrario, procurando que las condiciones sean lo más extremas posibles para que a partir de eso puedan continuar medrando y obteniendo ganancias políticas, a costa de los daños a terceros y de la desgracia de las personas.

Lo grave de todo este asunto es que siempre son otros lo que pagan el costo de sus ambiciones y deficiencias. La gobernabilidad, siempre termina siendo la moneda de cambio en todos los conflictos. Y entonces ésta deja de ser herramienta y se convierte en rehén de los grupos que pretenden apoderarse de ella, pero también del gobierno que al no poder sostenerla con las bases firmes, constitucionales y democráticas que debería, nos engaña descaradamente, haciéndonos creer que gobernabilidad es ese austero sostenimiento de la paz social apenas con las condiciones mínimas —y a veces ni eso— para que los particulares podamos llevar a cabo ciertas actividades.

Frente a esas condiciones inaceptables, los ciudadanos deberíamos exigir civilizadamente, y no conformarnos con lo poco que se puede procurar respecto a la gobernabilidad.

¿Y EL PACTO?

Un gobierno verdaderamente comprometido con la gobernabilidad debía convocar no sólo a la firma de un gran pacto a favor de Oaxaca, sino al cumplimiento de condiciones estrictas para generar no sólo condiciones de paz social pendidas de hilos, sino auténticas condiciones de gobernabilidad en la que todos puedan gozar de derechos a cambio de cumplir con los deberes. Esa debiera ser, es cierto, una tarea de los particulares, pero también de los grupos de lucha social, del gobierno y de los supuestos aliados con los que gobierna.

Uno de los aspectos fundamentales, que está perfectamente diagnosticado políticamente pero que sigue sin atenderse, es el relativo a la atención efectiva a la problemática social y a los problemas políticos. Y es que muchos. Muchísimos conflictos se desbordan no porque las diferencias entre grupos sean irreconciliables, o porque las demandas sean inalcanzables para el gobierno.

En la gran mayoría de las ocasiones, los líos surgen porque no hay voluntad para resolverlos; porque la desidia puede más que la capacidad de atención y resolución; porque quienes tienen el deber de conocerlos están distraídos en cuestiones banales; o porque, en más de un caso, resulta ser que los encargados de resolver el problema son los mismos que lo están generando y alimentando no de causas, sino de chismes y de banderas.

A la par de ello, se encuentra el auténtico control de la gobernabilidad, que al menos en Oaxaca no existe. Aquí, lo acepten o no, existe un control atomizado de la gobernabilidad. Y es que ésta es imposible de sostener, cuando existe un encargado de la política interna totalmente disminuido y apático de sus responsabilidades; cuando existen otros personajes que, sin tener esa encomienda, pretenden incidir en la gestión política de la entidad; y cuando todos quienes se encuentran alrededor de esos conflictos están más preocupados por asuntos diversos que por verdaderamente dar respuestas a los ciudadanos, citadinos y del interior del estado, que muchas veces deben llegar al grado de la protesta para hacer valer sus peticiones y para ganar la atención de las autoridades.

En todo esto, debíamos preguntarnos si el pacto de gobernabilidad tantas veces sostenido por la Secretaría General de Gobierno, es una herramienta útil. Pues ha quedado claro que todo ha sido tan poco vinculante como los llamados a misa. Y que de todos modos las cosas siguen pendiendo del cauce mínimo en el que hay paz, pero que esa paz no puede asumirse como gobernabilidad o como el control que el gobierno dice sí tener.

MEDIDAS URGENTES

Las que debían tomar las más altas esferas del Gobierno del Estado, con el director del Cecyteo, Víctor Raúl Martínez Vásquez. Ante su nula actuación frente a las protestas del MULT, la agresión que sufrió anteayer uno de sus principales dirigentes, y el señalamiento de responsabilidad que hace en su contra el movimiento triqui, lo menos que debieran hacer es pedir su separación del cargo para las investigaciones y el deslinde de responsabilidades correspondiente. Es lo mínimo que debiera ocurrir.