+ Pagos altos; gobiernos corruptos; y más evasores

Pareciera que las finanzas del Estado de Oaxaca se encuentran en un callejón sin salida: independientemente del color partidista, y del grupo en el poder, lo cierto es que el Gobierno del Estado no recauda ni el cuatro por ciento del gasto público; aunque también lo es que los sectores productivos de la entidad, ni tienen posibilidad de crecer lo suficiente como para pagar más impuestos… y en las condiciones actuales, tampoco están dispuestos a aceptar su realidad, y ajustarse a lo que debiera ser un pago realmente justo de lo que les corresponde.

Es un simple asunto de naturaleza, que la pugna eterna entre el Estado y el contribuyente, siempre fijará su litis en la forma en cómo, el primero, logra arrancar legal y legítimamente más recursos a los particulares; y cómo estos buscan, también por las vías legales e institucionales, pagar menos o, en su caso, recibir el mejor servicio público posible. Queda claro que, en estos argumentos, se encuentran las bases del problema fiscal que actualmente enfrenta nuestra entidad. ¿Por qué?

Porque en Oaxaca, como suele ocurrir, el Gobierno del Estado busca tener mayores márgenes de recaudación. Para lograrlo, hace campañas de concientización a la ciudadanía sobre su deber de pagar impuestos, y también anuncia que no dará marcha atrás sobre los gravámenes que ya cobra. Incluso, aunque no lo dice, éste busca siempre nuevas formas de obtener mayores recursos, aunque siempre contrastando la posibilidad con el costo político y electoral, que puede llegar a tener la elevación de impuestos.

En contraparte se encuentran los ciudadanos, y su cultura respecto al pago de impuestos. El oaxaqueño promedio que tiene un comercio o empresa, generalmente busca la forma de obtener el mayor beneficio de ella, incluso negando o deprimiendo los derechos de seguridad social de sus trabajadores, y las declaraciones de impuestos que hace al Estado.

Quienes cobran y quienes pagan, en el fondo saben que siempre se paga menos de lo que se debería, y que ésta situación no siempre tiene su origen en la deprimente situación económica, sino también en la negación de bonanza que es parte de la cultura del oaxaqueño, y de la búsqueda de formas de formas de evasión legaloides, o disimuladas.

El problema, en el caso actual de Oaxaca, parece radicar por un lado, en que el gobierno estatal pretende seguir cobrando, sin miramientos, los impuestos que ya existen, antes de pensar en generar nuevos gravámenes que compensen tanto la baja recaudación, como la evasión fiscal de los contribuyentes.

Todo esto se dificulta, cuando los contribuyentes que son blanco de los requerimientos fiscales ya tienen una piel gruesa, y en muchos casos se han vuelto resistentes al amague de la autoridad fiscal sobre represalias como consecuencia de la resistencia al pago; también cuando los que siempre pagan impuestos se cansan de hacerlo, mientras observan que quienes no pagan, siguen evadiendo.

Muchos más, que sí pagan regularmente y no cuestionan el monto de lo erogado, tarde o temprano llegan al punto del cuestionamiento a la autoridad, cuando no le ven un destino palpable a los recursos que entregan al Estado. Esto pasa, por ejemplo, con mucha gente que paga puntualmente su impuesto sobre la tenencia y uso de vehículos, pero del mismo modo siempre transita por calles semidestruidas, que no son objeto ni del cuidado ni de la atención mínima de las autoridades estatales.

¿CALLEJÓN SIN SALIDA?

Aunque la crítica sea “políticamente incorrecta” tanto hacia el gobierno, como hacia los mismos ciudadanos, realmente es necesario preguntarse si realmente todos usan el dinero de los impuestos de la forma que deberían. En ese sentido, el gobierno siempre es el más cuestionado, porque todo lujo, prebenda o gasto no básico que se le autoriza a un funcionario, es de inmediato señalado por la ciudadanía, que aduce que en eso se gasta el dinero de sus impuestos.

En ese sentido, y con toda seriedad, rigor y honestidad, el gobierno estatal debiera informar seriamente, a cambio de cualquier tipo de solicitud de permanencia o de implementación de un nuevo gravamen, en qué medida ha cumplido las medidas de austeridad que prometió al inicio de la gestión.

Y no, no se trata de a cuántos trabajadores de la administración estatal ha logrado despedir, sino de moralmente, cuántas medidas ha tomado para reducir las extravagancias, bonos estratosféricos, coste de escoltas y guardias de seguridad a funcionarios no relacionados con la seguridad y la procuración de justicia, pagos de honorarios a asesores, y lujos sin sentido que reciben los servidores públicos de nivel superior.

Todo esto debiera informarse, tomando como base que al inicio de la gestión, el gobernador Gabino Cué Monteagudo prometió terminar con muchos de esos privilegios. Y aunque en un primer momento pareció que, en efecto, todo eso ocurriría, lo cierto es que en diversas dependencias pareció sólo haber un simple tránsito de privilegios: se les quitó a unos para dárselo a otros; y, en muchos casos, se les retiraron ciertos privilegios a los trabajadores de plantilla, para contratar a ejércitos completos de asesores, que cobran sumas importantes por servicios y estructuras administrativas paralelas a las ya existentes.

Pero también, del lado de los contribuyentes debiera haber más honestidad. ¿Cuántas empresas, por ejemplo, constituyen dos o más personas morales distintas para repartir la contratación de sus trabajadores, y así evadir, en todas, el pago del impuesto sobre nóminas? ¿Cuántos no prefieren corromper a algún funcionario en el Instituto Catastral, para que les registre sus bienes inmuebles a un valor menor al real, y así puedan disminuir su impuesto predial?

Incluso, ¿cuántos de los comercios del Centro Histórico de la capital oaxaqueña, están dados de alta bajo el régimen de pequeños contribuyentes, cuando en realidad debían tributar como empresas de otro tipo? Esas dos visiones debían ser parte de un debate serio y amplio sobre los impuestos que pagamos, los que no pagamos; y sobre los que bien gasta, y los que mal gasta el gobierno. ¿Habrá formalidad para discutir y tomar decisiones importantes?

¿SUBEJERCICIO?

Será cierto que de las 158 obras autorizadas por el gobierno estatal, a la fecha sólo se han culminado 17? Cifra alarmante, si lo que se ofrece es que no habrá subejercicio. Ya veremos.

+ Legalidad debe ser una oportunidad, no una traba

Qué graves resultan, frente a una lectura seria y con rigor jurídico, las declaraciones de la titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich Fernández, en las que se lamenta por las “trabas” que, dice, pusieron los diputados de la LX Legislatura para impedir que se les castigara con rigor por los actos de corrupción que habrían cometido.

Textualmente, la Secretaria de la Contraloría dijo: “Se curaron en salud [los priistas] y los diputados de la LX Legislatura, que fueron mayoría, modificaron las leyes para evitar que sanciones por diversos delitos como la corrupción tuviera severos castigos (…) Una de esas modificaciones consistió en que para iniciar un proceso de presunta corrupción, tenían que presentar un dictamen de auditoría, misma que se lleva varios meses en realizarse, cuando anteriormente, ese proceso no era necesario, pues sólo se presentaban las querellas”.

Esto, que políticamente puede entenderse quizá hasta de forma “aceptable” (porque lo que está denunciando es que el grupo gobernante priista en la administración anterior, previó las posibles sanciones y por eso se modificó la ley a su conveniencia), en el terreno de lo jurídico son inaceptables. ¿Por qué?

Porque, en términos llanos, la Secretaria de la Contraloría habría deseado que el camino para proceder penalmente en contra de los ex funcionarios corruptos, fuera más sencillo. Es decir, que requiriera de menos pasos y menos cuestiones a comprobar jurídicamente, para meter a la cárcel a los involucrados.

Frente a todo eso, habría que preguntarse qué visión de la justicia tiene la contralora Woolrich Fernández y, sobre todo, qué idea tiene de lo que deben ser los procesos judiciales, y las garantías de certeza y legalidad con las que todos los ciudadanos —independientemente del partido en que militen o el gobierno para el que trabajen o hayan trabajado— deben contar.

En realidad, más allá de cualquier carga política, queda claro que, quizá por esta circunstancia específica, la contralora Woolrich sería partidaria de que las querellas aún pudieran presentarse sin necesidad de acreditar perfectamente los perjuicios a las arcas públicas, y sin haber agotado las posibilidades de corroborar el quebranto patrimonial que habría cometido todo aquel funcionario, o ex funcionario, al que se pretendiera juzgar de acuerdo al artículo 217 BIS A del Código Penal del Estado.

¿Por qué es preocupante una postura de esta naturaleza? Porque queda claro que la secretaria Woolrich, aún con su experiencia política y buen nombre como profesional del derecho, no ha alcanzado a entender que la dependencia a su cargo no es, ni tiene por qué ser, una instancia de consigna, y mucho menos un órgano parcial, respecto del cual no se tenga la certeza de que actuará objetivamente y no sólo como órgano que acusa anticipadamente y hace juicios sumarios a las personas.

Como bien se sabe, la Secretaría de la Contraloría, substancia procedimientos administrativos, que por muchas de sus características, tienen la forma de juicio. Y si bien es cierto que es la misma Contraloría la que detecta irregularidades y formula acusaciones, también lo es, que es ese un órgano que ejerce atribuciones materialmente jurisdiccionales, y que por ello, cuando menos debe dar garantías de audiencia, certeza y legalidad a quienes son señalados (con el objeto de que tengan oportunidad de defenderse y solventar las observaciones que se le formulan), para luego dictar resoluciones apegadas a lo que en derecho y justicia corresponde, y no al interés político de su gobierno o partido.

SE DERROTA SOLA

En efecto, pareciera que con sus declaraciones, la contralora Woolrich Fernández se está derrotando sola anticipadamente. Esto porque en lugar de ver como una oportunidad de demostrar eficacia contundente, y probar con todo el rigor del derecho, la metodología y la ley que los ex funcionarios señalados por presuntos desvíos, en efecto incurrieron en las responsabilidades que se les acreditan, está asegurando de antemano que ciertas “trabas” puestas a propósito en el Código Penal, le impiden meter a la cárcel, ya, a quienes según ella ya son responsables de quebranto patrimonial al Estado.

En realidad, la contralora Woolrich parece actuar como abogada postulante con un alto grado de interés político, y no como servidora pública, ¿Qué para ella lo verdaderamente importante es meter ya a la cárcel a quien se deje, para luego comprobar si en realidad fue responsable o no de los delitos que se le imputan? ¿Qué es ella una ciudadana del siglo XXI, o es una representante de la Santa Inquisición en los tiempos actuales?

Esto debiera preocupar a todos, independientemente de los afanes partidistas que siempre se pretenden encontrar en cualquier forma de análisis o cuestionamiento. En realidad, por la propia estabilidad de la justicia, y la legitimidad y fuerza con la que está actuando la administración estatal, debieran estar preocupados por comprobar con todo rigor, y sin dejar lugar a objeciones, que verdaderamente ocurrieron los desfalcos, y que sin ninguna duda son responsables las personas a las que ya señalaron —y estigmatizaron—, sin antes haberles dado oportunidad a que comparecieran y se defendieran dentro de los procedimientos correspondientes.

Con esa visión, corta e inquisitiva, en la que niegan toda oportunidad de defensa a los implicados, y pretenden tomar la delantera con el ocultamiento de todos los procedimientos, lo único que están haciendo es viciar de fondo, tanto jurídica como políticamente, las acciones que llevan a cabo.

No dar las garantías legales a los implicados, significará el fracaso jurídico de sus procedimientos. Y hacerlo ocultando datos, acusando sin contar con todos los fundamentos, y doliéndose porque los priistas “se curaron en salud” para modificar las leyes, sólo los llevará a deslegitimar, y arrancar todo viso de credibilidad y legitimidad, a las acciones que pretenden llevar a cabo.

MANEJO INADECUADO

Incluso, el gobierno estatal debía ser mucho más cuidadoso en la forma en cómo maneja, en el terreno de lo mediático, todas estas acusaciones y procedimientos que prepara. Aunque dicen que es justicia, cada vez es más claro que administran el problema, y lo vuelven tema cada que la circunstancia política lo amerita. Eso, finalmente, no les deparará nada bueno si es que lo que en realidad desean, es hacer justicia.

+ CEN del PRI, tras ponderación de remedio sano

Varios militantes priistas ya iniciaron la carrera rumbo al Senado de la República. A través de sendos pronunciamientos, de campañas publicitarias e incluso de intentos de madruguetes, consideran viables sus posibilidades de obtener la preciada candidatura que, piensan, los enfilaría rumbo a una posible postulación para la gubernatura del Estado en 2016. Todos ellos, acelerados, no alcanzan a ver que primero debe haber un proceso de estabilización y solución respecto a los altibajos del Comité Directivo Estatal, y que será a partir de eso que comiencen las definiciones rumbo a los comicios federales del próximo año.

Desde hace varios meses, no hay día en que varios grupos no envíen a las mesas de redacción, y a listas enormes de destinatarios de correo electrónico, mensajes que refieren pronunciamientos respecto a la urgencia de la renovación de la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional. En sus misivas, enlistas innumerables razones de por qué debe renovarse el Comité Estatal, y de por qué el grupo que hasta hoy lo controla debe ser expulsado

Esas maniobras —que son orquestadas lo mismo por el grupo disidente que encabeza el diputado federal Jorge Franco Vargas, que los respaldados por otras corrientes, e incluso a través mismo del gobierno estatal—, pareciera que lo único que buscan es desacreditar a la dirigencia que encabeza el ex candidato a gobernador, Eviel Pérez Magaña. Sólo que, en realidad, dichos grupos disidentes no buscan gratuitamente la renovación de la dirigencia, sino que más bien pretenden, en sus hipótesis ideales, hacerse de la dirección estatal del partido para desde ahí tomar las decisiones rumbo al Senado.

Pero además —y aunque la dirigencia estatal lo niegue, junto con sus sectores y los actores leales a la causa evielista, que ahora buscan el Senado—, las acciones de la disidencia son apenas un reflejo, opaco, del proceso de descomposición y desorden que sí se vive en dicho partido.

Además de la disidencia franquista, y de los torpedos que les envían desde el gobierno estatal, queda claro que dentro del mismo grupo dominante en la dirigencia sí existe un problema grave de anarquía, falta de liderazgo, e intentos de albazo que, estos sí, deben ocupar a la dirigencia nacional y ser frenados antes de que provoquen un rompimiento real al interior del grupo que controla al PRI en la entidad.

En este sentido, los disidentes del diputado Pérez Magaña y del grupo ulisista, exigen la atención del Comité Ejecutivo Nacional, y claman por la llegada de un delegado especial que venga a renovar la dirigencia estatal, y a poner orden en el partido. Creen, ilusos, que con la posibilidad de que llegue ese delegado del CEN, las cosas podrían ser favorables a su causa en cuanto al proceso de renovación del Comité Directivo Estatal, e incluso podrían ganar algo en espacios, candidaturas o reconocimiento de sus respectivos “liderazgos”.

No entienden, o no quieren entender que aún cuando, en efecto, es urgente la presencia en Oaxaca de un delegado del Comité Nacional, éste tendría que abocarse a la tarea mayor de recomponer las relaciones entre los factores de poder al interior del priismo, antes que ponerse a escuchar las pataletas y los berrinches de las voces disidentes que, financiadas desde quién sabe dónde, pretenden colonizar al priismo para acercarlo al oficialismo oaxaqueño.

En realidad, el Comité Nacional debía estar —y seguramente lo está— preocupadísimo por Oaxaca. Aunque más bien, en su escala de ponderaciones debiera estarlo en cuanto a discernir, y lograr los acuerdos, respecto a la recomposición de la dirigencia y las postulaciones; pero sobre todo, en cómo habrá de tasar sus decisiones para no terminar aplastando sus propias posibilidades electorales, y terminar haciendo eco de aquella vieja frase en la que el remedio resulta ser más costoso que la enfermedad.

AQUÍ, ¿DELEGADO

O LÍDER TRICOLOR?

Seguramente, la dirigencia nacional del PRI estará ahora mismo ponderando no sólo si es necesario que llegue ya un delegado especial, o que se definan desde ahora las candidaturas al Senado, sino sobre todo qué pasará con el grupo que hoy tiene en las manos al priismo. Si la intención del líder nacional, Humberto Moreira Valdez, es la de recomponer la estabilidad interna del priismo oaxaqueño, sin defenestrar al dirigente estatal Pérez Magaña, entonces deberá actuar quirúrgicamente para evitar eventos políticamente “trágicos”.

En nuestro sistema político implantado justamente por el priismo, la visita de los líderes nacionales —y del mismo Presidente— a las entidades federativas, siempre equivale a un símbolo de refrendo del poder y la representatividad que se tiene. En esta lógica, ¿qué pasará si antes de que venga a Oaxaca el Líder Nacional, se envía al Delegado Especial? Evidentemente, lo que se estaría haciendo es desacreditar por completo la dirigencia de Pérez Magaña, y prácticamente se le estaría condenando a no continuar como posible contendiente para las candidaturas.

En todo eso, sería lo de menos que Pérez Magaña fuera desacreditado de ese modo. En realidad, terminaría perdiendo el priismo, porque les guste o no a todos, por razones políticamente naturales, Pérez es el priista más conocido en la entidad; por eso, y por simple lógica, es quien tiene una mayor presencia y es más conocido entre el electorado. Y siendo un activo de ese tamaño —que, además de sus aspiraciones, debe aportar votos para la suma por la presidencia de la República— difícilmente sería despreciado por el tricolor en aras de la renovación de la dirigencia estatal.

El reto que tiene la dirigencia nacional es nada sencillo. Deben primero encontrarle la cuadratura al círculo de las intrigas y las ambiciones entre los priistas que buscan aquí el control de la representación, para luego darle forma y estabilidad tanto a la dirigencia como a los factores de poder que, se supone, hacen vigoroso al priismo. Y por eso, queda claro que la lucha por el Senado, que algunos ambiciosos ya iniciaron, aún tiene bastantes capítulos previos que, hasta ahora, nadie tiene claro cómo serán resueltos.

¿Y LOS RESULTADOS?

Para efectos prácticos del ciudadano de a pie, el hecho de que algunos priistas oaxaqueños hayan participado en la elección del Estado de México, es irrelevante. Mejor preguntémonos cuál es el resultado del trabajo de cada uno de nuestros representantes populares en las Cámaras federales. ¿Pueden presumir mucho? Que lo hagan.

+ “El que sirve a dos amos”, en política, es jugar con fuego

Pareciera que el grupo gobernante en Oaxaca se prepara para la ruptura de las llamadas “fuerzas de izquierda”, rumbo a la elección presidencial del próximo año. Las tensiones generadas entre la militancia del Partido Convergencia, el silencio del Jefe Político al respecto, y la simultaneidad de los coqueteos con el Gobierno del Distrito Federal y la entrega de ese partido a la causa de Andrés Manuel López Obrador, así parecen dejarlo claro.

Hemos visto desde hace semanas, cómo a nivel nacional, entre la militancia del Partido Convergencia existe un fuerte enfrentamiento por el destino del partido. Una corriente, la que pugna por conservar el nombre, la identidad y la estructura partidista tal y como está, ha señalado enfáticamente que la transformación del PC responde fielmente a la pretensión de los reformistas, por entregarle “un traje a modo” a las pretensiones políticas de Andrés Manuel López Obrador.

Los reformistas, por su parte, aseguran que el cambio de Partido Convergencia a Movimiento Ciudadano, en realidad es parte de su preparación para los nuevos tiempos, y las nuevas necesidades electorales y políticas del país. Dicen, en este sentido, que la transformación va encaminada a abrir ese instituto político a las verdaderas necesidades, causas y aspiraciones de los ciudadanos sin partido, y que para eso iniciarán por replantear los órganos de dirección de ese partido y entregar la mitad de todas sus candidaturas a ciudadanos que no necesariamente sean sus militantes.

Oaxaca ha sido referencia no sólo de esta pugna actual, entre quienes acusan que se pretende entregar Convergencia a López Obrador, y quienes dicen que en realidad es para darle viabilidad y sustento ese partido, para que no esté en riesgo de perder su registro. En realidad, nuestra entidad ha sido referencial —y proveedora de fortaleza y presencia política— para Convergencia a nivel nacional, desde el momento en que aquí se estableció no como un partido morralla, sino que adquirió fortaleza con Gabino Cué, primero como Presidente Municipal de la capital, luego como Senador de la República, y finalmente como Gobernador del Estado.

La incógnita, en todo esto, radica en la posición expresa que está asumiendo el gobernador Cué como figura de liderazgo y representación del PC. A raíz del cambio de denominación y el replanteamiento de los documentos básicos de ese partido, surgió una corriente opositora encabezada por Alberto Esteva Salinas, Mario Arturo Mendoza Flores y Margarita García García. Y en la contraparte quedó la dirigencia formal de Convergencia, encabezada por Saúl Díaz Bautista, y apuntalada por Benjamín Robles Montoya.

En realidad, ambos grupos apelan a conseguir sus pretensiones, aunque de antemano la tendencia está perfectamente marcada a favor de la causa reformista. Queda claro que la corriente crítica encabezada por Esteva, Mendoza y García, pretende no sólo la permanencia de Convergencia, sino el respeto a los espacios de poder, las candidaturas y el reconocimiento político que innegablemente les corresponde. Pero Saúl Díaz obra, asimismo, claramente en función del dictado de Robles Montoya. Y éste, necesariamente, en función de lo que le ordena el Gobernador del Estado, en su calidad de Jefe Político de los convergentes. Por eso, queda claro que aún con su silencio, el gobernador Cué está claramente inclinando la balanza de su partido, a favor de López Obrador.

¿MENSAJES CONTRADICTORIOS?

Todo esto ocurre, aparentemente sin rompimientos. Más allá de las corrientes internas del PC que hoy están fuertemente confrontadas, el Gobierno de Oaxaca mantiene relaciones cordiales con López Obrador; asimismo, ha tratado de cuidar sus relaciones, y las ha alimentado, con la retroalimentación y los esquemas sociales que recibe del Gobierno del Distrito Federal. Parecería que, en todo esto, envía señales contrapuestas a sus aliados Marcelo Ebrard y López Obrador —que son adversarios entre sí— para tratar de no provocar rupturas con algunos de ellos.

Pareciera que, en este sentido, el gobierno de Oaxaca busca mantener vigentes sus alianzas a partir de dividir sus espacios de poder, y los alcances de su potestad, entre sus dos principales aliados, y esperar que la bifurcación de los dos proyectos políticos con rumbo a la elección presidencial, hagan todo lo demás.

En ese sentido, queda claro que no romper con López Obrador significa operar favorablemente la conversión de Convergencia en Movimiento Ciudadano, y moldearlo de tal modo que le sirva, junto con el Partido del Trabajo, como plataforma electoral para ir en busca de la elección presidencial.

Del mismo modo, queda claro que el sostenimiento de sus relaciones con el Gobierno del Distrito Federal, y los calurosos recibimientos que organiza el gobierno de Oaxaca a Marcelo Ebrard cada que visita la entidad, también tiene como objetivo “abonar” su presencia para cuando éste sea candidato presidencial. En ese sentido, la apuesta de fondo —en la que calculan que podrían salir, asimismo bien librados— parece radicar en la posibilidad de apostar a que el Gobernante de la capital del país asuma la candidatura presidencial del PRD, o incluso que éste logre una alianza con el PAN, para ir juntos por “la grande”.

Estos cálculos parecen perfectos. A simple vista podrían parecer como “la segunda fase” de un gobierno de coalición, que luego segmenta su poder para no descobijar a todos sus aliados. El problema, en este sentido, radica en que la política mexicana —y más las fácilmente radicalizables fuerzas de izquierda—, difícilmente podrían aceptar de un aliado, una ayuda parcial, condicionada o conjunta a la que éste diera a alguno de sus adversarios.

Más bien, lo que pareciera es que el gobierno de Oaxaca está jugando con fuego, y que existen muchas más posibilidades de que salga quemado, a que todos sus cálculos se materialicen de forma tan alegre como ellos prevén. Ya lo veremos. Y si no, como dice Ricardo Alemán, al tiempo.

¿Y EL MUNICIPIO?

De nuevo quedó claro que más allá de las aseveraciones engañosas y pretenciosas del edil Luis Ugartechea, la capital oaxaqueña no está preparada para contingencias. La tarde de ayer, luego de los primeros minutos de lluvia intensa, las alcantarillas comenzaron a expulsar aguas negras ¡en pleno Centro Histórico! ¿Así prepara la ciudad para la fiesta de los Lunes del Cerro? Que no ayude.

+ Investigación, menos ruidosa que los anuncios

Como recurso estrictamente mediático, y de impacto político, los anuncios sobre el hallazgo de evidencias de corrupción en la gestión previa, son de excelentes ganancias y legitimación para el gobierno en turno. Sin embargo, como medio estrictamente legal para hacer justicia y llevar a la cárcel a ex funcionarios corruptos, no parece ser tan ganancioso ni tan sencillo de manejar en el corto y mediano plazo.

Por eso, y por el efecto búmerang que todo esto puede tener, los anuncios de la Secretaría de la Contraloría del Estado, deben hacerse —y tomarse— con todas las reservas posibles, para que no termine siendo más costoso, para todos, el remedio que la enfermedad.

Ya en varias ocasiones, la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich Fernández, ha hecho anuncios sobre los hallazgos que la dependencia a su cargo ha realizado, en las revisiones que se hacen al último tramo de la administración del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Ayer mismo, la Contralora hizo uno más, en el que estableció que el monto del quebranto patrimonial detectado, asciende ya a más de tres mil millones de pesos, y que por él se investiga el desempeño de 32 funcionarios de la administración anterior.

Anuncios como éste, entendidos en su sentido estrictamente político, continúan respondiendo a la dinámica de legitimación del gobierno actual, y la revisión del anterior, como uno de los elementos de diferenciación y ajuste de cuentas que el electorado que votó a favor de ellos, desea ver.

Más allá de cualquier tema legal, lo que el gobierno estatal está también tratando de hacer, es establecer el parámetro común de que el régimen anterior fue corrupto, y que el actual hará justicia al respecto. En ese sentido, anuncios como éstos invariablemente se convierten en un foco de atracción para la mirada de la opinión pública, que casi por naturaleza desea ser parte de este tipo de juicios que responden a la dinámica descalificar-legitimar, respecto a los gobiernos saliente y entrante, respectivamente.

Empero, en esto el gobierno estatal debe ser cuidadoso en extremo. Esto porque si bien es cierto que hoy anuncia la investigación a una treintena de ex funcionarios —muchos de ellos de jerarquía estrictamente administrativa, y sujetos al control y la potestad de quienes podrían ser los verdaderamente responsables del quebranto— y se habla de un monto ya más o menos específico, ello no significa ni que los 32 ex funcionarios tengan necesariamente que ir a parar a prisión —y ni siquiera que enfrenten un proceso judicial—; o que los faltantes de comprobación de que se habla, vayan a ser los que finalmente resulten —luego de agotar todos los procedimientos administrativos y judiciales— como concepto de quebranto patrimonial al Estado.

Esto bien puede ser un efecto bumerang porque, como en todos los casos en los que se encuentran involucrados procedimientos jurídicos y leyes que norman tanto la actuación como la fiscalización de los servidores públicos, la revisión, la solventación, la declaración de faltantes, las declaratorias de quebranto patrimonial y los castigos a que se hacen acreedores, están todos sujetos a normas específicas que deben ser respetadas. En este sentido, la aplicación de la ley no debe verse ni como una venganza ni como un ajuste de cuentas.

¿Y todo eso qué tiene que ver? Mucho: que a partir de ahora, y más con los anuncios hechos, el gobierno estatal está obligado, en el marco del derecho, a verdaderamente comprobar que todos los montos, y todos los involucrados —de los que incluso ya dio nombres— verdaderamente tuvieron relación con los presuntos quebrantos.

Si no consigue hacerlo, legal y legítimamente, quedarán mal parados ante la ciudadanía, que seguramente ahora estará esperando que ese monto de 3 mil 787 millones de pesos, o más, sea lo declarado como quebranto patrimonial, y esos 32 ex funcionarios, o más, sean llevados a prisión.

LARGO TRECHO

En una visión política, y no legal, de las cosas, eso podría esperarse: que los más de 3 mil millones de pesos, hasta ahora descubiertos, como posible quebranto, fueran los que finalmente terminaran comprobándose a los 32, o más, ex funcionarios involucrados. El problema para el gobierno en estos deseos de justicia, es que ésta es menos sencilla de lo que parece. Y para verdaderamente declarar que todo eso es el saldo final a las auditorías a la administración anterior, deben agotar ciertos pasos y procedimientos que aún ni siquiera se han iniciado.

¿De qué hablamos? De que lo primero que debe ocurrir, son los procedimientos administrativos respectivos, en los que se les debe dar garantía de defensa y prueba a los señalados como responsables, para que éstos tengan oportunidad de solventar y acreditar las acusaciones de quebranto, desviación o no comprobación del destino de recursos públicos, que se les finca.

Si agotados esos procedimientos no se logra hacer una comprobación completa de los faltantes, entonces sí puede procederse a la declaratoria de quebranto patrimonial, a través de la cual se le da vista al ministerio público para que, en base a las indagatorias administrativas, se le puedan iniciar las Averiguaciones Previas correspondientes, y se establezca algún tipo de posible responsabilidad penal. Y será hasta entonces, cuando los hasta entonces involucrados, tengan que enfrentar un procedimiento que podría llevarlos a prisión, si ante los órganos jurisdiccionales no se acredita su inocencia.

Hasta donde se sabe, a los involucrados en estos posibles desfalcos, no se les ha dado oportunidad de defensa ante la Contraloría. Más bien, el claro ánimo de todo esto, es dar parte al Ministerio Público simultáneamente a como se realizan las investigaciones, para llevar a prisión lo antes posible a más ex funcionarios.

El riesgo de todo esto, se encuentra en la debilidad de los procedimientos, y la premura con que los están llevando a cabo. Y todo eso, que les redituará en el corto plazo importantes ganancias políticas, en el mediano plazo podría convertirse en el principal foco de cuestionamientos por actos de persecución política, o de uso faccioso de la justicia. Todo puede ser. Aguas.

¿PUEDES O NO PUEDES?

Más bien, ¿los priistas habrán ya reparado que esa frase marcó el inicio de la persecución de la que hoy son objeto? Y así cómo quieren no generar enconos internos, y proponer una “política de altura”. De risa.

+ ASE, IEAIP y demás: ¿nadie entiende la estabilidad?

La renuncia de la auditora Superior del Estado, Rosa Lizbeth Caña Cadeza, tiene diversas lecturas que, independientemente del cargo vacante que deja y la posibilidad del régimen gobernante de impulsar para éste a un personaje acorde a sus intereses, sí debería provocar preocupación no sólo en el Poder Ejecutivo, sino también en el Congreso del Estado, por los movimientos y decisiones que están tomando, y por la forma en que éstos fortalecen o debilitan el entramado democrático de la entidad.

Aunque no lo parezca, un acto de esta magnitud está revestido de diversas implicaciones que, en el fondo, no debían llegar a la posibilidad de revelar una nueva forma de chantaje, acuerdo político, presión o colonización de los órganos autónomos, impulsada tanto desde el régimen gobernante como desde las fuerzas de oposición.

Los órganos autónomos, como bien se sabe, son una de las expresiones más recientes de la democracia y la rendición de cuentas en el Poder Público. Por eso, instancias como las Auditorías Superiores (que no gozan de autonomía plena, pero juegan un papel fundamental para la democracia), los Institutos de Acceso a la Información, las Comisiones de Derechos Humanos, y demás, tienen como parte esencial de su naturaleza política y jurídica, el no estar sometidos a los poderes del Estado, justamente para no depender ni obrar en función o a favor de ellos.

En el caso particular de Oaxaca, y haciendo una lectura puramente política sobre las posibilidades de esta decisión, bien podría significar, primero, que —como se denunciaba desde hace tiempo—desde el gobierno estatal se buscó ejercer presión sobre los titulares de esos órganos, para que “voluntariamente” dejaran sus cargos, y dieran paso a personajes afines a los “nuevos tiempos” políticos, y el actual régimen gobernante en la entidad.

En una segunda lectura, una renuncia como la de la ahora ex auditora Caña Cadeza, bien podría ser parte de los “acuerdos” internos tomados entre las fracciones legislativas (oficialistas y opositoras) junto con el gobierno estatal, desde el momento en que se consensó la reforma constitucional que fue aprobada el pasado mes de abril.

Sólo que, en este caso, sería fundamental que la fracción priista en el Congreso del Estado, explicara detalladamente a cambio de qué habría pactado no oponerse a que los titulares de los órganos autónomos (impulsados por el régimen de gobierno del que también emanaron ellos) dejaran sus cargos voluntariamente o bajo presión, y qué beneficio traería esto no a ellos, al gobierno o a los grupos de poder, sino a la rendición de cuentas y a la reputación democrática de nuestro Estado.

Una tercer lectura, incluso, podría revelar la posibilidad de que pudiera haber existido ya un acuerdo de alto nivel entre cúpulas de poder (es decir, entre el actual régimen, y el anterior) para ceder mutuamente en ciertos temas (como ciertas órdenes de aprehensión que se preparan en contra de ex funcionarios, auditorías o cuestiones de ese tipo), a cambio de que aquellos “entregaran” ciertos espacios públicos que aún se encontraban en sus manos.

De ser correcta esta lectura, entonces tendrían coherencia, como hechos de algún modo concatenados, tanto la renuncia de la Auditora Superior del Estado (y la “filtración” de que próximamente se renovarán también las titularidades de otros órganos autónomos), como las aseveraciones hechas por funcionarios estatales, en el sentido de que no existen órdenes de aprehensión libradas, o de que las auditorías aún llevan poco avance y que tardarán aún tiempo en culminarse, cuando apenas dos días antes, filtraciones a la prensa aseguraban  que se había ejercido ya acción penal contra varios funcionarios de la administración estatal anterior.

¿Y LA DEMOCRACIA?

En un escenario como el actual, caben y encajan perfectamente como posibles, todas las lecturas que puedan darse a un hecho como éste. Sin embargo, y más allá de los meros aspectos materiales, queda claro que esto también puede significar tanto un escollo, como una verdadera oportunidad para la democracia que, en una entidad como la nuestra, es urgente reforzar y dotar de credibilidad.

En este sentido, una de las características fundamentales de los órganos autónomos es que sus funcionarios deben gozar de ciertas garantías de estabilidad laboral. Es decir, actuar libremente acotando y fiscalizando al poder público, justamente por tener la certeza de que su periodo como empleado público no se encuentra sujeto a los vaivenes políticos, ni a la voluntad del gobernante, ni a las funciones de un régimen de gobierno.

Esa es una base esencial, que luego se refuerza con el hecho de que los periodos de trabajo de los funcionarios de los órganos autónomos, son generalmente distintos en lapsos de tiempo (un nombramiento de siete, nueve o quince años, por ejemplo), y nunca empatados a los cambios de gobierno.

Es decir, que siempre a un gobernante le corresponderá hacer la renovación parcial del órgano (es decir, de uno o varios de sus integrantes, pero no todos), pero de siempre, de todos modos, ese gobernante deberá coexistir cierto tiempo con esos integrantes de los órganos autónomos que fueron nombrados durante el tiempo de sus sucesores, independientemente de la procedencia de unos y otros.

Frente a todo esto, ¿qué justificación democrática puede tener, para los actuales Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, el hecho de que al arranque del gobierno los empleados de los órganos autónomos comiencen a renunciar “voluntariamente”, y que todo esto tenga como telón de fondo (y sospecha), la posibilidad de que hubieren sido presionados por el régimen gobernante para dejar sus cargos?

Frente a todo esto, la línea real de sostenimiento de la dignidad democrática del régimen gobernante, de la Legislatura, y de la democracia misma que se ejerce en Oaxaca, es muy delgada. Todos los actores políticos deben hallar las rutas correctas, y decorosas, para cumplir con sus fines sin dañar aún más, y provocar cuestionamientos más serios, a esta serie de movimientos que de por sí ya ponen en mal la vocación democrática de quienes nos gobiernan.

HERENCIA

¿Que en la ASE sólo operará el escalafón para sustituir a la auditora Caña? ¿Será que esto es posible? Debían revisarse con cierto detalle los parentescos entre los posibles beneficiarios, y quienes tomarán la decisión al respecto. Tal “acuerdo” podría agravar aún más toda esta abolladura a la democracia.

+ Abundan políticos sin propuesta ni control

En función de los resultados de los comicios del pasado 3 de julio, en el Estado de México, Coahuila y Nayarit, muchos creen éstos fueron una previsión de los resultados de la elección presidencial del año próximo, y otros más se aprestan a buscar la forma de enlistarse como candidatos a diputado federal o senadores. Queda claro, sin embargo, que tan equivocados están unos como los otros; y que, en realidad, más allá de su mero trabajo electoral, todos aquellos que aspiran a un cargo deberían explicar detalladamente a la ciudadanía para qué quieren hacerlo, y qué beneficio le reportarían al interés público con eso.

Vayamos por partes. En primer término, es un claro error considerar que la elección del Estado de México fue una perspectiva clara de lo que será la elección presidencial del año próximo. En este sentido, y a pesar del amplio margen con el que Erivel Ávila Villegas ganó la elección el pasado domingo, queda claro que esto ocurrió no por las bondades del candidato ni tampoco por la magia electoral de los alquimistas, sino más bien por el férreo control, y el trabajo político-electoral constante y continuo que el gobierno priista de aquella entidad, ha desarrollado en los últimos cinco años.

Todo esto, además, se combinó con dos factores fundamentales: primero, la resistencia de las fuerzas políticas de derecha e izquierdas a la posibilidad de entablar una alianza que fortaleciera los alcances políticos de la oposición mexiquense; y segundo, la debilidad propia de los respectivos candidatos a Gobernador por el Partido Acción Nacional y por las llamadas “fuerzas de izquierda”.

En ese sentido, hoy es improbable saber si hubieran ganado, de haber ido juntos en alianza. Sin embargo, lo que sí queda claro es que las insuficiencias propias tanto de Alejandro Encinas Rodríguez, como de Luis Felipe Bravo Mena, fueron lo suficientemente importantes como para impedirles que incrementaran sus respectivos márgenes de votación, y remontaran el escollo que significaba el hecho de que las fuerzas opositoras fueran separadas.

No obstante lo anterior, queda claro que México no es el Estado de México; que el PRI nacional no es el gobierno de Enrique Peña Nieto; que —nos guste o no— el gobierno federal no es la oposición endeble que existe en la entidad mexiquense; y que —del mismo modo, nos guste o no, lo aceptemos o no— tampoco el presidente Felipe Calderón es Bravo Mena, ni Andrés Manuel López Obrador es Alejandro Encinas.

A partir de ello, podemos comprender que la elección del Estado de México poco o nada tendrá que ver con la elección federal del año próximo. Dentro de sus factores internos, Peña Nieto ganó este proceso electoral con un amplísimo margen, debido a que tenía todos los hilos de poder en las manos, tenía un orden estricto en su esquema de trabajo, y había antes neutralizado cualquier disputa al interior de su partido.

No obstante, no existe certeza de que pueda lograr lo mismo con el priismo de todas las entidades federativas, y mucho menos podrá tener el control de todo lo que se haga, y de los posibles errores que se cometan (para tratar de evitarlos, de corregirlos, o de controlar de buen modo los daños).

Algo similar ocurre con sus opositores. Electoralmente hablando, el PRI tiene un control milimétrico en el Estado de México. Sin embargo, el gobierno nacional está en otras manos, y con ello también muchas de las posibilidades para replicar ese control preciso. Más bien, ha sido desde las trincheras gubernamentales —a través de programas sociales, recursos, personal y demás— que el PAN ha construido sus atípicas victorias electorales en los procesos decisivos.

Parece claro que, en ese sentido, poco o nada pudieron hacer en el Estado de México, porque ahí todo el control, avasallante, ya estaba en manos de un tricolor que nunca aflojó el paso. Aunque ello no significa que algo similar pueda ocurrir el próximo año.

SENADO, ¿PARA QUÉ?

Ahora bien, más de un priista en Oaxaca —y quizá así existen varios en todo el país—, que creen que por haber participado en la campaña electoral del Estado de México, y haberse subido a un carro de la victoria que estaba perfectamente fabricado mucho antes de ellos, ahora tienen derecho a convertirse en candidatos a diputados federales o senadores en los comicios de 2012.

Sin embargo, queda claro que mientras no muestren algo más que sus simples credenciales como operadores electorales, seguirán pareciendo unos simples oportunistas del poder, que ven sólo el cargo por el cargo, y por sus intereses, pero no como una verdadera oportunidad para servir y hacer algo por los ciudadanos que representan.

El asunto no es menor. Uno de los más graves problemas que tiene la democracia en nuestro país, es justamente que la gran mayoría de los políticos no tiene causas. Es decir, que buscan o acceden al poder, porque lo ven como una forma de satisfacer sus ambiciones, frivolidad, o ánimos de detentar el poder o de ser adulados; pero más allá de eso, desconocen o tienen poco interés en verdaderamente hacer algo positivo por las necesidades de la gente; por atender los problemas nacionales, o por defender alguna cuestión en particular que sea asimismo de interés público.

¿De qué nos sirve tener como diputados federales o senadores a “brillantes” operadores electorales, cuando estos son una pifia como representantes populares? ¿De qué nos sirve tenerlos, cuando su desempeño legislativo es pobre e intrascendente para el verdadero interés público? ¿De qué nos sirve tenerlos, cuando éstos están más dedicados a “hacer patria” denostando a sus adversarios, y yendo de elección en elección tratando de colgarse triunfos que, además, no les corresponden?

Todo esto debían responderlo con verdadera pulcritud todos aquellos que “ya se ven” como candidatos a senadores en Oaxaca. ¿Qué causa tienen, o qué ofrecen a los electores, más allá de la satisfacción de sus propias ambiciones de poder?

¿QUÉ BUSCAN?

Eso deben responderlo todos a quienes ya sueñan con el 2012, y particularmente los diputados federales del PRI por Oaxaca —más, aquellos imprudentes y acelerados que ya andan promoviendo a sus pares como posibles candidatos, y quienes ya andan en abierta campaña por conseguir la postulación. Para no quedar como oportunistas, que digan para qué quieren ser, y qué causas o proyectos de interés general defenderán como legisladores.

+ Replantear trabajo y política del Legislativo

Ahora que la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación ya confirmó la legalidad de la elección del Consejero Presidente, y los Consejeros Ciudadanos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC), es momento de que, ahora sí y con urgencia, tanto éstos como el Poder Legislativo de Oaxaca hagan un verdadero replanteamiento tanto de las formas políticas con las que toman decisiones, como de la eficacia que demuestran. Queda claro que aún con los visos de legalidad, nada bueno les traerá continuar con sendas rutas de trabajo y acuerdo, como las que han demostrado hasta ahora.

En el caso del IEEPC, de algún modo quedó claro que tanto el titular, Alberto Alonso Criollo, como los consejeros, comprendieron desde el primer momento que habían llegado al órgano electoral afectados por un cuestionamiento de origen. Posiblemente por eso, han tratado en todo momento de mantener el perfil más bajo posible en cuanto a sus actuaciones personales, aunque eso no ha sido coronado con algo que se pueda considerar como un trabajo verdaderamente eficiente en cuanto a la resolución de los conflictos postelectorales, que tanta inestabilidad le han traído a nuestra entidad.

Y es que en realidad, esa vicisitud de origen parece nada respecto a otros asuntos de los que sí son responsables, y que en modo alguno alcanzan justificación en otras cuestiones que no sean su propio y real desempeño, y los alcances y la fuerza que puedan tener sus determinaciones como órgano electoral. En los haberes del Instituto en estos últimos meses respecto a conflictos políticos entre comunidades derivados de asuntos postelectorales, se cuentan ya varios temas que han dejado no sólo una estela de inestabilidad, sino también personas muertas y heridas.

Esto porque, aun cuando es cierto que hechos como el de Santiago Choapam (una emboscada que dejó alrededor de una decena de muertos, ocurrida en mayo pasado en esa comunidad) en cuanto a su resultado no son sólo responsabilidad del IEEPC, sino también del gobierno estatal que no procuró las condiciones de seguridad necesarias —y tampoco ha hecho justicia—, lo cierto es que sí debe ser labor urgente del órgano electoral, por ejemplo, dar la viabilidad necesaria al sistema electoral por usos y costumbres, que se ve de por sí amenazado por la voracidad de los partidos políticos, y que recientemente ha sido duramente torpedeado por quienes, codiciosamente, desean que los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca abandonen ese sistema y se adhieran al régimen de partidos políticos para elegir a sus autoridades.

Del mismo modo, si el cuestionamiento inicial lastimó de fondo al Instituto y sus integrantes, éstos debieron haber demostrado desde el primer momento la prestancia y eficacia necesaria para demostrar, en base a hechos, que tenían la capacidad y la experiencia suficiente como para enfrentar los retos que tenían enfrente.

Lamentablemente, hoy sus propios errores y deficiencias los han lastimado tanto o más que todo aquel cuestionamiento que inicialmente se les hizo por la legalidad de su elección. Eso debiera preocuparles más, ya que independientemente de cualquier argumento respecto a su legalidad, queda claro que en una democracia real, un órgano como el electoral basa su fuerza y autoridad precisamente en la legitimidad que ostentan. Y aunque la legitimidad inicial ya la demostraron con el fallo del Tribunal Electoral, lo cierto es que les falta, y mucho, por demostrar que tienen la capacidad para desempeñar la responsabilidad conferida, y con ello hacerse de la legitimidad que tanta falta les hace.

PODER DESLEGITIMADO

Pero además, queda claro que independientemente del sentido en que hubiera fallado el TEPJF, de todos modos el Congreso del Estado debía bajar de las alturas, y dedicarse a hacer un examen autocrítico de los embrollos en que mete a la ya de por sí incipiente y endeble democracia de Oaxaca. ¿Por qué?

Porque si sigue tomando decisiones del modo en que trató de integrar al IEEPC, y finalmente lo logró, queda claro que hará mucho, y servirá muy bien a sus intereses, pero no hará absolutamente nada a favor de la democracia.

Esto porque aun teniendo en las manos el fallo sobre la legalidad de la elección de Consejeros de ese Instituto, de todos modos queda como telón de fondo el auténtico desastre que, todos juntos, provocaron los diputados por aferrarse a satisfacer sus intereses (y los del Gobierno del Estado, de los partidos políticos representados, e incluso de los grupos de poder que controlan a las fracciones), antes que verdaderamente velar porque la democracia electoral de la entidad tuviera un verdadero árbitro, legitimado y fuerte, que por esas solas razones tuviera la capacidad para hacer valer firmemente sus determinaciones.

En este sentido, aún con la victoria en tribunales, quedará para la historia que tanto el gobierno como los partidos y las fracciones parlamentarias “del cambio”, eligieron a los Consejeros del IEE a través de un manotazo; que lo hicieron avasallando a sus competidores; que agentes del gobierno estatal estaban prestos en el Recinto Legislativo para entregar camionetas Toyota de lujo a los legisladores a cambio de su voto.

Y que finalmente todos los factores negativos (el entreguismo de unos, el abuso de los otros, y la apariencia de “democracia” que hicieron todos) se conjuntaron para dar como resultado una elección polémica y cuestionada, que en el fondo les significó una ganancia pírrica porque los grandes perdedores fueron el propio Instituto Estatal Electoral con los cuestionamientos, y la democracia ante la falta de un árbitro fuerte.

Sería deseable que, al menos en privado, los legisladores tuvieran este momento de autocrítica. Es poco o nada probable, porque para ellos la política y el acuerdo son sinónimo de cochupo y torcimiento de la ley, si es que con ello se logra un acuerdo o se satisface el interés del Jefe Político. Sin embargo, de seguir como van, seguramente pasarán a la historia pero no como la Legislatura reformista, sino como la que desmoronó lo que tanto hicieron por construir los ciudadanos con su voto.

POLÍTICA HUECA

Todos aquellos que ya se proclaman candidatos a senadores, lo hacen en base a un simple trabajo de estructuras electorales, en una elección que estaba previamente definida. Más allá de eso, ¿qué proyecto tienen o qué buscarían para Oaxaca desde la Cámara alta? Que expliquen. Abundaremos.

+ Federación y estados sólo rodean boquete financiero

Como si fuera una disposición nueva, o que verdaderamente resolviera tanto los problemas económicos tanto de la federación, como de las entidades federativas y de los particulares, hace dos días el presidente Felipe Calderón anunció el fin del pago del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos, a partir del año 2012. Esta noticia, que sin duda es bienvenida por los contribuyentes, en realidad no equivale sino a otro más de los “reenvíos” que se hacen entre ámbitos de gobierno, de un problema mayor que en el fondo nadie se atreve a resolver.

¿Por qué decir que el anuncio presidencial sobre el fin del impuesto a la tenencia, es un acto claramente populista y demagógico? En primer término, porque la ley federal que soporta dicho impuesto está abrogada por el Congreso de la Unión desde el año 2007; aún con esto, su cobro continúa ocurriendo porque en uno de los artículos transitorios se establece que dicha abrogación se hará vigente a partir del 1 de enero de 2012.

Por esa razón inicial, el anuncio presidencial no es, en realidad, sino un mero recordatorio de una decisión que fue tomada hace cinco años no sólo por su gobierno, sino también por el Poder Legislativo. Incluso, cuando el año pasado diversas fracciones parlamentarias federales pretendieron impulsar un acuerdo para adelantar la abrogación de la Ley del Impuesto sobre la Tenencia y Uso de Vehículos, y poner fin al cobro de la contribución, fue el propio gobierno federal quien se opuso de manera tajante, y aseguró que éste se cobraba no sólo por la necesidad económica, sino que era también un “impuesto verde” para desalentar el uso del vehículo de motor, y la emisión de contaminantes.

Sin embargo, más allá de los “anuncios” que no son sino meros recordatorios, queda claro que esta decisión es demagógica por algunas otras razones, no sólo compartidas por el gobierno federal y los de las entidades federativas, sino también por la ciudadanía. Esto porque a la par de que los particulares siempre tenemos una resistencia natural al pago de más impuestos, tanto los gobiernos estatales como el federal se han negado —por el miedo a los costos políticos que implica una decisión de esa magnitud— a entrar a un proceso real para generar una reforma fiscal que solvente los faltantes que generan la desaparición de impuestos como este.

Actualmente, la Federación no parece tener mayores complicaciones para derogar dicho impuesto. Esto porque aún cuando el impuesto sobre la tenencia de vehículos es de carácter federal, desde hace años dichos ingresos dejaron de ser percibidos en las arcas federales, y pasaron a ser de beneficio para las entidades federativas. Por eso, junto con la desaparición de ese impuesto federal, los gobiernos estatales quedaron en posibilidad de reimplantarlo pero ahora como un gravamen de carácter local, o de simplemente desaparecerlo.

No obstante, más allá de los efectos políticos, y la alta rentabilidad electoral, que tiene la decisión de eliminar dicho impuesto, hoy sigue siendo una pregunta sin respuesta —sustentable— la relativa a qué ruta debe seguir un gobierno estatal para recuperar, a través de otros impuestos, los ingresos que deja de percibir por el cobro de la tenencia.

Queda claro que existen gobiernos estatales que tienen niveles importantes de captación de ingresos por impuestos propios, y que gracias a ello podrían tener menos dependencia de la captación de recursos económicos por impuestos vehiculares. Sólo que eso ni ocurre en todos los estados de la República, y mucho menos existe entidad alguna en México que pueda jactarse de no necesitar ese dinero, o de haber encontrado la fórmula para compensar la caída de su recaudación fiscal.

¿PIEDRA FILOSOFAL?

Frente a todo esto, el problema radica no sólo en que nadie haya podido encontrar una fórmula real para compensar la captación perdida por el fin de la tenencia —cual piedra filosofal, que permitiera fabricar oro a partir de metales comunes—, sino en que ni siquiera ha habido esfera de gobierno, grupo de poder, o gobernante, que haya decidido entrar formalmente a la búsqueda de esa posibilidad.

Hoy, los particulares podemos alegrarnos, relativamente, por el fin de la tenencia… aunque más allá de eso todos los problemas sigan tal y como siempre. El gobierno federal se lavó las manos del problema, porque en realidad el fin de la tenencia no lastima a éste, sino a los gobiernos de las entidades federativas.

Éstas, a su vez, —como en Oaxaca— pueden o cobrar un impuesto, que por ya no ser homogéneo en todo el país, ya no es práctico ni viable en su cobro coercible a la población; o dejar de hacerlo a costa de también dejar de percibir recursos frescos, y por tanto deprimir el nivel de los servicios públicos que presta —o de plano prescindir de los que ya no considere estrictamente indispensables para la población—, o incrementar paulatinamente sus niveles de endeudamiento para compensar el quebranto.

¿Qué hacer entonces? En cualquiera de los casos, en lo que todas las fuerzas, facciones y partidos debieran estar preocupados, es en generar un proceso de reforma fiscal que fuera más real y con posibilidades de ser consensados. El de la tenencia, es apenas un problema menor frente a otras contrariedades que enfrenta el país por los bajos niveles de captación de recursos por concepto de impuestos.

El problema, en todo esto, es que todos invierten más tiempo en resistirse, en buscar soluciones meramente dilatorias, o en torear un problema que es real, antes que en buscar verdaderas soluciones y consensos que pongan fin a estas contrariedades.

Todos, en general, deberíamos ir abandonando la proclividad a lo fácil y al cortoplacismo. En entidades como Oaxaca se debían idea formas prácticas de obtener recursos que compensen el cobro de la tenencia —porque ante las facilidades de otras entidades, cada vez menos personas la pagarán aquí—; y en otros estados se debía actuar con más responsabilidad para evitar el colapso de sus finanzas en un periodo relativamente corto de tiempo. Aunque esto más bien se asemeja a los llamados a misa, ¿algún día se preocuparán?

IEEPC, EN VILO

Hoy resolverá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las impugnaciones presentadas por la elección de Consejeros del IEEPC. Todos se dicen ganadores, y respetuosos de la justicia federal. Ojalá que después del fallo, todos sigan diciendo lo mismo.