+ Sindicato o grupo de lucha social, el “dilema”

La discrecionalidad de las negociaciones anuales, es sólo una de las aristas del complejísimo problema que representa para el Estado su trato con la Sección 22 del SNTE. El problema de fondo, es que el magisterio oaxaqueño ha capitalizado con enorme ventaja su “indefinición” entre ser un gremio progresista que lucha por la situación y los derechos de los trabajadores, o ser un grupo de lucha social que, según su misma lógica, representa al “pueblo de Oaxaca”. Mientras se siga tolerando esa vaguedad deliberada, el gobierno y los oaxaqueños continuaremos lidiando con un grupo fuerte pero sin moral ni palabra, que es capaz de tomar por rehén a sus supuestos representados con tal de conseguir sus intereses.

En efecto, la víspera el artista plástico Francisco Toledo decía sobre las discrecionales negociaciones “a puerta cerrada” que cada año entablan el gobierno y la Sección 22 que “Las autoridades saben qué pueden ofrecer en las negociaciones, pero los ciudadanos nunca saben lo que se hace, se ofrece o el teje y maneje de los arreglos a los que se llegan; por eso, desde siempre se ha querido saber que ocurre entre ellos”.

Por eso proponía, como conclusión de un foro educativo al que convocó en días pasados, que tanto el gobierno como la Sección 22 “permitan a la sociedad civil participar en los procesos de búsqueda de una solución a la situación de la educación en Oaxaca, a través de realizar una serie de reuniones con miembros de distintos grupos civiles, entre ellos padres de familia, representantes de cámaras de comercio, intelectuales, e iglesia, cada año antes y después del mes de mayo para conocer las peticiones del sindicato magisterial y la postura gubernamental respecto a la mismas. Esto, con el objetivo de dar seguimiento a los procesos de negociación cuya resolución nos impacta a toda la sociedad”.

Aunque es una propuesta sensata, y sin duda democrática desde sus principales flancos, parece a todas luces inviable ante las prácticas intransigentes de la Sección 22 y la tibieza del gobierno estatal para no sólo ceder ante las presiones magisteriales, sino para entablar un auténtico proceso de negociación en el que, idealmente, pudieran concederse múltiples y recíprocas concesiones.

En los últimos años, ha quedado claro que, en ese caso en específico, la Sección 22 se ha negado sistemáticamente a abrir sus procesos de negociación a la sociedad. En ese, y todos los casos que atañen a su relación laboral y económica con el Gobierno del Estado, siempre se asumen simplemente como un gremio que se encuentra defendiendo los intereses de los trabajadores que lo integran.

Por eso, exigen que la negociación no sea transparentada (incluso, para cuestiones como esa podrían servir las señales de radio y televisión gubernamentales) y, hasta hace pocos años, tampoco permitían que los resultados de esa negociación fueran expuestos por la parte oficial. La única verdad válida era la de ellos, aunque en ella no dijeran del resultado completo de sus negociaciones.

Hoy, sin embargo, uno de los máximos logros que ha obtenido la administración estatal radica en poder hacer públicos los resultados de la negociación. El punto clave esta que el problema de fondo no radica en el solo resultado de las negociaciones, sino en el hecho de que nadie sabe cómo se llega a él y, sobre todo, a qué acuerdos extra sindicales llegan los representantes oficiales y los dirigentes sindicales, para poder pactar lo que finalmente informan a la sociedad como resultado de sus negociaciones.

Se engaña todo aquel que crea que las negociaciones anuales del gobierno y la Sección 22 incluyen sólo los contenidos en el pliego petitorio, y que no se valen, unos y otros, de exigencias u ofrecimientos de prebendas como herramientas para “aflojar” una negociación que los mismos profesores paristas hacen cada año más compleja y ríspida.

NEGOCIACIÓN TRANSPARENTE

En la negociación anual de la Sección 22 y el gobierno, lo que se transige es la entrega de recursos públicos. Por esa sola razón, un proceso de negociación totalmente abierto y transparente no transgrede los principios sindicales (aunque sí sus prácticas discrecionales, que no son intrínsecas la vida o democracia gremiales) y sí debía ser derecho de conocimiento de todos los oaxaqueños. Finalmente, lo que se negocia son recursos de todos, y todos debíamos saber cómo se alcanzan tales acuerdos.

La finalidad de esa demanda, ciertamente, es política. Y es política simplemente porque nos atañe a todos (pues la definición clásica del hecho político, dice que éste es todo aquel que incumbe al interés general). Sin embargo, eso, que debía ser un acto democrático fomentado por la misma Sección 22, es negado en todos los sentidos posibles. A los maestros “democráticos” no les interesa incluir a la sociedad (o “al pueblo de Oaxaca”, como ellos dicen) en esos procesos, sino más bien les interesa medrar con esa bandera para otros fines, cuando éstos son no políticos, sino de la lucha social que realizan en paralelo a sus prácticas sindicales.

Y es que los maestros de la 22, sólo esgrimen su defensa y representación del pueblo de Oaxaca, cuando se trata de asuntos que rebasan la esfera sindical, pero que también les atraen o les interesa o les conviene. En innumerables ocasiones, los maestros democráticos se han inmiscuido en asuntos que originalmente no les incumbían, y para hacerlo se justificaron en el hecho de que ellos rebasan las solas finalidades sindicales, y son auténticos defensores del pueblo de Oaxaca.

No lo son. Y es que si lo fueran, entonces lo primero que harían es abrir las negociaciones con el gobierno estatal, para de ese modo no solamente permitir que todos los oaxaqueños se enteraran de qué y cómo se negocia, sino también para que a partir de eso se establecieran compromisos firmes no con el gremio o la política o la gobernabilidad, sino con la educación.

DEMANDA IMPOSIBLE

No lo hacen, ni lo harán, porque todos los procesos de la Sección 22 están hechos para recibir todo a cambio de nada. Dicen defender al pueblo de Oaxaca aunque nunca le han procurado un verdadero bien. Dicen también defender la democracia aunque, como dice el refrán, sólo en la casa de sus vecinos. Dicen defender la educación. Pero con todo y todo, Oaxaca sigue estando en el cabús de los índices educativos del país. El problema es que a la 22 se le tolera todo. Y como lo saben, van por todo, a cambio de nada. Porque nadie se los puede exigir.

+ Díaz Bautista y detractores: son iguales

No extraña que hoy haya una feroz guerra dentro del partido Movimiento Ciudadano. Ese partido, que fue quien inicialmente impulsó al hoy Gobernador del Estado en sus primeras aventuras políticas a principios de la década pasada, se encuentra en un insólito estado de abandono, propiciado no sólo por su baja competitividad electoral sino también por la voracidad de quienes lo han dirigido en los últimos años. Su desgracia no viene de ahora. Y lo que hoy padece es sólo uno más de los resabios de una disputa que ya es añeja.

En efecto, las disputas por Movimiento Ciudadano tienen nombre y apellido. Por un lado, se encuentra el grupo identificado con Alberto Esteva Salinas, y por el otro el que ha impulsado el hoy senador electo del PRD, Benjamín Robles Montoya. Los vaivenes del otrora Partido Convergencia siempre han tenido como riel principal la disputa entre militantes de arraigo y advenedizos. Y a partir de eso puede explicarse gran parte de lo que actualmente ocurre.

Hoy el control del partido lo tienen los benjaministas, a través de la figura de Saúl Rubén Díaz Bautista. Su arribo al partido fue parte de una batalla en la que se midieron Robles y Esteva no ante la militancia anaranjada, sino ante los grupos de poder que hace justamente dos años se encontraban aún en la “borrachera democrática” de la victoria en los comicios de Gobernador.

Aunque varios militantes convergentes intentaron participar en lo que se supone que sería el proceso abierto para la elección de dirigente, la línea fue implacable en el sentido de que el único que debía registrarse era el derrotado ex candidato a la alcaldía de Santa Lucía del Camino, Díaz Bautista. Y lo más que alcanzaron a negociar los grupos estevistas, fue la entrega de la Secretaría General del entonces PC a la diputada local, Margarita García García.

Eso, como era de esperarse, no resolvió nada. Pues la cohesión y las buenas cuentas que dejó Mario Arturo Mendoza Flores como líder estatal del partido naranja, pronto se convirtieron en desencuentros y abiertas peleas en quienes se habían quedado con el partido. El Presidente no tenía ningún tipo de acuerdo o simpatía con la Secretaria General. Y pronto vino a una nueva disputa feroz, cuando desde la dirigencia nacional se propuso el cambio de nombre, y de plataforma electoral, para pasar de PC a Movimiento Ciudadano.

En aquellos momentos, en los primeros meses del 2011, Mendoza, García y varios otros militantes naranjas iniciaron una nueva cruzada para intentar detener a Díaz Bautista, quien apoyado por la línea oficial, y sólo por algunos personajes como el regidor Ricardo Coronado Sanginés, finalmente consiguió por la fuerza convertir al PC en Movimiento Ciudadano.

De nuevo, como premio segundón, a la diputada García la integraron como parte de la nueva Comisión Operativa Nacional. Pero a cambio, esa negociación —que no tuvo ningún beneficio real para los convergentes inconformes en la entidad— arrojó el hecho de que Díaz Bautista no sólo no perdiera poder, sino que lo concentrara, a través de su nuevo cargo de dirigencia, único, de Coordinador de la Comisión Operativa Estatal.

Cuando esto ocurrió, ya los agravios eran mucho mayores. En el tránsito de Convergencia a Movimiento Ciudadano ocurrieron hechos como la agresión de que fueron objeto, en julio del año pasado, la diputada García, cuando en conjunto con Mendoza, llamaron a una conferencia de prensa en la sede naranja, y fueron agredidos por un grupo de porros que, a la voz de “Benjamín senador” disolvieron el encuentro y lastimaron a varios de los integrantes. Unos meses después, el ex presidente Mendoza sufrió un atentado, sobre el cual, misteriosamente, no existe una sola foja de investigación ministerial, pero sí muchas sospechas de que tuvo como origen la disputa y los agravios por el PC.

¿PUROS Y ADVENEDIZOS?

Esta disputa tiene varios puntos de referencia. El primero de ellos, es el hecho de que los grupos que han militado por más de una década en Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, no pueden aceptar, ni lo harán nunca, que un personaje que no es oaxaqueño, que nunca hizo trabajo de partido, y que sólo se ha servido de su cercanía con el Líder Moral de Convergencia en Oaxaca, tenga hoy el control casi total no de la militancia, sino de las siglas, y de la capacidad de éstas para determinar quién será postulado a un cargo de elección popular.

Otra de las razones tiene que ver con la pérdida de rumbo que, a su juicio, provocaron con el cambio de nombre del partido y la transformación a MC. Fueron sólo razones de práctica política, y de conveniencias, las que motivaron a Robles y sus operadores dentro de Convergencia, a dar su anuencia oficial para que el PC se convirtiera en lo que hoy es. La razón de eso era congraciarse con el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y conseguir, a través de eso, que las postulaciones de la coalición nacional de fuerzas de izquierda, únicamente los favoreciera a ellos.

Una más tiene que ver específicamente con el hecho de que consideran que, ante los dos triunfos electorales seguidos, ahora tiene más valor que nunca el poder de la postulación del grupo dominante dentro del MC, y particularmente de quien se ostente como Coordinador Estatal. Como lo dijo en alguna entrevista Coronado, los inconformes tienen puestos los ojos en 2013. Lo que no dice, es que ellos están en la misma sintonía, y que Díaz Bautista, él, y algunos otros, impulsados desde el poder y desde el perredismo, también se saborean la posibilidad de ser postulados.

Por eso esta disputa no es por la democracia, sino simplemente por el poder. Todos quieren lo mismo. Aunque lo real es que, asombrosamente, MC es hoy una fuerza disminuida, abandonada por el poder y entregada únicamente a Robles, que quién sabe si tenga capacidad para generar hoy los votos que tanto presume. Se pelean por las sobras. Eso es lo más lamentable.

INOPERANCIA TOTAL

Es la que demuestra el director del Cecyteo, Víctor Raúl Martínez Vásquez. ¿Recuerdan que hace unos días integrantes del MULT le cerraron las oficinas centrales del Colegio por varias horas, en demanda de la instalación de un centro educativo en la comunidad de El Rastrojo, que es parte de la zona triqui? Entonces, Martínez decía que todo eran calumnias. Pero ayer le volvieron a cerrar sus instalaciones. ¿Qué espera para resolver ese tema? ¿Qué esperan en el gobierno estatal para removerlo, ante tanta inoperancia?

+ Juárez engaña a artesanos de Mitla

Daniel Juárez López es uno de esos personajes que se sostienen en la administración estatal, gracias a las inercias que han frenado la gran sacudida, y los cambios que son urgentes en el gabinete de gobierno. Su paso por la Secretaría del Trabajo (una de las grises innovaciones de este régimen) ha sido tan intrascendente como costosa para la propia imagen gubernamental. Sin embargo, lejos de rectificar, él y quienes integran esa dependencia parecen esmerarse aún más por hundir la poca credibilidad que tuvieron desde el inicio de este gobierno.

En efecto, de Juárez López y la dependencia que encabeza se ha dicho muy poco, positivo, en la presente administración. Quedó claro que él llegó al poder gracias no a sus avanzados conocimientos en materia de trabajo o de administración, sino por las “cuotas” que pagó el Gobernador del Estado a uno de los grupos políticos que lo apoyaron en los tiempos de campaña. Y es que si tradicionalmente el PRD y las fuerzas de izquierda en Oaxaca oaxaqueño se componen no de tribus, sino de familias y cacicazgos, el caso del petismo local (que es un mero membrete, porque no podría pasar por el más mínimo examen de la militancia probada) no es la excepción.

En el caso del Partido del Trabajo, éste ha sido históricamente controlado en Oaxaca por los López. De hecho, el cuestionado ex presidente Municipal de Juchitán de Zaragoza, Mariano Santana López tuvo el control de la representación oaxaqueña del PT durante años, hasta que finalmente por un discrecional “acuerdo político” con las fuerzas de izquierda entregó el petismo a Otilia Galindo.

Galindo fue una desgracia para el petismo. El tiempo que tuvo a su cargo a la comisión ejecutiva del PT en Oaxaca utilizó discrecionalmente los recursos económicos provenientes de las prerrogativas estatales, a grado tal que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana los multó por su opacidad y falta de comprobación de los recursos recibidos. Eso, sin embargo, no fue lo más grave, sino que un conflicto familiar y sentimental metió en una dinámica de ruptura a Galindo y el clan perredista de los Jara, y todo esto provocó que la dirigencia nacional petista terminara devolviendo la representación oaxaqueña a los López, a través de su hijo Daniel Juárez.

El único mérito de Juárez López era haber sido hijo político de Mariano Santana López, y haber ganado cierta simpatía en la dirigencia nacional petista. A su llegada a Oaxaca, se metió de lleno a la campaña por la gubernatura, y no perdió tiempo en tratar de ganar espacios en la negociación de las posiciones que estaban en juego en la elección estatal. Aunque no tenía nada que ofrecer en los tiempos de campaña, más que el membrete partidista y sus prerrogativas, consiguió colocarse, él, como parte de la planilla de candidatos a regidores que acompañaban a Luis Ugartechea en la búsqueda de la alcaldía oaxaqueña.

Una vez que Gabino Cué ganó los comicios, y que Ugartechea también triunfó arrastrado por esa victoria, Juárez fue uno de los principales beneficiarios del gobierno “plural” que ofreció a los oaxaqueños. El Gobernador del Estado integró un gabinete en el que marcó claramente los espacios que se reservó, pero también los que entregó a cada una de las fuerzas que lo habían acompañado en la campaña proselitista. A los clanes perredistas les entregó dependencias como la Secretaría de Desarrollo Agrícola; al PAN la Contraloría… y al PT le dio la recién creada Secretaría del Trabajo, en la persona del único personaje conocido y visible de ese partido: Daniel Juárez.

UN SECRETARIO INCÓMODO

Aunque se dice progresista, Daniel Juárez actuó conforme a los mejores tiempos del régimen de partido hegemónico. De sus espacios privados saltó al PT, para luego hacerse de una regiduría en el Ayuntamiento citadino, y finalmente terminó como Secretario del Trabajo. En todo esto, tuvo siempre bien pertrechado a su hermano David Juárez, a quien primero lo colocó como su suplente en la Concejalía citadina, y después le dejó de facto el cargo de dirigente petista que también abandonó para integrarse a las grandes ligas de la administración estatal.

Su gestión ha sido cuestionada no sólo por la versión de que se había llevado una cartera sin pagar en una tienda departamental, sino sobre todo porque la dependencia que encabeza no ha hecho sino duplicar las atribuciones que tienen las dependencias federales encargadas de los asuntos del trabajo, y tratar de acaparar todos los espacios posibles no para mejorar sus procesos, sino para hacerse de las posiciones administrativas que representan espacios como las juntas de conciliación y arbitraje.

En el caso específico de Juárez, éste ha protagonizado diversos escándalos relacionados con la discrecionalidad con el uso de los recursos, el mal trato al personal que tiene asignado, y por incurrir en prácticas tales como traficar con el combustible e insumos de vehículos oficiales, que físicamente están inservibles.

Esos antecedentes negativos, sin embargo, continúan. Hoy mismo, sobre Daniel Juárez y la Setrao pesa un grave señalamiento que revela la voracidad y la capacidad de engaño que tienen en contra de las personas a las que dicen defender. Y es que desde hace meses, un grupo de artesanos proveniente de la Villa de Mitla, fallidamente ha intentado cobrar a esa dependencia la elaboración de las cortinas que colocaron en los cinco pisos que ocupan, en un edificio ubicado enfrente de Ciudad Universitaria.

Los afectados aseguran que, personalmente, Juárez López contrajo el compromiso de la elaboración con el artesano Noel Olivera Díaz, quien tuvo que integrar al trabajo a otros artesanos para que juntos pudieran terminar el trabajo para entregarlo en tiempo y forma. La administración de la Secretaría del Trabajo recibió la factura desde el mes de enero pasado, y desde entonces no han hecho sino dar largas a los artesanos, a quienes les adeudan una cantidad superior a los 127 mil pesos.

SECRETARIO ESCURRIDIZO

Los afectados aseguran que, por lo menos, antes el Secretario del Trabajo les daba la cara para prometerles un pago que cada vez ven más lejano, y que involucra el trabajo de docenas de personas que, además, pusieron materias prima por las que también se endeudaron. Hoy, dicen, ni siquiera les toma la llamada. Por eso ya preparan otro tipo de acciones en contra de quien consideran un timador, al que no le tiembla la voz para prometer, pero que tampoco le avergüenza pisotear su propia palabra.

+ ASE: disputas, común denominador

Hace exactamente un año, el miércoles 17 de agosto de 2011, fue electo como Auditor Superior del Estado, Carlos Altamirano Toledo. En aquel entonces fue electo bajo la demagógica premisa de “Nunca  más un auditor al servicio del Ejecutivo del Estado”. Y sin embargo, éste provenía del propio gobierno estatal. Y lo más lamentable: su gestión ha tenido como común denominador el ausentismo, el silencio y la interminable disputa por los espacios de una institución que, más que cualquier otra, debía estar al servicio del pueblo de Oaxaca.

En efecto, Altamirano fue electo como Auditor bajo los efectos de las nuevas leyes, pero también bajo la predominancia de las viejas prácticas políticas que, según dijo el nuevo régimen, se acabaría con la alternancia de partidos en el poder. Y es que sólo quien no tiene memoria, ya olvidó que con tal de expulsar a los titulares de los órganos autónomos impuestos por el régimen anterior, la LXI Legislatura aprobó una reforma constitucional en la que se reorganizaban esas estructuras, y que particularmente la renovación en la ASE se vio enmarcada por una lúgubre negociación en la que la extitular, Rosa Lizbeth Caña Cadeza, intempestivamente presentó su renuncia para retirarse a la vida privada, cuando antes había dicho que haría todo lo posible por sostenerse en su cargo.

Toledo, según las notas de aquel momento, fue electo porque la mayoría de los diputados que todavía integran la LXI Legislatura, consideraron que era quien tenía “el perfil más alto” y “más conocimiento en materia de fiscalización”. Sin embargo, en aquel momento los diputados no sólo se engañaban por los supuestos más altos méritos profesionales de Altamirano frente a los demás aspirantes, sino que además pasaron deliberadamente por alto que el requisito más importante de quien es nombrado como titular o integrante de un órgano autónomo, radica justamente en la demostración de autonomía frente a la influencia, el poder y las presiones del Ejecutivo, a quien se supone que va a fiscalizar.

Nada de eso tenía Altamirano Toledo, y aun así fue electo. No era quien tenía los más altos méritos profesionales, porque según quedó demostrado en la misma lista inscripción de candidatos al cargo de Auditor Superior ante el Congreso del Estado, en ella había personajes que ciertamente no tenían méritos políticos —ni cargos partidistas ni de representación popular—, pero que sí demostraban tener conocimientos superiores de contabilidad gubernamental, fiscalización, control y auditoría. Altamirano Toledo no era el del perfil más alto, comenzando porque él es economista, y la profesión idónea para ese cargo es la de Contaduría Pública. De hecho, Juan Manuel Portal, auditor Superior de la Federación, es contador Público Certificado.

Pero además, suponiendo que hubiera podido superar la barrera de la no idoneidad profesional, Altamirano de todos modos no era idóneo para el cargo, por la sencilla razón de que su función inmediata anterior fue estar al servicio del Titular del Poder Ejecutivo como Secretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado. Si el régimen que lo favoreció, lo hizo dando a entender que defenestraban a los titulares anteriores de los órganos autónomos por haber estado al servicio del gobernante en turno, entonces lo que finalmente ocurrió fue un grosero “quítate tú para ponerme yo”, que en nada cambiaba el estado objetivo de cosas, y que tampoco garantizaba autonomía y eficacia en la realización de sus funciones.

Por eso se explica con toda perfección el hecho de que Altamirano fue electo bajo las nuevas leyes, pero también determinado por las viejas prácticas. Y si la forma en que llegó a su cargo estuvo afectada por esas vicisitudes, su función como tal tiene tantos o más cuestionamientos que los ocasionados en su vapuleado arribo a la ASE.

ASE, PARTIDIZADA

A estas alturas, ya no sorprende que la autonomía de, valga la redundancia, los órganos autónomos haya sido remplazada por la partidización. Y es que en el caso de la ASE, desde la elección de Altamirano Toledo inició una lucha feroz por los demás espacios, que ya pasó por el nombramiento de los dos subauditores, pero que no termina porque hoy la Auditoría funciona en varias bandas distintas, y además se encuentra afectada por los excesos que provoca la disposición de las plazas y los espacios, y la utilización de las atribuciones de la Auditoría para beneficio privado.

En efecto, en noviembre del año pasado fueron electos Ramón Icazbalceta y  Jaime Ruíz como subauditor de Fiscalización, y de Planeación y Normatividad Técnica, respectivamente. De nuevo, el nombramiento de cada uno de ellos estuvo determinado por sendas negociaciones políticas entre las fracciones parlamentarias. Y por esa razón, el primero de los subauditores fue impulsado por la fracción priista, y en el segundo nombramiento tuvo preferencia la bancada del Partido Acción Nacional.

Eso no resolvió ninguno de los problemas. Hoy, aunque a veces por decoro lo disimulan en público, los dos subauditores tienen fuertes enfrentamientos con el equipo del Auditor Superior que, sin tener atribuciones, ha querido no solamente acaparar las más importantes funciones de la Auditoría, sino que pretende también poner a disposición de particulares información confidencial de la institución, con el objeto de que éstos presten servicios de “consultoría y asesoría” a municipios y demás sujetos fiscalizables que, de forma inminente, son susceptibles de sanciones por parte de la ASE.

Esa invasión de competencias, y los señalamientos sobre la posible venta de información confidencial, ha generado dentro de la Auditoría un nivel de rispidez e ineficiencia que no debía ser propio de una institución que tiene tanto trabajo, que es a su vez tan importante para un estado como Oaxaca. Pero mientras, el Auditor prefiere ocupar su tiempo en otros asuntos, y simplemente ostentar testimonialmente el cargo que le confirió el Congreso el año pasado. Todo lo deja en otras manos que, tarde o temprano se verá, no habrán de entregar resultados positivos de las funciones que realizan.

“AL SERVICIO DE…”

Por cierto, con su silencio, la ASE convalida lo que a diestra y siniestra dice la Contraloría: que en esta administración no hay una sola irregularidad. Quién sabe si sea eso, o que no han encontrado nada… porque nada han dicho sobre el resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública Estatal 2011. Esa eficiencia, pues, se dice pero no se ve.

+ Matrimonios gays, conflicto trascendente

Hay aspectos estrictamente objetivos que ponen a prueba la capacidad de adaptación de las decisiones políticas que se toman en función de la mera conveniencia y el pragmatismo político. Aunque en Oaxaca existe una coalición de partidos determinada en gran medida por las fuerzas de izquierda, y que en gran medida ellos tienen influencia tanto en el Congreso local, como en la representación oaxaqueña ante las cámaras legislativas federales, aquí existen enormes resistencias para entrar a la discusión de temas que, en otras entidades, son defendidos y abanderados justamente por las fuerzas partidarias más progresistas. El matrimonio entre personas del mismo sexo en Oaxaca provoca una discusión escandalosamente vergonzosa, porque quienes debieran impulsarla prefieren continuar en la omisión.

En efecto, es posible que en próximas fechas la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva si la legislación civil de Oaxaca vulnera los derechos de las parejas homosexuales, por no contemplar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta, que parece ser una discusión trillada y ajena a nuestra realidad, en realidad es de gran vigencia debido a que la tendencia nacional (fundada en la primacía constitucional de los derechos fundamentales, como el relativo a la no discriminación por la causa que fuere) está encaminada hacia la ampliación total de los derechos.

El problema es que en la entidad, una discusión (legislativa, social, y a veces hasta informal) como esa, queda irremediablemente atrapada entre el conservadurismo de la sociedad, los atavismos de ciertos grupos sociales, y las viejas tendencias a considerar que la discriminación por razón de preferencias sexuales es “normal” —y hasta justificada—, debido a que vivimos en una sociedad “de machos”.

Materialmente, parece complicada la posibilidad de que un debate de esos pueda trascender de lo social a lo legislativo. Y sin embargo, nos topamos con la paradoja de que hoy tanto el gobierno estatal, como una parte importante del Poder Legislativo local, están determinados por las fuerzas de izquierda, que en otras entidades de la República han sido quienes han encabezado con todo denuedo la lucha a favor de derechos de las minorías, como el que tienen las personas del mismo sexo a contraer matrimonio legal, y adquirir los derechos y obligaciones que ese acto trae aparejados; o que, en su caso, la ley contemplara una figura jurídica distinta del matrimonio, para proteger y dar seguridad jurídica a las parejas del mismo sexo.

Y es que aún con todo eso, en Oaxaca el Código Civil continúa estableciendo que el matrimonio es un contrato civil celebrado entre un solo hombre y una sola mujer, que se unen para perpetuar la especie y proporcionarse ayuda mutua en la vida. La ley civil continúa teniendo esa redacción, a pesar de que desde hace varias Legislaturas locales, las fuerzas de izquierda han tenido una representación importante, y que al menos en los últimos años ha tenido una presencia legislativa determinante, que bien podría haber empujado ya una reforma que —viéndolo desde una perspectiva garantista y no atávica— impulsara a Oaxaca no específicamente como una entidad “gay-friendly” (amigable con los gays), sino más bien como un estado en el que se reconocen y garantizan los derechos “tradicionales”, pero también los de las minorías, que ya se encuentran tutelados por la Constitución de la República —y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, firmados y ratificados por México, que también son ley suprema del país—, y que por ende debieran ser refrendados por las normas jurídicas estatales.

RESISTENCIAS

El problema es que, en Oaxaca, lejos de que las fuerzas de izquierda que tienen presencia importante tanto en el ámbito gubernamental, como en el legislativo, presionaran en favor de la apertura de derechos para todos por igual, éstas se quedan calladas frente a los intentos de la autoridad local por atajar los medios de defensa que han presentado las personas que se dicen perjudicadas tanto por el contenido de la ley civil, como por la negativa de la autoridad para llevar a cabo un acto fundado en esa ley que, a su juicio, quebranta sus derechos.

Y es que, en este caso, la Primera Sala de la Corte atrajo un recurso de revisión en el que diversas autoridades estatales impugnaron un amparo, en el que un juez federal declaró inconstitucional el artículo 143 del Código Civil local, y ordenó que no le fuese aplicado a una pareja, conformada por dos mujeres, que había solicitado a la Dirección del Registro Civil su deseo de contraer matrimonio, y que cuyo acto les fue negado en virtud de que el Código Civil local establece que éste sólo puede realizarse entre un solo hombre, y una sola mujer y que, en el caso del recurso de revisión que interpusieron las autoridades oaxaqueñas a la resolución del juez federal, establecen que una demanda sobre omisión legislativa debe sobreseerse, porque no es posible obligar al Congreso a realizar una reforma.

Este caso específico, cobra trascendencia nacional porque en el estudio que realice la Corte podrá analizarse cómo se deben proteger los derechos a la igualdad, identidad y no discriminación en razón de la preferencia sexual, así como el alcance a la protección de la familia contenida en el artículo cuarto constitucional. Todo esto, además de que a partir de ello podrían definirse criterios generales relacionados con las omisiones legislativas, y protección a ciertos derechos como el de la identidad, la igualdad y la no discriminación.

Sin embargo, y más allá de lo estrictamente jurisdiccional, lo que queda en el fondo es el cuestionamiento no sólo por las endebles convicciones de la izquierda oaxaqueña respecto a causas que son abanderadas nacionalmente por esos partidos, pero que en Oaxaca simplemente se dejan pasar como si no fueran importantes, o como si no fueran parte de las agendas nacionales a las cuales ellos debieran estar ceñidos.

MALAS JUSTIFICACIONES

Todo esto, además, choca con otras cuestiones. Una de ellas, que ha sido justificación de coaliciones como la oaxaqueña para no entrar en ese tipo de temas, radica simplemente en que como esos temas no fueron establecidos en la agenda de trabajo aliancista, entonces no habrán de ser tocadas. ¿Y dónde queda la convicción política e ideológica de cada partido? Lo que se revela es que las alianzas están hechas sólo para ir por el poder. Casos objetivos, como éste, así lo demuestran.

+ Denuncia, a tiempo; diputados la ignoraron

Detrás de la imagen de tolerancia, congruencia y democracia que Flavio Sosa Villavicencio ha tratado de construirse en estos últimos años como diputado local, se encuentra el mismo agitador de siempre. La historia que lo involucra con la comunidad de Trinidad Zaachila no sólo revela su voracidad y su capacidad de generar conflictos en aras de obtener una ganancia económica, sino también su doble moral (y la de todos los diputados) al disimular la relación de complicidad que tiene con el impresentable defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo de Jesús Peimbert Calvo.

En efecto, la relación de Sosa con Trinidad Zaachila no es nueva. De hecho, en otros momentos se denunció públicamente, en diversos medios informativos locales, de los delitos que podrían estar cometiendo Sosa y algunos integrantes de la organización Comuna de Oaxaca que él encabeza, en conjunto con Peimbert Calvo, que para entonces fungía como coordinador de Mediación para el Desarrollo del Gobierno del Estado.

Esos señalamientos, provenían fundamentalmente de una denuncia penal que presentaron ante la Procuraduría de Justicia del Estado, en febrero del presente año, los señores Jonás Llandez Vásquez, Oscar Castellanos Martínez y Manuel Sánchez Sánchez, en su calidad de Presidente Municipal, Tesorero y Síndico Municipal de la comunidad de Trinidad Zaachila, respectivamente.

En esa denuncia, los representantes de la autoridad municipal de Trinidad Zaachila describen cómo Caminos y Aeropistas de Oaxaca les responde de una supuesta solicitud realizada por ellos, misma que, a decir de los denunciantes, nunca se había tramitado. En el documento, CAO les indica que su comunidad cumple con todos los requisitos para la realización de la obra solicitada, la cual se trataba de una pavimentación de la comunidad de Trinidad a Santa María Roaló, y de ahí al núcleo rural La Guadalupe, por un monto de cuatro millones 792 mil 372 pesos, misma que realizaría una empresa que, según los propios dichos de la autoridad, previamente habían asignado Arturo Peimbert Calvo, y el eterno colaborador de Flavio Sosa, César Mateos Benítez.

Según la denuncia —de la que no hace falta más que buscar en Google, para hallar imágenes de los documentos originales, firmados y sellados por los denunciantes— se enteró el Presidente Municipal, cuando los vecinos le reclamaban la razón por la cual había autorizado las afectaciones de sus terrenos, a lo cual el Munícipe contestó que él no sabía nada.

Cuando los vecinos le mostraron los documentos corroboró que, en efecto, alguien había falsificado la papelería oficial, los sellos y las firmas con las que presentaron la referida solicitud. Incluso, en la denuncia penal referida, puede leerse que el Presidente Municipal señala enfáticamente a Peimbert Calvo por haberlo presionado en diversas ocasiones, e incluso amenazado, para que firmara un documento que él identifica como una carta poder, y que como se negaron rotundamente, entonces recurrieron a la falsificación de documentos por la que presentaron la denuncia.

ÁNIMOS DE VENGANZA

A partir de esto, puede entenderse con toda claridad esta denuncia pública que ahora realiza el edil Jonás Llandez. Según refieren quienes conocen a fondo el tema, no lo había hecho antes, debido a que cuando se hizo público el contenido de la denuncia penal que presentaron ante la Procuraduría del Estado, recibieron nuevas amenazas debido a que Peimbert Calvo era candidato a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

Pareciera que por esa razón, la voracidad de Peimbert Calvo y Flavio Sosa Villavicencio quedaron momentáneamente suspendidas, pero que una vez que el ex Coordinador de Mediación del Gobierno del Estado quedó firme en su cargo, éstos volvieron a la carga ahora ya no sólo para culminar los millonarios negocios derivados de la asignación irregular de obra pública para ese municipio, sino también —y sobre todo— para cobrarle al Munícipe la afrenta por haber tenido la osadía de denunciarlos penalmente.

¿A poco no, teniendo como antecedente directo toda esta historia, se entiende perfectamente la denuncia que hace el Edil en contra de Flavio Sosa, César Mateos y Arturo Peimbert Calvo? Pues, específicamente, Llandez refiere que Mateos Benítez llegó a las comunidades de Santa María Roaló, San Miguel Tlanichico y el núcleo rural La Guadalupe, para aconsejar a sus habitantes “que pelearan por obras y por la asignación del presupuesto directamente”, y agregó que cuando se iniciaron las negociones, fue el hoy defensor Peimbert Calvo quien tomó el caso. Incluso —decía la nota de TIEMPO en su edición de ayer— fue él quien suscribió los acuerdos, como representante de estas localidades, y agregó que, coincidentemente con todo lo narrado, en Santa María Roaló “se realiza una pavimentación sin autorización de la autoridad”.

Nada de esto es oculto. Más bien, Sosa y los diputados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso local (Marlene Aldeco, Pavel López, Max Vargas y Carlos Martínez), apenas si pueden disimular el hecho de que aún a sabiendas de estos inaceptables antecedentes de Peimbert como agitador y estafador de municipios rurales, cada uno de ellos accedió a impulsarlo como el candidato idóneo para ese cargo.

Todos accedieron a impulsarlo, porque Peimbert abiertamente habría comprado sus votos y habría dado espacios en la nueva estructura de la DDHPO a los cercanos de cada uno de ellos, e incluso a otros ex candidatos a Defensor a los que cada uno de esos diputados pretendió inicialmente impulsar, pero que finalmente se quedaron relegados ante el apabullante “convencimiento” que generó Peimbert en ellos a partir de sus ofertas.

IRRESPONSABLES

Hoy Flavio Sosa debía enfrentar su responsabilidad por estar “casualmente” involucrado en algunos de los más riesgosos conflictos sociales que existen en comunidades oaxaqueñas y que potencialmente pueden convertirse en baños de sangre. Y los demás diputados debían también dar la cara al pueblo de Oaxaca y explicar la razón por la que decidieron impulsar a un individuo nocivo para la gobernabilidad, para la ley y sobre todo para los derechos humanos, como el supuesto “defensor” del Pueblo de Oaxaca, Arturo de Jesús Peimbert Calvo.

Es inadmisible que en Oaxaca todos los actores públicos continúen engañándose, y tratando de engañarnos, con el juego de la democracia en el participan y se benefician, pero en el que no creen ni respetan. La otra reforma electoral, indispensable en la entidad, es la relativa a la transformación de las prácticas de los partidos. Mientras los hombres y mujeres que integran los institutos políticos mantengan sus prácticas actuales, podrán seguir reformando la ley ilimitadamente, y de todos modos la práctica política seguirá siendo igual de sospechosa y deslegitimada, como hasta ahora.

En efecto, hoy los partidos políticos no terminan aún de reponerse de la borrachera democrática que significó el inusitado triunfo de la coalición de partidos en 2010. A partir de entonces, todas las fuerzas que respaldaron al ahora Gobernador del Estado, tenían una representación casi testimonial en el Estado, que se vio magnificada por el tamaño del triunfo electoral de un solo hombre (Gabino Cué) que los arrastró hacia la posición que hoy tienen.

El principal argumento común de legitimación ante los electores, era que ellos representaban la erradicación de las prácticas clientelares y corruptas del PRI. Sólo los ingenuos les creyeron. Y por eso es indispensable esa reforma a los partidos que, de antemano sabemos, difícilmente ocurrirá mientras las fuerzas políticas estén determinadas por quienes actualmente las conforman.

¿Por qué sólo los ingenuos creyeron tal argumento? Porque todos aquellos que sí conocían el supuesto autoritarismo priista, sabían a la perfección que la contraparte de ese autoritarismo eran los partidos que hoy se dicen representantes del cambio. Ellos, durante décadas, mantuvieron una posición de minoría que siempre les fue conveniente, porque ese era el argumento que utilizaban para entablar negociaciones con el partido hegemónico, y obtener prebendas a cambio de silencio, o del apoyo disimulado a las decisiones priistas. Por eso, la oposición siempre fue retórica. Pero la connivencia fue tan real como los beneficios, personales y de grupo, que permanentemente obtuvieron de esa relación.

Por eso mismo, sabemos de antemano que aún con la alternancia de partidos en el poder, el estado de cosas a ras de suelo no cambiará. Y es que, lo acepten o no, todos los supuestos representantes del cambio en los partidos políticos, siguen siendo los mismos que en otros tiempos se dedicaron a medrar desde sus posiciones de oposición, que hicieron de sus partidos agencias de colocación para amigos e incondicionales, o se sirvieron e ellos como sendos patrimonios familiares.

Y es que si revisamos la actuación histórica de los grupos que determinan a los partidos que hoy son parte de la coalición legislativa, y de la misma oposición priista, fácilmente podemos darnos cuenta que todos representan esa misma estrechez de miras, y el sentido patrimonialista de ver el ejercicio del poder. Es casi invisible la diferencia entre priistas, panistas, perredistas y petistas. Todos, en general, han actuado en base a la práctica no de un régimen u otro, sino de una época que ya debe quedar atrás.

Si revisamos la actuación de las cúpulas priistas, podremos darnos cuenta que la hegemonía de los cuatro ex gobernadores ha podido más que las demandas de democratización y apertura de diversos sectores de militantes que quieren atención e inclusión. Si vemos al panismo, en lo que ha sido hasta hoy, podremos corroborar que se han dedicado a lucrar con su posición de “fuerza nacional”, aunque en Oaxaca tienen una representatividad por demás limitada.

Si vamos al PRD, incluso, veremos que éste se sigue determinando a través de clanes y tribus, y que en Oaxaca, como en los tiempos más arcaicos del sistema de partidos, el perredismo está dominado por un puñado de familias que determinan no sólo sus cargos de dirigencia partidista, sino que cada uno de ellos tiene su propia cuota en las cámaras legislativas (basta revisar los “merecimientos” familiares que convirtieron en diputados a los perredistas Juanita Cruz Cruz, Pavel López Gómez, Aleida Serrano Rosado, Tomás Basaldú, etcétera). Si vemos hoy la representación popular que tiene el PRD oaxaqueño, veremos que ello no corresponde a lo que la militancia real quiere y espera, sino a lo que dicen dos o tres clanes que tienen ahí incrustados a sus parientes más cercanos.

EL CAMBIO, URGENTE

Eso debe cambiar con urgencia. Debe también modificarse la forma tan burda en cómo se relacionan los representantes de cada partido con el poder y con la misma ciudadanía. Los partidos debieran encontrar en el corto plazo, soluciones distintas para volver a legitimarse ante la sociedad, y para generar escenarios en los que el resultado sea distinto de lo que es hoy. Cambian la ley electoral para que otros sean los comprometidos (y los perjudicados), pero ellos siguen beneficiándose de la inmovilidad que promueven para sus propios intereses.

Por eso hay que ver no con triunfalismo, sino con reservas, la reforma electoral recién aprobada. Los partidos promovieron cambios al Instituto Electoral, al régimen de usos y costumbres (o “sistemas normativos internos”, como pretenciosamente se denominan ahora) y a la forma y reglas de los procesos electorales, pero nada dicen de la forma en cómo ellos se presentan a la sociedad. Eso es, al final, lo único que deberían transformar, y con ello no habría necesidad de modificaciones legales, ni de negociaciones, ni de “sacrificios”. Sólo que eso es lo que nunca cambia.

Y es que si cambiara, para mejorar, la forma en cómo conducen su praxis política los partidos, entonces se acabarían de tajo las intromisiones en los sistemas normativos de las comunidades indígenas; también veríamos una disminución sustancial de las prácticas indebidas para comprar, coaccionar o inducir el voto. Incluso, si hubiera aunque sea mejoras parciales dentro de las fuerzas políticas, se reduciría la proclividad a quebrantar la ley que ellos mismos propusieron y legislaron.

REFORMAS INÚTILES

Al final queda una pregunta: ¿De qué sirven las “reformas de avanzada”, si los mismos que hicieron la propuesta serán quienes quebranten la ley? Mientras los partidos no se reformen a su interior, e insistan en seguir conservando la purulencia que hoy los inunda, todo seguirá siendo parte de este mismo juego demagógico en el que todo se modifica, para que nada cambie.

+ TIEMPO, 11años de vanguardia informativa

Con la aprobación del nuevo Código de de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, se reiteró la práctica de pregonar reformas de avanzada, pero haciendo sólo cambios cosméticos a la norma y consumando los repartos de poder entre facciones y partidos. De nuevo, la gran oportunidad de una reforma integral quedó postergada, porque desde el inicio se apreciaba que esta propuesta tenía más intención de venganza política, que de verdadera democratización de los procesos electorales en la entidad.

En efecto, de nuevo la reforma real se quedó corta frente a las expectativas generadas. Y es que desde hace meses se hablaba de la posibilidad de una gran reforma al sistema electoral oaxaqueño, que tuviera la capacidad de plantear nuevas reglas de funcionamiento del árbitro electoral, de la convivencia y trabajo de los partidos políticos en cuanto a la promoción de la vida democrática, de las reglas en los procesos electorales para hacerlos más equitativos, y de la armonización de los usos y costumbres a las condiciones actuales. Todo eso podía ocurrir. Y sin embargo todo se quedó en un tibio intento. ¿Por qué?

Porque como ha ocurrido en otros procesos de reforma, todo se encuentra finalmente determinado por la práctica política pura, por las conveniencias de quienes hacen y votan las modificaciones legales, e incluso por las afrentas que existen entre ellos. Aunque los diputados de la LXI Legislatura tenían la posibilidad de hacer una gran reforma, todo se quedó en el intento porque éstos, en conjunto, antepusieron sus propias afrentas a la posibilidad de ponerse de acuerdo en los temas sustantivos para sacarlos adelante.

A partir de eso podemos explicarnos que esta pretendida “gran reforma” haya tenido como uno de sus puntos centrales la reorganización del IEEPC; y que la otra parte de la discusión, sobre lo que finalmente no fue incluido en la reforma, tuviera que ver específicamente con el establecimiento de reglas que pudieran beneficiar a las coaliciones electorales (que representan apenas el primer peldaño en el ascenso a las coaliciones de gobierno, que aquí ni las conocemos), en detrimento de un priismo, al que se pretendía terminar de sepultar en los siguientes procesos electorales estatales.

En todo esto, el tema sensible era el IEEPC, aunque no por las razones objetivas que pudieran suponerse. Pues aún cuando en los últimos 16 meses, ha sido muy poco eficaz el trabajo del Consejo General, que encabeza Alberto Alonso Criollo (y que en ese lapso, Alonso fue incapaz de construir un acuerdo que permitiera tener una Junta General Ejecutiva verdaderamente profesional y operante), lo cierto es que lo que a los diputados les interesa son otras cosas. En realidad, todos buscan saldar sus propias cuentas derivadas de la forma en cómo se integró ese Consejo General, en abril del año pasado.

Y es que, si bien se recuerda, en el acuerdo legislativo por el que Alonso resultó consejero Presidente del IEEPC, la fracción parlamentaria del PRI calculó mal sus posibilidades y se quedó fuera del reparto. Meses después, vino la integración de la Junta General Ejecutiva (que, se supone, es el órgano técnico del IEEPC, que debiera estar integrado no por “ciudadanos”, sino por profesionales de los asuntos electorales que pudieran enfrentar y desahogar los temas del Instituto) y con ello otra oportunidad perdida.

De nuevo, los partidos integrantes de la coalición se repartieron las Direcciones, acotaron el margen de Alonso Criollo a casi nada, y trataron de hacer que el Instituto funcionara correctamente casi por decreto. Ante ese panorama, los tumbos electorales que ha dado el Estado son perfectamente explicables.

Pero al final, con esta nueva reforma el PRI y las fuerzas coaligadas no hicieron sino construir el acuerdo sobre un nuevo reparto, sin entrar verdaderamente en el fondo de las necesidades democráticas que tiene la ley y la vida pública de Oaxaca.

OPORTUNIDAD PERDIDA ­

El pasado jueves, en declaraciones a TIEMPO, el diputado perredista Francisco Martínez Neri reconocía, respecto a la reforma electoral, que “faltó dureza, faltó carácter; no hay puntos trascendentes en la Reforma Electoral (…) En lo personal, no estamos tan a gusto con lo que se manejó, me hubiera gustado que hubiese recorte presupuestal, mayor equidad en el reparto del dinero y la gobernabilidad se hubiera planteado en otras circunstancias (…) se cumple lo dicho de que las cosas están al alcance de quienes las hacen y las reformas están ahí; lamento que el beneficiario sea el PRI, cuando había la manera de que los diputados de la coalición actuarán de distinta manera (…)En la coalición no hemos entendido que teniendo el poder hay que ejercerlo, y quien tiene el poder lo ejerce, impone condiciones como han actuado, pero a nosotros nos faltó”. ¿Qué trataba de decir el Diputado?

En términos llanos, lo que hizo Neri fue reconocer que la intención inicial de esta reforma era acotar los alcances del priismo en los procesos electorales, y que fracasaron. ¿Por qué fue así? Porque, por afanes políticos bien definidos, desde el inicio se quiso que esta reforma fuera votada favorablemente por todos los partidos. Pero el PRI nunca estuvo de acuerdo en que se reformaran ciertos términos de la ley relacionados con las coaliciones parciales, con las nuevas formas de fiscalización, y con temas como la paridad hombre/mujer de candidatos.

Esta reforma tenía intención de terminar de imponer las condiciones no de la vida democrática, sino del desmantelamiento de cualquier tipo de hegemonía priista, para imponer una nueva preponderancia ahora en favor de coaliciones como la que ahora gobierna y mantiene el control del Congreso.

Por esta arista dicen que la reforma fracasó. Pero fue así porque aún cuando eso se hubiera concretado, de todos modos no se tocaron otros puntos que sí eran esenciales para la democracia oaxaqueña. Ahí lo que arreglaron los partidos fueron sus repartos. La democracia puede seguir esperando.

FELICES 11 AÑOS

Desde este espacio enviamos un caluroso abrazo de felicitación a todos nuestros compañeros, que con esfuerzo conjunto hacen posible la edición diaria de TIEMPO. Hoy se cumplen sus primeros 11 años de vida. Felicitamos a nuestro director, Wenceslao Añorve Martínez, y a todos los que con tesón y talento han forjado esta historia de éxitos continuos dentro del periodismo oaxaqueño. ¡Enhorabuena!

+ Formato de la toma de protesta no soluciona nada

Quién sabe por qué los mexicanos tenemos cierta proclividad por la evasión de los problemas, antes que generar soluciones de fondo. Un ejemplo de eso se encuentra en la reforma política que esta semana fue declarada como válida en la Constitución General de República, en la que se modifican los supuestos en los que el Presidente Entrante puede rendir la protesta que marca la misma Carta Constitucional. La modificación bordea el problema, no lo resuelve.

¿Qué contiene esta reforma constitucional? Contiene parte de los puntos que propuso el propio presidente Felipe Calderón hace dos años, cuando propuso la inclusión de la iniciativa ciudadana, las candidaturas independientes, la iniciativa preferente del Presidente de la República, y otros mecanismos para hacer una democracia más efectiva.

Además, tal y como quedó la reforma también se estableció que habrá un mes más para el plazo de revisión a la Cuenta Pública anual, se estipuló la ratificación por parte del Senado de los integrantes de los órganos reguladores del Estado en materia de Telecomunicaciones, Energía y Competencia Económica, se establecen mecanismos de sucesión en caso de ausencia absoluta del titular del Poder Ejecutivo Federal y, lo que nos interesa en este momento, se establecen alternativas para la toma de protesta del Presidente de la República, ante los representantes de las Cámaras Federales e incluso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En este sentido, las modificaciones al artículo 87 de la Constitución incluyen la posibilidad de que el presidente electo tome protesta en cualquier lugar si no puede hacerlo en el Congreso de la Unión, sólo se requeriría la presencia de la Mesa Directiva de las Cámaras del Congreso o, en su defecto, ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Si por cualquier circunstancia el presidente no pudiere rendir la protesta (…) lo hará de inmediato ante las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión (…) En caso de que el presidente no pudiere rendir la protesta ante el Congreso de la Unión, ante la Comisión Permanente o ante las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión lo hará de inmediato ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, versan los dos párrafos que se añadieron al artículo 87 de Carta Magna. Sin embargo, no se dan indicaciones sobre el lugar de la toma de protesta, por lo que ésta podría realizarse en cualquier otro lugar físico, sólo con el requisito de que estén presentes quienes se mencionan en el texto.

En un primer momento, esta parece ser una solución irremediable para un escenario indeseable como el que vivimos los mexicanos en 2006, cuando los partidos de izquierda trataron de impedir que el presidente Felipe Calderón Hinojosa rindiera protesta ante la Cámara de Diputados. Aunque hubo una gran polémica por la forma en que debiera ocurrir ese acto, a todos quedaba claro que para que el Presidente tuviera plenamente esa investidura constitucional, era necesaria la protesta que contempla la propia Constitución de la República.

Sin embargo, más allá de que se pudiera estar haciendo un “amarre en el dedo antes de la cortada”, lo que queda claro es que de todos modos no hay una idea clara y concreta de lo que debiera ser una solución verdaderamente de fondo para eso. El choque entre el panismo y las izquierdas en 2006 se dio no sólo por el resultado de la elección presidencial, sino sobre todo por la falta de madurez de las fuerzas políticas, que no supieron procesar un momento tan complejo como ese, y reaccionaron poniendo en riesgo la institucionalidad en aras de defender, de uno u otro lado, el triunfo de sus respectivos candidatos.

LA INMADUREZ NO

SE CURA CON REFORMAS

En efecto, el 2006 marcó un momento por demás complejo para nuestra nación. Ante lo apretado del resultado electoral, todos querían tener la razón y trataron de defenderla aún a costa de lo que esto pudiera costarle al país. Ante las amenazas de boicot a la toma de protesta del nuevo Presidente de la República, todos optaron por tomar sus previsiones por la línea dura, y no a través de cualquier otro arreglo. Nadie estuvo dispuesto a ceder ninguna de sus posiciones (porque lo que se disputaba era el poder presidencial). Y por esa razón todos se fueron a tratar de defender sus posiciones teniendo como espada y escudo a la institucionalidad. Eso era inaceptable. Y eso no fue resuelto.

En esta lógica, ¿alguien cree que con esa reforma se podrá remediar una nueva crisis? Evidentemente no. Lo único que hace esa reforma es ampliar las posibilidades de la toma de protesta, pero no garantiza que esta se lleve plenamente a cabo, o que sea verdadera consecuencia de un proceso democrático y tolerante en el país. De todos modos, las adversidades y las afrentas que se abrieron entre facciones y partidos hace seis años continúa latente, y los vacíos que existen en las normas procesales y sustantivas en materia electoral, continúan haciendo viable la posibilidad de denunciar un fraude. Eso no fue resuelto por la reforma. Y por eso, aún con sus modificaciones, todo (todo) puede volver a ocurrir.

Pongamos un ejemplo. Aunque hoy el movimiento de Andrés Manuel López Obrador no tiene la aceptación popular de hace seis años. Sin embargo, aún con eso, el tabasqueño sí tiene a varios miles de incondicionales que, solos, sí podrían ser capaces de poder volver a poner en jaque la posibilidad de que el nuevo presidente tome protesta en cualquiera de los supuestos que contempla la reforma política promulgada por el presidente Felipe Calderón esta semana.

Eso demuestra que de todos modos el problema de fondo no está resuelto. No lo está porque de todos modos la crisis política continúa ahí, y lo único que se hizo fue maquillar el momento de la toma de protesta, pero sin dar un cauce a los problemas en que derivan cuestiones como la de la toma de protesta.

¿PROBLEMA SIN SOLUCIÓN?

La falta de entendimiento político parece ser un problema sin solución, al menos en nuestro país. ¿Cómo hacer que el partido perdedor acepte su derrota, si cayendo frente a otro por 200 mil votos, o por 4 millones, de todos modos dice que hubo fraude y que por esa razón hay que poner en riesgo la institucionalidad? La amenaza del boicot a la toma de protesta hoy de nuevo cobra vigencia. Por eso el problema de todos modos no está resuelto. Y por eso, esto parece ser un amarre en el dedo antes de la cortada.

+ Víctor Raúl… tumbos en el Cecyteo

Lamentablemente, nadie debiera sorprenderse de la reducción de recursos al Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca. Aunque éste es el único sistema educativo local que ha demostrado tener éxito, todas las señales durante la presente administración han apuntado hacia la determinación de reducir sus elevados costos, y de apartar del cargo a sus autoridades actuales. Funcionarios estatales y legisladores han cuestionado duramente a ese Sistema, pero ninguno ha dado pautas sobre cuáles son las alternativas que tiene el Estado ante sus intenciones de reformar al SUNEO.

En efecto, en declaraciones a TIEMPO, difundidas en su edición de ayer, el rector del Sistema de Universidades Estatales, Modesto Seara, reconoció que esa institución tendrá una reducción de 61 millones de pesos en su ejercicio correspondiente al 2013. Así, de los 561 millones de pesos que recibió en este año, para el siguiente sólo recibirá alrededor de 509 millones de pesos.

Seara mantiene una abierta confrontación no sólo con funcionarios estatales, como el secretario de Finanzas, Gerardo Cajiga Estrada, que han cuestionado el alto costo por alumno de ese Sistema, pero también con diputados estatales que incluso han ventilado la posibilidad de llamarlo a comparecer ante el Congreso para aclarar una serie de cuestiones que ellos consideran indebidas del Sistema de Universidades. Pareciera, pues, que Seara se encuentra en una franca ruta de desgaste en la que ya sólo faltará que llegue el momento para que le sea exigida su renuncia.

Y es que esta andanada de cuestionamientos no es nueva. De hecho, desde el mes de febrero pasado el secretario Cajiga Estrada opinaba que “…es necesario revisar el Suneo, porque por cada peso que aporta la Federación al mismo el estado pone cinco, lo que no sucede en ninguna otra institución educativa en el país…”; decía también que “…además presentan otras características poco favorables, como, por ejemplo, la relación alumno-maestro es inverosímil. ‘En algunas instituciones del Suneo por cada maestro de tiempo completo hay cinco alumnos’”; o que “en el caso del Suneo heredaron una estructura en donde por cada peso que está dando la Federación, ‘el estado pone cinco y desde luego nos interesa mucho la calidad educativa y queremos que esta se fortalezca’”.

Este es un cuestionamiento. El otro, es el que sostienen diputados como Flavio Sosa, quien esta misma semana propuso este miércoles al Congreso local solicitar la comparecencia del rector Seara Vázquez “con el fin de tener la posibilidad de dialogar con él de manera constructiva sobre acusaciones por posibles irregularidades laborales y en el manejo de recursos públicos.”

Mediante un punto de acuerdo, el legislador local señaló también la importancia de conocer la perspectiva del rector sobre la posibilidad de disminuir los costos de ese sistema, sea por reducción presupuestal o por el aumento de sus beneficios sociales, sin afectar al sistema, al modelo o su funcionamiento.

Todo eso, al final, no parece ser sino la preparación de los actos y elementos justificatorios para la fuerte reducción presupuestal que ya preparan contra el SUNEO, y para la salida —o el arrinconamiento total— del doctor Seara como cabeza general de las Universidades Estatales. Sin embargo, el problema de fondo no es ese en específico, sino que el gobierno estatal no tiene un “Plan B” frente a esa vocación de austeridad que demuestra ante el SUNEO.

ALTERNATIVAS DEMAGÓGICAS

Modesto Seara dice ser el culpable de la calidad educativa y la situación que prevalece en las instituciones educativas que componen el SUNEO. Justifica la inversión en la calidad de sus profesores, en la producción de investigación y en el hecho de que el 98 por ciento de sus alumnos no paga un solo peso por la instrucción que recibe. Y por eso dijo estar dispuesto a ir ante los diputados, o ante quien sea, para dar su versión de lo que son las Universidades Estatales.

Finalmente, los elementos de esta discusión no parecen ser sino los taquetes con los que pretenden apretar los tornillos de la renuncia de Seara. El problema es que, en realidad, esta cara disputa (y las decisiones que están tomando para presionar a Seara) entraña riesgos importantes que revelan la corta visión con la que están poniendo en riesgo un sistema educativo exitoso, en aras de ahorrar dinero, y de simplemente perpetuar el relevo en el mando del Sistema de Universidades Estatales.

Y es que más allá de Seara, ante una inminente reducción al SUNEO (en recursos, y por ende calidad y demás), ni el Gobierno ni los diputados han dicho cómo compensarán lo que intentan hacer. No lo dicen. Y, además, en ningún lado se ve que estén realizando esfuerzos, o que al menos tengan interés en fortalecer la UABJO o cualquier otro sistema público de educación. Por eso, parece evidente la intención sobre el Rector, aunque ello signifique una especie de trueque de todo por nada.

En eso deberían estar preocupados todos los que se escandalizan por el gasto del SUNEO, que consideran excesivo. ¿Cuánto costaría rescatar a la UABJO y colocarla en un nivel cuando menos cercano al que tiene hoy el SUNEO? ¿En qué consiste un posible plan alternativo para generar ahorro en el SUNEO, sin sacrificar la calidad educativa que ha alcanzado? ¿Ese supuesto interés no tiene como telón de fondo la voracidad de quienes, desde la Coordinación de Educación Superior y Media Superior, ya sueñan con manejar el SUNEO? Esas preguntas hasta hoy no tienen respuesta.

TUMBOS EN EL CECYTEO

¿Saben por qué, hace unos días, hubo una agria protesta del MULT en las oficinas centrales del Cecyteo Aquí la historia: Dicen que, por miedo, Víctor Raúl Martínez autorizó dos centros educativos, uno en la comunidad de El Rastrojo, y otro en La Sábana, de la zona triqui. Ésta última población es controlada por Ubisort, y apenas tiene unos 600 habitantes. Pero aún así, con una población escolar potencialmente baja, fue autorizado. El problema es que el Cecyte de El Rastrojo —que fue gestionado por el MULT con el anterior Director, que fue comprometido por el propio Gobernador, que tenía como propuesta base la conversión de la preparatoria de la población en Cecyte, y que fue apalabrado con la población para iniciar trabajos en este ciclo escolar—, simplemente no tiene avance alguno. El MULT ya amenaza con movilizarse a causa de esto. Pero Martínez dice que todo son calumnias. Lo cierto es que se engaña solo. ¿Esperarán a que haya violencia para obligarlo a decir la verdad?