+ Desincorporación del poder, ¿de veras es posible?

Independientemente de la militancia o el color del partido, es evidente que Oaxaca no puede deshacerse de una figura tan llena de claroscuros como la del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz. ¿Por qué si éste tiene una de las imágenes más repulsivas y rechazadas en la política nacional, aquí sigue siendo uno de los principales iconos de la política partidista (ahora desde la oposición), e incluso podría estarse enfilando hacia una posición legislativa en las cámaras federales?
A Ulises Ruiz le ocurre en Oaxaca más o menos lo mismo que a Humberto Moreira en Coahuila. Aunque en el ámbito nacional fueron descubiertos innumerables actos indebidos, y su imagen quedó desgastada al grado de ser auténticos personajes impresentables en cualquier otra democracia que no fuera la nuestra, hoy ambos siguen siendo personajes fundamentales, fieles de la balanza dentro de los territorios y las representaciones partidarias que controlan, y sus partidos les siguen reconociendo una ascendencia determinante, que hasta podría colocarlos, a ambos, en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados, como legisladores electos por la vía de la representación proporcional.
¿De dónde surge esa ascendencia? Porque queda claro que ni uno ni otro han sido grandes patriotas, ni han sido constructores fundamentales de nuestra democracia actual, e incluso tampoco fueron gobernantes esenciales para el bienestar de sus entidades federativas, y mucho menos marcaron rumbos o tendencias dentro del partido que hoy, sin embargo, los sigue considerando tanto como si siguieran siendo parte de sus mejores cuadros.
Les guste o no, lo acepten o no, en el caso de Ruiz, éste tuvo una gestión marcada por la opacidad, la soberbia, los excesos y el autoritarismo; y en el caso de Moreira, en su administración en el gobierno de su entidad hubo una desmedida proclividad hacia el populismo, y una enorme irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. Por eso, éste se hizo momentáneamente apreciado por su electorado, pero a un enorme costo que tendrán que enfrentar las generaciones de coahuilenses.
La respuesta a esta aparente contradicción se encuentra en las aportaciones y el financiamiento que éstos, y casi todos los gobernadores priistas, han hecho de sus representantes en el Comité Nacional de su partido y en las cámaras federales. Aunque es un aspecto moral y éticamente reprobable, es claro que políticamente ha sido de gran beneficio para los gobernadores priistas, financiar a quienes se supone que después serán los “flotadores” de su supervivencia política, y hasta les permitirán el regreso al poder. Quien no comprende eso, tampoco puede entender la insólita supervivencia de personajes como Moreira y Ulises Ruiz.
Cuando era gobernador, Ulises Ruiz usaba a plenitud el poder y los recursos públicos a su alcance. Durante su gestión, él se encargó de financiar e impulsar a personajes priistas potencialmente competitivos, en entidades federativas en donde gobernaban partidos de oposición. La intención era tener la mayor cantidad de diputados afines en la Cámara federal, y tratar de ese modo de conseguir las mejores condiciones en el trato con el gobierno federal, y también los más adecuados mecanismos de presión para conseguir lo que se proponía frente a sus oponentes, dentro y fuera del partido, dentro y fuera de la cámara, y frente a cualquier otro poder.
En ese mismo sentido se explica que el ex gobernador Ruiz fuese uno de los mayores impulsores de Humberto Moreira en la búsqueda de la dirigencia nacional priista, y de que, además, éste se encargara de “becar”, financiar, reciclar y respaldar a innumerables personajes de ascendencia dentro del priismo, independientemente de que en ese momento estuvieran o no en cargos partidistas de relevancia. Finalmente, todo lo entendía como una inversión a mediano plazo que, en esta política cíclica de “sube y baja”, podría cobrar ante nuevas aspiraciones, o ante la puesta en peligro de su supervivencia política.

PROBLEMA ESTRUCTURAL
Éste, sin embargo, no es sólo un problema de mañas, sino una falla estructural de nuestro sistema federal. Está a la vista de todos, que los gobernadores hoy pueden hacer y deshacer a su antojo sin que exista poder, institución o factor que se les ponga enfrente, o que al menos les pueda hacer un contrapeso.
Eso es lo que les ha dado la posibilidad a ciertos mandatarios astutos, de abonar desde sus gobiernos al crecimiento o las fallas de su partido. Y es lo que les permite hoy seguir en política, independientemente de que sean o no personajes aceptados popularmente, o con elementos para construir una mejor democracia en los temas que nos incumben a todos.
Hoy, por todo eso, a quien entiende los juegos de la política no sorprende que haya mandatarios y ex mandatarios fuertes al interior de sus partidos, que sin embargo tengan pésimas reputaciones frente a todos los demás ciudadanos y grupos de poder. Ese es, al final, uno más de los efectos del raro “feuderalismo” que existe en nuestro país, que le permite manejar a su antojo los recursos de esos feudos, a quien “democráticamente” tiene el control de ellos, y les permite sobrevivir políticamente a partir del monopolio de la democracia que tienen los partidos políticos, aunque no por sus grandes aportaciones democráticas, ni por ser personajes a quienes la ciudadanía exige y respalda para continuar involucrados en los asuntos que incumben a todos.
Por eso, no nos sorprendamos cuando, dentro de un año, veamos a varios de esos personajes posiblemente figurando entre los candidatos, o cuando menos decidiendo el futuro de su partido dentro de la entidad federativa que, al menos en el ámbito partidista, continúa controlando como un feudo.
Al final, queda claro que lo que importa en estos temas no es ni la democracia ni la voluntad popular: vale el “respeto” que los partidos le tienen a las inversiones hechas en ellos por estos personajes. Todo esto, aunque, claro, ese respeto no necesariamente implique que las decisiones tomadas sean las más atinadas para el partido y el grupo político del dueño póstumo del feudo.

DESTINO PREDECIBLE
Más allá de los intentos de los renovadores, eso es lo que ocurrirá en Oaxaca. Moreira, Coldwel o quien fuese líder nacional del PRI, de todos modos permitiría que el todavía Señor Feudal del priismo local, decida. Aunque esto sea para reiterar errores, y para mal de todos los priistas. ¿Apuestan?

+ Sapiencia dejó de ser esencial; todo se basa en imagen

Dentro de las frases que de forma infaltable dice un gobernante al tomar posesión de su responsabilidad pública, es que para llevar a cabo las funciones del Estado se rodeará de “los mejores hombres y mujeres” con las que cuenta la sociedad. No obstante, hoy podemos darnos cuenta que si los vicios del pasado en la designación de las tareas públicas se centraba en el “amiguismo”, el “compadrazgo” o el “dedazo”, hoy mucho de eso parece estar determinado por la imagen, y por la manipulación de la voluntad de los electores que se ejerce desde ella.
En efecto, los libros de historia cuentan que, por ejemplo, la Convención de Filadelfia, de la que emanó la Constitución Política de los Estados Unidos de Norteamérica, estuvo integrada verdaderamente por los mejores hombres, los más preparados de aquellos tiempos.
Entre ellos, se sabe, había políticos, abogados, profesores y hasta ex rectores de universidades de aquellos tiempos (entre ellos George Washington, Benjamín Franklin, y los posteriores autores del libro referencial “El federalista”, Alexander Hamilton y James Madison). El resultado fue un documento constitucional que refleja un conocimiento excepcional por parte de sus creadores, además de una absoluta sensibilidad respecto a los problemas, aspiraciones y formas de organización del pueblo estadounidense.
Algo similar ocurre con el Congreso Constituyente Mexicano de 1857. A él, fue convocado un grupo de personajes que, por su ascendencia no sólo en el mundo de la política, es aún reconocido hoy como el más importante constituyente que ha tenido nuestro país, porque de él emanaron las bases fundamentales que luego se refrendarían en la Constitución de 1917, y consolidarían el régimen institucional y democrático en el que aún hoy seguimos transitando.
Y cómo no pensar en que ese Constituyente estuvo lleno de hombres trascendentales para la vida nacional. A ese Congreso acudieron para discutir el futuro de la nación mexicana, hombres de la talla de Ponciano Arriaga, Santos Degollado, Valentín Gómez Farías, Jesús González Ortega, José María Lafragua, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, Ignacio Luis Vallarta y Francisco Zarco, entre otros.
El resultado de esas grandes obras es épico, así como de algún modo lo fueron los gobiernos integrados por grandes hombres que, además de tener las habilidades políticas propias para el desempeño de los cargos públicos, además habían sido brillantes abogados, politólogos, periodistas, escritores, historiadores, poetas u hombres de ciencias, pues esas solas cualidades los reputaban como hombres preparados para la vida y la función pública. Muchos de ellos, aunque no todos, honraron esas presunciones y legaron grandes episodios, leyes o disposiciones que sí, en efecto, transformaron la situación del país y trascendieron al solo momento en que ocurrieron, para inscribirse en la historia.
Incluso, hace no tanto tiempo, y aún cuando los presidentes mexicanos ya no tenían gestiones tan épicas como las de antaño, y cometían innumerables errores y excesos en las tareas de gobierno, sí tenían importante ascendencia en sus áreas profesionales, y esa era una de las cartas de presentación que los ponía en posición de hacer política.
Hasta antes del presidente Vicente Fox, e independientemente de su reputación o resultado como políticos, todos los presidentes mexicanos habían sido destacados académicos, autores de libros, conferencistas, referencia de estudios académicos, y destacados alumnos de las mejores universidades y centros de estudio del mundo.
Sin embargo, tal pareciera que lo que ocurre es que la política mexicana está viviendo un proceso inversamente proporcional al de todas las áreas de desarrollo: mientras éstas exigen cada vez un mayor grado de profesionalización y eficacia, la política se ha inundado de personas que simplemente tienen buena imagen, pero que no tienen ninguna referencia en cuanto a eso. Y aunque pueda decirse que un buen promedio, o un título de una universidad afamada, no necesariamente hace a un buen político (como en el caso del presidente Carlos Salinas de Gortari), lo cierto es que esa siempre debería de ser una referencia política obligada, para dejarlos pasar al máximo cargo que existe en el país.

TODOS MAL
Hace exactamente ocho días, el aspirante presidencial Enrique Peña Nieto resbaló en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La historia, a estas alturas, la sabemos todos: el ex Gobernador del Estado de México acudió a presentar un libro que, se supone, él escribió, y al terminar la presentación un periodista le preguntó cuáles eran los tres libros que habían marcado su vocación por la política. Peña, bien lo sabemos, no pudo hilar los tres nombres que le pedían, se enredó, olvidó a autores y libros. Y terminó provocando un desastre.
Sus enemigos políticos, y la ciudadanía en general, no tardaron en hacer leña de un árbol que apenas estaba en riesgo de caer. Por su naturaleza de impactar en los segmentos de personas más con más información y preparación académica, las redes sociales como Twitter fueron particularmente incisivas con él. No obstante, más allá del efecto que tuvo el desliz, y la burla de que fue objeto Peña Nieto, algo quedó claro: que todos sus contrincantes están más o menos en las mismas circunstancias.
La evidencia también estuvo a la vista. El aspirante panista, Ernesto Cordero, erró al querer rematar a Peña Nieto. Y Andrés Manuel López Obrador evitó, hasta ayer viernes, referirse al tema, quizá previendo que al hacerlo con exceso, “alguien” pudiera revivir esos reportes de calificaciones en los que se da cuenta que él ni fue un buen estudiante, ni fue tan brillante como pudiera pensarse, que tardó muchos más años de los debitos inscrito en la universidad y que, incluso, ni siquiera pudo concluir la carrera que inició.

IMPERIO DE LA IMAGEN
Sin embargo, el peñanietismo no se preocupa: sabe que las clases educadas que tundieron al aspirante presidencial, son insuficientes para mermar su popularidad. Saben que, finalmente, la televisión y la radio suplirán esas deficiencias. Y que, finalmente, de todos modos podrán salir bien librados de ese y otros embates que, por razón de su cuestionable condición intelectual, puedan hacerle al abanderado priista. La imagen, pues, construyendo la imagen que no se pudo hacer con nada más.

+ Diputados “soberanos”: no hay frenos ni control

Ofenden, pero no sorprenden, los excesos en que incurren los diputados de la LXI Legislatura en Oaxaca. Hasta hoy, los señores legisladores han tratado de hacer todo por controlar y evaluar a los demás, pero ellos se han resistido a cualquier intento de poner orden en su misma casa. Por eso todos ganan mucho, todos producen proporcionalmente menos de lo que ganan. Y por eso mismo, nadie quiere dar paso a un verdadero esquema de evaluación de su trabajo. Ven siempre, pues, la paja en el ojo ajeno pero no ven la viga en el propio.
Los datos dados a conocer por TIEMPO en su edición de ayer, son elocuentes: un diputado gana alrededor de doscientos mil pesos al mes, al sumar su dieta con las ayudas diversas que recibe para el desempeño de sus funciones. Eso es lo que, en términos llanos, percibe un legislador local, en el estado más pobre y marginado del país. Ante tal desproporción de cara a la realidad social de Oaxaca, debemos preguntarnos de dónde surgen esos excesos. Y sin duda, la respuesta no gusta a muchos.
Pareciera, en un primer momento, que ese es el costo de la “soberanía” y la “democracia” del Poder Legislativo. Soberanía porque los diputados están más allá de cualquier evaluación. Y democracia, porque independientemente de que sea mucho o poco el dinero que perciben y que gastan en el desempeño de sus funciones, los montos, las asignaciones y la comprobación de esos recursos, es consecuencia de una serie de consensos, arreglos y contraprestaciones, que no siempre están apegadas ni a la ley, y mucho menos a la responsabilidad que, se supone, debía ser un valor fundamental entre ellos.
Esos doscientos mil pesos que mensualmente percibe un legislador, es consecuencia, además de una “democrática pluralidad” en la que existen repartos consensados de los recursos económicos, y en los que cada fracción parlamentaria recibe lo acordó para gastarlo libremente como mejor le parezca. El acuerdo tácito, en ese sentido, parece radicar en el hecho de que todas las fracciones disponen libremente, y a cambio de esa disposición libre nadie le pide ni le rinde cuentas a nadie. Por lo que todas pueden hacer lo que les venga en gana con sus recursos.
Todo esto entraña dos problemas fundamentales. El primero de ellos, es que proporcionalmente los diputados nos cuestan muchísimo dinero, tanto en relación a su desempeño como a sus resultados; y el segundo, radica en el hecho de que no existe mecanismo alguno para que nosotros, los ciudadanos, podamos hacer una evaluación más o menos clara de esos personajes que, justamente, tienen como su mejor pasatiempo el de cuestionar y remarcar los errores y las deficiencias de todos los integrantes de los poderes públicos.
Si vemos ese asunto en perspectiva, podremos darnos cuenta no sólo que, en ámbito estrictamente material, los diputados no tienen freno ni contrapeso en su relación con la ciudadanía; y que tampoco existe forma de que sus excesos sean contenidos a través de mecanismos democráticos. Se aprovechan del desinterés ciudadano para hacer lo que les venga en gana. Y lo hacen, además, porque no existe forma alguna de que alguien pueda exigirles conductas distintas o apego a los principios políticos que debieran guardar todos los representantes de una fuerza política.

SOBERANÍA TORCIDA
Los legisladores tienen entera libertad para determinar su salario y prestaciones, así como el gasto público en general que tenga disponible el Poder Legislativo. Además, una vez electos, sobre los diputados no pesa mecanismo alguno para premiarlos o castigarlos por su desempeño. Y durante éste, los mismos legisladores se han resistido a establecer indicadores claros para medir su actuación, sus resultados y su eficacia en el cumplimiento de las metas que propusieron a la sociedad. Es decir, que pueden hacer lo que quieran, cuando quieran, como quieran y, además, si quieren. Y si no, no pasa nada.
En ese sentido, es lamentable que en Oaxaca no haya permeado aún la inconformidad ciudadana por los excesos del Poder Legislativo. Es lamentable que, en ese sentido, los diputados sigan ganando mucho y teniendo infinidad de privilegios, y que al ciudadano eso no le importe. Y es justamente ese desdén el que alimenta la acumulación de privilegios excesivos, y la resistencia a revisar y eliminar algunos de ellos no sólo en aras de ahorrar, sino también de no ofender a los cientos de miles de oaxaqueños que sobreviven en condiciones excepcionales de marginación y pobreza.
Pero además, ese tipo de excesos por parte de los diputados, prueba otra cosa: que no le tienen miedo al castigo ciudadano. Y no le temen a eso, simplemente porque nosotros los ciudadanos no tenemos forma de reprocharle a nuestro legislador por sus conductas o desempeño. Porque una vez que fue electo y asume su cargo, lo que recibe es una suerte de cheque en blanco, en el que queda bajo su responsabilidad si desea ser un diputado productivo, o ser un vegetal que sólo asista a las sesiones pero que nunca proponga ni incida en nada. A partir de entonces, el ciudadano se vuelve un actor pasivo que sólo puede observar, pero sin hacer algo más para exigir resultados a quien eligió como su representante popular.
Quizá por eso mismo, los diputados se resisten a establecer mecanismos claros y actuales de evaluación. Hoy, lo que acostumbran ofrecernos es una serie de cifras sobre reuniones, puntos de acuerdo e iniciativas presentadas, pero nunca nos permiten saber si esa actividad tiene alguna incidencia real sobre las condiciones de vida de sus representados, si alguna de sus propuestas mejoró de forma efectiva alguna situación en específico; o si realmente sus intereses como legislador son concordantes con las necesidades que la ciudadanía pretende que sean discutidas y resueltas por los legisladores.

VOCACIÓN LEGISLATIVA
Por todo ello, sería ideal que los diputados trabajaran más y tuvieran menos privilegios. No se trata de que los poderes legislativos se reduzcan, sino que su actividad sea más proporcional con sus ingresos, y sus ingresos más proporcionales con su efectividad y desempeño. Los excesos actuales son consecuencia de la falta de mecanismos de contención, y de la forma en cómo ellos mismos han confundido y desnaturalizado las facultades soberanas que tiene el Poder Legislativo. Por eso, aunque ofende, no sorprende que los diputados ganen tanto y retribuyan tan poco a la democracia en Oaxaca.

+ PWF debe responder con eficacia, no con evasivas

Hace meses, cuando se anunció el inicio de los procedimientos judiciales en contra de una treintena de funcionarios de la gestión del gobernador Ulises Ruiz, en este espacio se advirtió sobre el riesgo de que la realización incorrecta de las auditorías y las averiguaciones previas, podría derivar en un efecto boomerang que afectaría gravemente a la imagen y los intereses del gobierno en turno. Hoy, cuando el tema público potencialmente atractivo es el de las campañas proselitistas, este asunto debe ser un dolor de cabeza para aquellos que ya ven, en el fracaso de las acusaciones, una inmejorable bandera del priismo para sus campañas electorales.
En efecto, desde un inicio hubo dudas importantes respecto al trabajo que se realizaba en la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno estatal. En primer término, la misma administración estatal había inflado las expectativas de la ciudadanía, respecto del acto de justicia que constituiría la posibilidad de meter en la cárcel a los personajes a quienes, en la efervescencia electoral, se les acusaba de haber saqueado las arcas del Estado. Las dudas, sin embargo, surgían del hecho mismo de que no se advertía un trabajo verdaderamente eficaz para detectar las irregularidades y, en base a ellas, formular correctamente las acusaciones ante los tribunales competentes.
El primer gran error de este asunto consistió justamente en que el gobierno estatal impuso el matiz político, en una cuestión que debía ser estrictamente jurídica. Sólo la Secretaria de la Contraloría supo el nivel de calidad con el que hicieron las auditorías respectivas. Y luego cometió un error fundamental al dar a conocer, casi con vociferaciones, los nombres de los implicados, acusándolos indebidamente por las “confabulaciones” en que, según la Contralora, incurrieron para saquear las arcas estatales.
Esos dos errores podrían ser cruciales. La politización deliberada de un tema jurídico, y la publicación de nombres, fueron los dos factores que desde el inicio enredaron este asunto y que, en combinación con posibles deficiencias, podrían terminar en un desastre.
¿Por qué? Porque la Contralora prefirió exhibir los montos y los posibles responsables como un triunfo anticipado ante la opinión pública, pero sin tener la seguridad plena de que, al final, los proceso administrativos y judiciales terminarían tal y como comenzaron: señalando montos millonarios de dinero, y con una treintena de ex funcionarios inhabilitados administrativamente, sentenciados condenatoriamente por peculado, desvío de recursos, abuso de autoridad y otros delitos que pudieran configurarse por los delitos cometidos en el ejercicio de funciones administrativas.
Hoy la contralora comienza a cambiar el discurso. Sabe que la lluvia de amparos fue consecuencia de su error al dar a conocer anticipadamente los nombres de los señalados —y no del hecho de que los acusados estén recurriendo a juicios de garantías, porque así como ella tiene el derecho de acusar, los otros tienen el mismo derecho a defenderse, aún siendo responsables—; y hoy sabe también que sus ruidosas acusaciones podrían terminar en el bote de la basura, no porque los acusados sean unas blancas palomas, sino porque sus procedimientos podrían no estar tan bien sustentados como ella dice, y por lo tanto no pasar por la prueba de la constitucionalidad, una vez que sean sometidos ante la jurisdicción de los tribunales federales.
Y de nuevo: el asunto no es político, sino de eficacia en los litigios. Y ahí la contralora Woolrich podría perder definitivamente una batalla, que mediáticamente ha ganado (incluso en el ámbito nacional) gracias a la inversión en gacetillas, y al sensacionalismo y atracción que tienen las acusaciones en contra de funcionarios de un gobernador repudiado, como lo es Ulises Ruiz frente a Oaxaca, y al país.

BANDERA POLÍTICA
Lo ideal sería que las auditorías tuvieran la solidez suficiente como para poder sostener, frente a cualquier tribunal, las acusaciones que anticipadamente ha hecho la contralora. Lo ideal habría sido que los señalamientos iniciales (de que el quebranto patrimonial superaba los tres mil 200 millones de pesos) pudieran ser constatados en sentencias firmes, y que entonces sí no sólo los señalados, sino también el gobierno y el grupo de poder para el que sirvieron, pagaran el costo judicial, económico y político del saqueo que perpetraron. El problema es que la historia es distinta.
Hoy la misma contralora Woolrich Fernández reconoce que los montos por los que inicialmente se acusó a los ex funcionarios, ha ido disminuyendo en la medida en que algunos de ellos han comenzado a solventar las observaciones de las auditorías. Varios de ellos, además, tienen como uno de los argumentos para su defensa legal, el hecho de que la dependencia acusadora no les ha permitido acceder a los expedientes de auditoría para solventar las irregularidades.
Y en más de un expediente instaurado por la Contraloría, existe la certeza de que será derrumbado cuando llegue a los tribunales judiciales, por su deficiente integración. Esto, al final, haría un acto de justicia lleno de claroscuros: porque así como la contralora Woolrich acusó sin pruebas y sin fundamentos sólidos, más de un acusado podría ser exonerado no porque no se haya robado un peso de las arcas estatales, sino porque el órgano acusador (la Secretaría de la Contraloría y la Procuraduría General de Justicia del Estado) no tuvieron la capacidad suficiente para sostener las acusaciones y dar pruebas sólidas de sus señalamientos.
No son aisladas las posibilidades de que esto ocurra. Y si llega a pasar, esta será una bandera inmejorable de victimización para los adversarios políticos del gobierno actual. Ya podemos imaginarlos, no sólo ahora alardeando sobre la fallida persecución en su contra, sino también presumiendo que, en la verdad legal, ellos sí son las blancas palomas que en realidad nadie cree que son, pero en lo que nadie les pudo comprobar lo contrario. Eso sería toda una desgracia.

MAOH, EN CAPILLA
Por cierto, el tema de Miguel Ángel Ortega Habib y las persecuciones que pesan en su contra, son tema aparte. Es un asunto que, en realidad, rebasa al ámbito estatal y podría inscribirse en investigaciones de otra naturaleza que, sin ninguna duda, harán parecer sin mayor importancia a cualquier acusación que le haga el gobierno de Oaxaca. Ya lo veremos.

+ Diputados lucran con función, pero no se comprometen

Ayer iniciaron las comparecencias de secretarios de la administración estatal ante el Congreso del Estado, como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno. Ese acto, que para muchos ilusos puede entrañar democracia y rendición de cuentas, en realidad no es sino un circo en el que se ve y se escucha de todo, pero que, objetivamente, no sirve para nada.
Si los legisladores locales se jactan de ser realmente democráticos y comprometidos con las causas ciudadanas, debían de avergonzarse del formato planteado para estas primeras comparecencias, y por ende debían también tomar medidas para evitar este grosero circo en el que únicamente se agrede a la sociedad oaxaqueña. Veamos si no.
Ayer por la mañana, inició el ciclo de comparecencias con el secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, Salomón Jara Cruz. Tanto su participación en ese ejercicio, como la de los diputados, dieron cuenta puntual de lo que será esta supuesta evaluación legislativa del trabajo de las dependencias estatales, y de la enorme oportunidad de hacer algo positivo por Oaxaca que, como en muchas otras ocasiones, están desperdiciando a la vista de todos.
Y no. El problema no sólo radica en el hecho de que las comparecencias sean un auténtico circo, sino sobre todo en el hecho de que éstas no tienen impacto alguno en la evaluación del trabajo realizado, o en el establecimiento de compromisos sobre las deficiencias. No. Las comparecencias sirven sólo para que los diputados se luzcan señalando, cuestionando y descalificando a los servidores públicos, y para que éstos vayan e informen lo que les viene en gana.
En ese sentido, fue demostrativa la comparecencia del secretario Jara Cruz. Desde el inicio se estableció que el formato de la comparecencia incluiría una primera intervención del funcionario, para después escuchar los posicionamientos de diputados representantes de cada una de las fracciones parlamentarias integrantes de la Comisión, quienes podrían hacerle hasta tres preguntas. Finalmente, tendrían derecho a participar los diputados en iguales circunstancias, teniendo el funcionario la obligación —se supone— de responder a los cuestionamientos de los representantes populares.
Esas fueron las condiciones de la primera comparecencia, y seguramente serán las de todas las siguientes. En ese sentido, el secretario Jara Cruz llegó al Congreso a hacer una exposición simple y escueta de su primer año de trabajo y, como luego se lo señalaron los diputados, su comparecencia no sirvió sino para hacer una relectura de lo que ya se había asentado en el documento que contiene el Primer Informe de gestión del gobernador Gabino Cué.
Luego escuchó los reclamos tanto de los diputados opositores del PRI, como de los integrantes de la Coalición Legislativa. De hecho, y para sorpresa de los presentes, fueron mucho más críticos los diputados coalicionistas que los opositores. Representantes de por lo menos tres de las fuerzas coaligadas le pidieron su renuncia al cargo. Todos, sin excepción, le reprocharon su falta de resultados, y le formularon preguntas sobre su desempeño que, al final, éste optó por evadir, por confundir o simplemente por quedarse callado.
Fue, como era previsible, mucho “bla, bla, bla”, y mucho circo político para regodeo de quienes sienten que tienen todo el poder en las manos; pero al final todos —el funcionario compareciente y sus examinadores, los diputados de las comisiones de Pesca, y Agropeacuaria, Forestal y Minería— se fueron a casa quizá satisfechos por haber contribuido a que esos cuestionamientos, exigencias, ataques y recriminaciones hubiesen quedado sólo para la anécdota; pero, por un lado, que el campo, la pesca y la producción agrícola de la entidad, siga tan mal como siempre; y que, por el otro, el funcionario siga tan campante e impune en su cargo, también como siempre.

COMPARECENCIAS “CHIMUELAS”
Las comparecencias, en las condiciones actuales, no tienen ninguna utilidad real. De nada sirve que cuestionen, señalen y hasta intenten defenestrar a un funcionario, si al final de todos modos la comparecencia no sirve para establecer compromisos a cumplir en un tiempo determinado (so pena de ser separado del cargo ante un incumplimiento), ni es un método para coaccionar al funcionario a un mejor desempeño; y mucho menos es resultado de un trabajo conjunto, verdaderamente en comisiones legislativas, entre los representantes de la administración pública y los diputados locales.
Las comparecencias, en esa circunstancia, no son sino un circo. El bajo perfil de los diputados, y la deficiente forma en la que comparecen los servidores públicos, inhibe en sí mismo la posibilidad de que la presencia del funcionario en el Salón de Plenos sea para una verdadera evaluación ciudadana, y para un auténtico cuestionamiento de los representantes populares. Es decir, que como una suerte de mecanismo de control político entre los diputados y el gobierno, este ejercicio es un poco más que inservible.
Además, las vociferaciones, las burlas y las exigencias de renuncia no sirven de nada, si los diputados no pueden exigir hechos o resultados concretos a los funcionarios, y si tampoco tienen herramienta alguna para ejercer cierta presión o coacción tanto para que informe del estado real en que se encuentra la dependencia a su cargo, como para que se obligue a cumplir con ciertos deberes en los que ha incumplido, en no lo ha hecho satisfactoriamente, o en los que debe mejorar para seguir mereciendo continuar en la responsabilidad.
Sin embargo, como nada de eso existe, todos en la comparecencia reían. Reía el secretario Jara Cruz como gesto de impunidad frente a los legisladores que lo cuestionaban, pero que no podían hacer absolutamente para obligarlo a modificar una sola de las conductas o deficiencias reprochadas. Y también reían los legisladores, cuando lo señalaban, cuando se burlaban, o cuando le reprochaban libremente por su ineptitud, por su falta de resultados, e incluso por sus antecedentes como protagonista de la pintoresca grilla local.

¿MUCHA DEMOCRACIA?
Evidentemente, el resultado es pésimo. Así irá al Congreso, cada uno de los funcionarios llamados a la glosa. Y así, al final, todos dirán que cumplieron con la ley. Pero, ¿habrán cumplido con Oaxaca, y con una ciudadanía que espera más hechos concretos, y menos circo, de quienes tienen en sus manos las tareas del Estado? Seguramente no.

+ Fracciones legislativas: nulidad en “democracia”

El año pasado, el Presupuesto de Egresos del Estado fue aprobado en el Congreso del Estado por una mayoría conformada por los partidos de coalición, pero no contó ni con la aprobación, ni con el aval, ni con la participación de la fracción parlamentaria del PRI. Un año después, quedó claro que en el manejo de los recursos el gobierno estatal asumió plenamente —y a veces hasta con excesos— las facultades que le confiere la ley. Pero también quedó claro que, en eso, no hubo consideraciones de ningún tipo ni para quienes avalaron la ley con su voto, y mucho menos para quienes la convalidaron con su ausencia. ¿Ocurrirá algo parecido para 2012?
El año pasado, la recurrente ausencia priista del salón de plenos del Poder Legislativo, y su resistencia a participar de la discusión y aprobación de innumerables temas vitales para la vida pública de la entidad, de algún modo podía comprenderse en las inestabilidades propias de una fracción que pasó, sin escalas intermedias, del total control por parte del líder hegemónico, a una completa soltura y autonomía de sus integrantes. De ser tradicionalmente “homogéneos” —por deberle todos la curul a una sola persona— y disciplinados, pasaron a ser representantes de distintos intereses y grupos que confluyen al interior de la fuerza partidista a la que todos pertenecen.
Aparentemente, la razón por la que el PRI no asistió a sesiones tan trascendentales para sus intereses, como la de la discusión del gasto público para 2011, se debió a la falta de acuerdos internos en su fracción parlamentaria, aunque en el fondo siempre quedó la idea de que esa ausencia había sido una forma decorosa y “políticamente correcta” de convalidación del proyecto de gobierno que entonces iniciaba, aparentemente sin meter las manos.
En medio de todo esto se encontraba un factor fundamental de inestabilidad: el líder moral de su grupo (el ex gobernador Ulises Ruiz) tenía una confrontación total con el nuevo gobierno; pero a la vez había una percepción generalizada de que los diputados locales priistas de la LXI Legislatura, no querían ni comprar ese lío ni padecer las consecuencias de una confrontación directa con el nuevo gobierno.
Por eso, en esa y otras decisiones optaron por el colaboracionismo en diferentes formas. En unas ocasiones optaron por no aparecer en las sesiones; en otras adujeron acuerdos con las otras fracciones parlamentarias. Y en otras más no dieron una sola explicación, sino que de forma individual o colectiva acordaron el sentido de su voto, la conveniencia que éste implicaba, y lo hicieron.
Eso era exactamente lo mismo que ocurría con las otras fracciones parlamentarias. Argumentando la coalición legislativa que anunciaron al inicio de la Legislatura, éstos decidieron votar en el sentido de apoyar las propuestas del Gobernador del Estado. Ello quedó de manifiesto en votaciones directas como la que ocurrió justamente cuando aprobaron el proyecto de presupuesto para 2011.
Los diputados aseguraron haber discutido y analizado individualmente la propuesta, y la sometieron a votación sin necesidad por el proceso deliberativo que, se supone, debía haber para participar en la orientación del gasto, y para garantizar que los intereses sociales defendidos por su partido quedaran también incluidos en el ejercicio presupuestal para el siguiente año.

¿VOTAR SIN ANALIZAR?
Nadie duda que la dependencia que encabeza el secretario Gerardo Cajiga Estrada sepa hacer proyecciones presupuestales. Incluso, nadie duda que lo que él quiere, en nombre del Gobierno del Estado, es el mejor aprovechamiento de los recursos económicos con los que cuenta la entidad, y que esa sea la lógica y motivación del paquete económico que ayer presentó al Congreso.
Sin embargo, ¿esas presunciones —fundadas, sin duda— son suficientes para que los representantes del pueblo oaxaqueño en el poder público, omitan discutir, analizar e incluso incidir públicamente en el presupuesto que se proyecta para Oaxaca? Aún tomando en gran consideración la buena fe del gobierno estatal, y la posible prestancia del secretario Cajiga Estrada, la respuesta a todo esto debe ser “no”.
Esto porque, en principio, no es saludable que la fracción parlamentaria del PRI siga siendo, como lo fue el año pasado, una comparsa silenciosa de los intereses gubernamentales. Porque, además, no es propio ni correcto de una democracia en construcción, que la representación popular decida aprobar de antemano un tema que, como el económico, es fundamental no sólo para el proyecto político o el gobernante, sino fundamentalmente para la gobernabilidad democrática y para la atención de la desigualdad y los problemas sociales más sentidos que tiene la entidad. Esto no es correcto, ni siquiera en un “gobierno de coalición” como el que se jactan de haber conseguido el titular del Poder Ejecutivo y los partidos que hacen mayoría en el Congreso del Estado.
El tema económico, en esta lógica, debiera motivar una discusión intensa, cargada de propuestas alternativas e incluso de exigencias para que el gobierno estatal tuviese una mejor atención a las necesidades y desequilibrios entre las regiones, entre los municipios, y entre los problemas que enfrenta la ciudadanía que habita en los distintos puntos de la entidad oaxaqueña.
¿Podemos esperar eso? Pareciera que no. Pareciera que, de nuevo, lo que se espera es una discusión de baja intensidad; de un convencimiento (por convicción o por conveniencia) generado de antemano, que sigue la lógica de que lo que dice el gobierno es lo correcto y es lo conveniente, y que por esa razón debe ser aprobado para seguir alimentando el “gobierno de coalición” y la “transición democrática” en la que dicen que vivimos los oaxaqueños.
¿Debemos esperar eso de una fracción opositora como la priista, que dice tener un compromiso firme con la ciudadanía, y un convencimiento claro de su calidad de opositores? Evidentemente no. ¿Y debemos esperar de antemano una aprobación unánime por parte de la coalición legislativa? Podemos esperarla, sí. Pero no debería ocurrir así.

¿EVIEL PEÑA NIETO?
No cabe duda que el grado académico no es garantía de nada. En las campañas para gobernador, eso fue motivo para un linchamiento permanente en contra de Eviel Pérez Magaña —que es cualquier otra cosa, menos un tarugo—. ¿Y Enrique Peña Nieto? A él ni el título de abogado que le expidió la Universidad Panamericana lo salvó del mal paso.
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+ Gobierno sin proyecto, producto de olas electorales

La misma gente cercana al edil panista Luis Ugartechea Begué se siente contrariada cuando le preguntan, incluso en buena lid, sobre la sensibilidad y el trabajo territorial que, se supone, hizo su jefe en campaña. La contrariedad surge del hecho de que el ahora Munícipe participó realmente poco en el proselitismo a través del cual se le postulaba para encabezar el Ayuntamiento citadino. Su triunfo, en esas condiciones, fue más producto del momento y las circunstancias, que de un trabajo sólido o de un conocimiento específico de los problemas, y las soluciones, que necesita la capital oaxaqueña.

Urgartecha, como bien debe recordarse, ingresó a la política local, empujado por el anhelado deseo del empoderamiento ciudadano que surgió en todos los rincones del país, como respuesta y reclamo al sistema tradicional de partidos, y a los malos resultados que estaban dejando los políticos tradicionales. Al menos en Oaxaca, él y algunos otros personajes emergieron como alternativa para esos sectores sociales y económicos relevantes que, sin embargo, son generalmente ignorados, o menospreciados, por las clases políticas tradicionales.

En un primer momento, como aspirante a una diputación federal por el Partido Acción Nacional en 2009, Ugartechea se apareció en la escena pública local no sólo como un representante innovador de la llamada “vallistocracia” de la capital oaxaqueña, sino también como un personaje de ideas potencialmente frescas, y sensibilizado por los problemas que, como empresario local, también había padecido con los acontecimientos de los años previos. Se supone que con esos antecedentes, podría hacer una representación decorosa de los problemas del sector económico de la capital oaxaqueña, que había sido tantas veces ninguneado —y otras utilizado para sus propios fines— por el gobierno estatal, entonces de extracción priista.

Ugartechea perdió aquella primera elección, ante una bien aceitada maquinaria priista que recibía impulso y recursos desde el Gobierno del Estado. Lejos de ser un proceso electoral atractivo para la mayoría de los ciudadanos, aquel de 2009 fue una elección para muchos sin importancia y, esencialmente, de mero trámite para el PRI. Dicho partido ganó las 11 diputaciones federales. Y personajes como Ugartechea fueron vilmente aplastados en buena medida como producto del desdén ciudadano por emitir su voto.

Quizá esa cuestión fue determinante para su desganada campaña proselitista del año siguiente. El ser empresario, el asumir una postura lejana a los compromisos partidistas tradicionales, y el asegurar que conocía la problemática de la capital oaxaqueña, lo hicieron candidato natural para ir a pelear al alcaldía, dentro de un proceso electoral en el que, por suerte, también se definiría la gubernatura del Estado y la composición del Congreso local. El problema era que Ugartechea se veía incrédulo a las posibilidades.

Seguramente fue por esa razón, como él mismo lo ha reconocido públicamente, fueron los aspirantes a concejales, y los partidos integrantes de la coalición, los que hicieron la mayor parte del trabajo territorial y de proselitismo. A él, en plena campaña en la que era competidor, y en horas en las que se supone que debía estar promocionando el voto a favor de la entonces causa opositora, se le podía ver con toda tranquilidad atendiendo su negocio, o tomando café en los restaurantes cercanos a su domicilio particular.

No parecía muy motivado a invertir tiempo, dinero y recursos económicos, en una campaña en la que él mismo no sabía si obtendría, ahora sí, un resultado favorable. La ventaja fue el envión gabinista que lo arrastró hacia el Palacio Municipal. El problema fue que nunca quedó claro si tenía o no proyecto y perspectiva real de lo que se debía hacer al frente de la Alcaldía. E incluso ni siquiera había quedado constatado si de verdad quería ser Presidente Municipal, o no.

GOBIERNO SIN PROYECTO

El gobierno de la capital oaxaqueña, ha demostrado su buena madera desde hace más de una década. Esto porque ha soportado todas las calamidades posibles: malos gobernantes, proyectos truncos, vivales y oportunistas que han visto en el Ayuntamiento sólo la oportunidad para escalar a peldaños políticos superiores, y no como el espacio para servir a la comunidad oaxaqueña. La mejor prueba de ello, es que desde hace más de diez años ningún Presidente Municipal electo por la ciudadanía ha querido, o podido, llegar al último día de su administración.

La consecuencia de todo esto es que los oaxaqueños nos hemos acostumbrado a los gobiernos de improvisación, a las administraciones que sólo aprovechan las oportunidades y, en general, a los malos resultados. Por eso, aunque enoja, no sorprende que la ciudad tenga tantos problemas. Y por eso mismo parecemos habernos acostumbrado a que nuestras administraciones tengan tan pocos resultados, pero que a la vez alardeen tanto sobre las sedicentes respuestas que en realidad no entregan a la población.

Hoy la ciudad no es mejor que la de antes. Salvo excepciones contadas, los citadinos seguimos padeciendo exactamente los mismos problemas de siempre. Se maquillan algunos problemas. Pero lo cierto es que, de nuevo, y como en las administraciones anteriores, hoy tenemos un gobierno citadino sin una perspectiva clara de lo que debe hacer, sin un conjunto de objetivos bien marcados en el qué y el cómo, e incluso sin la estabilidad y el proyecto administrativo que debiera estar guiando su camino.

El gobierno de Luis Ugartechea está a punto de llegar a su primer tercio, y aún no da muestra clara de lo que quiere para la capital. El Munícipe ha gobernado con un panismo que no es panismo; con algunas de sus actitudes, ha querido acercarse a una izquierda que ni lo reconoce ni lo toma en cuenta; como empresario ha dado respuestas tibias a sus representados. Y, en su calidad de gobernante, hoy pretende acercarse a todos aquellos sectores populares a los que no pudo ni quiso ganarse en sus tiempos de campaña.

GOBIERNO ¿PARA DÓNDE?

El problema es que Ugartechea parece gobernar con más inestabilidad y enojo —que a veces parece hasta resentimiento, aunque realmente quién sabe en contra de qué o de quién—, que con certeza de lo que se supone que sabe sobre su proyecto de gobierno. Y con eso, y con sus resultados, no demuestra la seguridad que debería tener un individuo que verdaderamente sabe cuáles son sus retos al frente del gobierno.

+ Seguridad y certeza, más que gran estructura

La regulación del transporte público ha sido un tema recurrente de gatopardismo para el Gobierno del Estado. Desde hace más de una década, las instancias públicas encargadas del rubro han aparentado buscar la fórmula correcta para dotar de seguridad y certidumbre a la vigilancia y reglamentación del sector, aunque lo único que han hecho es tomar medidas para seguir justificando la corrupción. Esto no debe ocurrir de nuevo. Y esa es la lógica que idealmente debería seguir el nuevo replanteamiento que viene, de lo que hoy es la Coordinación de Transporte.

En efecto, en los dos últimos sexenios se trataron de aplicar fórmulas que, según se pensó, eran las correctas, pero que por la falta de compromiso de sus titulares, terminaron siendo desastrosas. En el sexenio 1998-2004, el tema del transporte trató de ser colocado como un tema de primera importancia para la administración estatal. Para ello, incluso, se creó una secretaría que poseía todas las atribuciones específicas para regular el sector.

Este primer intento, en apariencia, era el correcto. En la Secretaría del Transporte se aglutinaban todas las facultades relativas al otorgamiento, permanencia y revocación de las concesiones de transporte público, y tenía los alcances para constituirse en una especie de “árbitro” de la función del transporte terrestre en la entidad, que iba desde los autobuses de servicio urbano y suburbano, taxis y automóviles de alquiler para el transporte foráneo de personas.

Aunque en apariencia esto funcionaba, finalmente todo terminó siendo un desastre. ¿Por qué? Porque apenas había terminado esa administración, los sucesores descubrieron que la Setran había sido un nido de corrupción, debido no a los fallos en el alcance de la instancia, sino justamente porque esas atribuciones habían sido usadas en exceso, y además porque los funcionarios que la encabezaban se dedicaron a defraudar a los particulares, expidiendo concesiones con la firma falsificada del Gobernador del Estado.

Para entonces ya se preveía que el transporte era un asunto no sólo técnico o estratégico, sino que en las circunstancias particulares de Oaxaca, era —para variar— un asunto político. Por eso la Setran fue reducida a una Coordinación, y fue incrustada en la estructura de la Secretaría General de Gobierno. Se pensaba que, teniendo menos facultades y estando supeditada al encargado de la política interna del Estado, el sector del transporte tendría una mejor regulación. El problema es que, en realidad, nada cambió.

Y nada cambió por una razón simple: aunque se habían hecho cambios cosméticos, todo en realidad seguía siendo igual que antes: los procesos de la Coordinación de Transporte seguían siendo opacos y discrecionales; la Coordinación se encontraba en manos de personas corruptas. Y, en general, el sector era territorio fértil para todo tipo de vivales que creían que, con dinero, podían arreglar todo, y conseguir todo, aún pasando por encima de la ley.

Al igual que en la administración anterior, al finalizar el sexenio 2004-2010, la corrupción en Cotran era, acaso, la más escandalosa de todo el Gobierno del Estado. Valiendo para nada la transformación hecha al inicio de la gestión, de nuevo esa instancia era objeto de todo tipo de señalamientos relativos a la corrupción de sus funcionarios, el tráfico de influencias, la discrecionalidad desmedida y también el fraude a personas que, por incrédulas, habían pagado grandes sumas de dinero por trámites legalmente gratuitos, pero complejos de llevar a cabo, y que al final habían sido timados.

Todo esto, por tercera ocasión, generó una exigencia de cambio y saneamiento que, en un primer momento, quizá sí fue escuchada pero no fue atendida por el Gobierno del Estado. Hoy, cuando por enésima ocasión Cotran es una bomba a punto de estallar, la administración estatal deja ver la posibilidad de un nuevo replanteamiento de esa instancia. Pero hasta ahora no ha dado pauta alguna sobre el modo en cómo piensa resolver el complejo y tentador asunto del transporte.

CERTEZA, ¿CÓMO?

Más allá de los cambios legales, en el ámbito subjetivo de las personas en las que recaiga la responsabilidad de la nueva instancia encargada de regular el transporte, se necesitan dos condiciones ineludibles: primera, un compromiso verdaderamente inquebrantable por cumplir con la encomienda que se le dé; y segunda, que garantice (a quien deba de garantizarle, si es que en realidad el Gobernador del Estado quiere hacer cambios reales y para bien) confiabilidad respecto al manejo de las atribuciones comentadas.

El asunto no es menor. La instancia encargada del transporte ha sido modificada en más de una ocasión, pero ésta ha seguido dando los mismos dolores de cabeza de siempre, justamente porque ésta ha sido dejada en las manos incorrectas, y porque las personas que han manejado el sector lo han hecho con un sentido eminentemente patrimonialista, y no con un verdadero sentido de servicio a la comunidad oaxaqueña.

¿El solo cambio legal, o incluso constitucional, frenaría el tráfico de influencias, o los actos de corrupción, tales como la falsificación de documentos o autorización irregular de concesiones? Evidentemente no. Esto, en un primer momento, por fuerza debe partir de la rectitud de los funcionarios, y de su decisión de negarse a cualquier tipo de acto de corrupción. Y en un segundo momento, debe estar reforzado por una regulación legal que permita la total transparencia en todos los actos de la instancia.

Esto es que, contrario a como es ahora, el otorgamiento de concesiones sea conducido a través de un trámite que sea público de oficio; que, quizá, la facultad de otorgar concesiones deje de ser discrecional del Jefe del Ejecutivo, para ser una decisión colegiada o validada por la Legislatura o los ciudadanos; y que desde las distintas vertientes del sector (taxistas citadinos, foráneos, camioneros, etcétera) se haga un compromiso expreso por ceñirse a las disposiciones legales que expida esa nueva instancia, y evitar ser los primeros que fomenten la corrupción en la misma.

Sin eso, de nuevo los cambios serán cosméticos. Y sin eso, de nuevo al final del sexenio estaremos presenciando otro escándalo generado por este mismo asunto, al que se han propuesto modificar… para que siempre siga igual.

REVISIÓN A SILVA

¿Se atreverá el gobierno a hacer una revisión de verdad objetiva del año que la Cotran estuvo en manos de Pedro Silva? Será una caja de pandora. ¿Lo hará?

+ Sin triunfalismos, los ajustes son urgentes

Hoy que cumple su primer año de gestión, al gobierno de Gabino Cué Monteagudo debe tener claridad en muchas cuestiones. Igual que a la ciudadanía, a ellos también les debe quedar claro que, ni ahora ni nunca, puede existir un gobernante infalible, un gabinete perfecto, o condiciones sociales óptimas para la tarea de gobierno. Éste es constantemente un camino cuesta arriba. Y por tanto, la administración estatal debe asumir con humildad lo bueno y lo malo que hasta ahora han hecho, para tratar de encauzar lo que no se ha hecho, y de reforzar y corregir los aspectos en los que se han desviado.
En efecto, la llegada del primer año de gobierno efectivo debe servir no para triunfalismos y mucho menos para lamentaciones. En el mejor de los casos, debiera ser momento y oportunidad de un ejercicio serio y sereno de autoevaluación y autocrítica, en la que el gobernante y su equipo pudieran evaluar objetivamente lo que hasta ahora han hecho, para tratar de seguir adelante en las mejores condiciones. Suponiendo que el gobierno de Gabino Cué lleve a cabo una autoevaluación de ese tipo, ¿qué aspectos tendría que tomar en cuenta?
En primer término, debía asumir hoy con humildad, que hasta ahora el mayor error cometido fue el de la generación de expectativas inalcanzables. El hecho de haber derrotado al partido histórico gobernante, significó para los actuales hombres y mujeres del poder la oportunidad de incrementar su bono democrático a partir de la generación de expectativas en la ciudadanía.
Se equivocaron al prometer que a partir del 1 de diciembre de 2010 Oaxaca iba a cambiar. Y la mejor muestra de ello está en que hoy la mayor parte del cuestionamiento del que ya son blanco, parte justamente de la desilusión que ha provocado el hecho natural de que ellos no podrían hacer, en ese lapso, todo lo que prometieron a la ciudadanía.
El gobierno actual se equivocó también al hablar de alternancia y transición. Cometieron el error clásico de confundir un término con otro, y hoy pagan las consecuencias de ello. ¿Por qué? Porque, independientemente de lo que pase en los cinco años siguientes, siempre el primer gran logro del gobernador Cué habrá sido el de haber derrotado al clientelismo hegemónico priista.
No obstante eso, en gran medida la administración actual sigue gobernando bajo la estructura y método de sus antecesores. La reforma constitucional realizada en abril, en ningún sentido llena los parámetros de democracia que los oaxaqueños esperan. Y es evidente que hasta hoy no existen muestras claras de querer pasar de las reformas declarativas, al cambio institucional efectivo que impacte en la evolución de la práctica y la estructuración del ejercicio del poder.
Queda claro que, en un primer momento, en esos dos puntos se centran la gran mayoría de las críticas y cuestionamientos de los que hoy son objeto. El problema es que, en el caso particular de las expectativas, éstas también fueron generadas irresponsablemente no sólo en el ámbito democrático, sino también en el de la respuesta eficaz a los problemas sociales de la gente.
Además de honestidad y trabajo, el gobierno prometió a los oaxaqueños obras, resultados, avances tangibles, y eficacia y eficiencia en la atención de los problemas que aquejan y preocupan a la mayoría. Y aunque en muchos casos sí ha habido la atención y el cambio de actitud, también es evidente, e innegable, que la alternancia no traía consigo bolsas de dinero ni varitas mágicas para que se pudieran resolver cuestiones que en años, o décadas, han sido imposibles de atender en su totalidad por los gobiernos anteriores.

HACER CAMBIOS
Un cambio de actitud y una transición democrática suponen cambios trascendentales en la forma de hacer gobierno. Porque es claro que la transición no implica ni infalibilidad y mucho menos la posibilidad de cambiar para mejorar. El requisito previo de todo esto, radica en que el gobernante decida por construir, y no lo haga por capricho o por simplemente imponer su decisión. Eso es lo que debe ocurrir en Oaxaca luego del primer año de gobierno.
Es innegable que el gobierno actual necesita ajustes por todos lados. Contrario a lo que se dijo, la administración estatal inició con la satisfacción de los compromisos contraídos en campaña con las fuerzas y grupos políticos hasta entonces opositores, y no con los hombres y mujeres de la entidad. La heterogeneidad y la ineficiencia marcaron el rumbo de no pocas dependencias estatales que hasta hoy no han podido tomar el rumbo y la fuerza que requería este momento político en específico.
En este sentido, para un gobierno como el actual es fundamental comenzar a dar resultados y refrendar las promesas hechas a la ciudadanía. Si la expectativa no se ha podido cumplir en este primer periodo, lo que debe haber no es una actitud de desánimo, sino de replanteamientos para tratar de hacer un mejor papel en esta empresa pública, que es de esfuerzos continuados y de largo aliento.
Los criterios para la renovación del gabinete, como ya apuntábamos hace dos semanas, deben ser más claros y, urgentemente, deben estar encaminados a la funcionalidad y no a la continuación del pago de cuotas. No se puede seguir pensando en esa lógica, pero al mismo tiempo exigir resultados y disgustarse cuando se les cuestiona por no satisfacer la expectativa ciudadana. La buena aceptación del resultado depende de la capacidad de acción. Y ésta sólo se logra cuando los esfuerzos son coordinados, y todos los participantes trabajan con los mismos objetivos y rumbos.
Por todo eso, el primer año debe ser motivo del primer gran ajuste. Finalmente los tropiezos son consecuencia, más que de las circunstancias, de las decisiones equivocadas. La ineficiencia no debe ser coronada, pero tampoco debe temblar la mano cuando de lo que se trata es de dar mejores resultados. No se puede pensar en seguir cooptado siempre, como tampoco puede creerse que hasta hoy todas las cuentas entregadas a la ciudadanía son cuando menos aceptables.

TRANSPORTE
¿De verdad es de avanzada el proyecto que se tiene para el replanteamiento de la instancia estatal encargada de regular el transporte público? No se necesita de descubrir el agua tibia, aunque la tarea tampoco es fácil: se necesita honestidad de quien tenga en las manos la función; transparencia total en los procesos; y colaboración del sector regulado. Sin eso, cualquier instancia que creen será pan con lo mismo. Y eso será.

+ No hay disfraz: su aplicación, a la vista de todos

Si alguien pensó en algún tipo de “plan macabro” respecto a la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), el blanco eran los profesores, y la forma de lograrlo era la desiformación. Hoy es evidente que la ACE se aplica libremente por la instancia educativa estatal, en acuerdo —o forzadamente— por la autoridad federal, y con la anuencia de una sección sindical que dice rechazar el plan, pero que en los hechos está haciéndose el desentendido frente a su aplicación.

En efecto, hoy la ACE está lejos de ser un plan abominable, o que su aplicación se haga “en lo oscurito” o a espaldas de la colectividad. De hecho, tal y como lo hemos señalado en al menos tres entregas distintas desde hace varios meses, en los últimos años el Gobierno del Estado ha obtenido recursos económicos para la educación, gracias a la aceptación de lineamientos contenidos en la Alianza por la Calidad de la Educación.

En los casos en los que la Sección 22 se ha resistido a reconocerla (como es el caso de la antigua Carrera Magisterial), los recursos extraordinarios provenientes del gobierno federal para ese fin en Oaxaca, simplemente fueron frenados. Y es evidente que, en otros muchos casos —como los señalados ayer en la nota principal de TIEMPO—, ha habido la aceptación tácita de la 22 para que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca se adhiera a los programas y obtenga los recursos federales que ellos exigen.

Ante todo esto, en realidad, quienes debieran sorprenderse no son los dirigentes de la Sección 22, sino sus agremiados. Es prácticamente imposible que la dirigencia seccional desconozca esta realidad. Y mucho menos podría asegurar lo anterior, cuando es perfectamente sabido, y está hasta “legalizado”, que más de tres cuartas partes de los funcionarios de primer nivel en el IEEPO fueron nombrados nada menos que a propuesta de la 22. Si aún con todo esto la dirigencia seccional desconoce en qué estado se encuentra la relación del sector educativo oaxaqueño con la ACE, entonces estaríamos ante una traición mayúscula de quienes en realidad son los brazos ejecutores de su capacidad de control, cooptación y represión laboral de las bases magisteriales.

No obstante, los trabajadores de la educación —los que están a ras de suelo, frente a grupo, marchando y obedeciendo fielmente las disposiciones de su dirigencia sindical, cada que ésta les indica que tomen las calles— no pueden decir lo mismo. La implementación de la ACE en realidad ha venido acompañada de una enorme campaña de silencio y desinformación por parte de la misma dirigencia sindical, que hoy sin ningún pudor se niega a dar información verdadera a sus agremiados.

Sólo a partir de eso puede entenderse que la ACE esté caminando lentamente. Y que en ese andar no haya encontrado la oposición de un sector magisterial que, en otros años, ha luchado decididamente en contra de disposiciones de mucho menor alcance que las relativas al acuerdo. Con todo eso, lo que queda claro es que los verdaderos traidores a las bases magisteriales no son ni las autoridades ni los gobernantes ni la sociedad que les exige los resultados que sistemáticamente se niegan a dar.

En realidad, los auténticos traidores son los dirigentes de la Sección 22 frente a sus agremiados. Y no. No se trata de que la traición radique en la implementación de la ACE, sino en el hecho de que ellos fueron quienes los llevaron al rechazo de la Alianza —lo que ha traído aparejado fuertes golpes económicos a muchos trabajadores, pero que traerá muchos más en los años por venir, mientras no se acepten los términos de la ACE— y son quienes ahora están permitiendo, con su silencio y su desinformación, que ésta se aplique selectivamente, pero manteniendo detenidos los aspectos que exigirían mayores resultados, pero que a cambio beneficiarían salarialmente a los educadores oaxaqueños.

LA FEDERACIÓN EXIGE

Desde hace algunos años, cuando el gobierno federal firmó la Alianza por la Calidad en la Educación con el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Sección 22 de Oaxaca rechazó ese plan, esgrimiendo dos argumentos fundamentales:

En el primero de ellos, aseguraba que la ACE intentaba homogenizar la educación en el país, sin tomar en cuenta las condiciones y rezagos particulares de los niños y jóvenes oaxaqueños. Éstos, abundaban, requerían condiciones y planes educativos específicos, en razón de sus particularidades y rasgos indígenas, étnicos, lingüísticos, y también en relación a sus condiciones sociales de marginación, pobreza e inferioridad de oportunidades frente a los niños y jóvenes de otras entidades federativas en mejores condiciones económicas, sociales y políticas que la nuestra.

El segundo de los argumentos, en realidad, es de tipo eminentemente político. Ellos rechazaron también el plan por ser éste una creación de la dirigencia nacional del SNTE, de la que ellos son disidentes. Aseguraron, por eso, que la ACE en realidad era un plan enmascarado de privatización de la educación. Y fundados en la defensa de sus derechos laborales, llamaron a sus bases a rechazar la Alianza y generar un plan alterno que sí respondiera a sus necesidades.

Frente a todo esto, en algún sentido el gobierno federal les dio entrada, pero silenciosamente también les robó sus banderas de lucha. Hoy, quien revise la ACE podrá encontrar incorporados prácticamente todos los lineamientos “alternativos” que planteaba la 22 para rechazarla. La SEP también los “rebasó por la izquierda”, al tomar en cuenta esos criterios de diferenciación positiva para los niños y jóvenes de comunidades indígenas, poco aventajadas social y económicamente hablando.

LOS VERDADEROS TRAIDORES

Y además de todo eso, la Federación comenzó a “apretar”, hasta el momento actual, en cuanto al suministro de recursos económicos. Por eso, silenciosamente el gobierno estatal se ha venido adhiriendo a los términos de la ACE. La dirigencia magisterial, sin embargo, no tiene justificación. En público niega lo que en privado reconoce y acepta. Los profesores son los que pagan los platos rotos. A través de la desinformación, por el momento, los tienen conformes. Pero como dice la frase clásica de Abraham Lincoln: “Se puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo.” Y eso será lo que irremediablemente pase con los agremiados a la Sección 22 en relación a la ACE.