+ Segego: ¿Bombero o incendiario de conflictos?

El tono pareciera hasta heroico, y proveniente de una funcionaria auténticamente comprometida con la legalidad, cuando la secretaria General de Gobierno, Irma Piñeyro Arias aseguraba, hace unos días, que “habrá tala y saneamiento de bosques en Oaxaca, aunque los campesinos que viven en esas zonas no estén de acuerdo”. Pareciera, aunque la realidad es mucho más compleja que su supuesta voluntad por proteger los bosques de la Sierra Norte.

Veamos primero el contexto: La semana pasada, un grupo de comuneros, encabezados por las autoridades municipales de Lachatao y Yavesía, se apersonaron en la capital oaxaqueña para denunciar públicamente los actos de hostigamiento de que han sido objeto, así como la explotación inmoderada de sus bosques por parte de la empresa Forestal Comunal.

Ante tal denuncia, cabe preguntarse cuál es el problema de fondo, y de dónde surge la inconformidad que asimismo los aqueja. Todo esto, particularmente, tiene su origen en la aparición, desde hace poco más de una década, de la plaga de gusano barrenador en los bosques pertenecientes a esas comunidades; a la prolongada indolencia oficial; y a la voracidad actual de unos cuantos que pretenden utilizar la plaga como un pretexto para talar grandes extensiones de terreno boscoso y obtener beneficios económicos de ello, aún cuando todo eso no soluciona el problema de la plaga.

En este sentido, los comuneros de la región afectada refieren que desde hace algunos años apareció la plaga del gusano barrenador, en una extensión de alrededor de cuatro hectáreas boscosas de los Pueblos Mancomunados. Desde entonces, fueron los propios habitantes de esas comunidades quienes estuvieron a cargo de controlar la presencia de la plaga, debido a que las instancias oficiales desestimaron sistemáticamente sus solicitudes de apoyo.

¿Qué hicieron los comuneros? Particularmente, establecer los perímetros de bosque afectados, y determinar la pertenencia de las zonas a cada una de las tres comunidades que integran los Pueblos Mancomunados (Amatlán, Lachatao y Yavesía). Así, cada municipio se hizo cargo de la zona afectada en su respectiva demarcación; y así consiguieron relativo éxito en el control del gusano barrenador.

En este punto, es necesario tomar en cuenta las condiciones políticas particulares de la región. Aunque las tres comunidades comparten el territorio, históricamente han sido más las diferencias que las coincidencias entre los habitantes y las autoridades de cada uno de esos tres pueblos.

Por eso, el hecho de que en años recientes los Presidentes Municipales de las tres comunidades tuvieran la posibilidad de sentarse a la misma mesa para tomar acuerdos comunes a favor de sus bosques —cosa que no había ocurrido en décadas, independientemente de cuál fuera el motivo o la necesidad a atender—, constituyó en sí mismo un logro político, que ahora ha sido desestimado por quienes pretenden lucrar con los bosques a partir del pretexto del gusano barrenador.

¿LEGALIDAD O VORACIDAD?

En un asunto como éste, es fundamental nunca dejar de considerar las particularidades políticas de las comunidades involucradas. Por eso, aunque en 2007 se llegó al acuerdo antes señalado entre los municipios integrantes de los Pueblos Mancomunados, para 2010 todos decidieron no someterlo a revisión por el momento político que se vivía. En aquel momento, se prefirió dejar el tema de lado, para no caldear ánimos políticos que, por la cuestión electoral que entonces se dirimió, ya de por sí estaban encendidos.

El problema de todo esto, es que la autoridad —que es la esencialmente obligada a atender y combatir las plagas— tampoco hizo algo para atender la problemática del gusano barrenador que afectaba al bosque de los Pueblos Mancomunados. Así, de las cuatro hectáreas afectadas inicialmente, hace una década, para 2011 se calculó que ya eran unas 400. Ante el problema, había que hacer algo urgente para combatirlo.

Esa fue la razón por la que, a principios del presente año, las respectivas autoridades de los Pueblos Mancomunados presentaron a la Secretaría General de Gobierno, una propuesta para el combate a la plaga: ellos habían determinado que, como en años anteriores, cada comunidad se hiciera cargo de su parte afectada de bosque, apoyadas con los recursos que las instancias estatales y federales tienen predestinados para el combate a ese tipo de plagas.

En ese punto fue donde surgió una sospechosa determinación de la Segego por darle una solución distinta al problema, de cómo originalmente fue planteada por las autoridades municipales. ¿Qué determinaron? Que la plaga habría de ser combatida por la empresa maderera de Pueblos Mancomunados (Ver Al Margen de ayer 23 de mayo), y, como lo dijo la misma secretaria Piñeyro, que los árboles serían talados, y los bosques saneados, aún cuando los pobladores se resistieran a la medida.

¿Por qué habrían de resistirse los comuneros a algo que según les beneficia? Porque, en realidad, bajo el pretexto del combate a la plaga, la empresa maderera se dispuso a talar esas 400 hectáreas dañadas por el gusano barrenador, para luego aprovechar la madera. Y es que ésta no es la solución: las empresas que verdaderamente se dedican a controlar esas plagas, no cortan los árboles enfermos para comercializar su madera, sino que utilizan métodos específicos, a través de los cuales no se aprovecha la madera pero sí se extermina la plaga, que es el objetivo específico de esas medidas de control.

Curiosamente, tanto la secretaria Piñeyro Arias, como el director de Desarrollo Forestal de la Sedapf, Félix Piñeyro Márquez, están dispuestos a no dar marcha atrás a la decisión de que sea la empresa forestal de Pueblos Mancomunados, la que combata la plaga referida talando árboles para luego vender su madera. Éste último, en declaraciones a la prensa, dijo que “el saneamiento de las 287 hectáreas que amparan unos 10 mil metros cúbicos de madera (…) no tiene marcha atrás, posteriormente pasaremos al tema de la comercialización”

¿NEGOCIO DE FONDO?

El problema no es el combate a la plaga, sino el negocio que pretenden a partir de eso. ¿Qué nadie ve que la inconformidad de fondo está en “la comercialización” que todos dicen que “se verá” después? El problema es que eso puede ser lo mismo un asunto de interés público, que un riesgoso intento de jugar con la paz en aquellas comunidades, a partir de un interés o contubernio económico. Mucho cuidado.

+ Empresas comunitarias, todo un poder fáctico

Parece una contradicción que los municipios de Santa Catarina Lachatao y Santa Maria Yavesia, integrantes de los Pueblos Mancomunados de la Sierra Juárez en Oaxaca, hoy manifiesten inconformidad con las empresas comunitarias que, podría pensarse, fueron creadas por ellos mismos para su beneficio. Sin embargo, su inconformidad es tan real, como la manipulación que unas cuantas personas han hecho de la bien aceptada figura del comunitarismo, como una forma de encubrir el saqueo y la postración de que han hecho a esas comunidades.

¿De dónde surge la mancomunidad de esos municipios? Históricamente, la unión de los pueblos de Amatlán, Lachatao y Yavesía, data de la época precolombina. Desde entonces, la solidaridad, el respeto y la justicia fueron valores que guiaron siempre sus relaciones y, según cuentan sus mismos pobladores, así sobrevivieron a los hechos violentos de la conquista, la Guerra de Independencia, la lucha por la Reforma, y la misma Revolución Mexicana. Los mancomunados se denominaron así porque, en efecto, eran uno.

Sin embargo, cuenta la historia particular de esas comunidades, que a mediados de los años 50s del siglo pasado, la comunidad de Yavesía solicitó su separación de la mancomunidad. Dicha comunidad señaló como propio un espacio de unas nueve mil hectáreas. Desde entonces, Yavesía enfrenta un litigio para legitimar su separación. Pero, esa misma solicitud de aquella época, fue el detonante para que el Estado mexicano reconociera, a través de una resolución presidencial, dictada en el año de 1957, la mancomunidad territorial de esos municipios.

Fue a partir de entonces que las tres comunidades, junto con sus agencias municipales, decidieron iniciar el proceso de explotación de los recursos naturales que contenían las más de 59 mil hectáreas que les fueron reconocidas en la resolución presidencial. Ante el reto de administrar y mantener su mancomunidad, los pueblos decidieron otorgar, a cambio de una contraprestación económica, la explotación de sus recursos forestales a la empresa Maderas de Oaxaca por un periodo de veinte años. Necesitaban, dicen, dinero para costear las gestiones que realizaban en la Ciudad de México, y también para defenderse de los intentos de separación de ese territorio común.

Sin embargo, al transcurrir esas primeras dos décadas, los Pueblos Mancomunados decidieron no continuar otorgando permisos para que terceros explotaran sus recursos forestales —fundamentalmente madera de pino y agua de los manantiales—, y decidieron constituir ellos sus propias empresas comunitarias, para ejecutar ellos mismos la explotación, obtener recursos y generar empleos que beneficiaran a sus habitantes. Ese fue el espíritu de las empresas de Pueblos Mancomunados, que hasta hoy subsisten pero que, sin embargo, hoy están lejos de cumplir las finalidades para las que fueron creadas.

PODER FÁCTICO

Hoy, son famosas dentro y fuera de Oaxaca las llamadas “Empresas Comunitarias de los Pueblos Mancomunados”. Son, a los ojos de la opinión pública y las organizaciones civiles que operan en el ámbito de lo políticamente correcto, un ejemplo de cómo una comunidad puede organizarse y obtener beneficios de sus propios recursos naturales. Sin embargo, para corroborar lo anterior, habría que hacerse varias preguntas.

¿Realmente los integrantes de los Pueblos Mancomunados han mejorado su calidad de vida a partir de esas empresas? ¿De verdad las ganancias que se obtienen de la explotación de los recursos naturales, llegan a todos los habitantes? Incluso, ¿son los pueblos los que controlan a las empresas, y no al revés? Al pasar esta situación por el sencillo tamiz de esas preguntas, queda claro que ese supuesto ejemplo de comunitarismo queda muy mal parado. Veamos si no.

Cuando se constituyó la empresa maderera, se estableció que su órgano máximo de dirección sería un Consejo de Administración, que estaría integrado por tres representantes de cada pueblo de la mancomunidad; también se estableció que dicho Consejo sería renovado totalmente, cada dos años. No obstante lo anterior, existen consejeros que llevan 25 años en funciones, y el administrador, Israel Santiago García, tiene 18 años al frente de la empresa.

¿Cómo lograr lo anterior? A través de la combinación de la abundancia de recursos que tienen a la mano, y de la manipulación que han hecho de los integrantes de los pueblos sirviéndose del poder económico que, se supone, debería ser de todos. En efecto, hoy la empresa maderera es un auténtico poder fáctico de la región, que lo mismo controla al Comisariado de Bienes Comunales, que a autoridades, y no se diga a comuneros.

Es una paradoja, en este sentido, que su Comisariado de Bienes Comunales, no tenga una sola oficina o despacho en las más de 59 mil hectáreas de terreno que tiene el mancomún. También es una paradoja que la empresa maderera no tenga reparos en hacer “préstamos” económicos a comuneros, a cambio de su apoyo en las asambleas comunitarias.

Es harto sospechoso, incluso, que aún con todos los cuestionamientos que hoy tienen las empresas por parte de las mismas comunidades, continúen firmando convenios millonarios con el Gobierno del Estado para la venta de sus productos, argumentando que con ello benefician a las comunidades indígenas que las constituyeron.

Ahora bien, siguiendo esa misma lógica, habría que preguntarse si realmente las comunidades se han visto beneficiadas por la explotación casi irracional de esos recursos económicos, en cuestiones como el empleo, la marginación, la pobreza, o el incremento en los niveles de desarrollo social. La respuesta, en ese sentido, tampoco es del todo provechosa para quienes explotan la madera y el agua de manantial de esas comunidades.

NADA CAMBIA

Hoy, los pueblos siguen igual que antes. No existen indicadores claros de que luego de casi tres décadas de explotación continua del agua y la madera, los índices de desarrollo hayan mejorado. ¿Y cómo podrían mejorar? Si de los pueblos sólo se extraen los recursos, pero éstos se transforman y se convierten en productos terminados en otras comunidades (del distrito de Tlacolula y de aquí mismo en la capital oaxaqueña). A lo mucho, allá, sólo dan empleo como talamontes. ¿Y el reparto de utilidades? Hace doce años que éste no ocurre. Y bien, mañana hablaremos del problema en particular que la secretaria General de Gobierno, Irma Piñeyro, se ha encargado de enredar, para variar, quizá también para proteger sus intereses económicos.