+ Sección 59: castigo, por hacer lo que les toca

¿En qué otro lugar, más que aquí, se ha visto que a cierto sector se le castigue por cumplir con su obligación, y al mismo tiempo se premie a sus contrapartes, que no sólo no cumplen con los cometidos para los que fueron contratados, sino que además quebrantan el orden y el interés público? Eso es lo que ocurre en Oaxaca, a la vista y con la aceptación de todos, con la relación que sostiene el Gobierno del Estado con las Secciones 22 y 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

El escenario, hoy, es perfectamente claro: la Sección 22 reinicia hoy labores, luego de dos semanas de paro, en las que no sólo abandonaron las aulas, sino que también instalaron un plantón masivo en más de cuarenta calles del Centro Histórico de la capital oaxaqueña, organizaron marchas, bloqueos a las principales arterias citadinas, obstrucción de actividades en sucursales bancarias, centros comerciales, restaurantes; y mantuvieron cerradas las instituciones gubernamentales —es decir, detenida la prestación de servicios públicos— durante ese lapso.

¿Cuál era el problema? Que ellos, como cada año, presentaron al Gobierno del Estado un pliego petitorio que se encuentra lleno de exigencias económicas que, además, deben ser satisfechas independientemente de que lo merezcan o no. Para la 22 no existe contraprestación alguna frente a su amplia superioridad numérica; para ellos es inválido cualquier cuestionamiento respecto a la calidad del servicio público que ellos ofrecen. Para ellos, simplemente, el gobierno debe responder atendiendo suficientemente todos y cada uno de los puntos planteados. Y frente a ello, nadie debe cuestionar. Nadie debe preguntar. Nadie debe, ni puede, ni tiene por qué exigir nada a cambio.

En ese sentido, la actitud del gobierno estatal concuerda con la postura de la Sección 22. Aunque este es un gobierno que supuestamente es aliado de las causas sociales y de la educación pública, e incluso del propio magisterio democrático, fue presionado por todos los frentes a que cumpliera todas las exigencias económicas de los maestros de la 22. Y una de las exigencias que está pendiente de ser satisfecha, pero que seguramente será también entregada dentro de no mucho tiempo —en bandeja de plata— a los democráticos, es el inicio del desmantelamiento de la Sección 59 del SNTE.

Esa, que parece ser una postura concordante con las exigencias de la Sección 22, e incluso con las fobias políticas del actual régimen, en realidad no parece sino ser el inicio de otro abominable atentado contra la educación pública —ahora no perpetrado sólo por los “democráticos”, sino también por un gobierno que no es capaz de distinguir el límite entre los compromisos políticos, los débitos de grupo, e incluso las fobias partidistas o entre regímenes de gobierno, y el interés por la educación. ¿De qué hablamos?

De que, en un primer momento, parece existir concordancia entre el gobierno estatal y la 22 por desaparecer a la 59. Los motivos son muy sencillos de entender. Para los “democráticos”, la 59 no es sino la cofradía de los traidores, que debe ser eliminada no sólo por disputarle una pequeña fracción de la membresía sindical o por haber emergido del ala crítica a la dirigencia de la Sección 22 del SNTE, sino también por ser, para ellos, una representación del charrismo priista dentro del magisterio oaxaqueño, que debe ser combatido hasta la desaparición.

Esa misma es la coordenada por la que el gobierno estatal le ha negado todo reconocimiento, interlocución y apoyo a la Sección 59 del SNTE. Quedó claro desde el primer momento —cuando a unos días de asumir su actual cargo, el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Bernardo Vásquez Guzmán, declaró que sólo reconocía a la 22 como interlocutor válido— que éste gobierno no desearía tener ningún tipo de acercamiento con los antiguos aliados del régimen priista, durante el conflicto magisterial de 2006.

Ambos se resisten a darle el sitio que debía de tener la 59 —así sea mínimo—, aún cuando pudiera ser no una convicción, sino resultado de las mismas causas y circunstancias, las que han llevado a esa sección magisterial a cumplir con uno de los reclamos más sentidos de la sociedad: no cerrar las aulas por cuestiones políticas.

COMPROMISO OLVIDADO

Si la Sección 59 está en contra de la 22, y quiere hacerlo patente, una de las pocas formas válidas de hacerlo es no caer en los mismos vicios que su contraparte. Así, quizá al menos por esa razón, los integrantes del antiguo Consejo Central de Lucha no han cerrado las aulas ni han tratado de parecerse a sus adversarios internos. Por eso, a diferencia de los “democráticos” de la 22, éstos ni han cerrado las escuelas ni han afectado a la sociedad ni han arrancado conquistas sindicales ominosas a las arcas estatales.

Sin embargo, todos son sus enemigos. El IEEPO, por una parte, no les ha dado ningún espacio digno para la realización de su trabajo; la Sección 22 los persigue hasta tratar de erradicarlos; y unos y otros se defienden argumentando que no pueden romper ni sus alianzas ni sus compromisos, porque eso significaría hacer enojar a la Sección 22, provocar que éstos nuevamente dejen las aulas para presionar políticamente al gobierno, y por ende trastocar la paz y el orden públicos.

No obstante, queda claro que, ante las circunstancias, el primer enemigo de la educación en Oaxaca es el Estado mismo. Éste —hoy más que nunca, aunque así ha sido siempre—, premia a quienes se dedican a quebrantar el orden, a trastocar la educación y a dañar a las futuras generaciones; y castiga a quienes —al menos por circunstancias y por conveniencia, porque quién sabe si por convicción— tratan de cumplir con las atribuciones para las que fueron contratados.

¿No es esta una muestra clara, y ofrecida a plena luz del día, de que en Oaxaca, gracias a nuestro gobierno y al magisterio dominante, vivimos en un auténtico mundo al revés? ¿Qué nadie se da cuenta de la gravedad que implica ese estado actual de cosas?

SOLIDARIDAD

Desde este espacio, manifestamos nuestra más amplia solidaridad y aprecio al periodista Jaime Méndez Pérez. Hombre trabajador e informador serio, ex compañero de esta Casa Editorial, que hoy es objeto de una infamia por parte de quienes pretenden lavar sus remordimientos, acusando a otros de lo que se resisten a ver cuando se miran al espejo.

+ Capitanes de la Nación: ¿de veras están atentos?

Hace unos días, a través de una manifestación pública, varios gobernadores, ex gobernadores, senadores, diputados federales y líderes políticos del Partido Acción Nacional, se manifestaron a favor de que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, sea el candidato presidencial de ese partido, para los comicios de 2012. Éste, que es un natural “presidenciable” por el cargo público que ostenta, en realidad, a la luz del verdadero interés nacional, no tiene otro mérito que ser un cercano colaborador, amigo, y proyecto político del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Esa parece ser la ruta que está trazada en nuestro país. Queda claro que la política continúa estando dominada, por completo, por los partidos políticos; pero también queda perfectamente establecido que éstos, a través de sus agentes (entendidos como legisladores, gobernantes, líderes partidistas, etcétera) no necesariamente tienen los mismos intereses del ciudadano de a pie.

Mientras ellos se disputan la titularidad del poder, el mexicano común está preocupado por las adversas condiciones (sociales, económicas, de seguridad, etcétera) en que sobrevive. Y los actuales aspirantes presidenciales, no son más que el reflejo de esta discordancia dolorosa que afecta hoy a nuestra maltrecha nación mexicana. Si aún creemos lo contrario, vayamos a los hechos duros para ver quién es más probable que esté equivocado.

El secretario Cordero Arroyo es un personaje que emergió de las filas de Acción Nacional, primero como empleado administrativo y ahora como potencial candidato presidencial. En sus haberes no se encuentran grandes logros políticos —rasgo que comparte con todos sus adversarios—, ni es parte de una generación parteaguas de la vida pública mexicana, y ni siquiera ha demostrado tener sensibilidad y cercanía con los problemas más sentidos de la ciudadanía.

En realidad, el asegurar que una familia mexicana puede sobrevivir mensualmente con un salario de seis mil pesos, y con él enviar a sus hijos a escuela particular, y pagar créditos hipotecarios y automotrices; o decir que México ha dejado de ser una nación en la que predomina la pobreza, no sólo son desatinos de un supuesto político de altos vuelos, sino también demostraciones fehacientes de que ese hombre, que aspira a gobernar a la nación, en realidad no sabe las condiciones en que ésta sobrevive.

Ésta, incluso, bien podría ser una versión moderna de la frase malamente atribuida a la reina María Antonieta de Francia, a quien se le señala por haber dicho “que coman pasteles”, cuando el pueblo francés fue al Palacio de Versalles a encarar a su esposo, el rey Luis XVI, ante la falta de harina y trigo para preparar pan.

No obstante, eso no parece ser lo peor de nuestra historia actual como nación. El problema de fondo no es la insensibilidad o la falta de méritos del secretario Cordero Arroyo respecto al interés de la mayoría, como para ser candidato presidencial. No. El problema, en el fondo, es que perfiles como el suyo (insensibles, despreocupados por el interés de la mayoría, defensores de las cúpulas, dispuestos a castigar a los más en pro de los menos, etcétera) son los predominantes en una nación que está urgida de liderazgos reales que nos hagan retornar a los postulados sociales que le dieron origen y sentido a nuestra nación.

¿Y LOS LÍDERES?

Hoy abundan los líderes políticos dispuestos a dizque defender el interés de la mayoría, sólo descalificando las acciones o los dichos de sus oponentes, y siendo totalmente acríticos y solapadotes de las acciones incorrectas —o francamente dañinas para el país— que se cometen desde sus propias trincheras partidistas. Tenemos, pues, un escenario plagados de buenos y malos, que pretenden creer, y hacernos creer, que denostando al Presidente, al PAN, al PRI o al partido o fuerza política que sea, se construye algo mejor que lo que tenemos.

Eso parece francamente abominable. El país ha decrecido dolorosamente para la mayoría, en aras de que los grandes intereses del capital o la política sigan teniendo sustancia para continuar hablando de la democracia, de la estabilidad macroeconómica o del “crecimiento” nacional. Nunca como ahora había habido tanta pobreza en nuestro México, ni tanta desigualdad, ni tanto desinterés de los hombres de la vida pública… por atender los problemas públicos.

Eso, que parece horrible, en realidad lo es. ¿Qué mérito, más allá de las estructuras partidistas o de la simple detentación del poder, tienen políticos como los que ahora nos gobiernan, o pretenden gobernarnos? ¿Qué gran obra, acción social o legado tienen en sus haberes, como para poder argumentar seriamente que son lo que el país necesita? ¿Qué tan bueno ha hecho el gobernador Enrique Peña Nieto —además de salir un día, y los demás también, en las pantallas de televisión—, como para pretender ser el Presidente de México?

En realidad, nos guste o no, quien tiene un mayor mérito de todos en el depósito de la confianza ciudadana, es Andrés Manuel López Obrador, en quien sí creyeron 15 millones de mexicanos que ya votaron por él. Sin embargo, y siendo críticos hasta con el ala crítica, ¿qué transformación sustancial se vio, del territorio que él ha gobernado, luego de su paso por el servicio público?

Queda claro que los hombres del poder, debían comenzar a discutir, y proponer soluciones, a los temas que verdaderamente preocupan a quienes habitamos este país. Debíamos dejar de considerar que con “estructuras electorales” se gana, y ya (y ganan ellos, no nosotros), para comenzar a exigirles que ellos discutan y solucionen los problemas públicos que nos aquejan a todos, y que al menos con eso demuestren que en realidad son los representantes de esta población que sigue votando, creyendo y dejándose gobernar —por políticos que no los representan—, aunque no obtiene respuestas.

CAMBIO DE ACTITUD

Debíamos comenzar a ser más críticos, y más honestos con nosotros mismos, para expresar lo que verdaderamente sentimos y esperamos de nuestra vida pública. La verdad, es lo de menos que gane quien sea la Presidencia, si los problemas que nos aquejan van a seguir ahí sin resolverse. Los mexicanos debíamos exigir atención, propuestas reales y acción de nuestra clase política. Quizá, al menos así, lograríamos cambiar este doloroso inmovilismo, que tanto daño le hace a nuestro país.

­+ Justicia local: la reforma reciente está incompleta

El de la protección de los Derechos Humanos, sigue siendo un tema actual y cambiante en Oaxaca y en el país. Mientras aquí, con la reciente reforma constitucional se incluyó un instrumento importante para garantizar su tutela, a nivel nacional se encuentra en proceso de aprobación, por parte de los Congresos locales, una de las reformas más importantes en esta materia, que ha tenido la Constitución federal desde su promulgación. Aunque pareciera un tema lejano a nuestra cotidianidad, en realidad deberíamos poner mayor atención a los cambios constitucionales ya concretados, y los otros que están pendientes de hacer.

¿Qué se legisló en Oaxaca, en materia de Derechos Humanos, como parte de la reforma constitucional aprobada en el mes de abril pasado? Que, entre otras cosas, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, tuviera la atribución de conocer de un Juicio de Protección de los Derechos Humanos, hasta ahora inexistente en nuestra entidad.

¿Qué características y procedencia tiene este procedimiento? En términos sencillos, éste novedoso instrumento legal tiene como punto de partida la emisión de una recomendación por parte de la también recién creada Comisión para la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

Así, ante el incumplimiento de la resolución no vinculatoria del órgano autónomo encargado de proteger los derechos de las personas por parte de la autoridad señalada como responsable, el o los particulares agraviados tienen ahora la posibilidad de acudir ante el Poder Judicial del Estado para substanciar, a través del camino antes señalado, un proceso para que esa recomendación se cumpla.

Ahora bien, cabe también preguntarnos: ¿qué ocurre respecto a la reforma constitucional federal en materia de derechos humanos, que está en vías de concretarse? Bien, pues ésta modificación lo que plantea es un cambio sustancial en cuanto al reconocimiento no sólo de las garantías individuales que expresamente otorga la Constitución federal, sino de todos los derechos humanos establecidos en los diferentes órdenes legales que asimismo reconoce nuestra Carta Fundamental.

Así, no sólo quedarían reconocidos los derechos manifiestos en la Constitución, sino también los contenidos en instrumentos internacionales. E incluso, en el caso del Juicio de Amparo, a éste también se podría recurrir para salvaguardar derechos colectivos siempre que con ellos se afecte la esfera jurídica de quienes recurren al llamado “juicio de garantías” —cuestión que hasta ahora no puede ser recurrida de acuerdo con las normas vigentes.

A grandes rasgos, ese es el panorama de los cambios que han sufrido, o que están sufriendo las respectivas Cartas Fundamentales en materia de protección y reconocimiento de los derechos humanos. Frente a ello, habría primero que preguntarnos si con esas reformas podríamos tener un marco jurídico acabado, o si son necesarios más ajustes para hacerlo verdaderamente vanguardista. Incluso, tendríamos también que preguntarnos, y respondernos, si verdaderamente estos cambios satisfacen la demanda de protección a las garantías y derechos, o si sólo son cambios cosméticos que podrían generar más burocracia, pero no mayor nivel efectivo de los fines que se propusieron.

ANÁLISIS CRÍTICO

Frente a todo eso, un novedoso estudio académico, realizado por los abogados Liliana Sánchez Toledo y Gerald García Báez, establece algunas coordenadas clave para comprender, particularmente, el contenido y alcance reales de lo relativo a la protección de los derechos humanos, en la reforma constitucional recién ocurrida en Oaxaca. Partiendo del análisis crítico, llegan a algunas conclusiones interesantes que bien debieran ser consideradas por el Congreso del Estado, para continuar la ruta de las reformas que generen cambios efectivos en esta materia.

En el primero de los puntos, señalan que “a pesar de instaurar el juicio de protección de los derechos humanos (…) como medio directo de control constitucional, y en base al artículo 4° de la Constitución, en el cual nos señala que la autoridad debe velar por el cumplimiento de estos derechos, resulta refutable, ya que el acceso a dicho juicio es de manera indirecta, cuando la Defensoría de Derechos Humanos haga una recomendación. Lo correcto y objeto del control constitucional es acudir a un medio expreso y directo que protegiere la eficacia de todo derecho fundamental consagrado en sus Constituciones.

“Otro punto que resulta importante mencionar es que no erradicamos el centralismo que se ha suscitado hasta nuestros días con el juicio de amparo, sino que por el contrario, al ser los derechos humanos que reconoce la Constitución local, los mismos que se reconocen en la reforma de la constitución federal, orilla a las personas a alternarse entre el juicio local o no tomarlo en cuenta, para acudir directamente al federal, lo cual no cumple con el propósito de control local.”

Todo esto, además de que el Juicio de Protección de los Derechos Humanos es improcedente contra actos administrativos o jurisdiccionales que transgredan la esfera jurídica de las personas, provocando que con esto, de nuevo se opte por el amparo federal, y no por los instrumentos de protección que ofrece la justicia local.

¿Qué hacer ante ello? Pues bien, los abogados Sánchez Toledo y García Báez presentaron al Congreso del Estado una propuesta de reforma para armonizar el Juicio de Protección de los Derechos Humanos existente en el marco jurídico local, con las reformas que están ocurriendo ahora mismo en el ámbito federal.

De este modo, aseguran, se ensancharía el campo de acción de la justicia estatal, se brindarían al particular mejores instrumentos de defensa, y se promovería un verdadero proceso de desconcentración en cuanto a la protección de los derechos humanos, que ahora sólo se encuentra en manos del Poder Judicial de la Federación.

INTOLERANCIA

La Sección 22 del SNTE exige que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca desconozca a la Sección 59, y los expulse de todos los centros educativos en donde éstos laboran. ¿Esto no debería hacerse en base a los resultados que entregan a la educación y a la sociedad oaxaqueña? Nadie sabe en realidad, si la 59 hace mejor su trabajo que la 22. No obstante, queda claro que con el hecho de no parar labores, ya llevan ventaja. ¿Es tanta su intolerancia? ¿O es que hasta en eso los satisfará el gobierno estatal?

+ Civiles somos más: ¿Nadie se da cuenta de ello?

Qué grave resulta una sociedad como la nuestra, en la que ciertos grupos medianamente organizados deciden afectar los derechos colectivos cada que lo desean; en la que el gobierno se ve rebasado en su capacidad de responder y de garantizar el imperio de la legalidad; y en la que los ciudadanos —usted y yo— siempre nos cruzamos de brazos asegurando que nada podemos hacer al respecto, y justificando nuestra parsimonia en el oscuro argumento de que “el gobierno es responsable de todo”. ¿Qué nadie —nosotros mismos, incluidos— se da cuenta que los ciudadanos podríamos hacer e incidir en mucho, por el simple hecho de que somos más?

Hoy podemos ver claramente que la nuestra es una sociedad fundamentalmente construida a partir de la evasión y el autoengaño. De evasión porque todos tratamos de ver en los demás, los problemas públicos que también son de nosotros. Y de autoengaño, porque queda claro que buena parte de los problemas y conflictos que nos aquejan, nacen de planteamientos que todos sabemos que son erróneos o absurdamente falaces, pero todos decidimos asumirlos como ciertos. Veamos si no.

Hoy mismo se desarrolla una andanada de protestas por parte de los integrantes de la Sección 22 del SNTE. A este grupo, tanto el Gobierno del Estado, como el federal, ya les dieron todo lo que merecían, y también todos los recursos que exigieron por la vía del capricho o el chantaje. Sólo en 2011, el magisterio oaxaqueño recibió, además del incremento salarial otorgado por el gobierno federal, más de mil 600 millones de pesos adicionales en prestaciones y beneficios sociales.

¿Cuál es el argumento para justificar la entrega de esta abultada cifra? Que los maestros de Oaxaca merecen mejores condiciones de trabajo; que éste es un acto de justicia para ellos; que el Estado debe canalizar mayores recursos económicos a la educación; y que, estos son objetivos planteados por un sindicato fuerte, como lo es el del profesorado oaxaqueño.

Por parte del gobierno, las justificaciones se encuentran en la misma vía: esencialmente, la administración estatal dice que todo esto lo hace como parte de su deber de dar respuesta a las exigencias magisteriales. Y en el fondo también acepta que otorga todos esos recursos a cambio de preservar la paz social en la entidad. Éstas, y las del magisterio, sin embargo, no son sólo más que justificaciones que, en rigor, no superarían ninguna prueba de honestidad moral y política. ¿Por qué?

Porque, en realidad, la lucha magisterial hoy nada tiene que ver con sus planteamientos originales. Ellos van por los recursos y la desestabilización. Cada año. Y también, en ese mismo lapso, el gobierno hace esfuerzos extraordinarios por entregar recursos a cambio de no ver boicoteados sus planes e intenciones de gobernar.

A nadie de ellos le importa que los incrementos salariales de los mentores sean a cambio de nada; que éste sea un abierto chantaje; que, además, la negociación magisterial constituya un asalto a las arcas estatales; y que el gobierno entregue todos los recursos no por convicción, sino por miedo a las agitaciones y disturbios que aquéllos son capaces de provocar. Es decir, que unos y otros se engañan y se autoengañan, para no asumir la responsabilidad del daño abominable que año con año se comete al satisfacer a un gremio insaciable como lo es la Sección 22 del SNTE.

¿Y LOS CIUDADANOS?

Las distintas esferas de gobierno en Oaxaca, le tienen pavor a los profesores de la Sección 22, porque éstos son 77 hombres y mujeres perfectamente disciplinados, que están dispuestos a hacer —tampoco por convicción, sino también por miedo a la reprimenda— lo que les mande su dirigencia sindical.

Por su parte, cuando el gobierno ve que el conflicto comienza a escalar a cierto nivel, saca a relucir la posibilidad en el uso de la fuerza. Deja ver, pues, que ante el agotamiento de la vía política y de diálogo con sus contrapartes, éste puede hacer valer “el Estado de Derecho” a través de la fuerza pública. No obstante, queda claro que ni la fuerza de unos, y mucho menos la de los otros, puede ser capaz de solucionar ese conflicto que está generando incertidumbre y problemas a los ciudadanos.

Frente a todo eso, ¿Cuándo entenderemos, los que nada tenernos que ver ni con unos ni con otros, que finalmente nosotros mismos podríamos hacer mucho, porque somos más que unos y otros? Los oaxaqueños debíamos comenzar a deshacernos de esa idea tonta y maniquea de que los disturbios los provoca sólo la 22, y las soluciones fallidas son responsabilidad del gobierno estatal, únicamente. En todo caso, a través de esos argumentos justificamos únicamente nuestra inacción y parsimonia. Pero en realidad nada hacemos para contribuir —de la forma que sea— a solucionar un conflicto que, en última instancia, es responsabilidad de todos.

Por eso, los diversos sectores de la sociedad debían ya dejar de quejarse, y hacer algo más. Debíamos comenzar a exigir compromiso, a exigir seriedad y apertura en los arreglos cupulares que se hacen desde el poder; debíamos comenzar a exigir, con verdadero rigor, que los maestros hagan lo que quieran con su sindicato, pero que verdaderamente se comprometan con la función educativa para la que según fueron preparados y después contratados.

La sociedad oaxaqueña debía comenzar también a sentirse inconforme con lo que es. A dejar de sentirse una pobre víctima, y comenzar a actuar como gente adulta y civilizada, que sabe qué es lo que quiere para el presente y su futuro. Debíamos dejar de aplicarnos esos analgésicos que únicamente nos hacen pensar que todos son responsables menos nosotros.

En la medida que tomemos conciencia de que podemos ir mucho más lejos, también podremos ir descubriendo que exigir no es malo, como tampoco lo es conformarse, y mucho menos indignarse. ¿A quién no le molesta que la educación pública en Oaxaca sea pésima? A todos. ¿Y por qué nadie hace nada? Del mismo modo: ¿A quién no le molestan los paros, plantones y “medidas de presión” de la 22? ¿Hacemos algo? ¿No? ¿Y entonces, por qué nos sentimos con calidad moral para quejarnos? …

EL MUNDO, ¿APARTE?

Stéphane Hessel, un hombre de más de 90 años de edad, en un texto denominado “¡Indignáos!” estableció los ejes de la resistencia de miles de jóvenes que, en varios países de Europa protestan contra las adversidades propias de nuestro tiempo. Nosotros no deberíamos ser ajenos a ello. Indignémonos por lo que aquí mismo ocurre. ¿Es demasiado pedir?

+ Replantear responsabilidades; ¿prioritario hacerlo?

A la par del recrudecimiento de la guerra contra el crimen organizado, han salido a flote otros vicios y debilidades de la sociedad y la política mexicana. Una de ellas, que se ha particularizado no sólo entre la opinión de los ciudadanos, sino también en la de quienes realizan diversas expresiones de arte, es la de la mala imagen de las autoridades municipales de muchas partes de la República Mexicana. Aunque parezca algo menor, hoy por todos lados surgen ese tipo de cuestiones. Y no debe sorprendernos que, en efecto, sean un reflejo de lo que es nuestro país y nos cuesta trabajo reconocer.

En ese sentido, tres historias ficticias sobre la realidad mexicana actual, que aparentemente nada tienen que ver entre sí, están conectadas por un rasgo en particular que nos dibuja de cuerpo entero lo desgastada —y muchas veces con razón— que se encuentra la figura de los presidentes municipales.

Aunque todas tienen rasgos comunes, en realidad, cada una de ellas refleja cierta parte de la corrupción, la colusión, y las debilidades de esas, que son las autoridades menos reguladas y a las que se les pone menos atención dentro de las más altas esferas del poder. Pero vayamos a ver una por una esas expresiones que reflejan el estado que guarda la imagen de las autoridades municipales, según el propio cine y la literatura actual mexicana.

En primer término, en la película El Infierno, dirigida por Luis Estrada, aparece un personaje denominado simplemente como “El Alcalde”, interpretado por el actor Emilio Guerrero. Éste, que en apariencia es la máxima autoridad del pueblo donde se desarrolla la historia. Sin embargo, al desarrollarse la trama queda claro que éste en realidad es un empleado de don José Reyes, el capo de la zona, que lo trata como un auténtico pelele. Y cómo no. Si éste le pagó la campaña, y es quien le dicta todas las disposiciones que toma como autoridad. Al final de la historia, el mismo Reyes resulta ser la autoridad municipal de la población, hasta que es asesinado, la noche del 15 de septiembre de 2010, por Beny (interpretado por Damián Alcázar).

Por otro lado, en la cinta “Sin memoria”, de manufactura nacional, dirigida por Sebastián Borensztein, y también de reciente estreno en las salas de cine mexicanas, aparece un personaje interpretado por Pedro Armendáriz. Éste, simplemente conocido como “Benitez”, es quien desata toda la violencia que se desarrolla en la trama. Esto, debido a que es quien tiene todos los hilos del poder y del dinero, y la capacidad de fuego suficiente como para cumplir con los fines que se ha propuesto el protagonista de la cinta, Beto Santos, interpretado por Emilio Echevarría. Al final, resulta ser que quien pareciera ser todo un capo de la mafia, en realidad es el Alcalde del lugar donde se desarrolla la cinta.

Y por último, en la edición de abril de 2011, la revista Letras Libres presentó una serie de historias sobre la narcoviolencia que vive el país. Una de ellas, escrita por Julian Herbert, titulada “M. L. Estefanía”, imagina la historia de un hombre adicto a la heroína, que contando con la ayuda de un par de amigos —uno de ellos identificado simplemente como “Esquivel”, el cual es “presidente municipal de un pequeño pueblo fronterizo”—, y la protección de una poderosa dirigente sindical del magisterio, amiga de Esquivel, se inventa un “trabajo” robando la personalidad del célebre autor de historias vaqueras del norte del país, Marcial Lafuente Estefanía.

Así inicia una serie de periplos, que comienzan con un pequeño acto de usurpación para dar “conferencias” en escuelas primarias públicas —auspiciadas gracias a un jugoso contrato conseguido por la líder gremial, a través del tráfico de influencias—, sigue con la incursión en el negocio de la extorsión telefónica (ahora diciendo que llaman de parte de un violento grupo criminal), y termina con una cruel masacre a manos de los sicarios a quienes usurparon su identidad para timar a inocentes a través de un teléfono celular.

IMAGEN (Y CARGOS) OLVIDADOS

La conexión entre estas tres historias se encuentra en la imagen retratada de los presidentes municipales de hoy en México: de personajes de dudosa credibilidad, corruptos, sometidos por completo a los poderes fácticos predominantes en la zona, olvidados de los verdaderos poderes del Estado, que desdeñan por completo el mandato constitucional que les fue conferido, y que terminan aprovechando las ventajas de oportunidad que malamente les brindan sus cargos, para tratar de darse la relevancia que no pueden conseguir a través de sus funciones.

Ante este reflejo, habría que comenzar a repensar los alcances de los municipios, y la sustentabilidad que tienen hoy las autoridades municipales. No habrá guerra alguna con posibilidad de ganar, mientras esta realidad retratada, siga siendo también parte de la realidad dominante. Y esto, tenemos que comenzar a pensarlo seriamente en todos los rincones del inmenso, problemático y, por momentos, ingobernable país en que vivimos.

En ese sentido, tendríamos también que comenzar a exigir a las autoridades de los dos ámbitos de gobierno superiores (estatales y federales) que pongan mayor atención a las actividades y alcances que tienen las municipales. Aunque es cierto que el municipio es libre de realizar ciertas actividades conferidas por la Constitución, también lo es que esto no significa que todos puedan hacer lo que deseen, sin que nadie les ponga un alto o les “recuerde” los límites de la legalidad.

Hoy, queda claro que no se puede seguir viviendo en medio de este clima de violencia e ingobernabilidad; pero también lo es que todos los ciudadanos debemos pugnar porque haya mayores márgenes de legalidad tanto en las autoridades, como en nosotros mismos. Porque no podemos exigir, o seguir exigiendo, lo que nosotros mismos no somos capaces de ofrecer como ciudadanos.

FELICITACIÓN

El equipo conformado por los alumnos de la maestría en Medios Interactivos de la UTM, Raquel Pérez, Hermenegildo Fernández y nuestro amigo René Mecott Ríos, ganaron el primer lugar en el concurso internacional de Diseño de Interacción que organizó la Asociación de Profesionales de la Usabilidad (UPA), superando a los equipos finalistas de la Universidad Nacional de Singapur y de la Universidad de McGill de Montreal, Canadá. Enhorabuena para estos talentosos oaxaqueños, que ponen muy en alto el nombre de México en el extranjero. ¡Felicidades!