+ Faltan funciones, y también decisión para el trabajo

Más allá de la polémica por la utilización de las antiguas Delegaciones de Gobierno, ahora denominadas Módulos de Desarrollo Sustentable, como extensiones de trabajo político-electoral de la administración estatal en turno, habría que considerar las razones que en su momento dieron pie a la creación de esos organismos, y la función esencial que tuvieron para que, en base a ello, pudiera comprenderse qué labores se están haciendo correctamente, y qué funciones debían retomarse para en verdad abonar al desarrollo sustentable de nuestra entidad.

En un primer momento, es necesario hacer algo de historia. Como tales, las Delegaciones de Gobierno existen desde poco antes de la administración del gobernador Heladio Ramírez López en Oaxaca. Desde un inicio, fueron concebidas como órganos materiales de control político, aunque después asumieron funciones importantes en cuanto a la planeación del desarrollo tanto de los municipios, como de lo que tenía que ver con las responsabilidades del gobierno estatal.

En la siguiente administración —es decir, la del gobernador Diódoro Carrasco Altamirano—, las Delegaciones de Gobierno asumieron la responsabilidad de apoyar en la administración de los Fondos Municipales del ramo XXVI, y ante la novedad, o la demanda de descentralización de funciones a los municipios, Banco Mundial acicateó dicho proceso, para que fueran directamente los municipios quienes recibieran recursos y ejecutaran acciones que hasta entonces, por su capacidad de operación, capacitación y ejecución, estaban bajo la conducción del Gobierno del Estado.

En ese tiempo, comenzó a haber programas de capacitación a empleados del gobierno estatal en dichas labores, y luego se replicó dicho proceso con las autoridades municipales del más de medio millar de Ayuntamientos que existen en la entidad, para capacitarlos en el manejo de la novedad que eran entonces los Fondos Municipales que se transferían desde las arcas federales.

Bajo ese esquema, el proceso de descentralización de funciones resultó exitoso, y entonces organismos internacionales, y dependencias federales, tales como el Banco Mundial y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dispusieron la creación del ahora tan socorrido Ramo 33, para que los municipios incrementaran sus respectivos márgenes para la ejecución directa de esas acciones que, como ya se dijo antes, hasta ese momento se encontraban en manos del gobierno estatal.

Sin embargo, como se ha comprobado en estos últimos años, no todo en ese proceso de descentralización fue positivo. Independientemente de la posibilidad de ejecución directa que dio el ramo 33, esto también constituyó una transferencia súbita de funciones a los Ayuntamientos. Y éstos no estaban lo suficientemente preparados como para poder desarrollar todo el potencial que implicaban esos recursos.

Otro problema que esto creó, fue que el ramo 33 no representó más recursos, sino que únicamente transfirió su manejo de los gobiernos estatales a los municipales. Esto dejó prácticamente sin margen de maniobra a los gobiernos de los Estados.

El único gobernador que en aquel entonces reviró con fuerza esta decisión federal, fue Manuel Bartlett en Puebla, quien estableció que de todos modos la planeación municipal debía aprobarse por instancias estatales. Y dicho hasta el año pasado, el gobierno estatal del estado vecino, quien se encargaba de orientar y autorizar la inversión de recursos de los municipios.

CLAROSCUROS

Han pasado ya varios años desde que se creó el famoso ramo 33, y lo cierto es que el desarrollo de la mayoría de los municipios no corresponde a los montos millonarios de dinero público que se ha invertido en ellos. No se ve, pues, que en la mayoría haya transformación en sus territorios. Ha habido buenos presidentes que invierten bien el dinero, pero también es cierto que la mayoría no tiene la capacidad, la preparación o la visión suficiente para conducir correctamente estos procesos, o simplemente son corruptos.

Prueba de esto último, es que hoy son más disputadas las candidaturas a Presidente Municipal, que a diputado federal o local. La clave de todo esto es el famoso ramo 33, que siempre tiene muchos millones de pesos que, cuando hay corrupción o torceduras en el ejercicio público, son susceptibles de ser utilizados discrecional e incorrectamente.

Incluso, cuando sí hay pulcritud presupuestal en los Ayuntamientos, éstos se enfrentan tanto a la poca duración de las administraciones municipales (con lo que no puede haber procesos de planeación a largo plazo), y sobre todo se topan con la escasa capacidad municipal, las extorsiones y las “raterías” que han abundado tanto en ellos como en las autoridades estatales.

Por todo ello, en la administración del gobernador Carrasco Altamirano se incorporaron las Subdelegaciones de Planeación a las Delegaciones de Gobierno, y los Munícipes recibieron apoyo y dirección. Para tal efecto, las delegaciones fueron útiles. Y para esa administración de los fondos municipales, las delegaciones de gobierno se encargaron de dar seguimiento, y de brindar asesoría y orientación a las prioridades de los gobiernos municipales.

Esas Subdelegaciones de Planeación se conocieron como los Módulos de Atención Social. Fue incluso un proceso de desconcentración. Es decir, las Subdelegaciones o Módulos estaban integrados por gente que se integró al trabajo de campo. Con ello, técnicos y mandos medios de instancias como el IVO, CAO, Obras Públicas y Desarrollo Rural fueron enviados a las zonas directas de atención, y además hubo coordinación con las instancias federales encargadas del desarrollo social.

LOS MÓDULOS,

NINGUNA NOVEDAD

En resumen, los actuales Módulos de Desarrollo Sustentable vienen de mucho tiempo atrás. La distorsión de sus funciones ocurrió a partir de la perversión de quienes las manejaron, pero este problema no parte ni de su creación ni de sus funciones anteriores o actuales. Los Módulos eran el área fuerte de las Delegaciones, pero no manipulaban lo político. Servían, porque sabían qué hacer y lo hacían. Por todo eso, habría que retomar la verdadera importancia y función social de esos organismos. Y por eso mismo, si Gerardo Albino no sabe ahora qué hacer en lo verdaderamente importante para la función de planeación y desarrollo municipal y estatal, terminará siendo uno más de los cuestionados y señalados Coordinadores de Delegaciones, que hicieron de todo… menos las funciones esenciales que exige el cargo.

+ Además de corrupción, incurren en ilegalidades

Nadie con verdadero sentido político desearía parecerse, o ser equiparado con el tristemente célebre personaje priista que responde al nombre de Alejandro Avilés Álvarez. Éste, en su paso por la administración pública el sexenio pasado, se hizo malamente conocido por las historias de corrupción, extorsión y malversación de recursos que se contaban de la dependencia que encabezó.

En efecto, Alejandro Avilés fue coordinador general de Delegaciones de Gobierno, a lo largo de casi toda la administración del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Aunque era una dependencia que ya traía ciertos vicios, y ya había extraviado la mayoría las funciones para las que fue creada, en ese periodo se convirtió en una auténtica especie de “Caja de Pandora”, en la que se entretejían los más oscuros acuerdos tanto para obtener beneficios económicos indebidos, como también para encabezar la operación electoral que debía ser una tarea financiada por el Partido Revolucionario Institucional.

En ese sentido, dos fueron las funciones más conocidas de las Delegaciones de Gobierno en ese periodo: la primera, era la relativa a que lejos de ser facilitadores y conductores de la gestión y atención entre el Gobierno del Estado y los Municipales, los delegados se convirtieron en auténticos extorsionadores, quienes por lo menos la mitad de su tiempo la dedicaban a ver cómo obtenían beneficios económicos a través de la “recomendación” de proveedores, constructoras y consultorías, para que fueran contratadas por los Ayuntamientos que se encontraban dentro de su radio de acción.

La otra mitad del tiempo, la ocupaban para su otra actividad conocida: la operación partidista. Para nadie era un secreto, que la Coordinación de Delegaciones de Gobierno tenía una estrechísima vinculación con la Secretaría de Elecciones del Comité Directivo Estatal del PRI. Por eso, personajes como Marcelo Díaz de León Muriedas y Alejandro Avilés tenían no sólo una sólida relación, sino también intereses comunes que tenían que ver con “el trabajo de partido”.

Y es que, en efecto, tampoco era un secreto el hecho de que la totalidad de los delegados, subdelegados, y directores de área en las 60 delegaciones de gobierno, eran propuestos por la Secretaría de Elecciones del PRI; o éstos, al ser contratados por la dependencia que encabezaba Avilés, se les ordenaba que estuvieran al servicio del área electoral del PRI estatal.

En el interior del Estado, todo aquel que fungió como autoridad municipal en su demarcación, puede dar cuenta de cómo el Delegado de Gobierno hacía lo mismo labor institucional, que trabajo sucio en cuanto a las recomendaciones, extorsiones y chantajes. E, incluso, eran ellos —en conjunto con los también oscuros Delegados del PRI, a los que se les pagaba con recursos oficiales—, quienes estaban dedicados, aún en días y horas de trabajo, a organizar las estructuras y operación electoral, las “giras de trabajo” del líder priista en turno, y la operación estrictamente electoral en los tiempos de campaña, y los días de jornada electoral.

Frente a toda esa historia de turbiedades, que siempre fue pasada por alto por el gobierno estatal, pero que asimismo siempre fue bien conocida por la ciudadanía —a la que no se le puede engañar—, el titular de los actuales Módulos de Desarrollo Sustentable debería comenzar a preguntarse, con seriedad, si está dispuesto a pasar a la historia local con la misma reputación que su antecesor.

Y es que si bien dicen que en los comienzos están los finales, los funcionarios actuales deberían hacer más por lograr cambios que fueran más allá del nombre de esa dependencia.

VIOLACIONES LEGALES

Empero, más allá de los asuntos de corrupción, los módulos de Desarrollo Sustentable deberían también se revisados en cuanto a su trabajo, integración y enfoque, para verdaderamente ser coadyuvantes al desarrollo de los municipios, y no un estorbo o traba como parecen serlo ahora. Aunque es un aspecto fundamentalmente técnico el que a continuación se detalla, no está de más que Gerardo Albino González considerara este señalamiento.

Como bien se sabe, al arrancar la administración del gobernador Gabino Cué Monteagudo se crearon los Módulos de Desarrollo Sustentable, los cuales fueron instituidos para suplir a las antiguas Delegaciones de Gobierno. Una de las funciones establecidas en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, señala que los módulos deberían ser instancias de plantación del territorio, tomando en cuenta que dejaría de funcionar todos los aspectos políticos que hasta entonces tenían las delegaciones de gobierno.

Para todo esto, en cada uno de los Municipios del Estado existen los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS), creados en la administración anterior, y que tenían como objetivo principal ser la instancia de planeación del territorio dentro de los municipios. Esto significa que con la formación de un solo CMDRS se planeaba el desarrollo total del municipio en todos sus aspectos (económico, ambiental, social, humano e institucional, etcétera.)

Es por eso que se formó un solo Consejo que es el CMDRS. Todo esto, como lo dijimos al principio, encuentra sustento en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, aprobada en el año 2001 por el Congreso del Estado.

En este sexenio, con la creación de los Módulos de Desarrollo Sustentable, la cual está integrando los Consejos en cada uno de los municipios de las diferentes regiones, cadauna de las antiguas Delegaciones de Gobierno, está integrando una instancia a la que denomina Consejo Municipal de Desarrollo Social, generando con ello una confusión en los mismos municipios, y sobre todo, echando por la borda todo el trabajo de planeación realizado anteriormente con los municipios por medio de los CMDRS.

Esto, debido a que instancias federales como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ya no participan como las encargadas de los diferentes sectores.

DESARROLLO REAL

Se supone que ya ajenos a los afanes políticos del pasado, Gobierno del Estado debería retomar este proceso de planeación a través de los CMDRS, y pueda continuar el trabajo que se venía llevando a cabo, el cual sí había dado resultados a los municipios, y así tener el desarrollo desde lo local, como se menciona en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

+ Conflictos internos en priismo, ¿origen de todo?

Los diputados locales de las fracciones parlamentarias que integran la coalición legislativa afín al gobernador Gabino Cué, esgrimen dos argumentos para sostener la constitucionalidad de la designación de los integrantes, y el titular, del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC) en las condiciones que lo hicieron, y para  asegurar que no fue un albazo, sino un asunto ajeno a ellos, lo que provocó la marginación de las propuestas y el voto del PRI en la integración del Órgano Electoral.

Es claro que en la política, como en el mundo, los hechos no son monocromáticos. Por ello, independientemente de la posibilidad de concordar o no con los argumentos de los coalicionistas, es necesario conocer su propia visión tanto de la constitucionalidad y legalidad de la determinación que ellos tomaron respecto al IEEPC, como de los acuerdos previos, y los conflictos internos que generaron las reacciones y la automarginación de la fracción priista. Como para forjar un criterio claro es necesario conocer todas las versiones, vayamos punto por punto a los argumentos que esgrimen los diputados aliancistas.

Veamos primero los argumentos esgrimidos por las fracciones legislativas coaligadas, respecto a la constitucionalidad de la decisión que tomaron, independientemente de que el lector pueda o no concordar con los mismos.

En ese sentido, aseguran que, de acuerdo con una reforma realizada al CIPPEO apenas la semana pasada, se aprobó una modificación al artículo 84, apartado A, para establecer que el Consejero Presidente del IEEPC debería ser electo por las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión, mas no de la totalidad de los integrantes del Congreso local, como se estableció hasta entonces el dicho ordenamiento electoral, para dar la máxima intensidad y legitimidad constitucional y legal, al Titular del Órgano que funge como árbitro en los procesos electorales.

En un primer momento, fue en base a tal criterio que fundamentaron la decisión de nombrar como Presidente del Órgano Electoral a Alberto Alonso Criollo, y a los integrantes de las propuestas aliancistas como Consejeros Electorales.

¿Cómo pudieron hacerlo? La explicación para eso, jurídicamente hablando, no parece complicada. Esto porque en dicha sesión, los 25 diputados presentes (24 coalicionistas y 1 del PRI), reunían el requisito del quórum que exige la Constitución (la mitad más uno) para el inicio de la sesión, y la legalidad de los acuerdos que se tomen en general.

En su lógica, habiendo quórum legal había también la posibilidad de tomar decisiones aplicando no sólo una mayoría calificada, sino unanimidad. Fue así como no sólo dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión, sino la totalidad de los mismos, eligieron a Alonso Criollo como titular del IEEPC. Y por eso mismo, dicen que la decisión que tomaron tiene apego a la constitucionalidad.

Incluso, en su favor dicen que tampoco hubo inconstitucionalidad en el desechamiento de las propuestas priistas a Consejeros Electorales, porque éstos sí fueron votados en el pleno del Congreso, pero fueron rechazados por los diputados coalicionistas, que más bien prefirieron integrar el IEEPC con sus propias propuestas.

Por todo eso, los legisladores que sí conocen de los recovecos legales, dicen que la garantía de audiencia de los ciudadanos propuestos por el PRI como Consejeros Electorales, no fue vulnerada. Y por eso dicen que sí es legal su actuación.

RESPONSABILIDAD PRIISTA

Ahora bien, habría que preguntarse cuál fue la razón que llevó a los diputados coalicionistas a marginar a la fracción parlamentaria del PRI de las decisiones que tomaron sin su consenso. Contrario al albazo que ha sido constantemente denunciado, ellos dicen que la ausencia de la bancada tricolor, y su inmovilidad posterior, se debió no a una actitud ventajosa por parte de los aliancistas, sino a las feroces discordancias internas que privan en ese partido.

En ese sentido, aseguran que la tarde-noche del viernes, ya existía un acuerdo entre el coordinador de la bancada priista, diputado Martín Vásquez Villanueva, y los negociadores de la coalición legislativa. Aseguran que éste, a nombre de su bancada, ya había aceptado que fuera Alonso el titular del Órgano Electoral, pero exigió que fueran respetados ciertos acuerdos de forma para la votación, así como la inclusión de las propuestas priistas a Consejeros Electorales.

Aseguran que ya existía ese acuerdo, además, porque ocho de los diputados priistas —entre ellos Carlos Martínez, Carolina Aparicio y Germán Rojas Walls— ya habían aceptado votar —sin especificar si a cambio de algo— a favor de Alonso. Vásquez exigió, sin embargo, que por un asunto de apariencias, primero fuera sometida a votación su propuesta para Consejero Presidente (Othoniel Peña), y que una vez rechazado entonces se permitiera que los ocho legisladores priistas, completaran la mayoría calificada para elegir a Alonso como presidente del IEEPC.

Aseguran que dicho acuerdo se entrampó por los intereses a los que sirve la fracción priista, que es todo menos un grupo homogéneo. Cuando se concretó tal acuerdo, los diputados afines al ex gobernador Ulises Ruiz le comunicaron la decisión; por su parte, los comprometidos con el diputado Jorge Franco, hicieron lo mismo. Hubo resistencia por parte del grupo ulisista para respaldar la decisión. Y esas diferencias fueron las que, aseguran, impidieron que la madrugada del sábado los diputados tricolores dieran si quiera la cara para concluir el proceso de elección.

Esos desacuerdos, dicen los aliancistas, no pudieron resolverse durante todo el día del sábado y la madrugada del domingo. Y fue hasta ese momento que, según su versión, ellos esperaron el cumplimiento de sus acuerdos iniciales o, al menos, su presencia de los priistas en el Recinto Legislativo para concluir la sesión. Esto nunca ocurrió. Y por eso, dicen, tuvieron que hacer solos la votación, y elegir ellos a sus consejeros.

DOS VERSIONES

Esta es, por decirlo así, “la otra versión” de lo que ocurrió el fin de semana. Lo cierto, en todo esto, es que este proceso tan atropellado lo único que hizo fue minar severamente la credibilidad y legitimidad tanto del IEE, como de la coalición legislativa, y qué decir del PRI. Y por eso, aún con todo, sigue siendo sostenible el señalamiento de que la gran perdedora, en todo esto, fue la democracia en Oaxaca.

Frente a embates, esconden la cabeza

¿Qué imagen da un partido político en el que, tres días después de haber sido avasallado, ninguneado, y traicionado en todos los acuerdos con sus contrapartes, ninguno de sus dirigentes sale a defender sus posiciones?

Eso es justamente lo que ocurre con el Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca. Tres días después de haber sido arrasado por las fracciones parlamentarias de los institutos políticos que respaldan al gobernador Gabino Cué Monteagudo, en cuanto a la integración del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ningún líder priista había hecho al menos un posicionamiento para establecer sus líneas de acción o defensa.  Y eso, para ellos y para la democracia en general, es un asunto altamente preocupante.

Por ­su propia actuación, hoy todos los que ostentan cargos de responsabilidad dentro de la estructura partidista del priismo, están demostrando cuando menos una actitud de debilidad, falta de oficio y desinterés, que bien puede ser también una disimulada actitud de entreguismo hacia el gobierno estatal. Las señales enviadas hasta este momento no pueden sino apuntar hacia esa dirección. Veámoslos, uno por uno.

En primer término, es necesario revisar la actuación del coordinador de la fracción priista, y presidente de la Junta de Coordinación Política, Martín Vásquez Villanueva. Desde febrero pasado (Ver Al Margen de los días 4 y 9 de febrero de 2011), apuntamos en este espacio los riesgos de confundir una oposición responsable, con una oposición aparente.

Incluso, por la actuación hasta entonces de la fracción priista, apuntamos que “la bancada tricolor en el Congreso local no ha demostrado algo más que tibieza, carencia de argumentos sólidos, e incluso de una idea precisa del papel que le toca jugar, no como comparsa, sino como cuña, resistencia y dique al gobierno estatal.”

Y es que, aún con el poder de su bancada, con los argumentos sobrados que tienen para encabezar a todos los sectores de oposición en la entidad, e incluso con los medios que tienen al alcance para oponerse civilizada y responsablemente a los partidos oficialistas, lo que hasta ahora se ha visto es más bien inconsistencia y ataques constantes a las debilidades particulares de quienes encabezan a la fracción parlamentaria.

En este sentido, el tratar de hacer una verdadera oposición se ha visto empañado por un escollo particular que tiene tanto Martín Vásquez Villanueva, como el dirigente estatal, Eviel Pérez Magaña. Los dos, —como lo apuntamos en esta columna el pasado 9 de febrero— fueron altos funcionarios de la administración pasada, a quienes el gobierno de Gabino Cué señala indirectamente como presuntos responsables de diversos actos de corrupción.

Y por esa razón, pareciera que ambos personajes son recurrentemente susceptibles de ser presionados, para desistir de cualquier intento de generar una oposición menos “responsable” o “civilizada” (o aparente) de la que han hecho hasta estos momentos. Y todo quedó en evidencia ante este primer momento de crisis general para ese partido, en el que todos los sectores del tricolor debieron haberse cohesionado para hacer un solo señalamiento, importante y de altura, para combatir inteligentemente a quienes los avasallaron.

SILENCIOSO SOSPECHOSO

Hasta la tarde de ayer, los únicos dos priistas que habían hecho posicionamientos serios al respecto, eran los diputados Elías Cortés López y Carlos Martínez Villavicencio. ¿Qué dijeron? ¿Por qué? Y sobre todo, ¿dónde estaban todas las voces autorizadas y legitimadas —se supone— para hablar, desde la dirección priista, de este asunto?

Los diputados Cortés López y Martínez Villavicencio únicamente se refirieron a lo más bajo de todo lo ocurrido en relación a los consejeros del nuevo IEE. Cortés, indebidamente adelantó —por no ser el legitimado para hacerlo, al no ser dirigente partidista ni representante formal de su fracción— que el PRI impugnaría dicho proceso ante los órganos jurisdiccionales federales.

A esa misma postura, se adhirió el también diputado local tricolor Daniel Cuevas Chávez, quien no obstante su calidad de legislador, tampoco tiene representación y calidad partidista alguna para hablar a nombre del priismo en medio de un asunto tan delicado como este.

Carlos Martínez, por su parte, alzó la voz pero únicamente para defenderse de las acusaciones de traición, hechas por sus mismos compañeros priistas, quienes lo acusaron de haberse “vendido” al oficialismo por haber sido el único diputado del tricolor que asistió a la sesión, y votó favorablemente la eliminación de las propuestas priistas para consejeros electorales, y fue electo Alberto Alonso Criollo como Consejero Presidente del órgano electoral. Sus argumentos, como era de esperarse, fueron tan poco serios, que ni lejanamente podrían apuntalar una defensa consistente a tales acusaciones.

No obstante, más allá de eso lo que queda es el vacío total. Esto porque el presidente del Comité Directivo Estatal, Eviel Pérez Magaña ha estado callado por completo ante estos hechos. De nuevo, el Presidente del PRI ha mostrado una total apatía, desinterés, o incluso resistencia a los posicionamientos, frente a asuntos que no sólo incumben a su partido, sino que lo rebasan y trastocan el interés público que, desde su trinchera partidista y legislativa, él también dice defender.

¿Y qué decir del diputado Vásquez Villanueva? Es inaudito —por no decir que sospechoso—, que éste hubiera optado por el exceso de confianza, por un pésima asesoría jurídica, e incluso por explotar la proclividad etílica de algunos legisladores, para preferir una borrachera a la defensa total de las posiciones que aún tenían seguras en la elección de Consejeros del IEE.

Según diversas fuentes, eso fue lo que ocurrió la noche del sábado, mientras los diputados aliancistas elegían, solos, a un Presidente del órgano electoral propuesto de manera inamovible, no por las fracciones parlamentarias, sino por el Gobernador del Estado. Y todo esto se agudiza, por el prolongado silencio que ha guardado desde entonces.

AUSENCIA TOTAL

A los priistas “institucionales” que respaldan a Eviel Pérez Magaña, les molesta sobremanera señalamientos como los del indeseable diputado Jorge Franco, que siempre acusa la falta de liderazgo de la dirigencia actual. Sin embargo, con esas fallas y actitudes no hacen sino darle la razón. Y lo peor es que dejan a la sociedad en estado de indefensión, frente a las actitudes autoritarias de quienes detentan el poder.

+ Granados Chapa, las negaciones y la realidad

El pasado 23 de enero, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa anunció, en su columna Plaza Pública del periódico Reforma, que Televisa compraría la compañía de telefonía celular Iusacell, propiedad de Grupo Salinas, quien a su vez es dueño de su principal competidor en el ramo de la comunicación, Televisión Azteca. La noticia causó revuelo, por la importancia que revestía el hecho de que los dos gigantes de la televisión mexicana se unieran para hacer frente al poder de las empresas de telefonía fija y móvil de Carlos Slim. Era, por así decirlo, el principio de una guerra en la que se enfrentarían dos de los principales —y más representativos— monopolios de nuestra nación mexicana.

Hace dos meses, cuando Granados Chapa dio la primicia de esa operación entre Televisa y Grupo Salinas decía que: “Si no puedes vencer a tu enemigo, recomienda un refrán, únetele. Y si puedes, mejor cómpralo. Esa fórmula se aplicó esta semana, cuando Televisa adquirió la totalidad de acciones de Iusacell, la empresa que en busca de su propio provecho presentó más de 40 recursos legales contra la licitación 21, confeccionada a favor del consorcio Azcárraga. Esa operación jurídica, y política, de la que se da cuenta en esta columna antes que en ninguno otro lugar, permitirá a Televisa además de desembarazarse de su principal adversario en tribunales, contar de golpe y porrazo con 53 megahercios del espectro radioeléctrico, los que posee Iusacell.”

En aquella columna, Granados Chapa daba cuenta de una serie de acuerdos no sólo comerciales entre ambas empresas, sino también de la construcción de los consensos políticos necesarios para hacer transitar una operación debe pasar por el aval del gobierno federal. En ese sentido, el Periodista daba cuenta de dos potenciales signos claros de la construcción de ese acuerdo, tanto interno como externo entre Televisa, Grupo Salinas y el gobierno federal.

Hacía referencia, en ese sentido, a un encuentro habido entre el presidente Felipe Calderón y los principales ejecutivos de Televisa, encabezados por Emilio Azcárraga, en Punta Mita, un elegante balneario de Nayarit, en el que habrían acordado esta “monumental operación”, como también la denominó Granados Chapa.

El otro punto al que hacía referencia, fue que por esas mismas fechas ocurrió la salida de las filas de Televisión Azteca de la conductora peruana Laura Bozzo, quien debutaría justo al día siguiente de la aparición de aquella entrega de Plaza Pública (24 de enero) como la conductora principal de Televisa.

“En otros momentos, sonsacar a una estrella de la televisión era tenido por la competidora como una declaración de guerra. Hoy, al contrario, la transferencia de la locutora peruana (que tuvo dificultades con la justicia de su país a causa de su relación con Vladimiro Montesinos, la eminencia negra del dictador Alberto Fujimori) ha ocurrido con tersura, como ocurren las mudanzas de las estrellas del futbol, ámbito de negocios en que los integrantes del nuevo acuerdo también tienen intereses complementarios.”

Sin embargo, las ventajas reales de aquel negocio iban mucho más allá de las posibles presentadoras de programas tipo talk show.

GRAN NEGOCIO

La potencial operación de Televisa y Grupo Salinas se inscribía no sólo en la guerra que habían librado en los últimos años esos dos grupos por el control de las nuevas frecuencias del espectro radioeléctrico que habría de concesionar el gobierno federal, sino también en la nueva batalla que libran esos dos consorcios —y que hoy está del todo abierta— en contra del Grupo Carso.

La cuestión es simple: Las televisoras desean entrar con fuerza al negocio de la telefonía, y las empresas de Carlos Slim desean incursionar en el ámbito de la televisión. El problema es que ambas son actividades monopólicas en México. Y es que si existe alguna razón poderosa para que no existan ni más compañías telefónicas ni más empresas televisivas en México, es justamente la negativa de Televisa y Azteca, por un lado, y de Telmex y Telcel, por el otro, a permitir que existan más competidores.

Por todo eso, Granados Chapa establecía lo siguiente: “La nueva situación le permitiría asociarse (a Televisa) de nuevo a Nextel, con lo que eliminaría otro riesgo, el que se deriva de que pudiera cancelarse la concesión que estaba en juego en la licitación 21. Ésta se resolvió a favor de una persona jurídica compuesta por esas dos empresas, por lo que al retirarse Televisa desapareció la solicitante (luego titular) de la concesión, fragilidad que podría conducir a la obligación de reponer la licitación, riesgo que se suprimiría con el retorno de Azcárraga a la sociedad con Nextel.

“Iusacell pasó en dos décadas de ser la pionera y la más importante empresa de telefonía celular a ser superada por Telcel y Telefónica. Creada por el dinámico Alejo Peralta como parte de su imperio relacionado con instalaciones eléctricas (Iusa), Iusacell fue adquirida en junio de 2003 por el Grupo Salinas en sólo 10 millones de dólares, cifra irrisoria que se explica porque en la misma operación ese grupo se hizo cargo de su deuda de 800 millones de dólares. Una deficiente gestión previa, y posterior a esa compra, condujo a Iusacell a la paradoja de que su principal producto en el mercado fuera la porción de espectro radioeléctrico que poseía y deseaba vender, dado que el número de sus usuarios quedaba servido por sólo una fracción del bien que tenía concesionado.

“La licitación 21 fue diseñada para contener a Iusacell y ensanchar los horizontes de Televisa. ¡Cuán dilatado es ahora su ámbito cuando en una sola operación compró el silencio de su adversario y al adversario mismo, con su patrimonio a cuestas!”

¿NO QUE NO?

Cuando Granados Chapa dijo todo eso en enero, de inmediato Televisa y Grupo Salinas desmintieron la versión. El periodista se disculpó, sin retractarse, por haber incurrido en la omisión de no consultar a las fuentes aludidas “omisión motivada por la firme confianza que me merece la fuente de que abrevé esa información”, explicó. Sólo que pasados apenas dos meses, el tiempo le dio la razón. El pasado miércoles, ambos grupos anunciaron la sociedad que involucra directamente a Iusacell. Tal parece que se siguen armando para luchar contra Telmex. El problema es que, globalmente, no parecen ser muchos los beneficios que esto pueda traer al usuario final. Ojalá que esta guerra de titanes no termine haciendo sino acentuar los monopolios que tanto daño le han hecho a México.

+ Justa dimensión: inservible, sin voluntad de cambio

Independientemente del contenido de la reforma constitucional, aprobada la noche del miércoles por unanimidad en el Congreso del Estado, es evidente que con ello gana Oaxaca.

Y no es que con esa sola modificación al Texto Fundamental las cosas vayan a cambiar, o que eso constituya el remedio eficaz a todos los males de la entidad. En realidad, gana la entidad porque éste constituyó un ejercicio democrático que debía ser el punto de partida para el consenso y los acuerdos entre fuerzas políticas, y no una sola práctica aislada. Finalmente, parece que más allá de lo que fue aprobado, todas las fuerzas políticas abonaron su legitimidad frente a sí mismos, y frente a los ciudadanos. Veamos por qué.

Podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que es no solamente erróneo, sino temerario, aquel planteamiento tantas veces citado por el Gobierno del Estado, y los partidos que conforman la coalición legislativa en el Congreso, respecto a que con esta reforma constitucional se pasa de la simple alternancia de partidos en el poder, a un auténtico proceso de transición democrática. Se equivocan porque este conjunto de modificaciones apenas si alcanzó a ser el inicio de un proceso de reconfiguración institucional que ahora debe continuar con la materialización de auténticos cambios de fondo.

En este sentido, debemos ser muy claros para no caer en maniqueísmos desafortunados. La reforma constitucional, no abona por sí sola a la transición democrática, porque lo más que se llegó a concretar, fue un replanteamiento de las facultades que tienen los poderes constituidos y los órganos autónomos.

Esto porque más allá de cualquier apasionamiento político o partidista, queda claro que lo hecho no será suficiente ni para disminuir la enorme influencia política que tiene el Poder Ejecutivo sobre los demás entes de gobierno, ni para evitar esa dualidad nociva del Congreso, que recurrentemente combina el estruendo con la ineficacia, e incluso tampoco para hacer una auténtica apertura de la actividad administrativa y jurisdiccional del Poder Judicial del Estado.

Lo ocurrido con la reforma, pues, sólo fue el replanteamiento del “deber ser” institucional que todos los oaxaqueños anhelamos del Poder Público. Ese deber ser hoy, tiene un inmejorable grado de legitimidad —e irreprochabilidad— por parte de las fuerzas o actores políticos, ya que fue respaldado y votado por unanimidad por todas las fracciones parlamentarias con representación en el Congreso.

No obstante, lo que deberá materializarse a partir de ahora, para hacer funcional esa reforma, es ya no el “deber ser”, sino el “ser”. Es decir, la voluntad y la capacidad de acatamiento de la ley que muestren todos los actores y fuerzas políticas, para positivizar y llevar a los hechos los cambios constitucionales que ya realizaron, en aras de la transición democrática.

Queda claro, en ese sentido, que Oaxaca puede tener la mejor Ley Constitucional de México o del mundo, pero que eso no es ni cercanamente suficiente para lograr los cambios democráticos que se anhelan.

Para hacer efectiva esa promesa, apenas si está hecha la mitad de la tarea. La otra mitad se encuentra directamente en manos del Gobernador del Estado, de los diputados, de los integrantes del Poder Judicial y de los órganos autónomos, e incluso de los ciudadanos. Si queremos cambios, ya tenemos los instrumentos legales necesarios. Pero ahora debe ser una tarea subjetiva (es decir, de cada persona, partido o grupo político) la de poder hacer posibles esos cambios.

Sin duda, es la manifestación expresa y constante de voluntad de cambio —y no la sola reforma constitucional— el mayor reto de la transición democrática que tanto se anhela para Oaxaca.

TODOS GANAN

Sin embargo, más allá de los triunfalismos de quienes, desde el poder, dicen haber logrado la transición; y de los que, desde la oposición, aseguran que la reforma constitucional final tiene un alto porcentaje de propuestas realizadas por ellos, es claro que la ganancia política de unos y de otros es bastante perceptible, y que es lo que deberían capitalizar frente a ellos mismos y frente a los ciudadanos. Veamos si no.

En primer término, lo que vimos fue un ejercicio excepcional, y hasta raro, de trabajo y propuestas por parte de quienes integran el Poder Legislativo. Como pocas veces ocurre, ahora sí los diputados de todas las fracciones parlamentarias que participaron en estos trabajos, demostraron haberse involucrado a fondo en el tema, y su interés resultó no sólo en discusiones, sino sobre todo en polémicas, debates y argumentos, que lo que permitió tener, fue un importante abanico de propuestas que finalmente nutrieron el dictamen final de la reforma constitucional.

Por otro lado, con esta reforma gana el gobernador Gabino Cué. Esta operación política, les guste o no a sus detractores, fue una demostración de cómo un gobernante debe utilizar la fuerza y el “bono democrático” que tiene al inicio de su gobierno, para impulsar cambios constitucionales sobre los que después pueda adjudicarse la paternidad, como una demostración de su voluntad democrática.

Pero también ganan las fuerzas de oposición. Es innegable que en el balance final, la reforma aprobada contiene un porcentaje importante de propuestas hechas desde las trincheras opositoras. Este triunfo se determinó, desde el momento en que las fuerzas de oposición impidieron que la propuesta hecha por el Mandatario fuera aprobada lisa y llanamente, pero a cambio entregaron un paquete de propuestas que rebasaba cualquier acusación de bloqueos, cerrazón o demagogia.

Y finalmente, en esto, más allá de los triunfos aislados, es claro que gana toda la política oaxaqueña. Tenemos más de una década, en el escenario local y nacional, en la que no vemos la consolidación de un solo acuerdo trascendental entre todas las fuerzas políticas. Y en eso sí, por encima de todo, Oaxaca será ejemplo nacional, al haber concretado una reforma constitucional con el consenso y la aprobación unánime de todas las fuerzas políticas. Que esta reforma, ojalá, sea para bien de nuestra entidad.

CAMBIO INNECESARIO

Por cierto, salta a la vista el cambio de denominación, ese sí demagógico, que determinaron para la instancia defensora de los derechos humanos. Ahora se llamará “Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca”. Un cambio a simple vista cosmético e irrelevante para lo que constitucionalmente ya era un órgano con plena autonomía y alcances definidos.

+ Voluntad política rebasaría a la recomendación

Sin tener por qué hacerlo, hace unos días el Gobierno de Oaxaca, por conducto del Titular del Poder Ejecutivo, aceptó la Recomendación 001/2010 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, respecto a la detención-desaparición de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, presuntamente ocurrida en la capital oaxaqueña el 25 de mayo de 2007 a manos de posibles agentes estatales o federales. Parece claro que, más allá del cumplimiento de las medidas dictadas por el Ombudsman nacional, el gobierno estatal está tratando de evitar cualquier choque —así sea retórico— con el EPR.

Es necesario ver este asunto en una perspectiva más amplia que la de la sola lectura lineal de los hechos, y tomar en cuenta aspectos que ya son parte de la historia reciente de Oaxaca. Vayamos punto por punto.

Por un lado, es necesario recordar el hecho de que el gobierno actual, tiene una estrecha relación de ascendencia con el gobierno de Diódoro Carrasco Altamirano; y particularmente, que quien fuera el procurador de Justicia en aquella administración (Roberto Pedro Martínez Ortiz), fue quien tuvo preferencia en la recomendación de los funcionarios que hoy encabezan tanto la Procuraduría General de Justicia del Estado, como la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Ambas dependencias, hoy, son indirectamente ocupadas por Martínez Ortiz.

¿Qué relación tiene todo esto con el eperrismo? Que al menos en Oaxaca, fue la administración del gobernador Carrasco Altamirano a la que le tocó enfrentar y combatir a los milicianos eperristas en 1996, cuando realizaron ataques armados tanto en la capital oaxaqueña como en varias demarcaciones de la región de la Costa.

Particularmente, fue el entonces procurador Martínez Ortiz quien cargó con los más pesados señalamientos por la brutalidad de la actuación de los agentes bajo su mando, por los presuntos actos de represión cometidos en contra de personas inocentes, y por la detención y encarcelamiento arbitrario de docenas de indígenas loxichas acusados de pertenecer a esa organización armada, quienes sólo obtuvieron su libertad cuando la administración estatal siguiente emitió una Ley de Amnistía.

Por otro lado, debía tomarse en cuenta que hace apenas unas semanas, el gobierno de Oaxaca anunció la creación de una fiscalía especializada en asuntos de trascendencia social; dicha instancia tendría justamente la facultad de investigar y esclarecer los acontecimientos delictivos que han lastimado el tejido social en la entidad. Y de hecho, al anunciar la aceptación de la Recomendación de la DNDH al respecto, dispuso que fuera esa instancia la encargada de dar seguimiento a las disposiciones contenidas en dicho documento.

Y es que aunque parece que el actual Gobierno de Oaxaca está particularmente comprometido con la defensa de los derechos humanos, y con la defensa de los activistas sociales, lo cierto es que este movimiento más bien parece estratégico para hermanarse con una causa relacionada con quienes podrían ser uno de sus principales detractores políticos.

¿ELIMINAR CUESTIONAMIENTOS?

Teniendo verdadera voluntad política, el gobierno de Oaxaca podría haber no sólo hecho promesas, sino también pudo haber entregado resultados concretos respecto a asuntos tan delicados como el de la desaparición de los eperristas, ocurrida en las postrimerías del conflicto magisterial, en mayo de 2007.

¿Por qué? Porque más allá de los efectos no vinculantes de la Recomendación de la CNDH, la administración anterior inició una investigación ministerial, a través de la PGJE, a la que nunca se le dio ni importancia ni seguimiento. Sin embargo, para efectos legales esa indagatoria continúa pendiente, y lo único que habría que hacer tanto para dar con el paradero de los dos eperristas, como también para determinar quién o quiénes fueron los responsables tanto de su aprehensión ilegal como de su desaparición, es reactivarla a través de la fiscalía especializada que ya se creó para investigar y esclarecer ese tipo de acontecimientos.

Si bien se recuerda, la administración anterior se negó a aceptar esa recomendación, argumentando que aquí las instancias estatales habían tomado todas las previsiones posibles para investigar el caso y deslindar responsabilidades, y que por tanto eran infundados e innecesarios los señalamientos hechos por el Ombudsman Nacional.

No obstante, era claro que la principal razón que hubo tanto en el gobierno estatal, como en el federal, no sólo para no cumplir con lo establecido en la Recomendación de la CNDH sino tampoco para investigar de verdad qué había ocurrido con esos personajes, radicaba en que ambas administraciones eran señaladas como las principales responsables de los hechos imputados.

Así, parece indiscutible que el cambio de administración estatal también significa un cambio de actitud y de compromisos, y que particularmente, este gobierno de Oaxaca tiene un compromiso particular con la defensa de las garantías fundamentales. Sólo que, junto a eso, se encuentran los resabios de gobiernos anteriores, los propios cuestionamientos que ellos están acumulando, y la duda latente por los espacios de poder que el actual gobierno entregó a quienes fueron acusados de eso mismo en el pasado.

Por todo eso, en el fondo no era formalmente necesario que el gobierno de Oaxaca aceptara la recomendación relacionada con los eperristas, para hacer un trabajo efectivo para localizarlo y deslindar responsabilidades con posibles agentes estatales. Más bien, todo esto parece ser parte de una maniobra tendiente a hermanar causas, o evitar cualquier choque o cuestionamiento directo con el eperrismo, que ha sido un observador agudo y crítico sobre la situación política y las promesas democráticas que trae aparejado el nuevo gobierno, y que seguramente tiene mucho que decir al respecto.

REFORMA CONSTITUCIONAL

Se supone que ayer quedaría aprobada la reforma constitucional en Oaxaca. Hasta el cierre de esta columna, la sesión extraordinaria del Congreso del Estado no había concluido. Habrá que analizar con detalle qué fue lo que potencialmente habrían aprobado los diputados. Porque quien crea que ese será el remedio a los males de la entidad, está equivocado. Y con esa aprobación, también surgirá un fuerte cuestionamiento por haber ignorado de nuevo la importancia que tiene el Derecho Consuetudinario, y su perspectiva de fondo, en una entidad como la nuestra. Abundaremos.

+ Un gobierno eficaz, no sólo depende de promesas

Es una recomendación recurrente entre las personas, la de evitar pelearse con el dinero. Esto también debía operar para gobiernos como el de Oaxaca, que hoy pareciera que tiene innecesaria e imprudentemente desgastada con el gobierno federal, que es quien suministra los recursos públicos que se ejercen en la entidad. Por su importancia, quienes gobiernan debían de tomar este asunto con toda la seriedad que amerita el caso.

¿Por qué señalar que la relación entre el gobierno de Oaxaca y el federal presenta claros y prematuros signos de agotamiento? Porque en los escasos cuatro meses de gobierno, ha sido prácticamente nula la presencia determinante tanto del ámbito de gobierno, como del apoyo político de uno de los partidos gracias a los cuales el ahora gobernador Gabino Cué Monteagudo llegó a dicho cargo.

En efecto, nos referimos al gobierno federal, quien no sólo desde diciembre pasado, sino desde el arranque de su administración (en diciembre de 2006), y hasta hoy, ha desdeñado sistemáticamente las necesidades y la atención que, involucrando o no a los partidismos, requiere urgentemente Oaxaca.

En el pasado podía entenderse la frialdad de la relación. Desde que el ahora presidente Felipe Calderón Hinojosa se convirtió en candidato presidencial del PAN, éste repudió públicamente el conflicto magisterial que entonces ocurría en Oaxaca, y particularmente evidenció su aversión al entonces gobernador de la entidad, Ulises Ruiz Ortiz. Durante el tiempo que se empataron sus respectivas gestiones, el presidente Calderón vino a territorio oaxaqueño sólo a lo indispensable, y nunca procuró la atención prioritaria que demagógicamente decía que era urgente para la entidad.

Esa aversión, a la larga, fue uno de los factores que llevó al presidente Calderón a ordenar a la cúpula más alta de su partido, Acción Nacional, para explorar la conformación de una gran alianza opositora en Oaxaca. Su objetivo, en el fondo, no era llevar a un personaje a la gubernatura, sino más bien, arrancar el gobierno de las manos de los priistas, a quienes tanta repugnancia ha demostrado tener.

Así fue como tácitamente, el presidente Calderón respaldó la causa del entonces aspirante opositor a la gubernatura de esta entidad, Cué Monteagudo. A lo largo de su campaña, el panismo proveyó de todo lo que fuese necesario para echar a andar la maquinaria electoral que pudiera ser frente a las estructuras priistas.

Aunque nunca se pudo probar, siempre existió el señalamiento de que en los días previos a la jornada electoral, connotados panistas arribaron a la entidad para refaccionar con abundante dinero a quienes harían el trabajo territorial de hacer funcionar el esquema de control de votos que habían delineado.

Por eso, en alguna medida este gobierno actual en Oaxaca también es panista. El problema es que, hasta ahora, es prácticamente nada provechoso lo que se ha visto de esa relación. Y aquí parecen estarse combinando tanto la cerrazón y el sectarismo que ha caracterizado a esta administración del gobierno federal, con la torpeza de algunos de los operadores políticos de primer nivel de la administración estatal, para tender puentes efectivos que redunden no sólo en beneficios políticos para ellos, sino para Oaxaca.

RELACIÓN DESGASTADA

Desde que iniciaron las campañas proselitistas, se convirtió hasta en un lugar común la pregunta sobre por qué partido o fuerza se inclinaría Gabino Cué de llegar a la gubernatura del Estado. Se decía, con razón, que el ser postulado por partidos y grupos tan distantes como lo eran, respectivamente, Acción Nacional y las “fuerzas de izquierda” (PRD, Partido del Trabajo y Convergencia), así como los lopezobradoristas, ebrardistas y calderonistas, tarde o temprano lo llevarían a quedar mal con alguno… y a tener problemas con todos por elegir a uno en particular.

El asunto se veía desde una simple lógica electoral. Apoyar, por ejemplo, al panismo lo llevaría a enfrentarse con todas las fuerzas de izquierda. Por el contrario, hacer eso con López Obrador al menos lo distanciaría del gobierno federal y del PAN. Y así, sucesivamente. El caso es que, en todo esto, mantener una postura relativamente neutral, no es, ni ha sido, ni será, una opción válida para un gobierno de coalición como el del gobernador Cué. Y ese desgaste, se pensaba, llegaría por ahí del año 2012, cuando se dieran las definiciones políticas.

El problema es que todas las contrariedades parecen harto adelantadas. Esto es particularmente visible respecto al gobierno federal. Aunque el presidente Calderón ya vino en una ocasión, su visita no se tradujo en ningún anuncio o beneficio trascendental para Oaxaca; y, al contrario, fue ocasión para que los operadores políticos del gobierno estatal cometieran una de sus más costosas torpezas al generar conflicto con la Sección 22 del SNTE.

Algo similar ocurre con la entrega de los recursos económicos establecidos para la entidad en el Presupuesto de Egresos de la Federación del presente año. Si algo ha caracterizado a esta administración es su lentitud en el suministro de recursos hasta para sus funciones más básicas. Esto, independientemente de sus causas internas, refleja un posible mal entendimiento con las instancias hacendarias de la Federación, que podrían estar reteniendo recursos en aras de no permitir un mayor despliegue en la labor de gobierno en Oaxaca.

Incluso, lo establecido ayer en esta columna, refleja que Oaxaca es una más de las entidades que debe recurrir al endeudamiento para recibir recursos que, con una fluida relación con el gobierno federal, podría obtener de manera directa para invertirlo en el reacondicionamiento de toda la infraestructura que fue afectada por los fenómenos naturales ocurridos el año pasado.

Al no haber esa posibilidad de entendimiento, pareciera que el gobierno federal ya trata al de Oaxaca como uno más de los gobiernos de oposición a los que sólo los provee de lo indispensable, pero no atiende verdaderamente sus necesidades de fondo. Y eso, desde cualquier óptica, parece un adelanto de los peores escenarios que se vislumbraban para Oaxaca.

CONTRA LA TENENCIA

En esta semana veremos la conformación de un frente ciudadano que busca generar los posicionamientos que están desaprovechando los partidos. Su primer objetivo será el de ir en contra del pago de la tenencia vehicular, que aquí es obligatorio, pero que ya está derogado en otras entidades federativas. Abundaremos.