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Oaxaca: “Soluciones”… que nunca llegaron

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Adrián Ortiz Romero Cuevas

La ciudad de Oaxaca de Juárez es del tamaño de sus problemas y complejidades. A pesar de que la gran mayoría de los rezagos y asuntos pendientes de resolver, están a la vista y han sido objeto de supuesto estudio y remedio por los últimos gobiernos, es evidente que las soluciones han sido largamente aplazadas, y las responsabilidades eternamente evadidas.

Temas como el ambulantaje, el procesamiento de la basura, los medios de transporte, el mantenimiento de las vialidades, y la seguridad pública, son de la preocupación cotidiana, de una ciudadanía que espera respuestas y sólo recibe pretextos, disculpas y justificaciones por lo que no se hace. Aún cuando los temas son muy concretos, prácticamente todos siguen siendo una costosa y nociva herencia que se transmite de administración en administración, en los gobiernos municipales.

En este asunto, es imposible justificar la inacción de la autoridad en base a la ausencia de recursos económicos, ni tampoco achacar esta inmovilidad a una posible falta de coordinación institucional entre las diversas esferas de gobierno, y mucho menos por la ausencia de personal capacitado para enfrentar los problemas.

En realidad, Oaxaca de Juárez tendría que estar pasando por un momento excepcional, al tener en el Ayuntamiento a un conjunto de mujeres y hombres capaces de enfrentar las labores que la comunidad les encomendó, por existir los recursos y las posibilidades mínimas para poder realizar las tareas públicas decorosamente, y porque hoy en día el gobierno estatal y municipal son emanados del mismo partido y del mismo grupo gobernante, e incluso entre la administración del edil José Antonio Hernández Fraguas, y la Federación, tampoco existe una relación lejana o discordante. Al contrario.

EL CONTEXTO

De hecho, cuando inició la actual administración existía una expectativa altísima de lo que podría hacerse. La capital oaxaqueña, en cuanto a su gobierno, venía dando una serie de tumbos que inició prácticamente con la década que está a punto de terminarse. Desde el gobierno del ahora ex panista Alberto Rodríguez González, arrancó un periodo lúgubre para el gobierno de la capital oaxaqueña, en aquel momento, debido a que éste personaje carecía totalmente de experiencia administrativa y de gobierno, y porque lejos de atender los problemas más importantes de la ciudad, decidió enfrascarse en disputas de todo tipo con los grupos políticos que le presentaban cierta oposición. Así, preocupado más por nimiedades, y despreciando los grandes problemas de la ciudad, su gobierno fue inconcluso, de poca movilidad, y de nulos resultados.

Luego vino la administración convergente de Gabino Cué Monteagudo. Cuando éste inició su gestión, era clara su idea de aspirar a cargos públicos más elevados, y de convertirse en el más fuerte adversario electoral de quienes entonces detentaban el poder en el Revolucionario Institucional. De este modo, además de las fallas naturales que tienen todos los gobernantes al momento de ejercer sus funciones, también fue afectado por la nula coordinación entre esferas públicas, y por la predominancia de los temas políticos sobre los administrativos. Esas disputas, de las que todos en su conjunto fueron responsables, llevaron a la ciudad a dejar nuevamente pendientes muchos de los problemas que ya desde entonces urgía resolver.

Al culminar ese periodo, en 2004, vino el desastroso gobierno de Jesús Ángel Díaz Ortega. La expectativa, entonces, era importante debido a que concluía el primer periodo de alternancia política habida en la entidad. Desde el gobierno de Pablo Arnaud, en 1996, hasta entonces, en 2004, el oficialismo priista había estado ausente de la ciudad. Sólo que las cosas no fueron tan esperanzadoras como parecían. La identidad del gobierno estatal y municipal fue utilizada para emprender grandes negocios, como el de los parquímetros, que fueron realizados a espaldas de la ciudadanía. Todo se descompuso cuando, en medio del conflicto magisterial y popular de 2006, el entonces Edil prácticamente abandonó la ciudad, clausuró temporalmente la mayoría de los servicios y actividades municipales, y dejó a su suerte al espacio territorial que gobernaba, para esperar pacientemente a que cambiara el estado de cosas.

Aún con ello, José Antonio Hernández Fraguas, un priista de arraigo y con gran presencia en la capital, ganó los comicios, en 2007, con un gran respaldo social y con una cantidad de votos entonces histórica por encima de sus oponentes. Su experiencia administrativa daba pauta de lo que podría realizar a favor de la capital oaxaqueña, y la existencia de rezagos tan evidentes y urgentes de resolver, daba cierta luz sobre cuáles serían los asuntos que se abocaría a revisar en primera instancia. Así fue como comenzó a desarrollarse una administración municipal que, para mal de Oaxaca, ha ido de más a menos.

ASUNTOS URGENTES

Hoy, pueden establecerse en por lo menos cinco ejes los problemas fundamentales que necesitan solución, y que sólo han recibido largas. Uno de ellos, es el del manejo y depósito de la basura. El segundo, el del tratamiento urgente que debe darse al ambulantaje y el comercio informal. El tercero, el de la seguridad pública. El cuarto, relativo al mantenimiento y atención a las vialidades. Y el quinto, y más importante, de dar atención a las agencias municipales y colonias populares que hoy no encuentran salida a sus problemas. Independientemente de los temas políticos o partidistas que deba resolver el nuevo gobierno, es evidente la existencia de una agenda meramente administrativa y de atención a la ciudadanía, que debe ser abordada cuanto antes.

Acaso el más recurrente y caótico, en apariencia, es el de la basura. Desde hace años, existe la necesidad apremiante de establecer un nuevo tiradero de los desechos sólidos que genera la capital. En las últimas administraciones se ha hablado de la urgencia de generar un relleno sanitario, un nuevo depósito, de tecnificar el manejo y procesamiento de la basura, y de emprender procesos de reciclaje tanto de los desechos, como de la energía que pudiera generarse y aprovecharse a partir de los residuos.

Nadie ha dado una solución concreta. En términos sencillos, el basurero de la Villa de Zaachila continúa abierto a pesar de las advertencias y multas de las autoridades federales. No existe coordinación entre las autoridades municipales y estatales para emprender las tareas que a cada uno le corresponden. Y, de hecho, la administración de Luis Ugartechea comenzará teniendo ese como uno de sus retos pendientes de mayor apremio. Hasta hoy, la nueva administración municipal no se ha pronunciado al respecto.

AMBULANTAJE Y MOTOTAXIS

Éstos dos rubros no sólo crecieron por voluntad o corrupción. Tanto el ambulantaje como los mototaxis son también expresión y signo de la falta de oportunidades de empleo e inversión que existen en el sector formal. Aunque el orden en cuanto al transporte y el comercio ambulante fueron dos de las premisas básicas del nuevo gobierno, hoy todo está fuera de control. Los tianguistas, que en algún momento se habían retirado del Centro Histórico y los parques que ocupaban, hoy se valen de cualquier pretexto para volver a esas áreas en las que antes ya habían acordado respetar.

Por otra parte, los mototaxis crecieron sin control, derivado del contubernio de algunos funcionarios con grupos sociales que vieron en ese vacío un gran negocio, pero también por las debilidades propias de una autoridad municipal que tampoco supo imponerse a tiempo, e institucionalmente, frente a las calamidades que la amenazaban.

Así, hoy prácticamente todas las colonias y zonas populares se encuentran infestadas de ese tipo de transporte que verdaderamente es riesgoso y caro para la ciudadanía. A pesar de que cobran lo mismo por pasaje que una unidad de transporte público concesionado, los viajes que realiza un mototaxi son normalmente más cortos.

Aunque los autobuses urbanos no son precisamente un ejemplo de rectitud y prudencia, los mototaxis se encuentran en un estado aún peor de anarquía: nadie regula sus rutas, no están sujetos a normas firmes sobre el transporte, y mucho menos se les exigen medidas mínimas de seguridad para cumplir con su cometido. Quien se sube a un mototaxi lo hace bajo su cuenta y riesgo, porque éstos no cuentan con seguro de viajero que los respalde en caso de algún accidente o eventualidad.

 

“CIUDAD BACHE”

Las autoridades electas, afirman que el Gobierno de Oaxaca de Juárez tiene firmado, desde hace décadas, un convenio con Petróleos Mexicanos, para que anualmente éste provea una cierta cantidad de asfalto, gratuitamente, para la manutención de las vialidades y los programas de bacheo. Si de verdad existe tal facilidad, entonces nadie se explica por qué la ciudad se encuentra, desde hace meses, llena de hoyancos y fosas que todos los días descomponen las unidades de motor, provocan problemas de salud a los conductores, y dan un aspecto pésimo a una ciudad que se caracteriza por su pulcritud y belleza colonial.

Por si fuera poco, existe un grave rezago en cuanto a la modernización del sistema de señales de tránsito y semáforos. En diversos puntos de la capital oaxaqueña, pueden apreciarse esos artefactos descompuestos total o parcialmente, descoordinados y, en algunos casos, con ausencia total de señalización para el control del tráfico.

En esas condiciones, ¿Cómo no querer que la ciudadanía se sienta defraudada? Ninguna justificación es suficiente, cuando a diario uno se topa con esos problemas que deberían ya estar en proceso de superación. Y si las autoridades municipales no dicen ni hacen algo al respecto, tampoco las estatales, que asumen como responsabilidad municipal todo lo relativo a las vialidades.

CIUDADANÍA OLVIDADA

Es poco lo que, en ese sentido, se puede apelar favorablemente a la ciudadanía. Independientemente de la imagen y las aspiraciones políticas, lo que el público desea es un gobierno eficiente que pueda cumplir con su cometido. Esgrimir justificaciones, evasivas o dilaciones, es tanto como aceptar el fracaso. Sólo que en Oaxaca ese fracaso, plagado de tareas pendientes, lleva ya una década sin ser abordado. La administración municipal que asumirá el 1 de enero próximo, tiene el compromiso patente, y la exigencia, de hacer valer sus condiciones políticas y dar soluciones de verdad, a quienes ya estamos cansados de la simulación y los fiascos.

 

Fuero constitucional: debate real, desdeñado

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+ Tema coyuntural, como varios más en México

Si dentro de dos o tres días, la nota principal de los principales medios de información del país, fuera que el Presidente de la República se ausentó del país más tiempo del que le permite la Constitución federal, entonces se iniciaría un largo debate sobre la necesidad de hacer efectiva la obligación del Primer Mandatario de ceñirse a la Ley Suprema o, por el contrario, y según la circunstancia y la justificación habida, de hacer más flexible dicho precepto, para dotar al Jefe de Estado de un mayor radio de acción en sus funciones. Esa, como puede verse, sería una mera discusión coyuntural, con un asunto que tiene más de fondo que un simple hecho aislado. Algo más o menos similar ocurre con la discusión relativa al fuero constitucional.

Vayamos al primer ejemplo. En la publicación original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fechada el 5 de febrero de 1917 en el Diario Oficial de la Federación, se establecía, en el artículo 88, que “El Presidente de la República no podrá ausentarse del territorio nacional sin permiso del Congreso de la Unión.” Luego, en el año de 1966, una primera reforma estableció que debía ser sólo el Senado de la República, o la Comisión Permanente, en el caso de que la primera se encontrara en receso, quien tenía la facultad de recibir la solicitud presidencial para ausentarse del país, y concederla.

Así permaneció la redacción del artículo 88 hasta el periodo presidencial de Vicente Fox Quesada. En aquellos primeros años de la alternancia de partidos en el poder federal, llevó al Congreso de la Unión a tener una inusitada influencia sobre la vida política del país. particularmente, el Senado de la República no tenía una presencia fuerte de legisladores del Partido Acción Nacional, para respaldar al Presidente.

Y mientras el poder se trataba de ejercer a plenitud desde la Presidencia de la República, en el Congreso trataban de hacerse contrapesos no siempre bien enfocados. Así, el presidente Fox cometía excesos como el de hacer solicitudes de ausencia del país reiteradamente, o sin respetar los tiempos prudentes con los que debían realizarse esas solicitudes. Si eso se combinaba con la fuerte polarización política que existía en el país, y las confrontaciones casi insalvables entre fuerzas políticas, el resultado de las revanchas podría materializarse en cualquier asunto. Y uno de ellos, fue negando dos permisos de ausencia al presidente Fox.

En efecto, con el voto en contra de la oposición, la Cámara de Diputados negó al presidente Vicente Fox, en noviembre de 2006, lo que sería su último viaje al extranjero, por considerar que el país se encontraba en crisis por el conflicto en Oaxaca y otros hechos de relevancia nacional. De acuerdo con información difundida en su momento por el periódico El Universal, el permiso de Fox para viajar a Australia y a Hanoi, Vietnam, a la reunión de la APEC, se desechó por 258 votos en contra del PRI, PRD, Convergencia, PVEM, PT, Nueva Alianza y Alternativa, contra 187 a favor, del PAN, y seis abstenciones.

El pleno desechó además por mayoría simple el dictamen, por lo que éste no podrá volverse a votar y fue devuelto al Senado. El proyecto de decreto pedía autorización para que el jefe del Ejecutivo se ausentara del 10 al 19 de noviembre, para realizar una visita de trabajo a Australia del 12 al 16 de noviembre, y participar en la 14 Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Hanoi, Vietnam, del 16 al 19.

En el sexenio de Fox, antes sólo un viaje le había sido negado por el Senado. Fue en abril de 2002, cuando en protesta por los constantes viajes del primer mandatario se le rechazó un permiso para viajar a Calgary y Vancouver, Canadá, y a San Francisco y Seattle, en Estados Unidos. Lo que ocurrió en ese caso, polémico de sí, fue una reforma ocurrida en 2008 que ensanchó la facultad del Presidente para ausentarse hasta por siete días del país sin solicitar permiso al Senado.

 

¿Y EL FUERO?

El debate sobre el fuero debía ser mucho más amplio, y no coyuntural, como hasta ahora lo es en México. De hecho, nadie se había acordado en los últimos años de la polémica inmunidad constitucional —desde 2006 cuando, de hecho, el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador fue desaforado para ser procesado judicialmente por el desacato en el procedimiento judicial relativo al predio El Encino—, y poco se había discutido la necesidad de transformarla o eliminarla.

Todo lo trajo de nuevo a la picota, el caso del diputado federal Julio César Godoy Toscano, a quien se le sigue un proceso penal federal por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Fue su antiguo partido, el de la Revolución Democrática, quien lo protegió y le dio la pauta para que asumiera su cargo. Fue la filtración a la prensa de unas grabaciones telefónicas, lo que puso en evidencia que éste no parecía ser tan inocente como se creía. Y fue entonces cómo, en medio de la vorágine, que resurgió este añejo debate sobre la modificación o transformación del fuero constitucional.

Ésta figura, sin duda, debe ser replanteada. El caso de López Obrador dio todas las pautas sobre la urgencia de eliminar los términos actuales de la inmunidad constitucional, y volverla a apegar a los principios que le dieron origen. Esto es, la necesidad de proteger a los legisladores y servidores públicos de primer nivel, de las revanchas de que pudieran ser objeto, a través de los procesos judiciales, por el ejercicio de sus funciones. Teóricamente, esa inmunidad debía operar para protegerlos a partir de la protección que éstos le brindaran a la nación. Pero hoy ocurre, que éstos buscan cargos de ese tipo para protegerse, durante el tiempo de sus funciones, de cualquier acto judicial de molestia.

 

DISCUSIÓN MOMENTÁNEA

El caso López Obrador dejó en claro que, en el caso de los diputados, y los políticos en general, cuando ellos así lo desean, entonces se materializa aquella frase de Hobbes, de que el hombre es el lobo del hombre. Por esa razón, el fuero constitucional debía merecer un debate mucho más amplio y profundo de lo que ocurre, y tendría que ser algo más que una simple discusión momentánea o de moda que, cuando pase la polémica de este caso en particular volverá a quedar reservada… para cuando haya otro político en problemas, que busque protegerse en el amplio manto del fuero constitucional.

 

Caso MAO: Golpe político ya está asestado

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+ Investigación pasó a linchamiento mediático

En efecto, la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional, Margarita Liborio Arrazola, no solicitará licencia a su cargo. Por lo menos no lo hará en el futuro cercano. Porque independientemente de que sean ciertas o falsas las acusaciones que hoy se vierten en contra de su suplente, el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Miguel Ángel Ortega Habib, por la posible comisión del delito de realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o algún otro que se le pudiera imputar, de todos modos el golpe político al gobierno de Ulises Ruiz, y la alerta dentro y fuera del PRI, ya quedaron perfectamente asestados por sus adversarios políticos.

Este asunto, como bien parece, tiene una arista judicial, y otra política, ambas perfectamente definidas. De acuerdo con el periódico La Jornada, en los tribunales competentes, quedó ya establecida la presunta responsabilidad de Martha Ortega Habib, Daniel García Teruel Ortega y Rosa Elvia Orozco Santiago —hermana y sobrino del funcionario estatal, además de la empleada doméstica de los dos detenidos—, por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la hipótesis de depositar —en territorio nacional— recursos procedentes o que representan el producto de una actividad ilícita. Por esa razón, hace unos días se les dictó un auto de formal prisión, y se encuentran recluidos en el Penal Federal de Puente Grande, en Jalisco.

No obstante lo anterior, lo que parece claro es que la línea con mayores posibilidades de ser explotada es la política. Aunque hasta el momento no existe un dato fehaciente sobre la presunta participación del Secretario de Finanzas en este asunto, era lógico que por el tipo de delito y el millonario monto de dinero del que la PGR investiga su procedencia, de inmediato surgiera la duda, y la intriga, sobre la posibilidad de que el secretario Ortega Habib sí se encontrara involucrado. Todo se reforzó cuando algunos medios informativos hicieron eco a una filtración en la que, presuntamente, uno de los detenidos reconocía la participación de funcionarios del Gobierno de Oaxaca en las actividades que se encuentran bajo investigación.

Todo eso convirtió un asunto judicial, en un auténtico lío político en el que, de nuevo, el gobierno de Oaxaca no supo cómo reaccionar. Es cierto que los directamente señalados son los familiares de un servidor público de alto nivel; es cierto que, derivado de esas acusaciones, también el secretario Ortega Habib resulta ser un sospechoso tanto para las autoridades como, sobre todo, para la opinión pública; es evidente que esas sospechas, y las intrigas, se reforzaron frente al cúmulo de excesos, frivolidades y presunta corrupción cometidas no sólo por uno sino por la mayoría de los funcionarios de primer nivel en el actual gobierno. Pero lo cierto, en el fondo, es que el verdadero objetivo que tiene todo este escarnio público, es el gobernador Ulises Ruiz y su administración.

En ese sentido, como quiera que sea el gobierno estatal de nuevo reaccionó medroso, y mal, frente a una situación que no deja de ser, y parecer, un evidente obús de intereses políticos. Diversos medios informativos de la Ciudad de México, han reseñado en los últimos días detalles sobre el procedimiento penal que se les sigue a los parientes del Secretario de Finanzas.

A través de ello, han asegurado —a través de fuentes no reveladas, que lo mismo pueden ser reales, que utilizadas en la medida de insertar una duda o intriga, o satisfacer un interés en específico— por ejemplo, que el gobernador Ruiz Ortiz le exigió a la diputada Liborio Arrazola que solicite licencia, o que, de acuerdo con “fuentes” de la PGR, pudieron confirmar que el funcionario estatal sí se encuentra sujeto a investigación derivado de los delitos presuntamente cometidos por sus parientes.

REACCIÓN POLÍTICA

Siempre fue evidente que Margarita Liborio Arrazola asumió la posición de la curul federal, únicamente para esperar los tiempos correspondientes. El año pasado, durante el periodo de campañas en el proceso electoral federal, el secretario Ortega Habib se separó supuestamente de su cargo para hacer proselitismo y aparecer como candidato suplente a una diputación por la vía de representación proporcional.

Era público que la priista Liborio Arrazola no tenía el perfil ni la ascendencia política suficiente como para hacerse, por sí misma, de una postulación por la vía plurinominal; era asimismo público, y aceptado por la clase gobernante, que ella asumiría la curul mientras culminara el periodo de gobierno; y que esa maniobra, realizada en favor de un personaje con amplia cercanía, personal y política, al gobernador Ulises Ruiz, tenía, para él, una doble ganancia: seguir detentando el cargo de Secretario de Finanzas, y al terminar éste, el de diputado federal, con toda la posición, protección, influencia y prerrogativas que implica un cargo de esa naturaleza.

Todo eso daba pautas para suponer que, al final, habría un trato económico entre la propietaria y el suplente, para la cesión de la curul. Mucho tiempo antes de que se desatara este escándalo, pero ya a sabiendas de la derrota priista en la carrera por la gubernatura, en nuestra entrega del 21 de julio pasado apuntamos que “en los círculos priistas se preguntan cuánto costará la firma en la solicitud de licencia al cargo, de la diputada federal Margarita Liborio Arrazola. Dicen que, en las condiciones del priismo, no será por disciplina, sino por conveniencia, que dejará su curul.”

Esa duda fue la que resurgió ante el escándalo que desde hace unos días envolvió al Secretario de Finanzas. Algunos medios aseguraron que la diputada Liborio pedía 10 millones de pesos por firmar su solicitud de licencia. Aunque ésta desmintió tajantemente la versión. Y es posible prever que hoy, aunque hubiera arreglo entre uno y otro, de todos modos no podrá haber movimiento alguno en la detentación del cargo de elección popular.

NEGATIVA PRIISTA

Independientemente de que exista o no responsabilidad penal, o de que ésta sea una eficaz medida de linchamiento de los adversarios del gobernador Ruiz, lo cierto es que el PRI no querrá cargar, y pagar costos, por este escándalo. Permitir que Ortega llegue al Congreso será tanto como avalar los señalamientos que hoy mismo ellos hacen a personajes como el diputado Julio César Godoy. El llamado “MAO” no será diputado. Eso está claro.

 

Transición en el Poder Judicial va más allá de las revanchas

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+ Urgen ideas de avanzada, no reduccionismos

Si de verdad existe ánimo y convicción por emprender un proceso de transición política y gubernamental en Oaxaca, sus principales protagonistas deben demostrar que tienen la suficiente amplitud de miras para conseguirlo. Pretender creer que la transición es un equivalente de la alternancia partidista en los cargos públicos, o que transición es asimismo una equiparación de las revanchas o la polarización de ideas, es una equivocación que le puede costar mucho a los partidos que integran, o que pretenden integrar, y nutrir al gobierno electo.

Esto una visión corta y sesgada de lo que es un verdadero proceso de transición, es lo que demuestran con sus afirmaciones tanto líderes panistas como del Verde Ecologista de México, con motivo de la resolución de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que restituyó una diputación local al partido albiazul que, de acuerdo con el fallo del tribunal local de esa materia, debía corresponder al dirigente estatal del Verde, Rogelio Enríquez Palma. Les guste o no, y tengan o no representación en los órganos políticos, todos deberán participar de este proceso de reacomodos políticos en la entidad. Y por tanto, este asunto les atañe.

¿Qué ocurrió? Que hace tres días el tribunal electoral federal restituyó la diputación que le había sido retirada al panista Juan Mendoza Reyes. Con motivo de ello, tanto la dirigencia panista, como la del Partido Verde, acusaron motivaciones políticas en cada una de las resoluciones involucradas. Los azules, por ejemplo, en voz de su dirigente estatal, Carlos Moreno, no dudaron en afirmar que “esta resolución es simplemente justicia y nos confirma lo que dijimos desde el principio: que hubo consigna política en la resolución del TEE y que lo único que se vio sobre representado fueron los intereses de Ulises Ruiz Ortiz en la cabeza de Porfirio Sibaja Ilescas”

El Partido Verde, en ese sentido, peligrosamente fue mucho más claridoso que los panistas, al emitir calificativos que finalmente no demeritan ni a los tribunales ni a los procesos electorales, tanto como a la democracia y las instituciones jurisdiccionales mismas.

En una declaración atribuida a Rolando Elías Wismayer, comisionado Político del PVEM en Oaxaca, el Verde aseguraba que “pese a que varios juristas coincidieron en la legalidad de los argumentos del PVEM, la sentencia fue adversa, lo que evidencia que es un Tribunal que actúa por consigna y que responde a los intereses del gobierno federal y concretamente del Partido Acción Nacional, pasando por alto los ordenamientos legales que rigen nuestra vida democrática (…) Precisó que este atropello desestima la participación ciudadana en las urnas, representa un retroceso en la vida democrática del país y se convierte en un peligroso antecedente de lo que pueden hacer autoridades sin principios ni ética en el panorama electoral de México.”

¿Esto corresponde a un ejercicio correcto de la política? Evidentemente, no. Más bien, lo que parece es que unos y otros tergiversan la actuación de las autoridades jurisdiccionales, deforman el verdadero sentido de la justicia y de las acciones legales, y buscan confundir a la sociedad a través de argumentos con poco sentido y sustento real tanto en el ámbito de lo político, como en lo estrictamente jurídico y procesal.

Unos y otros descalifican gravemente a las instituciones que juzgan, debido a que, en uno y otro caso, éstas no actuaron en base a los criterios que ellos como particulares, y para su beneficio, consideraban correctos. En ambos casos, acusaron injerencias políticas en la emisión de las resoluciones. Y en los dos, endilgaron calificativos peyorativos tanto a los funcionarios como a las instituciones.

¿Qué no se supone que las segundas instancias, y demás recursos legales, se hicieron justamente para subsanar los errores de las jerarquías jurisdiccionales menores? Si el juzgador fuera infalible, entonces no habría necesidad de acudir a otros mecanismos legales para defenderse, y tampoco existirían los medios de control de la constitucionalidad. Por esa razón, asegurar que uno y otro fallo tienen tintes políticos, es tanto como negar que la justicia es falible, que es aplicada por personas que lo mismo fallan que aciertan, y que precisamente por esa razón los particulares tenemos garantizado el derecho a defendernos de esas decisiones que podríamos considerar como injustas.

VISIÓN CORTA

En declaraciones a la prensa, el Presidente estatal del PAN aseguraba que, en razón de las fallas que ya demostraron tener los integrantes del Tribunal Estatal Electoral en el desempeño de sus funciones, los diputados electos de su partido, y los que integran la Coalición legislativa que impulsará las propuestas del gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo, propondrán la creación de un Consejo de la Judicatura del Estado “para someter a la justicia a los magistrados del TEE que en el desempeño de sus funciones excedan sus atribuciones y actúen bajo consigna política.” Qué bueno y, aunque parezca contradictorio, qué mal que el líder del albiazul haga públicos razonamientos como éste.

Qué bueno porque, en efecto, al Poder Judicial del Estado no sólo le falta, sino que le urge un órgano de esa naturaleza, no sólo que someta a la justicia a quienes cometen fallas o actúan presuntamente bajo consigna política. El Consejo de la Judicatura —u otra figura administrativa de características similares o más avanzadas— debe transparentar y establecer criterios claros para el ingreso, permanencia, vigilancia y separación de sus cargos, de todos los funcionarios judiciales. Es bueno que se impulse esa figura, porque hoy todas esas cuestiones se arreglan internamente, quedando en manos de la discrecional del pleno del Tribunal Superior de Justicia.

QUÉ MAL

Sin embargo, es lamentable que una supuesta visión de cambio esté determinada por la revancha. Si, en efecto, los panistas tienen pruebas de que el TEE actuó por consigna, deben no sólo exigir el castigo ante las instancias correspondientes, sino también hacer públicas esas pruebas para que la sociedad juzgue. Pero creer que todo un Consejo de la Judicatura servirá únicamente para enjuiciar a los magistrados sospechosos, y no para regir la vida administrativa del Poder Judicial, es tanto como reducir en alcances algo que será trascendental para la vida democrática del Estado. 

 

Seguridad: resultados, no en función de la inversión

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+ Reemplacamiento: ¿era para abatir criminalidad?

Desde hace unos días, el gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo, reiteradamente ha cuestionado el estado en que se encuentran algunas tareas relacionadas con la seguridad pública, que dependen del Gobierno del Estado. Primero acusó un supuesto subejercicio presupuestal, y luego denunció rezagos importantes en el proceso de certificación de la confiabilidad de los agentes policiacos estatales. Tal parece que más allá de esos señalamientos, existen otros que el gobierno saliente debería responder sobre su posible falta de resultados, no a la nueva administración, sino a los oaxaqueños.

Es claro que en Oaxaca el problema no es sólo de seguridad, o de inseguridad, sino sobre todo de cuánto se invierte en ese rubro, y cuál es el destino que han tenido esos recursos económicos. Independientemente de que sea el adecuado o no, el actual modelo de seguridad pública que se aplica en Oaxaca tuvo el aval del gobierno federal, y uno de sus principales avances fue el de establecer mecanismos de control de confianza, tanto para los mandos como para el personal de tropa de las corporaciones estatales. Ese proceso inició desde cero, pues hasta 2008 no había mecanismo alguno de confiabilidad en las policías estatales.

Desde el principio, la puesta en marcha tanto del modelo policiaco, como de los procesos de control de confianza, fueron cuestionados por el alto costo económico y la poca claridad que existía en cuanto a su aplicación. Independientemente de lo que costara el establecimiento del Centro de Control de Confianza, y la reorganización administrativa y operativa de las corporaciones estatales, así como la conversión de la Secretaría de Protección Ciudadana en Secretaría de Seguridad Pública, todo el actual esquema policiaco fue comprado a un despacho particular, propiedad del ahora director de la Policía Federal Ministerial, Wilfrido Robledo, a un costo que nunca fue revelado —y que también implicó los cargos de primer nivel que hoy ocupan tanto el secretario Javier Rueda Velázquez, como el comisionado de la Policía Estatal, Jorge Alberto Quezadas Jiménez, y el coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, Alan Loren Peña Argueta, entre varios otros funcionarios que fueron enviados a Oaxaca desde ese despacho de asesores.

Independientemente de que ese punto inicial tuviera o no una explicación posible, el nuevo esquema policiaco comenzó a aplicarse justo cuando se desató el escándalo por el secuestro y homicidio del joven Fernando Martí, junto con la corrupción policiaca y la impunidad que, ante ese artero crimen, se revelaron. Cuando el gobierno federal llamó a todos los actores políticos nacionales a firmar el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, a finales de agosto de 2008, el gobierno de Oaxaca ya tomaba ciertas medidas y reformas legales para emprender sus procesos de control de confianza.

De entonces a la fecha, el gobierno de Oaxaca siempre ha dicho que se están cumpliendo en tiempo y forma las tareas de control y supervisión de la confiabilidad de sus agentes. Un problema serio, sin embargo, surge ante el cuestionamiento de la falta de depuración de las corporaciones policiacas, y los resabios que aún quedan sobre la doble función de policías y ladrones que ejercían algunos agentes, lo cual que quedó demostrado con hechos particulares, como el asalto a una terminal camionera en mayo del año pasado, el cual fue perpetrado por dos elementos —Juan Armando Medina Gutiérrez, placa 356, y Javier Martínez López, o Alejandro Lázaro, el primero armado con una subametralladora R 15 y el segundo con una pistola 9 milímetros, ambas propiedad de la corporación—, adscritos a la Agencia Estatal de Investigaciones, y que tenían a su cargo la custodia del subprocurador Netolín Chávez Gallegos.

Hasta hoy, es prácticamente nada lo que se sabe hacia fuera de la Secretaría de Seguridad Pública, respecto a una posible “limpia” de malos elementos en las corporaciones policiacas. Todo eso deja ver que, en efecto, o no se ha realizado un proceso eficiente de selección y saneamiento entre quienes integran las fuerzas policiacas estatales; o que aún teniendo conocimiento de quiénes son los agentes con posibles vínculos criminales, o que no cumplen con los parámetros para permanecer en las corporaciones, deliberadamente se les ha mantenido en las filas policiacas estatales.

¿Y EL REEMPLACAMIENTO?

Justamente el año pasado, el Gobierno del Estado determinó que era momento de llevar a cabo un nuevo reemplacamiento del parque vehicular que circula y tiene registro en el Estado.

Las protestas ciudadanas no se hicieron esperar. Y frente a todos los argumentos ciudadanos de que esta medida no tenía fundamento en asuntos de seguridad, sino que era una mera estrategia de fines alevosamente recaudatorios, la administración estatal —a través justamente de la Secretaría de Seguridad Pública— defendió tal decisión, primero argumentando que la renovación de placas para los vehículos de motor formaba parte de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Luego dijeron, justamente, que los recursos recaudados servirían para financiar algunas medidas de fomento a la economía y el empleo, pero que también servirían para redoblar los esfuerzos en materia de seguridad pública. Se supone que si existen aportaciones federales y recursos estatales, éstos debieron nutrirse con los fondos extraordinarios obtenidos con esa medida.

Ante ello, hoy tendríamos que preguntarnos qué ocurrió con esos recursos. Es cierto que volver al tema del reemplacamiento es tanto como querer machacar el pasado. Sin embargo, todo eso adquiere legitimidad, cuando lo que se pone en juego son recursos que los ciudadanos entregaron a las arcas públicas para, según, ser bien utilizados y repercutir en el fomento al bien común, que resulta ser el fin último de todo Estado democrático.

QUE EXPLIQUEN

Si el Gobernador Electo asegura que existen rezagos, debe también decir, con datos duros, cuáles son y, lo que es lógico, cómo los va a corregir. En tanto, la administración saliente —no sólo el Secretario de Seguridad Pública, sino también los involucrados en las decisiones políticas y el manejo de las finanzas— deben informar puntualmente cómo fueron utilizados esos recursos que, sin otra explicación más que la avidez de dinero fresco, le arrancaron a la ciudadanía.

 

IVA: una bandera de altos costos para el priismo

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+ Impuesto se sostiene, con poder de gobernadores

Cuánto ayuda al PRI que el pueblo mexicano tenga tan poca memoria. Por lo menos en los dos últimos años, la del IVA ha sido una de las banderas favoritas de los representantes populares y aspirantes a cargos públicos de ese instituto político. Lo malo es que, en todas las batallas que involucran a dicho gravamen, han incumplido escandalosamente. Sin embargo, en general es tan poco creíble el ejercicio de la política, que nadie parece sorprendido de lo que en otro escenario sería una catástrofe para la fuerza política de promesas fallidas.

Al menos para sostener aquella vieja consigna de no olvidar, de nuevo recordemos esta escandalosa historia del priismo frente al IVA en los últimos dos años. Y por principio de cuentas, debemos tomar como base el contexto. Entre finales de 2008 y prácticamente todo el año 2009, el país fue azotado salvajemente por una de las peores crisis económicas de la historia reciente.

Aunque a un principio el gobierno federal aseguraba que frente a esta contingencia económica, las finanzas nacionales no sufrirían sobresaltos, lo cierto es que únicamente la desaceleración de las finanzas estadounidenses llevó al país a prácticamente detener su industria manufacturera dedicada a las exportaciones. Siendo Estados Unidos nuestro principal socio comercial, y nuestro comprador número uno de productos fabricados en México, nuestra economía resintió turbulencias nunca antes vistas.

Con esta circunstancia, el empleo se desplomó. La falta de flujo de capitales, de inversión directa y las exportaciones provocó fuertes presiones sobre el peso. Y frente a una devaluación disimulada y un aprieto económico importantísimo, el gobierno federal tuvo que prender todas las alertas sobre la estabilidad de las finanzas nacionales. Por si algo faltara, a partir del año pasado la producción petrolera tuvo una baja importante. Y en razón de ello, y varias otras circunstancias, la Federación sugirió que como no había formas suficientes de sostener las finanzas nacionales, era necesario subir los impuestos.

Esa propuesta, sin embargo, no era nueva. Particularmente, desde el inicio del sexenio del presidente Vicente Fox, el gobierno federal ha tratado de gravar a alimentos y medicinas con IVA, así como plantear una política fiscal más homogénea. Desde entonces, y hasta la fecha, los partidos de oposición han encontrado en la defensa de la economía familiar, a través de ese impuesto, una de sus mejores banderas de lucha electoral.

Eso fue, justamente, parte de lo que hicieron los candidatos a diputados federales del PRI en los comicios de 2009. Ante la adversidad económica nacional, y ante los intentos del gobierno federal por subir los impuestos, los abanderados tricolores fueron los que mejor capitalizaron el momento, asegurando en general que ante el panorama nacional, la solución más viable para las familias no estaba en subir, sino en bajar los impuestos. En razón de ello, dijeron que no permitirían incremento alguno, y centraron su idea en oponerse rotundamente a cualquier posibilidad de que el IVA se generalizara, y por tanto se aplicara a alimentos y medicinas.

MALAS CUENTAS

Así llegó, en septiembre del año pasado, la negociación del paquete económico para 2010. El PRI había obtenido una mayoría abrumadora en la Cámara baja, y fue entonces que, ante la propuesta del gobierno federal, hubo un primer intento de cisma dentro del priismo: innumerables diputados, reclamaron a su coordinador de bancada, Francisco Rojas Gutiérrez, el estar negociando un incremento de impuestos, cuando ellos habían prometido lo contrario a sus electores.

Incluso, en las discusiones, le reprochaban el hecho de ser él un diputado de representación proporcional —y que por tanto no tenía débito alguno con los votantes de algún distrito electoral—, tratando de imponer decisiones a quienes sí habían realizado trabajo de campo, a ras de suelo, para tratar de conseguir el voto y la representación mayoritaria del tricolor en la Cámara de Diputados.

Finalmente, fue el propio gobierno federal quien —en palabras llanas— “compró” el voto de los tricolores, a cambio de un incremento de impuestos. Aunque al principio había sugerido la imposición de un gravamen “antipobreza”, del dos por ciento general al consumo, etiquetado exclusivamente para obras y acciones de desarrollo social, luego, ante el rechazo, impulsó la propuesta, a través del PRI, de incrementar un punto porcentual al IVA.

El tricolor apoyó tal propuesta no gratuitamente. La contraprestación a ese respaldo, fue que el punto porcentual extra al IVA, sería distribuible entre las entidades federativas. Y beneficiaría a las que tuvieran mayores representaciones de diputados.

Eso fue lo que hizo la diputación de Oaxaca, impulsada por un acuerdo cupular en el priismo. A pesar de haber prometido, expresamente, no apoyar incrementos al IVA, luego se justificaron diciendo que tal ofrecimiento era solamente para el caso en que dicho gravamen pretendiera ser generalizado a alimentos y medicinas. Es decir, que aplicaron “las letras chiquitas” a una oferta que moralmente decidieron no sostener.

En 2010 ocurrió exactamente lo mismo. Por una cuestión de partidismos e intereses momentáneos aseguraron en Ixtapan de la Sal, que para 2011 irían por la reducción del IVA. “La contingencia económica ya pasó”, dijeron. Y así lo plasmaron en los documentos de su reunión plenaria.

¿Qué pasó entonces? Eso es lo que todos se preguntan. Ayer, el PRI anunció que siempre no va por la reducción del IVA. Y, con sus disimulos de siempre, ahora dijeron que esos recursos se deben concentrar en un fondo de reconstrucción de las entidades azotadas por los huracanes. Todas, justificaciones fatuas. Aunque los incumplimientos reiterados, están a la vista.

El caso es que, el año pasado, los diputados priistas decían que habían aprobado el IVA “porque no les quedaba de otra” para “salvar” al país. ¿Algo así dirá ahora el diputado Héctor Pablo Ramírez, quien prometió renunciar a la bancada si no reducían ese impuesto? Ahora debe hacerlo. Para dignificar la política. Y recobrar la credibilidad que, él sí, tiene muy disminuida.

“PALO” AL TEE

La tarde de ayer, la sala regional del TEPJF revocó, por unanimidad de votos, el fallo del Tribunal Estatal Electoral que daba una diputación plurinominal al PVEM. Ello termina con la única polémica postelectoral que quedaba en Oaxaca. Y revela las parcialidades que trataron de hacerse pasar por verdades legales.

 

Ayuntamiento: antes, falta de oficio; hoy, dolo

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+ Calderón: ni concejales priistas lo respaldan

 

Si lo aprecian, alguien debería regalarle a Pablo Calderón González, encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez, algún manual, o darle algunos “tips”, de cómo hacer política sin morir en el intento. Aunque lleva menos de un mes en dicho cargo, ese tiempo le ha sido suficiente para unificar a propios y extraños, con voz y voto para tomar decisiones dentro del Ayuntamiento, en su contra.

Ante este panorama, que enturbia las relaciones institucionales en el Gobierno de la capital oaxaqueña, y que revela el mal momento por el que pasan los grupos representativos dentro de la Comuna citadina, debemos preguntarnos qué pasa entre los concejales. La respuesta a este asunto en particular, podemos encontrarla no en la descoordinación ni en las cotidianas controversias habidas entre el oficialismo y la oposición en cualquier órgano de gobierno. No. El problema, en realidad, claramente se manifiesta en la falta de oficio político y de entendimiento del rol que debe ocupar, quien hoy tiene encargada la titularidad del Ayuntamiento citadino.

Hoy, es evidente que nadie está dispuesto a dar la cara por el síndico Calderón González. El pasado miércoles, por ejemplo, en la Sesión de Cabildo, claramente pudo verse el deplorable estado actual de la política que se practica dentro mismo del Palacio Municipal: mientras los regidores Margarita García García y Giovany Vásquez Sagrero hicieron añicos al Encargado de la Presidencia —por asuntos de los que él es indiscutiblemente responsable—, ninguno de los concejales del PRI quiso decir algo en su descargo. Y de hecho, por primera vez en la presente administración, al votarse un acuerdo impulsado por quien ostenta el cargo de Munícipe, hubo abstenciones de parte de dos regidores priistas.

Para entender esa inusitada molestia, debemos acudir y entender el asunto que la detonó. Si bien desde hace tiempo es sabido entre los regidores, que el síndico Calderón nunca se asumió precisamente como un elemento de conciliación y diálogo entre los miembros del Cabildo, hoy a todos incomoda que su falta de entendimiento de que su trabajo no es técnico, sino político, lo lleve a cometer errores que para cualquier persona avezada en las tareas de gobierno, consideraría como básicas.

Así, en la Sesión de Cabildo del pasado miércoles los regidores de oposición se quejaron airadamente porque el síndico Calderón González omitió correrles la invitación para que asistieran a la reunión en donde se acordaría la priorización de obra pública para lo que resta de la administración, lo cual implica la inversión de un monto de recursos públicos por alrededor de 11 millones de pesos.

Teniendo los argumentos acusatorios a su favor, la regidora Margarita García dijo, por ejemplo, que con esas actitudes, iban “de Guatemala a ‘Guatepeor’” en la conducción del gobierno de la capital oaxaqueña; y el regidor Giovany Vásquez Sagrero señaló que si antes errores u “omisiones” que se cometían desde la Presidencia Municipal eran por estrategia o por falta de experiencia (en clara referencia, en el primer caso, al edil José Antonio Hernández Fraguas; y en el segundo, a Miguel Ángel Bustamante Underwood), hoy parecían cometerse voluntariamente. Es decir, con dolo.

UNIDAD FICTICIA

La molestia, en ese sentido, no era para menos: aunque a los regidores se les ha asegurado hasta el cansancio, que los recursos del Ayuntamiento están ejercidos por completo, y que por tanto no existía más dinero pendiente de ejercer, de buenas a primeras se decidió una priorización de obras por un monto importante. Al no haber sido invitado ningún concejal de oposición, nadie de ellos tuvo conocimiento oficialmente, ni pudo manifestar cualquier posición respecto a qué obras fueron las priorizadas, a quién se le asignaron, y los montos respectivos.

Ese tipo de señalamientos, de haberse vertido en otros momentos, habría generado una defensa en bloque de los concejales priistas. Pero en este caso, nadie quiso hacer nada para enmendar las cosas. La razón era simple: los regidores priistas, tampoco fueron invitados a esa reunión de priorización de obras. Y todo eso, en realidad, se unió a otras molestias que desde siempre fueron sabidas por quienes tuvieron en sus manos la responsabilidad de conducir el Ayuntamiento.

En varios momentos, y en diversos medios, se ha apuntado que, por ejemplo, el síndico Calderón González trataba de regañar a los regidores priistas en las reuniones privadas que ocurrían para discutir, previo a las sesiones públicas, algún tema que fuera de particular interés para el Presidente Municipal en turno.

Ahora mismo, cuando él es el responsable, en más de una ocasión ha tratado de repetir sus actitudes. Sólo que si antes era detenido por el Edil —que sí sabía hacer y entender las reglas básicas de la política—, ahora ha sido encarado por sus mismos compañeros regidores, quienes airadamente le han reclamado sus imprudencias, su falta de tacto, y su ánimo por asumirlos como subordinados o incondicionales cuando, en realidad, todos ostentan la misma jerarquía política, y la unidad del grupo priista fue construida en base al entendimiento, y no a los menosprecios o los desplantes.

Por todo eso, Calderón González tiene hoy muchos más problemas de los que debería. Porque además de los problemas propios de la administración citadina, de la inconformidad de la mayoría de las Agencias Municipales por la falta de respuesta a sus necesidades, y de la corrupción que no deja de estar presente en el otorgamiento de licencias para bares y centros nocturnos de diversión —que formalmente son imposibles de extender en estos momentos, pero que sin embargo se emiten—, entre muchos otros, hoy tiene en contra hasta a los concejales de su partido.

Mucho de esto tiene su origen en el no saber hacer política, y en nunca haberse asumido como parte de ese grupo. Aunque no le guste, las relaciones e intereses que comparte con Sergio Castro, no son suficientes para que sus pares hagan algo por él. Le urgen el manual o los tips, antes de que acabe con lo poco que dejaron sus dos antecesores.

ES PREGUNTA

¿Será cierto que Patricia Villanueva Abrajám dejará en breve la dirigencia de la CNOP, a cambio del Fiat notarial que ya le habría sido entregado? Un buen trueque: el sector priista seguirá siendo una ficción cada día más decadente, mientras que la fe notarial es un excelente, y perpetuo, seguro de desempleo.

 

PRI: las disputas son alentadas por la dirigencia estatal

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+ Grupos antagónicos se disputarán el esqueleto

Por lo menos desde hace un par de meses, ronda por los círculos políticos la amenaza abierta de que tan pronto el Partido Revolucionario Institucional abandone el poder estatal en Oaxaca, comenzará una revuelta que tendrá como objetivo derrocar al actual dirigente Eviel Pérez Magaña, para luego tratar de reinstaurar a otros personajes que en el pasado ya fueron preponderantes para ese partido, pero que ahora se encuentran en una posición de franca rebeldía. Si bien este es el resultado de todo un largo proceso de descomposición y confrontaciones que se combinan con la derrota, también lo es que esta revuelta interna ha sido alimentada por la parsimonia, el inmovilismo y el silencio del grupo que aún encabeza el Comité Estatal de ese Instituto Político.

Habría que comenzar a explicarse racionalmente la debilidad que ha afectado no sólo a la actual, sino a las últimas cinco o siete dirigencias del tricolor en los años recientes. Proviniendo de uno de los regímenes de gobierno más verticales y “tradicionalistas” del priismo, en el último lustro predominó por completo la figura del Gobernador del Estado como Jefe Político, total, del tricolor. Era lo menos que podía esperarse, de un grupo de personajes que estaban acostumbrados a detentar el poder a plenitud, y a hacerlo valer independientemente de la opinión o la democracia que no cupiera en sus intereses o pretensiones.

Así, el resultado de ese proceso fue el de una serie de nombramientos sucesivos (desde Héctor Mafud, desde antes del inicio del actual sexenio, hasta el diputado con licencia Pérez al finalizarlo) en los que hubo una mayor preocupación por la colocación de figuras en perfiles estratégicos, que la de generar dirigencias con un sustento legal y político sólido, basado también en el cuidado de las formas y los formalismos políticos y estatutarios.

De este modo, todos los dirigentes del tricolor habidos en dicho periodo, fueron fuertes en la medida que el Jefe Político los legitimó y les permitió utilizar el poder, pero no porque alguno de ellos hubiera emanado de un proceso más o menos democrático en el que verdaderamente la militancia se pronunciara a favor suyo.

Aunque parezca extraño, o ilógico, esto último tampoco podría ocurrir, porque más que nunca se desalentó la simpatía ciudadana por el tricolor, y paralelamente se construyó una estructura partidista que, cumpliendo con ciertos requisitos que tenían que ver con dinero y prebendas, podía funcionar a la perfección, y hacer ganar elecciones, independientemente de quién fuera el candidato, cuál fuera el interés, o cómo estuviera conformada la coalición a la que se les enviaba a apoyar.

Así, lo que hubo fueron meras dirigencias políticas, pero —en prácticamente todos los casos— desprovistas de todos los demás elementos de verdadera legitimación, que deberían dar verdadero sustento a algo que se jactara de ser una auténtica dirigencia partidista.

El poder y el peso específico que detentó cada uno de los dirigentes —razón por las cuales nunca fueron cuestionadas sus respectivas dirigencias, que ni cumplían con los estatutos ni tenían el respaldo absoluto de la ley por haber emanado de procesos regulares y verdaderamente comprobables—, tuvo siempre que ver con la conminación política (desde el priismo y desde el gobierno) de ser objeto de espacios y beneficios si se asumía una actitud de disciplina, o el total relegamiento y castigo si se tenía la osadía de cuestionar ya no la legitimidad de un dirigente político, sino una decisión u opinión que emanara desde los altos círculos del poder.

Todos los dirigentes, hasta ahora, gozaron a plenitud del poder que se les permitió ejercer. Aunque la verdadera dirigencia, la fáctica pero efectiva, siempre estuvo en poder del Jefe Político, que nunca dejó de ver por los intereses de su partido, aún cuando sus tareas formales fueran otras. Así fue como, en una sucesión imparable de líderes, llegaron a los comicios cruciales de 2010.

PASIVIDAD Y PUGNAS

Era obvio que la detentación de un poder así, resulta avasallante mientras se tiene el respaldo suficiente como para no ser cuestionado; pero una vez que el poder comienza a agotarse, la debilidad de esas estructuras sale a la luz e, independientemente de la calidad moral o política de quién los cuestione, las fisuras comienzan a convertirse en auténticos factores de crisis.

Hasta hoy, un reducido grupo de personajes han cuestionado públicamente en al menos un par de ocasiones la dirigencia del diputado federal con licencia, Pérez Magaña. La intención de éstos inconformes es clara: están comenzando a calentar el terreno, para que una vez que el priismo abandone el poder gubernamental estatal, sean otros personajes, más poderosos y con mayor conocimiento del medio al que pretenden acceder, quienes terminen de ejecutar la labor que ellos ya iniciaron. Para nutrir las descalificaciones, acusan a la dirigencia estatal de todo tipo de cuestiones, que van desde la ilegalidad de su nombramiento, hasta su ilegitimidad como dirigencia partidista.

Algo es cierto en todo esto: ninguno de los últimos seis dirigentes tricolores anteriores (Mafud, Jorge González, Héctor Pablo Ramírez, Heliodoro Díaz, Jorge Franco, y Adolfo Toledo) tuvo ni un tercio de la legitimidad que tiene el diputado Pérez frente a los militantes, simpatizantes y estructura priista. Ninguno de ellos pudo, ni podrá jamás, obtener 600 mil votos en unos comicios tan competidos como los de julio pasado.

RIESGO REAL

Si esa legitimidad es real y comprobable, ¿entonces por qué la validez del cuestionamiento y, sobre todo, por qué el riesgo real de que, en efecto, pueda ser tambaleado y eventualmente derrocado? La debilidad del diputado Pérez Magaña, radica justamente en su ánimo por no moverse, ni hacer algo por desmarcarse de quienes lo tienen copado, y le han dado una imagen repugnante a su partido y al gobierno del que emanaron. Esa es la misma razón por la que perdió los comicios. Al no moverse, ni dar golpes de timón, ni demostrar que él no es parte —porque quizá sí lo sea— de las prácticas inconfesables y antidemocráticas que los detractores de su liderazgo le achacan a sus hombres cercanos, es el propio ex Candidato a Gobernador quien da las pautas para ser golpeado, cuestionado y señalado políticamente. Por si algo faltara, quienes tratan de defenestrarlo, no entienden que, derrocándolo, remediarían nada menos que una “ilegalidad”… con otra.

 

Tener visión de Estado, reto de grupo de alternancia

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Si tanto los diputados electos, como quienes integrarán la próxima administración del Gobierno del Estado, continúan generando expectativas ilusas de que Oaxaca será “un estado nuevo” a partir del 1 de diciembre próximo, pronto pagarán las consecuencias. Más allá de la demagogia y el populismo que conlleva la retórica posterior a la victoria electoral, es evidente que todos los involucrados deben asumir una postura más seria para evitar ser presa, dentro de poco tiempo, de sus propias palabras.

Este defecto de la palabrería —al que también podríamos calificar como fanfarronería— ha sido característica de muchos de los integrantes del nuevo régimen. Según sus propias palabras, a partir del inicio de la nueva gestión, la gran mayoría de los problemas democráticos, y del ejercicio del poder, serán resueltos como por arte de magia. Se engañan solos, o no entienden, que el detentar poder implica una lógica distinta a la de pertenecer a las fuerzas de oposición. Y que, quien tiene el poder en sus manos, en su sano juicio difícilmente estará dispuesto a cederlo para que otros se sirvan de él.

¿Por qué decir lo anterior? Porque hasta ahora, legisladores electos, líderes y militantes de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, y de otras fuerzas y grupos fácticos de poder, asumen como una verdad a pie juntillas que el próximo será “su” gobierno, que el ahora Gobernador Electo les reconocerá todo el tiempo las cuotas de poder que ellos suponen haber ganado; y que por tanto podrán materializar todos sus ideales para generar un Oaxaca distinto al que ahora vemos y padecemos. Al asumir eso como una verdad inmutable, también incurren en el pecado de hablar de más, y de prometer lo que no podrán cumplir. ¿De qué hablamos?

Los diputados electos, por ejemplo, aseguran que llevarán al Congreso diversas propuestas para reorganizar el poder público, y acotar la influencia que tiene el Gobernador del Estado, sobre los demás poderes gubernamentales. Del mismo modo, aseguran que acuñarán nuevas instituciones, y que reorganizarán las ya existentes, para lograr que los postulados de la rendición de cuentas, la transparencia y el respeto a las garantías de las personas sean un hecho imbatible. No se dan cuenta que en contadísimas ocasiones —si no es que nunca— han triunfado las transformaciones intempestivas y violentas; e incluso que, en la gran mayoría de los casos, éstas se tienen que lograr a través de las relaciones entre los poderes públicos.

Y para muestra un botón gigantesco: luego del triunfo electoral en la elección presidencial, por parte del Partido Acción Nacional en el año 2000, México cambió en poco. A pesar de haber tenido manifestaciones claras de voluntad de cambio y progreso para el país —que luego también resultó ser fanfarronería—, el presidente Vicente Fox durante su gestión se dedicó a administrar su figura de triunfo electoral, y a tratar de sostener el romance con los medios de información que había tenido los dos primeros años de su gobierno. A pesar de las expectativas, los cambios logrados fueron mínimos, y el desencanto ciudadano creció a tal punto que en 2006 estuvo a punto de ocurrir una revuelta derivada del conflicto postelectoral.

En aquel régimen, fue poco lo que se cambió, precisamente porque fue muy poco perceptible la disposición real del Poder Ejecutivo para ceder funciones o preponderancia política a los otros dos poderes; pero también porque los partidos políticos que lo llevaron al poder resultaron tener agendas de trabajo muy poco efectivas o comunes, y sobre todo demostraron no tener ninguna capacidad o posibilidad para ponerse verdaderamente de acuerdo.

 

RIESGO INMINENTE

Algo es claro: aunque los diputados logren materializar, en una sola operación, o en un periodo muy corto de tiempo, todas sus pretensiones legislativas, puede ser que lo logren hacer bien en el papel. Pero nada les garantiza que eso mejorará las relaciones de poder entre los partidos políticos, y mucho menos que eso dotará de credibilidad política a los funcionarios o instancias que han demostrado que no la tienen.

Además, parece imposible que en todo eso, el próximo Gobernador les permita hacer todo, y asumir todas las decisiones que tome el Poder Legislativo, sin antes protestar o presentar algún tipo de oposición. En todo caso, primero tendrá que ocurrir un consenso político, en el que cada uno fije los límites que pueden ser alcanzados y las necesidades que tiene para el desempeño de sus funciones. Si esto no ocurre, entonces comenzarán a darse las rupturas, las confrontaciones e, irremediablemente, la parálisis que nadie desea para una entidad con tantos atrasos como la nuestra.

Por eso, los señores diputados electos, y todos aquellos que hacen creer a la ciudadanía que a partir del 1 de diciembre Oaxaca será otro, mejor, están equivocados. Antes de lograr ese objetivo simplista, oscuro y poco explicable, tienen el reto de emprender la titánica tarea de conseguir acuerdos efectivos que les permita ir cumpliendo paulatinamente las metas que se han propuesto.

Nadie duda que el poder debe ser reformado. Pero para lograrlo, tiene que haber más de una manifestación expresa de voluntad, y sobre todo una idea clara de que debe prevalecer la prudencia y el buen ánimo, por encima de los triunfalismos y las fanfarronerías que no tienen sustento, y que tampoco tienen posibilidad de cumplirse, y qué decir de poder ser exitosas.

En contraparte —y eso no lo hacen, por miedo a quién sabe qué—, aún siendo parte de la misma causa política, ellos deberían estar llamando enérgicamente al nuevo gobierno a que cumpla sus cometidos, y que respete el marco democrático que prometió al ganar las elecciones. En la medida que existan acuerdos, y que éstos sean respetados por todos los involucrados, es que se lograrán cambios. La palabrería no los llevará a nada positivo para Oaxaca.

 

AYUDA

El doctor César Mayoral ha emprendido una tarea importante, que debe ser secundada y apoyada por la ciudadanía: en sus oficinas de la calle de Álamos número 228, esquina con Emilio Carranza, en la colonia Reforma, está recibiendo ayuda para los damnificados por las lluvias en la sierra mixe, particularmente de Santa María Tlahuitoltepec. Además, mañana 15 de octubre, asimismo organiza un concierto a beneficio de esas comunidades en el Centro Cultural Universitario de la UABJO. Ayudemos para esas causas. Son nuestros hermanos.

 

Oposición al poder: no deben construir destruyendo

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+ Órganos autónomos; “quítate tú para ponerme yo”

Dos de las cuestiones en las que han sido más reiterativos los diputados locales electos de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo, son las de, primero, someter a revisión los esquemas de integración y funcionamiento democrático de los poderes del Estado; y, segunda, revisar la composición actual de los órganos autónomos para, según ellos, hacerlos menos dependientes del poder público. En ambos casos, debe haber una visión de Estado clara, y no un mero ánimo de revanchismos que sólo llevarán a la descalificación no de esas figuras democráticas.

Sin duda, en lo relativo a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, urgen reformas que vayan más allá del mero maquillaje político. En el caso de nuestra entidad, tanto la Constitución Política local, como la praxis política, aún continúan generando esa idea de que el Gobernador del Estado no es el Titular del Poder Ejecutivo, sino auténticamente un Jefe Político de la entidad. Esto es, que sus potestades constitucionales, y metaconstitucionales, van más allá de cualquier dictado legal, y le permiten imponerse sobre las decisiones, la soberanía o la autonomía de cualquier ente o persona que tenga que ver con el poder público.

¿Cómo lograr reformas en ese sentido? El primer paso, sin duda, tiene que ver con la manifestación expresa, y dinámica, de voluntad por parte del gobernante. En Oaxaca, sería una verdadera innovación que, al menos periódicamente, el Congreso del Estado fuera algo más que el apéndice legitimador de las decisiones omnipontentes que se toman desde la oficina del Gobernador.

Parece guasa, o una broma de mal gusto. Pero independientemente de que se acepte o no por parte de los involucrados, es evidente que las potestades del Mandatario en turno van mucho más allá de lo que le permite la Ley, pero también es alimentada por quienes tienen aún la idea en la conciencia de que el Gobernador es el Jefe lo mismo de los funcionarios administrativos, que de los legisladores, y también de quienes integran los órganos jurisdiccionales.

En ese sentido, además del cambio de formas en cuanto al ejercicio práctico del poder, son también necesarias algunas otras reformas que impidan la injerencia avasallante del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes. El ejemplo más claro, que está a la vista de todos, tiene que ver con la integración del Poder Judicial del Estado. Porque a diferencia de otras entidades, en donde existen Consejos de la Judicatura —u otro tipo de figuras, diferentes o más avanzadas que esos órganos— que determinan el nombramiento, los ascensos y la permanencia o remoción de los funcionarios judiciales, en el caso de Oaxaca todo se reduce a un mero asunto de discrecionalidad.

Lo mismo ocurre con el nombramiento de los Magistrados. A nivel federal, y de innumerables constituciones estatales, en la local de Oaxaca prevalece casi por completo la predominancia del Gobernador en la designación de los más altos funcionarios judiciales estatales. En ese sentido, la participación del Congreso del Estado es prácticamente testimonial, y las posibilidades de que existan equilibrios para frenar un posible exceso del titular del Poder Ejecutivo, o una decisión con la que la mayoría de los diputados no estén de acuerdo, llanamente es nula.

En el fondo, y si es que verdaderamente existe voluntad política y capacidad de análisis tanto en los diputados de los partidos coaligados, como del gobernador Gabino Cué cuando entre en funciones, también deberían revisarse, y reordenarse, algunas de las facultades que la Constitución del Estado otorga a cada uno de los poderes.

Con sólo dedicarse a dilucidar y comprender ese punto, cualquiera podría darse cuenta que en las condiciones actuales, son más los desequilibrios y los resabios de la predominancia del Gobernador que ya debe quedar en el pasado, que las posibilidades de que, gobernando apegados a esas normas, podrán hacer el gobierno distinto que tanto han prometido. A ver si existe la voluntad y la capacidad para emprender esa labor.

DESCALIFICACIÓN RIESGOSA

En el otro aspecto, los diputados dicen estar dispuestos a emprender, como una de sus primeras tareas, la revisión de los órganos autónomos, y de otros con vital importancia en la fiscalización de los recursos. Se han referido, específicamente, al Instituto Estatal de Acceso a la Información, y a la Auditoría Superior del Estado. Los señores legisladores, deberían ser un poco más cuidadosos en sus aseveraciones. ¿Por qué?

La respuesta está también a la vista. Para ellos, los actuales integrantes de esos dos órganos no son confiables. A priori, aseguran que éstos no tendrán el suficiente grado de independencia y apego a los principios que los rigen, para desempeñar las tareas que les fueron encomendadas. En pocas palabras, opinan que unos y otros son meros agentes del PRI. Y por eso están decididos a removerlos de sus cargos en la primera posibilidad que exista.

Habría que tomar con reservas esa altivez. Porque si bien es cierto que tanto la auditora Lizbeth Caña Cadeza, como los comisionados del IEAIP, Genaro Vásquez Colmenares, Raúl Ávila y Alicia Aguilar, fueron nombrados, y emanaron del actual régimen, también lo es que éstos tienen mandatos constitucionales que cumplir, y que lo primero que debe hacer un régimen de gobierno, es precisamente ponerlos a prueba.

En ese sentido, son abominables aquellas declaraciones relativas a desaparecer esos órganos e integrar otros con mayores potestades. Si bien los entes autónomos actuales no son los mejores, también es cierto que éstos son un signo parcial —no acabado, ni suficiente— del avance democrático que ha tenido nuestro Estado.

¿ÓRGANOS “DEMOCRÁTICOS”?

Y lo más importante de todo: cambiar a los actuales de esas entidades sin antes pasarlos por el tamiz de la demostración de eficiencia y compromiso con sus funciones, para integrar esos órganos con personas afines a ellos, será tanto como emprender la misión de “quítate tú para que me ponga yo”. Y entonces, “sus” integrantes de la ASE y del Instituto de Acceso a la Información estarán tanto o más deslegitimados de lo que ellos acusan a los actuales, porque aún habiendo emanado de un “régimen democrático” estarán haciendo las mismas funciones de solapamiento y encubrimiento, de las que tanto acusan a sus predecesores.

 

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Columna Al Margen. Autor: @ortizromeroc. Espacio para la reflexión y el análisis político. #Oaxaca #AlMargenMX.

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