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Priistas: nada demuestran con su “democracia interna”

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+ Políticos: “resbalan” al decir sandeces sobre juicio político

Finalmente se hizo público lo que ya se veía venir: Martín Vásquez Villanueva fue “electo” como coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso del Estado. Más allá del ex Secretario de Salud, y del edil citadino con licencia, José Antonio Hernández Fraguas —que inicialmente sería el designado para ese encargo—, la cúpula estatal del tricolor debería reparar, con un poco menos de soberbia, en que nada bueno está demostrando con sus más recientes acciones de “imposición democrática”.

A lo largo de su carrera política, el diputado electo Vásquez Villanueva ha demostrado reiteradamente que la ineptitud no se cuenta entre sus defectos. Al contrario. El cargo de secretario de Salud —que es una posición de primer orden dentro de cualquier gobierno— la ocupó sin mayores contratiempos, con prudente discreción, y demostrando pluralidad y eficacia en su labor.

Es una referencia positiva importante, el hecho de que hasta ahora no hayan aparecido en su contra, señalamientos o cuestionamientos probados sobre su actividad al frente de los Servicios de Salud de Oaxaca., y que tampoco sea de los que cuentan entre sus adversarios, o enemigos políticos, a una lista larga de personajes de diversas calañas.  Por eso, en rigor objetivo, no extraña la decisión de designarlo como representante de los próximos diputados estatales del PRI.

En la contraparte se encontraba José Antonio Hernández Fraguas. Más allá de las poses, y de los señalamientos “políticamente correctos” con los que algunos de sus compañeros priistas trataron de sobarle el golpe de la traición a los acuerdos iniciales, es evidente que éste es cualquier otra cosa, menos un lastre para su partido, y que tampoco lo habría sido si se hubiera sostenido la decisión de dejarlo al frente de los próximos diputados locales del tricolor.

Al contrario: si por algo Hernández Fraguas fue señalado, recelado y cuestionado por sus mismos correligionarios durante su gestión, primero como secretario de Administración, y luego como presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, fue precisamente por la estrecha relación que él había sostenido en otros momentos con el gobernador Diódoro Carrasco Altamirano, y con buena parte del grupo político que primero había servido al cuicateco y luego se identificó con Gabino Cué Monteagudo.

Sus detractores internos, nunca repararon en que los integrantes de un grupo político se diferencian entre verdaderos políticos, y los que son hijos de las circunstancias o de la suerte de otros. Los primeros son aquellos que construyen una carrera política más allá de un gobernador, un grupo o un sexenio. Es decir, que son los que tienen algún valor agregado como para trascender a una administración. Mientras que los segundos, son solamente consecuencia de una circunstancia favorable; pero que si no fuera por esa particularidad, jamás habrían figurado en cargos o responsabilidades dentro de su partido, de los cargos de elección popular, o de la administración pública, y que, generalmente, sólo son “flor” de un sexenio.

Así, lo que queda claro es que, el problema de todo esto, en realidad, no se encuentra en la persona elegida para ostentar una responsabilidad política importante, sino más bien en la forma en cómo el priismo continúa procesando sus decisiones. No es el qué; es el cómo.

SEGREGACIONISMO

Desde el primer momento fue evidente que, particularmente José Antonio Estefan Garfias y José Antonio Hernández Fraguas, fueron los dos personajes que más remaron contra la corriente del priismo, para tratar de participar en aquella vacilada que fue el proceso interno para elegir a su candidato a gobernador.

Aunque quedaba claro desde el primer momento que el senador Adolfo Toledo tampoco era parte reconocida de ese selecto grupo; que para Martín Vásquez era un acto de reconocimiento y aprecio, pero no de posibilidades reales, el incluirlo como aspirante a la gubernatura, y que Jorge Franco sería el gran desplazado, ninguno de estos tres personajes resintió tantas descalificaciones, y segregacionismo, dentro de su mismo partido como Hernández y Estefan.

Hoy es evidente que los dos más aventajados, y peor retribuidos fueron Hernández Fraguas y Toledo. Al primero le han prometido todo y le han cumplido nada, pero ha decidido sostenerse dentro de la disciplina y la institucionalidad, no sin demostrar evidente molestia por las defraudaciones de que ha sido objeto.

Y el segundo ha asumido una actitud voluntariamente indigna, al convalidar y aceptar, risueño, todas las mentiras (como su cargo de “dirigente” del PRI y ahora de la CNC) y las fantasías (como la de poder llegar a ser líder nacional del campesinado priista) que le construyeron, y que tampoco le cumplirán, a cambio de no ser el candidato a Gobernador.

Bien, pues esa lista de promesas incumplidas, que encabezan estos dos personajes, debe irla tomando en consideración, en un primer momento, el propio diputado Vásquez Villanueva, y después, todos aquellos que se encuentran involucrados y que aún creen en las promesas que realiza la dirigencia tricolor, encabezada por el diputado federal Eviel Pérez Magaña.

En ese largo camino, la cúpula tricolor no ha demostrado ni democracia, ni eficacia, ni tolerancia ni mucho menos pluralidad: lo único que ha demostrado, es que son especialistas en prometer y no cumplir. Los antecedentes, hablan por sí mismos, y seguramente serán también tomados en cuenta por sus contrapartes de la oposición. No porque no crean en la palabra del diputado coordinador Vásquez. Sino porque nada garantizará que, en la dirigencia priista y en la cúpula tricolor, respeten la palabra que él empeñe como garantía en la negociación. El problema, de nuevo, no será el qué; será el cómo. ¿Apuestan?

QUE SE PONGAN A ESTUDIAR

La semana pasada, dimos cuenta de cómo el líder panista, Carlos Moreno, cargado de ignorancia, aseguraba en una entrevista que el juicio político tenía como fin retirar el fuero a un funcionario. Existe por ahí, otra perla, en la que el diputado federal del PRI, Héctor Pablo Ramírez, asegura que él y algunos otros legisladores del tricolor “estudian” la posibilidad ¡de iniciar juicio político contra el presidente Felipe Calderón, “por los 28 mil muertos” de la lucha contra el narco! Eso es improcedente. Si no sabe, que estudie, o que pregunte. Para eso, se supone, sirven sus asesores.

Fidel, ¿loco por denunciar complot vs AMLO en México?

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+ Historia: plagada de complots y miedo a la izquierda

Corre siempre como uno de los fantasmas políticos, que hasta se ha convertido en lugar común de quienes se dicen perseguidos, que es por disposición expresa de los intereses que dominan a Estados Unidos de Norteamérica, que en todos los países de América Latina deben evitarse lo más posible los triunfos de las fuerzas de izquierda radicales, pero que particularmente esa disposición debía hacerse patente en México, para evitar que las tendencias de ese tipo de desbordaran libremente sobre todo el centro y sur de nuestro sufrido continente.

Ese era el argumento de todos los que, en otros tiempos, condenaban la permanencia y la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional y su intolerancia hacia otras corrientes políticas, y fue el argumento del que se valieron todos aquellos que, desde 2005, y en los años siguientes, aseguraron que había existido un complot de intereses nacionales e internacionales, en contra de la causa del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, y aspirante por el Partido de la Revolución Democrática a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En un primer momento, fue hasta motivo de guasa aquello del complot. La forma de hablar, propia de los tabasqueños, llevó a López Obrador a asegurar que en su contra había un “compló”. Fue asimismo lugar común hacer broma de la forma y no del fondo, de un argumento que además no parecía del todo objetivo, y más bien parecía ser la justificación de los propios errores y la corrupción que entonces se revelaba de funcionarios del gobierno que encabezaba el aspirante presidencial.

¿Por qué hablaba López Obrador de un complot? Porque, ante el descubrimiento de los video escándalos, y el inicio del proceso judicial que se le seguía, y que terminó con su desafuero e inminente procesamiento judicial —que, además, lo tuvo a punto de la aprehensión, y por ende su “eliminación” del proceso electoral presidencial de 2006—, el tabasqueño aseguraba que eso era una maquinación sistemática de algunos grupos mafiosos que querían impedir a toda costa que su proyecto político continuara la marcha que, entonces llevaba con toda seguridad, a la Presidencia de la República.

¿Por qué aseguraba eso? Porque él nunca se hizo parte de los actos de corrupción, y más sostuvo ante todos los cuestionamientos, que desconocía las actividades indebidas que realizaban algunos funcionarios de su administración o su partido político. Y denunciaba que todas esas maniobras tenían como fin descarrilar sus aspiraciones, e impedirles llegar a la presidencia de la República con el amplio respaldo popular que entonces contaba.

¿Por qué, en contraparte, no se le creía del todo? Porque ese argumento también tenía importantes rasgos de chovinismo. Es decir, de aquella actitud en la que uno considera que todos los males que se sufren, tienen origen en factores externos, pero sin asumir ningún tipo de responsabilidad, ni siquiera parcial, en uno mismo. Las aseveraciones de López Obrador respecto al supuesto complot, tenían mucho de eso. Asumir que todo era parte de una maquinación internacional para impedirle llegar a la Presidencia, era tanto como decir que todo era responsabilidad, o mentira, de sus enemigos (el “innombrable”, por ejemplo), pero que ni él ni sus colaboradores tenían culpa alguna por los delitos y fraudes que luego se descubrieron, y en los que, lo aceptara o no el tabasqueño, sí había una cuota importante de culpabilidad de sus cercanos, o de él mismo.

¿COMPLOT REAL?

Todo este tema resurgió, quizá tardíamente, porque hace apenas unos días el comandante y ex presidente de Cuba, Fidel Castro Ruz, aseguró que, en efecto, López Obrador había sido víctima de un complot internacional que le impidió llegar a la Presidencia de la República. Para algunos, esta fue la aseveración equivocada o fantasiosa de un hombre octogenario que, quizá, no sabía lo que decía. Pero si se asume esa declaración no como un hecho aislado, sino como parte de un todo que conlleva antecedentes importantes, entonces el Líder de la Revolución cubana podría no estar tan equivocado como parece.

Existen antecedentes claros de que en Cuba, a diferencia de otros países, sí existe información importante relativa a los procesos políticos del 2006 y sus implicaciones en el resultado de la elección. Si bien se recuerda, uno de los temas que más golpeó a López Obrador, fue el de los video escándalos.

Además de los videos en los que fue captado su Secretario de Finanzas, apostando cantidades millonarias, reiteradamente, en uno de los casinos más lujosos de Las Vegas, en Estados Unidos, semanas después se dieron a conocer otros videos en los que connotados perredistas (Carlos Imaz, Ramón Sosamontes y René Bejarano, entre otros) recibían cantidades millonarias de un hombre inicialmente desconocido, que luego resultó ser el empresario constructor de origen argentino, Carlos Ahumada Kurtz.

Eso generó uno de los más brutales golpes en contra de la causa lopezobradorista. Para todos sus adversarios políticos, esa era la prueba de corrupción que todos esperaban, y que nadie de los “pejistas” aceptaba. Cuando ello ocurrió, Ahumada huyó justamente a Cuba. Pero antes, había sido ayudado por oscuros personajes que fueron quienes lo asesoraron, y le abrieron las puertas de la televisión en cadena nacional, para que presentara las pruebas de los actos de corrupción que cometían los cercanos del Jefe de Gobierno.

Se asegura que en Cuba, Ahumada fue interrogado en largas horas de conversaciones por los servicios de inteligencia de esa Isla. Ahí quedó testimonio de todos cuantos actuaron para golpear a López Obrador. Quizá por eso, mejor que nadie el ex Mandatario Cubano sepa que, en efecto, confabularon intereses de todo tipo para tratar de frenar su cómoda llegada (porque era el puntero indiscutible) a la contienda electoral por la Presidencia de la República.

FACTORES INTERNOS

Sin embargo, creer a pie juntillas esa versión, es tanto como negar todos los errores que cometió López Obrador durante el desarrollo de la campaña presidencial. Ciertamente, los video escándalos lo minaron. Pero las propias encuestas de aquellos años reflejaron que eso no era suficiente para destruirlo. AMLO no llegó a la Presidencia por un conjunto de factores y no sólo por un complot. Ese daño auto infligido, debe quedar asentado al lado de la conjura internacional que pudo haber en su contra.

Juicio Político vs URO: la exoneración estaba anunciada

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+ Artilugios legalistas, no legítimos, fueron más eficaces

Ayer jueves, en el Congreso del Estado se discutió y resolvió el polémico procedimiento de juicio político en contra del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. El resultado final fue el esperado: tras una deliberación aparentemente acuciosa, se determinó que no existía responsabilidad alguna en el Primer Mandatario, respecto a los hechos violentos ocurridos durante el conflicto magisterial y popular de 2006 y 2007. Nada se salió del argumento legal, limitativamente legalista, e incluso ilegítimo, que desde un principio trazaron los diputados para librar al actual régimen de cuestionamientos y procedimientos futuros.

Hace un par de semanas, en nuestras entregas del pasado 1 y 2 de agosto, en este espacio establecimos que aún cuando la Constitución Política del Estado no contempla la posibilidad ni causas específicas por las que quien ostenta el cargo de Gobernador, pueda ser procesado en Juicio Político, la Constitución General de la República sí establece ciertos criterios para la procedencia de dicho procedimiento, y que incluso la jurisprudencia de la Suprema Corte refuerza la esta posibilidad, además de reprochar que algunas Constituciones locales no establezcan expresamente la procedencia del Juicio Político en contra de los titulares respectivos del Poder Ejecutivo de las entidades federativas.

Atendiendo a estos criterios, pudo establecerse que sí era posible la procedencia de dicho juicio en contra del gobernador Ruiz, pero que habría que revisar a detalle las causas y los argumentos que habrían motivado tal solicitud ante la Cámara de Diputados. En nuestra entrega del 2 de agosto, establecimos que dicho juicio se había solicitado en base a las responsabilidades que se habían señalado en la investigación sobre presuntas violaciones graves, que había realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la revuelta magisterial de 2006 y el año siguiente.

También señalamos que en el dictamen final de esa investigación, los ministros de la Suprema Corte se limitaron a enunciar las violaciones, pero se abstuvieron de señalar responsabilidades expresas porque eso rebasaba el límite de esa atribución. Sin señalamiento no podría haber acusación sustentada, y mucho menos la posibilidad de que hubiera una sentencia condenatoria. Preverlo no era cuestión de gurús ni de dotes adivinatorias, sino del uso de la simple lógica relativa a los preceptos jurídicos.

Por eso, el 2 de agosto apuntamos, expresamente, que “si en realidad el Congreso del Estado tomó como base lo establecido en el engrose del dictamen sobre el llamado Caso Oaxaca, entonces no hay mucho qué esperar. El asunto, para el Gobernador y los demás involucrados, pareciera ser mucho menos grave y complejo de lo que parece. Y por eso mismo, el final de toda esta historia podría ser que, además de dejar cancelada toda posibilidad de reabrir otro procedimiento de esa naturaleza por los hechos del 2006, los procesados en juicio político por el Congreso del Estado tuvieran una sentencia favorable a sus intereses.”

Ahora se sabe, como también se previó desde entonces, que el fondo de este asunto era el de solventar aquel principio constitucional denominado “non bis in idem” (“no dos veces lo mismo”), que establece, en el artículo 23 de la Constitución federal, que “nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene”.

Así, pues, había que apresurar el trámite y resolución de este juicio político relativo a los hechos violentos de 2006 y 2007 no para llegar a un acto de justicia, sino para utilizar a su favor un precepto legal que impidiera una posible reapertura de dicho procedimiento en el futuro, y que por tanto brindara certidumbre de que el actual Mandatario no fuese molestado después, al menos políticamente, por ese asunto.

EFECTO CONTRARIO

Todo esto parece demasiado pedestre como para ser un simple asunto de blindaje en términos políticos. Tiene mucho de eso, pero bien podría no ser lo único. En realidad, este “procesamiento” y exoneración por parte del Congreso del Estado al gobernador Ulises Ruiz Ortiz por los hechos violentos de 2006 y 2007, podría ser el inicio de una andanada de descalificaciones en contra de quienes, desde el bando contrario, también encabezaron los disturbios durante aquellos años.

Ayer, el diputado presidente del Congreso del Estado, Herminio Cuevas Chávez, asumiendo una posición de franca defensa del Mandatario procesado, cuando se le preguntó ayer en entrevista colectiva, si no existía responsabilidad en el Gobernador por no haber atendido las demandas presupuestales que dieron origen al conflicto magisterial, dijo textualmente lo siguiente:

“Lo que pasa es que sólo se han definido condiciones solamente para el gobernador, pero han olvidado la historia, cómo inicia el conflicto del 2006, con una demanda presupuestal que el Gobierno del estado no lo tiene, con una demanda que tenemos que acudir a la federación para resolverlo, con una participación tardía de la federación en el caso de Oaxaca; con una participación que cuando ellos llegaron a Oaxaca fueron los que comenzaron  a violentar. Eso ya se les olvidó, a las organizaciones sociales, al magisterio, a la APPO, que violaron los derechos de particulares. Vimos cómo saqueaban negocios, extorsionaban a la gente, asaltaban a la gente, eso se les ha olvidado y nada más están enjuiciando a una persona y la historia no va a juzgar a una persona, sino que los va a juzgar a ellos por los hechos del 2006, por todo lo que sucedió…”

¿Qué ahora sí el gobierno va en contra de sus antiguos adversarios? ¿Quedaron atr{as entonces los pactos oscuros a través de los cuales unos y otros se concedieron múltiples y recíprocas condiciones de impunidad, a cambio de la paz, la gobernabilidad y la permanencia del régimen en la entidad? Este podría ser el punto de inicio de una venganza. Si en el sector oficial ya son “legalmente” inocentes, entonces ahora sí podrían ir por sus contrarios. Ya nada los pone en riesgo.

¡FELICIDADES!

Hoy, TIEMPO cumple nueve años de existencia como publicación diaria. Gracias a usted lector por su amable preferencia. Gracias a los anunciantes por brindarnos su confianza. Es momento, pues, de enviar felicitaciones y un abrazo sincero a nuestro director, Wenceslao Añorve, y a todos nuestros compañeros, que con su mejor esfuerzo, todos los días hacen posible este diario. ¡Enhorabuena!

Sección 22 colaboró con impunidad, al negociar la justicia

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+ Revisión de delitos cometidos en 2006, también los implicaría

Al cumplirse cuatro años del homicidio de José Jiménez Colmenares, ocurrido durante una marcha del magisterio y la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca en agosto de 2006, la dirigencia estatal de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, anunció que presentará una denuncia penal colectiva en contra del gobernador Ulises Ruiz y varios otros servidores públicos que tuvieron participación durante el conflicto social de ese año. Además de buscar un efecto político a través del uso de la vía judicial, los profesores democráticos debían reparar en que la justicia no puede ser selectiva. Y que si en algo llegase a variar el estado de impunidad en que se encuentran los hechos del 2006, también ellos tendrían que ser llamados a cuentas.

Por principio de cuentas, es evidente que, en teoría, a los profesores de la Sección 22 no les falta razón. De hecho, anunciar la presentación de sendas denuncias penales por los delitos cometidos durante la revuelta magisterial, parece ser un medio alternativo ante la potencial simulación de un juicio político, que estarían en vías de perpetrar la mayoría de los diputados que integran la LX Legislatura del Estado en Oaxaca.

Si puramente entendemos estas denuncias en el ánimo del “deber ser”, entonces podríamos asumir que seguramente tales acusaciones penales en sí no buscarían un fin específico, sino que más bien serían parte de los actos previos —o actos preparatorios— para acciones de índole política posteriores. Es decir, que buscando condenas de ese tipo posteriores al 1 de diciembre, ellos estarían recopilando todos los elementos que previamente pudieran dejar constancia de que, en efecto, existe la presunción, en base a las denuncias, de que se hubieren cometido delitos y que fueron denunciados en su tiempo debido.

¿Por qué buscar estos fines a través de denuncias penales? Porque establece el artículo 115 de la Constitución del Estado, que el Gobernador sólo puede ser responsable por la comisión de delitos graves del orden común, y la violación a las atribuciones, límites y prohibiciones que le señala la propia Ley Fundamental.

¿Qué significa esto? En términos sencillos, que el Gobernador del Estado no puede ser acusado de haber cometido otro tipo de faltas o delitos durante el tiempo de su encargo. Su marco de responsabilidades queda, entonces, ampliado respeto a un sinnúmero de faltas sobre las cuales no se le puede establecer acusación formal, y al mismo tiempo reducido en las cuestiones, por las que sí puede ser señalado como responsable de haber cometido durante el tiempo en que se desempeñó en ese cargo.

En esa lógica, una denuncia penal por la comisión de un delito grave del orden común (como podría ser el secuestro, el homicidio, y los demás que enumeran las normas procesales locales y federales), al menos deja un precedente de que sí pudo haberse cometido la falta o el delito que se señala. De ese modo, de haber un seguimiento puntual, entonces sí se le podría establecer responsabilidades penales cuando ya no ostentara el cargo y la inmunidad que confiere la titularidad del Poder Ejecutivo.

El problema, para la Sección 22, es que si de verdad se encuentra en la determinación de lograr un castigo ejemplar para quienes ellos consideran como responsables de la persecución, y el hostigamiento a los luchadores sociales durante el conflicto magisterial, tendrá entonces que vincular cada uno de los hechos a la responsabilidad personal última del Mandatario, y de los demás servidores a quienes denunciarán. Ahí es donde se encontrarán con algunos problemas importantes.

Aún cuando la Suprema Corte señaló responsabilidades, lo cierto es que en sus documentos probatorios ellos no pudieron vincular relación directa entre algunos de los hechos violentos y constitutivos de delitos, con la decisión inicial del titular del Ejecutivo. Seguramente, esa relación podría sí existir; pero, frente a ello, es muy distinta la posibilidad de que esa conexión causal pudiera establecerse en contra o a favor de alguien. En todo caso, sentaría precedente que los abogados de la Sección 22 sí pudieran lograrlo.

JUICIO PARA TODOS

En algunos momentos, el gobierno electo de Gabino Cué Monteagudo ha ofrecido hacer una revisión puntual de los hechos más relevantes que ocurrieron durante el conflicto magisterial y popular de 2006. En ese sentido, la creación de un ente equiparable a lo que comúnmente se conoce como “comisión de la verdad”, marcaría un hito en la historia reciente de la entidad, y abriría la posibilidad de que se revisaran prácticamente todos los hechos ocurridos durante la crisis social. Todos los involucrados —los propios de funcionarios, y los que fueron responsabilidad de los grupos inconformes— tendrían, en realidad, algún tipo de responsabilidad en ese episodio drásticamente extraordinarios.

La Sección 22 no puede sustraerse a esta realidad. Una verdadera exigencia de justicia debería implicar que todos los implicados en la posible comisión de un delito, fueran castigados independientemente del grupo o corriente política a que pertenecieran. El fin último, en ese sentido, habría de ser la protección de los derechos de las mayorías, y no la satisfacción de los intereses de unos cuantos.

¿Los profesores democráticos estarán dispuestos a que se revisen también los hechos que los involucran? ¿Estarán dispuestos a legitimarse como persecutores de la justicia, con esas exigencias tan necesarias, pero también tan parciales respecto a quiénes deben ser juzgados, y quiénes no?

En realidad, no se trata de procurar impunidad completa, como tampoco de un suicidio colectivo. Pero ante la imposibilidad de que esas y otras acciones lleguen al puerto que se espera, unos y otros deberían comenzar a tomar acciones, tales como evitar que tanto el gobierno estatal, como la Sección 22, gobiernen y sigan decidiendo negociar teniendo siempre la ley y la justicia, como eficaces y únicas monedas de cambio.

ACCIÓN SOLIDARIA

La Fundación Carmen Vive, organiza una colecta para apoyar a los niños de las comunidades de Santos Reyes Yucuná y San Pedro Ixtlahuaca. Los niños necesitan ropa, zapatos, útiles escolares y juguetes en buen estado. El centro de acopio se encuentra en la tienda “Qué rico es Oaxaca”, ubicada en la calle 20 de Noviembre #212 esquina con Trujano a un lado del Hotel Francia, en el Centro Histórico. ¡Participe!

Transporte: gobierno se deslegitima con tema “legitimador”

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+ Persecución a corrupción en el sector, se volvió complicidad

Hace poco más de cinco años, la entonces recién iniciada administración en el Gobierno del Estado, pretendió dar un golpe de legitimidad, y deslinde con sus antecesores, a través de la persecución a presuntos actos de corrupción, relativos al transporte público concesionado. Hoy, queda claro que dicha persecución no sólo quedó en el olvido, sino que sobre los actuales funcionarios encargados de la regulación del transporte pesan cuestionamientos aún mayores que los de sus antecesores. Esta fue, pues, una persecución que se convirtió en complicidad.

Quizá no sea un dato que se tenga fresco. Pero en noviembre de 2005 se anunció la dimisión de la Coordinación de Transporte, de su hasta entonces titular, Aurora López Acevedo. Menos de dos meses después, comenzaron a revelarse detalles sobre un presunto fraude masivo en cuanto a la falsificación de concesiones de los llamados “taxis foráneos”.

Para los primeros días de abril del año siguiente (2006), un juez del fuero común libró sendas órdenes de aprehensión en contra de la ex Coordinadora de Transporte, y quienes fungieron como sus directores de Transporte y Jurídico, respectivamente, Horacio Sainz, y Eduardo Alberto Franco.

Primero al momento de librarse la orden de aprehensión, en abril de 2006, y luego el 27 de marzo del año 2007, estos dos últimos personajes fueron detenidos por un grupo de élite de la PGJE, bajo el cargo de falsificación de documentos. En la primera detención, Sainz y Franco obtuvieron su libertad al día siguiente de ser aprehendidos. En la segunda ocasión, ambos pasaron una temporada mayor en prisión. López Acevedo se sustrajo permanentemente de la acción de la justicia.

A partir de entonces, el Gobierno del Estado pretendió “vender” a la ciudadanía la idea de que en esta administración no habría impunidad. Hubo un permanente intento de linchamiento mediático, en contra de todos los actores administrativos y políticos que, voluntaria o involuntariamente, tenían algún grado de involucramiento con el asunto. Para el gobierno actuante, éste era el asunto que necesitaban para hallar un argumento de legitimación frente al electorado, y de deslinde respecto al grupo que lo antecedió en el poder gubernamental estatal.

Sobre el asunto de las concesiones, nunca se supo más que la nota para el anecdotario. En diversas ocasiones, los funcionarios que sucedieron a López Acevedo aseguraron que se habían descubierto hasta ocho mil concesiones falsificadas; hacían cuantificaciones del monto supuestamente obtenido por la estafa.

Y aseguraban que librarían todas las batallas legales que fueran necesarias, para dejar sin efectos todos los documentos que no cumplían con los requisitos de legalidad indispensables. Además, señalaban que se emitiría una Ley de Transporte, que regulara de mejor modo todas las actividades de los transportes concesionados, y que eliminara la total anarquía que entonces prevalecía en ese sector.

Lo cierto es que nunca ocurrió nada de todo aquello que prometieron. Hoy, a través del solo método de la observación, puede corroborarse que la masificación del transporte público continúa siendo una constante; que nunca pudieron meter en cintura a los transportistas que no contaban con sus documentos en regla; que siempre cedieron ante la presión política, ante el chantaje, o ante las acciones de presión que emprendían unos y otros, legales e ilegales, para conseguir sus fines.

Lejos de combatir la corrupción, como tanto lo prometieron, pronto salieron a relucir sospechas de que el negocio del tráfico de concesiones continuaba. Es decir, que sólo había cambiado de manos. Y eso, dejaba ver que los persecutores se habían convertido en cómplices de todo lo que antes habían condenado, al sucumbir frente a las tentaciones de la corrupción. Y, por si fuera poco, nada de eso les bastó para seguir alimentando sus intereses.

COTRÁN, AL SERVICIO

DE LOS CONCESIONARIOS

Durante el conflicto magisterial y popular de 2006, el transporte público fue uno de los sectores fuertemente agredidos por los grupos inconformes. En diversas ocasiones, sus autobuses fueron objeto de incendios, secuestro y destrucción. En total, los mismos concesionarios aseguran que unas cincuenta unidades fueron dañadas, y otras docenas más dañadas parcialmente. Ante los daños, los transportistas pactaron con el gobierno la restitución de sus pérdidas.

En efecto, tal pacto ocurrió, pero ambos grupos (concesionarios y gobierno) pactaron a costillas del usuario. Los dueños de las unidades, exigían que “alguien” les pagara los daños que ellos habían sufrido. Los funcionarios, se dijeron dispuestos a ceder ante las pretensiones de los particulares. Unos y otros no vieron, o no quisieron ver, o les importó un cacahuate, que el designado para pagar los daños, había sido un sector mucho más golpeado, agredido y menoscabado que ellos: el de los usuarios.

Así, en diciembre de 2007 se pactó un incremento que en nada correspondía ni a la inflación, ni al mejoramiento en la calidad del transporte, ni a la seguridad y garantías que éstos brindan a los usuarios. La tarifa, en aquel momento, aumentó casi un treinta por ciento, en relación al monto anterior. Pasó de tres pesos con cincuenta centavos, a 4.50 pesos por pasaje.

La Cotran, justificando sus decisiones y protegiendo los intereses de los concesionarios, aseguró que el transporte público mejoraría, que se renovaría la flota camionera, que se contratarían seguros para el usuario, que los conductores tendrían mayor capacitación y que, en general, la atención al público mejoraría.

Los hechos hablan por sí mismos: el servicio no mejoró; cualquier mejoría parcial se diluyó frente a la alta incidencia de muertes imprudenciales en las que están relacionadas unidades de transporte público. Y hoy, aún frente a esos incumplimientos, los bribones concesionarios nuevamente se dicen “quebrados” y extenuados, para solicitar un nuevo incremento que, dicen, podría llegar hasta a los 7.50 pesos.

TRANSACCIÓN POLÍTICA

El colmo: en una entrevista concedida a un portal web, el concesionario Erasmo Medina aseguró que ellos exigirán el incremento a la tarifa, a cambio del apoyo político que dieron a las campañas priistas. Están cobrando el favor. Que sostengan su palabra quienes prometieron. Pero que paguen ellos, no los usuarios. Sería lo justo.

Oficialismo y oposición: unos no podrán gobernar sin los otros

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+ Entrega-recepción: proceso debe ser ajeno a manipulaciones

Los trabajos de entrega-recepción entre las administraciones saliente y entrante al gobierno estatal, deben tener un límite en cuanto a su manipulación con fines de golpeteo político. Tanto la gestión priista del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, como la coalicionista de Gabino Cué Monteagudo, en el marco de la racionalidad, están obligadas a comenzar a buscar puntos de coincidencia y, relativamente, equilibrios. Deben asumir que, por el momento, ninguno de los dos tiene la razón completa, y que, en el futuro, ninguno de los dos podrá seguir haciendo política sin interactuar civilizadamente con sus adversarios.

Se ha dicho hasta el cansancio, y se ha convertido en lugar común, el asegurar que Oaxaca es un laboratorio político tanto de los partidos como de las facciones que gobiernan, o pretenden gobernar al país. Esa afirmación, sin embargo, no sólo tiene validez en cuanto a los oscuros métodos electorales de los que se valieron todas las fuerzas políticas para competir “democráticamente”; sobre todo, lo que se ensayará en Oaxaca, son las nuevas formas de hacer política y gobierno, bajo los esquemas pragmáticos de coalición, oficialismo y oposición.

¿De qué hablamos? De que, justamente, Oaxaca es uno de los escenarios políticos más complejos que tiene el país, pero es también el primero en el que —por lo menos ahora es una promesa de las fuerzas de oposición— se intentará algo equiparable a un “gobierno de coalición”; en la contraparte, al ser ésta una de las plazas “emocionalmente” importantes para el priismo, aquí también habrá de ensayarse un modelo de oposición más eficaz —no visto hasta ahora en el PRI— que logre conseguir su propio reposicionamiento, pero sin condicionarlo necesariamente al fracaso estrepitoso de sus adversarios en el gobierno.

¿Por qué necesariamente debe ensayarse eso aquí en Oaxaca, y no en otra entidad? Porque, a la luz de los hechos, la nuestra es una de las entidades con mayores complejidades, pero también en la cual las fuerzas políticas han librado algunas de las más feroces batallas por el poder. Ambos bloques, el que ahora gobierna y quienes lo harán a partir de diciembre, deben comenzar a buscar formas menos violentas y más razonables para hacer política, porque de no hacerlo defraudarán —todos juntos— la expectativa de la ciudadanía respecto a que la democracia, el orden y el gobierno aún son viables, y provocarían nada menos que un nuevo, y mucho más violento, estallido social en contra del régimen, independientemente del partido o el grupo político a que éste pertenezca.

La misión, pues, no resulta sencilla. Sin embargo, hasta ahora las fuerzas políticas han mostrado poca capacidad de entendimiento, y más bien han apostado por las soluciones de fuerza que, en el corto plazo, les reportan cierta ganancia o posicionamiento, pero que no abonan al entendimiento que necesariamente debe haber entre ellos después de la transmisión de poderes, y el cambio de administración.

Oaxaca no se acaba, ni tampoco comienza, a partir del 1 de diciembre. Por esa razón, en todas las fuerzas políticas debía existir un poco más de prudencia. Nada gana el actual gobierno en mantener una actitud tímidamente burlona, llena legalismos y escamoteos, con quienes exigen que inicie y se establezca con pulcritud, el proceso de entrega-recepción.

Pero éstos, los integrantes de las fuerzas de oposición, tampoco ganan algo más que simple polémica inútil y tendenciosa —que no hace más que engañar a los ciudadanos—, cuando exigen al gobierno que tome decisiones e inicie el proceso de transmisión de poderes, sin ellos tener aún la calidad consolidada de gobierno electo, ni tampoco la legitimidad jurídica necesaria para recibir las cuentas de una administración, que se encuentra a cuatro meses de concluir.

“NI CONTIGO NI SIN TI”

Si los grupos políticos entrantes y salientes del poder, asumen una actitud madura, podrán darse cuenta que no les queda otra más que aprender a convivir, sin que esto sea sinónimo de connivencia o complicidades, pero tampoco de enfrentamiento y golpeteo permanente. Si el gobernador Ulises Ruiz —y los representantes de su grupo político, a los que dejará en las trincheras de lucha en la entidad— tiene visión de mediano plazo, tendrán que hallar la manera de no convertir esta derrota electoral en una guerra a muerte, que termine dañando a los otros, pero también a ellos, y haciendo víctima de su guerra a Oaxaca.

Pero, por el contrario, el gobernador electo, Gabino Cué, debe también asumir que, le guste o no, parte de una correcta actitud democrática implica la posibilidad de “hacerse cargo” de sus adversarios. Aunque el gabinismo esgrime como principal argumento para exigir acciones civilizadas al gobierno saliente, que “el pueblo ya eligió”, y que esa decisión popular debe ser respetada, también deben considerar con moderación, que el número de oaxaqueños que no votó por ellos fue alto, y que por tanto ambos grupos tienen, en el triunfo o la derrota, un grado similar de legitimidad para seguir teniendo presencia en la escena pública.

Gabino Cué debe asumir eso como una realidad, porque sin esos 600 mil electores, y sin la representación popular que, lo reconozca o no, tiene el PRI, no podrá gobernar la entidad. Abonar a la polarización, sólo lo llevará a profundizar las diferencias que ya existen entre ambos grupos, y llevarlas al punto de convertirlas en insalvables.

Si ello ocurre, y si los priistas no moderan también sus posiciones —aunque eso no signifique entreguismo, que sí sería una actitud indigna de un partido opositor— entonces pronto convertirán a Oaxaca en un nuevo escenario de guerra. Ambos grupos deben asumir que no tienen el futuro asegurado, y que en política, ninguna batalla está totalmente ganada, pero tampoco totalmente perdida. Sólo ellos saben si asumen correctamente esta circunstancia.

ESPERAR SENTADOS

Sí, así tendríamos que esperar los usuarios del transporte urbano, a que las líneas camioneras cumplan con los compromisos que pactaron en 2007, a cambio del incremento a la tarifa del pasaje. ¿Cuántos muertos ha habido, desde entonces, bajo las ruedas de esos autobuses? ¿Cuántos heridos? ¿Cuánto dinero en pérdidas materiales? Y vayamos a lo concreto: ¿Dónde está la modernización de la flota camionera? ¿Dónde el seguro del usuario? ¿Y la capacitación a los conductores? No se hagan: Eso, finalmente, no importará al momento de decretar el alza en la tarifa.

Reducir edad penal, una peligrosa regresión jurídica futura

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+ Cobran a funcionarios con despidos, errores de clase política

Aunque parezca una discusión meramente teórica, nadie debería pasar por alto intenciones tan poco claras, como las que ayer manifestó en una entrevista con un diario local, el regidor de Seguridad Pública del municipio de Oaxaca de Juárez, Eduardo Castillo González, respecto a la llamada edad penal, que se requiere para que una persona pueda ser juzgada por los tribunales jurisdiccionales penales, o por la también llamada justicia para adolescentes.

En la entrevista que publicó ayer El Imparcial, Castillo dijo que “la edad penal debe reducirse de los 18 a los 16 años, dependiendo de los delitos, ya que un joven que viola y lesiona a una persona ya tiene un intelecto suficiente para saber cómo cubrir una necesidad sexual, lo que quiere decir que es responsable de compurgar la sanción”, y aseguró que “en la delincuencia organizada, están integrados jóvenes menores de edad que, si son capaces de ejercer este tipo de actividades, son también perfectamente capaces de recibir una sanción del Estado”. Esta visión, lejos de revelar sensibilidad y preocupación por un tema delincuencial tan común de este tiempo, más bien deja ver lo retrógradas, poco informadas y aventuradas que pueden llegar a ser esas ideas anticipadamente inquisitorias.

Quizá el regidor Castillo González, al asegurar lo anterior, ignora el contexto en el que hace apenas dos años ocurrió una importante reforma constitucional en materia de justicia para adolescentes, motivada no sólo por preocupaciones genuinas respecto al trato judicial que se le daba a los menores infractores que eran procesados como delincuentes con mayoría de edad, sino también por las disposiciones que, en el ámbito internacional, rigen la materia, y que obligaban a México a adoptar ciertas disposiciones como las que ahora existen sobre justicia para adolescentes.

Lo primero que el regidor Castillo debía preguntarse, es si piensa no sólo en el corto plazo de la delincuencia, sino también en el futuro. Como él mismo debe saberlo, los centros penitenciarios del país, no tienen una sola característica de centro de readaptación social. Al contrario: las cárceles del país, son auténticas universidades del crimen, en las que alguien que ingresa por un proceso de delincuencia común, sale postgraduado en otros rubros de la criminalidad, más “especializados” y que contemplan mayor violencia. Es decir, en todas o alguna de las vertientes de lo que se denomina delincuencia organizada, y que incluye el secuestro, narcotráfico, extorsión y demás.

Pues bien, si el regidor Castillo asume eso como una realidad, entonces debería saber que nada menos que a eso, es a lo que se encontraban expuestos los menores infractores que, teniendo más de 16 años de edad, eran procesados penalmente como adultos e ingresados a centros penitenciarios, y no a tutelares para menores. Cuando esa disposición era vigente, la única “ventaja” habida para esos delincuentes juveniles que eran tratados como adultos, era que tenían la posibilidad de acceder a menor edad a las denominadas “grandes ligas” de la delincuencia.

Por esas razones, si el Concejal lo desconoce, existen diferencias sustanciales entre una cárcel y una “correccional”, y por esas mismas razones se buscó aumentar, y no seguir disminuyendo, la edad mínima para que un menor pudiera ser procesado penalmente como adulto. Las cárceles son, en México, un concentrado de delincuentes que se amasan y se perfeccionan; mientras que las “correccionales” son centros en los que aún se intenta que los menores infractores se integren a la vida social, educativa y laboral de la comunidad, a través de la preparación académica, el aprendizaje de un oficio, y la utilización de herramientas de tipo psicológica para corregir ciertas conductas que desencadenan la comisión de delitos.

VISIÓN EQUIVOCADA

Existe la idea de que la justicia para adolescentes, hoy, promueve la impunidad. Esto se deduce, erróneamente, porque mientras hace unos años un adolescente de 16 años era juzgado como adulto, hoy éstos deben ser tratados como menores, juzgados por tribunales especializados, y proveídos por una ley particular que establece más de una docena de medidas previas, antes de decretar la reclusión de un menor en un centro de readaptación con características particulares. Tanto el regidor Castillo, como todos aquellos que tienen esta idea equivocada, deberían tener más perspectiva y preguntarse por qué fueron establecidas estas medidas aparentemente tan “blandas”, que promueven la impunidad.

La respuesta está, sin duda, en el hecho de que la ley debe contemplar las posibilidades del corto, pero también del mediano y largo plazo. Nada se gana con “esconder” a todos aquellos a quienes comúnmente se les considera como escoria social. Nada se gana con encerrarlos y dejarlos que se pudran en prisión. Nada se gana con fomentar que la justicia penal tenga como fin la reclusión de personas en centros en donde no existe la readaptación, sino más bien, en los que se promueve la especialización del crimen; nada se gana con pensar que si los menores infractores son tan “machitos” para delinquir, también lo serán para enfrentar una sanción penal que, de origen, está viciada.

La juventud es el momento más vulnerable para una persona. En el país, el primer intento que se está haciendo por fomentar un verdadero proceso de readaptación social de los delincuentes, es precisamente con los adolescentes. Un menor a quien se consiga reinsertar en la sociedad hoy, será un delincuente menos a quien tendrá que perseguir el Estado en el futuro, y será una amenaza menos para la sociedad.

Quién sabe si el regidor Castillo tiene este tipo de antecedentes que, en este espacio, y a grandes rasgos, enumeramos. Quién sabe si comprenda que la discusión sobre la edad penal entraña muchos más aspectos, que las simples ocurrencias y la visión obtusa de algunas personas que, como él, son víctimas de la ignorancia. En fin.

NERVIOSISMO

En el gobierno estatal, comienza a haber nerviosismo entre algunos trabajadores de nivel de mandos medios. A los que participaron en las llamadas “redes” que operó Alejandro Figueroa Herrera, con una “renuncia” forzada y anticipada, les están queriendo “cargar el muerto” de la derrota del pasado 4 de julio. Como si ellos, y no los “generales” de la campaña tricolor, hubieran sido los responsables de la debacle. Un revanchismo torpe, en contra de los más vulnerables.

Oaxaca de Juárez: rehén de una autoridad municipal indolente

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El sábado 13 de marzo, en una sesión de cabildo extraordinaria, imprevista y hasta con cierto dejo de secrecía, le fue aceptada una licencia por 120 días a José Antonio Hernández Fraguas como presidente Municipal de Oaxaca de Juárez. En esa misma sesión, y por una orden directa convertida en acuerdo entre los regidores, fue designado como encargado del despacho de la Presidencia Municipal, el hasta entonces regidor de Salud, Miguel Ángel Bustamante Underwood. Nadie tenía la idea de que en menos de cinco meses, la indolencia común de esos dos personajes convertiría a la capital oaxaqueña en un auténtico caos en el que predomina el vacío de autoridad.
Hasta entonces, José Antonio Hernández Fraguas había conducido un gobierno municipal que hasta parecía envidiable. Como gobernante del municipio más importante del estado, había sido uno de esos raros ejemplos del político con arrestos, que tiene la capacidad y el valor suficiente como para sobreponerse a ciertas decisiones e intereses de grupos poderosos, o que tienen ciertas colusiones con los ámbitos de gobierno que, teóricamente, se encuentran por encima del municipal.
Gracias a esas actuaciones, el gobierno de Hernández tenía un grado importante de aceptación social, que se había reforzado gracias a la atención directa a la ciudadanía, la sensibilidad en la toma de decisiones, y las respuestas que se daban a las inconformidades o necesidades de los habitantes de las distintas zonas de la capital oaxaqueña.
Hernández Fraguas, en ese sentido, había mostrado tener una capacidad política poco común en un ambiente tan disciplinado como el de Oaxaca. Sin haber emanado de un partido de oposición al de quienes tienen en su poder el Gobierno del Estado, tuvo la capacidad de sobreponerse, e imponerse, a una decisión que había causado importante escozor entre la ciudadanía. Era lo relativo a los parquímetros.
¿Qué hizo Hernández Fraguas con ese asunto? Algo sencillo, y lógico, pero poco común en el escenario político local: anunciar y llevar hasta sus últimas consecuencias, la decisión de hacer eco al sentir ciudadano, y someter a un proceso de revisión el régimen contractual bajo el cual se habían establecido los parquímetros, con el objeto de que su gobierno diera por terminado dicho contrato. La ciudadanía vio con buenos ojos esa respuesta eficaz, cumplida en hecho, del Munícipe.
¿Por qué era rechazada la instalación de los parquímetros? En realidad, en la inconformidad no había una sola razón técnica o de inviabilidad. De hecho, a Oaxaca de Juárez le urge un mejor sistema de ordenamiento de los espacios de estacionamiento. Pero los parquímetros, y su empresa operadora, tenían relación de sociedad cercana a altos funcionarios del gobierno del estado, que buscaban conseguir fuertes ganancias económicas a través del tráfico de influencias y los favores que pudieran recibir desde el municipio, para ser ellos quienes operaran tal negocio y recibieran las ganancias. De ahí el rechazo ciudadano, al que hizo buen eco Hernández Fraguas.
Otra de esas actuaciones fue la relativa al caso Chedraui. La empresa constructora contratada por las tiendas departamentales, derribó más de un centenar de árboles adultos que se ubicaban en un predio del norte de la capital oaxaqueña. Los vecinos y la ciudadanía protestaron inmediatamente. Y el Ayuntamiento citadino canceló definitivamente las licencias de construcción, e impidió que los trabajos de remoción del arbolado continuaran su curso.
Durante su gestión, no hubieron manifestaciones ni convulsiones importantes surgidas del municipio. Hizo algunos intentos genuinos por regular el ambulantaje y mantener en orden los servicios públicos que está obligado a prestar el Ayuntamiento. Esas, a la postre, fueron algunas de las acciones y decisiones que acercaron al gobierno municipal de Oaxaca de Juárez a la población, y dieron al edil Hernández un importante bono de credibilidad y legitimidad que luego trató de utilizar para ascender a nuevas aspiraciones políticas. Esa fue, lamentablemente, el punto inicial de la desgracia que hoy vive Oaxaca.

CAMINO EN REVERSA
Regular los mercados o el ambulantaje no es una tarea fácil. Durante su gobierno, Hernández Fraguas hizo importantes intentos por mantener a raya a los ambulantes; consiguió el traslado del famoso “tianguis del viernes” en el parque El Llano a otro sitio menos agresivo para la imagen y patrimonio de la capital, e incluso evitó la instalación masiva y reiterada de vendedores ambulantes en el primer cuadro de la capital.
Aunque su gobierno no estaba exento de vicisitudes y decisiones erróneas, lo cierto es que no parecía cercano un panorama tan desolador como el que hoy impera en la capital oaxaqueña.
Una cosa queda clara: Hernández Fraguas “encargó” el gobierno de la capital —el cual, inicialmente, había prometido no dejar en aras de otras aspiraciones políticas— a Miguel Ángel Bustamante, no porque éste fuera un administrador o político eficaz o experimentado, o porque existiera algún tipo de compromiso político que necesitara ser cumplido, pagado o satisfecho. No. Se dispuso que fuera Bustamante el encargado, porque además de ser un buen amigo de Fraguas, él era quien cumplía los requisitos de ser un bajo perfil, que no tomara decisiones importantes, y que no opacara la imagen del Edil Titular, ni cuestionara las decisiones e influencia, que éste sigue teniendo sobre la mayoría de los concejales.
Así fue como aquel sábado 13 de marzo, Bustamante Underwood tomó posesión como “encargado del despacho de la Presidencia Municipal”. Es decir, un cargo de tercera importancia —porque ni siquiera alcanzó la calidad de interino—, para una responsabilidad tan importante como lo es conducir el gobierno de una ciudad compleja como Oaxaca de Juárez. Quizá todos pensaron que esto era un juego, o una posibilidad de simple administración. Y se equivocaron.

CIUDAD SIN ORDEN
Seguramente, Miguel Ángel Bustamante Underwood consideró que ejercer el cargo de edil significaba sólo asistir a los eventos sociales, a las giras del Gobernador, a recitar discursos, o a cortar listones. No se daba cuenta que la responsabilidad de la capital va mucho más allá, y que muchos de los quistes sociales que siempre la han afectado, esperaban sólo un momento de debilidad para hacer crisis.
Así, el primero de los problemas importantes que aprovechó la ocasión, fue el ambulantaje. Apenas unas semanas antes de la jornada electoral, los comerciantes ambulantes que anteriormente instalaban sus puestos en el Parque El Llano, y que fueron reubicados a la agencia municipal de Candiani, sin más decidieron retornar al Paseo Juárez, alegando que la autoridad municipal había incumplido con las cuestiones a que se había comprometido cuando acordaron el cambio de sitio en la instalación del tianguis de los viernes. Fue el 25 de junio cuando esto ocurrió.
Una semana después, el encargado del despacho de la presidencia municipal, declaraba lo siguiente a El Imparcial: “Las pláticas van encaminadas para que los tianguistas vuelvan al área que ya está acondicionada en Candiani, un espacio que esta administración logró habilitar para que ellos pudieran estar en ese lugar” al tiempo que manifestaba que “que este viernes [es decir, al día siguiente, 2 de julio] se espera que los tianguistas ya no ocupen el Paseo Juárez, ‘porque ya entendieron que esta área no puede ser utilizada por ellos’”.
Los tianguistas no sólo volvieron, sino que un mes después continúan ocupando libremente un espacio cada vez mayor en esa y otras plazas públicas de la capital oaxaqueña. Del mismo modo, el mismo zócalo citadino ha sido objeto de todo tipo de ocupaciones por parte de tianguistas que ni siquiera son de origen oaxaqueño, ni expenden otros productos que no sean fayuca, piratería o productos copiados de auténticos oaxaqueños.
Su autoridad, valga decirlo, ha valido de nada.

“CIUDAD BASURA”
Desde que se inició la presente semana, se preveía el incremento en las inconformidades de los trabajadores de limpia. Las razones no eran tan elevadas como parecían. Ellos, con justa razón, demandaban la dignificación de su trabajo, a través de la dotación de uniformes y enseres de trabajo, además de la reparación de las unidades que se encuentran estacionadas debido a desperfectos menores, como la pinchadura de una llanta. Alegaban que era inadmisible que el gobierno municipal no pudiera atender ni siquiera esas demandas menores.
Así, ya para el miércoles, la ciudad era un caos. Los barrenderos y trabajadores de limpia decidieron no hacer más su trabajo hasta que no hubiese una respuesta favorable de la autoridad, y ésta se apresuró a tomar medidas sólo cuando ya la otrora Linda Oaxaca era un muladar. Para variar, el encargado del despacho de la Presidencia Municipal se encontraba ausente. Y fueron funcionarios de menor jerarquía quienes se vieron en el deber de emprender las negociaciones pertinentes.
Hasta la mañana de ayer viernes fue restablecido el servicio. Un día antes, se supo a través de la Agencia Quadratin, que dirige la periodista Guadalupe Thomas, que Bustamante no se encontraba al frente de los problemas y la administración municipal de Oaxaca de Juárez, no porque se encontrara atendiendo “una comisión”, como se alegaba, sino porque se encontraba vacacionando y, según, descansando de unas funciones que en realidad nunca ha ejercido.
Hasta el momento, José Antonio Hernández Fraguas no ha dado la cara para responder por el mandato que la ciudadanía le confirió, y que él abandonó ante el privilegio de sus ambiciones políticas, pero tampoco para poner las cosas en orden y, por lo menos, salvar lo que quede de la dignidad de su gobierno en estos últimos cinco meses que le restan de gestión.
Bustamante no está comprometido. Ya lo demostró. Pero Hernández Fraguas tiene el deber de dejar el bajo perfil, y asumiendo o no el cargo, hacer todo lo que esté a su alcance para hacer de esta ciudad no un territorio anárquico, sino una zona digna y habitabl

De avanzada, que SCJN valide matrimonios entre homosexuales

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+ Entender las transformaciones sociales; ésta no es la primera

El pasado jueves, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un paso importante en la resolución del debate jurídico respecto a los matrimonios entre personas del mismo sexo. Por al menos tres argumentos distintos, la mayoría de los ministros del máximo tribunal de justicia en el país, refrendaron la constitucionalidad de la reforma al Código Civil, ocurrida hace unos meses en el Distrito Federal, a través de la cual se abrió la posibilidad de que personas del mismo sexo se unieran a través del contrato de matrimonio.

Esta decisión, independientemente de cuál sea la postura moral de cada persona o grupo, representa una decisión de avanzada en nuestro país, en cuanto a la validación legal de ciertas formas de tolerancia y no discriminación, establecidas en nuestra Constitución que, sin embargo, aún provocan cierta polémica entre la sociedad.

Recapitulemos, para contextualizar. En diciembre del año pasado, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó modificaciones a la legislación de la capital del país, para abrir paso al reconocimiento de las uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo. Y no sólo eso: también, dentro de la misma reforma legal, quedó abierta la posibilidad —que más bien, es una no limitación— de que esos matrimonios formados por personas del mismo pudieran acceder a los beneficios de la adopción de menores. Esto provocó polémica, molestia y hasta escozor en diversos sectores de la sociedad, por un cúmulo de razones que, en breves líneas, trataremos de reflejar.

Mucha de la polémica surgió incluso en quienes no veían con malos ojos una aprobación de esa naturaleza. Los defensores a ultranza de las libertades fundamentales y de los postulados acerca de que la igualdad entre las personas, radica justamente en el reconocimiento y la tolerancia a las diferencias que existen entre cada uno de los integrantes de la sociedad, se mostraron satisfechos con tal medida.

Pero fuera de ellos, otros sectores sociales más moderados, y que no reprobaban la medida, también se preguntaban si no eran éstos pasos demasiado acelerados, en medio de una sociedad que no parecía estar del todo preparada para entender y tolerar estas transformaciones sociales y jurídicas que sólo ocurren en los países más desarrollados del mundo; o si, en esa misma lógica, también muchos se preguntaban si no era esto un intento más por equiparar —haciendo algo así como una copia— a la ciudad de México con otras capitales cosmopolitas del mundo, sin que en realidad hubiera el sustento social o político suficiente como para hacerlo.

Otros grupos, contrarios a esas ideas y más ligados a los conservadurismos sociales, aseguraban más bien que dicha reforma era atentatoria en contra de una de las instituciones que son, según son, pilares fundamentales de la sociedad mexicana: la familia. Decían que al aprobar una reforma de esta naturaleza, se cometía una aberración no sólo jurídica, sino también en contra de los designios de Dios o de la naturaleza, que indicaban que la unión natural entre un hombre y una mujer tiene como objeto la procreación, y que por esa razón tratar de variar la forma de esa unión era nocivo para la sociedad, y que al final de cuentas la llevaría a destruirse desde su propia base.

En ese sentido, una polémica aún mayor —que en algunos casos llevó a varios hasta a la intolerancia más recalcitrante, a la discriminación, o a las demostraciones de homofobia— se suscitó al discutir el tema de las adopciones. Nadie ha tenido la posibilidad de probar científica y confiablemente la magnitud de los daños que se provocan a un menor al ser adoptado y criado por dos hombres o por dos mujeres. Pero todos, propios y extraños, vertieron opiniones de corte moral a una discusión que más bien tendría que haberse dirimido en el ámbito de lo jurídico, de lo psicológico o de todo lo que tiene que ver con la formación emocional y social de los menores.

APROBACIÓN CONSTITUCIONAL

Este asunto fue llevado por el gobierno federal, a través de una Acción de Inconstitucionalidad, ante la Suprema Corte. La Procuraduría General de la República se inconformó por dichas reformas y, siguiendo el modelo conservador del panismo, presentó dicha acción para tratar de dejar sin efectos, a través de una declaración de inconstitucionalidad, las reformas ocurridas en diciembre pasado al Código Civil del Distrito Federal. Luego de conocer el asunto, la mayoría de ministros del Alto Tribunal establecieron un criterio a favor de la constitucionalidad de tales preceptos, basados en cuando menos tres razones distintas.

En su edición de ayer viernes, el periódico El Universal, apuntaba sobre el asunto, lo siguiente: “Los ministros Sergio Valls, José Ramón Cossío, Fernando Franco, Arturo Zaldívar, José de Jesús Gudiño, Luis María Aguilar, Olga Sánchez y Juan Silva se pronunciaron por declarar válido el artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal, pero lo hicieron por distintos motivos. De esa mayoría, tres ministros —Valls, Sánchez y Silva— se pronunciaron por validar la reforma, por considerar que se implementó en la capital del país para proteger los derechos de las parejas homosexuales a fin de evitarles un trato discriminatorio.

“Cuatro más —Franco, Zaldívar, Gudiño y Aguilar— se pronunciaron por declarar la validez porque consideraron que el DF y los estados de la República son libres de legislar y definir el concepto de matrimonio como consideren necesario, ya sea para permitir las uniones entre personas del mismo sexo o para limitarlas a parejas formadas por un hombre y una mujer. Y, de manera solitaria, en una tercera opción, el ministro Cossío propuso validar la reforma por considerar que la Constitución protege a la familia, sin importar el modelo del que se trate, y porque, derivado de esto, tampoco se puede considerar un modelo único de matrimonio.”

NUEVO DEBATE

Con esa votación y razonamientos, a los que hace puntual referencia El Universal, una sola cosa queda clara: que son constitucionales las reformas al matrimonio en el Distrito Federal; que esa decisión valida esencialmente una expresión social que, independientemente de que estemos o no de acuerdo con ella, es legítima y merece ser respetada; y que, sobre todo, tendrá que ser un paso a favor de la tolerancia y la no discriminación, en medio de una sociedad de avanzada que, según somos, pero que poco demostramos.

Órganos autónomos: nuevo gobierno no debe crear, destruyendo

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La coalición legislativa que hace dos días formalmente conformaron las fracciones parlamentarias electas del PAN, PRD, PT y Convergencia, deben tener cuidado de no querer construir su legitimidad, destruyendo no la reputación de determinadas personas, sino de instituciones que, nos guste o no, son garantes del incipiente avance democrático del que ellos mismos ahora son beneficiarios.

Desde hace algunas semanas, varios de los próximos legisladores de las fuerzas antes mencionadas, iniciaron un golpeteo sin otro sentido más que el de una equivocada idea política, en contra tanto de quienes integran los órganos autónomos, como de su funcionamiento mismo y permanencia en el marco jurídico local. Esta actitud, lejos de beneficiar en algo, resulta ser nociva para la salud política de la entidad, por los antecedentes y razones que enumeraremos en las líneas siguientes.

Ocupémonos primero del contexto en que surgieron algunos órganos como el Instituto Estatal de Acceso a la Información, la Auditoría Superior del Estado y, tiempo antes, el Instituto Estatal Electoral. Hasta el momento, son las tres entidades sobre las cuales las hasta ahora fuerzas de oposición han venido enfilando sus baterías, y a los que podría sumarse el Tribunal Estatal Electoral, si emite un fallo sobre la elección de Gobernador, que no satisface a sus intereses.

Cada uno de esos órganos, pero particularmente la Auditoría y el Instituto de Acceso a la Información, son en parte consecuencia de una fragorosa lucha social, compartida por las fuerzas que este año abanderaron al senador Gabino Cué en sus aspiraciones de conseguir la gubernatura del Estado. En efecto, la creación constitucional de esos dos órganos se vio acelerada, e incluso orillada, para el régimen en el poder, por el conflicto magisterial y popular de 2006.

Si se recuerda, antes de aquellos acontecimientos violentos, tanto el gobierno de Oaxaca como el Congreso del Estado, ya eran blanco de fuertes cuestionamientos por parte de la opinión pública local y nacional, por la resistencia que habían mostrado en cuanto a la creación de entidades vigilantes de la función pública que ya existían en el ámbito federal, en la mayoría de las entidades federativas, y que gozaban de mayores atribuciones que cualquier otro órgano hasta entonces existente.

No fue sino hasta que la entidad —y el régimen gobernante— estaba en lo más hondo de la crisis magisterial, y de su propia crisis particular de legitimidad política, que el Gobernador del Estado envió al Congreso una primera iniciativa de ley de acceso a la información, que fue aprobada en septiembre de 2006, la cual establecía la creación de un Instituto encargado de ese rubro, pero también condicionaba la entrada en vigor de la norma para 18 meses posteriores al de su publicación.

Del mismo modo, la Auditoría Superior del Estado se creó por un mandato de la Constitución federal que, sin embargo, fue acelerado por el grupo gobernante, en el ánimo de mostrar voluntad democrática por la rendición de cuentas, y por recuperar legitimidad luego del fuerte desgaste y los acontecimientos ocurridos durante la crisis magisterial.

Es decir, que de no haber ocurrido los episodios violentos de la revuelta magisterial, la creación de esos órganos —junto con la consolidación de las fuerzas políticas de oposición, que antes eran sólo minoritarias, representativas, orgánicas y legitimadoras de la mayoría aplastante y corruptora del priismo— habría tenido un proceso mucho, pero mucho más lento que el que tuvo, y por el que todos juntos hoy tienen un papel preponderante en la escena política local.

CREAR DESTRUYENDO

No les falta razón a los integrantes de la Coalición opositora, cuando manifiestan desconfianza por quienes integran órganos como el Instituto de Transparencia, o la Auditoría Superior del Estado. Sin embargo, la réplica a esos cuestionamientos se encuentra, nos guste o no, lejos de cualquier dilema moral o baño de pureza: está en el ejercicio puro del poder, y sus condicionamientos particulares.

¿Qué habría hecho Gabino Cué Monteagudo, por ejemplo, si como gobernador de Oaxaca en el periodo 2004-2010, a él le hubiera tocado el momento histórico de la formación de esos organismos? Sin dudarlo un momento podríamos afirmar que, no en el contexto de su próximo gobierno sino en el actual, habría hecho exactamente lo mismo que los actuales gobernantes. Es decir, habría impulsado a personajes afines a su causa para ocupar dichos cargos —como quizá lo haga, si logra la pronta remoción de los actuales integrantes de tales entes.

Sin embargo, habría que diferenciar específicamente entre las personas, los cargos, y sus respectivos desempeños. Vayamos a los hechos. Es innegable que Lizbeth Caña Cadeza es una persona cercana al grupo del gobernador Ulises Ruiz, lo mismo que los integrantes del Instituto de Transparencia, quienes fueron igualmente impulsados desde el gobierno estatal por una razón política y de grupo, y no por sus cualidades personales o profesionales.

Sin embargo, cada uno en su respectiva función medianamente ha buscado cumplir con su misión, y abrir la brecha para que, en el futuro, esos organismos alcancen su autonomía y funcionalidad material plena. Esa es una razón política, y de poder, que ninguno de los hasta ahora descalificadores de esos órganos ha querido tomar en consideración; y más bien todos han transitado por el camino de la descalificación a priori.

Nadie de quienes ahora descalifican a los personajes y a los órganos, ha dicho algo de cómo tendrían que fortalecerse dichas instituciones. Todo lo que hasta hoy han demostrado, son fobias y sectarismos políticos. Sólo estarán legitimados a exigir la destitución de la auditora Caña, y de los Comisionados del IEAIP, si las atribuciones de dichos entes son reforzadas, y éstos se niegan a cumplir con el mandato que se les confió. No deben confundir una actitud democrática y de avanzada, con el reduccionista y nocivo “quítate tú para que me ponga yo”. Primero, que los pongan a prueba.

QUE RENUNCIE

Ayer, la agencia Quadratin, que dirige la periodista Guadalupe Thomas, dio cuenta de cómo el encargado de la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez, Miguel Ángel Bustamante Underowood, vacaciona mientras la capital está vuelta un caos. ¿Y José Antonio Hernández Fraguas dónde está? Aquel debería renunciar; y éste, debería volver a su cargo, para componer el tiradero en que se encuentra la Verde Antequera.

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Columna Al Margen. Autor: @ortizromeroc. Espacio para la reflexión y el análisis político. #Oaxaca #AlMargenMX.

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