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¿Lo “democrático” sólo es en lo electoral?

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+ Ponerse de acuerdo; imposible en México

Por momentos resulta hasta ociosa la palabra “democracia” y todas las acepciones y formas de comprensión que genera dicho término. A grandes rasgos, podríamos comprender que la democracia ocurre cuando el pueblo interviene directamente en la elección de sus gobernantes, en la determinación de su organización política, y en ser el titular de las garantías, derechos, servicios y obligaciones que impone y presta el Estado. Todo eso podríamos entenderlo perfectamente. Sólo que eso sería tanto como limitar los amplios alcances de la democracia, cuando ésta es comprendida en toda su magnitud.

Tradicionalmente, a pueblos como el mexicano se nos ha sembrado la idea de que la democracia comienza y termina cuando el ciudadano común se erige legítima y posiblemente como votante, emite su sufragio y éste cuenta de modo efectivo en la decisión colectiva de quiénes serán los gobernantes para los años siguientes. Es, cierto, una forma básica y efectiva de hacer valer la intervención popular en las decisiones del poder. Pero también es un concepto limitado, que lleva a naciones como la mexicana, a ciertas “irresponsabilidades” y desatenciones que redundan en atrasos.

En México, dicha idea llegó a su punto cúspide cuando el entonces aspirante opositor a la presidencia, en 1910, Francisco Madero, desafió al general Presidente, Porfirio Díaz, para tratar de hacerse de la titularidad del Poder Ejecutivo Federal. Ese desafío tenía una carga política fundamental: México había vivido 300 años bajo la figura del colonialismo español, en el que el pueblo tenía una nula intervención en las decisiones políticas.

Luego, el anhelo de autodeterminación y democracia, fueron dos factores esenciales que movieron a los insurgentes criollos y mestizos a buscar la independencia. Una vez logrado este anhelo, la República se sumió en un proceso complicadísimo de imposiciones, golpes de Estado y avasallamientos por parte de los principales mandos militares del país. La lucha entre liberales y conservadores, de mediados del siglo XIX pospuso toda posibilidad de una democracia: ésta, fue intercambiada por las balas. Cuando parecía que la vocación democrática del poder alcanzaba cierta madurez —aunque aún con claroscuros—, hubo una elección presidencial democrática, en la que el pueblo eligió como Primer Mandatario al general Díaz. Éste, había defendido la bandera de la no reelección. Pero terminó perpetuándose en el poder por treinta años, hasta 1911.

Ese recuento, harto somero, revela que la gran vocación democrática de los mexicanos hasta entonces era justamente el sufragio efectivo y la no reelección. Sólo que luego de la revolución todo eso volvió a perpetuarse: la no reelección de personas se logró, aunque intercambiada por la perpetuidad de un partido político. Y el sufragio efectivo nuevamente pasó a ser una simulación democrática, que tardó más de setenta años —hasta principios de la presente década— en materializarse.

Es indudable: hoy tenemos una democracia mucho más sólida, porque no existe ya un partido hegemónico, ni las decisiones presidenciales sobre la sucesión son la ley implacable que eran antes. Hoy el sufragio efectivo vale, y la no reelección —ni de personas ni de partidos ni de facciones—, es una realidad. Sin embargo, aún con todo eso los mexicanos nuevamente parecemos sentirnos desilusionados. Pareciera que nuestra democracia no sirve. Pero el problema, en realidad, es que la mayoría parecemos no terminar de entender todo lo que implica ese término.

DEMOCRACIA Y ACUERDOS

Así, podemos decir que si alguien cree o está seguro de que la democracia comienza y termina con la sola contrición del voto, está equivocado. Aseguramos que es una “contrición”, porque muchos pensamos que ese, el de acudir a emitir el sufragio, es un medio ideal para exculparnos de todo lo mal que le va al país. Siempre, esa expiación llega a través de argumentos como “yo no voté por él”, “me equivoqué de candidato” o “yo anulé mi voto”. ¿Todo eso alimenta de verdad la democracia?

La respuesta es un sonoro “no”. La democracia apenas comienza cuando un ciudadano acude libremente a emitir su decisión sobre el rumbo político del país. Ver que, aún votando, las cosas van mal, no lo disculpa ni le da la dignidad o el mérito suficiente como para decirse ajeno a las malas decisiones.

Es cierto que pudo haber apoyado con su voto al candidato equivocado, que pudo haber anulado su papeleta electoral, o que la mayoría —pero no él— erró al elegir a un personaje poco idóneo para gobernar. Pero es también cierto e irrebatible, que mientras ese ciudadano no comprenda a cabalidad sus derechos y deberes, ni se involucre en la parte de democracia no electoral que también le corresponde, nada mejorará ni cambiará para bien en el país.

La democracia es el voto, pero mucho más que éste: democracia es que los gobernantes realicen sus gestiones públicas cumpliendo cabalmente con los requerimientos de honradez, legalidad, transparencia y rendición de cuentas; democracia es que quienes integran los Poderes Legislativos verdaderamente se dediquen a destrabar los problemas más sentidos de la nación, con sentido crítico pero también con responsabilidad, pulcritud y celeridad. Democracia es que los gobernantes y detentadores de cargos de elección popular tengan en cuenta y defiendan los verdaderos intereses de la nación, por encima de la protección de los proyectos personales, el partidismo o la intriga política que nada construye.

No obstante, democracia es también que el ciudadano se involucre en la labor del gobierno. Puede hacerse desde la opinión pública, desde la generación e impulso a la sociedad civil organizada; en la exigencia de claridad en la gestión gubernamental y en la búsqueda de que los poderes públicos cumplan con sus deberes, y otorguen y respeten los derechos y servicios que están obligados a prestar a la población.

NO INVOLUCRADOS

Por todo ello, pensar que la democracia es votar en las elecciones y ya, es corto y perjudicialmente cómodo para los ciudadanos. En la medida que la sociedad civil entiende que su único deber es votar y ya, sin luego dar seguimiento y exigir resultados a los gobernantes, es tanto como darles un cheque en blanco a quienes gobiernan sin exigirles ninguna contraprestación democrática a cambio. Mientras no seamos los ciudadanos los que exijamos transparencia, honestidad y eficiencia, las cosas seguirán como hasta ahora.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

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2006: oportunidad perdida para la democracia en Oaxaca

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+ APPO-AMLO: dos desgracias de izquierda inconsistente

Es evidente que junto a los incuantificables daños materiales que dejó la jornada violenta del 25 de noviembre de 2006 en Oaxaca, también existe un saldo político pendiente en el que muy poco parece haberse reparado. Es cierto que aquella jornada violenta que protagonizaron la Sección 22 del SNTE, la APPO, las fuerzas federales e indirectamente el gobierno estatal, dejó una estela de agravios, quebrantos e impunidad. Pero también, en esa jornada se consolidó la pérdida de una oportunidad única para la materialización de los cambios democráticos que sigue requiriendo con urgencia nuestro Estado. Esa, para mal de todos, parece ser la constante que están siguiendo las expresiones de izquierda en Oaxaca y el país. Vayamos por partes.

Hasta ahora, prácticamente todas las atenciones se han centrado en el modo tan poco decoroso en cómo se consiguió el pacto de paz en Oaxaca. Ése acuerdo, como bien ha quedado claro, fue logrado entre el gobierno de Oaxaca, el llamado “magisterio democrático” de la Sección 22 y la APPO, gracias a la negociación de la ley y cuantiosos recursos públicos, y al otorgamiento de incontables cartas de impunidad.

Esos acuerdos fueron los que permitieron la cancelación de expedientes judiciales, la decisión discrecional de las autoridades ministeriales de no iniciar averiguaciones previas, o no continuarlas, dejando con ello de indagar y esclarecer hechos relacionados con el conflicto, en los que hubiere participación de profesores o integrantes de los grupos inconformes, la excarcelación de quienes estaban detenidos, o el cumplimiento de demandas relacionadas con la situación laboral, salarial y sindical de los trabajadores de la educación.

Sin embargo, es claro que más allá del aspecto político, económico y “judicial” de todos esos arreglos, en Oaxaca quedó un doloroso agravio democrático que tampoco ha sido —y seguramente no será— cubierto por ninguno de los protagonistas del conflicto. Ese saldo, sin duda, es el de las reformas legales y constitucionales que pudieron y debieron hacerse a partir del conflicto magisterial, pero que dejaron de hacerse por indolencia, incapacidad, tozudez o vocación antidemocrática.

Es claro, hoy (pero también desde 2006), que en ese aspecto dejó de hacerse lo que pudo haber sido más trascendental para Oaxaca. Ese “hacer” nada tenía que ver con la resistencia violenta, ni con los enfrentamientos con las fuerzas federales, ni incluso con la posibilidad de lograr el derrocamiento del gobernador Ulises Ruiz. La Sección 22 y la APPO, aún sin lograr todo lo anterior, hace tres años sí pudo haber logrado los cambios democráticos que al final se negó, no tuvo el atrevimiento, o careció de las capacidades para impulsar. Por eso el conflicto fue una enorme oportunidad perdida para Oaxaca.

Nada se ganó con la quema de vehículos y edificios. Mucho se hubiera logrado si desde entonces, y al calor del movimiento, se hubiera logrado el impulso de iniciativas que reformaran el poder.

Nada se ganó con los enfrentamientos. Pero sí pudo haberse avanzado mucho, si el momento excepcional del 2006 hubiera sido aprovechado para impulsar instituciones de fiscalización, y transparencia más sólidas y menos dependiente de la potestad política discrecional del Poder Ejecutivo del Estado.

Nada se ganó con los pactos de impunidad y con la exoneración de todos los participantes de la revuelta; es evidente que esos pactos fueron, en realidad, un intercambio: gracias a eso, se canceló la posibilidad de que Oaxaca fuera un parteaguas del significado más trascendental que tiene una revolución: la transformación del orden jurídico y la organización política en un Estado.

Ese es un quebranto democrático gravísimo, por omisión, que resulta ser de los más dolorosos y costosos para Oaxaca. Eso es lo que da todas las pautas para asegurar que el conflicto magisterial fue la más grande oportunidad perdida para nuestro Estado.

DEBILIDADES DE IZQUIERDA

No les falta razón a quienes aseguran que el 25 de noviembre de 2006 se decidió la suerte del movimiento magisterial, y de Oaxaca. Esto fue así, en la medida en la que todos decidieron hacer una apuesta total de la razón por la fuerza. Finalmente ganó la segunda. Y todo se resolvió a base de manotazos, para que al final nada cambiara.

La Sección 22 del SNTE fue, en todo esto, la que menos perdió. El llamado “magisterio democrático” consiguió la satisfacción total de sus demandas salariales, y hasta hoy continúan teniendo un programa político perfectamente definido. Sin embargo, los grupos políticos de izquierda que lo acompañaban, fueron los que dejaron ver en toda su magnitud las inconsistencias y titubeos que sistemáticamente les ha impedido convertirse en un factor de oposición que no por ser combativos, tendrían que ser irreflexivos, poco propositivos o irresponsables.

La prueba de todo eso, está en que nadie pudo plantear un solo viso de democracia y perseverancia de un movimiento tan nutrido, como el que emergió en Oaxaca hace tres años. Esos mismos titubeos y falta de claridad en sus postulados y definiciones, son también lo que ha llevado a otros movimientos, como el del ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, a verse diluidos en medio del hostigamiento que les profesan sus adversarios.

Ser una verdadera oposición política no se traduce en únicamente salir a las calles a vociferarlo. De tener más sustento y contar con más ganas de sobrevivir, trascender y aportar al escenario político, esa oposición habría echado mano de una serie de herramientas y circunstancias, que hoy ni siquiera parecen preocuparles. Al final, es una desgracia que fuerzas como esas, tengan los respectivos finales que hoy aparentan: sus debilidades, excesos y titubeos, no hacen más que fortalecer a quienes detentan el poder, y abonar al aplazamiento de las reformas democráticas que requiere nuestro estado, y nuestro país.

ESCANDALIZADOS

Ayer, escandalizados, no pocos perredistas y lopezobradoristas, acusaron de traición a la ex diputada Ruth Zavaleta, quien el día anterior renunció a su militancia en el PRD. Todos ven la paja en el ojo ajeno: tendrían que voltear y ver lo que está a punto de ocurrir en Oaxaca. Aquí, disimulados, derechistas e izquierdistas están a punto de trabar una alianza que será histórica. Sí, porque será un ejemplo claro de cómo sin renuncias o jaloneos, se pueden unir por una causa común dos enemigos jurados. Ah, pero es la democracia. Cómo no.

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Gabino: ruptura con AMLO, inevitable y previsible

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+ Manipulación política de defraudados: ¿no que no?

El pasado lunes, en su encuentro semanal con los medios informativos, el edil de la capital oaxaqueña, y aspirante a la candidatura priista a Gobernador, José Antonio Hernández Fraguas, vaticinó el alejamiento político entre el senador Gabino Cué Monteagudo y el ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador. Lejos de cualquier virtud adivinatoria del Alcalde citadino, parece claro que esa es la ruta natural que sigue el proceso de conformación de la alianza opositora.

Son al menos tres las condiciones que serán determinantes para la conformación de la alianza. Sin embargo, López Obrador jugará un papel trascendental en esos tres momentos. La primera de las circunstancias tiene que ver con la imposibilidad material de cualquiera de los partidos de oposición, para ganarle al PRI en los comicios; la segunda, tiene que ver con los acuerdos políticos que ha trabado el senador Cué para convertirse en el abanderado de la Alianza; y la tercera, por las dificultades que ha habido al tratar de generar un marco real de legitimidad a esa unión que, insistentemente, ha sido calificada como “del agua y el aceite”.

¿Por qué tiene “mano” López Obrador en las tres condiciones? Porque, según los hechos, es el único personaje que en Oaxaca podría agrupar un bloque capaz de darle batalla al PRI en el proceso electoral. Además, porque desde 2006 ha sido la base de apuntalamiento del senador Cué, para posicionarse nuevamente como un líder icónico de la oposición en la entidad. Y porque, a todas luces, AMLO es el único personaje de su calado político (un ex candidato presidencial con un sustento electoral que araña los 15 millones de votantes) capaz de aliarse sin cuestionamientos ideológicos —es decir, basado en el pragmatismo que lo caracteriza— con quienes hace tres años eran sus adversarios a muerte.

Pareciera que la alianza entre los llamados Partidos de izquierda rumbo a los comicios estatales del próximo año, no presenta mayores dificultades. En realidad, las resistencias iniciales de la dirigencia nacional del PRD a aliarse con otros partidos para impulsar al senador Cué, se fueron mitigando en la misma medida en que asimilaron que, les guste o no, sin un factor como AMLO en una entidad como Oaxaca y en unos comicios como los que se acercan, sus posibilidades de obtener una votación al menos decorosa, serían ínfimas.

Algo similar ocurre con Convergencia y el Partido del Trabajo. Ambas fuerzas políticas en la entidad —y en el ámbito nacional también— se han visto gananciosas, en la misma medida que han servido de partidos satélites que orbitan alrededor del ex Candidato presidencial. Saben, igual que el PRD, que sin el respaldo lopezobradorista, hoy serían nada en Oaxaca.

El problema más complejo está en la posible alianza que las fuerzas perredistas, petistas, convergentes y lopezobradoristas, logren con el PAN para impulsar al senador Cué. No existe duda alguna de que todo eso pueda ser logrado. Lo realmente interesante, será ver cómo, en efecto, todas las fuerzas tomen sus distancias entre sí para sostener sus decoros particulares, pero cómo todas actúen para tratar de impulsar al senador Cué como un candidato ganador.

DESLINDE ANUNCIADO

Luego de ocurridos los comicios federales del mes de julio pasado, se notó un cambio abrupto de actitud y discurso político en el senador Cué Monteagudo: contrario a la “tradición” convergente de avasallamiento, golpeo y albazos, el Aspirante enfocó su atención al llamado recurrente a los partidos de izquierda a olvidar los agravios del pasado, a fomentar la coordinación, y a tratar de construir una alianza política que les permitiera derrotar al partido en el poder.

Al mismo tiempo, el discurso del senador Cué moderó hasta el punto del silencio, en cuanto a las críticas a la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa, y al Partido Acción Nacional. Basta con echar un vistazo a su portal electrónico www.gabinocue.org para corroborar que el nivel acostumbrado de la crítica hacia el gobierno calderonista, disminuyó sensiblemente del pasado mes de julio a la actualidad, y cómo desde entonces todas sus atenciones se han enfocado al llamado a la concordia a las fuerzas de oposición.

¿Por qué ese discurso? Porque esa es una primera forma de deslinde de sus propias prácticas en el pasado, pero también de alejamiento del discurso de AMLO. Lo apuntamos aquí desde julio pasado, sin dejar de insistir en el tema en más de una ocasión: es sólo cuestión de tiempo para que esas primeras formas de alejamiento, se conviertan en acciones más visibles de alejamiento aparente entre los dos personajes que buscan alianzas con sus adversarios, o con las fuerzas políticas a las que ellos, en otros momentos, han defraudado. Incluso, el 4 agosto señalamos la cercanía de un pronunciamiento del Senador a favor de Acción Nacional.

La razón entre ellos no es una ruptura: en realidad, es el cálculo puro de un alejamiento pactado y conveniente para todos. Un posible deslinde del senador Cué respecto a López Obrador, le quitaría las cargas negativas que hoy trae también aparejadas el tabasqueño; le permitiría tener un margen de maniobra más abierto con Acción Nacional para trabar la alianza; y les permitiría a todos trabajar en un proyecto conjunto que no sólo incluiría la gubernatura del Estado, sino una estrategia política de mayor envergadura.

En un principio, e incluso allende el 2010, esa lejanía y deslinde podría ser simulado. Pero si llegara a ganar la gubernatura del Estado, pasado el tiempo, nuevamente Cué volvería a sus prácticas tradicionales: en 2012 le daría la espalda para transitar al lado de Marcelo Ebrard. Uno de sus principales aliados, Alberto Esteva Salinas, ya se encuentra incrustado en la primera línea del Jefe de Gobierno del DF. Entonces sí habría deslinde, traición y deslealtad real. Será sólo cuestión de tiempo.

DEFRAUDADOS

Y MANIPULADOS

Hemos apuntado que desde algunos sectores del PRD y Convergencia, se está tratando capitalizar políticamente la quiebra de cajas de ahorro. Aquí, un botón de muestra: el ex diputado federal perredista, Othón Cuevas, acusa sin ningún sustento que el monto desaparecido de Caja Coofía, fue utilizado para las campañas políticas priistas de 2006. Con ese y otros argumentos similares, llaman a los defraudados a la movilización, bajo la promesa de conseguir fondos públicos para resarcirlos. Al final no habrá dinero alguno. Pero sí mucha manipulación, mentiras y especulaciones.

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25 de noviembre: revuelta se disipó; impunidad, no

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+ Tres años después, “arreglos” e impunidad: el saldo

Estos son los tres discursos que seguramente se podrán escuchar el día de hoy, en el marco del tercer aniversario del más violento enfrentamiento ocurrido entre la PFP, y los integrantes de la Sección 22 del SNTE y la APPO, durante la revuelta popular de 2006. Los grupos que entonces figuraban como inconformes, evocarán la represión de que fueron objeto; el Gobierno del Estado reiterará la concordia y el diálogo con esas y todas las expresiones ciudadanas; y el gobierno federal se seguirá acogiendo a la declaración de inocencia, que hace unas semanas emitió a su favor la Suprema Corte de Justicia sobre su actuación en el conflicto. Más allá de esos discursos previsibles, el resultado de esa jornada se traduce en dos palabras: impunidad total.

¿Qué ocurrió el 25 de noviembre de 2006? Recordemos algunos detalles de aquellos episodios: las fuerzas federales habían ingresado a la capital oaxaqueña 27 días antes; en varias ocasiones luego de la llamada “toma de Oaxaca” —ocurrida el 29 de octubre— habían ocurrido algunos enfrentamientos menores entre la PFP y células de las organizaciones inconformes. Ya para entonces, la APPO había sido reforzada lo mismo por cegeacheros de la UNAM, que por integrantes de los movimientos sociales conocidos popularmente como “los atencos”, “panchosvillas”, y asesores provenientes de la guerrilla, entre otros, sin dejar de lado a quienes espontáneamente salían a las calles a reforzar la lucha.

El 25 de noviembre de 2006, la APPO llamó a la celebración de la Séptima Megamarcha, en protesta por la represión, por el incumplimiento a sus demandas, y por la presencia de las fuerzas federales en la capital oaxaqueña. Los organizadores de esa movilización, anunciaron el establecimiento de un cerco humano —de duración indefinida— a los elementos federales que se hallaban apostados en el Centro Histórico, con el objeto de minarlos y obligarlos a retirarse. La idea era tenderles un auténtico Estado de Sitio, que los diezmara y les cortara el abastecimiento de todo tipo de insumos.

La APPO, sin embargo, no logró la convocatoria esperada. Para entonces, la constancia de los enfrentamientos, y la violencia que habían mostrado los seguidores más radicales del movimiento social, desanimaron a muchos oaxaqueños que en otras condiciones sí habrían salido a atender el llamado. Ante la escasez de elementos humanos, la APPO no pudo tender el cerco anunciado a la PFP y, en apariencia, la marcha iba a terminar con un mitin político y algunos brotes aislados de violencia.

No fue así. De entre las columnas de inconformes emergieron las células de choque, que en otros momentos ya habían actuado en contra de los federales. El enfrentamiento comenzó, a pesar de que el entonces principal dirigente visible del movimiento, Flavio Sosa, trataba de llamar al orden a sus seguidores. Él mismo fue encarado por quienes ya se enfrentaban a la PFP, perdiendo el control total de la marcha.

El saldo fue negativo para todos: las fuerzas federales detuvieron a 149 personas, bajo los cargos de haber participado en esa jornada violenta. El choque duró varias horas, dejando como saldo una veintena de edificios incendiados en el Centro Histórico, alrededor de un centenar de automóviles incendiados, y una sociedad oaxaqueña agraviada por ser testigo presencial de cómo la ignominia llegaba a su punto crítico en medio de un movimiento que parecía tener más beligerancia que rumbo político.

3 AÑOS DE IMPUNIDAD

Cuando esa jornada violenta ocurrió, la Policía Federal mostró que sus eficaces métodos de disuasión de agitaciones sociales, en realidad no lo eran tanto. A pesar de las detenciones logradas, el costo del enfrentamiento fue alto, porque la ciudad quedó envuelta en llamas, porque cientos de oaxaqueños resintieron agravios en sus derechos, persona o patrimonio, y porque finalmente ninguno de los cargos bajo los cuales fueron aprehendidos los 149 presuntos appistas que participaron de los disturbios, fue sostenible ante los tribunales competentes.

La eficacia del Gobierno del Estado, también quedó en una duda que hasta hoy no puede despejarse. Luego de aquel hecho culminante —en que la PFP retomó por completo el control de la capital oaxaqueña—, la administración estatal prometió aplicar todo el peso de la ley para los responsables de los disturbios.

Por si esto fuera poco, ese fue el momento que marcó la erradicación de la legitimidad y el rumbo político que entonces parecía tener el movimiento popular. La APPO se desentendió totalmente de las exigencias políticas que le marcaba el momento, y prefirieron optar por el aprovechamiento de la bandera de la represión y la existencia de presos políticos, para sostener su existencia para los meses siguientes. Es decir, que las banderas de la democratización de Oaxaca, fueron guardadas para un mejor momento —que, para ellos, aún no llega.

Así, todos fallaron y lo que coronaron fue la impunidad: más temprano que tarde, en 2007, el gobierno estatal y los grupos inconformes volvieron a sentarse a la mesa de diálogo. El entonces secretario General de Gobierno, Manuel García Corpus, estableció como su principal herramienta de negociación con la APPO y la Sección 22, la de la impunidad. Así, el procurador Evencio Martínez se convirtió en asesor de los inconformes, y los recursos de desvanecimiento de pruebas permitieron la exoneración de todos los acusados como responsables.

Pensemos que, en efecto, los 149 detenidos en esa jornada son inocentes. Es —nos guste o no— la verdad legal. El problema, para todos, es que nadie pagó —ni pagará— por los quebrantos a la ley, al patrimonio público, y al de terceros, que entonces se cometieron. Todos se conformaron con transigir sus pretensiones e intereses. Por eso, el 25 de noviembre no debía evocarse ni la represión ni la violencia y el restablecimiento del orden. Es un ejemplo negro de cómo la impunidad en Oaxaca avasalló a todos por igual.

NUESTRA INFAMIA

Esto apuntamos hace un año, y hoy lo reiteramos: “Aunque parezca una afirmación ‘políticamente incorrecta’, ojalá que nadie rehabilite el edificio del Tribunal Superior de Justicia (…) Ojalá que siga así, para que cada que pasemos por ahí, el inmueble en ruinas nos haga recordar de lo que hemos sido capaces de hacer, en contra de nosotros mismos. Ojalá que al menos así, podamos obligarnos a tener un poco de memoria histórica.”

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Comicios: los claroscuros de la partidización política

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+ Distantes, el “pueblo” de Obrador y el de otros grupos

Conforme avanza la construcción de la coalición opositora en Oaxaca, aparecen también importantes cuestionamientos de fondo a la empresa política que están tratando de emprender las fuerzas partidistas, para alcanzar la gubernatura. Arrebatarle el poder estatal al PRI, necesariamente tendría que ser una labor de largo aliento, en la que se privilegiara la construcción de acuerdos, y la participación de todos los sectores de la población que desean cambios en la estructura del Estado, y en la labor de gobierno. ¿Están preparados los partidos de oposición para ese reto?

Es evidente que dicha labor no se compondría de una sola fase, ni se lograría con la participación de un solo grupo. Una de las premisas fundamentales que tendrían que plantear las fuerzas de oposición en el Estado, es la de la renovación de sus propias prácticas y la inclusión de más grupos en su proyecto político. ¿Por qué? Porque no se puede impulsar un cambio partidista, político o institucional, cuando las estructuras y prácticas con las que se ejerce el poder son las mismas de antes. Es decir, que no se puede aspirar al futuro reformista, cuando se rinden reverencias al conservadurismo, la exclusión y la antidemocrcia del presente y pasado.

Esto cobra particular relevancia en Oaxaca. Aquí, las principales fuerzas de oposición han buscado construir un proyecto de gobierno, basado justamente en que la sociedad oaxaqueña exige de modo legítimo, un cambio en el ejercicio del poder, en los grupos que lo detentan, y en las fuerzas políticas que le dan el acceso al gobierno. Así, al final, el cambio y las reformas, siguen siendo la principal bandera y oferta política de los partidos de oposición.

Sin embargo, es claro que más allá de los apasionamientos y las conveniencias, las fuerzas y grupos de oposición que están terminando de construir las bases para la alianza partidista, están lejos de cumplir con las expectativas de la sociedad, y con los requerimientos mínimos para sostener sus posibilidades de triunfo electoral. ¿Por qué?

La respuesta parece lógica: porque la oposición se está agrupando únicamente a nivel partidista, basados en las mismas prácticas antidemocráticas de siempre, y dejando de lado la interacción, la inclusión y los apoyos amplios que necesitan de la sociedad para superar en fuerza y movilización al PRI. El asunto no es menor: con esa construcción tan deficiente, no parecen altas sus posibilidades ni de tener un buen resultado en la votación, ni mucho menos de poder impulsar un verdadero cambio democrático.

La oposición no está haciendo más que privilegiar el pasado: son, como en antaño, las cúpulas nacionales de los partidos, las que buscan conformar una alianza opositora; en el proceso de integración de posibles candidatos, está habiendo una abierta práctica de simulación —que más bien tiene tufos de exclusión; es nada lo que se ha hablado —y hecho— respecto a la inclusión del verdadero pueblo de Oaxaca; e, incluso, anticipadamente se ha establecido como una condición insuperable para ser parte de esa unión, el brindar su respaldo al senador Gabino Cué Monteagudo —quien ya ostentó esa postulación en el pasado— como candidato a Gobernador.

Así, ¿Cómo hablar de una plataforma política de cambio, cuando es el pasado lo que se ha privilegiado, cuando (¡vaya paradoja!) se construyó una coalición para después generarle una plataforma política y un proyecto de gobierno; y cuando las fuerzas opositoras han ensanchado la brecha que los separa de la sociedad, cuando debería ser al revés?

 

OPOSICIÓN CON GRIETAS

Muy pocas veces se presta atención a las críticas que los movimientos armados realizan a los procesos políticos que se realizan en las entidades federativas en las que ellos tienen presencia. En este caso, vale la pena rescatar una de las críticas más lúcidas que hasta el momento se haya realizado sobre la integración de la alianza opositora en Oaxaca. Estos señalamientos son parte de un editorial publicado en “Verde Olivo”, el órgano de difusión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo. La versión completa de dicho texto podrá ser consultada en nuestro blog. Aquí sólo haremos mención a lo que, consideramos, es el punto clave de la crítica.

“Estemos de acuerdo o no en la actuación del PAN, están en lo correcto; nada esta desligado, todo esta concatenado y no lo entienden o no les conviene entenderlo a los partidos (PT y Convergencia) ligados a López Obrador, a sus organizaciones afines y a sus personalidades mas cercanas. El hilo o los hilos que los atan son muy delgados. Todo gira en torno a las ideas u ocurrencias de un reducido equipo que defiende intereses muy particulares o de grupo. ¿Que significa lo anterior? Que no hay proyecto de gobierno, que no hay la intención de impulsar transformaciones profundas.

“Desconocemos si el equipo que conduce el proceso aliancista considera cercano el triunfo, porque, dadas las circunstancias y condiciones políticas; viendo los recursos económicos, políticos y organizativos existentes; deberían considerar que, no están al nivel de fuerza que contaban en las elecciones a gobernador que ganó Ulises Ruiz Ortiz y perdió Gabino Cue Monteagudo como su mas cercano competidor.

“¿Habrá pasado por la mente del equipo conductor buscar la relación con las organizaciones que tienen fuerte e innegable presencia, con años o décadas de arraigo y estructuras en los municipios y comunidades y que, a su vez, se mueven por fuera de los partidos políticos? ¿No seria mas nutrida la presencia de la gente en los mítines que realiza por Oaxaca López Obrador? ¿Porque buscar a los mismos de siempre? ¿A pesar de los eternos resultados?”

 

CAMBIOS, ¿ASÍ?

La crítica es elocuente: tal y como lo apuntamos, los partidos y grupos de poder que buscan integrar la coalición opositora en Oaxaca, no han considerado que más allá de los anhelos democráticos y de cambio con las que buscan convertirse en paladines de la democracia, deben tomar las decisiones que verdaderamente puedan hacerlos llegar al triunfo. Es decir, deben diversificarse: ir más allá de López Obrador, de las estructuras formales de los partidos, de las alianzas copulares, de las imposiciones disfrazadas de democracia, y del proyecto de gobierno político que ahora sólo se reduce a la alternancia. Con las previsiones tomadas hasta el momento, la oposición no tiene modo de superar al PRI en su eficiencia electoral. Por tanto, no existe una posibilidad efectiva de cambio.

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Las alianzas en Oaxaca.- FARP

Se acerca el proceso electoral, los esfuerzos por lograr una coalición amplia en el Estado no terminan de “cuajar”. Hasta el momento, solo una parte del PRD (la menos “ulisista”) esta de acuerdo en su impulso; la otra parte, la mas descarada en su alianza con los priistas la boicotea constantemente. Del lado del PAN, se mantiene la indefinición de manera conveniente, aunque declarativamente se diga lo contrario. Su toma de decisiones se basa en el desarrollo de la política nacional; del cumplimiento de los acuerdos por parte del PRI. En juego esta el presupuesto de ingresos y egresos, la privatización de la industria eléctrica, PEMEX y la adjudicación del negocio de Triple Play. Son los platillos del momento de los grandes consorcios y la oligarquía nacional y extranjera.

Estemos de acuerdo o no en la actuación del PAN, están en lo correcto; nada esta desligado, todo esta concatenado y no lo entienden o no les conviene entenderlo a los partidos (PT y Convergencia) ligados a López Obrador, a sus organizaciones afines y a sus personalidades mas cercanas. El hilo o los hilos que los atan son muy delgados. Todo gira en torno a las ideas u ocurrencias de un reducido equipo que defiende intereses muy particulares o de grupo. ¿Que significa lo anterior? Que no hay proyecto de gobierno, que no hay la intención de impulsar transformaciones profundas.

Desconocemos si el equipo que conduce el proceso aliancista considera cercano el triunfo, porque, dadas las circunstancias y condiciones políticas; viendo los recursos económicos, políticos y organizativos existentes; deberían considerar que, no están al nivel de fuerza que contaban en las elecciones a gobernador que ganó Ulises Ruiz Ortiz y perdió Gabino Cue Monteagudo como su mas cercano competidor.

¿Habrá pasado por la mente del equipo conductor buscar la relación con las organizaciones que tienen fuerte e innegable presencia, con años o décadas de arraigo y estructuras en los municipios y comunidades y que, a su vez, se mueven por fuera de los partidos políticos? ¿No seria mas nutrida la presencia de la gente en los mítines que realiza por Oaxaca López Obrador? ¿Porque buscar a los mismos de siempre? ¿A pesar de los eternos resultados?

A la distancia se ve que hay un desconocimiento de la realidad oaxaqueña, de la situación de organización de las comunidades y sus municipios. Entre sus conocimientos técnicos y de gestoría y, la realidad política comunitaria; existe un abismo difícil de sortear. El PRI lo sabe, tantos años de vivir de la política los hace seguros de su triunfo, la ceguera del 2006 desafortunadamente parece que ya se la han curado. Se saben rehenes del PAN por los errores cometidos y, la decisión que tomo la Suprema Corte es un recurrente recordatorio panista de que deben seguir el camino trazado. Aun así, tienen mucho que ganar como grupo de poder estatal; están afianzados, compactos; con amplios recursos económicos que correrán en la elección que se avecina.

Es de esperar una masiva compra de conciencias; a los dirigentes opositores les ofrecen ya, desde ahorita, cantidades tentadoras; ¿que tienen que hacer? En distritos difíciles; poner candidatos a modo, impedir que organizaciones fuertes y con masas lleven candidatos. En el último de los casos, solo utilizar sus votos; sabedores que ya no serán masivos al no ser las propuestas de las organizaciones las que vayan a la contienda.  En su defecto, impedir a toda costa, con traspiés y patadas bajo la mesa que participen en la coalición. Otros utilizaran el discurso ultra radical para tender un manto protector a su no participación (previo acuerdo) en el proceso e involucraran a los que ingenuamente asuman como propio ese discurso. Y finalmente, las masas votantes recibirán las migajas del recurso; toneladas de cemento para su piso o calles en las comunidades, su lamina para techos de corrales o casas, o la compra de su voto en 500 o mil pesos según se den las condiciones de cooptación. La mayor parte del dinero circulante se quedara en el bolsillo de los operadores oficiales y encubiertos del proceso electoral.

Esa es la elección que viene en Oaxaca. Ante tal escenario, las opciones que tiene el verdadero movimiento social son muy escasas; queda entonces aprender de los errores cometidos y seguir por el camino paciente de la construcción de estructuras al seno de las comunidades, barrios, colonias, sindicatos y escuelas. Seguir organizándonos, aprendiendo en la teoría y la práctica una mejor manera de conducir la lucha social. Haciendo a un lado subjetivismos, actitudes soberbias, sectarias y de sobredimensionamiento de las cosas.

 (Tomado de Verde Olivo, No. 20, pág. 3; la publicación íntegra puede consultarse en http://www.cedema.org/uploads/VO-020.pdf)

25 de noviembre: la ignominia, tres años después

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Adrián Ortiz Romero Cuevas

                                                                La jornada de lucha magisterial y popular ocurrida el 25 de noviembre de 2006, quedará marcada en la historia de Oaxaca, como la más violenta e ignominiosa que haya ocurrido en el pasado reciente. Contrario a todos los postulados de un movimiento social de raíces genuinas de cambio y vocación pacífica, aquel fue un episodio que dejó ver en toda su magnitud los claroscuros no sólo del movimiento magisterial, sino de todos los actores de la revuelta. Tras episodios tan aciagos como el antes mencionado, los grupos en pugna llegaron a diversos arreglos. Y finalmente, todo quedó envuelto en la halitosis que acompaña a la impunidad y el olvido, que todos han profesado a la víctima final… que fue la sociedad oaxaqueña.

Para unos, el saldo final de la revuelta magisterial puede contabilizarse a partir de los quebrantos políticos sufridos. Quienes gobiernan la entidad, tuvieron en el conflicto social un duro golpe que vino a poner en entredicho lo mismo eficiencias en el servicio público que calidades morales, e incluso aspiraciones a futuro. Para el sector gubernamental, la crisis magisterial puede cuantificarse aún hoy en los proyectos y aspiraciones políticas que se vieron canceladas por dicho episodio.

En el lado contrario, en el del magisterio y los grupos sociales que participaron activamente en la revuelta, los daños se cuantifican de otro modo: en primer término, los orquestadores del conflicto popular no pudieron conseguir el objetivo político primordial para el que se alzaron en 2006: la renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, ha sido para ellos un anhelo cancelado por la realidad, por las circunstancias y por las debilidades mismas de su movimiento. Sus saldos también son calculados en base a las agresiones físicas sufridas, los decesos que trajo aparejada la crisis, y las banderas políticas, sociales y partidistas a través de las cuales trataron de sostener su movimiento hasta que, prácticamente, se les diluyó en las manos.

Nadie, sin embargo, “tuvo a bien” acordarse de la víctima final en este conflicto: la sociedad. Durante siete largos meses, los oaxaqueños comunes fuimos víctimas involuntarias de un conflicto en el cual no existía una causa o interés que verdaderamente involucrara a todos. Durante ese tiempo, la sociedad en general vio coartadas todas sus libertades y garantías fundamentales. Fue también, víctima de todo tipo de quebrantos físicos, morales y patrimoniales que, hasta ahora, nadie ha tenido a bien cuantificar ni solventar. En ese sentido, el episodio vivido el 25 de noviembre es una muestra fehaciente de todo lo que hasta ahora se mencionado.

EL CONTEXTO

El actual grupo gobernante encabezado por el gobernador Ulises Ruiz, arribó a la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado bajo un fuerte cuestionamiento por parte de los grupos opositores. Su argumento principal, era que éste habría triunfado en los comicios a través de un fraude. No obstante, ante los tribunales de la Federación, ninguno de sus grupos opositores pudo demostrar que, en efecto, los señalamientos vertidos tenían sustento en la realidad.

Así, la administración del gobernador Ruiz anunció que a partir de entonces el diálogo político con las organizaciones sociales dejaría de estar sujeto a las prebendas y las presiones económicas. Datos proporcionados en su momento desde el sector oficial a distintos medios informativos, daba cuenta que las administraciones anteriores entregaban anualmente una cifra superior a los 400 millones de pesos, para mantener en paz a más de trescientas organizaciones sociales que periódicamente arribaban a Oaxaca a negociar la estabilidad a cambio de dinero.

En esa lógica, desde el primer día de gobierno de Ruiz, uno de los puntos álgidos se encontraba en la negociación con la Sección 22 del SNTE. No obstante, en el año 2005 —cuando la actual administración tenía escasos seis meses en funciones— las pláticas con el llamado “magisterio democrático” fueron sorprendentemente tersas. Hubo menos de una semana de plantón magisterial, y pronto fueron retomadas las tareas educativas. El Gobierno del Estado se había apuntado una importante victoria a su causa. Y las nuevas instancias negociadoras se legitimaban fuertemente como tales.

Sin embargo, pronto llegó el 2006. Con ese año, llegó la efervescencia electoral por la inminencia de las elecciones federales donde se renovaría el Poder Ejecutivo y Legislativo Federal. El candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo Pintado, era el mentor político del gobernador Ruiz, y uno de sus amigos más cercanos. El Mandatario oaxaqueño era una pieza clave de su cuerpo de estrategas, y por ende hubo la especulación durante los primeros días del 2006, respecto a si el gobernador Ruiz habría de solicitar licencia a su cargo para integrarse de lleno en alguna de las coordinaciones de la campaña presidencial priista.

Nada de ello ocurrió. De hecho, los reportes oficiales de la época daban cuenta de intensas giras de trabajo que realizaba el gobernador Ruiz varios días a la semana en el interior del Estado. Pero nada de eso se reflejaba en los medios informativos. Muchos de éstos, al contrario, aseguraban que entonces era imposible encontrar al Gobernador en Oaxaca, que había delegado sus funciones públicas en algunos colaboradores, y que estaba metido al cien por ciento en la campaña presidencial priista.

Mientras ello sucedía, crecía el encono de las organizaciones sociales en contra de la administración estatal por tener cerrada la llave de los recursos públicos. La Sección 22 afinó sus simpatías políticas con los sectores radicales que ya para entonces apoyaban al candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador; la guerra política que comenzó a librarse entre regímenes políticos por el cese de algunos funcionarios estatales, y el cúmulo de decisiones erradas, fueron factores determinantes para generar la mayor crisis social y política de que se tenga memoria en Oaxaca.

Así pasó el 14 de junio de 2006 con el desalojo fallido, las primeras jornadas de lucha del magisterio, la intensificación de la crisis, la toma de radiodifusoras y los enfrentamientos violentos, el desdén federal al conflicto y, finalmente, luego del homicidio de Brad Will, el arribo de las fuerzas federales a Oaxaca. Todo tuvo como contexto una feroz guerra de intereses políticos. Pero también, el del ataque sistemático y constante a una sociedad olvidada e indefensa, que fue quien finalmente pagó todas las consecuencias de una crisis que ha resultado intrascendente en todos los sentidos.

HERENCIA NULA

La Sección 22 del SNTE, la APPO y todas las organizaciones y fuerzas políticas que encabezaron la revuelta social de 2006, plantearon una sola exigencia: la renuncia del Gobernador del Estado. Ello no ocurrió. Sin embargo, durante meses, el movimiento social tuvo la suficiente fuerza como para emprender cambios sociales, políticos e incluso constitucionales, que permitieran dar viabilidad democrática a los procesos políticos estatales en el futuro. Nada de eso ocurrió.

Los grupos inconformes en diversos momentos sostuvieron que querían cambios para Oaxaca. En los momentos cruciales, no supieron impulsar esos cambios ante el alto grado de sensibilidad que tuvo la sociedad oaxaqueña —y la de todo el país—, a los planteamientos que hacían. Lejos de generar posicionamientos políticos serios y de avanzada, los grupos inconformes fueron rebasados por la violencia, la sinrazón y el radicalismo. Prefirieron sepultar a golpes su movimiento, antes que darle una trascendencia específica que remontara y justificara todos agravios que se estaban acumulando en el entorno social de la entidad. El 25 de noviembre de ese año, ocurrió un enfrentamiento que reveló la crisis interna de ese movimiento, y que consolidó un daño económico hasta ahora impune, que continúa resintiendo el pueblo de Oaxaca.

 

QUEBRANTOS OLVIDADOS

Ante las instancias jurisdiccionales estatales y federales, fueron interpuestas más de 8 mil denuncias penales por ciudadanos que, de uno u otro modo, fueron agraviados durante la crisis magisterial. Fueron seis meses en los que en la capital de Oaxaca no hubo fuerzas de seguridad, ni orden, ni garantías de que los derechos básicos de toda persona serían respetados.

En esas ocho mil denuncias existieron lo mismo señalamientos por robos, abusos físicos, asaltos violentos, “levantones”, daños patrimoniales, incendio, lesiones y demás. Durante toda la crisis magisterial, todos los sectores productivos de la entidad sufrieron daños, pérdidas y robos incalculables. Muchos comercios importantes de Oaxaca se vieron obligados a cerrar sus puertas, o a recurrir al endeudamiento para soportar la crisis. Innumerables empresas y entidades públicas fueron saqueadas reiteradamente por los inconformes. Muchas familias se quedaron sin sustento. Y todos, todos, perdimos la tranquilidad y la paz con la que se vivía en Oaxaca hasta antes del conflicto.

Así, la jornada del 25 de noviembre fue la combinación de todos esos quebrantos. Los grupos inconformes pretendieron tender un cerco pacífico a las fuerzas federales, que entonces se encontraban apostadas resguardando el Centro Histórico. Pronto la manifestación se les salió de control y desbordó en violencia. Grupos hasta ahora no identificados incendiaron una treintena de edificios públicos y domicilios particulares de la zona. Quemaron casi medio centenar de vehículos y provocaron daños irreparables al entonces edificio sede del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Ese daño, como casi todos, hasta ahora sigue impune y ni siquiera ha sido cuantificado por propios o extraños.

 

SALDO DE IMPUNIDAD

Nadie pisó la prisión por ese y todos los episodios de la crisis magisterial. Los grupos inconformes acusaron al gobierno de perseguir por razones políticas a quienes participaron en la revuelta. Fue una verdad a medias: finalmente, inconformes y gobernantes pactaron la paz de Oaxaca a través del otorgamiento de recíprocas concesiones de impunidad y recursos económicos. Todo volvió a la normalidad de antes. Pero en ese manto de impunidad, lo mismo se cobijaron verdaderos luchadores sociales que podrían ser perseguidos por asuntos políticos, que quienes ocasionaron incuantificables daños a Oaxaca.

Nadie respondió nunca por los quebrantos. La sociedad tuvo que absorber, con sus propios medios y con sus propias vicisitudes, los daños que causaron sin reparo alguno los protagonistas principales del conflicto magisterial, y particularmente de la jornada violenta del 25 de noviembre de 2006. El gobierno de Oaxaca jamás se responsabilizó por algo de eso, ni tendió verdaderos apoyos a los particulares para superar este episodio. El gobierno federal hizo lo mismo. Y hoy, los grupos sociales se han vuelto a envolver en las banderas de la victimización para no asumir sus responsabilidades. Es decir, que todos dejaron en el olvido a una sociedad lastimada y agraviada por un conflicto que no legó a Oaxaca beneficios democráticos y que, aún con eso, estuvo también lejos de convertirse en la primera revolución del siglo XXI, como tanto se habían ufanado.

+ Guerrilla: las “coincidencias” no existen

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+ Guerrilla: las “coincidencias” no existen

+ 2010: Un año más; nueva Revolución, no

Hace menos de un mes, el 29 de octubre pasado, fueron liberados Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas Agis, luego de permanecer casi una década en prisión bajo el señalamiento de ser los dos dirigentes máximos del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), y de haber encabezado una emboscada, en el estado de Guerrero, en contra del Ejército mexicano en julio de 1996. Hace tres días, la Procuraduría de Justicia guerrerense confirmó la ejecución de Omar Guerrero Solís o Ramiro Salgado López, conocido como el Comandante Ramiro, dentro de la estructura de esa misma organización insurgente. ¿Qué implicaciones políticas y revolucionarias entrañan esos dos hechos?

Por principio de cuentas, una interpretación inicial, aunque a todas luces inexacta, se orientaría en el sentido de que luego de la liberación de los dos máximos dirigentes del ERPI, comenzó una nueva purga dentro de esa organización guerrillera, o que —como también podría ocurrir—, la exoneración de Silva y Arenas, reactivó algunas de las viejas pugnas que existían entre los distintos grupos armados que existen en diversas regiones del país, y particularmente en Guerrero.

Por tanto, esa explicación —cargada de lógica y simplismo, pero también de un profundo desconocimiento de las tendencias políticas y las decisiones que han tomado los grupos armados para garantizar su subsistencia— a lo que nos llevaría es a suponer que esos dos hechos son causa y consecuencia de los reacomodos internos de las organizaciones armadas. Todo esto bien podría entenderse como parte de una nueva guerra fratricida, en la que el Estado estaría totalmente ajeno. Esta podría ser una posibilidad que, sin embargo, parte de argumentos endebles que no le permitirían sostenerse ante una realidad mucho más compleja.

En realidad, los distintos grupos guerrilleros han buscado entablar diversos mecanismos de coordinación e interlocución entre ellos porque, como lo han manifestado algunas agrupaciones armadas, “ninguna organización insurgente es autosuficiente en la actualidad” (Comunicado ERPI 29/07/09).

En algunos momentos, y particularmente ante la posible liberación de Silva Nogales y Arenas Agis, se había temido que una acción violenta —propia o ajena a ellos— rompiera las posibilidades de construir un proyecto conjunto, como el que parecen estar intentando ahora los diversos grupos. Incluso, en algunos momentos las mismas organizaciones habían advertido de la posibilidad de que ocurriese un hecho aparentemente fortuito que las confrontara de nuevo. (De esto, puede verse un análisis más detallado en www.cedema.org/ver.php?id=3583).

Esto es lo que, justamente, parecería ocurrir con el asesinato del llamado comandante Ramiro. Era, nada menos, que el líder nacional actual —así reconocido— del ERPI; y sucesor natural del comandante Antonio (Jacobo Silva Nogales) y la coronel Aurora (Gloria Arenas).

Su asesinato violento —realizado con cuatro disparos de rifle AK-47— podría comprenderse como un reacomodo doméstico que, en realidad, más bien parece una incesante búsqueda externa de enrarecer el ambiente entre las organizaciones armadas, reavivar sus pugnas particulares, y cancelar definitivamente las posibilidades de que se construya una coordinadora guerrillera nacional que, en algún momento, busque una transformación política por la vía violenta.

¿UNIDAD GUERRILLERA?

Un despacho informativo de la agencia AP, dado a conocer el fin de semana a nivel internacional, catalogaba al ERPI como una “guerrilla pequeña”, y a Omar Guerrero Solís —el comandante Ramiro— como un “integrante” y no como el líder máximo de esa organización armada, cuyo cadáver había sido localizado en una región montañosa de Guerrero (http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=66692). De un modo igualmente simplista, la mayoría de los medios informativos mexicanos tomaron la confirmación de su muerte, y la atribuyeron a la ira de uno de sus escoltas. Muy pocos parecen comprender, y tomar la importancia que merece, a las señales dadas hasta ahora de la construcción de una unidad guerrillera.

La guerrilla en México busca unificarse y coordinarse no sólo para superar sus propias limitaciones, sino esencialmente para sobrevivir y construir un movimiento político y armado que resulte viable ante el fortalecimiento de las fuerzas armadas con las que cuenta el Estado. En razón de ello podría comprenderse con más solidez la trascendencia y el objetivo de desintegración de ese esfuerzo, que podría tener la muerte del comandante Ramiro. Lo cierto es que parecen existir señales genuinas de esos primeros intentos de unificación.

En ese sentido, el periodista Jorge Lofredo señalaba en un artículo difundido hace apenas 11 días, que una de las primeras señales claras que está dando ese intento de coordinación guerrillera, es el de dejar atrás las referencias onomásticas para emitir posicionamientos. Daba, para ello, dos ejemplos claros: ninguna organización guerrillera mexicana se posicionó a través de acciones o comunicados, ni el 23 de septiembre ni el 2 de octubre pasado. Ese silencio, dice, es una señal clara de estar dejando atrás los esquemas antiguos que apuntaban a generar acciones en momentos de alguna trascendencia histórica para ellos o el país. ¿Qué importancia tiene eso?

Que, según Lofredo, a partir de esa pauta las organizaciones armadas podrían estar construyendo nuevos esquemas revolucionarios en los que dejaran de ser determinantes lo mismo las fechas como los ciclos. Es decir, que en todo eso encuentra la explicación la tendencia de las organizaciones armadas a asegurar que 2010 es un año más, y no necesariamente el inicio de una nueva gesta revolucionaria.

Parecen saber que su lucha debe pasar por el replanteamiento de sus viejos postulados; y que todo eso les es determinante para sobrevivir a este doble momento de acoso, en el que lo mismo son perseguidos, que incitados a reiniciar una guerra interna que aplace el fortalecimiento de cualquier viso de rebelión armada en México.

VÍA ELECTRÓNICA

A partir de hoy comenzamos un nuevo esfuerzo, a través de un espacio electrónico en el que usted, apreciado lector, podrá tener acceso libre y permanente a este espacio, así como opinar, disentir y aportar elementos al análisis que aquí intenta realizarse. La dirección es http://almargenoaxaca.wordpress.com; le invitamos a visitar esta primera versión de prueba, que iremos nutriendo y mejorando. Aprovecharemos todas las alternativas que brindan las actuales tecnologías de la información.

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Rezago económico de México: nadie lo remedia

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+ Ejemplo de Brasil: incomodidad que escandaliza

 Una vez que fue aprobado en su totalidad el paquete económico para el próximo año, que el gobierno federal, el Congreso de la Unión, y las entidades federativas hicieron un festín auténtico con el dinero que en 2010 le —nos— arrebatarán a los bienes nacionales y a los contribuyentes, comienza a emerger con fuerza una recriminación real: que México está haciendo sólo lo indispensable por resolver sus problemas de corto plazo, pero sin generar expectativas reales de una mejora económica a futuro.

Dicen que las comparaciones nunca fueron buenas. También dicen que la verdad no peca pero incomoda. Nada le queda mejor a la clase política nacional, que disimula asombro y simula satisfacción, como ninguna otra en el mundo. Lo malo, en este caso, es que México parece estar revelando el enorme tamaño de las fallas que tienen sus estructuras institucionales. Mientras otros países cercanos a México crecen y se desarrollan, aquí parece que continuamos viviendo en los dogmas, en el oscurantismo y en el inmovilismo.

Tres hechos marcaron esta realidad, sólo durante la semana que concluye. En primer término, el Congreso federal aprobó finalmente un paquete económico para el año 2010, en el que todos salieron contentos… menos la sociedad. El segundo hecho relevante, es la fuerte crítica que hizo el premio Nobel de economía 2001, Joseph Stiglitz, al gobierno mexicano, por no haber sabido enfrentar la crisis mundial, y por no haber previsto los mecanismos financieros necesarios para garantizar realmente la competitividad de nuestro país ante la recesión. Un tercer hecho, que pasó prácticamente desapercibido, fue la dura crítica que hizo el ingeniero José Hernández Moreno —astronauta de la NASA de ascendencia mexicana— al gobierno de México por no invertir lo suficiente en tecnología. Vayamos por partes.

El primero de los hechos descritos, fue el más festinado por todos los poderes públicos. Finalmente, los faltantes económicos fueron cubiertos con una nueva sangría a la producción petrolera, y con la imposición de más gravámenes a la población. Lo relativo a Pemex, parte del hecho de que al subir el precio base del petróleo, se despojó a la paraestatal de recursos que le servirían para la modernización que tanto le hace falta, pero que tanto le han aplazado. Lo que concierne a la población está ampliamente dicho. Al final, todos se repartieron el dinero público, sin considerar que ninguna de sus soluciones conlleva planteamientos positivos de largo plazo para el país.

Eso es, en buena medida, lo que criticó el Nobel Stiglitz al gobierno mexicano. Dijo, en declaraciones difundidas por El Universal el pasado jueves, que el desempeño de México en el manejo de la crisis fue uno de los peores en el mundo y, en cambio, países como Australia y Brasil fueron los que mejor la enfrentaron, ya que tuvieron una reacción gubernamental muy fuerte, así como un reglamento bancario que hizo que su sistema financiero soportara las dificultades.

“Las estadísticas de crecimiento han sido muy débiles y pesimistas para este país; la combinación de una recuperación muy débil para Estados Unidos y una política fiscal que no estimule la economía mexicana es preocupante”.

Dijo, en resumen, que los incrementos de impuestos no incentivan el crecimiento de la economía mexicana, y que el anclaje al comercio con Estados Unidos ahora ya no será suficiente para salir de la crisis. Todo un escenario de catástrofe que, sin embargo, fue rechazado por el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, bajo el argumento de que Stiglitz conoce poco de la realidad económica de nuestro país.

 DESCONOCIMIENTO, ¿SERÁ?

De acuerdo con lo publicado, Carstens desvirtuó los dichos de Stiglitz en los términos siguientes: “Parece que Stiglitz desconoce que México fue azotado por dos golpes: la desaceleración económica global, incluida la de Estados Unidos, así como la caída de la producción petrolera en 800 mil barriles diarios (…) No teníamos la opción de contratar más deuda. Uno tiene que actuar responsablemente y eso fue lo que hizo y decidió el presidente Felipe Calderón”. Y ya.

¿Es eso suficiente? Como defensa, para el gobierno federal, parece que sí. Para ellos, todo se queda en un mero problema de interpretación y circunstancias particulares. Lo cierto es que la economía se mide y se comprende desde la frialdad de los números. Para quienes han visto el comportamiento de los diversos países ante la crisis, México ha fracasado en sus políticas anticrisis, simplemente porque no ha tenido la capacidad de superar el momento más álgido de la recesión y, al contrario, es el que más padece y continuará enfrentando de las consecuencias de este escollo económico, sin plantear soluciones de fondo.

Como si todo esto fuera poco, el astronauta norteamericano de ascendencia mexicana, que hace apenas unos meses estuvo en el espacio, le puso los puntos sobre las íes a la distancia que están tomando otros países a México. Hernández Moreno puso como principal punto de referencia, en el discurso que ofreció durante la bienvenida que le dio el presidente Calderón en Los Pinos, a Brasil.

A grandes rasgos dijo que aquel país está contribuyendo de modo importante al desarrollo de nuevas tecnologías y que está invirtiendo grandes recursos para desarrollar investigación y proyectos espaciales; todo esto, mientras se lamentaba que en México exista poco interés por canalizar recursos públicos para esos rubros. El mensaje, en el fondo, era un reproche a nuestro país por no encontrar el camino para crecer a un ritmo sostenido, y por haber sido rebasado por otras naciones —como Brasil, aquí en Latinoamérica— que hasta hace pocos años tenían economías mucho menos desarrolladas y sólidas que la nuestra.

Nadie pareció haber acusado recibo de esas fuertes, pero totalmente reales, declaraciones del Astronauta méxico-norteamericano.

 COLOFÓN

A todo esto, Lorenzo Meyer escribía el pasado jueves en Reforma lo siguiente: “Emir Sader, secretario general del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), dio una entrevista en España donde hizo un resumen de la política del presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, que, pese a la crisis económica global, logró disminuir la desigualdad social y reforzar la identidad nacional porque ‘[a]umentó los microcréditos, mantuvo los sueldos por encima de la inflación, fomentó el empleo formal, diversificó el comercio internacional y potenció el interregional’. México, dijo Sader, siguió otro camino y ‘en mi opinión, se ha suicidado’.” Estremecedora realidad.

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Argeo, Xoxo y PRI: nadie debería sorprenderse

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+ Corrupción: la constante de un gobierno opaco

Desde hace varias semanas, un nutrido grupo de habitantes del vecino municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, encabezan diversas protestas en contra del edil, Argeo Aquino Santiago. Aparentemente sorprendidos, los habitantes de esa demarcación, denuncian innumerables actos de corrupción, nepotismo, manejo discrecional de recursos y complicidades con legisladores, funcionarios estatales y particulares, a través de los cuales están saqueando las arcas municipales. Todos estos, sin embargo, eran escándalos anunciados.

En realidad, la historia política reciente de Santa Cruz Xoxocotlán no apunta más que a la disputa permanente por un cuantioso y prolífico botín económico, que se esconde detrás de un ejercicio gubernamental largamente castigado por la inestabilidad. Como todo “buen” territorio conurbado a una ciudad capital, ese municipio bien podría entenderse como una suerte de “válvula de escape” de todo lo que —también aparentemente— no puede o debe ocurrir en una demarcación como Oaxaca de Juárez.

¿A qué nos referimos? A que Santa Cruz ha sido el espacio de todas las masificaciones, tolerancias y evidencias claras de corrupción, que muchos quisieran, pero que no pueden ocurrir en el municipio citadino aledaño. Xoxo —como prácticamente todos los 18 municipios conurbados a la capital oaxaqueña— es hoy un espacio ideal lo mismo para la edificación de nuevos fraccionamientos, que la instalación de bares, prostíbulos y zonas de tolerancia. Es cierto, nada de eso es privativo de Santa Cruz; sin embargo, éste parece ser el territorio auténtico de las disputas porque territorialmente es el más grande (tiene una extensión más o menos similar a Oaxaca de Juárez); es el más poblado, y es en el que se han concentrado la mayor politización y las luchas por el poder público.

Volteemos al pasado y corroboremos lo antes dicho. Al hacerlo, podremos corroborar que ninguno de los últimos cinco presidentes municipales de esa demarcación, han tenido gestiones legitimadas, aceptables y con resultados dignos de presumir. En realidad, ha sido todo lo contrario: en el periodo señalado, todos los ediles —independientemente de la fuerza política de la que emanaron— se han enfrentado a feroces luchas por el poder, a los intentos de desestabilización de grupos contrarios, y a escandalosas acusaciones sobre malversación de fondos, corrupción en la licitación y asignación de obras, desviación de recursos públicos, contratación discrecional de trabajadores, y muchos otros cargos.

Así, en un repaso somero, podremos ver que Erasmo Medina no fue distinto, por ejemplo, que Gilberto Ramírez Leyva y el edil —José Julio Antonio Aquino— que hubo entre las respectivas gestiones de uno y otro. Ambos enfrentaron duros cuestionamientos durante sus administraciones que, sin embargo, terminaron en el olvido. Esas características también envolvieron a Roberto Molina Hernández y Sandra Eugenia Ramírez Flores. Éstos últimos, tuvieron como principal capital político para acceder al gobierno de ese municipio, el fracaso y la mala fama que entonces se había ganado la administración priista. Al final, las acusaciones que ellos vertieron sobre Ramírez se volvieron nada ante las evidencias de que ellos podrían haber sido responsables de malversaciones del mismo tipo, y mucho más.

Así, en 2007 los priistas nuevamente arrebataron el poder a los perredistas, y Argeo Aquino Santiago se convirtió en Edil. Sólo que entonces nadie reparaba en que la probidad de este individuo no era precisamente la mejor de sus características, ni mucho menos un artículo de lujo para el priismo. Nadie debería hacerse el sorprendido. Porque aunque, en efecto, él pudiera ser responsable de los actos de corrupción galopante de los que se le acusa, al final todos fueron víctimas del brutal refranero, que apunta que “no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre”.

MALA FAMA

Argeo Aquino Santiago no ha sido ni el mejor priista ni el mejor dirigente de colonos ni el mejor líder social, ni mucho menos el más avezado de quienes se encargan de velar y proteger por los mercaderes. De hecho, su militancia tiene cuestionamientos al haber sido uno de los más memorables traidores a la causa inicial del Partido Convergencia, para brincar a las filas del priismo. Sus credenciales como líder social o de trabajadores, igualmente, no son las mejores: “tradicionalmente” ha sido el encargado de proteger lo mismo a “fayuqueros” que a vendedores ambulantes y grupos de mototaxistas. Todas, actividades lo mismo comprensibles que enmarcadas por la ilegalidad. Ese es el talante moral y político de un hombre como Aquino Santiago.

Sin embargo, tal parece que fue todo eso —y no una reputación más presumible— lo que le valió la postulación a la Alcaldía de Santa Cruz Xoxocotlán por el Revolucionario Institucional. Sólo que su candidatura necesariamente desplazó a otros grupos del tricolor que pretendían regresar al gobierno municipal. Y esa afrenta ahora se combinó con el rumbo natural que tendría que tomar el gobierno de un individuo nacido, crecido y consolidado en rubros harto cuestionables, y que nada tienen que ver con la correcta administración de una entidad pública.

Nadie se dijo sorprendido cuando fue impulsado al gobierno municipal. Nadie se dijo sorprendido ni escandalizado por su ascendencia y fama pública. Todos en el PRI creyeron que era una buena opción, porque podía ganar los comicios. Y así fue. Sólo que en el ejercicio cotidiano del poder, ha resultado ser un fiasco. Para bien o para mal, igual que sus antecesores.

Ciertas o falsas, las mismas acusaciones han pesado sobre todos. La realidad deja ver que la disputa por el poder, por el dinero obtenido por medios inconfesables, y por el manejo discrecional del presupuesto, es lo que tiene a Xoxo como un reflejo del país: un municipio amplio que podría ser próspero, pero que está sepultado por la acción negativa recurrente de quienes lo han administrado.

NO HAY MIEDO…

Ayer, el diputado local por Convergencia, Benjamín Robles Montoya, pretendió exponer en la tribuna del Congreso del Estado, un proyecto de Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado. Así lo pidió el legislador. Y así fue incluida su petición en el orden del día. Sólo que el salón de plenos se llenó de trabajadores sindicalizados estatales, interesados por el tema. Y entonces Robles retrocedió. Quizá vio que el tema no era rentable electoralmente hablando. El sistema de pensiones, claro, puede esperar.

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