+ Renuncias, por legalidad y respeto a oaxaqueños
Dos frases resumen claramente la amplia distancia que existe entre los dichos y los hechos en el gobierno de Oaxaca. Por un lado, al anunciar su separación del cargo, el ahora ex secretario de Economía y Turismo del Gobierno del Estado, Alfredo Ahuja Pérez, dijo que reconocía el grave error que había cometido al presentar documentación apócrifa para acreditar la patente profesional con la que en realidad no contaba, pero también se lamentó de que esa situación hubiera tenido “mayores consecuencias” para él “que para otros”; y esa misma noche, el gobernador Gabino Cué Monteagudo, anunció un ultimátum para que en las 24 horas siguientes, todos los funcionarios de su gobierno presentaran los documentos que hicieran falta para demostrar su calidad de profesionistas. Este es, y será, un punto de referencia esencial sobre la visión de legalidad que tenga, y lleve a los hechos, el nuevo gobierno.
Es un principio básico de la legalidad, que el dictado de una norma es de observancia general y obligatoria. En ese sentido, es claro que la ley es, o debe ser, igualmente aplicada para todas las personas, y que nadie puede sustraerse o exceptuarse de lo que ésta misma establezca. Todo parece tan lógico, que hasta resultaría excesivo. Sin embargo, en esa lógica, habría que preguntarse, primero, por qué la queja del ex secretario Ahuja. Y, sobre todo, si fue real, y general, el llamado a la legalidad que lanzó el gobernador Cué a sus funcionarios, la noche del pasado jueves.
Pero vayamos primero al caso de Alfredo Ahuja. Éste, como ya bien lo habíamos establecido previamente, cometió un importante error de cálculo al exhibir donde no debía, los documentos que supuestamente lo acreditaban como profesionista. Esto generó que no solamente se despertara la suspicacia de quienes, en algunos medios informativos, no creyeron en la buena fe que se presupone en todas las personas, y acudieron a corroborar la veracidad del registro del documento, sino que también se reavivara la exigencia de respetar los requisitos que establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado para quienes desempeñen el cargo de Secretarios del Despacho en el gobierno local, la cual ya había sigo transgredida en un primer momento por el nombramiento y ratificación de la secretaria General de Gobierno, Irma Piñeyro Arias.
Tal parece que la queja del ya para entonces ex secretario Ahuja, estaba directamente relacionada con la forma en que se resolvió el caso de la secretaria Piñeyro. Ésta, a diferencia de Aquél, no sólo no presentó documento alguno que la acreditara como profesionista, sino que en esas condiciones fue ratificada por el Congreso del Estado, gracias a un arreglo político y una figura jurídicamente inexistente (la de “la dispensa” de requisitos que marca la ley), en la que, sin embargo, la fracción del Partido Convergencia votó en contra, por considerar que ello constituía una incongruencia.
Podría parecer, en esas condiciones, que Alfredo Ahuja podría tener razón en su queja. No obstante, más allá de cualquier posible desvío de la discusión de fondo, es evidente que él no dimitió del cargo por no contar con el requisito de la documentación profesional que exige la ley, sino porque, lo exigiera o no, es un acto profundamente inmoral, e inadmisible en todos los sentidos, y en cualquier actividad pública o privada, que una persona se ostente como profesional de cualquier rama, con documentos falsos. Así, en cualquier escenario, a cualquier nivel, y en cualquier responsabilidad, un servidor público que falsea documentos debe renunciar a sus responsabilidades.
LA LEY, ¿PAREJA?
Quizá abrumado por esta cadena de hechos, en el mismo acto en el que el Gobernador del Estado presentó al sustituto de Alfredo Ahuja, José Zorrilla de San Martín Diego, dijo que todos los funcionarios de su administración tenían un plazo de 24 horas para presentar la documentación que probara su calidad de profesionistas, o que de lo contrario todo aquel que no contara con los requisitos de ley debía renunciar a su cargo.
Esta fue, en dichos, una demostración fehaciente de la voluntad por la legalidad que tiene el gobernador Gabino Cué. Sólo que si eso ocurrió la noche del jueves, hasta el día siguiente se supo que el único funcionario que había aceptado separarse de su responsabilidad era Adelfo Regino Montes, quien tampoco cuenta con la patente que lo acredite como profesionista.
Sólo que mientras eso ocurría, el llamado “fuego amigo” —siempre existente en las mismas filas del gobierno estatal—, ya filtraba una lista de funcionarios de primer nivel que no cuentan con título y cédula profesional; y esa lista se nutría a cada momento gracias al provecho que del momento hicieron algunos de sus adversarios políticos que, desde el priismo, comenzaron a señalar a otros posibles candidatos a dejar sus cargos públicos por no poder acreditar su calidad de profesionistas.
Se espera, incluso, que a partir de hoy lunes pueda haber algún otro anuncio respecto a funcionarios que se separan de su cargo. En este sentido, ocurra o no ocurra esto último, ahora el gobierno estatal estará obligado no sólo a exigir que todos los funcionarios estatales cumplan con los requisitos de la Ley Orgánica referida, sino también a hacer pública esa lista, y privilegiar la transparencia para dar credibilidad a todos aquellos que por estos casos la han perdido.
Empero, en el fondo, lo que debe haber también es una implacable voluntad por la legalidad. ¿Qué pasará si, por ejemplo, se comprueba el señalamiento surgido desde el mismo gobierno estatal, en el sentido de que el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Benjamín Robles Montoya, no cuenta con título y cédula profesional? ¿O que los titulares de otras dependencias equiparables, se encuentren en el mismo caso?
DEBER MORAL
Es claro que, en estas condiciones, ya no puede haber ni secrecía ni reservas, y mucho menos “dispensas” o excepciones para quien no respete la ley. Incluso ahora, por un deber de moralidad, además de respeto a la legalidad, todos los que no cumplan con la ley están obligados a renunciar. Y el gobierno estatal debe ser el primero en privilegiar ese imperativo. No hacerlo, equivaldrá a demostrar que, en el fondo, desde el poder se concibe a la ley como un simple instrumento de dominación para el adversario, pero no como la guía que ordena a todos, y que por todos debe ser cumplida.
