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Gabino: con su gabinete dará pautas sobre la administración

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+ Integración de funcionarios: que aproveche bono democrático

Reiteradamente, el gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo, ha asegurado que integrará a su gabinete de trabajo a mujeres y hombres confiables, eficaces y honestos. Para ello, ha fijado algunas reglas que, dice, se cumplirán de modo estricto. Más allá de los anuncios y la retórica, es evidente que con la sola integración del gabinete, el nuevo gobierno marcará su rumbo, y definirá si subsisten o se erradican ciertas prácticas y decisiones que, en buena medida, fueron las que, en las urnas, reprobaron los ciudadanos al gobierno saliente, el pasado 4 de julio.

En las últimas semanas, el Gobernador Electo ha dicho, por ejemplo, que toda aquella persona que se integre a su gabinete, deberá demostrar capacidades, preparación profesional y experiencia, pero que además deberá pasar por la prueba del detector de mentiras, el antidoping, y la entrega de su declaración patrimonial. Eso fue lo que él mismo hizo cuando era candidato a Gobernador, para demostrar a la sociedad su confiabilidad, su salud, y su paso honesto por los diversos cargos que ha ocupado en la administración pública municipal, estatal y federal.

En principio, es claro que estas medidas iniciales fueron bien tomadas por la sociedad, y que, en la reproducción de la misma respecto a los funcionarios del nuevo gobierno, significarían también un avance sustancial, frente a la completa discrecionalidad que hoy priva en la designación de servidores públicos estatales. No obstante, si Gabino Cué de verdad pretende legitimar la integración de su gabinete, debería tener expectativas algo más elevadas. Quienes lo favorecieron con su voto, esperan mucho de él.

Pero vayamos por partes. Por mandato de la Constitución local, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado tiene la facultad de nombrar y remover libremente a los titulares de las dependencias de la administración pública estatal. A reserva del Secretario General de Gobierno (a quien el Gobernador nombra y destituye libremente, pero que necesita la autorización del Congreso para entrar en funciones, según los artículos 79 fracc. V, y 59 fracc. XXXIV), y del Procurador de Justicia (que es electo por el Legislativo de la terna que presenta el Ejecutivo, de acuerdo con el artículo 59, fracc. XXXIII), el Mandatario estatal tiene la facultad de integrar su gabinete del modo que mejor le parezca.

Hasta ahora, ese criterio de libertad ha sido utilizado en toda la dimensión de la palabra. La posibilidad que brinda el artículo 79 de la Constitución del Estado, sin embargo, ha sido utilizada no sólo con el criterio de la libertad absoluta para la conformación del gabinete de gobierno, sino también con un dejo permanente de discrecionalidad, e incluso de abusos en el nombramiento de personas no preparadas para los cargos (es decir, lo que comúnmente se conoce como cuatismo, compadrazgo, etcétera), que tienen conflictos de interés en cuanto a las funciones públicas que le fueron encomendadas y sus actividades como particular, o que su designación no responde más que al solo criterio del pago de las cuotas de poder que —casi con normalidad— ocurre entre los grupos políticos afines a la gubernatura.

Ejemplos de esto, en la administración actual, existen en abundancia. Pero también, y eso lo debe tomar en cuenta el gobernador electo Cué Monteagudo, entre quienes lo apoyaron para acceder al cargo que asumirá el próximo 1 de diciembre. Un gobierno verdaderamente de avanzada, por citar un ejemplo, no podría tener como encargado del transporte a una persona que pertenece a esa actividad como particular. Del mismo modo, no podría fungir como secretario de obras alguien que profesionalmente no está calificado para tal encargo. Y mucho menos podría nombrar a su secretario de Finanzas o al titular de Coplade, simplemente porque son sus amigos de confianza, por ser socios, o por ser simplemente “cuates”.

CAMBIO EFECTIVO

Por la sola referencia, y por el solo cambio de actitud que tanto se ha prometido, cuestiones como las antes descritas, simplemente serían inadmisibles por parte de la sociedad, y de muy alto costo para el nuevo gobierno. Sin embargo, alejándonos de esas posibilidades pedestres, es evidente que una verdadera actitud democrática, y con visión de evolución y cambio, debería llevar al gobierno de Cué Monteagudo a establecer criterios más claros y abundantes respecto a los requisitos y formas que deberán cumplir quienes aspiran a integrar su equipo de gobierno.

En el futuro, el gobernador Cué debería evitar dar señales contradictorias. Una de esas señales fue la que dio en la integración del comité de vigilancia del proceso de entrega-recepción entre las dos administraciones. Independientemente de que cada uno de los integrantes de ese órgano tiene cierta ascendencia y respecto por sus actividades y preparación profesional y política, es claro que nadie supo cómo llegaron hasta ahí. Es decir, que para un observador agudo, esas fueron designaciones estrictamente discrecionales, como las que dice el próximo Gobernador que no ocurrirán durante su sexenio.

Transparentar el proceso de selección, los requisitos y los pasos que deben seguir quienes integren el nuevo gobierno, daría una muestra de visión de avanzada, y de una verdadera voluntad política de cambio. Es cierto que la Constitución local dice que es facultad del gobernador nombrar y remover libremente a sus colaboradores. Pero esa, debe ser entendida como una facultad enunciativa, que puede ser ampliada por otros mecanismos de voluntad, más democráticos y transparentes. No necesita cambiar la ley, para que cambien para bien ciertas actitudes y decisiones que, además, legitimarían enormemente al nuevo gobierno. Y no sólo eso, sino que también darían pautas importantes para el futuro.

ENVIAR SEÑALES

Esa será una de las señales fundamentales que enviará el gobierno entrante, desde el primer día de su gestión. Si asegura tener una vocación auténtica de cambio, pero decide sostener ciertas prácticas tradicionales de la administración pública, entonces pronto comenzará a tener cuestionamientos. No se trata de revivir a los llamados “head hunters”, sino en que todos los que rodearán al gobernador Cué demuestren que están ahí no sólo porque son sus “cuates”, sino porque tienen capacidades probadas para desempeñar cargos públicos. No sólo hay que ser: también hay que parecer.

Reforma al sistema de justicia: ¿demagogia o avance legal?

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+ Contradicción: ¿reformas legales cuando “no hay dinero”?

En más de una ocasión, en este espacio se ha dado detalle sobre la conformación y reglas constitucionales que actualmente rigen al Poder Judicial del Estado, y a la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca. Cuando ello ha ocurrido, hemos remarcado el señalamiento sobre la necesidad apremiante de modernizar esas instituciones, para dotarlas de mecanismos de integración y funcionamiento más acordes a las necesidades democráticas actuales.

En todos esos momentos, la respuesta a los señalamientos ha sido el silencio. Sólo que ahora, por una circunstancia política y no por una auténtica voluntad democrática, sí se estaría planeando entrar a reformar esos entes, aunque no en los términos esperados. Estaríamos, pues, en el umbral de algo que lo mismo podría ser un avance importante en materia legal, que un acto terrible de demagogia y protección a un determinado grupo político.

¿Qué hemos dicho en otros momentos respecto al Poder Judicial del Estado, y a la Procuraduría estatal? Sintetizando: hemos establecido que las normas constitucionales que organizan y rigen al Poder Judicial datan de hace más de medio siglo sin modificaciones sustanciales; que, por eso, es avasallante la influencia y decisión del Titular del Poder Ejecutivo tanto en la conformación, como en el funcionamiento y los recursos económicos que recibe el mismo; que eso, en las circunstancias actuales, provoca que los órganos jurisdiccionales locales se encuentren en un estado de sumisión total a la figura del Gobernador.

Y que por esa razón, de existir una verdadera voluntad política por transformar las instituciones, entonces no tendrían que haber impulsado los llamados “juicios orales” —que es la gran bandera, ahora congelada, del magistrado presidente Héctor Anuar Mafud Mafud—, sin antes haber impulsado una reforma democratizadora profunda al Poder Judicial del Estado, que diera mayor certidumbre sobre su conformación y funcionamiento, y eliminara la presencia avasallante tanto de la discrecionalidad total que ahora reina, como del Gobernador en turno, que finalmente es quien decide políticamente por los juzgadores.

Del mismo modo, la Procuraduría General de Justicia del Estado necesita cambios profundos, aún cuando los rige una ley orgánica que data del presente sexenio. Para nadie que verdaderamente conoce el funcionamiento del Ministerio Público del Estado, es un secreto que la Procuraduría está convertida en un órgano desdentado, el cual perdió prácticamente todas sus capacidades de investigación y de reacción, y llevó a la inoperancia a otras áreas que antes sí tenían ciertos niveles de deficiencia. El principal problema, en todo eso, es que cualquier falla se magnifica ante la ausencia de voluntad política por emprender una verdadera labor de procuración de justicia.

Por esa razón, en el caso de la Procuraduría, lo que habría de entenderse con claridad es que novedad no es sinónimo de eficacia, y que por esa razón, si los diputados y los servidores públicos involucrados fueran más responsables, entonces tendrían que ir juntos por nuevas reformas que fortalecieran, y no que siguieran menoscabando, al sistema de procuración de justicia de nuestro estado.

¿REFORMAS EN PUERTA?

Existe una razón por la que traemos esos temas a colación: de acuerdo con algunos medios informativos de la capital del país, en el Congreso del Estado se estarían preparando sendas reformas constitucionales para prorrogar tanto la permanencia del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia —a la sazón, titular del Poder Judicial del Estado—, y de la procuradora María de la Luz Candelaria Chiñas.

Las razones, según se señalaba ayer en el periódico Reforma, en el que se refería un comunicado enviado por diputados electos de la coalición Unidos por la Paz y el Progreso, sería la de “asegurar” que dichas instancias no actuaran en contra de los funcionarios estatales salientes, por alguna de las cuentas judiciales que podrían tener pendientes. Es decir, que no se diera curso a posibles averiguaciones previas ni a procesos jurisdiccionales en su contra.

Esta posibilidad entraña diversas contradicciones para quienes pretenderían consolidar dichos cambios. Desde hace bastantes meses, es una constante en el discurso del Magistrado Presidente del TSJ, asegurar que dicho Poder no cuenta con los recursos suficientes para continuar la implementación de los llamados “juicios orales”. Tal aseveración, en realidad, lo que deja ver es que si no existen los recursos suficientes como para llevar a cabo una reforma constitucional prioritaria, mucho menos habrá para otras que para ellos simplemente no lo son.

¿De qué hablamos? De que, en este caso, emprender la creación de un Consejo de la Judicatura —o de alguna otra figura análoga, que clarificara y democratizara la integración de los órganos que integran el Poder Judicial del Estado— implica una inversión de recursos que no se tienen, y que tampoco se tenían contemplados para invertir. En el caso de la Procuraduría estatal, del mismo modo, tanto las inversiones reales, como el interés para fomentar una institución verdaderamente eficaz y eficiente en sus funciones, han ido de más a menos.

Frente a ello: ¿Cómo justificar la realización de una reforma supuestamente democratizadora? Y aún peor: ¿Cómo justificar que, frente a los abominables rezagos que existen en los rubros más sensibles tanto del Poder Judicial como de la Procuraduría, el grupo gobernante decida únicamente realizar reformas quirúrgicas que satisfagan ciertos intereses, pero que mantengan intocados los problemas y atrasos reales que pesan sobre esos entes? La respuesta a ello, se encontraría en quienes ahora mismo valoran la posibilidad de impulsar esas reformas. El Congreso ya se prepara. Como apuntamos ayer: todavía tienen varios ases bajo la manga.

MAL INFORMADO

Circula en un sitio web, una declaración del presidente del CDE del PAN, Carlos Moreno Alcántara ¡en la que asegura que el juicio político tiene como fin retirar el fuero constitucional a un funcionario, para que pueda ser procesado administrativa o penalmente por faltas o delitos cometidos! Vaya confusión, o ignorancia, del Líder panista: Confundir el juicio político con el juicio de procedencia. Qué bueno que ningún asunto de esos cayó en sus manos cuando fue diputado. Y qué mal que nadie le haya explicado las nada sutiles diferencias entre uno y otro procedimiento.

En dictamen final, ¿Suprema Corte no responsabilizó a URO?

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+ No responsabilidad: principal prevención para juicio político

Afirman quienes conocen a detalle el dictamen final emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en dicho engrose el pleno del Alto Tribunal no atribuyó responsabilidades, ni hizo señalamientos directos, en contra de quienes sí identificó como los servidores públicos principalmente participantes en el conflicto magisterial y popular ocurrido en Oaxaca en 2006. Por ello, según parece, en ese punto se encuentra la clave del inicio del procedimiento de juicio político que ahora mismo se desarrolla en el Congreso del Estado en contra del gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

Vayamos por partes. Como bien recordamos, porque lo hemos apuntado en otros momentos, el pleno de la Suprema Corte tiene la posibilidad de iniciar una investigación sobre la probable comisión de hechos que constituyan violaciones graves a las garantías individuales.

Este procedimiento, según lo establece el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de la República, puede iniciarse por iniciativa propia del Alto Tribunal, o cuando así lo solicitare el Presidente de la República, una de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el Gobernador de una entidad federativa.

El límite de dicha facultad, se encuentra en la sola posibilidad de averiguar los hechos y emitir un dictamen. Esto es, que para efectos constitucionales, escapa del ámbito de atribuciones de la Corte la posibilidad de establecer responsabilidades directas o hacer señalamientos sobre servidores públicos y civiles.

Si esto es así, ¿entonces por qué, en noviembre del año pasado, cuando el pleno de la Suprema Corte de Justicia discutió públicamente el proyecto de dictamen sobre el llamado “Caso Oaxaca”, resolvió que tanto el gobernador Ulises Ruiz, como otros seis ahora ex funcionarios del gobierno estatal, eran responsables por violaciones graves a las garantías individuales?

La razón de aquel posicionamiento verbal de los Ministros, quedó únicamente en su fuero interno. Pero según lo establece el engrose —que es la versión final, en la que se contiene también la resolución aprobada por los integrantes del Pleno—, los ministros no incurren en el establecimiento de responsabilidades. La razón de esta aparente omisión, se encuentra en el hecho de que esto los llevaría a sobrepasar su ámbito de atribuciones.

¿Por qué? Porque, en todo caso, el efecto que tiene el dictamen emitido por la Corte en base a las facultades que le confiere el segundo párrafo del artículo 97 constitucional, se convierte en una importante referencia —pero mera referencia al fin, por el carácter meramente enunciativo de dicho dictamen— para que los poderes legitimados procedan como corresponde a procesar y definir si esas violaciones graves a las garantías individuales, son motivo para que el servidor público en comento sea sometido a juicio político o, en su caso, le sea retirada la inmunidad constitucional para que pueda ser procesado libremente por los tribunales jurisdiccionales competentes.

Si en realidad el Congreso del Estado tomó como base lo establecido en el engrose del dictamen sobre el llamado Caso Oaxaca, entonces no hay mucho qué esperar. El asunto, para el Gobernador y los demás involucrados, pareciera ser mucho menos grave y complejo de lo que se podría esperar.

Y por eso mismo, el final de toda esta historia podría ser que, además de dejar cancelada toda posibilidad de reabrir otro procedimiento de esa naturaleza por los hechos del 2006, los procesados en juicio político por el Congreso del Estado tuvieran una sentencia favorable a sus intereses.

CONGRESO INDECOROSO

Para eso está sirviendo la agonizante LX Legislatura del Congreso del Estado: para allanar el camino de salida al grupo gobernante, y para legitimar una serie de pretensiones y hechos que, si bien no son estrictamente ilícitos, sí revelan el ánimo de tenderles un manto de imperturbabilidad —ocurra o no cualquier acto de molestia—, para el futuro. En ese sentido, el fondo de estos asuntos puede ser perfectamente confesable y explicable si se hace pasar por el tamiz de la legalidad; pero no si lo que se pretende es demostrar que esos son actos de congruencia y dignidad, de lo que se dice denominar un Poder del Estado, y no cuestiones de mero servilismo.

En ese sentido, existe un cuestionamiento de fondo que la mayoría tricolor de la actual Legislatura ha desatendido por completo: han sido groseramente incongruentes, entre las reformas impulsadas en las semanas recientes para dizque garantizar la pluralidad y la democracia en la toma de decisiones y el gobierno interior del Congreso, pero a la par de una actuación que pasará a la historia como una de las menos comprometidas con esos mismos principios, por una mayoría legislativa respecto al Poder Ejecutivo.

Los diputados actuales —los tricolores, particularmente— pueden decir libremente que esto es una vacilada, o un mero idealismo trasnochado. Pero si las funciones del Estado se encuentran divididas, es precisamente para unas se contrapongan y equilibren las posibles desviaciones y excesos de las demás. Empero, lo que ocurre actualmente es exactamente lo contrario: haya o no ilegalidades, y haya o no inmoralidades en el gobierno que termina, lo que la LX Legislatura deja ver, es un ánimo desbocado por eliminar todos esos problemas y cuestionamientos, que ellos mismos dicen que no existen.

Frente a esas actuaciones, de la LX Legislatura local puede ya esperarse cualquier cosa peor. Desprovistos de toda dignidad, han preferido terminar su función sirviendo a una mera causa partidista. Y, en este sentido, no sólo hay que ser, sino también parecer. Porque dicen que no existe nerviosismo por los cuestionamientos y juicios del futuro, pero hacen todo por manipularlos. Porque aseguran que las cuentas están claras, pero se apresurarán a revisar la última cuenta pública. Y porque si dicen que ésta será una transición transparente pero aún tienen ases inmorales bajo la manga, es, sin duda, porque las cosas no están tan bien como ellos mismos lo aseguran.

HONESTIDAD COMPROBABLE

Por cierto, ante las promesas de integrar un gobierno de profesionales y honestos, el gobernador electo Gabino Cué debería comenzar a establecer los métodos estrictos de selección —además del polígrafo y la declaración patrimonial— a los que someterá a sus próximos funcionarios. Para validar el ofrecimiento, el proceso de selección debería ser totalmente abierto a la sociedad. ¿O no?

Juicio Político vs URO: no es pantomima, pero tampoco justicia

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+ Objetivo: “Nadie puede ser juzgado dos veces por mismo delito”

La semana pasada, el Congreso del Estado inició el procedimiento de juicio político en contra del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Contrario aparentemente a toda lógica —es decir, que priistas enjuicien a sus correligionarios—, lo que parece estar buscando la LX Legislatura local, es dejar sellada toda la posibilidad importante, e incluso declarativa, de que sus sucesores revisen y sometan a juicio los hechos del pasado. Claramente parece ser eso, lo que se busca con dicho procedimiento.

Si, por principio, se pretende hacer un análisis estrictamente gramatical de los enunciados de la Constitución local, y de la federal, respecto al juicio político que puede seguirse en contra del Gobernador de una entidad federativa, parecen existir serias dudas e incluso contradicciones.

El artículo 117 de la Constitución local, establece qué servidores públicos pueden ser sujetos a dicho procedimiento, pero no enuncia al Gobernador del Estado. “Las sanciones —establece dicho artículo— consistirán en la destitución del servidor público y en su caso inhabilitación para desempeñar sus funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.”

Sin embargo, como se menciona en párrafos anteriores, la figura del Gobernador no aparece en la enunciación de los sujetos a dicho procedimiento. Es en la Constitución federal, en su artículo 110, donde se establece que “Los Gobernadores (…) sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.”

Esto, aparentemente, entraña serias contradicciones. Si la Constitución local no contempla al Gobernador como potencial sujeto de juicio político, y la federal manda a que sea el Congreso de la Unión quien radique el procedimiento de juicio político en contra de un Mandatario local, entonces podría suponerse que lo que ahora mismo realiza el Congreso del Estado es una vacilada, o un procedimiento erróneo.

Todo esto, sin embargo, está aclarado por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este sentido, el Alto Tribunal ha establecido que “que los gobernadores de los Estados pueden ser sujetos de juicio político por los motivos indicados [lo establecido en el artículo 110 de la Constitución federal], debiendo las Legislaturas Estatales emitir las normas reguladoras para la aplicación de las sanciones de destitución e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público, para el caso de comisión de conductas de esa índole por los mencionados funcionarios.” (Tesis: P./J. 1/2000; Registro No. 192345).

Además, en otros pronunciamientos (Tesis: P./J. 3/2000; Registro No. 192346), la Corte ha reprobado que las Constituciones locales excluyan a los Gobernadores de la posibilidad de ser sujetos a juicio político —como ocurre en el caso de Oaxaca, en su artículo 117—  debido a que “la Ley Fundamental los señala expresamente como sujetos de responsabilidad política (…) lo que debe ser establecido y regulado por las leyes de responsabilidad federal y de cada Estado, además de que no puede existir analogía entre el presidente de la República y los gobernadores (…), puesto que el primero tiene el carácter de representante del Estado mexicano, por lo que aparece inadecuado, en el ámbito de las relaciones internas e internacionales, que pueda ser sujeto de juicio político, situación que no ocurre con los depositarios del Poder Ejecutivo de los Estados, por no tener esa calidad.”

Y TODO ESO, ¿QUÉ?

Cualquier discusión o análisis serio de un asunto tan intrincado como este, debe primero explicar y entender la naturaleza y fundamentos de lo que está ocurriendo. Una vez entendido que el Gobernador  sí puede ser sujeto de juicio político por el Congreso local, aún cuando expresamente la Constitución local no lo contemple, debe ahora entenderse cuál es la razón para que todo esto ocurra justamente ahora.

El objeto del juicio político que se instauró en el Congreso local en contra del gobernador Ruiz, según lo publicado por la prensa en los últimos días, tiene por objeto que el Poder Legislativo del Estado proceda a conocer, y tomar como base, el pronunciamiento hecho en noviembre del año pasado por la Corte respecto al llamado “Caso Oaxaca”.

En dicha investigación, el pleno del Máximo Tribunal estableció que el Gobernador era, junto con algunos otros funcionarios, responsable por las violaciones graves a los derechos humanos que habían ocurrido durante el conflicto magisterial ocurrido aquí en 2006. De acuerdo con lo referido hasta ahora por la prensa local, ese pronunciamiento fue la base de la solicitud de juicio político que realizó el diputado Cristóbal Carmona en contra del gobernador Ruiz.

¿Por qué ese asunto en particular? Porque independientemente de la óptica con que se observe, ese es el tema que reviste mayores riesgos para todos los involucrados en el pronunciamiento de la Corte. Por ello, siguiendo análogamente el principio constitucional de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, se entiende que la actual Legislatura, de mayoría tricolor, estaría apresurada por conocer y resolver ese asunto, antes de dejarlo en mano de sus sucesores que, en conjunto, tienen una mayoría opositora.

Así, claramente, el objetivo que se estaría buscando es el de allanar toda posibilidad de que el próximo gobierno, y la próxima Legislatura local, en el futuro inicien procedimientos, y emitan sentencias y pronunciamientos de tipo político, que sigan minando la imagen y potestades de quienes ostentarán el gobierno hasta el 30 de noviembre próximo.

TSJE, “POBRE”

De nuevo, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Mafud, solicitó prorrogar la puesta en marcha de los llamados “juicios orales” en las regiones del Estado que correspondían al 2010. Dice que le dijeron, en la Secretaría de Finanzas, que no hay dinero. Faltan a la ley, y al objetivo que ha sido la bandera principal del actual Titular del Poder Judicial del Estado. Esto se llama ineficacia.

Ley SB 1070 frenada; Arizona, punta de una discusión actual

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+ Derechos Humanos: la clave está en su tutela constitucional

El 23 de abril pasado, la gobernadora del estado norteamericano de Arizona, Jan Brewer, promulgó la ley SB1070, la cual contemplaba la criminalización del estatus de inmigrante ilegal en ese estado, y también castigaba con pena de prisión a quien solicitara y brindara trabajo a personas con una calidad migratoria irregular. Luego de una fuerte polémica, hace tres días un tribunal federal de los Estados Unidos suspendió la aplicación de algunos de los aspectos más controversiales de dicha norma.

Como bien lo sabemos, y lo habíamos apuntado ya en otro momento, la ley SB1070 convertía a Arizona en la primera entidad de los Estados Unidos de Norteamérica en adoptar reglamentos federales de inmigración, y en acrecentar sus implicaciones al criminalizar otros aspectos relacionados con extranjeros indocumentados, tales como la sanción a los ciudadanos norteamericanos que empleen, alojen o presten ayuda a quienes no cuentan, en esa entidad, con una situación migratoria regular.

En ese sentido, era indudable que uno de los aspectos más controversiales de dicha norma se encuentra en la disposición que establece que los agentes policiacos de aquella entidad sureña de los Estados Unidos, podían solicitar documentación que acreditara la calidad migratoria regular de cualquier persona, cuando existiera la sospecha de que ésta podría ser un ilegal. Es decir, que autorizaba a requisar a cualquier persona solamente por su apariencia física, y sin necesidad previa de que ésta hubiera cometido una falta para poder ser molestado legalmente por la autoridad policiaca.

Ante tal conjunto de disposiciones, fue evidente el rechazo de amplios sectores de la población estadounidense, pero principalmente por los varios miles de latinoamericanos indocumentados y legales que viven en Arizona, y que por la sola promulgación de dicha ley serían molestados y obligados a portar los documentos que acreditaran su situación legal.

Los inmigrantes ilegales protestaban, con toda razón, porque esta sería la disposición directa que los obligaría a abandonar el territorio de aquel estado, o los haría una víctima potencial y permanente de molestias e intentos de extorsión convalidados por la autoridad. Los ciudadanos norteamericanos que también se sintieron ofendidos, fueron quienes tienen ascendencia y rasgos no anglosajones, y ahora, por ese solo hecho, habrían de ser nuevamente hostigados y, en buena medida, objeto de discriminación por parte de autoridades locales de Arizona.

Pero hubo un aspecto más. El mismo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama, es un icono de la lucha en contra de la desigualdad, los señalamientos y la discriminación por motivos raciales. El Mandatario es un afroamericano que prometió en campaña para revisar ciertas políticas sensibles para las minorías. Dos de ellas, fueron la relativa a continuar combatiendo con toda energía la discriminación de tipo racial. Y la segunda, someter a un proceso de revisión profunda las leyes de la materia, para explorar la posibilidad de una nueva reforma migratoria.

Así, ante todas esas circunstancias, el gobierno federal de los Estados Unidos presentó una demanda para solicitar la invalidación de la ley comentada. Apenas hubo una resolución, en la que la primera victoria fue para quienes defienden no sólo a los latinos, sino la preservación de los derechos humanos en aquella entidad y en toda la Unión Americana.

BATALLA LEGAL

Ayer, el periódico El Universal informaba lo siguiente: “En una primera victoria para el presidente estadounidense Barack Obama, la juez federal Susan R. Bolton decidió ayer bloquear parcialmente algunas de las disposiciones más polémicas de la ley antiinmigrante SB1070 de Arizona para evitar que las instituciones del gobierno federal pierdan su rol histórico en la regulación de la política migratoria y para impedir que los cuerpos policiales locales inicien una cacería de sospechosos de residir ilegalmente en ese estado.

“En una resolución de 36 páginas, la juez Bolton decidió poner en suspenso la parte de la ley que obligaba a los inmigrantes a portar sus documentos en todo momento y que convertía en delito que los trabajadores indocumentados soliciten o en su caso tengan empleos. El fallo de la juez es en respuesta directa a la demanda presentada por el Departamento de Justicia contra la ley Arizona; aún quedan seis demandas pendientes en contra de la legislación.

“En sus conclusiones, Bolton declaró que las citadas partes de la legislación deben quedar en suspenso hasta que los tribunales federales resuelvan sobre los problemas que conllevan. Unos problemas que, al menos para Bolton, no pueden obviar lo que ya ha establecido la Suprema Corte en casos precedentes y lo que dice la letra de la Constitución.”

¿Qué significa esto? Casi nada: que la discusión de fondo en este asunto se encuentra enmarcada por el respeto a ciertos derechos humanos que tienen el carácter de universales. Independientemente de que en México se denominen “garantías individuales”, en Estados Unidos estén contenidas en las enmiendas, o sean consideradas por la doctrina jurídica como derechos subjetivos públicos, lo cierto es que los derechos humanos son aplicables independientemente del marco jurídico, y conllevan el imperativo de ser respetados en todo tiempo, en todo lugar, y por toda autoridad.

La Gobernadora de Arizona asegura que promulgaron dicha ley para “ayudar” al gobierno federal de aquel país con la tarea de inmigración. Pero ni en esa, ni en ninguna otra democracia, parecen ser aceptables cambios legales regresivos. La Ley SB1070 hacía retroceder a todos aquellos que han luchado por la igualdad y el respeto a las minorías. Por esa razón, por la ponderación de los derechos humanos en los órganos jurisdiccionales, es que un tribunal federal decidió suspender la aplicación de los aspectos discriminatorios y segregacionistas contenidos en la Ley Arizona.

FANTASMAS HISTÓRICOS

El estadounidense común sí está transitando por periodos de regresión. Es lo que los está llevando nuevamente a su propio proteccionismo, y la búsqueda de posibilidades a través de las cuales pueda seguir aislándose y diferenciándose, de todos aquellos que no son iguales en raza o color, a ellos. La Ley Arizona fue un primer intento. Habrá varios más dentro de poco tiempo.

Escenario de confrontación, previsible riesgo para Oaxaca

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+ Cué: retos no son sólo con sus aliados, sino también con PRI

La aparente calma y civilidad con que está actuando el grupo gobernante que fue derrotado en las urnas el pasado cuatro de julio tiene, a decir de ellos mismos, una explicación lógica: este no es el momento aún para comenzar a cobrar las afrentas y verdaderamente “generar oposición” al nuevo gobierno que encabezará Gabino Cué Monteagudo. En efecto, pareciera que el PRI está apostando a una estrategia opositora de mediano y largo plazo que, no por ello, pretende ser moderada o moralmente aceptable. Entre muchos otros, ese es un reto que no debe eludir o menospreciar el próximo Gobernador del Estado.

En varias ocasiones, en este y otros espacios nos hemos preguntado cuál es la razón por la que, a pesar de la abrumadora derrota, los integrantes de la cúpula priista de Oaxaca se sienten tan tranquilos, tan confiados y hasta satisfechos. Una primera respuesta, que no es del todo aventurada y mucho menos equivocada, apunta a que los tricolores directamente derrotados —es decir, el grupo gobernante—, no termina de asimilar que dentro de unos cuatro meses el poder se les acabará, y que a partir de entonces, su presencia e influencia será muy relativa en la entidad. Varios de los integrantes de esa cúpula, viven con la idea errónea de que serán rescatados, cobijados y proveídos por el manto protector del priismo del Estado de México.

Una segunda respuesta, mucho menos visceral y emocional, apunta a que los tricolores están preparando una salida del poder más o menos decorosa, junto con un conjunto de alternativas ahora que serán partido de oposición. Esas alternativas apuntarían a establecer el impulso a una serie de acciones para acotar civilizadamente al nuevo gobierno, y obligarlo a emprender ciertas medidas —administrativas y legislativas— que endurecieran los mecanismos de fiscalización, que replantearan los equilibrios entre poderes, y que acotaran la influencia avasalladora que hoy tiene, tanto en la praxis como en el rango constitucional, el Poder Ejecutivo del Estado. Ante la falta de argumentos y propuestas en ese sentido, es previsible que ésta es también una respuesta no errónea, pero sí incompleta.

La que se aparece más cercana a la realidad, es aquella tercera respuesta que nadie en su sano juicio avalaría a pie juntillas, y que incluso no querría escuchar. Esta es la relativa a la posibilidad de convertirse no sólo en una oposición recalcitrante y poco civilizada, sino que además el grupo priista que fue derrotado se dedicara a generar todo tipo de traspiés al nuevo gobierno.

¿De qué hablamos? De casi nada: que a partir del 1 de diciembre próximo, un grupo importante de organizaciones sociales identificadas con el priismo, y con cierta influencia social, comenzaran a movilizarse para llamar la atención al nuevo gobierno, para hacerse presentes, y para hacerles notar que su paso por el gobierno no ha sido, y tampoco será para el nuevo gobernante, una tarea fácil. Acercarse a esta posibilidad, implica suponer que los meses, y años siguientes, serán de una tranquilidad endeble y de prolongados periodos de rispidez e incertidumbre.

Hay elementos para suponer que esta posibilidad es nada lejana. Tan sólo en las últimas semanas, luego de los comicios, hemos comenzado a ver una serie de movilizaciones de grupos inconformes y organizaciones que, en otros momentos, parecían estar más cerca de las posiciones e intereses oficiales, que de grupos en situación de inconformidad. Si la cúpula actual del tricolor decide —como es su derecho hacerlo— optar por esa vía, entonces estarán haciendo el trabajo menos civilizado y menos trascendente, pero sí el más eficaz en cuanto a la generación de oposición, conflictos y descrédito para el nuevo gobierno.

RETOS POLÍTICOS

Es lugar común asegurar que “el nuevo gobierno está lleno de retos”. Más allá de la retórica o los argumentos trillados, es evidente que una vez que asuma el cargo de gobernador, Gabino Cué Monteagudo tendrá frente a sí una compleja composición política en la entidad, en la que no sólo tendrá que buscar la cercanía, el arreglo y el entendimiento con las fuerzas políticas que lo llevaron a la gubernatura. Aunque parezca ilógico, aseguran quienes saben, que una verdadera demostración de inteligencia y altura política, sería dada si el nuevo gobernante se hiciera también cargo de todas las expresiones políticas identificadas con el priismo.

Un mal pensado puede deducir de esa afirmación, todo lo que le plazca. Sin embargo, lo que queda claro es que como gobernador, Cué Monteagudo debe tener el entendimiento suficiente como para considerar el tamaño de su oposición —es decir, un priismo que está respaldado nada menos que por 613 mil votos—, y la complejidad de conciliar los intereses de los partidos que hasta ahora lo apoyan.

Gobernar y entablar relaciones políticas en un marco de cerrazón o sectarismos, sólo le acarreará al gobernador Cué una fila interminable de problemas, que vendrán a anexarse a todos los que ya existen. El gran error de los gobernantes contemporáneos de Oaxaca y el país, es que han decidido ejercer las funciones del gobierno y del Estado en función primordialmente de sus partidarios, apoyadores o allegados. Dejar a la deriva tanto a esa cúpula opositora, como a las bases (así sea con la tercera parte de esos 600 mil votos) que lo respaldan, sería tanto como acelerar el proceso natural de desgaste que tendrá él, como lo tienen todos los gobernantes.

Si no se establecen estos delicados hilos de sostenimiento institucional, habrá caos y problemas interminables en Oaxaca. Aquí se pondrá verdaderamente a prueba la capacidad de diálogo e interlocución del nuevo gobierno, pero también la actitud opositora de las fuerzas que dicen saber gobernar mejor que nadie, pero que ahora fueron expulsadas del poder. La gobernabilidad responsable, eficaz y enmarcada en el estado de derecho, depende tanto de unos como de otros.

PÉSIMO PATRÓN

Hasta barato le ha salido al Comité Directivo Estatal del PRI la indemnización de cuatro millones de pesos que están obligados a pagar a cuatro trabajadores que fueron despedidos injustificadamente. El PRI, que dice ser defensor de la justicia social, es el peor patrón que pueda haber en Oaxaca. A los empleados del CDE se les paga siempre mal, tarde y sin ninguna responsabilidad laboral o prestaciones sociales. Que no se sorprendan, entonces. Esa es, apenas, una pizca de la justicia que no les han aplicado.

Industria turística: nos alegramos de poco, y no buscamos más

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+ Priistas: ante panorama, no deberían sentirse tan suficientes

Una vez pasada la euforia anual —e incluso lo que podría considerarse como una “borrachera”, en sentido figurado— del arribo masivo del turismo y las fiestas de la Guelaguetza, tanto la sociedad como el gobierno debería plantearse una interrogante que, a pesar del tiempo, continúa siendo actual, y está alejada de cualquier grilla o desorden político: ¿Vale la pena que la economía estatal dependa prácticamente al cien por ciento de la industria turística?

La pregunta no es menor. Porque el auge y desgracia de nuestra economía local, ha estado ligada a las circunstancias políticas que ha enfrentado la entidad en los últimos años. Podemos, en ese sentido, corroborar cómo los acontecimientos últimos han determinado la estabilidad y volatilidad de la industria turística, y cómo esto ha provocado daños que van más allá de las cifras, y que más bien se reflejan en el bienestar de decenas de miles de personas que, directa o indirectamente, dependen del turismo.

2006, en ese sentido, es paradigmático. A pesar de que aquel año era el de la celebración del bicentenario del natalicio de don Benito Juárez, que el Gobierno del Estado tenía importantes expectativas sobre el fomento y la estimulación a la actividad turística, y la comunidad entera esperaba el momento de las fiestas de julio para equilibrar, como cada año, sus finanzas propias, todo esto se vio exterminado por una ola de violencia e inestabilidad, que evidenció que la economía local está sustentada fundamentalmente en una industria, y que ante una eventualidad no existe un “plan B”.

Volteemos al pasado reciente, para recordar qué ocurrió en 2006 en relación a este asunto. En pocas palabras, puede apuntarse que el incorrecto manejo de las protestas magisteriales, y el efervescente momento político que se vivía por el desarrollo de las campañas presidenciales, derivaron en un conflicto que primero fue encabezado por los profesores de la Sección 22 del SNTE, pero que luego se estimuló y extendió hacia la población civil, que también tomó parte en las inconformidades.

Dichas inconformidades pronto derivaron en acciones importantes de presión social, que siempre estuvieron acompañadas de violencia y hostigamiento hacia los particulares. De junio a diciembre de aquel año, para los habitantes de Oaxaca no hubo un momento de tranquilidad. Más bien, se vivió un estado de sitio instaurado pero no declarado, y reiteradas jornadas de violencia y agresiones entre grupos contrarios.

Ante esos hechos, fue evidente que la paz —antes, incluso, que la verdad— fue la primera víctima de la revuelta magisterial y popular. El Gobierno del Estado fue absolutamente incapaz de contener tanto la violencia, como la agitación social. Los ánimos se encontraban completamente desbordados, ante la mirada del gobierno federal, que tampoco se veía dispuesto a intervenir en lo más mínimo. La violencia tuvo que escalar pisando los cadáveres de varias personas muertas durante el conflicto, para que el Estado asumiera su deber de intervenir en el asunto.

Mientras todo esto ocurría, hubo también varias víctimas colaterales. Una de ellas, derivada de la derrota de la paz, fue el turismo. Todo aquello que tenía que ver, directa o indirectamente, con ese rubro, se vio totalmente detenido, ante el “destierro” —o el “no recibimiento”— de miles de turistas que dejaron de acudir a los destinos de descanso locales.

Miles de empleos relacionados con esa actividad se esfumaron; la industria turística vio atónita cómo todos sus pilares se derrumbaron. El gobierno estatal brindó parcialmente la mano para sobrellevar la crisis. Y una vez que ésta fue superada, todos parecieron olvidar aquel episodio que tantas lecciones debió haberles dejado no a ellos, sino a todos los oaxaqueños respecto a nuestra economía local.

DIVERSIFICACIÓN CANCELADA

Este año, como todos, existe “satisfacción” tanto en el sector oficial, como en la industria turística, por las cifras de derrama económica y ocupación hotelera y de servicios alcanzada. Los empresarios del ramo están en su derecho de sentirse satisfechos por ello. Pero el gobierno debería tener una visión más amplia, no para abandonar el fomento al turismo, sino más bien para establecer rutas alternas para nuestra economía.

El problema común ha sido que todas las apuestas se han hecho a un solo rubro. 2006 demostró que la inexistencia de un “plan B” tiene costos no sólo para quienes invierten y conducen la industria turística, sino que la mayor parte de esas consecuencias las enfrentan quienes se emplean en esas actividades que directamente atienden al turista, o que indirectamente dependen de éste.

Tal discusión debía ser no un tema de aburrimiento. Particularmente, si el nuevo gobierno ha manifestado su voluntad por escuchar todos los planteamientos y tomar como suyos los que revistan mayor trascendencia, bien deberían replantear ciertos factores de la economía para que Oaxaca deje de depender fundamentalmente del empleo gubernamental, y del turismo. No se trata, reiterando, de que se abandone a esta industria. Al contrario. Se debe estimular cada vez con mayor ahínco y recursos. Pero deberíamos no resignarnos a explotar, y a sentirnos orgullosos de una sola actividad, cuando está claro que una entidad como la nuestra puede tener varios y diversos polos para el desarrollo.

Seguir fomentando una sola actividad, parece hoy tanto como negar que Oaxaca tiene otros potenciales además del turístico, para sostener su economía. Habría que tomar con seriedad estos planteamientos, y comenzar también a transformar esa visión localista y reduccionista que dice que la nuestra puede ser únicamente una tierra de visitantes. No deberíamos darnos el lujo de que otra eventualidad, como la de 2006, nos lleve a colapsar de nuevo.

SUFICIENCIA, ¿POR QUÉ?

A pesar de su derrota y la complicada circunstancia que les espera, a prácticamente toda la cúpula priista se le ve despreocupada y, hasta confiada y suficiente. Es, dicen, una actitud que secundan de su Jefe Político. No entienden una circunstancia: él está tranquilo porque está a punto de terminar con la más importante de sus responsabilidades. Y al ocurrir eso, estará más allá de la circunstancia local. Pero ellos, su cúpula, se quedarán. Y absorberán la derrota. Y, confrontados, tendrán que actuar como oposición, sin recursos, sin poder, y sin reflectores. ¿No lo ven?

Jefe Diego: reiteración sobre guerrilla desvía la atención

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+ Autores del crimen: ¿delincuentes con forma ­de subversivos?

Enviada como una prueba más de vida, pero también del secuestro brutal de que es objeto, la tarde del pasado lunes fue dada a conocer una nueva imagen del abogado y político mexicano Diego Fernández de Cevallos en cautiverio, por un grupo delincuencial que se hace llamar “Los misteriosos desaparecedores”. Casi de inmediato, fuentes cercanas a la inteligencia civil y militar del gobierno federal, nuevamente deslizaron la posibilidad de que este secuestro en particular, sea obra de un grupo guerrillero y no de una banda criminal. Aunque en un primer momento esa presunción podría estar sustentada con razones, parece claro que más bien todo es producto de una confusión que bien podría ser deliberada.

Para entender los dos polos de este asunto, es necesario ir por partes. En primer término, es necesario dilucidar y entender las razones por las que el gobierno federal sospecha, o aparenta sospechar, de algún grupo guerrillero. Prácticamente desde el surgimiento de las principales organizaciones subversivas en México —ocurrido entre finales de la década de los sesentas, y principios de la siguiente—, éstas se valieron, como una de sus principales fuentes de financiamiento, presencia, y presión política al gobierno, de la ejecución de secuestros de alto impacto.

En dichas acciones, las organizaciones armadas no sólo lograban poner en jaque al gobierno —porque, en la mayoría de los casos, era imposible dar con los captores, y porque las células guerrilleras actuaban con un alto grado de eficiencia en la preservación de sus propias condiciones de seguridad—, sino que, además, los grupos que perpetraban esas acciones de alto impacto, obtenían dividendos políticos y grandes sumas de dinero para continuar su lucha.

Así, en un primer momento, este parece ser el caso del secuestro del llamado Jefe Diego. Visto desde esa óptica primaria, este hecho reuniría todas las características que antes se han mencionado. Por ser un político de gran calado dentro del Partido Acción Nacional, ex senador de la República y ex candidato presidencial, además de un hombre que ha litigado algunos de los casos más redituables del país para cualquier abogado, Fernández de Cevallos parecería ser el blanco perfecto de uno de esos secuestros de alto impacto que en antaño perpetraban algunas organizaciones armadas.

Por si eso fuera poco, en sí mismo el secuestro fue perpetrado con un alto grado de eficacia. Tanto en la ejecución inicial, consistente en privar de la libertad al individuo, como en toda la logística y acciones posteriores, consistentes en la preservación con vida y relativa salud del secuestrado, en un lugar seguro e infranqueable, y a salvo todos de cualquier posibilidad de detección por parte de los órganos de inteligencia civil y militar del gobierno federal, este secuestro reuniría todas las características de una acción orquestada desde la guerrilla.

Esta versión podría ser correcta en todas sus vertientes, salvo por algunas cuestiones. Una de ellas, la principal, es que en los casi 80 días que han transcurridos desde el pasado 14 de mayo, cuando Fernández de Cevallos desapareció, la organización guerrillera del país que aparecía como principal sospechosa de la acción (el Ejército Popular Revolucionario, por ser el mejor articulado y el que tendría mayor capacidad para perpetrar una acción de esta envergadura), se ha deslindado reiteradamente de los señalamientos. Al contrario: ha condenado el hecho, ha manifestado solidaridad con la víctima, y ha puntualizado en innumerables ocasiones, que desde hace una década ellos tienen descartado el secuestro como una forma de financiamiento para sus operaciones insurgentes.

Además, hasta ahora no ha habido un solo pronunciamiento formal de tipo político respecto al plagio. Las organizaciones de tipo subversivo, además de las exigencias económicas que podrían realizar a los familiares de un secuestrado, también tendrían como una prioridad el establecer un marco de exigencias o de reivindicaciones respecto a la acción que estarían perpetrando. El secuestro del abogado, sin embargo, no reviste hasta el momento ninguna de las características antes señaladas.

GRUPO MIMETIZADO

Es probable que un hecho no tenga nada que ver con otro. Pero si se recuerda, entre junio y septiembre de 2007, los hermanos Cerezo Contreras recibieron por lo menos tres cartas vía correo electrónico, en las que un supuesto grupo contrario les demostraba, con un lenguaje mordaz, altisonante e irónico, que ellos eran los responsables por la desaparición de los militantes eperristas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

Es probable, como decimos, que no haya ninguna conexión entre aquellas cartas y el boletín que recientemente envió el grupo “Misteriosos desaparecedores” como carta de presentación a las pruebas de vida del abogado Fernández de Cevallos. Sin embargo, la ironía y sagacidad de unos y otros, bien podría llevar a pensar que alguna referencia existe entre ellos.

Pero también puede ser algo más, que sería mucho más grave. Esto es, que el secuestro de Fernández de Cevallos en realidad fuera la prueba que el Estado estaba esperando para corroborar que, en efecto, existen grupos que pasaron de la ideología política a la acción criminal, o que éstos últimos ya aprendieron las técnicas perfeccionadas de la guerrilla para cometer sus ilícitos. Es decir, que éstos podrían ser guerrilleros metidos a bandoleros, o criminales que ya ocupan técnicas perfeccionadas de guerrilla.

En todo esto, el gobierno parece cumplir con sus obligaciones al no meterse en las pesquisas. Con su silencio, en realidad, evade una responsabilidad de fondo, que radica en la mimetización de los grupos que azotan y cometen delitos en contra del país.

SE ENGAÑAN SOLOS

A los priistas oaxaqueños no les gustó que el secretario General del CEN del PRI, Jesús Murillo Karam, dijera algo que no es del todo falso: que las derrotas sufridas el 4 de julio tuvieron como telón de fondo una incorrecta selección de sus candidatos. ¿A poco Eviel Pérez Magaña cree que él es el centro de todo? Al menos en Oaxaca, la derrota tricolor se fraguó no sólo porque él fuera un mal candidato, o por los factores externos, sino porque sus “leales” eligieron mal a los candidatos a diputados y presidentes municipales. ¿No cuentan la venta, extorsiones e imposiciones de candidaturas? Por favor.

Entrega-recepción: premura por afrentas políticas, no por cuentas

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+ Transmisión inédita: el origen del desacuerdo y la disputa

Ayer, el gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo, presentó y dio posesión a un grupo de personas que conforman sendos Consejos, ciudadano, asesor y técnico, que se encargarán de conducir y vigilar los trabajos de entrega-recepción entre el actual y el nuevo gobierno. Junto con ello, anunció que enviaría una carta al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, en la que lo invitaría a ajustar ciertos aspectos del decreto que, para esos efectos, ya fue publicado en el Periódico Oficial del Estado. Ante la insistencia sobre el tema de la transmisión del Poder Ejecutivo, vale la pena analizar el contexto, los mitos que se han creado alrededor de dicha tarea, y las posibilidades reales de entablar un proceso de entrega-recepción en las condiciones actuales.

Hoy, ante cada insinuación al respecto, queda más que claro que el nuevo gobierno tiene prisa por comenzar a revisar el estado que guarda la administración pública de la entidad, y que el gobierno saliente tiene todo el ánimo de retrasar dicho proceso.

En sus respectivas posiciones, cada uno de los actores involucrados tiene parcial razón. Los que conforman el gobierno de Cué Monteagudo, aciertan al asegurar que se debía de conformar el proceso de transmisión del Poder Ejecutivo bajo reglas y procedimientos más claros y menos premurosos que los hasta ahora anunciados. Quienes tienen bajo su potestad la administración gubernamental, afirman con razón que el periodo de gobierno culmina el próximo 30 de noviembre, que será hasta fechas cercanas a ese lapso, que iniciará el proceso de entrega-recepción, y que habrá, posteriormente, otro lapso de tiempo para aclarar los puntos oscuros que quedaren sobre dicho procedimiento.

En la misma proporción, ambos grupos parecerían estar en lo correcto… o equivocados. Quienes integran el gobierno entrante, observan con sospecha las dilaciones deliberadas que han asentado sus contrapartes, como una forma de ganar tiempo para sanear cuentas que posiblemente tuvieran problemas; del mismo modo, quienes integran el gobierno saliente, observan aparentemente extrañados, cómo las personas a quienes les entregarán la administración manifiestan cierta prisa por recibir cuentas, cuando el nuevo Mandatario ni siquiera goza consolidadamente de la calidad de Gobernador Electo.

Así, frente a todas estas razones, lo que esto resulta ser es un engañoso juego de espejos. Es así, porque todos están tratando de generar percepciones que ni son del todo correctas, pero tampoco son del todo equivocadas. ¿Por qué?

Porque sería ingenuo suponer, para cualquiera de las dos partes, que la responsabilidad de un nuevo gobierno podría iniciar aún cuando tienen todavía asuntos pendientes que resolver ante los tribunales en materia electoral; y porque sería del mismo modo poco serio suponer, para quienes se encuentran en “la cancha” del gobierno saliente, que su responsabilidad administrativa, penal o política por su desempeño como funcionarios públicos, se extingue al dejar el cargo.

Así, lo que parece claro es que este proceso de entrega-recepción está sirviendo como un arma política para enviarse mensajes recíprocos sobre sus respectivas actuaciones futuras. No existe otro motivo, además del golpeteo y los amagues, para que, unos y otros, apuren o dilaten una cuestión que irremediablemente tendrá que ocurrir, y sobre la cual de todos modos quedarán sembradas dudas, cuestionamientos y posibles persecuciones.

RESPONSABILIDAD REAL

El escenario político estatal tras la sucesión resulta ser inédito, porque en Oaxaca hubo no una competencia, sino una guerra por el gobierno estatal. El proceso de transmisión del Poder Ejecutivo de la entidad, no podría compararse con ningún otro de la República en la última década, porque tanto Oaxaca como Puebla y Sinaloa son escenarios que resultan ser consecuencia del que es el proceso sucesorio más complejo, competido y confrontado que podría haber ocurrido en el país.

Veamos si no. En 2000, el Partido Acción Nacional le ganó la Presidencia de la República a un Revolucionario Institucional que, bajo la batuta del presidente Ernesto Zedillo, había perdido toda su esencia y, en sentido llano, parecía que se había dejado perder; en diversas entidades de la República, el tricolor y otras fuerzas políticas han perdido sus respectivas hegemonías luego de complicados procesos de agotamiento interno.

En poquísimas ocasiones había ocurrido una elección en la que se enfrentara el Presidente de la República, como dirigente y operador electoral de su Partido (Felipe Calderón en relación al PAN), contra un priista de pura cepa, y también jefe indiscutible y operador electoral probado de su partido, como lo fue el gobernador Ulises Ruiz, en Oaxaca. Además de ello, aquí se enfrentó lo más puro del pragmatismo y la conveniencia de las fuerzas políticas, y se resolvió del modo más cuestionable —para la democracia— cuáles serán las nuevas reglas de la participación de los partidos en los procesos electorales locales y federales.

Esas son, apenas, algunas de las razones que hacen tan compleja esta transmisión de poderes. Aquí sí existen rencores y ánimos mutuos de revancha. Por eso, el proceso de entrega-recepción es visto lo mismo como algo que debe dilatarse lo más posible, que como algo que debería comenzar a ocurrir para revisar los ejercicios anteriores inmediatos.

Nadie debería irse con la finta. El proceso de entrega-recepción, en realidad, resulta ser un mero trámite, que se complementa con otros ejercicios de fiscalización y revisión de mucho mayor calado. La responsabilidad de los servidores públicos salientes no comenzará a extinguirse sino pasado un año luego de haber abandonado sus respectivos cargos. Así, los funcionarios entrantes tendrán mucho tiempo, mucha paciencia, y posibilidad de moverse a sus anchas, para revisar con lupa un ejercicio que, ciertamente, es tan sospechoso que merece ser revisado, por tantos excesos cometidos en los últimos años.

Así, tendrían, todos, que revisar tanto la Constitución local, la federal, y las respectivas leyes de responsabilidad de los servidores públicos. Ahí, y no en la entrega-recepción, está la clave de todo.

ACARREO

Si se supone que la Guelaguetza tiene una conformación actual específica para que la admiren los visitantes, llamó la atención la presencia mayoritaria de empleados del Gobierno del Estado. Con tanta invitación forzada, ¿cómo no se iba a llenar el estado Benito Juárez?

Gabino vs. PRI: guerra de largo plazo que a todos perjudica

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+ Frentes de lucha abiertos, sin más utilidad que el golpeteo

La contienda electoral fue sólo el inicio de la larga guerra que, se espera, ocurra entre el actual grupo gobernante y la élite de Gabino Cué Monteagudo, que tomará las riendas de la entidad a partir del próximo 1 de diciembre. Hasta ahora, ante la natural falta de entendimiento, se abrieron frentes de guerra que ya se miran como auténticos callejones sin salida. Lo peor es que, si en ninguno de los dos bandos calculan la intensidad de esa batalla, y sus consecuencias, harán de Oaxaca un territorio convulso e ingobernable.

Parecía hasta sospechoso el estoicismo con que el PRI asumió la derrota electoral, el pasado 5 de julio. Apenas dos días después de los comicios, el virtual Gobernador Electo dio algunas muestras discursivas de prudencia, pero anunció la creación de un equipo de transición, además de emplazar al gobernador Ulises Ruiz a que, en el lapso de un par de semanas, integrara un equipo que sirviera de enlace con sus enviados.

Ese pareció ser el punto que rompió la fantasía del estoicismo de unos, y la prudencia de los otros. Ante la insistencia de los colaboradores de Cué, el gobernador Ruiz salió al paso para asegurar que su gobierno termina el 30 de noviembre, y que será hasta llegado ese mes que se conformará un equipo que coordine las tareas de entrega-recepción con la nueva administración. ¿Por qué se rompió la aparente calma? Porque más allá de cualquier promesa de civilidad, en todos comienza a aflorar un ánimo de confrontación que parece ser riesgoso e irreconciliable. Veamos por qué.

A partir de la disputa por la entrega-recepción, ambos grupos se han lanzado diversos obuses que no pasan inadvertidos. El llamado a comenzar los trabajos de transición, eran impertinentes aún porque, para efectos formales, el proceso electoral —que se encuentra en la etapa de impugnaciones ante los órganos jurisdiccionales competentes— aún no termina. Al no estar concluido, y haber cuestiones pendientes de determinar sobre la elección de Gobernador, entonces Cué aún no tiene plenamente la calidad de gobernador electo.

Sin embargo, parecía claro que más allá de cualquier imprudencia, lo que el equipo de Cué buscó con ese llamado, fue incrustar en la opinión pública el cuestionamiento de por qué el gobierno actual se niega a comenzar el proceso de entrega. Los aliancistas saben que no están aún legitimados para exigir cuentas, ni que les sea entregado el gobierno —y eso fue lo que puntualizó el Gobernador en su mensaje del pasado 14 de julio. Pero con sus acciones (manipuladas), lo que sí lograron fue asentar la idea de que el gobierno de Ruiz Ortiz está “limpiando la casa”, en lugar de mostrar disposición para iniciar el proceso de transición.

¿Y el PRI se ha mantenido cruzado de brazos? Evidentemente no. En los más de 20 días que han transcurrido luego de la jornada electoral, comenzamos a ver cómo paulatinamente comienza a revivir cierto grado de convulsión social, que no debemos perder de vista, y que ya se manifiesta en el cierre de calles, obstrucción de carreteras, manifestaciones, y demás; pero perpetrado todo esto por grupos que hasta hace un mes eran afines al Gobierno del Estado.

Al mismo tiempo, y al ya estar desprovistos de cualquier cuestionamiento o pago de costos políticos —porque lo que podían perder frente a los electores, ya lo perdieron— los todavía diputados priistas en el Congreso del Estado ya delinearon el rumbo de cómo se va a conducir la oposición tricolor frente al nuevo gobierno. Saben que desde ahí es donde se darán las batallas más importantes. Y por eso han apurado los cambios en la organización del Poder Legislativo, y en algunas de las atribuciones que a partir de ahora tendrán y harán valer a partir de su posición de bancada mayoritaria, pero como partido de oposición.

GOBIERNO CAUTO

Si este nivel de crispación continúa —como bien podría ocurrir—, lo que viviremos en los meses próximos será una reedición del caos. La visión real de no pocos de quienes asumirán —o reasumirán— el poder a partir del 1 de diciembre, se centra en la persecución a ciertos personajes del actual régimen, en la legitimación popular a base de golpes judiciales espectaculares, y a la revisión escrupulosa que culmine con la persecución de funcionarios corruptos.

Frente a ellos, la visión priista es mucho más pragmática, pero igualmente contundente: para ellos, la derrota del pasado 4 de julio es un descalabro relativo. Todos han declarado que van por el 2012 porque, efectivamente, ese es el punto en que pretenden centrar su venganza y persecución a quienes los apabullaron recientemente.

El razonamiento tricolor es sencillo. Cuando ganen la elección presidencial, tendrán la posibilidad de cobrar —a Cué y los partidos que lo apoyaron— tanto las afrentas como la persecución política de que fueron objeto en 2006, las descalificaciones posteriores al régimen gobernante en Oaxaca, e incluso las cobardías e ilegalidades con las que, dicen, ahora les ganaron la gubernatura.

Ninguna de esas dos visiones pasa por la prudencia. Al contrario. Mientras ocurre uno u otro escenario, lo que quedará en medio es Oaxaca, con todos los problemas que unos y otros se fabriquen para llenarse de piedras el camino. Lo más seguro es que veamos un gobierno con importantes tintes de persecución, y a una oposición priista recalcitrantemente vengativa, provocadora de conflictos, y capaz de bloquear cualquier acuerdo o avance importante en el Congreso del Estado.

Como ninguno de los dos grupos está indefenso, ambos harán todo, y se valdrán de todo, para atacarse. El problema es que en su riña, le subirán el tono a los problemas de la entidad. Y eso, en global, dejará ver el verdadero rostro de los partidos y sus integrantes, así como lo engañosas que habrían sido aquellas promesas tanto de transformación, como de paz y progreso.

CIUDAD BACHE

El gobierno estatal ha gastado cantidades millonarias en la rehabilitación de algunas calles del Centro Histórico. Pero mientras, en toda la ciudad, miles de baches se hacen más grandes todos los días, y se acentúan en la temporada de lluvias. Muchos de ellos datan desde 2006, cuando las llantas quemadas en las barricadas derretían el asfalto. Y la Secretaría de Obras, y los Ayuntamientos de Oaxaca y municipios conurbados, hacen nada para atender este visible problema.