+ Granados Chapa, las negaciones y la realidad

El pasado 23 de enero, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa anunció, en su columna Plaza Pública del periódico Reforma, que Televisa compraría la compañía de telefonía celular Iusacell, propiedad de Grupo Salinas, quien a su vez es dueño de su principal competidor en el ramo de la comunicación, Televisión Azteca. La noticia causó revuelo, por la importancia que revestía el hecho de que los dos gigantes de la televisión mexicana se unieran para hacer frente al poder de las empresas de telefonía fija y móvil de Carlos Slim. Era, por así decirlo, el principio de una guerra en la que se enfrentarían dos de los principales —y más representativos— monopolios de nuestra nación mexicana.

Hace dos meses, cuando Granados Chapa dio la primicia de esa operación entre Televisa y Grupo Salinas decía que: “Si no puedes vencer a tu enemigo, recomienda un refrán, únetele. Y si puedes, mejor cómpralo. Esa fórmula se aplicó esta semana, cuando Televisa adquirió la totalidad de acciones de Iusacell, la empresa que en busca de su propio provecho presentó más de 40 recursos legales contra la licitación 21, confeccionada a favor del consorcio Azcárraga. Esa operación jurídica, y política, de la que se da cuenta en esta columna antes que en ninguno otro lugar, permitirá a Televisa además de desembarazarse de su principal adversario en tribunales, contar de golpe y porrazo con 53 megahercios del espectro radioeléctrico, los que posee Iusacell.”

En aquella columna, Granados Chapa daba cuenta de una serie de acuerdos no sólo comerciales entre ambas empresas, sino también de la construcción de los consensos políticos necesarios para hacer transitar una operación debe pasar por el aval del gobierno federal. En ese sentido, el Periodista daba cuenta de dos potenciales signos claros de la construcción de ese acuerdo, tanto interno como externo entre Televisa, Grupo Salinas y el gobierno federal.

Hacía referencia, en ese sentido, a un encuentro habido entre el presidente Felipe Calderón y los principales ejecutivos de Televisa, encabezados por Emilio Azcárraga, en Punta Mita, un elegante balneario de Nayarit, en el que habrían acordado esta “monumental operación”, como también la denominó Granados Chapa.

El otro punto al que hacía referencia, fue que por esas mismas fechas ocurrió la salida de las filas de Televisión Azteca de la conductora peruana Laura Bozzo, quien debutaría justo al día siguiente de la aparición de aquella entrega de Plaza Pública (24 de enero) como la conductora principal de Televisa.

“En otros momentos, sonsacar a una estrella de la televisión era tenido por la competidora como una declaración de guerra. Hoy, al contrario, la transferencia de la locutora peruana (que tuvo dificultades con la justicia de su país a causa de su relación con Vladimiro Montesinos, la eminencia negra del dictador Alberto Fujimori) ha ocurrido con tersura, como ocurren las mudanzas de las estrellas del futbol, ámbito de negocios en que los integrantes del nuevo acuerdo también tienen intereses complementarios.”

Sin embargo, las ventajas reales de aquel negocio iban mucho más allá de las posibles presentadoras de programas tipo talk show.

GRAN NEGOCIO

La potencial operación de Televisa y Grupo Salinas se inscribía no sólo en la guerra que habían librado en los últimos años esos dos grupos por el control de las nuevas frecuencias del espectro radioeléctrico que habría de concesionar el gobierno federal, sino también en la nueva batalla que libran esos dos consorcios —y que hoy está del todo abierta— en contra del Grupo Carso.

La cuestión es simple: Las televisoras desean entrar con fuerza al negocio de la telefonía, y las empresas de Carlos Slim desean incursionar en el ámbito de la televisión. El problema es que ambas son actividades monopólicas en México. Y es que si existe alguna razón poderosa para que no existan ni más compañías telefónicas ni más empresas televisivas en México, es justamente la negativa de Televisa y Azteca, por un lado, y de Telmex y Telcel, por el otro, a permitir que existan más competidores.

Por todo eso, Granados Chapa establecía lo siguiente: “La nueva situación le permitiría asociarse (a Televisa) de nuevo a Nextel, con lo que eliminaría otro riesgo, el que se deriva de que pudiera cancelarse la concesión que estaba en juego en la licitación 21. Ésta se resolvió a favor de una persona jurídica compuesta por esas dos empresas, por lo que al retirarse Televisa desapareció la solicitante (luego titular) de la concesión, fragilidad que podría conducir a la obligación de reponer la licitación, riesgo que se suprimiría con el retorno de Azcárraga a la sociedad con Nextel.

“Iusacell pasó en dos décadas de ser la pionera y la más importante empresa de telefonía celular a ser superada por Telcel y Telefónica. Creada por el dinámico Alejo Peralta como parte de su imperio relacionado con instalaciones eléctricas (Iusa), Iusacell fue adquirida en junio de 2003 por el Grupo Salinas en sólo 10 millones de dólares, cifra irrisoria que se explica porque en la misma operación ese grupo se hizo cargo de su deuda de 800 millones de dólares. Una deficiente gestión previa, y posterior a esa compra, condujo a Iusacell a la paradoja de que su principal producto en el mercado fuera la porción de espectro radioeléctrico que poseía y deseaba vender, dado que el número de sus usuarios quedaba servido por sólo una fracción del bien que tenía concesionado.

“La licitación 21 fue diseñada para contener a Iusacell y ensanchar los horizontes de Televisa. ¡Cuán dilatado es ahora su ámbito cuando en una sola operación compró el silencio de su adversario y al adversario mismo, con su patrimonio a cuestas!”

¿NO QUE NO?

Cuando Granados Chapa dijo todo eso en enero, de inmediato Televisa y Grupo Salinas desmintieron la versión. El periodista se disculpó, sin retractarse, por haber incurrido en la omisión de no consultar a las fuentes aludidas “omisión motivada por la firme confianza que me merece la fuente de que abrevé esa información”, explicó. Sólo que pasados apenas dos meses, el tiempo le dio la razón. El pasado miércoles, ambos grupos anunciaron la sociedad que involucra directamente a Iusacell. Tal parece que se siguen armando para luchar contra Telmex. El problema es que, globalmente, no parecen ser muchos los beneficios que esto pueda traer al usuario final. Ojalá que esta guerra de titanes no termine haciendo sino acentuar los monopolios que tanto daño le han hecho a México.

+ Justa dimensión: inservible, sin voluntad de cambio

Independientemente del contenido de la reforma constitucional, aprobada la noche del miércoles por unanimidad en el Congreso del Estado, es evidente que con ello gana Oaxaca.

Y no es que con esa sola modificación al Texto Fundamental las cosas vayan a cambiar, o que eso constituya el remedio eficaz a todos los males de la entidad. En realidad, gana la entidad porque éste constituyó un ejercicio democrático que debía ser el punto de partida para el consenso y los acuerdos entre fuerzas políticas, y no una sola práctica aislada. Finalmente, parece que más allá de lo que fue aprobado, todas las fuerzas políticas abonaron su legitimidad frente a sí mismos, y frente a los ciudadanos. Veamos por qué.

Podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que es no solamente erróneo, sino temerario, aquel planteamiento tantas veces citado por el Gobierno del Estado, y los partidos que conforman la coalición legislativa en el Congreso, respecto a que con esta reforma constitucional se pasa de la simple alternancia de partidos en el poder, a un auténtico proceso de transición democrática. Se equivocan porque este conjunto de modificaciones apenas si alcanzó a ser el inicio de un proceso de reconfiguración institucional que ahora debe continuar con la materialización de auténticos cambios de fondo.

En este sentido, debemos ser muy claros para no caer en maniqueísmos desafortunados. La reforma constitucional, no abona por sí sola a la transición democrática, porque lo más que se llegó a concretar, fue un replanteamiento de las facultades que tienen los poderes constituidos y los órganos autónomos.

Esto porque más allá de cualquier apasionamiento político o partidista, queda claro que lo hecho no será suficiente ni para disminuir la enorme influencia política que tiene el Poder Ejecutivo sobre los demás entes de gobierno, ni para evitar esa dualidad nociva del Congreso, que recurrentemente combina el estruendo con la ineficacia, e incluso tampoco para hacer una auténtica apertura de la actividad administrativa y jurisdiccional del Poder Judicial del Estado.

Lo ocurrido con la reforma, pues, sólo fue el replanteamiento del “deber ser” institucional que todos los oaxaqueños anhelamos del Poder Público. Ese deber ser hoy, tiene un inmejorable grado de legitimidad —e irreprochabilidad— por parte de las fuerzas o actores políticos, ya que fue respaldado y votado por unanimidad por todas las fracciones parlamentarias con representación en el Congreso.

No obstante, lo que deberá materializarse a partir de ahora, para hacer funcional esa reforma, es ya no el “deber ser”, sino el “ser”. Es decir, la voluntad y la capacidad de acatamiento de la ley que muestren todos los actores y fuerzas políticas, para positivizar y llevar a los hechos los cambios constitucionales que ya realizaron, en aras de la transición democrática.

Queda claro, en ese sentido, que Oaxaca puede tener la mejor Ley Constitucional de México o del mundo, pero que eso no es ni cercanamente suficiente para lograr los cambios democráticos que se anhelan.

Para hacer efectiva esa promesa, apenas si está hecha la mitad de la tarea. La otra mitad se encuentra directamente en manos del Gobernador del Estado, de los diputados, de los integrantes del Poder Judicial y de los órganos autónomos, e incluso de los ciudadanos. Si queremos cambios, ya tenemos los instrumentos legales necesarios. Pero ahora debe ser una tarea subjetiva (es decir, de cada persona, partido o grupo político) la de poder hacer posibles esos cambios.

Sin duda, es la manifestación expresa y constante de voluntad de cambio —y no la sola reforma constitucional— el mayor reto de la transición democrática que tanto se anhela para Oaxaca.

TODOS GANAN

Sin embargo, más allá de los triunfalismos de quienes, desde el poder, dicen haber logrado la transición; y de los que, desde la oposición, aseguran que la reforma constitucional final tiene un alto porcentaje de propuestas realizadas por ellos, es claro que la ganancia política de unos y de otros es bastante perceptible, y que es lo que deberían capitalizar frente a ellos mismos y frente a los ciudadanos. Veamos si no.

En primer término, lo que vimos fue un ejercicio excepcional, y hasta raro, de trabajo y propuestas por parte de quienes integran el Poder Legislativo. Como pocas veces ocurre, ahora sí los diputados de todas las fracciones parlamentarias que participaron en estos trabajos, demostraron haberse involucrado a fondo en el tema, y su interés resultó no sólo en discusiones, sino sobre todo en polémicas, debates y argumentos, que lo que permitió tener, fue un importante abanico de propuestas que finalmente nutrieron el dictamen final de la reforma constitucional.

Por otro lado, con esta reforma gana el gobernador Gabino Cué. Esta operación política, les guste o no a sus detractores, fue una demostración de cómo un gobernante debe utilizar la fuerza y el “bono democrático” que tiene al inicio de su gobierno, para impulsar cambios constitucionales sobre los que después pueda adjudicarse la paternidad, como una demostración de su voluntad democrática.

Pero también ganan las fuerzas de oposición. Es innegable que en el balance final, la reforma aprobada contiene un porcentaje importante de propuestas hechas desde las trincheras opositoras. Este triunfo se determinó, desde el momento en que las fuerzas de oposición impidieron que la propuesta hecha por el Mandatario fuera aprobada lisa y llanamente, pero a cambio entregaron un paquete de propuestas que rebasaba cualquier acusación de bloqueos, cerrazón o demagogia.

Y finalmente, en esto, más allá de los triunfos aislados, es claro que gana toda la política oaxaqueña. Tenemos más de una década, en el escenario local y nacional, en la que no vemos la consolidación de un solo acuerdo trascendental entre todas las fuerzas políticas. Y en eso sí, por encima de todo, Oaxaca será ejemplo nacional, al haber concretado una reforma constitucional con el consenso y la aprobación unánime de todas las fuerzas políticas. Que esta reforma, ojalá, sea para bien de nuestra entidad.

CAMBIO INNECESARIO

Por cierto, salta a la vista el cambio de denominación, ese sí demagógico, que determinaron para la instancia defensora de los derechos humanos. Ahora se llamará “Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca”. Un cambio a simple vista cosmético e irrelevante para lo que constitucionalmente ya era un órgano con plena autonomía y alcances definidos.

+ Voluntad política rebasaría a la recomendación

Sin tener por qué hacerlo, hace unos días el Gobierno de Oaxaca, por conducto del Titular del Poder Ejecutivo, aceptó la Recomendación 001/2010 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, respecto a la detención-desaparición de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, presuntamente ocurrida en la capital oaxaqueña el 25 de mayo de 2007 a manos de posibles agentes estatales o federales. Parece claro que, más allá del cumplimiento de las medidas dictadas por el Ombudsman nacional, el gobierno estatal está tratando de evitar cualquier choque —así sea retórico— con el EPR.

Es necesario ver este asunto en una perspectiva más amplia que la de la sola lectura lineal de los hechos, y tomar en cuenta aspectos que ya son parte de la historia reciente de Oaxaca. Vayamos punto por punto.

Por un lado, es necesario recordar el hecho de que el gobierno actual, tiene una estrecha relación de ascendencia con el gobierno de Diódoro Carrasco Altamirano; y particularmente, que quien fuera el procurador de Justicia en aquella administración (Roberto Pedro Martínez Ortiz), fue quien tuvo preferencia en la recomendación de los funcionarios que hoy encabezan tanto la Procuraduría General de Justicia del Estado, como la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Ambas dependencias, hoy, son indirectamente ocupadas por Martínez Ortiz.

¿Qué relación tiene todo esto con el eperrismo? Que al menos en Oaxaca, fue la administración del gobernador Carrasco Altamirano a la que le tocó enfrentar y combatir a los milicianos eperristas en 1996, cuando realizaron ataques armados tanto en la capital oaxaqueña como en varias demarcaciones de la región de la Costa.

Particularmente, fue el entonces procurador Martínez Ortiz quien cargó con los más pesados señalamientos por la brutalidad de la actuación de los agentes bajo su mando, por los presuntos actos de represión cometidos en contra de personas inocentes, y por la detención y encarcelamiento arbitrario de docenas de indígenas loxichas acusados de pertenecer a esa organización armada, quienes sólo obtuvieron su libertad cuando la administración estatal siguiente emitió una Ley de Amnistía.

Por otro lado, debía tomarse en cuenta que hace apenas unas semanas, el gobierno de Oaxaca anunció la creación de una fiscalía especializada en asuntos de trascendencia social; dicha instancia tendría justamente la facultad de investigar y esclarecer los acontecimientos delictivos que han lastimado el tejido social en la entidad. Y de hecho, al anunciar la aceptación de la Recomendación de la DNDH al respecto, dispuso que fuera esa instancia la encargada de dar seguimiento a las disposiciones contenidas en dicho documento.

Y es que aunque parece que el actual Gobierno de Oaxaca está particularmente comprometido con la defensa de los derechos humanos, y con la defensa de los activistas sociales, lo cierto es que este movimiento más bien parece estratégico para hermanarse con una causa relacionada con quienes podrían ser uno de sus principales detractores políticos.

¿ELIMINAR CUESTIONAMIENTOS?

Teniendo verdadera voluntad política, el gobierno de Oaxaca podría haber no sólo hecho promesas, sino también pudo haber entregado resultados concretos respecto a asuntos tan delicados como el de la desaparición de los eperristas, ocurrida en las postrimerías del conflicto magisterial, en mayo de 2007.

¿Por qué? Porque más allá de los efectos no vinculantes de la Recomendación de la CNDH, la administración anterior inició una investigación ministerial, a través de la PGJE, a la que nunca se le dio ni importancia ni seguimiento. Sin embargo, para efectos legales esa indagatoria continúa pendiente, y lo único que habría que hacer tanto para dar con el paradero de los dos eperristas, como también para determinar quién o quiénes fueron los responsables tanto de su aprehensión ilegal como de su desaparición, es reactivarla a través de la fiscalía especializada que ya se creó para investigar y esclarecer ese tipo de acontecimientos.

Si bien se recuerda, la administración anterior se negó a aceptar esa recomendación, argumentando que aquí las instancias estatales habían tomado todas las previsiones posibles para investigar el caso y deslindar responsabilidades, y que por tanto eran infundados e innecesarios los señalamientos hechos por el Ombudsman Nacional.

No obstante, era claro que la principal razón que hubo tanto en el gobierno estatal, como en el federal, no sólo para no cumplir con lo establecido en la Recomendación de la CNDH sino tampoco para investigar de verdad qué había ocurrido con esos personajes, radicaba en que ambas administraciones eran señaladas como las principales responsables de los hechos imputados.

Así, parece indiscutible que el cambio de administración estatal también significa un cambio de actitud y de compromisos, y que particularmente, este gobierno de Oaxaca tiene un compromiso particular con la defensa de las garantías fundamentales. Sólo que, junto a eso, se encuentran los resabios de gobiernos anteriores, los propios cuestionamientos que ellos están acumulando, y la duda latente por los espacios de poder que el actual gobierno entregó a quienes fueron acusados de eso mismo en el pasado.

Por todo eso, en el fondo no era formalmente necesario que el gobierno de Oaxaca aceptara la recomendación relacionada con los eperristas, para hacer un trabajo efectivo para localizarlo y deslindar responsabilidades con posibles agentes estatales. Más bien, todo esto parece ser parte de una maniobra tendiente a hermanar causas, o evitar cualquier choque o cuestionamiento directo con el eperrismo, que ha sido un observador agudo y crítico sobre la situación política y las promesas democráticas que trae aparejado el nuevo gobierno, y que seguramente tiene mucho que decir al respecto.

REFORMA CONSTITUCIONAL

Se supone que ayer quedaría aprobada la reforma constitucional en Oaxaca. Hasta el cierre de esta columna, la sesión extraordinaria del Congreso del Estado no había concluido. Habrá que analizar con detalle qué fue lo que potencialmente habrían aprobado los diputados. Porque quien crea que ese será el remedio a los males de la entidad, está equivocado. Y con esa aprobación, también surgirá un fuerte cuestionamiento por haber ignorado de nuevo la importancia que tiene el Derecho Consuetudinario, y su perspectiva de fondo, en una entidad como la nuestra. Abundaremos.

+ Un gobierno eficaz, no sólo depende de promesas

Es una recomendación recurrente entre las personas, la de evitar pelearse con el dinero. Esto también debía operar para gobiernos como el de Oaxaca, que hoy pareciera que tiene innecesaria e imprudentemente desgastada con el gobierno federal, que es quien suministra los recursos públicos que se ejercen en la entidad. Por su importancia, quienes gobiernan debían de tomar este asunto con toda la seriedad que amerita el caso.

¿Por qué señalar que la relación entre el gobierno de Oaxaca y el federal presenta claros y prematuros signos de agotamiento? Porque en los escasos cuatro meses de gobierno, ha sido prácticamente nula la presencia determinante tanto del ámbito de gobierno, como del apoyo político de uno de los partidos gracias a los cuales el ahora gobernador Gabino Cué Monteagudo llegó a dicho cargo.

En efecto, nos referimos al gobierno federal, quien no sólo desde diciembre pasado, sino desde el arranque de su administración (en diciembre de 2006), y hasta hoy, ha desdeñado sistemáticamente las necesidades y la atención que, involucrando o no a los partidismos, requiere urgentemente Oaxaca.

En el pasado podía entenderse la frialdad de la relación. Desde que el ahora presidente Felipe Calderón Hinojosa se convirtió en candidato presidencial del PAN, éste repudió públicamente el conflicto magisterial que entonces ocurría en Oaxaca, y particularmente evidenció su aversión al entonces gobernador de la entidad, Ulises Ruiz Ortiz. Durante el tiempo que se empataron sus respectivas gestiones, el presidente Calderón vino a territorio oaxaqueño sólo a lo indispensable, y nunca procuró la atención prioritaria que demagógicamente decía que era urgente para la entidad.

Esa aversión, a la larga, fue uno de los factores que llevó al presidente Calderón a ordenar a la cúpula más alta de su partido, Acción Nacional, para explorar la conformación de una gran alianza opositora en Oaxaca. Su objetivo, en el fondo, no era llevar a un personaje a la gubernatura, sino más bien, arrancar el gobierno de las manos de los priistas, a quienes tanta repugnancia ha demostrado tener.

Así fue como tácitamente, el presidente Calderón respaldó la causa del entonces aspirante opositor a la gubernatura de esta entidad, Cué Monteagudo. A lo largo de su campaña, el panismo proveyó de todo lo que fuese necesario para echar a andar la maquinaria electoral que pudiera ser frente a las estructuras priistas.

Aunque nunca se pudo probar, siempre existió el señalamiento de que en los días previos a la jornada electoral, connotados panistas arribaron a la entidad para refaccionar con abundante dinero a quienes harían el trabajo territorial de hacer funcionar el esquema de control de votos que habían delineado.

Por eso, en alguna medida este gobierno actual en Oaxaca también es panista. El problema es que, hasta ahora, es prácticamente nada provechoso lo que se ha visto de esa relación. Y aquí parecen estarse combinando tanto la cerrazón y el sectarismo que ha caracterizado a esta administración del gobierno federal, con la torpeza de algunos de los operadores políticos de primer nivel de la administración estatal, para tender puentes efectivos que redunden no sólo en beneficios políticos para ellos, sino para Oaxaca.

RELACIÓN DESGASTADA

Desde que iniciaron las campañas proselitistas, se convirtió hasta en un lugar común la pregunta sobre por qué partido o fuerza se inclinaría Gabino Cué de llegar a la gubernatura del Estado. Se decía, con razón, que el ser postulado por partidos y grupos tan distantes como lo eran, respectivamente, Acción Nacional y las “fuerzas de izquierda” (PRD, Partido del Trabajo y Convergencia), así como los lopezobradoristas, ebrardistas y calderonistas, tarde o temprano lo llevarían a quedar mal con alguno… y a tener problemas con todos por elegir a uno en particular.

El asunto se veía desde una simple lógica electoral. Apoyar, por ejemplo, al panismo lo llevaría a enfrentarse con todas las fuerzas de izquierda. Por el contrario, hacer eso con López Obrador al menos lo distanciaría del gobierno federal y del PAN. Y así, sucesivamente. El caso es que, en todo esto, mantener una postura relativamente neutral, no es, ni ha sido, ni será, una opción válida para un gobierno de coalición como el del gobernador Cué. Y ese desgaste, se pensaba, llegaría por ahí del año 2012, cuando se dieran las definiciones políticas.

El problema es que todas las contrariedades parecen harto adelantadas. Esto es particularmente visible respecto al gobierno federal. Aunque el presidente Calderón ya vino en una ocasión, su visita no se tradujo en ningún anuncio o beneficio trascendental para Oaxaca; y, al contrario, fue ocasión para que los operadores políticos del gobierno estatal cometieran una de sus más costosas torpezas al generar conflicto con la Sección 22 del SNTE.

Algo similar ocurre con la entrega de los recursos económicos establecidos para la entidad en el Presupuesto de Egresos de la Federación del presente año. Si algo ha caracterizado a esta administración es su lentitud en el suministro de recursos hasta para sus funciones más básicas. Esto, independientemente de sus causas internas, refleja un posible mal entendimiento con las instancias hacendarias de la Federación, que podrían estar reteniendo recursos en aras de no permitir un mayor despliegue en la labor de gobierno en Oaxaca.

Incluso, lo establecido ayer en esta columna, refleja que Oaxaca es una más de las entidades que debe recurrir al endeudamiento para recibir recursos que, con una fluida relación con el gobierno federal, podría obtener de manera directa para invertirlo en el reacondicionamiento de toda la infraestructura que fue afectada por los fenómenos naturales ocurridos el año pasado.

Al no haber esa posibilidad de entendimiento, pareciera que el gobierno federal ya trata al de Oaxaca como uno más de los gobiernos de oposición a los que sólo los provee de lo indispensable, pero no atiende verdaderamente sus necesidades de fondo. Y eso, desde cualquier óptica, parece un adelanto de los peores escenarios que se vislumbraban para Oaxaca.

CONTRA LA TENENCIA

En esta semana veremos la conformación de un frente ciudadano que busca generar los posicionamientos que están desaprovechando los partidos. Su primer objetivo será el de ir en contra del pago de la tenencia vehicular, que aquí es obligatorio, pero que ya está derogado en otras entidades federativas. Abundaremos.

+ Estropeada, interlocución entre Federación y GCM

El pasado 30 de marzo, el Congreso del Estado aprobó al Gobierno del Estado la contratación de créditos hasta por 3 mil 690 millones de pesos con Banobras, instituciones de crédito o el mercado de valores para atender a la población afectada por desastres naturales y refinanciar y bursatilizar la deuda pública.

Esta decisión, que enfrentó a las distintas fuerzas y actores políticos en Oaxaca, más bien debería unirlos para protestar por lo que constituye una enorme tomadura de pelo del gobierno federal a los mexicanos, que se supone que pagamos más impuestos para evitar este tipo de deudas, y para permitir que las arcas federales tuvieran recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas por los fenómenos climatológicos.

La autorización del Congreso al gobernador Gabino Cué para la contratación de más deuda pública, tiene íntima relación con los desastres provocados por fenómenos naturales el año pasado, y con los acuerdos tomados en la Cámara baja para sostener la tasa del Impuesto al Valor Agregado en 16 por ciento. Hagamos un sencillo ejercicio de memoria para corroborarlo.

Volvamos en el tiempo al momento en que ocurrió la negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011. Motivados por cuestiones de la agenda pública, de sus promesas de campaña, y de los cuestionamientos ciudadanos por haber avalado, el año previo, el incremento al IVA, a finales de 2010 un sector del Partido Revolucionario Institucional anunció que pugnarían porque dicho gravamen volviera a su tasa original del 15 por ciento.

Ante tal anuncio, el gobierno federal —que no estaba de acuerdo con dicho planteamiento— entabló negociación con la dirigencia nacional del tricolor, para evitar que fuera aprobada tal medida que afectaría la recaudación, en alrededor de 30 mil millones de pesos por cada punto porcentual que se le redujera a dicho impuesto al consumo.

Finalmente, luego de varios días de debate, se dijo que el PRI aceptaba sostener la tasa del IVA en 16 por ciento, a cambio de que se creara un fondo de reconstrucción que beneficiara a las entidades federativas —entre ellas Oaxaca— que habían resultado seriamente dañadas por los intensos fenómenos climatológicos ocurridos el año pasado. Incluso, diputados como el oaxaqueño Héctor Pablo Ramírez Leyva, fueron doblegados por la dirigencia de su partido, en su resistencia de impulsar una reducción de dicho gravamen.

La creación de dicho fondo de reconstrucción no fue gratuita. El mismo PRI —que ya había negociado con el gobierno federal la negativa a la reducción del IVA— necesitaba del apoyo de las fracciones parlamentarias de varias entidades federativas de mayoría tricolor que inicialmente pretendían ir por la reducción del gravamen. Por eso fueron incluidas entidades como Veracruz, Oaxaca, Nuevo León, y Tabasco, entre otros.

La gran pregunta, hoy, radica en qué ocurrió con dicho fondo. Y, sobre todo, por qué el gobierno federal modificó unilateralmente el destino de recursos que ya habían sido pactados no para beneficio de los gobernadores o de los grupos políticos, sino de los habitantes de las entidades federativas beneficiadas con dicho esquema.

¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO?

De acuerdo con un documento interno de la Cámara de Diputados, del cual obra copia en poder de esta columna, El 30 de septiembre de 2010, el Grupo Parlamentario del PRI presentó la propuesta de creación del Fondo Nacional de Reconstrucción, para apoyar a estados del país que sufrieron desastres naturales por la temporada de lluvias, huracanes y ciclones.

Según el documento, en esa misma fecha se aprobó en el pleno de la Cámara de Diputados, y se estableció que el Fondo sería etiquetado para el Presupuesto de Egresos del presente año. Y fue para la etiquetación del Fondo de Reconstrucción, que se presionó a la fracción priista para que mantuviera el IVA en 16 por ciento y así obtener recursos para financiar dicho fondo.

Finalmente, se aprobó un presupuesto para dicho fondo de 4 mil 500 millones de pesos, etiquetado en el Presupuesto 2011. A pesar de ello, el 26 de enero fueron aprobadas las reglas de operación en Banobras y ahí se estableció que sería a través de un Fideicomiso de número 2186, y no seria el apoyo directo a las entidades federativas, sino a través de contratación de deuda por parte de los estados mediante el término de “apoyos financieros”.

El documento establece que dicho fondo había sido concebido sin “pari passu” ni reglas de operación, justamente para que no hubiera trabas burocráticas. Sin embargo, estás trabas ya están contempladas en el Fondo por parte de Hacienda y Banobras. Incluso, se establece que en conversaciones que tuvo el actual Subsecretario de Egresos de la SHCP con diputados, aseguró que “ya no había recursos de este Fondo dada la emergencia que hubo”.

Frente a todo esto, no sólo resulta mezquino e innecesario, sino hasta tonto ver el asunto desde una perspectiva partidista o de grupo, como parecen tomarlo algunos funcionarios del Gobierno del Estado. En realidad, por esta cuestión resultamos afectados todos los que somos contribuyentes, pues de nuestros impuestos se prometió la creación de un fondo que ayudaría a las entidades afectadas por los fenómenos climatológicos, y ahora el gobierno federal está tratando de convertir en deuda lo que todos los mexicanos estamos ya pagando a través de impuestos.

¿Qué no un asunto como este debía unir a quienes son adversarios cotidianos, desde el Gobierno del Estado y el PRI? Finalmente, todos resultan afectados. Unos por estar teniendo que contratar deuda —con el costo político que esto conlleva—, y los otros por haber sido abiertamente timados en cuanto al sostenimiento del IVA en su tasa actual.

TIENEN MIEDO…

Es lamentable que Oaxaca tenga que echar mano de deuda para acceder a este tipo de recursos que debían suministrarse por un simple asunto de interés general. ¿Qué el Gobierno del Estado no le puede hacer frente a la administración de Felipe Calderón? ¿Qué le tiene miedo? ¿O prefiere endeudar las arcas públicas con tal de no hermanar una causa, una sola, con los priistas? Tal parece que la mezquindad, que la visión de corto plazo, y los partidismos, le están ganando todo el terreno a una batalla que finalmente, quieran o no entenderlo, no es ni por el PRI ni por Convergencia o el PRD, sino que es por Oaxaca.

+ A cambio de qué, aprobar deuda, impuestos y reforma

Aunque no debía ser así, al Gobierno del Estado se le ha cargado toda la responsabilidad por temas como el sostenimiento de impuestos como la tenencia vehicular, por sus intentos de avasallar en la aprobación de un paquete de reformas constitucionales, y por la aprobación de un millonario endeudamiento público. La crítica no debía ir sólo contra ellos, porque en todo esto ha existido siempre la corresponsabilidad de la minoría opositora que se ha prestado a autorizar y legitimar estas medidas: la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado.

Habría que comprender que la supuesta “oposición responsable” del PRI, significa también, indisolublemente, que son una oposición corresponsable. Esto porque en aras de tener una actitud de entendimiento y diálogo, y no de cerrazón ni de oposición recalcitrante, ellos han abierto la puerta a todas las posibilidad de acordar con el Gobierno del Estado, e incluso avalar sus propuestas argumentando que más allá de los partidismos, son por el bien de Oaxaca.

Hasta ahí todo parece perfectamente explicable, claro y democrático. Sin embargo, esto ya no se explica así, cuando esa supuesta oposición responsable comienza a avalar medidas que atentan contra la mayoría ciudadana, cuando se respaldan disposiciones que están plagadas de oscuridades, o cuando se prestan a juegos perversos que ponen en riesgo no sólo la estabilidad política del régimen gobernante o de el momento político actual, sino que también la gobernabilidad democrática y el mejor entramado institucional al que todos aspiramos en Oaxaca.

Eso es lo que ocurre hoy en la entidad: el gobierno estatal, con todos los errores o aciertos que pueda tener en sus planteamientos, ha propuestos ciertas medidas que les ha impactado en altos costos políticos. Esto porque a nadie le gusta que le sigan cobrando un impuesto que ya desapareció en otras entidades; porque nadie en su sano juicio podría estar de acuerdo con la contratación de deuda pública que, a juicio de especialistas, será impagable; o porque ninguna persona sensata estaría de acuerdo en la aprobación de reformas que el pueblo desconoce, y que por ese solo hecho sí podrían afectarle directamente.

Sin embargo, de ello justamente es de donde surge la corresponsabilidad de la minoría opositora que condescendientemente —o motivada por ambiciones diversas al interés público— le hace el juego al régimen gobernante para avalar medidas que son rechazadas o cuestionadas por los gobernados.

En este sentido, junto con la crítica indispensable al gobierno de Gabino Cué Monteagudo por temas como el del sostenimiento de la tenencia vehicular, habría que preguntarse también, dónde se encontraba la supuesta oposición que debía velar porque no se cometieran abusos como ese; dónde estaba la oposición que, además, trató ese tema como uno de sus postulados de campaña, y luego lo abandonó.

Veámoslo de este modo, en todo lo implacable, pero real, que puede ser: con inexplicable sumisión, la Fracción Parlamentaria que encabeza el diputado Martín Vásquez Villanueva, en diciembre del año pasado no hizo nada para evitar la aprobación de la Ley de Ingresos del Estado, en la que se contenía la tenencia vehicular como un impuesto estatal que en 2011 se seguiría cobrando a los oaxaqueños.

¿Qué olvidaron que durante su campaña para gobernador, el priista Eviel Pérez Magaña prometió eliminar la tenencia? ¿Acaso consideran que como las campañas ya terminaron, aquellas propuestas también debían irse a la basura y seguir adelante? ¿O es que, como consecuencia de la derrota de su Candidato, decidieron optar por la vieja máxima que dice que ahora el pueblo pague por el error que cometieron en la elección de su Gobernante?

Lo más importante, en todo esto, radica en preguntarse, y responderse, ¿a cambio de qué —dinero, prebendas, impunidad, “cañonazos”, parcelas de poder, etcétera— se abstuvieron de hacer cualquier cuestionamiento, o presentar algún tipo de oposición real, a esa Ley en específico?

ENDEUDAMIENTO

En la vieja tradición política —que, se supone, comenzaría a erradicarse cuando llegara un “régimen de transición democrática” a Oaxaca—, la relación entre los intereses del Poder Ejecutivo y la oposición en el Congreso, se arreglaba a “cañonazos”. Sí. Todo se componía haciendo moderna alusión a aquella vieja enseñanza de la praxis política, atribuida al general Álvaro Obregón, que decía que “nadie se resiste a un cañonazo de 50 mil pesos”.

En este sentido, los priistas saben muy bien de esto, porque siempre ocuparon los “cañonazos” como una forma eficaz de entablar diálogo componedor con los representantes legislativos de los partidos de oposición. Y es que si en el pasado los tricolores eran quienes daban, y los opositores recibían, hoy que los supuestos nuevos tiempos políticos llegaron, pareciera que no se modificaron las formas, sino que lo único que cambió fue quién da y quién recibe esos “cañonazos”.

No sería extraño, en ese sentido, que los diputados opositores en el Congreso del Estado hubieran recibido un “cañonazo” a cambio de aprobar el endeudamiento propuesto por el Gobierno del Estado por un monto superior a los tres mil 500 millones de pesos. Frente a esa cantidad multimillonaria de dinero, cualquier monto que pudiera contener dicho “cañonazo” sería poco.

¿De verdad la fracción priista en el Congreso del Estado está convencida de que era indispensable la aprobación de tal cantidad de endeudamiento? ¿De verdad podrían ellos explicar con bases firmes, que el hipotecar el futuro presupuestal de Oaxaca es una prioridad para atender los problemas apremiantes que dicen que resolverán?

INTERÉS SOSPECHOSO

En todo esto, es evidente que debe ser mucha su preocupación, mucho su interés, o mucha su disposición, como para que toda la fracción tricolor votará de forma unánime a favor de esa medida que ha sido reprobada por todos los oaxaqueños, pero que incorrectamente ha sido sólo cargada a la cuenta del Gobierno del Estado. ¿No es el PRI también responsable de eso? Existe una corresponsabilidad inocultable. Por el momento, los tricolores “nadan de muertito” para capotear los cuestionamientos. Pero en el mediano y largo plazo, no podrán evitar el juicio de la historia, por ese sospechoso colaboracionismo con quienes se supone que son sus adversarios políticos.

+ Modelo federal: indebidamente sacralizado

A lo largo de toda la semana, en los corrillos de la política estatal se ha dicho con insistencia que es inminente la renuncia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Marco Tulio López Escamilla. Aunque políticamente eso será un escollo importante para el nuevo gobierno, también debería ser una oportunidad importante para que se evaluara qué tipo proyecto existe respecto a la seguridad pública en la entidad, y qué más se puede hacer.

Fue claro que sólo dos factores fueron fundamentales para el nombramiento de López Escamilla en la Secretaría de Seguridad Pública: el primero de ellos, fue la evidente cercanía y padrinazgo que tiene sobre dicho personaje, el ex procurador de Justicia Roberto Pedro Martínez Ortiz. El segundo, es que al provenir López de un alto cargo en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se entiende que éste tuvo la aprobación expresa del gobierno federal, y del poderoso secretario Genaro García Luna. Todo eso pone en evidencia que, en materia de seguridad, el gobierno de Oaxaca está echado por completo en los brazos de la Federación.

Todo esto tiene particulares consecuencias. Una de ellas, que aunque parezca eminentemente técnica, es fundamental, radica en la implementación en Oaxaca de todo el modelo de seguridad pública que ha establecido el gobierno federal. De ahí que de diciembre a la fecha, la SSPE comenzara a insistir en los procesos de control de confianza que exige la Federación; que tratara de legitimar la implementación del llamado Mando Único Policial (aunque éste ya existe en la ley local respectiva, desde hace casi tres años); y que trataran de copiar los esquemas tácticos y estratégicos que ha planteado el gobierno federal con sus fuerzas policiales.

Puede verse, frente a todo eso, que por su origen e intereses, para los actuales mandos policiacos en Oaxaca el modelo a seguir es el federal; es claro que para ellos ese es el mejor, el único esquema, y el que debe aplicarse en la entidad.

Sólo que el “copiar” en una sociedad específica, un modelo de seguridad que fue planeado y confeccionado para otra, sin si quiera pasar por un proceso de adecuación o “tropicalización”, puede traer más perjuicios que beneficios. Y tal parece que eso es lo que está ocurriendo en Oaxaca.

¿Por qué? Porque lejos de cualquier intento por santificar o satanizar los modelos o la actuación de las fuerzas policiacas en las distintas regiones del país, los propios resultados del esquema federal han demostrado que éste tiene más posibilidades de culminar en un fracaso, que de revertir todas sus condiciones actuales y convertirse en un éxito.

Si a todo eso le aunamos el hecho de que la dependencia a cargo de Marco Tulio López Escamilla pretende aplicar inopinadamente el mismo modelo federal a Oaxaca, sin siquiera adecuarlo a su circunstancia específica, entonces podremos ver que el resultado corre graves riesgos de no ser el mejor.

Y es claro que al no tomar en cuenta las condiciones particulares de nuestra entidad, y al cometer errores propios de quien nunca ha tenido bajo su responsabilidad facultades específicas de mando policial, todo puede resultar en un desastre peor del que en este momento ya es.

¿QUÉ SIGUE?

Independientemente del modelo policiaco, de los débitos políticos del Titular de la SSPE, de sus errores operativos, e incluso de los resultados positivos que también esté entregando (porque no todo es bueno, pero tampoco es todo malo), lo cierto es que la percepción del ciudadano, y la realidad, corren en un solo sentido: los oaxaqueños de a pie no se sienten más seguros en las calles que antes. Y del mismo modo, no se ha visto una disminución objetiva de los hechos delictivos.

No obstante, es posible que ocurra la salida de López Escamilla de la SSPE, sin que ésta sea motivada por posibles malos resultados, por su desconocimiento del área, o por causa de una posible “nueva recomendación” del gobierno federal. Un entuerto político con la Sección 22, podría ser la puntilla de su dimisión.

Frente a esa posibilidad, habría que preguntarse ¿qué sigue? Pues bien, lo que podría ocurrir en el futuro cercano, de darse la renuncia de López, es la llegada de un mando castrense en retiro. Y aunque podría alegarse a favor de esa posibilidad, que los elementos militares son incorruptibles, que tienen mayor capacidad de mando, y que podrían entregar mejores resultados, lo cierto es que las experiencias en otras entidades federativas dicen exactamente lo contrario.

Cualquier oficial de las Fuerzas Armadas tiene una preparación castrense incuestionable. Además, un General en retiro abreva toda la experiencia que le brindó la carrera militar en cargos de mando y decisión. Sin embargo, no debíamos confundir que una es la formación militar, y otra es la formación policial que debe prevalecer en quienes debían tener a su cargo a las fuerzas civiles del orden.

En las entidades donde han implementado a militares en retiro como mandos policiacos, las cosas no han caminado de lo mejor. Quizá el “mejor” ejemplo de ello sea Nuevo  León, en donde el gobernador Rodrigo Medina, también por recomendación del gobierno federal, nombró a un oficial del Ejército como encargado de la seguridad, y así mismo lo hicieron los municipios más importantes de esa entidad,

¿Cuál es el resultado de ello? Que si esa recomendación federal fue para bajar los índices de inseguridad y violencia, éstos no bajaron. Por el contrario, además de irse incrementando, en los últimos meses han asesinado a por lo menos tres de esos oficiales castrenses en retiro, que hacían funciones de mando policiaco.

Así, no se trata de llevar la contra en todo. Más bien, de lo que debía tratarse es que el gobierno de Oaxaca no santificara, o tomara el federal como único modelo válido, y que explorara otras posibilidades.

Es necesario que un potencial nuevo titular de la SSPE, sea alguien que conoce el entorno, que sabe de los problemas específicos que Oaxaca en materia de inseguridad y algidez, y que tuviera cierta formación policial. Con eso harían mucho más que con la implementación de modelos ajenos a nuestra sociedad, que según parece tienen más parafernalia que utilidad real.

DE LUTO

Antenoche falleció la doctora Marta Sánchez Calvo. Desde este espacio expresamos nuestro profundo pesar, elevamos nuestras oraciones, y rogamos a Dios por la pronta resignación de quienes le sobreviven. Descanse en paz, querida amiga.

+ Oaxaca en contexto nacional: “no molesten”

Quienes creyeron que el nuevo dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira Valdez, fustigaría al ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, y a su grupo político, se equivocaron. Empero, también erraron quienes vaticinaban que el anterior Mandatario oaxaqueño sería el gran operador electoral del priismo, que sería algo así como el poder tras el trono, o que ocuparía un puesto de primer nivel en el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido. A partir de ese planteamiento, aparentemente contradictorio, pueden entenderse la guerra interna que actualmente se libra en el PRI oaxaqueño.

Hoy, queda claro que más que una disputa por el rescate del priismo, o por la democratización del mismo, lo que se libra es una feroz batalla de supervivencia entre los integrantes del grupo político que gobernó Oaxaca los últimos seis años.

En ese sentido, los enormes castillos en el aire que construyeron a partir de una posible victoria electoral en Oaxaca, se vinieron abajo con el resultado de la elección. A partir de entonces, las disputas dejaron de tener como motivo de fondo los altos vuelos, para convertirse en una guerra por los despojos y el reacomodo en los espacios de poder que les quedan.

Hasta antes de julio de 2010, el entonces gobernador Ulises Ruiz se había convertido en una especie de “ejemplo nacional”, por haber sido un Mandatario que aun teniendo en contra todos los factores de poder locales y nacionales, pudo no sólo sobrevivir a la andanada de los profesores de la Sección 22, a las aversiones de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, a la posición electoral adversa en que quedó su grupo político en los comicios de 2006, y a todos los que aseguraban que él no culminaría su periodo en la gubernatura del Estado, sino hacer lo que quería dentro del territorio que gobernaba.

A mediados del año pasado, Ulises Ruiz había demostrado, pues, que gobernaba a plenitud una entidad en la que de nuevo el PRI arrasaba; que era el líder máximo de su grupo político, que tenía bajo su control a todas las demás expresiones priistas, que en buena medida se había vuelto inmune a los dardos envenenados que le lanzaban desde la Federación y las directivas nacionales de los partidos, y que incluso se había dado el lujo de improvisar a su candidato a la gubernatura, para ungir no al más idóneo sino quien más convenía a sus intereses.

De hecho, por esos mismos meses sus allegados comenzaron a filtrar la especie de que él había sido el primero que le habló al entonces gobernador Moreira del estado de Coahuila, sobre la posibilidad de convertirse en aspirante a la dirigencia nacional del PRI. También se decía, que independientemente del resultado de los comicios de Oaxaca, él sería el gran ingeniero electoral en el proceso para elegir Gobernador en el Estado de México en este año 2011.

En fin, parecía que el entonces gobernador Ruiz pasaría a ser una figura nacional. El único problema, es que el resultado del cuatro de julio pasado, lo regresó a su realidad de político apestado, de poseedor de una imagen de impresentable en la escena política nacional, que lo perdió todo por su necedad de anteponer el interés personal a las posibilidades de triunfo de su partido, y al que lo único que le quedaba a salvo —antes de que iniciaran las naturales traiciones, y se dejaran ver las ambiciones propias de quienes fueron sus operadores— era el feudo de poder que le quedó en el PRI de Oaxaca.

REALIDAD IMPLACABLE

Quién sabe en qué escenarios estaría hoy el ex gobernador Ruiz si su candidato, Eviel Pérez Magaña, hubiera ganado la gubernatura en julio pasado. Lo cierto es que éste perdió, y a partir de entonces iniciaron tanto las traiciones como las ambiciones, como también los arrepentimientos disimulados de todos aquellos que le prometieron más gloria y fortuna al aún Jefe Político de los priistas.

Hoy está en duda que formalmente él sea el operador electoral en la campaña priista del Estado de México. Aunque fácticamente se entiende que él y su grupo serán actores fundamentales en esa campaña —por los perfeccionados conocimientos que tienen sobre la ingeniería necesaria para manipular resultados electorales—, hasta ahora nadie se ha atrevido a mencionarlo formalmente como una de las piezas del engranaje priista del gobernador Enrique Peña Nieto para los meses próximos.

Del mismo modo, las posibilidades de que el ex gobernador Ruiz se integre en alguna de las responsabilidades formales del Comité Ejecutivo Nacional del PRI son cada vez más escasas. No obstante se ha visto de forma clara el respaldo de la Dirigencia Nacional priista, al Comité Directivo Estatal que encabeza el diputado Pérez Magaña, lo cierto es que las posibilidades de que eso se traduzca en la inclusión del ex Mandatario oaxaqueño en la cúpula priista.

Más bien, lo que se ve es que la época de los intercambios ya comenzó. El dirigente nacional Moreira Valdés parece estar dando, a cambio del asiento que no entregó en el CEN priista al ex gobernador Ruiz, el respaldo para que éste reconfigure su grupo político de Oaxaca. Es decir, que a cambio de no cargar con el costo político de incluir a una figura de tantas aversiones y tantos costos políticos como el ex Mandatario, Moreira le está permitiendo que haga todo para conservar el feudo local que aún tiene en Oaxaca.

De ahí puede entenderse que todos, sin excepción, estén respaldando a la dirigencia del diputado Pérez Magaña, pero que nadie haga más por elevar la presencia del grupo del ex gobernador Ruiz.

Independientemente de las razones en particular que dieron pie a hechos como la solicitud de expulsión del diputado Jorge Franco Vargas, o la remoción del también legislador priista Manuel García Corpus de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara baja, es en esa lógica como puede entenderse perfectamente lo que hoy ocurre en esta pugna feroz que está desatada en el PRI oaxaqueño.

DE LO PERDIDO, LO

QUE SE ENCUENTRE

Todos los reacomodos buscan, dicen, “depurar” al Partido tricolor de los traidores. Lo cierto es que, más bien, lo que buscan es consolidar lo que queda del grupo político que gobernó Oaxaca entre 2004 y 2010. Buscan conservarlo aun haciendo la guerra. Y la ruta de choque que eligieron, según lo marcan las circunstancias, es la única disponible. Porque su feudo oaxaqueño, en realidad, es todo lo que les queda.