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Abusos reiterados: ¿Y dónde está la ciudadanía?

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+ Civiles somos más: ¿Nadie se da cuenta de ello?

 

Qué grave resulta una sociedad como la nuestra, en la que ciertos grupos medianamente organizados deciden afectar los derechos colectivos cada que lo desean; en la que el gobierno se ve rebasado en su capacidad de responder y de garantizar el imperio de la legalidad; y en la que los ciudadanos —usted y yo— siempre nos cruzamos de brazos asegurando que nada podemos hacer al respecto, y justificando nuestra parsimonia en el oscuro argumento de que “el gobierno es responsable de todo”. ¿Qué nadie —nosotros mismos, incluidos— se da cuenta que los ciudadanos podríamos hacer e incidir en mucho, por el simple hecho de que somos más?

Hoy podemos ver claramente que la nuestra es una sociedad fundamentalmente construida a partir de la evasión y el autoengaño. De evasión porque todos tratamos de ver en los demás, los problemas públicos que también son de nosotros. Y de autoengaño, porque queda claro que buena parte de los problemas y conflictos que nos aquejan, nacen de planteamientos que todos sabemos que son erróneos o absurdamente falaces, pero todos decidimos asumirlos como ciertos. Veamos si no.

Hoy mismo se desarrolla una andanada de protestas por parte de los integrantes de la Sección 22 del SNTE. A este grupo, tanto el Gobierno del Estado, como el federal, ya les dieron todo lo que merecían, y también todos los recursos que exigieron por la vía del capricho o el chantaje. Sólo en 2011, el magisterio oaxaqueño recibió, además del incremento salarial otorgado por el gobierno federal, más de mil 600 millones de pesos adicionales en prestaciones y beneficios sociales.

¿Cuál es el argumento para justificar la entrega de esta abultada cifra? Que los maestros de Oaxaca merecen mejores condiciones de trabajo; que éste es un acto de justicia para ellos; que el Estado debe canalizar mayores recursos económicos a la educación; y que, estos son objetivos planteados por un sindicato fuerte, como lo es el del profesorado oaxaqueño.

Por parte del gobierno, las justificaciones se encuentran en la misma vía: esencialmente, la administración estatal dice que todo esto lo hace como parte de su deber de dar respuesta a las exigencias magisteriales. Y en el fondo también acepta que otorga todos esos recursos a cambio de preservar la paz social en la entidad. Éstas, y las del magisterio, sin embargo, no son sólo más que justificaciones que, en rigor, no superarían ninguna prueba de honestidad moral y política. ¿Por qué?

Porque, en realidad, la lucha magisterial hoy nada tiene que ver con sus planteamientos originales. Ellos van por los recursos y la desestabilización. Cada año. Y también, en ese mismo lapso, el gobierno hace esfuerzos extraordinarios por entregar recursos a cambio de no ver boicoteados sus planes e intenciones de gobernar.

A nadie de ellos le importa que los incrementos salariales de los mentores sean a cambio de nada; que éste sea un abierto chantaje; que, además, la negociación magisterial constituya un asalto a las arcas estatales; y que el gobierno entregue todos los recursos no por convicción, sino por miedo a las agitaciones y disturbios que aquéllos son capaces de provocar. Es decir, que unos y otros se engañan y se autoengañan, para no asumir la responsabilidad del daño abominable que año con año se comete al satisfacer a un gremio insaciable como lo es la Sección 22 del SNTE.

 

¿Y LOS CIUDADANOS?

Las distintas esferas de gobierno en Oaxaca, le tienen pavor a los profesores de la Sección 22, porque éstos son 77 hombres y mujeres perfectamente disciplinados, que están dispuestos a hacer —tampoco por convicción, sino también por miedo a la reprimenda— lo que les mande su dirigencia sindical.

Por su parte, cuando el gobierno ve que el conflicto comienza a escalar a cierto nivel, saca a relucir la posibilidad en el uso de la fuerza. Deja ver, pues, que ante el agotamiento de la vía política y de diálogo con sus contrapartes, éste puede hacer valer “el Estado de Derecho” a través de la fuerza pública. No obstante, queda claro que ni la fuerza de unos, y mucho menos la de los otros, puede ser capaz de solucionar ese conflicto que está generando incertidumbre y problemas a los ciudadanos.

Frente a todo eso, ¿Cuándo entenderemos, los que nada tenernos que ver ni con unos ni con otros, que finalmente nosotros mismos podríamos hacer mucho, porque somos más que unos y otros? Los oaxaqueños debíamos comenzar a deshacernos de esa idea tonta y maniquea de que los disturbios los provoca sólo la 22, y las soluciones fallidas son responsabilidad del gobierno estatal, únicamente. En todo caso, a través de esos argumentos justificamos únicamente nuestra inacción y parsimonia. Pero en realidad nada hacemos para contribuir —de la forma que sea— a solucionar un conflicto que, en última instancia, es responsabilidad de todos.

Por eso, los diversos sectores de la sociedad debían ya dejar de quejarse, y hacer algo más. Debíamos comenzar a exigir compromiso, a exigir seriedad y apertura en los arreglos cupulares que se hacen desde el poder; debíamos comenzar a exigir, con verdadero rigor, que los maestros hagan lo que quieran con su sindicato, pero que verdaderamente se comprometan con la función educativa para la que según fueron preparados y después contratados.

La sociedad oaxaqueña debía comenzar también a sentirse inconforme con lo que es. A dejar de sentirse una pobre víctima, y comenzar a actuar como gente adulta y civilizada, que sabe qué es lo que quiere para el presente y su futuro. Debíamos dejar de aplicarnos esos analgésicos que únicamente nos hacen pensar que todos son responsables menos nosotros.

En la medida que tomemos conciencia de que podemos ir mucho más lejos, también podremos ir descubriendo que exigir no es malo, como tampoco lo es conformarse, y mucho menos indignarse. ¿A quién no le molesta que la educación pública en Oaxaca sea pésima? A todos. ¿Y por qué nadie hace nada? Del mismo modo: ¿A quién no le molestan los paros, plantones y “medidas de presión” de la 22? ¿Hacemos algo? ¿No? ¿Y entonces, por qué nos sentimos con calidad moral para quejarnos? …

 

EL MUNDO, ¿APARTE?

Stéphane Hessel, un hombre de más de 90 años de edad, en un texto denominado “¡Indignáos!” estableció los ejes de la resistencia de miles de jóvenes que, en varios países de Europa protestan contra las adversidades propias de nuestro tiempo. Nosotros no deberíamos ser ajenos a ello. Indignémonos por lo que aquí mismo ocurre. ¿Es demasiado pedir?

Educación en Oaxaca: barril sin fondo, a la vista

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+ Sección 22: las cosas siempre pueden estar peor

 

Qué revelador, pero a la vez qué predecible ha sido el hecho de que dos gobiernos distintos, de ascendencias políticas y partidistas, y prácticas tan distintas, sean presa de las mismas respuestas por parte de la Sección 22 del SNTE: hace seis años, el entonces gobierno del entrante gobernador Ulises Ruiz Ortiz entregó —literalmente— todo a los maestros oaxaqueños y a cambio recibió traiciones y portazos; y hoy, cuando pareciera que todas las condiciones son distintas, ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué hacer frente a ese ciclo inicuo de la lucha magisterial?

Queda claro, en un primer momento, que la persistencia magisterial se ha debido tanto a la imposibilidad de los gobiernos en turno por verdaderamente incidir tanto en su organización como en sus decisiones, como en el hecho de que siempre las soluciones que se han propuesto al sindicato magisterial, han sido discordantes de sus objetivos de lucha. Así, ¿cómo dar cauce a un conflicto, cuando ninguno de los remedios posibles está medianamente al alcance de quienes gobiernan; y cuando siempre se ofrecen soluciones dilatorias a problemas —y a una organización— que busca la consolidación de su permanencia, y no la solución de sus demandas?

No obstante, para comprender a cabalidad este asunto, es necesario regresar el tiempo en la memoria, y ubicarnos en la negociación anual sostenida entre el gobierno estatal y la Sección 22 del SNTE en el año 2005. Es necesario comenzar estableciendo ciertas cuestiones como contexto: en aquel tiempo, el magisterio negociaba con un gobierno altamente cuestionado, y con una enorme carencia de legitimación. Sin embargo, a pesar de todo eso, en aquellos momentos aún no eran enemigos jurados el gobierno de Ulises Ruiz y la Sección 22 del SNTE.

Tomando en cuenta lo anterior, ahora sí recordemos qué ocurrió en la negociación gobierno-magisterio en 2005. Para ahorrar espacio, cifras y declaraciones, bien podemos decir que ocurrió exactamente lo mismo que hoy, seis años después: el gobierno de Ulises Ruiz, en su primera negociación anual, entregó literalmente todo a la Sección 22.

En aquellos momentos, aquel gobierno que estaba urgido de ganar legitimidad frente a la sociedad, no tuvo reparo alguno en satisfacer todas y cada una de las demandas de los profesores; dispuso de grandes cantidades de dinero para cubrir todas las exigencias. E incluso, ante la neutralización de toda posibilidad de conflicto y de belicosidad por parte de la 22, en aquel año el paro de labores duró menos de cinco días.

El problema, sin embargo, no fue entonces. Más bien —e independientemente de los factores extraordinarios que un año después, en 2006, llevaron a la Sección 22 a prácticamente declarar la guerra al gobierno estatal—, buena parte del conflicto magisterial de hace cinco años surgió justamente porque el gobierno estatal ya no fue capaz, en su segunda negociación anual con la Sección 22, de disponer de la misma cantidad de dinero para satisfacer sus demandas económicas que, como era natural, eran superiores que las del año previo.

En ese sentido, la 22 tiene como uno de sus postulados principales, el de no aceptar, nunca, bajo ninguna circunstancia, menos de lo que ha recibido en negociaciones previas. Y por eso, como en 2006 el gobierno estatal no pudo ofrecer tanto como en 2005, la dirigencia magisterial decidió no ceder en sus demandas.

Así, la imposibilidad de ofrecer más de unos, alimentó la intransigencia de los otros. Y todo eso se combinó, para explotar, cuando el Gobierno del Estado decidió, el 14 de junio de 2006, ir con las fuerzas policiacas a tratar de desalojar a los profesores que mantenían su plantón en el primer cuadro de la capital oaxaqueña.

 

¿LA HISTORIA SE REPITE?

Todo eso da pautas precisas para decir que aún cuando las cosas ya son graves hoy en día por la relación de intransigencia que fomenta la 22 con el gobierno estatal y con la sociedad oaxaqueña, con ellos siempre todo puede estar peor.

Hasta ahora, nadie se ha atrevido a hacer la sumatoria de cuántos recursos económicos se le han entregado a los profesores del “magisterio democrático” a partir del conflicto magisterial y hasta el presente año. Empero, independientemente de si es mucho o poco dinero, queda claro que de todos modos nada ha sido suficiente para acabar con el ciclo anual de paro de labores y daños a terceros por parte de la Sección 22.

Frente a todo esto, habría que preguntarse si el gobierno de Gabino Cué Monteagudo está verdaderamente preparado para enfrentar ese problema. Queda claro que en el presente año, fueron los saldos que aún quedan del “bono democrático” del Gobernador del Estado, los que atenuaron una mayor inconformidad social por las acciones del magisterio.

No obstante, también queda claro que independientemente de los bonos democráticos, de los gobiernos, y de cualquier forma de manifestación de rechazo ciudadano, de todos modos hoy para el magisterio el punto de partida está en el estallamiento del plantón, en la exigencia voraz de recursos y prebendas a cambio de la paz, y en no dar “ni un paso atrás” en cuanto a los montos económicos y políticos que negocia cada año.

Por eso, independientemente de que el problema ya es grave, hoy es lo de menos pensar en el presente. Con toda seguridad se puede prever que el futuro será aún más complicado en la relación gobierno-Sección 22; que unos y otros seguirán interactuando para únicamente solucionar las demandas momentáneas, y las ocurrencias y voracidad del magisterio, pero no para reencauzar de fondo el problema educativo.

Hasta hoy, el Gobierno del Estado no ha hallado forma alguna de permear en las estructuras del magisterio, para poder incidir de forma más efectiva. Y así, acorazados y radicales, los maestros continuarán una ruta que ya no es por forma alguna de democracia, sino por un asalto abierto a la sociedad y al gobierno.

 

BUENAS INTENCIONES

Si el Gobierno del Estado tiene de verdad ganas de hacer efectivo el Acuerdo de Unidad para la Educación de los Oaxaqueños, e independientemente de la titánica operación política que habría de realizar para lograr que la 22 lo firme y lo cumpla, debiera también reconocer que el plan educativo alterno del que tanto habla el magisterio oaxaqueño, no es más que un conjunto de ideas difusas, que no tienen articulación ni fines. Si quieren hacer algo, háganlo bien. Porque además de todo, urge.

Sección 22: su “democracia”, intolerante y acrítica

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+ Flavio Sosa, desconocido por exigir diálogo abierto

 

Todos los que tajantemente dicen que la lucha que encabezan los profesores de la Sección 22 del SNTE es por la democracia y las mayorías, deberían ver lo que ocurre ahora mismo frente a un aliado de ellos, que tuvo la ocurrencia de hacer una serie de planteamientos críticos no hacia sus objetivos, sino respecto a la forma en cómo negocian con el Gobierno del Estado. En la reacción magisterial a los señalamientos del diputado Flavio Sosa Villavicencio, resalta fielmente la intolerancia, la antidemocrática y la cerrazón de un gremio “democrático”, como el del magisterio oaxaqueño.

Ayer mismo, el secretario General de la Sección 22, Azael Santiago Chepi, aseguraba a los medios de información que “por realizar declaraciones tendenciosas a favor del Estado, las puertas de la Asamblea Estatal del Magisterio, están cerradas para el diputado local Flavio Sosa Villavicencio, hasta que se revise su situación”. ¿Qué fue eso tan grave que dijo el ahora Legislador, y uno de los Dirigentes más visibles de la APPO, durante el conflicto magisterial de 2006?

En primer término, el diputado Sosa Villavicencio propuso que la Sección 22 negociara de modo abierto con el Gobierno del Estado. Es decir, que a las mesas de diálogo que se realizan entre ambos sectores para dirimir el pliego petitorio del magisterio, tuviera acceso toda la sociedad a través de los canales de radio y televisión que controla el gobierno estatal. Asimismo, propuso un conjunto de acciones entre las que destacan las siguientes:

Primero, la necesidad de analizar los fines de la educación establecidos en la Constitución local, y definir con claridad los porqués de la educación, precisando qué se entiende por desarrollo integral y hacia dónde se debe encaminar las transformaciones política, social y económica del estado.

Del mismo modo, propuso revisar los ejes de la Ley Estatal de Educación para quitarle el calificativo de “letra muerta”. Respecto a la educación superior y media superior, el cuarto punto, cuestionó si es pertinente conservar dos grandes estructuras, el Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca (SUNEO) y la UABJO, o unificarlas en una sola, y si quienes egresan del primero están atendiendo a las realidades económicas, políticas y sociales de Oaxaca o “estamos preparando cerebros para que se vayan a otros estados o al extranjero”.

Otro de los puntos sensibles, es el relativo a analizar con seriedad el sistema de escuelas formadoras de docentes: si son suficientes y si la educación que otorgan es adecuada a las necesidades educativas del estado. Esto, además de revisar la operación y estructura del IEEPO para conocer si esta institución es acorde con las necesidades del estado, si sirve a la educación en Oaxaca o es necesario crear un nuevo organismo adecuado a la realidad oaxaqueña.

Incluso, Sosa planteó la necesidad de analizar cómo poder activar la participación ciudadana en la planeación, la ejecución y la evaluación educativa en el estado, cómo establecer una supervisión ciudadana efectiva sobre el cumplimiento de los objetivos educativos y el ejercicio de los recursos públicos destinados a la educación, y la pertinencia de incluir a agentes sociales distintos a padres y madres de familia.

Eso fue lo que, muy a grandes rasgos propuso el diputado Sosa. Y queda claro que, independientemente de los cuestionamientos personales que fundada o infundadamente se le hagan al diputado Sosa, ninguno de esos planteamientos es atentatorio contra la educación, o sería dañino para la sociedad. Si esto es así, ¿entonces por qué sus señalamientos despertaron el enojo de los profesores democráticos que, valga decirlo, se supone que buscan más o menos lo mismo que lo planteado por el ex Líder de la APPO?

 

MIEDO AL ESPEJO

Es necesario distinguir, siempre, a las personas de los argumentos. En este sentido, queda claro que más allá de sus propias conductas —muchas de ellas fuertemente reprobadas por la sociedad—, los planteamientos del diputado Sosa debían ser analizados como una más de las propuestas que deben generarse para tratar de encauzar este problema, que es un auténtico círculo vicioso de la educación en la entidad, del cual tiene amplia responsabilidad el sindicato magisterial.

Y aunque se supone que éstos son democráticos y dicen estar comprometidos con las causas sociales, queda claro que de sus propios posicionamientos se desprende que lo que les incomoda en realidad, no es que existan actos de corrupción, entreguismo o cuestionamientos a su interior, sino que éstos sean ventilados públicamente por sus propios aliados. Veamos si no.

Respecto a las críticas y propuestas del diputado Sosa, Azael Santiago Chepi dijo lo siguiente en una entrevista concedida al portal Libertad Oaxaca: “El revisar los presuntos vicios que hay dentro de la Sección 22, es algo que nos compete a nosotros, para eso tenemos espacios de crítica de revisión y estamos abiertos a que se haga, pero es lamentable que alguien quien ahora tiene una curul, haga ese tipo de pronunciamientos mediáticos”.

Y en otra parte de la entrevista señala lo siguiente: “Creemos que las declaraciones del diputado (Sosa) son tendenciosas a favor del Estado, sobre todo que cuando estuvo preso recibió toda la solidaridad del Magisterio, incluso acudió a Asambleas Estatales a solicitar el apoyo, es más dijo, en su momento se definió marchar junto con la APPO, para exigir la libertad del compañero…”

¿Eso significa que la supuesta solidaridad democrática de la 22 con un appista como Sosa, era en realidad a cambio de exigir la incondicionalidad de conciencia de sus integrantes? En realidad, eso pinta de cuerpo entero la verdadera vocación intolerante de un gremio que evita, a toda costa, el cuestionamiento y la disidencia de sus integrantes. Si Sosa fuera maestro, hoy mismo lo estarían transfiriendo al lugar más recóndito del Estado. ¿Esa es su tolerancia, su democracia y su apertura a la sociedad? Sin palabras.

 

BUROCRACIA INTERNA

 A través de todos los medios, la contralora Perla Woolrich emplaza a los empleados de confianza del gobierno estatal a que realicen de inmediato su declaración patrimonial. Pero, ¿estará enterada la Secretaria de lo tortuoso y lento de ese trámite? ¿Sabrá de las larguísimas filas que provoca el hecho de que sean apenas unos cuántos empleados los que reciban miles de declaraciones? ¿Sí conoce la dependencia a su cargo? Parece que no.

Oaxaca: ¿Cuándo quedará atrás la pugna electoral?

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+ Gobierno-oposición: no ven el interés de oaxaqueños

 

Cuando se cumplen los primeros seis meses de gobierno, queda claro que ni la administración estatal, ni sus fuerzas políticas aliadas, y mucho menos los opositores, han podido centrar el debate y poner verdaderamente en el foco de la atención pública, los problemas más sensibles que aquejan a los oaxaqueños. Llevamos seis meses de mentiras, de ataques facciosos, de denuestos, de soluciones engañosamente dilatorias, y de falsas estaturas morales. Pero hasta hoy, vemos que ninguno de los problemas reales, que aquejan al ciudadano de a pie, ha sido resuelto al menos parcialmente.

Queda clara la imposibilidad de centrar el debate, y las soluciones que requiere urgentemente la entidad porque, por un lado, la alianza de partidos que llevó al poder al Gobernador del Estado, está comenzando a mostrar las grietas e inconsistencias naturales que, aunque se decía que no existían, es indudable que siempre estuvieron ahí.

Y por el otro lado, porque la relación y la interacción entre el Ejecutivo, y las fuerzas de oposición que orbitan a su alrededor —desde los partidos políticos, el Poder Legislativo, e incluso las trincheras relativamente ciudadanas— hasta ahora no ha podido dejar atrás ni los enconos que ya traían de tiempo atrás, ni las afrentas naturales que se generaron durante la campaña, e incluso ni los conflictos particulares que existen entre los integrantes de los gobiernos saliente y entrante.

Ante este escenario, cabe la pregunta: ¿Cómo hacer un gobierno equilibrado, que de verdad fomente y consiga la paz y el progreso que prometieron, cuando desde el mismo poder se abrieron todos los frentes de batalla posibles, cuando se ha mostrado más ineficiencia e irascibilidad que experiencia de gobierno, cuando su respaldo son una serie de aliados interesados y codiciosos, y cuando las fuerzas opositoras tienen muchas ganas de pelear, pero nada de nivel para aportar y debatir ante los temas públicos?

Este escenario, nada alentador, es el que hoy prevalece en la entidad. Y es que si la relación del gobierno con las fuerzas de oposición es tensa e improductiva, queda claro que sus propias alianzas internas le están provocando tantos o más problemas que los que ya de por sí tiene con sus adversarios. Veamos si no.

Al interior de cualquier gobierno, es natural que se formen ciertos grupos o facciones políticas para tratar de disputarse, conseguir o preservar los cotos de poder que comienza a delegar el gobernante en turno. A partir de esa lucha de grupos se van definiendo las atribuciones, los alcances en las decisiones, e incluso ciertos perfiles sucesorios. No hay gobierno en el que no se formen por lo menos dos o tres grupos —integrados por funcionarios, líderes partidistas, legisladores, etcétera— con esos objetivos.

¿Pero qué pasa en la administración actual? La “pluralidad” del gabinete lo está haciendo francamente ingobernable, porque no existen definiciones ni rumbos políticos claros. Por eso, lejos de conformarse facciones se están haciendo auténticas islas, que provocan que la administración pública persiga, por todos lados, objetivos distintos y muchas veces hasta contrarios.

Lo mismo pasa en el Poder Legislativo. Ahí, los aliados del Gobernador comienzan a demostrar, sin ningún pudor, su alto grado de interés y codicia, al seguir sosteniendo una alianza, pero siempre reclamando posiciones y prebendas que, al cumplirse, ni facilitan la tarea de gobierno ni encauzan las decisiones, sino que más bien lo siguen complicando más y generan más tensiones de las que ya existen.

¿Cómo hacer un gobierno eficiente en esas condiciones? Aun cuando la pluralidad no fuera signo de anarquía o desorden interno —como lo es—, asimismo todos han demostrado un alto grado de desconocimiento o inexperiencia en las tareas que les fueron encomendadas. El color partidista sería intrascendente si todos hubieran demostrado eficacia. Pero al anteponer el interés político al trabajo administrativo, y aún así hacer mal esto último, queda claro que el resultado es el caos interno que enfrenta hoy el gobierno del cambio.

 

OPOSICIÓN INVISIBLE

En una democracia, existe siempre el riesgo de que gobierno muy popular y ampliamente legitimado por el voto popular, pueda también convertirse en una administración ineficiente y desastrosa; sin embargo, aún con esto, puede llegar a ciertos resultados positivos si enfrente tiene a una serie de fuerzas de oposición que le exijan corregir rumbos, que planteen respuestas para los problemas públicos, y que apremien a enmendar los errores que se han cometido.

Esto puede ocurrir, sin embargo, en cualquier otra democracia que no sea la nuestra. Aquí, además de que hemos visto una oposición poco activa y carente de liderazgo, hemos también constatado que, al igual que el gobierno, continúan instalados en los enconos del pasado. Unos y otros pierden tiempo en discusiones estériles; y a partir de ellas pretenden construir falsas estaturas morales… para sólo continuar descalificándose.

Veamos si no. Hace unas semanas, el diputado federal priista Héctor Pablo Ramírez Leyva mandó a colocar en algunos anuncios espectaculares de la capital oaxaqueña la frase: “Gabino, ¿puedes o no puedes?” La respuesta oficial, inmediata, fue mandar a retirar las lonas con la leyenda, y reaccionar haciendo públicos presuntos actos de corrupción de funcionarios de la administración anterior.

Queda claro el error común: ¿Con qué calidad moral un diputado federal encara a un gobernante, sobre problemas que ellos tampoco pudieron resolver? Queda claro que hoy Oaxaca no es mejor que antes; pero tampoco está peor que en los tiempos del PRI. Y, sin embargo, la respuesta oficial fue igual de baja que el ataque: con sus decisiones, no hicieron más que abonar a una disputa que finalmente es intrascendente para la mayoría, y mucho más si la vemos a la luz de los problemas que enfrenta el Estado.

 

INDOLENCIA

¿Con esos revanchismos mal planteados, quieren promover, desde el oficialismo, la paz y el progreso prometidos? Y aún peor: ¿Esos priistas, que prefieren la trifulca al debate, son quienes pretenden regresar al poder? Y lo más importante: ¿Para qué quieren el poder? Si a Oaxaca todos la ven como una simple arena en la que pueden pelear eternamente, sin resolver nada, entonces de antemano podemos esperar que el interés público, el de a de veras, siga durmiendo el tormentoso e indigno sueño de los justos.

Presidentes Municipales, con imagen por los suelos

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+ Replantear responsabilidades; ¿prioritario hacerlo?

 

A la par del recrudecimiento de la guerra contra el crimen organizado, han salido a flote otros vicios y debilidades de la sociedad y la política mexicana. Una de ellas, que se ha particularizado no sólo entre la opinión de los ciudadanos, sino también en la de quienes realizan diversas expresiones de arte, es la de la mala imagen de las autoridades municipales de muchas partes de la República Mexicana. Aunque parezca algo menor, hoy por todos lados surgen ese tipo de cuestiones. Y no debe sorprendernos que, en efecto, sean un reflejo de lo que es nuestro país y nos cuesta trabajo reconocer.

En ese sentido, tres historias ficticias sobre la realidad mexicana actual, que aparentemente nada tienen que ver entre sí, están conectadas por un rasgo en particular que nos dibuja de cuerpo entero lo desgastada —y muchas veces con razón— que se encuentra la figura de los presidentes municipales.

Aunque todas tienen rasgos comunes, en realidad, cada una de ellas refleja cierta parte de la corrupción, la colusión, y las debilidades de esas, que son las autoridades menos reguladas y a las que se les pone menos atención dentro de las más altas esferas del poder. Pero vayamos a ver una por una esas expresiones que reflejan el estado que guarda la imagen de las autoridades municipales, según el propio cine y la literatura actual mexicana.

En primer término, en la película El Infierno, dirigida por Luis Estrada, aparece un personaje denominado simplemente como “El Alcalde”, interpretado por el actor Emilio Guerrero. Éste, que en apariencia es la máxima autoridad del pueblo donde se desarrolla la historia. Sin embargo, al desarrollarse la trama queda claro que éste en realidad es un empleado de don José Reyes, el capo de la zona, que lo trata como un auténtico pelele. Y cómo no. Si éste le pagó la campaña, y es quien le dicta todas las disposiciones que toma como autoridad. Al final de la historia, el mismo Reyes resulta ser la autoridad municipal de la población, hasta que es asesinado, la noche del 15 de septiembre de 2010, por Beny (interpretado por Damián Alcázar).

Por otro lado, en la cinta “Sin memoria”, de manufactura nacional, dirigida por Sebastián Borensztein, y también de reciente estreno en las salas de cine mexicanas, aparece un personaje interpretado por Pedro Armendáriz. Éste, simplemente conocido como “Benitez”, es quien desata toda la violencia que se desarrolla en la trama. Esto, debido a que es quien tiene todos los hilos del poder y del dinero, y la capacidad de fuego suficiente como para cumplir con los fines que se ha propuesto el protagonista de la cinta, Beto Santos, interpretado por Emilio Echevarría. Al final, resulta ser que quien pareciera ser todo un capo de la mafia, en realidad es el Alcalde del lugar donde se desarrolla la cinta.

Y por último, en la edición de abril de 2011, la revista Letras Libres presentó una serie de historias sobre la narcoviolencia que vive el país. Una de ellas, escrita por Julian Herbert, titulada “M. L. Estefanía”, imagina la historia de un hombre adicto a la heroína, que contando con la ayuda de un par de amigos —uno de ellos identificado simplemente como “Esquivel”, el cual es “presidente municipal de un pequeño pueblo fronterizo”—, y la protección de una poderosa dirigente sindical del magisterio, amiga de Esquivel, se inventa un “trabajo” robando la personalidad del célebre autor de historias vaqueras del norte del país, Marcial Lafuente Estefanía.

Así inicia una serie de periplos, que comienzan con un pequeño acto de usurpación para dar “conferencias” en escuelas primarias públicas —auspiciadas gracias a un jugoso contrato conseguido por la líder gremial, a través del tráfico de influencias—, sigue con la incursión en el negocio de la extorsión telefónica (ahora diciendo que llaman de parte de un violento grupo criminal), y termina con una cruel masacre a manos de los sicarios a quienes usurparon su identidad para timar a inocentes a través de un teléfono celular.

 

IMAGEN (Y CARGOS) OLVIDADOS

La conexión entre estas tres historias se encuentra en la imagen retratada de los presidentes municipales de hoy en México: de personajes de dudosa credibilidad, corruptos, sometidos por completo a los poderes fácticos predominantes en la zona, olvidados de los verdaderos poderes del Estado, que desdeñan por completo el mandato constitucional que les fue conferido, y que terminan aprovechando las ventajas de oportunidad que malamente les brindan sus cargos, para tratar de darse la relevancia que no pueden conseguir a través de sus funciones.

Ante este reflejo, habría que comenzar a repensar los alcances de los municipios, y la sustentabilidad que tienen hoy las autoridades municipales. No habrá guerra alguna con posibilidad de ganar, mientras esta realidad retratada, siga siendo también parte de la realidad dominante. Y esto, tenemos que comenzar a pensarlo seriamente en todos los rincones del inmenso, problemático y, por momentos, ingobernable país en que vivimos.

En ese sentido, tendríamos también que comenzar a exigir a las autoridades de los dos ámbitos de gobierno superiores (estatales y federales) que pongan mayor atención a las actividades y alcances que tienen las municipales. Aunque es cierto que el municipio es libre de realizar ciertas actividades conferidas por la Constitución, también lo es que esto no significa que todos puedan hacer lo que deseen, sin que nadie les ponga un alto o les “recuerde” los límites de la legalidad.

Hoy, queda claro que no se puede seguir viviendo en medio de este clima de violencia e ingobernabilidad; pero también lo es que todos los ciudadanos debemos pugnar porque haya mayores márgenes de legalidad tanto en las autoridades, como en nosotros mismos. Porque no podemos exigir, o seguir exigiendo, lo que nosotros mismos no somos capaces de ofrecer como ciudadanos.

 

FELICITACIÓN

El equipo conformado por los alumnos de la maestría en Medios Interactivos de la UTM, Raquel Pérez, Hermenegildo Fernández y nuestro amigo René Mecott Ríos, ganaron el primer lugar en el concurso internacional de Diseño de Interacción que organizó la Asociación de Profesionales de la Usabilidad (UPA), superando a los equipos finalistas de la Universidad Nacional de Singapur y de la Universidad de McGill de Montreal, Canadá. Enhorabuena para estos talentosos oaxaqueños, que ponen muy en alto el nombre de México en el extranjero. ¡Felicidades!

 

Gobernabilidad: ¿nadie quiere a Oaxaca?

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+ Gobierno-oposición: juntos, a construirla

 

Queda claro que uno de los problemas más graves que enfrenta Oaxaca, es que nadie quiere asumir la responsabilidad del momento —ese sí— histórico que les toca vivir. Mientras el estado de cosas se mantiene tal y como ha estado siempre, desde la óptica oficial todas las calamidades sociales tienen explicación en el pasado; y desde las fuerzas ajenas al gobierno, sólo se pasan reprochando sin tomar en cuenta que éstos deberían ser tiempos de construir juntos la estabilidad del Estado.

Oaxaca no está mejor que hace uno, dos, cinco o diez años. Ese es el punto inicial de un problema que, en sí mismo, no radica en eso. La mayoría de los ciudadanos votaron por un cambio en julio pasado, justamente para no seguir viendo las escenas sociales a las que ya estábamos acostumbrados. En última instancia, era redundante saber si ganaba el PAN, el PRD o Convergencia, mientras hubiera la promesa de hacer todo para que aquellos días aciagos de las protestas y la ingobernabilidad, no se repitieran en Oaxaca.

¿Qué ha pasado? A la luz de los hechos, las cosas hoy no son mejores que antes, aunque tampoco son peores. Es decir, que los mismos hechos nos llevan a constatar que la problemática social de Oaxaca es mucho más compleja, fuerte y trascendental, que sus gobernantes. Es cierto que las cosas no pueden estar peor de como ya estuvieron en el último lustro, pero también es cierto que hoy no se puede hablar de una mejoría perceptible.

¿Qué revela todo eso? Que, fundamentalmente, ni se están tomando las decisiones correctas, ni se están enfrentando los problemas para tratar de darles solución de fondo a cada uno de ellos. Vistos los problemas más importantes de la entidad más allá de cualquier efervescencia o tinte partidista o preferencia particular, queda claro que todo ese paquete de asuntos se sigue abordando con la misma lógica de pequeñez y sectarismos de siempre. ¿Por qué?

Porque independientemente de quién gobierne y de quién haga oposición en Oaxaca, es claro que problemas como el del chantaje de la Sección 22 son comunes a todos los oaxaqueños, y que por tanto, todos deberíamos ser parte más de la solución que del problema. Esto es que, aún cuando es obligación fundamental del Gobierno del Estado enfrentar los problemas políticos o de gobernabilidad, también lo es que una verdadera transformación en la conciencia social debía llevar a todos a involucrarse en los temas que aquejan a todos. Sin embargo, nadie parece tener voluntad o ganas de asumir su responsabilidad.

Por un lado, con la negociación anual del magisterio oaxaqueño, el Gobierno del Estado se está enfrentando a una serie de cuestiones sobre las que sólo alcanza a proponer soluciones doblemente parciales (son así porque ni tienen capacidad de desactivar por completo las protestas magisteriales, y porque tampoco están encaminadas a resolver de fondo el grave problema educativo que enfrenta la entidad).

Y es claro que, ante la imposibilidad de resolver esos problemas, el Gobierno del Estado recurre nuevamente a la vieja, gastada y poco creíble táctica de culpar a la administración anterior por los vicios actuales, y culparla de la corrupción que impera en ese sector.

Quizá esas sean “soluciones” dignas de un político en campaña, o de quien pretende evadir la parte de la responsabilidad que le corresponde, al no poder resolver los problemas que se le ponen enfrente. Sin embargo, es evidente que más allá de cualquier tentación política o partidista, lo que queda en el fondo es una gran demostración de testarudez e incapacidad que, por su misma naturaleza, no tiene posibilidad de resolver un problema que va mucho más allá de los solos vicios que se anidaron gracias a la corrupción del régimen anterior.

PROBLEMA DE TODOS

La ruta seguida por el Gobierno del Estado frente al problema magisterial, es la misma que, fallida una y otra vez, ha seguido cuando se ha enfrentado a otras cuestiones: por un lado, asegurar que se está dialogando al límite posible, pero aclarando que es complicado acceder a soluciones de fondo porque los gobiernos pasados le “heredaron” una tradición de corrupción que no se puede romper de un día para otro.

Frente a este derrotero inamovible de la administración estatal, ¿de verdad nadie puede hacer alto para lograr que se varíe hacia soluciones más inteligentes y propositivas? Ahí es donde debía aparecer la responsabilidad —esta sí— histórica de las fuerzas no aliadas, o de oposición, para hacer rectificar el camino no en aras de generarle una ganancia política, sino de establecer un marco de gobernabilidad para Oaxaca. ¿De qué hablamos?

De que hoy tanto representantes del PAN, como del PRD, PT y no se diga del PRI, se deshacen en críticas a la Sección 22, y en auténticos llamados de atención al Gobierno del Estado. Sin embargo, vale preguntarse: ¿Todo eso sirve de algo? Evidentemente no. Porque a la luz de los hechos, cada uno de ellos está sentado en su trinchera, viendo cómo el gobierno se desacredita cada día más al no poder resolver el conflicto magisterial, y cómo las fuerzas radicales toman fuerza ante la incapacidad de sus interlocutores.

Nadie, ninguna fuerza o actor político, ha tenido la disposición o la capacidad para entender que intervenir activamente en la solución de un conflicto, finalmente no sólo le abonará ganancias políticas a él, sino que demostrará que verdaderamente se encuentra preocupado por los grandes problemas de la entidad, y que también tiene capacidad para ayudar a resolverlos.

Sin embargo, hoy el papel de todos los opositores es sólo de descalificación, pero no de exigencia real de resultados, y de colaboración en la construcción de la gobernabilidad del Estado. Esto es claro: si el Gobernador del Estado está equivocado en su ruta de negociación, háganselo saber y exíjanle que rectifique el camino. Incluso, tomen las banderas que sean necesarias para encauzar un problema que finalmente nos involucra a todos. No hacerlo, equivale a convalidar los yerros del oficialismo. Y eso, también equivale a permitir que los errores y las deficiencias de unos, y la indiferencia de los otros, las paguemos todos los ciudadanos.

CAJA DE PANDORA

Por cierto, si hoy se acusa que el IEEPO era la caja chica del gobierno anterior, también deberían preguntarse por qué tanto interés en la actualidad por manejar los recursos de las becas para jóvenes, que serían manejados por Cejuve. Barril sin fondo, sigue siendo el IEEPO. Sólo cambió de manos. Abundaremos.

Jornada de lucha de S-22: el problema queda

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+ Sin solución visible, el gobierno cava su tumba

 

El problema de fondo no es que los profesores integrantes de la Sección 22 del SNTE haya decidido, de nuevo, cerrar más de cuarenta calles del Centro Histórico de Oaxaca; el problema no es que el gobierno estatal, de nuevo, les haya dado literalmente todo a cambio de nada en la negociación anual; el problema, incluso, no es que hoy mismo esté vigente el paro indefinido de labores. El problema, en el fondo, es que a este problema, cada año sólo se le aplican analgésicos; pero nadie le da —o nadie le puede, o le quiere dar— una solución de fondo.

Como cada año, la ruta fácil puede llevarnos —como a muchos— a descalificar las acciones particulares de los integrantes de la Sección 22: asegurar, como se hace cada año, que sus marchas y plantones provocan cuantiosas pérdidas a la economía local; que sus paros de labores tienen postrada a la educación pública a la entidad; o que sus métodos de lucha son propios de personas que pueden jactarse de todo, menos de ser quienes deben de poder un ejemplo constructivo a las nuevas generaciones.

Del mismo modo, en la contraparte puede también decirse, como cada año, que el gobierno estatal está rebasado. Que ahora, a diferencia de antes, se encuentra voluntariamente sometido a los designios de la dirigencia y las bases del magisterio; que sus determinaciones no son sino un sinónimo de sometimiento a un chantaje cometido a cielo abierto; y que su fracaso de la política del diálogo no revelan sino la magnitud en que se encuentra rebasado por este problema.

Es cierto que, además, la sociedad está harta de que la molesten con sus marchas y plantones; que los padres y familia se sienten agraviados impunemente por las semanas enteras que sus hijos se quedan sin clases; que el comercio sea cada vez más intolerante con quienes les provocan el colapso de sus negocios; y que todos, en general, rechacen la decisión oficial de no descontar un solo peso de su salario a quienes provocan daños y pérdidas económicas en todos los sitios por donde pasan.

Sin embargo, queda claro que esos lugares comunes no llegan a abordar el tema de fondo. ¿De qué hablamos? De que, en el fondo, con la forma en cómo se dirimen actualmente los problemas y las demandas y las exigencias de la Sección 22 al Gobierno del Estado, y cómo se canalizan las inconformidades que a partir de esto se generan en toda la sociedad, lo que se está haciendo es dar simples analgésicos a una enfermedad que, por su gravedad y desatención, en cualquier momento podría llevar al colapso a todos los sistemas de este ser vivo llamado sociedad oaxaqueña.

¿Cómo atiende el Estado la problemática? Con puras soluciones parciales. Frente a la sociedad —al ciudadano de a pie, que se siente agraviado por alguna de las acciones o decisiones magisteriales— casi siempre responde pidiendo paciencia y tolerancia, o simplemente ignorando la inconformidad. Eso ha ocurrido siempre. Y hoy no es la excepción frente a todos los que están inconformes con —vaya redundancia— la forma en que se manifiesta la inconformidad magisterial.

Sin embargo, es aún más grave lo que ocurre frente a la enfermedad en sí. Se evade impunemente, a los ojos de la sociedad, sin que nadie ni nada parezca poder hacerse para remediarse o, al menos, para exigir que se atienda de fondo.

BARRIL SIN FONDO

Este año, por ejemplo, el gobierno estatal anunció por todos lados la “respuesta histórica” que dio a las demandas de la Sección 22 del SNTE. Aseguró que fueron más de mil 500 millones los “invertidos” para atender las demandas magisteriales, previendo que con ello los profesores se sintieran constreñidos a corresponder el gesto evitando el paro indefinido de labores.

Sin embargo, más allá de cualquier idealismo, ¿cuál fue la respuesta? La misma de siempre: la 22 calificó de “mínimos e insuficientes” los ofrecimientos gubernamentales; desmintieron la cifra diciendo que “sólo” eran 700 millones los entregados. Y dijeron que esencialmente esa era la razón por la que de todos modos habían resuelto estallar el paro indefinido de labores.

Queda claro que la llamada “inversión”, no es tal. Y no es así porque a cambio de esos millonarios recursos no habrá beneficio alguno, ni lo hay ahora mismo, para el interés general. Es un cheque en blanco, depositado en un barril sin fondo, que al final no va a tener otra potencial repercusión efectiva, que no sea apaciguar el encono y la ira magisterial. ¿Esa “inversión” mejora la educación? No. ¿Contribuirá a abatir el rezago educativo? No. Incluso: ¿ese monto tendrá la capacidad de incidir positivamente en la gobernabilidad, la paz y el desarrollo de la entidad? Tampoco.

Por todo eso, queda claro que todas las “respuestas” oficiales son a cambio de nada. El gobierno estatal no tiene la capacidad de exigir contraprestaciones, a cambio de seguir cediendo al chantaje. Y eso ocurre a la vista de todos: esos mil 500 millones de pesos no resolverán nada de la educación; no repararán las pérdidas de quienes se ven afectados por los paros y los plantones; no desagraviará a la sociedad ofendida (al contrario, profundizará aún más el rechazo); e incluso, tampoco representa una señal (clara o tenue) de que algún día este problema terminará.

Nada de esto podrá ser así porque esto está convertido en un auténtico círculo vicioso en el que todos pierden (perdemos) para que gane la Sección 22. Sin embargo, es tanto o más grave que mientras todo eso ocurre, ya nadie se preocupe por plantear o exigir que —dentro de poco o mucho tiempo— se tome la decisión de emprender soluciones de fondo.

Permea tanto la desesperanza, y el dominio de quienes chantajean, que a nadie parece interesarle algo más que los maestros se quiten del Centro Histórico; que marchen pero que no cierren calles; que no “paren” muchos días las clases; o que hagan lo que quieran, pero “sin ponerse violentos”.

¿Qué solución es más viable? ¿Que el gobierno le exija a la 22? ¿Que seamos los ciudadanos quienes le exijamos primero a los gobernantes? ¿O que tengamos que comenzar a entendernos directamente con los “educadores” oaxaqueños?… En nuestra apatía coronamos el refrán que dice que el valiente vive, hasta que el cobarde quiere.

SELECCIONAR PELEAS…

Ojalá el gobierno estatal esté calculando bien el número de frentes de batalla que está abriendo. Ojalá esté actuando con sapiencia al elegir el momento y el tipo de adversarios con los que se va a medir. Este no es un asunto menor. Abundaremos.

Eperristas desaparecidos: estrategia de denuncia, en marcha

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+ Diagnóstico brutal de Comed; ¿qué hará Oaxaca?

 

Son brutales las conclusiones a las que llega la Comisión de Mediación, respecto a la desaparición en Oaxaca de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, integrantes del Ejército Popular Revolucionario, hace exactamente cuatro años, y sobre la actuación que ha demostrado el Estado mexicano en la investigación de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en nuestro país en los últimos tiempos.

Como bien se sabe, en los primeros días de junio de 2007 la Comandancia General del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, denunció la desaparición de dos de sus integrantes en la capital oaxaqueña. En aquel entonces acusó a las fuerzas policiacas estatales, y al Ejército Mexicano, de haber participado en la operación, y dijo que sus compañeros se encontraban recluidos en alguno de los campos militares de la capital del país, en donde se torturaba física y psicológicamente.

A partir de entonces, el EPR definió como eje principal de sus demandas políticas, la de la presentación con vida de sus compañeros desaparecidos. Luego, pasado apenas un par de meses desde entonces, decidieron emprender actos de sabotaje contra ductos petroleros e instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos, para que sus demandas cobraran relevancia, y para obligar al gobierno mexicano a que les pusiera atención.

Durante todo el resto del año 2007, el EPR sostuvo que estaban dispuestos a perpetrar todas las acciones de fuerza que fueran necesarias, con tal de dar con el paradero de Cruz Sánchez y Reyes Amaya. Finalmente, en vísperas de que se cumplieran dos años de la desaparición de sus compañeros, decretaron una tregua unilateral, y demandaron la conformación de una Comisión de Mediación, para que realizara todas las gestiones necesarias ante los órganos del gobierno federal y de Oaxaca, en aras de localizar a los desaparecidos.

¿Qué actitud tuvo, y ha tenido, el gobierno mexicano durante todo este tiempo? Fundamentalmente, ha jugado con un evidente doble discurso. Por un lado, públicamente los gobiernos federal y de Oaxaca, manifestaron su preocupación e indignación por esos hechos, y aseguraron que realizarían todas las acciones a su alcance para dar con el paradero de los eperristas. Empero, en realidad, más allá de la retórica quedó claro que esos gobiernos nunca hicieron algo más para localizar a los guerrilleros, que prometer lo que no tenían ni voluntad ni ganas de cumplir.

El EPR tuvo siempre claro todo esto. Sin embargo, dos años después continúan con esa misma exigencia, previa declaración unilaterial de tregua. ¿Por qué? Esto, que podría tomarse como un intento de continuar “por la vía política” un asunto que bien podrían dirimir por la vía armada; o considerar que no actúan por falta de fuerza y capacidad de acción, en realidad tiene objetivos específicos, que no son nuevos.

Hace casi dos años, en nuestra entrega del miércoles 10 de junio de 2009, apuntamos lo siguiente: “Esta vía (la de la denuncia nacional e internacional), por sí sola implica una estrategia política de largo plazo y amplio alcance. El EPR sabe (…) que estos son tiempos en los que resulta tanto o más eficaz el diálogo combinado con la denuncia a nivel nacional e internacional (…) El EPR parece saber que su guerra política tiene posibilidades de hacer tanto o más daño a las oligarquías y grupos de poder que persigue, con el inicio de una bien delineada estrategia política basada en la denuncia. Poco a poco se están allegando de las armas para fortalecer esa estrategia. Pronto veremos cómo se desarrolla.”

DIAGNÓSTICO ATROZ

Esa ha sido la ruta seguida, y hoy las conclusiones de la Comed, luego de dos años de trabajo, así lo demuestran. En un documento denominado “Reflexiones”, dado a conocer ayer martes, los integrantes de la Comisión resuelven que, aún cuando el Estado mexicano ha manifestado voluntad por combatir y castigar la comisión de delitos de lesa humanidad, ha firmado todos los instrumentos internacionales respectivos, y que existen denuncias sobre presuntos actos de desaparición forzada de personas, “lo cierto es que nada de lo anterior ha sucedido y que en México no ha sido castigado un sólo delincuente de Lesa Humanidad. Tampoco se ha investigado de forma legal la desaparición forzada de Reyes Amaya y de Cruz Sánchez”.

Y, acto seguido, hacen señalamientos brutales para este y cualquier gobierno: “Conforme a los parámetros internacionales, la desaparición forzada de los militantes del PDPR–EPR está plenamente acreditada. En esas condiciones, resulta absurda la postura de la Procuraduría General de la República de no orientar sus indagaciones hacia ese delito, sino que dice estar esperando la conclusión de su tarea en este caso (sin fijarse plazos) para determinar si estamos o no ante ese ilícito. Da la impresión de que administra convenientemente el conflicto, para aprovechar la tregua que el grupo armado aceptó a propuesta de la Comed.

“El Estado mexicano se ha desvalorizado ante la Comunidad Internacional, pues ha sido puesto en el banquillo de los acusados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en seis ocasiones resultó condenado. Quienes lo representan en juicio no procedieron con honestidad profesional, pues intentaron confundir al Tribunal asegurando que las desapariciones forzadas son en México cosa del pasado, cuando el caso de Reyes Amaya y Cruz Sánchez es del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.”

Tal parece que la estrategia comienza a ser contundente: el EPR ha mantenido la vía de la denuncia no sólo para demostrar la inmovilidad y la falta de voluntad del gobierno federal para hallar a sus desaparecidos, sino también para impedirle que, como cuando perpetraron actos de sabotaje, el presidente Calderón vuelva a calificarlos como “terroristas”. Mientras ellos despuntan en su lucha, el gobierno federal se queda sin argumentos para justificar su inacción respecto a los desaparecidos.

¿QUÉ HARÁ OAXACA?

En su misiva, la Comed sostiene, respecto al gobierno estatal lo siguiente: “El gobierno de Oaxaca avanza ante la oportunidad de aportar nuevos elementos que contribuyen a la solución de estos hechos. Esperamos que estas acciones pronto aporten los resultados esperados.” Ojalá que la voluntad mostrada por la administración estatal, sea coronada con hechos, y no haya sido sólo una declaración de oportunidad para congraciarse con ciertos sectores del movimiento popular. Ojalá.

Conflicto y codicia en Pueblos Mancomunados

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+ Segego: ¿Bombero o incendiario de conflictos?

 

El tono pareciera hasta heroico, y proveniente de una funcionaria auténticamente comprometida con la legalidad, cuando la secretaria General de Gobierno, Irma Piñeyro Arias aseguraba, hace unos días, que “habrá tala y saneamiento de bosques en Oaxaca, aunque los campesinos que viven en esas zonas no estén de acuerdo”. Pareciera, aunque la realidad es mucho más compleja que su supuesta voluntad por proteger los bosques de la Sierra Norte.

Veamos primero el contexto: La semana pasada, un grupo de comuneros, encabezados por las autoridades municipales de Lachatao y Yavesía, se apersonaron en la capital oaxaqueña para denunciar públicamente los actos de hostigamiento de que han sido objeto, así como la explotación inmoderada de sus bosques por parte de la empresa Forestal Comunal.

Ante tal denuncia, cabe preguntarse cuál es el problema de fondo, y de dónde surge la inconformidad que asimismo los aqueja. Todo esto, particularmente, tiene su origen en la aparición, desde hace poco más de una década, de la plaga de gusano barrenador en los bosques pertenecientes a esas comunidades; a la prolongada indolencia oficial; y a la voracidad actual de unos cuantos que pretenden utilizar la plaga como un pretexto para talar grandes extensiones de terreno boscoso y obtener beneficios económicos de ello, aún cuando todo eso no soluciona el problema de la plaga.

En este sentido, los comuneros de la región afectada refieren que desde hace algunos años apareció la plaga del gusano barrenador, en una extensión de alrededor de cuatro hectáreas boscosas de los Pueblos Mancomunados. Desde entonces, fueron los propios habitantes de esas comunidades quienes estuvieron a cargo de controlar la presencia de la plaga, debido a que las instancias oficiales desestimaron sistemáticamente sus solicitudes de apoyo.

¿Qué hicieron los comuneros? Particularmente, establecer los perímetros de bosque afectados, y determinar la pertenencia de las zonas a cada una de las tres comunidades que integran los Pueblos Mancomunados (Amatlán, Lachatao y Yavesía). Así, cada municipio se hizo cargo de la zona afectada en su respectiva demarcación; y así consiguieron relativo éxito en el control del gusano barrenador.

En este punto, es necesario tomar en cuenta las condiciones políticas particulares de la región. Aunque las tres comunidades comparten el territorio, históricamente han sido más las diferencias que las coincidencias entre los habitantes y las autoridades de cada uno de esos tres pueblos.

Por eso, el hecho de que en años recientes los Presidentes Municipales de las tres comunidades tuvieran la posibilidad de sentarse a la misma mesa para tomar acuerdos comunes a favor de sus bosques —cosa que no había ocurrido en décadas, independientemente de cuál fuera el motivo o la necesidad a atender—, constituyó en sí mismo un logro político, que ahora ha sido desestimado por quienes pretenden lucrar con los bosques a partir del pretexto del gusano barrenador.

¿LEGALIDAD O VORACIDAD?

En un asunto como éste, es fundamental nunca dejar de considerar las particularidades políticas de las comunidades involucradas. Por eso, aunque en 2007 se llegó al acuerdo antes señalado entre los municipios integrantes de los Pueblos Mancomunados, para 2010 todos decidieron no someterlo a revisión por el momento político que se vivía. En aquel momento, se prefirió dejar el tema de lado, para no caldear ánimos políticos que, por la cuestión electoral que entonces se dirimió, ya de por sí estaban encendidos.

El problema de todo esto, es que la autoridad —que es la esencialmente obligada a atender y combatir las plagas— tampoco hizo algo para atender la problemática del gusano barrenador que afectaba al bosque de los Pueblos Mancomunados. Así, de las cuatro hectáreas afectadas inicialmente, hace una década, para 2011 se calculó que ya eran unas 400. Ante el problema, había que hacer algo urgente para combatirlo.

Esa fue la razón por la que, a principios del presente año, las respectivas autoridades de los Pueblos Mancomunados presentaron a la Secretaría General de Gobierno, una propuesta para el combate a la plaga: ellos habían determinado que, como en años anteriores, cada comunidad se hiciera cargo de su parte afectada de bosque, apoyadas con los recursos que las instancias estatales y federales tienen predestinados para el combate a ese tipo de plagas.

En ese punto fue donde surgió una sospechosa determinación de la Segego por darle una solución distinta al problema, de cómo originalmente fue planteada por las autoridades municipales. ¿Qué determinaron? Que la plaga habría de ser combatida por la empresa maderera de Pueblos Mancomunados (Ver Al Margen de ayer 23 de mayo), y, como lo dijo la misma secretaria Piñeyro, que los árboles serían talados, y los bosques saneados, aún cuando los pobladores se resistieran a la medida.

¿Por qué habrían de resistirse los comuneros a algo que según les beneficia? Porque, en realidad, bajo el pretexto del combate a la plaga, la empresa maderera se dispuso a talar esas 400 hectáreas dañadas por el gusano barrenador, para luego aprovechar la madera. Y es que ésta no es la solución: las empresas que verdaderamente se dedican a controlar esas plagas, no cortan los árboles enfermos para comercializar su madera, sino que utilizan métodos específicos, a través de los cuales no se aprovecha la madera pero sí se extermina la plaga, que es el objetivo específico de esas medidas de control.

Curiosamente, tanto la secretaria Piñeyro Arias, como el director de Desarrollo Forestal de la Sedapf, Félix Piñeyro Márquez, están dispuestos a no dar marcha atrás a la decisión de que sea la empresa forestal de Pueblos Mancomunados, la que combata la plaga referida talando árboles para luego vender su madera. Éste último, en declaraciones a la prensa, dijo que “el saneamiento de las 287 hectáreas que amparan unos 10 mil metros cúbicos de madera (…) no tiene marcha atrás, posteriormente pasaremos al tema de la comercialización”

¿NEGOCIO DE FONDO?

El problema no es el combate a la plaga, sino el negocio que pretenden a partir de eso. ¿Qué nadie ve que la inconformidad de fondo está en “la comercialización” que todos dicen que “se verá” después? El problema es que eso puede ser lo mismo un asunto de interés público, que un riesgoso intento de jugar con la paz en aquellas comunidades, a partir de un interés o contubernio económico. Mucho cuidado.

Pueblos mancomunados: ¿Beneficio común?

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+ Empresas comunitarias, todo un poder fáctico

 

Parece una contradicción que los municipios de Santa Catarina Lachatao y Santa Maria Yavesia, integrantes de los Pueblos Mancomunados de la Sierra Juárez en Oaxaca, hoy manifiesten inconformidad con las empresas comunitarias que, podría pensarse, fueron creadas por ellos mismos para su beneficio. Sin embargo, su inconformidad es tan real, como la manipulación que unas cuantas personas han hecho de la bien aceptada figura del comunitarismo, como una forma de encubrir el saqueo y la postración de que han hecho a esas comunidades.

¿De dónde surge la mancomunidad de esos municipios? Históricamente, la unión de los pueblos de Amatlán, Lachatao y Yavesía, data de la época precolombina. Desde entonces, la solidaridad, el respeto y la justicia fueron valores que guiaron siempre sus relaciones y, según cuentan sus mismos pobladores, así sobrevivieron a los hechos violentos de la conquista, la Guerra de Independencia, la lucha por la Reforma, y la misma Revolución Mexicana. Los mancomunados se denominaron así porque, en efecto, eran uno.

Sin embargo, cuenta la historia particular de esas comunidades, que a mediados de los años 50s del siglo pasado, la comunidad de Yavesía solicitó su separación de la mancomunidad. Dicha comunidad señaló como propio un espacio de unas nueve mil hectáreas. Desde entonces, Yavesía enfrenta un litigio para legitimar su separación. Pero, esa misma solicitud de aquella época, fue el detonante para que el Estado mexicano reconociera, a través de una resolución presidencial, dictada en el año de 1957, la mancomunidad territorial de esos municipios.

Fue a partir de entonces que las tres comunidades, junto con sus agencias municipales, decidieron iniciar el proceso de explotación de los recursos naturales que contenían las más de 59 mil hectáreas que les fueron reconocidas en la resolución presidencial. Ante el reto de administrar y mantener su mancomunidad, los pueblos decidieron otorgar, a cambio de una contraprestación económica, la explotación de sus recursos forestales a la empresa Maderas de Oaxaca por un periodo de veinte años. Necesitaban, dicen, dinero para costear las gestiones que realizaban en la Ciudad de México, y también para defenderse de los intentos de separación de ese territorio común.

Sin embargo, al transcurrir esas primeras dos décadas, los Pueblos Mancomunados decidieron no continuar otorgando permisos para que terceros explotaran sus recursos forestales —fundamentalmente madera de pino y agua de los manantiales—, y decidieron constituir ellos sus propias empresas comunitarias, para ejecutar ellos mismos la explotación, obtener recursos y generar empleos que beneficiaran a sus habitantes. Ese fue el espíritu de las empresas de Pueblos Mancomunados, que hasta hoy subsisten pero que, sin embargo, hoy están lejos de cumplir las finalidades para las que fueron creadas.

 

PODER FÁCTICO

Hoy, son famosas dentro y fuera de Oaxaca las llamadas “Empresas Comunitarias de los Pueblos Mancomunados”. Son, a los ojos de la opinión pública y las organizaciones civiles que operan en el ámbito de lo políticamente correcto, un ejemplo de cómo una comunidad puede organizarse y obtener beneficios de sus propios recursos naturales. Sin embargo, para corroborar lo anterior, habría que hacerse varias preguntas.

¿Realmente los integrantes de los Pueblos Mancomunados han mejorado su calidad de vida a partir de esas empresas? ¿De verdad las ganancias que se obtienen de la explotación de los recursos naturales, llegan a todos los habitantes? Incluso, ¿son los pueblos los que controlan a las empresas, y no al revés? Al pasar esta situación por el sencillo tamiz de esas preguntas, queda claro que ese supuesto ejemplo de comunitarismo queda muy mal parado. Veamos si no.

Cuando se constituyó la empresa maderera, se estableció que su órgano máximo de dirección sería un Consejo de Administración, que estaría integrado por tres representantes de cada pueblo de la mancomunidad; también se estableció que dicho Consejo sería renovado totalmente, cada dos años. No obstante lo anterior, existen consejeros que llevan 25 años en funciones, y el administrador, Israel Santiago García, tiene 18 años al frente de la empresa.

¿Cómo lograr lo anterior? A través de la combinación de la abundancia de recursos que tienen a la mano, y de la manipulación que han hecho de los integrantes de los pueblos sirviéndose del poder económico que, se supone, debería ser de todos. En efecto, hoy la empresa maderera es un auténtico poder fáctico de la región, que lo mismo controla al Comisariado de Bienes Comunales, que a autoridades, y no se diga a comuneros.

Es una paradoja, en este sentido, que su Comisariado de Bienes Comunales, no tenga una sola oficina o despacho en las más de 59 mil hectáreas de terreno que tiene el mancomún. También es una paradoja que la empresa maderera no tenga reparos en hacer “préstamos” económicos a comuneros, a cambio de su apoyo en las asambleas comunitarias.

Es harto sospechoso, incluso, que aún con todos los cuestionamientos que hoy tienen las empresas por parte de las mismas comunidades, continúen firmando convenios millonarios con el Gobierno del Estado para la venta de sus productos, argumentando que con ello benefician a las comunidades indígenas que las constituyeron.

Ahora bien, siguiendo esa misma lógica, habría que preguntarse si realmente las comunidades se han visto beneficiadas por la explotación casi irracional de esos recursos económicos, en cuestiones como el empleo, la marginación, la pobreza, o el incremento en los niveles de desarrollo social. La respuesta, en ese sentido, tampoco es del todo provechosa para quienes explotan la madera y el agua de manantial de esas comunidades.

 

NADA CAMBIA

Hoy, los pueblos siguen igual que antes. No existen indicadores claros de que luego de casi tres décadas de explotación continua del agua y la madera, los índices de desarrollo hayan mejorado. ¿Y cómo podrían mejorar? Si de los pueblos sólo se extraen los recursos, pero éstos se transforman y se convierten en productos terminados en otras comunidades (del distrito de Tlacolula y de aquí mismo en la capital oaxaqueña). A lo mucho, allá, sólo dan empleo como talamontes. ¿Y el reparto de utilidades? Hace doce años que éste no ocurre. Y bien, mañana hablaremos del problema en particular que la secretaria General de Gobierno, Irma Piñeyro, se ha encargado de enredar, para variar, quizá también para proteger sus intereses económicos.

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