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Sucesión tricolor: ¿qué anuncios se esperan?

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+ Problema real: que de verdad todos se sumen

A partir de hoy comenzará a verse en qué condiciones se realizará la elección del candidato a Gobernador por el Partido Revolucionario Institucional. Las señales dadas hasta el momento, dejan ver que, si bien la decisión ya está tomada y que el proceso tendrá una apariencia democrática, en el fondo la interrogante de mayor peso se encuentra en la incertidumbre sobre la verdadera participación de todos los actores y factores de poder del tricolor, en la construcción del triunfo en los comicios de julio. En las condiciones actuales, la unidad priista podría ser declarada pero simulada. Y ese es el riesgo más alto para los tricolores.

Es evidente que, hoy, el proceso político y formal del priismo sobre la elección de su candidato a Gobernador, se juega por lo menos en dos bandas. En la primera, se encuentran todos los mensajes relativos a que la crítica y el análisis son parte de la democracia tricolor, que la unidad y la equidad están garantizadas, y que el proceso se realiza en un marco de plena legalidad, y sin mayores contratiempos.

Sin embargo, en la segunda banda se encuentra todo lo que los priistas, al menos en el ámbito formal, se niegan a reconocer: por un lado, que es un solo grupo el que ha recibido todo el apoyo gubernamental para la construcción de su candidatura, y su abanderado es quien eventualmente habrá de ser favorecido con la cargada tricolor, y la unción como candidato; y en la contraparte, se encuentran todos los agravios, los intentos de imposición, y la segregación, que hoy denuncian los otros involucrados en este proceso interno. Finalmente, todo este asunto puede terminar en fracturas reales, o en declaraciones simuladas de unidad, que engañen con la verdad y los conduzca a la derrota.

Hasta el momento, los priistas que aspiran a obtener la candidatura a Gobernador, han buscado mantener en una relativa “buena apariencia” sus posiciones. Cada uno de los señalamientos que, por separado, han realizado tanto el edil José Antonio Hernández Fraguas, como el senador Adolfo Toledo Infanzón, el ex dirigente priista Jorge Franco y el secretario de Administración, José Antonio Estefan Garfias, sobre los intentos de imposición y la inequidad que ha prevalecido, se ha tratado de contextualizar en el marco de la libertad democrática, la autocrítica y la tolerancia que prevalece en el priismo.

Sin embargo, es evidente que más allá de esas “formas políticas”, es muy poco lo que se ha podido construir verdaderamente en los campos de la tolerancia, la autocrítica y, sobre todo, la democracia. En proceso interno del tricolor ha seguido una dinámica que, en muy poco, ha podido ser modificada por los señalamientos críticos de los aspirantes, y que finalmente estará determinada fundamentalmente por la decisión del Jefe Político del priismo, y no por la competencia o cualquier rasgo de auténtica democracia que pudiera haber en dicho partido.

Ahora, cuando la convocatoria para el proceso de selección de candidato ha sido publicada —y con ello se entiende que la contienda interna está formalmente iniciada— son algunas señales claras las que dejan ver que los priistas no abandonan sus dos bandas: quien está favorecido con las preferencias del Jefe Político, ya anunció que sí se inscribirá en el proceso; y los demás, han reiterado que se encuentran “analizando” la convocatoria, y que a partir de hoy lunes, o mañana, anunciarán sus respectivas decisiones sobre su incursión en la contienda formal.

¿Qué significa eso? Que, mesuradamente, cada uno de los aspirantes que hoy “analiza” la convocatoria, está considerando lo mismo romper, que alinearse… o simular. En esas circunstancias, todo puede ocurrir.

UNIDAD EN RIESGO

¿Por qué asegurar lo anterior? Porque si bien son reales, las posibilidades de una ruptura no siempre son las más altas en una militancia como la del tricolor. Las decisiones de éstos, en la contención de su “institucionalidad” casi siempre resultan ser menos beligerantes y arrebatadas que las tomadas en otras fuerzas políticas. Sin embargo, ello no significa que la institucionalidad sea, necesariamente, sinónimo de inclusión y tampoco de disciplina. Por eso, aún con las aseveraciones sobre la “unidad del priismo” los riesgos hoy más que nunca son altísimos para ese partido.

A partir de hoy, cada uno de los aspirantes tricolores comenzará a manifestar sus respectivas decisiones. Independientemente de cuál sea el sentido de la misma, lo cierto es que entre ellos no prevalece el mejor de los ánimos. En el peor de los casos, más de uno podría anunciar su separación del priismo; en otro escenario, alguno —o todos— podrían externar su decisión de no participar en la contienda interna; en una tercera posibilidad, podrían anunciar su declinación a favor de alguno de los aspirantes; y, en el último de los casos, habrían de decidir su permanencia en el proceso para tratar de lograr la mayoría en la Convención de Delegados.

En lo objetivo, parece que no existe mayor contratiempo: se está en la víspera de un proceso legal y legitimado. Pero en el subjetivo, todos los escenarios son de riesgo: hasta donde puede percibirse, no ha habido un convencimiento claro hacia los no favorecidos, que permita suponer que finalmente éstos se sumen a quien resulte candidato. Y en esa situación, lo importante será no la postura política que finalmente asuman, sino lo que aporten a favor del candidato de su partido.

Esto último es lo que aún no ha podido construirse aún en el tricolor. Nadie puede garantizar hoy, que más allá de las declaraciones, existe un ánimo real de cada uno de los aspirantes, por sumarse al trabajo político del priismo, independientemente de que sea favorecido —y respetado— o no. Y si la toma de decisiones incluye una aplanadora que arrolle sin conciliar, en el ambiente quedará flotando siempre la duda sobre la aportación real de todo el priismo a una sola causa. Al tiempo.

APORTACIÓN CIVIL

Hoy se presentará una asociación ciudadana denominada “Oaxaca con rumbo”, que pretende proponer debates, análisis y políticas que contribuyan a mejorar la participación ciudadana en los asuntos públicos, pero sin ligarse a partidos o campañas electorales. Su directiva la integran ciudadanos oaxaqueños: Mariana Teresa Gijón Tello, abogada y ama de casa; Gerardo S. Canseco Velásquez, empresario; Miguel Ángel Morales Amaya, notario; Armando Arturo Mac Beath Amor, ingeniero, jubilado de la CFE; y Horacio Mendoza Valeriano, maestro en ciencias.

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Adopción por matrimonios gays: ¿discutir la moral?

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+ Controversias rechazadas, algo que ya se veía venir

 

Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó, por notoriamente improcedentes, tres demandas de controversia constitucional presentadas por los gobiernos de Morelos, Guanajuato y Tlaxcala, en contra de la aprobación hecha en diciembre pasado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de una reforma legal que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, y la adopción de menores por parte de éstos. Es necesario comenzar a ver, más allá de los atavismos, que la ley siempre tiene una carga moral, pero que ésta debe ser discutida en base a criterios jurídicos, y no a ideologías ni formas particulares de pensamiento.

Aunque tradicionalmente se entiende que nada ni nadie existe por encima de la ley, y que ésta no puede definirse en función de criterios morales, religiosos e incluso de ideologías o facciones (entendidas éstas como grupos, y no como camarillas). Sin embargo, es evidente que la creación misma de las normas sí está determinada por criterios morales, que se ven representados en las tradiciones que luego se convierten en normas de carácter positivo.

El matrimonio es un ejemplo perfecto. Antes de que hubiera instituciones y leyes civiles, las uniones entre hombre y mujer se encontraban encomendadas a la Iglesia Católica. Ésta era la que determinaba la mayoría de los actos civiles de las personas, y por tanto fue ésta la que estableció muchas de las reglas que hasta hoy, en todas las entidades federativas distintas al Distrito Federal, rigen a esa institución jurídica esencial en el derecho mexicano.

Veamos punto por punto. Los textos religiosos establecen que el matrimonio sirve para la perpetuación de la especie; por tanto, establecen que éste debe realizarse entre un solo hombre y una sola mujer; establece también el rechazo y la penalización religiosa del adulterio; según los criterios católicos, el matrimonio sólo se disuelve por la muerte de uno de los desposados. E incluso, fue la religión la primera que estableció condenas y segregaciones a los homosexuales, a pesar de que éstos existen desde que la humanidad se reconoce como tal.

¿Qué se desprende de todo esto? Que esas son las bases de la institución civil del matrimonio. Si acudimos al texto del Código Civil de Oaxaca, por citar un ejemplo, encontraremos que el matrimonio, por definición, es un contrato civil que se celebra entre un solo hombre y una sola mujer, con el objeto de perpetuar la especie (es decir, tener hijos) y proporcionarse ayuda mutua en la vida. El adulterio, civilmente, está penado; el divorcio es una institución relativamente novedosa, que no reconoce el derecho religioso. Y por todas esas razones, y condenas morales y religiosas, es tan chocante la posibilidad de que se puedan establecer legalmente como esposos, dos personas que tienen las mismas características sexuales físicas.

Esta podría ser una explicación —poco acabada, si se quiere— de por qué las instituciones jurídicas sí tienen una ascendencia moral importante, pero por qué ésta no es determinante para reformas como la que ocurrió en el DF sobre los llamados matrimonios gay. ¿Qué impide una reforma de este tipo? No es la naturaleza, porque como tal, la figura jurídica, social y hasta religiosa del matrimonio es una creación del hombre, a través de la cual reglamentó la convivencia y sus relaciones afectivas y reproductivas. No existen, del mismo modo, cuestiones insuperables: si bien no hay procreación natural, en los matrimonios gay sí hay ayuda mutua en la vida. Por tanto, no es viable que una simple cuestión moral limite una reforma de este tipo.

 

CONTROVERSIA RECHAZADA

Sin embargo, ningún argumento de este tipo sirvió a la Suprema Corte para desechar las controversias constitucionales presentadas en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Los ministros del Máximo Tribunal establecieron que la aplicabilidad de esas normas del Distrito Federal, no tienen repercusión alguna en las entidades federativas, de cuyos gobiernos presentaron las respectivas demandas.

Ante esto, tendríamos que preguntarnos, ¿qué es una controversia constitucional? La respuesta, en sentido llano, es la siguiente: son juicios que se llevan a cabo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los cuales los poderes del Estado, y los tres ámbitos de gobierno, dirimen sus diferendos jurídicos y constitucionales, cuando consideran que una de ellas invade la competencia o las funciones de otra, y ésta se inconforma ante el Alto Tribunal.

Particularmente, en el caso de las controversias sobre los matrimonios gays, que presentaron los gobiernos panistas de Tlaxcala, Guanajuato y Morelos, parecía evidente que no había motivo para que éstas procedieran: cualquier argumento que buscasen los gobiernos de esas entidades sería poco sostenible, pues las leyes civiles del Distrito Federal sólo rigen para los actos que se celebren en su jurisdicción. Es decir, que no se puede controvertir un acto que no afecta a la esfera jurídica de quien promueve la acción.

Esa fue la razón, en realidad, por la cual la Corte dejó de lado esos juicios. En éstos, sí se pudo haber establecido ciertos criterios sobre la necesidad de revisar ciertos esquemas, como el de las adopciones. Quienes se dicen en contra de esta posibilidad, y argumentan razonadamente, aseguran que se transgreden ciertos derechos de los niños, y que se violentan pactos internacionales suscritos por México.

La única posibilidad que existe de que la Corte revise este esquema, es la Acción de Inconstitucionalidad que presentó el gobierno federal a través de la Procuraduría General de la República. Habrá de ser fundamental que el Alto Tribunal revise cuidadosamente no sólo el esquema legal, sino las implicaciones que tiene una cuestión como ésta.

Fueron altamente controvertidos los criterios emitidos cuando se revisó el tema del aborto. Aunque la controversia social también surgió por los atavismos, y no por los argumentos razonados que llevaron a los ministros a determinar que, en aquel caso, la práctica legal del aborto no era inconstitucional.

¿ROMPIMIENTO EN PUERTA?

Es ridículo que quienes han tratado de imponer sus decisiones sobre la sucesión, en el priismo oaxaqueño, ahora se asustaran por los amagos de rompimiento. Ese tipo de amenazas era la consecuencia natural al intento de aplanadora que están intentando aplicar a todos los que pretendían participar del proceso interno para la elección de su candidato a Gobernador.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

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PRI y su convocatoria: expectación sin novedades

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+ “Clase política”: los dos polos de la praxis, unidos

 

Ayer, finalmente, fue emitida la convocatoria para el proceso de elección de candidato a Gobernador en el Partido Revolucionario Institucional. Dicho documento no contiene cuestiones relevantes ni estipulaciones álgidas. Más bien, corresponde a la institucionalidad del priismo. Porque dentro del tricolor, uno es el proceso en el que se establecen las formalidades, y otra la arena donde se dirimen las controversias y se llega a las definiciones sobre el rumbo del grupo en el poder. Aunque llama la atención la guerra interna que hoy está desatada en el priismo, lo que en realidad debía tenernos atentos son los resultados, y el modo en cómo se llega a éstos. Ese es el quid de esta contienda que, sin embargo, muy pocos parecen tomar realmente en consideración.

¿Por qué hablar de factores formales y materiales de poder? Porque una de las características esenciales del priismo, ha sido la de dotar de democracia las decisiones que se toman en función del poder. En este sentido, el documento que contiene la convocatoria para la elección de su candidato a Gobernador, estableció una serie de criterios que, sin ningún problema, pueden ser adoptados por cualquier militante que se sienta con los derechos partidarios suficientes como para inscribirse en el mismo. Ante su emisión, no hubo discordia alguna porque ningún punto del documento fue hecho para dar pie a las inconformidades.

Sin embargo, tomar este hecho como sinónimo de democracia, sería tanto como pecar de ingenuos. En realidad, ninguna de las formalidades esenciales de los procesos priistas tiene cuestionamiento alguno, sobre su democracia y su forma libre de determinación. De cabo a rabo, los documentos básicos del tricolor, son un ejemplo de la igualdad y la tolerancia que debía prevalecer en todos sus procesos democráticos. El problema, en realidad, se encuentra en una viciada práctica política que, ni al menos en el decoro, alcanza para honrar lo que establecen sus normas y principios políticos.

Así, hasta la tarde de ayer, y contrario a lo que se esperaba, no ocurrió ningún cisma o algún anuncio importante que contribuyera a desmantelar la “unidad” del priismo, que hoy se sostiene pero también se cuestiona. Sería absurdo que cualquiera de los aspirantes a la candidatura a Gobernador se rebelara en contra de un documento y un proceso interno que tendrá, a los ojos de la ley y la autoridad electoral, todos los elementos necesarios para darle la denominación de “democrático”.

Así, cualquier ruptura que pudiera haber en el priismo, tendría que ocurrir en otro momento, pero no el día de la emisión de la convocatoria, ni cuando se dé el registro de los aspirantes e incluso ni siquiera durante el tiempo que transcurra hasta el instante de la unción de su candidato. Incluso, cabe la posibilidad de que para entonces ya se haya construido la unidad que hoy parece imposible.

¿Por qué decir esto, si todos los días cinco de los seis aspirantes a la candidatura priista, acusan antidemocracia, inequidad y cargadas? Porque esa es una práctica que está ocurriendo en el límite, pero aún dentro de la ley. Y porque, finalmente, la institucionalidad de los priistas los lleva lo mismo a sostener su cohesión frente a sus aliados, que a preferir la disciplina sobre la rebelión en momentos determinantes.

 

NINGUNA SORPRESA

Hoy, todo lo que ocurre en la arena priista, sorprende a los espectadores: por un lado, ocurre un intento de avasallamiento, que cada vez es más claro a favor de uno de los aspirantes; por el otro, ocurre una auténtica competencia, y una fuerte disputa, entre los grupos de poder priistas, que lo mismo buscan imponerse que acusar a sus adversarios, y sobre todo no permitir que todo se defina en función de lo que decida un solo individuo. Nadie debería sorprenderse, porque tanto la disputa democrática, como la imposición, son dos rasgos característicos de nuestra democracia.

¿De qué hablamos? De que, en primer término, nadie debería sorprenderse que las decisiones políticas más trascendentales del tricolor, hoy continúen tomándose en función a verticalismos, y no a la democracia que todos pregonan. Ahora, como nunca antes, los Gobernadores —priistas y de la oposición— no se enfrentan a los diques que antes significaban las dirigencias nacionales, los grupos regionales de poder y, sobre todo, la hegemonía partidista del Presidente de la República.

En esas condiciones, el Gobernador de una entidad federativa —que tiene los hilos del poder y el dinero con el que se hace la política— tiene todas las posibilidades no sólo de tener un candidato favorito para sucederlo en el cargo, sino de imponerlo sin importar quiénes se sumen, quiénes se queden en el camino, o qué factores pretendan influir en sus decisiones. Para bien o para mal —de los gobernantes, los grupos de poder, y los partidos— esto es, en este primer aspecto, justo lo que está ocurriendo en Oaxaca.

¿Y por qué sorprenderse de la discusión, la competencia y hasta la disputa por una candidatura? Se supone que todos estos, son rasgos esenciales de cualquier democracia en la que todos tienen posibilidades de acceder a cargos públicos. El problema es que en Oaxaca esto genera tanta expectativa, porque justamente el priismo no tiene en su vocación real, ni en sus prácticas particulares, algún antecedente que demuestre que una competencia existe y que puede determinar el sentido de una decisión trascendental para el partido o sus grupos de poder.

Así, este es un problema de práctica política. En los días siguientes, veremos cómo los procesos internos continúan su curso, y la competencia, los señalamientos y las especulaciones, también. Nadie debería sorprenderse que hubiera los jaloneos actuales en el priismo, porque aún cuando aquí se practica de una forma particularmente arcaica, así es la democracia. Del mismo modo, nadie debía sorprenderse del verticalismo y las imposiciones que ocurren en ese partido. Sería raro, en realidad, que abandonaran las prácticas que para ellos han prevalecido por décadas, y se aprestaran a jugar a una democracia civilizada, de la que precisamente no han sabido dar los mejores ejemplos.

MAL RECIBIMIENTO

El nuevo secretario General de Gobierno, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, fue recibido con una semana completa de caos y bloqueos, a manos de distintos grupos sociales. Ayer no fue la excepción. Ahora sí debería comenzar a honrar su promesa (esa de “no fallarle a la sociedad”, que aparece siempre en sus comunicados) y redoblar esfuerzos por atender sus tareas, que tanto le urgen a Oaxaca.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

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Martínez Moreno: su inocencia y las injusticias

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+ Caso Brad: el móvil aclarado; ¿Y su homicida?

 

La tarde de ayer, el Tribunal Colegiado de Circuito especializado en materia Penal y Administrativa de Oaxaca, ordenó la liberación inmediata de quien hasta ahora aparecía como presunto responsable material del homicidio del camarógrafo estadounidense, Bradley Roland Will. Para mal de la justicia, y bien de la impunidad, por segunda ocasión este asunto volvió a su punto de inicio. Algo excepcionalmente grave para los sistemas de justicia de Oaxaca y del gobierno federal.

Por principio de cuentas, es necesario recordar el contexto de este asunto. Brad Will, camarógrafo de la agencia alternativa estadounidense de noticias e investigación, Indymedia, cayó abatido de un disparo de arma de fuego la tarde del 27 de octubre de 2006, en medio de un enfrentamiento que ocurría entre activistas de la APPO y policías municipales de Santa Lucía del Camino. Ese hecho significó un parteaguas en el tratamiento gubernamental al movimiento magisterial y popular que entonces ocurría en Oaxaca.

Sin embargo, más allá de los efectos políticos y policiacos que provocó aquel homicidio (como el envío, por parte del gobierno de la República, de 5 mil elementos de la PFP a reestablecer la gobernabilidad en la capital de Oaxaca), de inmediato se acusó que los elementos municipales habían sido los responsables de ese crimen. Una circunstancia, particularmente, daba indicios sobre la veracidad de los señalamientos: en imágenes de ese enfrentamiento, publicadas en medios informativos del Distrito Federal, se daba cuenta de la portación de armas por parte de los efectivos de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino.

No obstante, más allá de las suposiciones, dos eran los ejes fundamentales sobre los que tendría que versar cualquier investigación sobre ese crimen: el primero, relativo al móvil del disparo; y el segundo, respecto de la identidad de quien disparó el proyectil que mató al Reportero de Indymedia.

En un primer momento, las inconsistencias habidas en esos puntos, derribaron las acusaciones realizadas por la Procuraduría de Oaxaca en contra de los efectivos de la Policía Municipal… y hoy, casi tres años y medio después, también hicieron sucumbir la investigación y las imputaciones formuladas ¡por la Procuraduría General de la República!

¿En dónde ha fallado la “investigación”? Hoy, según las circunstancias, más allá del peritaje, las autoridades fallaron en todo. Porque, sin duda, lo único que parece haber quedado más o menos claro (porque aún existen quienes disienten), es que el disparo que recibió el Cámara estadounidense fue realizado a corta distancia, y no a más de 35 metros. Fuera de ese punto, todo podría resumirse en la palabra “incertidumbre”.

Los Policías Municipales que inicialmente fueron aprehendidos como posibles autores del homicidio, fueron liberados semanas después ante la comprobación, entre otras cuestiones como el inexistente ángulo de tiro, de que ninguno de ellos portaba un arma del calibre y características similares al disparo recibido por Brad Will.

Meses después, cuando la PGR atrajo la investigación, sus peritajes coincidieron con los de la Procuraduría de Oaxaca, en lo relativo al modo en cómo fue disparada el arma homicida. Tras un señalamiento directo, Martínez Moreno fue detenido el 16 de octubre de 2008. Con ello, la Procuraduría General de la República pretendió dar por terminada una investigación que, hoy, nuevamente se desmanteló para volver a su punto de inicio.

¿CUÁL JUSTICIA?

Esta debería ser una preocupación importante para la PGR. La orden dada por un Tribunal Colegiado de Circuito, de liberar inmediatamente a Martínez Moreno, deja ver por qué, más allá de los peritajes, la verdadera investigación ministerial está por los suelos. Si se quiere ver de otro modo, la PGR tendría que estar preocupada por esta demostración de cómo no se deja de fomentar la impunidad, y el daño a particulares inocentes.

Cuando Martínez Moreno sea liberado, quedará en claro —por segunda ocasión— que ninguna instancia ministerial del país ha podido establecer la identidad del homicida del camarógrafo. En esas condiciones, de poco sirve que existan estudios periciales tan sofisticados, si finalmente las instancias van a fallar de manera escandalosa al momento de fincar responsabilidades.

¿Cómo explicar que, por segunda ocasión, esta investigación vuelve a su punto de inicio? ¿Cómo justificar que, de nuevo, se acusó y encarceló a una persona, que ayer fue declarada judicialmente inocente? ¿Cómo no decir, ante todas esas evidencias, que aquí la verdadera investigación de los delitos, y la persecución de los criminales son una tomadura de pelo, y un auténtico peligro para la sociedad?

Lo que parece claro, en realidad, es que ante algo como esto no sólo tendríamos que cuestionarnos sobre el verdadero móvil y los verdaderos responsables del homicidio del camarógrafo de Indymedia, sino sobre todo corroborar lo profundamente ineficiente que es el sistema de justicia. Sus peritajes son lo más sustentable que tienen, aunque en realidad no generan la confianza suficiente ni siquiera entre organismos de la misma naturaleza. Y si eso está mal, sus hechos consumados son todavía peor. La prueba está en que Martínez Moreno ya fue declarado inocente.

El asunto, al final, deja en una posición muy cuestionable a la justicia local, pero también a la federal. La Procuraduría de Oaxaca prefirió desentenderse del asunto, antes que continuar resintiendo el desgaste que este asunto le generaba. Y la procuraduría federal, según parece, “resolvió” el asunto en base a criterios políticos y la urgencia de legitimarse como un órgano investigador eficaz, y no a investigaciones reales y sustentables con las que pudiera señalar culpables.

Hoy, de nuevo las cosas vuelven a su punto de inicio. Nadie está en prisión por el homicidio del camarógrafo. Sin duda, de nuevo arreciará la crítica internacional no por la liberación en sí de Martínez Moreno, sino porque ello demuestra que aquí se investiga, consigna y juzga por interés o conveniencia, pero no en estricto apego a la justicia. Qué grave.

 

“USTED DISCULPE”

¿Cuántas veces al año, al mes, o al día, le dicen eso las autoridades que persiguen o juzgan la comisión de delitos, a ciudadanos inocentes que son acusados y procesados judicialmente sin responsabilidad? El caso de Martínez Moreno es uno de muchos. Y si esos errores ocurren en un asunto tan controvertido, ¿qué no pasará con delitos y acusados que no revisten trascendencia política alguna?

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PRI-Gómez Mont: la negociación por nada

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+ Reforma fiscal e IVA: todo benefició a PRI

 

Hasta parecería que la inconformidad manifestada en septiembre pasado por los diputados federales del PRI por Oaxaca, en contra de la potencial formación de una alianza opositora en la entidad, es un tema agotado. Sin embargo, nada parece más novedoso, ante la aceptación expresa tanto del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, como del coordinador de la bancada priista en la Cámara baja, Francisco Rojas, de que para la negociación del paquete económico federal del presente año, sí se negoció el tema de las alianzas opositoras en entidades como la nuestra. El asunto, nuevamente, cobra relevancia por las particulares condiciones políticas y económicas que prevalecen en Oaxaca, y en el ámbito nacional.

De entrada, es necesario ver en retrospectiva qué fue lo que pasó en septiembre de 2009. Si bien se recuerda, fue a finales de ese mes, cuando por primera vez los dirigentes nacionales del PAN y PRD, César Nava y Jesús Ortega, aceptaron que sostenían pláticas en las que exploraban la posibilidad de coaligarse para algunos procesos electorales estatales que se realizarían en 2010. Mencionaron, particularmente, las altas posibilidades de ir juntos a la elección de Gobernador en Oaxaca.

Cuando esto ocurrió, un importante grupo de diputados federales por Oaxaca, encabezados por Eviel Pérez Magaña, convocaron a conferencia de prensa en la Cámara baja del Congreso de la Unión, para condenar la posible conformación de una alianza opositora, y por esos mismos días hicieron trascender la versión, supuestamente desmentida días después, de que rechazarían el paquete económico propuesto por el presidente Felipe Calderón, si el PAN no declinaba a ir en comunión con las fuerzas de izquierda para los comicios estatales que se avecinaban.

Algunos puntos, que en su momento fueron negados, ahora resultan ser ciertos y trascendentales en el presente: el primero de ellos, fue que el interés real de los diputados federales al rechazar las coaliciones entre el PAN y las fuerzas de izquierda, no sólo tenía que ver con Oaxaca sino sobre todo con lo que pudiera ocurrir, en 2011, en el Estado de México; otro punto que fue negado, pero que ahora se sabe que también es real, fue el condicionamiento priista al paquete económico. El más trascendental, quizá, fue la negociación que sí existió entre el gobierno federal y sectores priistas, para la aprobación de un paquete económico, que no fue el enviado por el presidente Calderón al Congreso.

Hoy, la realidad se impone por sí misma. Aún con el rechazo de la diputación federal priista a las alianzas, éstas sí ocurrieron. Los tricolores en el Congreso mintieron al asegurar que, contrario a lo que habían hecho trascender, ellos no habían condicionado el paquete económico al compromiso expreso del gobierno federal, de que el PAN no se coaligaría con el PRD para futuros comicios estatales. Y lo más revelador de todo este asunto, resulta ser el grave aprieto en el que metieron al Secretario de Gobernación, que hoy ya no es un interlocutor creíble y convalidado, gracias a un acuerdo por el que en realidad fue engañado.

Veamos en qué radica el engaño.

 

NEGOCIACIÓN FALLIDA

En agosto de 2009, el gobierno federal adelantó que, en la presentación del paquete económico para el año siguiente —que por norma constitucional debe ocurrir en los primeros días de septiembre—, propondría la creación de un impuesto general de 2 por ciento al consumo. Dicho gravamen, dijo, tendría como objetivo el combate a la pobreza y sería etiquetado expresamente para que la Sedesol incrementara la capacidad y el monto de los programas sociales, y —como en el slogan oficial— se beneficiara más a los que menos tienen.

Cuando ocurrió el anuncio de las alianzas electorales, en el Congreso se discutía la posibilidad de establecer ese impuesto general. Sobre ese punto, particularmente, fue sobre el que amagó el PRI al gobierno federal: Si el PAN insistía en las alianzas, los tricolores rechazarían cualquier incremento a los impuestos y, por tanto, cualquier posibilidad de incrementar el ingreso público.

Finalmente, el gobierno federal propuso, y el PRI hizo suya, una propuesta alternativa a la del 2 por ciento al consumo: se planteó el incrementar un punto porcentual al IVA. La justificación del gobierno federal era aceptable: así se incrementaría la recaudación. Y la del PRI era inmejorable: apoyarían un incremento a impuestos, que no tocaría el emocional gravamen a los alimentos y medicinas. Así, todos parecieron quedar contentos.

Hoy se sabe, en base a la aceptación hecha tanto por el secretario Gómez Mont, como por el coordinador de los diputados priistas, Rojas Gutiérrez, que sí hubo una negociación: el PRI apoyó el incremento al IVA, ante la promesa del negociador federal de que el PAN no entablaría alianzas electorales. Con ello, sus respectivas posiciones partidistas estarían a salvo, y el tema del gasto público —que es un asunto de Estado— también estaría resuelto.

Sólo que todos parecieron, al final, haber engañado a Gómez Mont. El PRI salió altamente beneficiado con el incremento al IVA, porque éste es un impuesto distribuible en las entidades federativas, mientras que el 2 por ciento sería manejado directamente por el gobierno federal. Por eso, entidades como Oaxaca o el Estado de México fueron de las más beneficiadas en sus presupuestos.

Pero además de ese altísimo beneficio económico para los gobiernos priistas, éstos hicieron pactar a Gómez Mont la no conformación de alianzas entre el PAN y el PRD. Si éste no pudo lograr que esas alianzas fallaran, de todos modos dejaría de ser un interlocutor válido. Sólo le quedaría renunciar a Gobernación, o renunciar a su partido. Esto último fue lo elegido. Mientras los priistas se llevaron la mayor parte del dinero obtenido del alza de impuestos, y metieron al gobierno federal en un brete, por la disposición de su Secretario de Gobernación para transigir sobre asuntos partidistas en una mesa de negociación formal entre los Poderes del Estado.

 

COMPETENCIA REAL

En un artículo publicado ayer en El Universal, Francisco Abundis, director de Parametría, explica con detalle por qué la alianza del PRD y PAN inquieta tanto a los priistas. Pone el ejemplo de Oaxaca, y dice que mientras el PRI aventaja en las preferencias del electorado, cuando a las alianzas se les pone candidato, Gabino Cué rebasa por más de cinco puntos a cualquier aspirante priista. Ese texto completo, puede leerlo haciendo clic aquí. Un análisis interesante.

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Franco, fuera del PRI; ¿se allana camino del “delfín”?

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+ ¿Y qué pasa si se judicializa proceso interno del PRI?

Esta será la semana crucial en la definición de la candidatura priista al Gobierno del Estado. Ayer ocurrió el primer hecho trascendental de esta recta final de la contienda: Jorge Franco Vargas anunció su separación de la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional. En los corrillos políticos del tricolor, se establece como un hecho que antes del fin de semana se emita la convocatoria para el proceso formal de elección del Candidato. Y con ese solo hecho quedará en claro cuál es el destino elegido por el priismo sobre su posible abanderado. Aún con ello, subsistirán riesgos importantes que los tricolores no deberían dejar de considerar.

La renuncia de Franco Vargas a la dirigencia priista es un hecho trascendental, pero no inusitado. De hecho, esa dimisión era un requisito fundamental, que necesariamente tenía que ocurrir para la continuación de la dinámica sucesoria en el Revolucionario Institucional. ¿Por qué? Porque, al final, tenía que prevalecer la máxima de que es imposible fungir como juez y parte, en un proceso en el que se pretende ser árbitro pero en el que también se tienen inmiscuidos intereses.

De hecho, en la lógica formal del proceso interno —es decir, más allá de las exigencias, las rebeliones y la beligerancia que tanto se acusa—, la posición de Franco Vargas como dirigente del priismo era cada vez menos sostenible. Si otras hubieran sido las circunstancias, y el proceso interno no hubiera alcanzado el grado actual de complejidad y polarización, éste tendría que haber dimitido a su cargo desde finales de 2009 o, a más tardar, en la primera quincena del mes de enero del presente año.

¿Por qué no lo hizo antes? Justamente porque las circunstancias no habían sido idóneas ni para lograr un acuerdo común que verdaderamente lograra conjuntar a todos los aspirantes en torno de una sola candidatura; ni tampoco para establecer un plazo para el desarrollo del proceso formal.

Es decir, que una cosa no pudo llevar a la otra: hasta ayer por la tarde, nadie había sido ungido como candidato realmente de unidad en el priismo oaxaqueño; y por esa razón, el tiempo para desdoblar el proceso formal para la designación de su candidato a Gobernador se vino aplazando hasta estos momentos, que ya se aparecen como los momentos límites en los que todo puede ocurrir sin transgredir los tiempos internos del priismo, y los periodos que marcan las leyes electorales.

Así, lo que parece claro es que el momento y las circunstancias en que ocurre la dimisión de Franco Vargas a la dirigencia priista, sólo es una muestra sintomática más de la incertidumbre que ocurre hoy en el grupo en el poder. Más allá de las especulaciones, queda claro que si aún hoy el PRI de Oaxaca no tiene candidato a Gobernador, no es por un asunto de estrategia o de manejo de tiempos: es porque no se ha podido lograr un consenso, y porque los manejadores reales del proceso interno están llevando el asunto al límite, para tratar de ceñirse no a las negociaciones sino a la presión y el intento de avasallamiento.

Franco Vargas, al final de cuentas, lo que está haciendo es cumplir con los tiempos. Si se tiene fresca la memoria, se habrá de tener bien en cuenta que la primer fecha límite que todos se impusieron para comenzar a desincorporarse de sus tareas en el servicio público y en el partidismo. El primero que tenía que marcar la pauta, era justamente el entonces Presidente estatal del priismo, que no podía aparecer como garante de un proceso en el que él participaría.

Así, el momento verdaderamente revelador ocurrirá cuando se dé a conocer la convocatoria para el proceso interno del priismo. Si a partir de ese documento ocurre la adhesión de la mayoría de los aspirantes a la candidatura a Gobernador, entonces todavía quedará posibilidad de consensar un abanderado de unidad. Si, por el contrario, quienes deben separarse de sus cargos no lo hacen, y declinan a participar en el proceso, entonces se tendría una precandidatura única, pero seguramente también en solitario. Es decir, que aún sin una ruptura manifiesta, la “unidad del priismo” quedaría pospuesta indefinidamente.

RUPTURA FÁCTICA

La no participación en el proceso interno de la mayoría de los seis aspirantes a la gubernatura por el PRI, sería el equivalente inmediato a una fractura no declarada, pero sí materializada. ¿Con qué grado de legitimidad asumiría la candidatura, un aspirante único, que primero compitió con cinco o siete contendientes, pero que al final se quedó solo? La respuesta estaría, mejor que en ningún otro sitio, en la carencia de respaldo político sólido de todos los que, les guste o no aceptarlo, representan eso que denominan “unidad del priismo”.

En esta dinámica, se tendrían que comenzar a vislumbrar otros escenarios. ¿Qué ocurre ahora mismo en el proceso interno priista de Puebla? Que el tricolor, dominado por la decisión del gobernador Mario Marín Torres, negó la posibilidad de participar en el proceso interno a un aspirante que no es su favorito. Enrique Doger, el perjudicado, acudió a las instancias jurisdiccionales en materia electoral federal, para defender sus derechos político electorales con amplias posibilidades de obtener una victoria legal.

Aquí no ha ocurrido nada de ello, simplemente porque el proceso interno del priismo no ha iniciado formalmente. ¿Podría ocurrir? Dependiendo de los términos en que sea emitida la convocatoria, y de las resoluciones que tome la Comisión de Procesos Internos de ese partido, probablemente sí.

¿Por qué asegurarlo? Porque ni el edil José Antonio Hernández Fraguas, ni los secretarios José Antonio Estefan Garfias y Martín Vásquez Villanueva, han decidido moverse de sus cargos. Esperan a la emisión de la convocatoria, justamente para conocer los términos de la misma, y decidir en consecuencia. El riesgo no calculado, hasta ahora, es el de las impugnaciones que pudieran terminar en los tribunales federales; pero también el relativo a que todo se reduzca a una precandidatura única, pero que no tenga los consensos necesarios para que la unicidad pueda ser sinónimo de unidad.

EVENCIO, A SEGEGO

Evencio Nicolás Martínez Ramírez, en la Procuraduría estatal, fue sinónimo de justificaciones sobre sus malos resultados, e inoperancia infinita. Ahora asume la responsabilidad de Secretario General de Gobierno. Habrá que ver quién ocupa su lugar y cómo se realizan los enroques que sigan en los próximos días. Ese también será un signo del rumbo que decida el priismo sobre su candidato.

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Laicidad: innecesaria en Constitución de Oaxaca

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+ Congreso del Estado: un ente sin rumbo definido

 

Los diputados de la LX Legislatura del Congreso del Estado, bien podrían ser como aquel personaje de la televisión que “como dice una cosa, dice otra”. Hace apenas cinco meses, el bloque de legisladores del Partido Revolucionario Institucional, y Acción Nacional, movidos no se sabe por qué grupo fáctico de poder, votaron una reforma constitucional que “consolidaba” el derecho a la vida. Hoy, sin embargo, pretenden modificar otro artículo de la Constitución local, el 29, para establecer entre los principios de la organización política, que Oaxaca es un estado “laico”, y hacer enmendar su “casta” juarista.

Esas decisiones, tomadas desde el Congreso y respaldadas por el Ejecutivo, lejos de dar muestra de patriotismo, laicismo, de vocación por la vida o de preocupación por la reafirmación del principio histórico de la separación de la Iglesia y el Estado, lo único que denota es su falta de sustento como legisladores, la dominación de decisiones “políticamente correctas” como esa y muchas otras que han tomado en los últimos dos años, y la ausencia de un rumbo definido —que por el momento se encuentra en sus manos— para el Estado. Sus incongruencias, y su desfachatez, no tienen límites.

Hace apenas cinco meses, el 9 de septiembre de 2009, la LX Legislatura del Estado aprobó, por una amplia mayoría, una reforma al artículo 12 de la Constitución local, en la que se estableció que en Oaxaca “se protege y garantiza el derecho a la vida”, y que “todo ser humano desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales hasta su muerte natural”.

¿Qué significaba esa reforma? Fue, sin dudas, el establecimiento de un candado para que en la entidad no se legisle en materia de despenalización del aborto; y también fue un claro mensaje de rechazo a diversas políticas y proyectos legislativos a través de los cuales el PRD y las fuerzas de izquierda, han tratado de cambiar algunos de los paradigmas más conservadores en entidades como el Distrito Federal, y que podrían reproducirse en el interior de la República.

Sin embargo, es bien sabido dentro del Congreso del Estado, que dicha reforma al artículo 12 constitucional, fue lograda gracias al arreglo habido entre el grupo gobernante y ¡la Iglesia Católica!, no sólo para tratar de atajar el camino a las fuerzas de izquierda, sino también —en el caso del grupo gobernante— para congraciarse con los grupos eclesiásticos que antes habían criticado duramente las decisiones del Gobierno del Estado, y habían simpatizado con los grupos políticos y de lucha social, opositores al PRI y al gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

El problema es que el encargado de materializar dicho pacto, fue el Congreso del Estado. Eso fue lo que hicieron el miércoles 9 de septiembre, cuando la diputada panista Perla Woorlich Fernández presentó en tribuna, una iniciativa de reforma constitucional que había sido elaborada por los asesores de la bancada priista. Esa propuesta contenía la modificación del artículo 12 en los términos antes señalados. Y al votarse, en la fracción priista no aceptaron ninguna disidencia, y todos, azules y tricolores, se pronunciaron a favor de esa modificación que, en realidad, fue pactada entre el Estado y la Iglesia Católica.

¿MUY JUARISTAS?

Así, ¿cómo queda quien ayer pactó con Dios, y ahora quiere refrendar su vena juarista? Queda, por decir lo menos, como un mentiroso. Y, sobre todo, como un obtuso. Son los mismos diputados, de la misma Legislatura que ayer coronaron un deseo de la Iglesia Católica, los que hoy pretenden “consolidar”, de nuevo, una reforma que refrende el laicismo del Estado en Oaxaca y que haga manifiesta la separación de la Iglesia y el Estado.

¿Cómo puede tomarse esto? Primero, como la más absurda de sus incongruencias, dados los antecedentes inmediatos de lo que ha realizado, en ese sentido, la presente Legislatura. Y, segundo, como una reiteración meramente coyuntural, que es innecesaria, y que revela la mezquindad de los legisladores y del grupo político al que pertenecen. Veamos por qué.

Hace unas cuantas semanas, las fracciones parlamentarias de los partidos de izquierda en la Cámara de Diputados federal, presentaron una iniciativa de reforma al artículo 40 de la Constitución de la República, para establecer la laicidad del Estado mexicano; para sustentar su propuesta, argumentaron la excesiva injerencia que hoy tiene la Iglesia en los asuntos políticos del país, y la necesidad de remarcar los límites que el Estado impone a las organizaciones y grupos religiosos. Citaron como ejemplo, justamente la injerencia católica en las reformas constitucionales antiaborto, que han ocurrido en por lo menos 18 entidades federativas, incluyendo Oaxaca.

Es evidente que, si tomamos en cuenta esto, lo que hoy están tratando de hacer los diputados oaxaqueños, es seguir un asunto meramente coyuntural. Sólo que carecen de toda calidad moral para siquiera abordar un asunto de ese tipo: ellos mismos, parecen estarse imponiendo candados y reprobaciones, por lo que hicieron hace cinco meses. ¿Muy laicos? Digan lo que digan “a favor de la vida”, esa laicidad no la demostraron hace cinco meses, cuando atendieron el interés de la Iglesia por reformar el artículo 12 de la Constitución local.

Además, una reforma de ese tipo sería innecesaria: la laicidad, aún en la Constitución federal, está garantizada por los artículos 3, 24 y 130, que tienen observancia en toda la República mexicana, que garantizan la no injerencia de la religión en los asuntos del Estado, y que imponen a al poder público como un ente superior a cualquier organización de tipo religioso. Además, la legislación de esa materia es exclusiva del orden federal.

Así, los diputados de Oaxaca podrán establecer, si quieren, la laicidad entre los principios en que se funda la organización política del Estado. Sólo que ni eso, ni ningún otro acto de simulación, será suficiente para garantizar la independencia del Estado, mientras ellos mismos sigan respondiendo con sumisión a intereses y decisiones que, sólo demuestran lo disminuido de su juarismo e independencia como legisladores.

¿LEGISLAR POR PACTOS?

Las reformas antiaborto eran una demostración del pacto PRI-PAN a nivel nacional. ¿Estas nuevas iniciativas pro laicidad son signo del divorcio entre esas dos fuerzas políticas? Es altísimo el riesgo de legislar a nivel constitucional en base a pactos e intereses mezquinos, como los que demuestran nuestros representantes populares.

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Alianza opositora: Contradicciones de la democracia y el pragmatismo

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Adrián Ortiz Romero Cuevas

La coalición entre el Partido Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo, está prácticamente concretada. Desde hace meses, las dirigencias estatales y nacionales de esas fuerzas partidistas, habían venido manifestando su “disposición” para establecer mecanismos a través de los cuales pudieran construir plataformas conjuntas de gobierno, e impulsar a candidatos comunes a los cargos de elección popular, que se disputarán en los comicios estatales a celebrarse en Oaxaca en julio de 2010. La consolidación de esta coalición, reviste cuestionamientos que deben ser fundamentales para la discusión y el entendimiento de la democracia, pues con ello queda claro que ésta se enfrenta hoy a dilemas novedosos que deben ser resueltos, antes de que esto ocasione más incertidumbre e inmovilismos, que sólo afectan al país.

LOS ANTECEDENTES

Dos puntos deben quedar claros, de entrada, en esta discusión. El primero de ellos, tiene que ver con el hecho de que las coaliciones de partidos ni son nuevas en el país; el segundo punto tiene que ver con la plena legalidad que la norma electoral federal reconoce a los institutos políticos nacionales, para que éstos postulen candidatos comunes y compartan plataformas electorales y de gobierno. Esto debe servirnos de parámetro, y también de punto de partida para un asunto que va mucho más allá de cualquier antecedente —de hecho y de derecho— que pudiera tener la democracia electoral en la historia reciente de nuestro país.

Desde hace poco más de dos décadas habían existido acercamientos importantes entre fuerzas políticas de diversos órdenes. En los comicios federales de 1988, un importante conjunto de partidos políticos de izquierda crearon el Frente Democrático Nacional, postulando a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como candidato a la Presidencia de la República.

Luego de los comicios del 6 de julio de ese año, en el que resultó ganador el abanderado presidencial del PRI, Carlos Salinas de Gortari, tanto Cárdenas Solórzano como Manuel J. Clouthier (candidato del Partido Acción Nacional) se proclamaron ganadores de la contienda comicial. Esto generó una crisis de legitimidad, en la que finalmente tanto los que se identificaban con los partidos de izquierda, como quienes lo hacían con los de la derecha, se unieron en un solo frente político para denunciar el fraude electoral y exigir la anulación de la votación en la que había ganado el candidato priista Salinas de Gortari.

Ese fue apenas un primer viso de acuerdos sólidos entre fuerzas aparentemente disímbolas. El momento histórico que fue 1988 era excepcional, y tal parecía que más allá de las ideologías, había un sentimiento superior de que el interés era la democracia en México. Nadie cuestionó, entonces, el hecho de que, al menos en ese momento, los sectores más representativos de la izquierda estuvieran compartiendo intereses con quienes representaban las banderas ideológicas más opuestas.

Luego, años después, en el año 2000, en México ocurrieron dos alianzas políticas fundamentales para los comicios federales de ese año. El Partido Acción Nacional, que había postulado al entonces gobernador de Guanajuato, Vicente Fox Quesada, se unió con el Verde Ecologista de México para formar la Alianza por el Cambio; por su parte, el Partido de la Revolución Democrática constituyó, junto con los partidos del Trabajo, Convergencia, Alianza Social y el Partido de la Sociedad Nacionalista, una coalición llamada Alianza por México. La legalidad y el resultado de los comicios en los que resultó ganador el panista Vicente Fox Quesada, fue incuestionable para las demás fuerzas políticas que participaban del proceso.

Cuando eso ocurrió, pocos fueron los cuestionamientos habidos alrededor de estas fuerzas políticas. En realidad, lo que más se discutió fue la supervivencia de fuerzas políticas minoritarias, como las que se aliaron al PAN y PRD en sus respectivas coaliciones, al “colgarse” de los altos porcentajes de votos que esos partidos obtenían, para conservar sus propios registros y tener representaciones legislativas en el Congreso de la Unión.

CONTRADICCIONES

DE 2004 Y 2006

Por esos mismos tiempos se crearon diversas coaliciones en las que participaron juntos los partidos de izquierda y derecha nacionales, para comicios de las entidades federativas. Un caso paradigmático fue el de la coalición Todos Somos Oaxaca, erigida en 2004 por todas las fuerzas opositoras —con excepción del Partido Unidad Popular, que por su carácter de partido estatal de reciente creación, no podía participar en coaliciones—, y que llevaron como abanderado a la gubernatura al entonces presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Gabino Cué Monteagudo.

Dos años después, sin embargo, la historia cambiaría. Al postular a Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial, en 2006 el PRD, PT y Convergencia se unieron en la Coalición Por el Bien de Todos. El PRI trabó alianza con el Partido Verde para crear la Alianza por México. Y el Partido Acción Nacional —ya entonces en el poder— decidió ir solo a los comicios federales.

El choque de trenes fue brutal: el abanderado panista, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, sólo pudo aventajar al aspirante de la Coalición por el Bien de Todos, por un 0.2 por ciento. Algo así como 220 mil votos, de una elección en la que participaron, según información del Instituto Federal Electoral, 41.8 millones de ciudadanos mexicanos. La inconformidad postelectoral no se hizo esperar, y lo que inició como un conflicto que debía dirimirse en los Tribunales de la materia, fue llevada a la calle a través de una inconformidad social en la que las acusaciones se convirtieron en ofensas, las ofensas en insultos, y los insultos en un riesgo fundamental para la gobernabilidad del país.

López Obrador, el aspirante derrotado, acusó de ilegitimidad al gobierno entrante, y calificó como “espurio” al entonces presidente electo, Felipe Calderón. El primero de ellos, se enfrascó en una batalla política, que por momentos pareció tener como intención la ruptura del orden social y el inicio de una lucha por el derrocamiento del gobierno en turno. Hasta hoy, no existe un reconocimiento expreso de los partidos y las facciones que secundaron en 2006 a López Obrador, al gobierno que encabeza el presidente Felipe Calderón Hinojosa. Sin embargo, hoy, en medio de ese sinuoso y altamente contradictorio escenario político, las fuerzas políticas de uno y de otro están juntas para encarar cuatro procesos electorales estatales. Entre ellos el de Oaxaca.

“EL AGUA Y EL ACEITE”

Así calificó hace unos meses el otrora líder moral y fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, la alianza que entonces se sospechaba que erigirían las fuerzas de izquierda y el PAN para varios comicios estatales. No se equivocaba: tanto en posiciones ideológicas como en planteamientos de orden político, e incluso en formas de gobernar, una y otra fuerza habían resultado ser totalmente opuestas.

Además, independientemente de esas razones —que podrían ser catalogadas como de un “purismo ideológico” recalcitrante o anticuado—, lo cierto en todo eso es que la unión en particular de esas fuerzas políticas representaba una contradicción aparentemente insuperable: en 2006, López Obrador emprendió una andanada en contra del gobierno federal y del PAN, que partió justamente del desconocimiento de la autoridad constitucional, y que tenía como objetivo romper el orden institucional del país.

Desde entonces se negó a cualquier forma de entendimiento con el oficialismo; e incluso López Obrador se negó a la posibilidad de establecer un dique opositor responsable que equilibrara las fuerzas políticas en el país, y prefirió una desestabilización de tipo callejera que finalmente le hizo perder más adeptos que cualquier capital político que pudiese haber ganado con sus inconformidades. Eso era lo que, en realidad, lo hacía ser una unión catalogada como “entre el agua y el aceite”. No tanto las razones ideológicas, sino las circunstancias de hecho que habían llegado al PAN y PRD a uno de los choques más violentos de que se tenga memoria en la historia reciente del país.

2009 Y 2010: LAS

NUEVAS CIRCUNSTANCIAS

2009 marcó la peor debacle panista desde que llegó al poder federal, en el año 2000. El presidente Felipe Calderón fue incapaz de sostener la mayoría relativa que tenía en la Cámara de Diputados, y en los llamados “comicios intermedios” fue arrollado por una maquinaria priista que, desde los gobiernos estatales, operó de una forma excepcionalmente eficiente. Eso marcó el cambio de la agenda y los intereses políticos del panismo.

Hasta entonces, el PAN —con mayoría relativa en el Congreso— había necesitado del PRI para sacar adelante sus reformas y enfrentar al poder opositor del perredismo. Una vez que el panorama electoral cambió, los blanquiazules cayeron en la cuenta de que el priismo se preparaba para pelear con todo el sustento la presidencia de la República en 2012. Por eso las prioridades cambiaron, y los antiguos enemigos —PAN y PRD, que ahora estaban arrinconados— se unieron para tratar de frenar la fuerza del priismo.

Ninguna razón valió. De nada sirvieron los llamados a la cordura ni los recordatorios sobre las contradicciones ideológicas de una coalición sin sustento. Fueron desoídos todos los llamados relativos a la forma imposible de gobernar entre fuerzas que pertenecen a distintos raigambres, que tienen formas de gobierno distintas, que no comparten el proyecto nacional, y que incluso ni siquiera han demostrado fehacientemente que tienen uno y que lo pueden llevar a cabo.

En esto, Oaxaca ha sido un icono. Esta fue la tierra escogida por AMLO para establecer su resistencia al gobierno federal; aquí, las fuerzas opositoras han tenido fuertes enfrentamientos para tratar de frenar a un PRI que desde aquí parece estar impulsando un proyecto nacional que tiene rumbo en el 2012. Y por eso, aún con todo lo que los separa, tanto el PAN como el PRD decidieron ir juntos a unos comicios en los que ya están comenzando a pagar los costos.

La postulación de Gabino Cué Monteagudo ya costó las primeras renuncias. La más sentida de ellas, fue la del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y la de varios militantes del PAN y otras fuerzas políticas con intenciones de intervenir en el proceso aliancista.

Más allá de ello, lo que parece ser uno de los riesgos más potenciales, es que ese mismo pragmatismo que se está profesando en la conformación de alianzas, puede ser llevado a la forma de gobierno. Y nadie sabe cuál sería el resultado de un gobierno en el que no sólo se unen los polos de la democracia partidista, sino en el que se unen los polos más opuestos y confrontados de esa izquierda partidista.

El asunto va más allá de cómo ganar una elección: en realidad el dilema se basa en cómo gobernar un Estado cuando no se tienen coincidencias ni proyectos ni identidades sólidas. Ese es el nuevo paradigma al que se enfrenta Oaxaca.

Gómez Mont, se va pero no se va

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+ Moral política: nada nos gusta…

 

El pasado miércoles, un día después de que se hiciera oficial la coalición entre el Partido Acción Nacional y el de la Revolución Democrática y las demás fuerzas de izquierda, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, hizo pública la decisión de renunciar a su militancia panista de más de 30 años. La decisión fue tomada, en un sentido, como un acto de congruencia personal del Funcionario ante una decisión que no compartía; fue respaldada, en algunos casos, y en otros, condenada. Algunos, incluso, calificaron la decisión como una simulación del Presidente ante las demás fuerzas políticas. Habrá que distinguir la razón entre cada uno de los planteamientos.

Sin duda, lo más sencillo de razonar y entender, tiene directamente que ver con la posibilidad de que esa fuera una decisión personal del Secretario de Gobernación, que tomó en función de preservar sus propias ideas y concepciones personales, y como parte de un instituto político en el cual no comparte las trascendentales decisiones tomadas en las últimas semanas. Así, la decisión de separarse de su militancia partidista podría considerarse, sin duda, como un auténtico acto de congruencia política que ya no es muy común de ver en un país como el nuestro.

Sin embargo, esa es una razón poco probable. Le guste o no a ciertos sectores de la población, el secretario Gómez Mont es —en primer término por su investidura política, pero también por las habilidades que ha demostrado como encargado de los asuntos políticos del país— uno de los funcionarios más fuertes del gobierno federal, que no ha desempeñado un mal papel si se toma en cuenta las complejas circunstancias políticas por las que atraviesa el país.

El secretario Gómez Mont ha demostrado, del mismo modo, ser uno de los personajes más cercanos y respetados por el Presidente de la República, y uno de los que más le ha ayudado en medio de las turbulencias que conlleva el tener un gobierno marcado por las derrotas y las contrariedades. Aunque esto no significa que, necesariamente, el actual sea el mejor, e incluso un buen Secretario de Gobernación, lo cierto es que es uno de los menos malos y uno de los que más ha colaborado con el gobierno en turno.

Siendo así, ¿el Secretario de Gobernación sería capaz de tomar una decisión tan trascendental, sin antes contar con el aval de su jefe, el Presidente de la República? Evidentemente, no. Y es así porque la figura del encargado de la política interna del país va más allá de la simple militancia partidista, e incluso rebasa al solo nombre de Fernando Gómez Mont o de quién sea.

Es decir, que aspectos políticos como esos —que se entiende que pertenecen a su vida y decisiones personales— en realidad se encuentran supeditados al cargo y al débito político que le debe a Jefe de Gobierno y de Estado a quien sirve directamente. Es decir, que en gran medida no pertenecen a la esfera privada, sino a la pública.

Si esto es así, entonces parece claro que un “berrinche” o una diferencia política real e insalvable, entre el Secretario de Gobernación y su jefe, el Presidente de la República —como la que parece haber actualmente en relación a Gómez Mont y el PAN—, no debía terminar en la dimisión de su partido, sino en la separación inmediata del cargo de quien es subalterno del Primer Mandatario. Dos hombres tan importantes para un país, no podrían dejarse llevar, en ningún sentido, por caprichos o berriches para tomar decisiones tan trascendentales. Debe haber razones y cálculos poderosos que llevaron al Presidente y su Secretario de Gobernación, a determinar que era el momento en el que el segundo tenía que presentar su renuncia —en una especie de “sacrificio” de su militancia partidista, para hacer prevalecer sus márgenes de maniobra en los asuntos del Estado—, o que podía hacerlo si de antemano éste último ya lo había considerado. En política, como siempre, no existen las coincidencias.

 

NEGOCIADOR FALLIDO

Aunque la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados federal, ha reiterado que jamás hubo una negociación parlamentaria con el gobierno de la República que incluyera el condicionamiento de aprobar el paquete económico a cambio de que el panismo prometiera no trabar alianzas en al menos cuatro entidades federativas, lo cierto es que todos los indicios apuntan a que fue justamente la consolidación de esas alianzas lo que provocó la renuncia del Secretario de Gobernación.

En su momento, en septiembre del año pasado, cuando por primera vez las dirigencias nacionales del PAN y PRD hablaron de la posibilidad de coaligarse en entidades como Oaxaca, Puebla, Veracruz y otras, fue justamente la fracción parlamentaria de Oaxaca en San Lázaro, la que dejó correr la versión de que el PRI cancelaría cualquier apoyo al paquete económico del gobierno federal, si el PAN no declinaba a unirse con las fuerzas de izquierda para futuras empresas electorales.

Antes, como ahora, el PRI negó que formalmente hubiera planteado ese asunto al PAN y al gobierno federal. La renuncia de Gómez Mont, sin embargo, pone en claro que esa negociación sí existió. Pero también deja ver que más allá de la salvaguarda de las dignidades políticas, su renuncia tiene como base la necesidad del gobierno federal de sacrificar, en cierta medida, a su Secretario de Gobernación, para hacer prevalecer los márgenes de diálogo.

Si el secretario Gómez Mont pactó con el PRI la no formalización de alianzas entre el PAN y otras fuerzas políticas, e incumplió, le quedaban dos caminos: sostener su dignidad separándose de su militancia como un signo de desaprobación a un acto que lo rebasó; o quedarse, sin ninguna reacción, en su cargo, pero cancelando todas sus posibilidades de interlocución creíble con las demás fuerzas políticas. Esa, al final, parece ser la razón más aceptable de por qué esta semana que termina, el Secretario de Gobernación dejó de ser militante panista.

 

NADA NOS GUSTA

Es razonable que se diga que esto es una farsa. Pero también es un exceso tratar de sostener que como Gómez Mont ya no es panista, debe renunciar a su cargo en el gobierno federal. Esto sería tanto como coronar lo que tantos priistas han criticado a la administración de Felipe Calderón Hinojosa: que sólo por la militancia, y por el cuatismo, se han entregado los puestos más importantes, y de mayor responsabilidad en el gobierno federal.

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Desprendimientos en el blanquiazul… y lo que falta

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+ ¿Qué es lo que importa de las alianzas electorales?

La decisión del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, de anunciar la postulación de Gabino Cué Monteagudo como su candidato a la gubernatura de Oaxaca, tuvo los efectos que ya se habían vaticinado: tanto a nivel local, como en el ámbito nacional, ocurrieron desprendimientos de militantes, que se dijeron en desacuerdo con las decisiones cupulares tomadas por Acción Nacional y las demás fuerzas políticas que integrarán la Coalición opositora en nuestro Estado. ¿Qué implicaciones tiene todo esto?

Es evidente que, en primer término, la inconformidad más trascendental se dio con la renuncia a su militancia panista, del secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont. Pero también, en Oaxaca, se dieron otras recriminaciones y desprendimientos importantes en el trabajo aliancista, no sólo en figuras locales del panismo, sino también de militantes de otros grupos que integrarán la coalición.

Al día siguiente del anuncio panista sobre la candidatura de Cué Monteagudo, se hizo pública la renuncia al blanquiazul de María de los Ángeles Abad Santibáñez, y el deslinde tanto de Irma Piñeiro Arias, como del Partido Nueva Alianza de la Coalición opositora. En medio de todo eso, hubo una declinación casi unánime de todos los aspirantes a la candidatura a Gobernador —del PAN, PRD y demás—, por continuar participando en un proceso interno al que más de uno calificó como “una comparsa”.

Así, lo que parece evidente es que importantes sectores de las fuerzas opositoras se están desligando del trabajo aliancista, y que lo único que parece quedar firme son las determinaciones de las dirigencias nacionales de los partidos —es decir, las representaciones formales— por ir coaligados en una alianza. En esas circunstancias, ¿Con qué fuerzas reales irá Gabino Cué a los comicios estatales de julio próximo?

La pregunta no es ociosa, sino que más bien es parte de las previsiones que desde hace tiempo se habían venido construyendo sobre el destino que tendría una alianza conformada entre fuerzas tan confrontadas y, sobre todo, sin que en todo esto existiera un método democrático efectivo a través del cual pudiera elegirse a sus abanderados. En la perspectiva, se encontraba la posibilidad tangible de rompimientos por el modo en cómo se conduciría tanto el proceso aliancista, como la unción de su abanderado a la gubernatura.

En este sentido, hace ya algunas semanas —específicamente, el 27 de enero pasado—, apuntamos que “más allá del ánimo gubernamental (…) aquí mismo sí existen fuertes sectores del panismo que no terminan de convencerse de lo que están disponiendo tanto su dirigencia estatal, como la nacional, sobre la coalición opositora. Y mucho menos están conformes con el candidato —el senador Gabino Cué Monteagudo— que está prácticamente impuesto para encabezar la alianza.”

Y rematamos diciendo que “esas fracturas ponen en entredicho la posibilidad de ganar. No basta con que se hagan declaraciones de unidad. Y si PAN y PRD no cuidan todos los detalles para subsanar cuanto antes las fracturas, su alianza sólo será de membretes pero sin un potencial claro para dar la batalla electoral en los comicios de julio.”

Eso es lo que, a nivel partidista, está justamente ocurriendo: ante los desprendimientos y los cuestionamientos, lo que parece claro es que esta es una alianza de membretes, en las que las fuerzas reales se están minando y confrontando por el doble discurso, el pragmatismo desbordante y las imposiciones, en las que sus respectivos partidos han basado la construcción de la coalición y la designación de su principal candidato.

ALIANZA, ¿PARA QUÉ?

Sin embargo, esas fracturas no parecen preocuparle demasiado a los que están en la ruta de consolidar la coalición opositora en Oaxaca. En realidad, lo que pareciera es que Acción Nacional trató de adelantarse a todas las demás fuerzas políticas en la unción formal de Cué Monteagudo como su candidato, y que todos parecen estar apostando toda la confianza a la operación política y económica de los programas sociales y las estructuras electorales que, cada uno por su lado, maneja el PAN desde el gobierno federal, y las llamadas fuerzas de izquierda a través de las redes ciudadanas de Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué efecto buscó el PAN al ser el primero en reconocer a Cué como su abanderado? Evidentemente, uno de sus objetivos habría de ser el de “adjudicarse” al ex Senador como su Candidato, y tratar con ello de convertirse no en parte de toda la negociación sobre los espacios en disputa, sino en el factor de decisión sobre el destino que siga la Coalición. En esa lógica, todas las demás fuerzas tendrían que abrazar a un personaje que ya es Candidato del PAN a la gubernatura, y no tendría que ser éste quien se adhiriera a abanderados de otras fuerzas.

Por otro lado, habría también que ver en qué se basa la confianza de Acción Nacional sobre sus posibilidades de triunfo en Oaxaca. En ese sentido, una sola es la certeza que se tiene al respecto: el blanquiazul carece de estructuras y operadores electorales importantes en la entidad, pero cuenta con el cobijo de una amplia red de cobertura social, que ha sabido utilizar en los momentos más trascendentales.

Esto es justamente lo que pretenden combinar al unir esfuerzos con las fuerzas lopezobradoristas. Éstos últimos, carecen por completo de acceso a grandes fuentes de dinero, pero tienen como capital político el haber recorrido el Estado y construido una red relativamente importante de contactos y estructuras electorales, a través de las cuales buscarán incrementar sus potenciales de triunfo.

Ambas fuerzas, además, confían en que Cué Monteagudo es un elemento sólido que por sí mismo puede capitalizar buena parte de los votos y simpatías que necesitan para ganar. El resto, según consideran, lo obtendrán de la combinación de las “fortalezas” panistas y perredistas, y del modo en cómo capitalicen el voto de los no militantes. Una apuesta por demás arriesgada, pero que nadie puede decir que es del todo equivocada.

 

¿ESCANDALIZADOS?

Propios y extraños se sintieron desconcertados —y hasta contrariados— por la renuncia del secretario Gómez Mont a su partido. A nadie debería sorprender un acto de congruencia y una medida de extrema prudencia a través de la cual, el gobierno federal busca mantener el diálogo con las fuerzas políticas. ¿Qué no siempre se exigen políticos congruentes? Ahí está una muestra. Aunque, como todo en política, esa dimisión no puede ser explicada en una sola vertiente. Hay más de fondo. Abundaremos.

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