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Congreso local: la autonomía que no lleva rumbo

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+ Ratificaciones: descrédito viene de los coaligados

Hoy parece real, lo que al principio fue tomado como un mero lugar común. En su toma de protesta como gobernador Constitucional del Estado, Gabino Cué Monteagudo, aseguró que a partir de ahora las distintas fuerzas políticas en el Congreso del Estado, trabajarían y decidirían libres de cualquier tipo de coacción o exigencia por parte del Titular del Poder Ejecutivo. Ante las decisiones y actitudes que en estos últimos días han tomado los integrantes del Poder Legislativo del Estado, tal parece que esa promesa del Gobernador ha sido cumplida… aún con los riesgos que conlleva un entendimiento erróneo de las relaciones institucionales y políticas entre poderes.

Un señalamiento que ha sido reiterado incluso desde antes de que se instalara la LXI Legislatura, y que Gabino Cué asumiera la gubernatura del Estado, era que los partidos que integraron la alianza opositora (PAN, PRD, PT Y Convergencia) continuaban instalados por completo en sus discursos de oposición, y reparaban poco en que en los días siguientes asumirían tanto las labores legislativas como de gobierno, pero ahora teniendo ellos la responsabilidad de conducir la gestión pública para responder a las demandas de la sociedad.

La permanencia de todo tipo de señalamientos en tono crítico, parecía chocar con la alianza legislativa que esas fuerzas ya habían trabado en el Congreso del Estado; y también parecieron contrastar cuando, ya como Gobernador, Gabino Cué conformó su gabinete de trabajo privilegiando la cesión de espacios de poder a cada uno de los partidos políticos que lo apoyaron, para llevar a cabo su promesa de conjuntar un equipo de gobierno plural, incluyente y pluripartidista.

Por esa razón, los oaxaqueños fuimos sólo testigos de la conformación de un gabinete variopinto, en el que lo mismo “conviven” —aunque quién sabe si verdaderamente puedan hacerlo— connotados personajes del panismo, perredismo, petismo y convergentes, que en realidad no tienen intereses o ideologías en común, y que tampoco parecen estar identificados, comprometidos, o cuando menos estar verdaderamente al tanto del proyecto de gobierno que encabeza el gobernador Cué.

El problema de esa falta real de identidad, del reparto de cuotas, e incluso de la improvisación de supuestos mecanismos “democráticos” y de eficiencia para la conformación del gabinete, rápido los está llevando a dar sus primeros tumbos. Tal y como lo marcan la Constitución local y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, así como la de la Procuraduría General de Justicia, varios hombres y mujeres designados por Gabino Cué para cargos públicos, debían ser ratificados por el Congreso local. Ahí comenzaron los problemas.

LÍOS INNECESARIOS

Particularmente, tanto la designación del Procurador General de Justicia, como la ratificación de la Secretaria General de Gobierno, han causado más problemas dentro de las fuerzas coaligadas en el Congreso local, que frente a los opositores del PRI. Y esto se ha agudizado por la falta de una operación política efectiva, realizada desde el Gobierno del Estado. Pero vayamos por partes.

Por un lado, la elección del Procurador General de Justicia se enredó y complicó innecesariamente, no sólo por una posible oposición priista, sino fundamentalmente por la falta de oficio y preparación tanto de los nuevos diputados locales, como de quienes tienen a su cargo la Oficialía Mayor del Congreso del Estado. ¿Por qué?

Porque el procedimiento para la elección del Procurador está contemplado por la misma Constitución del Estado, que marca los pasos a seguir. Quizá por falta de experiencia, es en algún sentido explicable que los diputados de la LXI Legislatura no tuvieran claridad respecto a ese proceso; pero es inadmisible que la Oficialía Mayor —que es el órgano técnico del Poder Legislativo, y que la encabeza el mismo personaje (Rafael Mendoza Kaplan) que apenas hace unos meses, en la LX Legislatura, fue responsable de fondo de que la Suprema Corte invalidara reformas a la Ley Orgánica del Congreso por vicios de forma— tampoco supiera cómo conducir dicho asunto, que por su propia naturaleza siempre será de urgente resolución para el Estado. Lo peor, en ese sentido, es que los traspiés de unos y de otros, generó la riesgosa y errónea idea de que al Procurador de Justicia no lo respaldaban ni los partidos que llevaron al gobierno a Gabino Cué Monteagudo.

El caso de Irma Piñeyro Arias es aún peor. La Constitución local establece en su artículo 83 los requisitos para ocupar el cargo de Secretario General de Gobierno. Dice la norma que para ello se requiere ser ciudadano mexicano, tener por lo menos 25 años de edad, estar en pleno ejercicio de sus derechos, no haber sido condenado por delitos intencionales; y tener un modo honesto de vivir. El texto constitucional, como se ve, no menciona títulos ni cédulas profesionales. Entonces, ¿cuál es el problema?

Este es, primero, un enorme error de cálculo, además de un problema de improvisación, e incluso una demostración de falta de operación política. Es improvisación, porque a la nueva Secretaria de Gobierno se le debió exigir, internamente y como requisito previo, el cumplimiento de todo lo que para ese cargo requiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que ellos mismos propusieron al Congreso.

En un segundo término, este es un enorme error de cálculo, porque si con el requerimiento de cédula y título profesional lo que querían es iniciar un proceso de profesionalización de la Administración Pública desde sus titulares, lo que debieron hacer es reformar justamente ese artículo 83 constitucional. Jerárquicamente esa es la norma superior, y por tanto tiene capacidad de invalidar a la inferior. Y si la leen bien, los requisitos que ahí se establecen son extensivos a todos los que ocupan cargos de ese tipo, en la Administración Pública del Estado.

FUERZAS DISIPADAS

Tanto el gobierno de Cué, como los diputados de los partidos coaligados, deben entender algo: que una cosa es que unos y otros sean autónomos, y otra muy distinta que —se supone— hoy la mayoría legislativa y la administración estatal compartan el mismo proyecto político y de gobierno. Qué bueno que eliminaron las imposiciones. Pero qué mal que no parecen tener comunión ni en los asuntos más obvios. Es un error enorme de operación política, que ya la pagan con el descrédito anticipado, e innecesario, que ellos mismos están dando a algunos de los nuevos funcionarios.

Oaxaca: el drama de un PRI extraviado

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+ Lucha intestina: la guerra es fratricida

El mismo día, casi a la misma hora que Gabino Cué Monteagudo asumía la gubernatura del Estado, el senador Adolfo Toledo Infanzón escribía en su cuenta de Twitter (@SenAdolfoToledo) que, palabras más, palabras menos, “ahora sí”, en el PRI de Oaxaca, se vería “de qué cuero salen más correas”. Eso es lo que se anticipa en el Revolucionario Institucional, una vez que los priistas oaxaqueños formalmente se quedaron sin Jefe Político: una auténtica guerra por ver quién se queda con los despojos de lo que, hasta hace no mucho, era el “partidazo” en Oaxaca.

De algún modo, podría parecer hasta natural lo que ocurre en el priismo. Por un lado, la estructura política del tricolor en Oaxaca, sólo había existido a la par de la detentación del poder gubernamental estatal. Y por el otro, en los años recientes esas mismas estructuras político-administrativo-partidistas, fueron sometidas a uno de los más intensos procesos de desgaste interno, que hoy lo tienen al borde de la crisis y el desmembramiento. Frente a esas dos circunstancias, hoy el priismo oaxaqueño se aparece como una jugosa y atractiva presa para los grupos carroñeros que pretenden obtener ganancias de oportunidad a partir de ellos. Vayamos por partes.

Hoy, es evidente que buena parte de esa aparente rebelión y efervescencia interna que vive el priismo, no parte ni de la falta de liderazgos ni mucho menos de las posibilidades de “regreso” o “reconquista” que tengan unos u otros. Hasta el 30 de noviembre pasado, el PRI oaxaqueño funcionó como tradicionalmente lo había hecho en las últimas décadas, alejado de cuestionamiento alguno: es decir, con toda la estructura política a las órdenes y disposición plena de su Jefe Político (el Gobernador del Estado) en turno.

Era siempre el Mandatario estatal —en su calidad de “Primer Priista del Estado”— quien daba las órdenes respecto a los relevos y rotación en la dirigencia estatal; era el Gobernador del Estado en turno quien decidía qué tipos de operación electoral se llevaban a cabo; era quien decía cómo se repartían los recursos del partido; y era quien ordenaba que desde las arcas estatales se enviaran recursos para la buena operación de la estructura partidaria.

Nunca nadie cuestionó que la aparente “democracia” del priismo, en realidad siempre emanara del más inconfesable de los verticalismos y las imposiciones que se decidían en la oficina del Gobernador, y cuyos beneficios no siempre recaían ni en el mejor militante, ni en el más experimentado, mucho menos en el más inteligente, y qué decir respecto a la posibilidad de que el líder tricolor fuera el más honesto.

Esas facultades políticas fueron las que usó a plenitud, como todos sus antecesores, el ahora ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, en su calidad de Jefe Político del PRI. En realidad, él no tenía por qué cambiar, pues de hecho el priismo siempre —hasta hoy, con todo y sus disputas— ha sido y seguirá siendo el mismo proclive a los verticalismos. En todo caso, lo que habían variado, irremediablemente, eran los tiempos y las exigencias de democracia de la sociedad. Por eso, aún con la fuerza política y la estructura electoral que acumulaban y aceitaban todos los días en base a carretadas de dinero y prebendas, de todos modos fueron derrotados en las urnas el pasado cuatro de julio.

Sólo de ese modo puede entenderse que aún cuando habían sufrido la más dolorosa de sus derrotas electorales en Oaxaca, de todos modos fue el Gobernador del Estado quien dispuso que el nuevo líder tricolor fuera el candidato derrotado; por esa misma razón, aún frente a la rebelión, ninguno de los adversarios internos tanto del líder del Comité Estatal priista, como del Jefe Político del Partido, tuvieron el valor para enfrentarse frontalmente y disputar, por la vía de la movilización o de los recursos legales, unas disposiciones que genéticamente todos asumen como incuestionables.

Por eso mismo, hoy ocupan algunas trincheras periodísticas, algunos espacios o grupos de presión, e incluso algunos amagues sobre la disputa que viene, aunque formalmente ninguno se ha animado a enfrentar no sólo a un grupo o a un personaje en particular, sino a las tradiciones políticas que finalmente habrán de prevalecer independientemente de que cambie o se sostenga el grupo que hoy comanda al priismo.

CUEROS Y CORREAS

El pasado 1 de diciembre, cuando el autor de este espacio cuestionó vía Twitter (@aortizromero) al senador Toledo Infanzón respecto a lo que parecía un amague sobre los cueros y las correas en el priismo oaxaqueño, él respondió —no citando textualmente, porque luego borró de su cuenta los mensajes que aquí se mencionan, aunque fueron vistos por docenas de usuarios de esa red social— que a partir de ahora ya no serían las circunstancias, sino los perfiles y liderazgos reales los que contarían al interior de ese partido.

Eso es lo que, ilusamente, podría creer alguien que no conoce lo que de verdad ocurre en el priismo. Todos los grupos, propios y extraños, hoy no dudan en cuestionar el liderazgo del diputado federal Eviel Pérez Magaña como líder priista. Todos sus detractores, argumentan que él sólo es un líder aparente, pues todo le es dictado y dispuesto desde la oficina del ex gobernador Ruiz.

Quienes dicen eso, no están equivocados. ¿Pero a poco alguno de los supuestos “salvadores” de la dirigencia estatal priista, lo están haciendo por la democracia, o por la simple supervivencia de su partido? No. Si verdaderamente el diputado Pérez Magaña es una simple marioneta del ex gobernador Ruiz, lo que sus enemigos quieren es el cargo por las posibilidades que esto representa. Es decir, las postulaciones de la elección federal de 2012.

¿No es eso lo que desea el grupo del detestable Jorge Franco? ¿Y no es lo mismo que quiere el senador Toledo, el faltista diputado Héctor Pablo Ramírez, el grupo del ex gobernador Heladio Ramírez, y todos los que hoy están dentro de esa disputa? Nadie está preocupado por la democracia. Sus cueros y sus correas se llaman poder. Aunque eso los haga pelearse como buitres por carroña.

CARRETONERO

Por cierto, quién sabe si alguien intervino la cuenta de Twitter del senador Toledo Infanzón, o si de verdad ese es su lenguaje y tono habitual. En su Tweet List, aparecen varios mensajes cargados de rencor, burla y ataque. En uno de ellos, por ejemplo, llama al ahora Secretario de Salud del Gobierno del Estado “Enclocha Germán” y en otro dice que Gustavo Madero es “kriptonito Maderito”. ¡Vaya nivel de político!

La burocracia estatal paga revanchas entre grupos

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+ Cué y funcionarios deben identificar al adversario

Uno de los primeros anuncios que hizo Gabino Cué Monteagudo como gobernador electo de Oaxaca, en el mes de julio pasado, fue que una vez que asumiera su cargo, no habría despido masivo de funcionarios de mandos medios y superiores en el Gobierno del Estado. El entonces gobernante recién electo, dijo que se valoraría el desempeño, las funciones y el perfil de cada funcionario de confianza, para determinar si reunía los requisitos de honradez y eficiencia que eran indispensables para la administración pública, y en función de ello les fuera aceptada su renuncia o fuesen ratificados. Qué lejos parecen estar quedando aquellas palabras.

Tal parece que desde el cuatro de julio pasado, los empleados de confianza de niveles medios en el Gobierno del Estado, vienen pagando buena parte de los platos rotos de las batallas electorales. Apenas habían pasado unas semanas de los comicios, cuando la administración del entonces gobernador Ulises Ruiz determinó sin previo aviso que a todos los servidores públicos que ocuparan cargos de mandos medios —a partir de jefes de departamento y hasta subdirectores de área en todas las dependencias estatales— les fueran retiradas cualquier tipo de compensaciones extraordinarias que recibieran por su desempeño.

La explicación formal de esa decisión, se centró en los ajustes normales del cierre del sexenio. Pero en más de una ocasión, aquellos empleados que reclamaron por el recorte salarial y alcanzaron a recibir una escueta explicación, supieron que eso se había determinado en base a dos razones: primera, por los desajustes presupuestales que no podían ser compuestos, cuadrados ni remediados en la Secretaría de Finanzas; y segunda, que se había decidido hacer ajustes presupuestales justamente a costillas de esa burocracia, porque se consideraba que su deficiente participación en las estructuras electorales del PRI había contribuido de manera importante a la derrota sufrida en los comicios recientes.

Quienes desde el PRI determinaron esos ajustes, lo hicieron para seguir —como siempre— engañándose solos, y echándole la culpa a otros por los errores que ellos habían cometido. Desde hace una década, esa burocracia de confianza del gobierno estatal, fue siempre manipulada y coaccionada, a través de los métodos más viles de la política (como las promesas de permanencia en su empleo, y la coacción sobre el despido para quien no participara), para que fuera parte de las estructuras electorales del tricolor.

Usando argumentos como el de la “participación voluntaria”, varias manos se dedicaron permanentemente a presionar a esos burócratas para que, además de su trabajo en la administración estatal, fueran parte del trabajo electoral, independientemente de que estuvieran de acuerdo o no con la propuesta, con la ideología o con los candidatos que propusiera el Revolucionario Institucional.

El pago real a esos servicios, fue el que comenzó a padecer ese sector de la burocracia estatal luego del cuatro de julio: parte de la derrota se la achacaron a ellos. La alta burocracia determinó una cuota de responsabilidad política sobre los jefes de departamento, unidad y de direcciones de área, y se fueron en su contra no sólo para comenzar a “ahorrar” dinero que seguramente no se quedó en las arcas estatales sino en manos de terceros; esencialmente lo hizo para expiar sus propias culpas sobre los errores de campaña que se cometieron, y que fueron más allá del mero trabajo territorial que de sí era insuficiente para ganar los comicios.

PROMESA INCUMPLIDA

Unos días después de haber ganado los comicios, Gabino Cué hizo tales declaraciones respecto a la burocracia estatal, justamente porque los mandos superiores de la Administración saliente dejaron correr el rumor de que el nuevo gobierno despediría, en automático, a todos los trabajadores de confianza y contrataría sólo a personas que no tuvieran ninguna liga con la administración del entonces gobernador Ruiz o con el priismo.

Los empleados de mandos medios, ante tales versiones, se aterrorizaron ante tal posibilidad. La incertidumbre llevó a varios grupos a tratar de generar verdaderos actos de agitación, en aras de tener alguna seguridad de que al menos habría alguna posibilidad de mantenerse en su empleo. Por eso, el entonces Gobernador Electo dijo que antes de despedir al personal había una evaluación escrupulosa de su desempeño.

No obstante, parece que todas esas declaraciones hoy se están convirtiendo en promesas incumplidas. Sin tomar en cuenta que esos empleados de confianza son los que fundamentalmente hacen funcionar al gobierno, que tienen salarios ridículos para un empleado sobre quien recaen fuertes responsabilidades (Un jefe de departamento gana 12 mil pesos mensuales, frente a un director de área que gana más de 35 mil) y que en los últimos años han sido los recurrentemente castigados por las disminuciones salariales, los despidos masivos ya iniciaron.

Para muestra un botón: en la recién creada Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, que encabeza el panista Alfredo Ahuja, desde el pasado viernes 47 empleados con nivel de jefes de unidad fueron notificados de su separación inmediata de sus respectivos empleos. Sin considerar ninguna evaluación, ésos trabajadores serán echados a la calle por indicación de la Secretaría de Administración.

En realidad, todo indica que este ajuste tiene su origen en la avidez por “limpiar al gobierno de priistas” y, evidentemente, por disponer de esas plazas. Las manos de Benjamín Robles Montoya están presentes para atajar a José Zorrilla. Y, dicen, su próximo objetivo es tratar de disminuir, a través de esas mismas medidas, a la secretaria de Gobierno, Irma Piñeyro Arias.

No entienden que sus adversarios políticos o de partido, no están en la burocracia. La mayoría de esos empleados que hoy están a punto de perder su trabajo, con toda seguridad, lo único que quieren y necesitan, es trabajar para sostener a sus familias. Y si antes fueron coaccionados, ahora serán despedidos.

 

REPROBADOS POR FALTAS

El fin de semana, el portal de noticias Animal Político (http://tinyurl.com/2c8rlnm) presentó la lista de los diputados federales con más inasistencias a las sesiones legislativas. ¿Quiénes creen la encabezan? ¡Acertaron! Los diputados del PRI por Oaxaca Héctor Pablo Ramírez Leyva y Jorge Franco Vargas, con ocho y 10 faltas, respectivamente. ¿Y les descontaron sus inasistencias? Jajajá. Por favor.

 

Magisterio-Cué: vayan por una agenda posible

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+ Fantasía, un calendario de 200 días en Oaxaca

El gobierno de Gabino Cué Monteagudo comenzó a aterrizar en la realidad, apenas unos momentos después de que el nuevo Mandatario rindiera la protesta constitucional que correspondía. En su discurso inaugural, se pronunció porque nunca más los niños y jóvenes oaxaqueños que acuden a instituciones de educación pública básica, se queden sin clases. Pero, por paradójico que parezca, su gobierno arrancó justamente con un día de paro de labores del magisterio oaxaqueño.

Es claro que, al menos en ciertos temas específicos, el gobernador Cué debe comenzar a ser realista, y pensar que no todo se arregla con buena voluntad o con la legitimidad política que dan los votos. El de la educación, sin duda, es uno de esos grandes problemas para los que se deben emprender todas las medidas que sean necesarias, pero sobre los cuales cualquier decisión errónea se magnifica. Y sobre todo, se debe actuar más allá de los discursos o la demagogia.

En este sentido, es necesario que la nueva administración del Gobierno del Estado, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, y su titular, Bernardo Vásquez Guzmán, comiencen a construir ya no una agenda deseable, sino una agenda posible para comenzar a enfrentar y revertir los grandes problemas que enfrenta la instrucción pública que se imparte en la entidad.

El primer botón de muestra lo tuvieron desde el momento mismo de la toma de posesión del gobernador Cué. Con el pretexto de repudiar “hasta el último día” a la administración del gobernador saliente Ulises Ruiz Ortiz —argumento erróneo y engañoso, dado que la gestión anterior culminó el día previo, por lo que, de ser así, ellos debieron haber marchado el 30 de noviembre y no el 1 de diciembre—, el llamado “magisterio democrático” de la Sección 22 del SNTE hizo notar su presencia a través del elemento de la movilización de masas, la protesta y las acciones de presión.

Así, mientras Gabino Cué se pronunciaba por terminar con los paros de labores de los profesores para no seguir afectando a la educación, éstos hacían justamente eso para hacerle sentir que lejos de cualquier acuerdo posible, su gobierno deberá comenzar a entenderse con ellos, que a partir de ahora serán una fuerza política mucho más contestataria y de doble lenguaje que nunca.

La razón de esa altivez es clara: en algún sentido, junto con Gabino Cué, la Sección 22 también ganó los comicios del pasado 4 de julio; ellos también sienten que arribaron al poder gubernamental estatal; y, como fuerza sindical, a partir de ahora lucharán en la ruta obvia de todos los sindicatos: es decir, harán lo que sea necesario no sólo por preservar todos los privilegios y los espacios de poder con los que ya cuentan, sino también, y sobre todo, por ensancharlos.

Además, como factor político e incluso electoral, la 22 ha tenido como herramienta fundamental de lucha, la movilización de sus masas y las acciones de presión. Los “democráticos” nunca han preferido la vía electoral, y tampoco las vías políticas. Por su propia naturaleza, ellos buscan siempre las acciones de presión, la presencia radical, y la protesta al límite para tratar de conseguir los objetivos que se plantean.

AGENDA POSIBLE

Por todo ello, es claro y urgente que la nueva administración del gobierno estatal, comience a construir una agenda educativa de temas y alcances posibles, en donde existan planteamientos que no sean tan idealistas o desapegados a la realidad. En su primera declaración ya como director del IEEPO, Vásquez Guzmán ofreció diálogo a la Sección 22, y dijo que comenzarán a trabajar en la construcción de herramientas que les permitan la evaluación del desempeño de los profesores. “En la alternancia, convertida en un proyecto de transición democrática, los profesores tienen cabida pues está la invitación de trabajar desde hoy mismo con el magisterio a fin de reconstruir la comunicación que se ha deteriorado”, dijo.

Este parece un buen principio que, sin embargo, se agotará tan pronto el Gobierno del Estado comience a delinear los aspectos en los que tendrá que ceder la Sección 22. Por ejemplo, cualquier agenda deseable de atención a la educación pública en Oaxaca, debería de contener como uno de sus primeros puntos, la evaluación del desempeño de cada uno de los profesores oaxaqueños, así como el establecimiento de mecanismos claros y profesionales de permanencia, promoción y remoción de las actividades docentes para cada uno de ellos.

Una agenda deseable, debería también contener, como otro de los puntos previos, la necesidad de que el Instituto de Educación quedara en manos por lo menos imparciales: es decir, que ya no fuera la Sección 22 quien propusiera a la gran mayoría de los funcionarios de mandos medios y superiores de su estructura, y que a través de ello pudieran dejar de ser juez y parte de la educación, y vehículo para el corporativismo del que se vale la Sección 22 para controlar a sus agremiados.

Del mismo modo, esa agenda posible debería contener —y que los profesores aceptaran— los mecanismos a través de los cuales se otorgan los estímulos (como la carrera magisterial) a los mentores que sí decidan incrementar su nivel de preparación profesional, y que demuestren mejor desempeño en sus actividades frente a grupo. Lo más importante, en este sentido, debería ser que los profesores de la Sección 22 se hicieran parte de la voluntad del gobierno de Gabino Cué, de que en Oaxaca se cumpliera el calendario escolar de 200 días que establece la SEP.

Es bueno que haya voluntad de diálogo por parte del nuevo Director del IEEPO. Pero es cierto también, que por lo menos es su obligación entablar nuevos canales de diálogo que, primero, permitan distender los agravios entre el magisterio y la autoridad que se generaron en el pasado, para luego pasar a una fase constructiva que logre reencauzar la educación pública que se imparte en la entidad.

 

¿ESPERAR SENTADOS?

Ojalá que no esperen hasta el momento de chocar con la realidad, para entender que la buena voluntad es insuficiente cuando se está frente a un grupo que esencialmente no defiende a la educación o a sus agremiados, sino el poder que acumula. Ojalá que tanto Bernardo Vásquez, como la secretaria de Gobierno, Irma Piñeyro Arias, tengan la claridad y los arrestos suficientes, primero para entablar diálogo real, y luego para construir esa agenda posible que tanto le urge a la educación en Oaxaca.

Transición en Oaxaca: una oportunidad real

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+ Capital político: útil y valioso, ahora o nunca

Una vez investido el cargo de gobernador Constitucional del Estado, Gabino Cué Monteagudo tiene una oportunidad única en México para generar una auténtica ruta de la alternancia de partidos en el poder, a la transición a la democracia. Los primeros signos de su gobierno, así como las condiciones políticas de la entidad en las que se enmarca el cambio de gobierno, apuntan a una enorme posibilidad que debe ser conducida con prudencia y firmeza, para dejar en claro que sí tienen viabilidad y utilidad práctica las tan cuestionadas alianzas electorales.

Por principio de cuentas, necesariamente debemos preguntarnos qué entendemos por transición a la democracia; y por qué aseguramos que el gobernador Cué Monteagudo tiene una oportunidad única ahora en Oaxaca. De la respuesta a esos dos cuestionamientos, podremos entender bien esta posibilidad de transición democrática que no debe ser desaprovechada tanto por el nuevo gobierno estatal, como por los partidos que tienen representación en el Congreso del Estado. Por ello, es necesario ir por partes.

En un primer momento, y aunque parece un tema agotado, tenemos que preguntarnos con seriedad qué entendemos hoy por transición a la democracia. Aunque en México ese asunto lleva por lo menos una década en discusión (el mismo tiempo que el PRI ha estado fuera del poder presidencial), es evidente que bien a bien, todavía hoy no tenemos una idea precisa de qué es, y cómo debe delinearse esa transición a la democracia.

En ese sentido, a lo más que hemos llegado en el país, es a construir algunas propuestas que, sin embargo, no se han podido materializar por la polarización política, por la debilidad y las imprudencias presidenciales, y por la ingobernabilidad y la falta de acuerdos que ha prevalecido en las recientes legislaturas federales.

Así, la idea más reciente y cercana que tenemos sobre una propuesta de transición a la democracia —           que, evidentemente, no es ni la única, ni la mejor, y mucho menos un planteamiento de reforma total o de fondo—, es la que hace un año presentó el presidente Felipe Calderón Hinojosa al Congreso federal, para comenzar a democratizar y modernizar ciertas instituciones e instrumentos políticos y de gobierno que, por su obsolescencia, ineficacia o desuso, no permitían una construcción de acuerdos que diera como resultado el mejoramiento en la democracia o la calidad de vida de las personas.

Ese decálogo de propuestas de reforma política, sin embargo, hasta hoy continúa durmiendo el sueño de los justos. El gran problema al que se han enfrentado las dos administraciones del gobierno federal, en sus intentos por llevar a cabo cualquier tipo de reforma política de fondo, radica en que no han contado con mayoría suficiente en las dos Cámaras del Congreso de la Unión, en que los mismos Mandatarios se han encargado de golpear y atizar a sus enemigos, antes de conciliar y construir acuerdos con ellos en temas de fondo; y en que los partidos de oposición han preferido el golpeteo y las ganancias políticas de corto plazo, a la posibilidad de comenzar a construir una gran reforma política que replantee al Estado en cuanto a sus mecanismos democráticos y tareas de gobierno.

En razón de ello, en los últimos diez años tanto la administración del presidente Vicente Fox Quesada, como la actual del presidente Felipe Calderón Hinojosa, han sido incapaces de construir una verdadera agenda democrática, que tenga viabilidad gracias a posibles acuerdos políticos. Ese, sin embargo, no es el caso del gobernador Cué en Oaxaca. De ahí que frente a los ofrecimientos y anuncios de propuestas de reforma presentadas ayer mismo al Congreso, necesariamente deba demostrar que tiene mucho más que retórica bien construida, respecto a la necesidad de comenzar a reformar las estructuras del poder y el gobierno en Oaxaca.

 

REFORMAS POSIBLES

Ayer, en su primer mensaje a los oaxaqueños, el gobernador Cué hizo una serie de planteamientos importantísimos para la vida política y gubernamental de la entidad. Punto por punto, delineó una serie de propuestas de reforma para reorganizar tanto el Poder Ejecutivo y replantear por completo los esquemas de integración, funcionamiento y alcances del Poder Judicial; reiteró su voluntad por mantenerse ajeno a la vida democrática del Congreso; dijo que replanteará los mecanismos de acceso a la información, y que hará propuestas para llevar a la práctica los mecanismos de participación ciudadana directa, tales como el plebiscito y el referéndum, así como para que exista en Oaxaca la posibilidad de iniciativa preferente.

Estos planteamientos, entre varios otros que hizo el gobernador Cué en el mensaje que dirigió a los oaxaqueños desde el Palacio Legislativo de San Raymundo Jalpan, bien podrían ser la punta de lanza para una verdadera reforma política e institucional, que comience a dar visos de una auténtica transición a la democracia. Una vez hechos esos ofrecimientos, ahora lo que necesita quedar fehacientemente demostrado, es que tiene la suficiente fuerza, determinación y voluntad política para llevar a cabo esas reformas que, en general, comenzarían por limitar el poder que tiene él como Gobernador del Estado.

Es claro que difícilmente tendrá obstáculos legislativos. A diferencia de las Cámaras federales, el Gobernador de Oaxaca hoy tiene el apoyo expreso de la mayoría de las representaciones políticas en el Congreso local; con el PRI, incluso, ha dado señales iniciales de una relación serena y prudente. Y todo esto queda reforzado por el importante momento político por el que pasa, en el que su aceptación y legitimidad son lo suficientemente fuertes como para terminar de arropar y sustentar cualquier propuesta que haga al Poder Legislativo.

Si el gobernador Cué logra llegar a la meta de convertir en ley sus propuestas de reforma, entonces no sólo estará demostrando que el cambio prometido era mucho más que simple retórica: estará dejando pautas claras de que las alianzas electorales sí tienen una viabilidad práctica. Pero mientras, hacer o no la reforma, es un asunto de poder, que sólo se encuentra en sus manos.

 

RECONOCIMIENTO

La ratificación de Andrés Webster Henestrosa como secretario de Cultura del Gobierno del Estado, es un reconocimiento contundente a una labor discreta pero constante realizada en esa área durante los últimos años. Enhorabuena por esa distinción, que parece haber sido construida muy lejos de las grillas, y muy cerca del trabajo.

Nuevo gobierno: el reto, entender a la ciudadanía

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+ Tiempo de esperanza, agotado; ahora, los hechos

El gobierno de Gabino Cué inicia con grandes expectativas y enormes retos, pero también con oportunidades importantes. Más allá de la “rumorología” sobre la integración del gabinete de trabajo, lo que a la ciudadanía le interesan son otros temas que, si bien están relacionados, son también paralelos a la integración de las secretarías y direcciones del Gobierno del Estado. El reto más importante de este gobierno, sin duda, es el de comenzar a dar respuestas a esas inquietudes y reclamos profundos que tiene el ciudadano, justamente porque ayer terminó el tiempo de las esperanzas, y hoy comienza el de los hechos.

Hasta hoy, es claro que en muchos existe marcada atención sobre la conformación del Gabinete de Gobierno, porque a través de éste el gobernador Gabino Cué dará las primeras pautas sobre el rumbo que tome su administración, y también sobre los grupos y factores políticos que finalmente fueron tomados en cuenta para el reparto de las cuotas de poder.

Junto a ello, se encuentran quienes están esperando las primeras decisiones que Cué tome ya como titular del Poder Ejecutivo, así como el momento en que ocurra la presentación formal de su programa de Gobierno, y del Plan de Desarrollo. Se entiende también, que esas dos serán pautas objetivas sobre el cauce que tome la administración estatal, así como las áreas que serán consideradas como prioritarias en la atención y desarrollo para el nuevo gobierno.

¿Por qué tanto interés, en esta ocasión, en algo que cada inicio de sexenio ocurre? Todo se inscribe, en realidad, en las altas expectativas de cambio que generó el grupo político de Gabino Cué, primero como candidato, y luego como gobernador electo. Desde su trinchera, sistemáticamente se ofreció la idea de “Un Oaxaca nuevo” que, ahora más que nunca, muchos están esperando, y que a partir de mañana comenzarán a reclamar con fuerza mientras siguen viendo que el estado de cosas es más difícil de cambiar, de lo que en realidad aparenta.

En ese sentido, la realidad indica que no es necesario esperar cambios radicales en plazos cortos, ni tampoco la conformación de un gabinete de trabajo con súper hombres o personas altamente preparadas para las misiones administrativas o políticas que respectivamente se les encomiende. En realidad, las tareas de gobierno serán encomendadas a personajes en específico y, cada uno de ellos, dependerá y responderá no sólo al Gobierno del Estado, sino también al grupo político del que emanaron.

Ante ello, habría que entender bien esta aparente contrariedad, que asimismo suena a resignación o escepticismo. Gabino Cué llegó al gobierno de Oaxaca gracias a la combinación y suma de una serie de factores y fuerzas partidistas, políticas y sociales, que ahora tendrán como recompensa un espacio en el gobierno.

En este sentido, será comprensible —mas no justificable— que el gabinete de trabajo sea repartido en base a cuotas y cercanías personales al gobernante, antes que por perfiles profesionales. Igualmente, será explicable que cada uno de los representantes de esos grupos políticos en la administración estatal —nada menos que cuatro partidos políticos distintos, y un número indeterminado de grupos al interior de cada una de las fuerzas políticas—, responda primeramente a su respectiva facción, para luego hacerlo al interés gubernamental.

Será en la posibilidad de generar sinergias, y no en la sola conformación del gabinete, es en lo que se verá si verdaderamente el gobierno de Cué, y sus colaboradores, tienen la capacidad de articular un gobierno eficiente, que tenga la capacidad de dar respuestas a la gente.

RESPONDER A LA GENTE

No obstante, aún antes de conocer los documentos, programas, planes, e incluso el nombre de los funcionarios que encabezarán cada una de las secretarías y direcciones del Gobierno del Estado, ya pueden preverse cuáles serán las primeras exigencias de la ciudadanía a las cuales debe responder el gobierno inmediatamente.

La ciudadanía, en ese sentido, espera mucho del gobierno de Cué. Tiene expectativas altísimas, por ejemplo, en la modificación sustancial de esa vorágine de excesos, frivolidad y sospechas de corrupción que siempre envolvieron al gobierno del priista Ulises Ruiz Ortiz. Del mismo modo, la ciudadanía espera ya no seguir viendo una administración gubernamental enmarcada siempre en la confrontación política con los grupos sociales, los gremios, y las asociaciones de lucha sindical que existen en la entidad.

El oaxaqueño de a pie, en esa lógica, espera no volver a ver a una administración estatal convertida en una mera agencia de colocación, o en una bóveda inagotable de la que salen recursos económicos y humanos para ser manejados con fines electorales. La ciudadanía está ávida de no volver a ver un gobierno que aplica la máxima de “o estás conmigo, o estás en mi contra” que prevaleció los últimos años, y mucho menos espera ver la creación de camarillas o cofradías caracterizadas por la suntuosidad, el oropel y las superficialidades, que llegan a vicios tan extremos, como el de nombrar a amigos o socios en puestos clave de la administración estatal, u ocupar los recursos del Estado para impulsar públicamente a familiares, “compromisos” o personas relacionadas en aspectos sentimentales.

En resumen, la ciudadanía espera mucho del gobierno de Cué. Pero ese mucho va más allá del Plan de Gobierno. El oaxaqueño espera bastante de su nuevo gobierno, pero en aspectos como la honestidad, la congruencia e incluso la moralidad. En el desempeño, en las decisiones de gobierno, en la honorabilidad, e incluso en la sensibilidad política, radican muchos de los factores que llevaron a la administración del hoy ya exgobernador Ruiz, a ser la más repudiada y vilipendiada de que se tenga memoria.

 

EXPECTATIVAS ¿FANTÁSTICAS?

Es cierto que Oaxaca no cambiará en un día. Pero es cierto, e irrebatible, que lo que sí tiene oportunidad de cambiar Gabino Cué Monteagudo en un día, es la conformación del gobierno. Sus colaboradores, y él mismo, deben tener una actuación radicalmente distinta, —para bien— a la de sus antecesores, para tener ganado un buen trecho de la credibilidad y aceptación ciudadana. Los ciudadanos cometeremos un error si de antemano le auguramos un fracaso, como igualmente lo haremos si de nuevo le extendemos un cheque en blanco. Habrá que afinar el sentido crítico y la sensibilidad para observar a este nuevo gobierno.

Entrega-recepción: freno y ancla para funcionarios

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+ No aceptar renuncias: para certeza política de la transición

Acostumbrados a la frase del refranero cómplice por excelencia, respecto a que “chinto tapa a chinto”, nadie en la Administración Pública Estatal se esperaba que, de buenas a primeras, el gobierno electo de Gabino Cué Monteagudo anunciara que una vez asumido el cargo, no aceptará la renuncia de ningún servidor público, hasta que no se complete el proceso de entrega-recepción en cada una de las dependencias gubernamentales estatales. Esto, que para efectos de legalidad no es sino un mero engaño, en realidad parece tener otros efectos, más bien encaminados a iniciar lo relativo al ajuste de cuentas entre los dos regímenes de gobierno.

En un primer momento, esto podría parecer algo así como el mundo al revés. Era de esperarse que, ante la derrota del gobierno priista del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, a manos de su más añejo adversario político en Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, lo primero que ocurriría luego de la transmisión de poderes, sería una limpia total tanto de funcionarios corruptos, como de todos aquellos que por su frivolidad o excesos fueron repudiados por la sociedad oaxaqueña.

De hecho, al utilizar esa lógica fue que apenas unos días después de ocurrida la jornada electoral, inició una escalada de rumores y especulaciones respecto a los posibles cientos, o miles, de despedidos que habría una vez que se diera el cambio de gobierno. La administración del gobernador Ruiz, particularmente, tomó una actitud de profunda ingratitud y revanchismo sin sentido, suspendiendo los estímulos económicos y demás prestaciones extraordinarias que habían recibido los trabajadores de niveles de mandos medios y superiores, apenas un mes después de la jornada comicial.

En ese sentido, los pocos empleados del gobierno estatal que cuando menos alcanzaron a recibir una explicación sobre esa suspensión, drástica e injustificada, de sus compensaciones salariales, supieron que ésta había sido motivada por el enojo en su contra que prevalecía en el primer círculo del gobierno local, por haber sido la burocracia estatal la responsable de que la estructura electoral del PRI fallara, y que ese fue el punto clave de la derrota tricolor.

Así, mientras acusaciones de ese tipo abundaban del lado oficial, también se temían las acciones de las fuerzas de oposición, una vez que asumieran sus cargos. Pronto el gobierno de Gabino Cué anunció que los secretarios y directores generales de su administración, evaluarían el desempeño y las funciones de cada empleado de confianza, para valorar su permanencia o no en su cargo. Esto destensó, momentáneamente, una situación que luego volvió a tornarse álgida, cuando el gobierno electo comenzó a exigir el inicio del proceso de entrega-recepción.

¿Por qué? Porque la alta burocracia estatal nuevamente delegó las tareas más pesadas del proceso de cambio de gobierno, en esa burocracia de nivel medio, a quien apenas uno o dos meses antes habían comenzado a vapulear y despreciar, pero ahora nuevamente le cargaban la mano. Suponía toda esa alta burocracia, erróneamente, que a partir de mañana 1 de diciembre, el gobierno de Cué simplemente les pediría no volverse a aparecer en sus oficinas ni tener injerencia o responsabilidad alguna en las tareas de gobierno. Era, de hecho, lo que ellos suponían y querían que ocurriera.

Sólo que a éstos, por muy distintas razones, pero en base a un fundamento y lógica legal muy sencillos, les indicaron lo mismo que a la burocracia de mediano nivel: “Te vas cuando yo te diga, no cuando tú lo decidas”.

 

RENUNCIA, ¿INOPERANTE?

Cualquier conocedor promedio del derecho, sabe que la renuncia es un acto jurídico unilateral, a través del cual el titular de un derecho determinado dimite del mismo, sin una contraprestación específica. Si esto es así, y si los secretarios de gobierno, directores y demás integrantes de la burocracia estatal, tienen la calidad de empleados públicos, ¿entonces por qué la decisión de no aceptar sus respectivas renuncias?

La renuncia, es uno de esos actos jurídicos que engañosamente se conocen como “personalísimos”. Esto, porque al ser unilaterales, se supone que no requieren la autorización de su contraparte, es decir, del patrón, para abandonar los mismos. El “truco” que, en todo esto, habrá de aplicar el gobierno de Gabino Cué, es que los funcionarios de su administración ni siquiera darán por recibidos esos documentos; y si sí lo hacen, no los harán efectivos.

Empero, podría oponerse una cuestión más: la administración para la que ellos fueron contratados, termina hoy 30 de noviembre. La cuestión que se opone, en ese sentido, es que quien termina su mandato es sólo el Gobernador Constitucional del Estado; sus colaboradores pueden seguir teniendo esa calidad, en tanto no exista un cese o renuncia de por medio.

Todo esto parece demasiado enredado, y en realidad todo este embrollo tiene mucho de falaz, y otro poco de apariencia. Falaz porque más allá de los recovecos jurídicos, la renuncia tiene alcances muy amplios, que rebasan la sola potestad de quien la recibe. Y el asunto tiene también bastante de apariencias, porque lo que está tratando de hacer el gobierno de Gabino Cué, es comenzar a generar una perspectiva sobre la revisión escrupulosa, sobre la “auditoría al régimen anterior”, y sobre lo que, en términos llanos, se entiende como el “ajuste de cuentas”.

Además, por razón de la Constitución local, y de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, los funcionarios salientes continúan teniendo responsabilidad administrativa y penal, por un periodo no menor a un año luego del momento en que hubieren concluido sus funciones.

Sin embargo, al sujetar a esa decisión a los funcionarios salientes, políticamente los hace sujetos de escarnio, revisión y señalamiento, independientemente de las cuestiones legales que correspondan. A través de acciones como esa, buscará comenzar a legitimarse con la sociedad y a hacer valer aquello de que “ni perdón ni olvido”.

REVISIÓN REAL

Aunque, en todo eso, falta ver si de verdad ocurre un proceso escrupuloso de revisión a cada uno de los funcionarios salientes, o simplemente se trata de apariencias y de conseguirse unos cuantos chivos expiatorios. El gobierno estatal, como quiera que sea, necesita seguir funcionando. E, inescrupulosos como son, a ver si no más de uno de ellos lo toma como la oportunidad de cobrar algunas quincenas más.

Twitter: @aortizromero

 

Oaxaca de Juárez, el desastre hecho gobierno

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+ Fraguas se vigilará solo en el Congreso local

El estado en que se encuentra actualmente el gobierno municipal de Oaxaca de Juárez, representa de cuerpo entero el fracaso de una gestión que inició con altas expectativas, pero que siempre demostró ir de más a menos. Hoy, cuando esa administración vegeta únicamente a la espera de su propio momento para el llamado cambio de poderes, su titular constitucional aguarda sigilosamente desde una discreta curul en el Congreso del Estado. ¿Por qué José Antonio Hernández Fraguas sigue prefiriendo la mesura, la disciplina a su partido, e incluso el bajo perfil?

Sin duda, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez fue quien pagó una de las facturas más elevadas por las colisiones y los atropellados procesos internos que hubo en el priismo oaxaqueño a lo largo del último año. Desde el inicio de su gestión como presidente Municipal de la capital oaxaqueña, en enero de 2008, Hernández Fraguas se asumió como un inminente aspirante a la candidatura a Gobernador por el PRI.

Ello parecía natural por la posición y el momento político que implicaba el ser el segundo Edil Citadino del sexenio, por la imagen favorable que se construía desde esa posición, y porque en aquellos momentos el PRI parecía no tener adversario suficiente, pero sí una importante competencia electoral, en la que la dirigencia y el Jefe Político tendrían que decidir por la postulación del priista más aceptado por el electorado, y quien tuviera mejores rangos de competitividad electoral frente a la oposición.

Parecía obvio que si Hernández Fraguas había sido postulado verticalmente por el priismo como candidato a Munícipe, era porque éste se encontraba “en el ánimo” del gobernador Ulises Ruiz para figurar como uno de sus posibles sucesores. A partir de ello, y de la posición municipal que obtuvo holgadamente en los comicios de octubre de 2007, el ahora Diputado local por el PRI asumió que podría librar todas las batallas posibles por conseguir la candidatura a Gobernador.

Y así lo hizo. Desde el último trimestre de 2009 —cuando comenzaba a “calentarse” la anticipada y hasta entonces fáctica contienda interna por la candidatura a Gobernador en el PRI, a causa de la inclusión forzada de Eviel Pérez Magaña como aspirante— Hernández Fraguas dijo abiertamente que él buscaría ser el candidato porque tenía los méritos, el trabajo y la ascendencia suficiente para serlo. Amagó en diversas ocasiones con no levantar la mano a un candidato impuesto por el PRI, e incluso dijo que denunciaría cualquier posible acto antidemocrático en su partido.

Ello lo llevó a aparentar una franca imagen de rebeldía, que sólo fue plegada cuando comprendió que aún frente a sus amagues, la decisión sobre la candidatura a Gobernador ya estaba tomada, y que no le era favorable. Negoció la Presidencia del Congreso, para luego ser descalificado a través de una guerra interna en su contra, y luego defenestrado de la posición legislativa que aún no asumía.

Mientras todo eso pasaba, desde el Gobierno del Estado se asumió una actitud no sólo de abandono, sino también de hostigamiento hacia la administración municipal. Cualquier decisión correcta tomada hasta entonces, fue suplida por el “jineteo” de los recursos económicos pertenecientes a las arcas citadinas; los errores internos cometidos en la administración municipal, comenzaron a ser utilizados como herramienta de negociación política y chantaje.

Y el abandono físico de sus funciones, junto con el fracaso de las aventuras electorales del Presidente Municipal, agudizó aquella idea entre los funcionarios municipales, de que seis meses antes del fin de la administración, e independientemente de la gestión buena o mala realizada hasta entonces, todo había terminado. Sin recursos económicos, sin el respaldo de la administración estatal, y sin la atención y los bríos aplicados al inicio de la gestión, Oaxaca de Juárez y su gobierno quedaron a la deriva. Los servicios públicos y la ciudadanía, terminamos pagando las consecuencias de esas disputas priistas por la gubernatura, que —valga decirlo— también terminaron en medio de un rotundo fracaso.

BAJO PERFIL

A pesar del acuerdo inicial, al ahora diputado Hernández Fraguas no se le permitió ser el coordinador de su bancada en la LXI Legislatura; a pesar de ser un priista connotado, la peor guerra de descalificaciones y humillaciones que públicamente le han propinado, vino de sus propios “compañeros” de partido; aún cuando en algún momento se sintió “cercano” al grupo gobernante, nadie le hizo tanto daño como éste mismo a sus legítimas aspiraciones electorales.

Se esperaba, ante todo eso, que Fraguas renunciara al PRI cuando ocurrieron los primeros signos claros sobre la cuestionable “democracia” con la que se eligió a su Candidato a Gobernador. Luego se previó su inconformidad pública cuando no se le permitió coordinar y encabezar al priismo. Nunca se defendió cuando sus compañeros de partido le orquestaron una degradante campaña de desprestigio. Incluso, hasta ahora ha tratado de mantenerse disciplinado, mientras parece que cambió una posición de primer nivel —la Presidencia Municipal de la capital oaxaqueña—, por una curul que, ante las circunstancias, lo dejan en la posición de “un diputado más”, aparentemente sin ninguna relevancia.

En esas condiciones, quizá lo que Hernández Fraguas decidió el bajo perfil para operar con libertad una posición que seguramente le garantizará tranquilidad en el mediano plazo: sin mayores aspavientos, fue designado nada menos que como presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

De acuerdo con el Reglamento Interior del Congreso del Estado, esa Comisión tiene la facultad de recibir del Pleno o de la Diputación Permanente los informes de avance de gestión financiera y las Cuentas Públicas, para turnarlos a la ASE, así como dictaminar las respectivas Cuentas Públicas.

 

VIGILANTE, ¿VIGILADO?

Eso no tendría nada de trascendente, si no fuera porque Hernández Fraguas tiene también obligación, como parte de la gestión municipal, de entregar las cuentas de su ejercicio como munícipe. Según se ve, en el Ayuntamiento no quedó dinero ni para lápices. Y, casualidades que tiene la vida, resulta que el encargado de revisar las cuentas del Municipio citadino, será el mismo personaje que lo encabezó y que es parte de los cuestionamientos que pesan sobre esa administración. Raras coincidencias, ¿no?

Comparecencias: institucionalmente, un show

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+ Función política, no de una verdadera revisión

Ni siquiera los “nuevos tiempos” que políticamente vive Oaxaca, fueron suficientes para hacer entender a los diputados locales, que transición no significa venganza, y mucho menos circo. Al parecer, eso justamente fue lo que entendieron que debían hacer frente a los funcionarios del Gobierno del Estado a quienes llamaron a comparecer, como parte de la glosa del VI Informe de gestión del gobernador Ulises Ruiz. Si la administración saliente tiene una cartera inmensa de asuntos sobre los cuales no puede dar una explicación, los nuevos diputados tienen el enorme reto de hacer que las comparecencias eliminen todo elemento circense del debate público, y que, al contrario, éstas sirvan para algo más que un deplorable espectáculo.

En efecto, es uno de los tantos supuestos democráticos que rigen la vida política de nuestro Estado, que como parte de cada informe de actividades del Gobernador en turno, los diputados integrantes del Congreso del Estado llamen a algunos de ellos a comparecer en el Recinto Legislativo.

En ese sentido, las normas constitucionales que rigen ese supuesto, permiten que la presencia del funcionario sirva para que los legisladores pregunten, aclaren dudas e incluso les interpelen si es que existe algún asunto en el que la crítica lo permita. Sólo que, hasta la LX Legislatura, el priismo tuvo una amplia mayoría, que permitía que todos los servidores públicos —también emanados del tricolor— llamados a comparecer, tuvieran pocos cuestionamientos y sobresaltos durante sus respectivas visitas al Congreso. De ello, en general, se acuñó aquella frase del “día de campo” para los funcionarios estatales en la Cámara de Diputados.

Dicha facultad tuvo los alcances que ameritaban los tiempos políticos que ya se fueron. Hasta ahora, los diputados locales tienen la posibilidad de exigir que cierto funcionario del Gobierno del Estado acuda a dicho recinto, para ampliar la información relativa a los informes de gobierno, y que durante su comparecencia exista cierto margen de libertad para que éste pueda ser cuestionado e incluso señalado por los legisladores, pero sin que éstos tengan posibilidad alguna de hacer algo más que un simple diálogo verbal sin mayor trascendencia. Esto, en los tiempos de mayoría priista, hacía aparentar la pluralidad y la democracia, a través de la simple posibilidad de emprender un debate.

Sólo que, como bien sabemos, hoy los tiempos son distintos. El Gobierno del Estado se encuentra a menos de una semana de pasar a manos de un Titular del Poder Ejecutivo emanado de un partido de oposición; hoy, del mismo modo, el Congreso del Estado tiene una integración no liderada ni de mayoría priista.

En ese marco, el “trago amargo” para los funcionarios salientes, ocurrió ahora que tuvieron que comparecer frente a una Cámara de Diputados ya no controlada por su mismo partido. Como podía preverse, ninguno de los encuentros entre legisladores y funcionarios estatales fue agradable. Empero, más allá de las naturales discordancias entre administradores y legisladores emanados de fuerzas políticas distintas, e incluso de las afrentas personales o de grupo que existen entre ellos, es evidente que por su propio bien y dignidad política, los mismos integrantes de la LXI Legislatura deben tomar con seriedad la necesidad imperante de que unas comparecencias como las recientes, no vuelvan a ocurrir en Oaxaca.

 

DIÁLOGO CIRCENSE

Más de uno se regodeó viendo sufrir a prácticamente todos los titulares de las dependencias del gobierno estatal, que comparecieron en la Cámara de Diputados.

Ante los excesos, la soberbia de otros tiempos, y la corrupción que este régimen expira a través de todos sus poros, muchos vieron con agrado que al menos por una ocasión varios Secretarios de Gobierno, y la Procuradora General de Justicia del Estado, fueran duramente cuestionados, encarados e incluso exhibidos por las insuficiencias, las sospechas de corrupción, enriquecimiento y tráfico de influencias en las que se encuentran involucrados. Al ya no contar con una mayoría legislativa que los respaldara, en esta última ocasión no hubo red de protección alguna que les amortiguara una imparable andanada de cuestionamientos y críticas.

Sin embargo, de haber una verdadera reflexión serena, y si alguno de los diputados locales de la LXI Legislatura entendió bien el mensaje de “sacrificio” del actual gobierno, lo que los funcionarios estatales salientes fueron a hacer a la Cámara de Diputados, no fue más que a permitirle un desfogue de sus aversiones, críticas y deseos de venganza, para luego asegurarse de que todo quede en el olvido, o la impunidad que tanto les conviene.

Veamos si no. Durante varios días, el salón de plenos del Congreso del Estado fue algo que parecía entre un circo y una romería babélica. Como nunca antes, todos se dieron vuelo gritando, señalando, encarando e incluso acusando, gracias a la pluralidad que existe en la Cámara, y a la libertad que hoy tienen para no quedarse callados.

Sin embargo, al ver la utilidad real de todos esos gritos y sombrerazos, se podrá ver que éstos sirvieron prácticamente para nada. Al final, no quedó más que el desfogue de todos los sentimientos guardados, de la venganza política y de las demostraciones de fuerza al grupo derrotado que está a punto de alcanzar el poder. Aunque todos los funcionarios comparecientes salieron vapuleados, esto no tiene —ni tendrá— mayor trascendencia, simplemente porque las comparecencias tienen sólo finalidades políticas, pero ninguna fuerza vinculante como para hacer algo más que gritar y señalar sin ninguna trascendencia ni utilidad real.

 

CONGRESO, UN SHOW

Les guste o no, los diputados locales que demostraron su “valor” y “fuerza moral” al encarar a los cuestionados funcionarios salientes, ahora deben honrar esos gritos e interpelaciones, haciendo una revisión escrupulosa de la gestión, y cerciorándose de que la Auditoría Superior del Estado, y la de la Federación, revisen peso por peso, y documento por documento, sus respectivas actuaciones para castigar duramente a quien haya incurrido en actos de corrupción. Sólo así podrán convalidar todas las acusaciones que ahí vertieron, y también habrán de demostrar que la Cámara de Diputados es algo más que un mercado. De no ser así, pronto los burlados serán ellos. Más de uno les dirá, en medio de la impunidad, que quien ríe al último, ríe mejor.

Twitter: @aortizromero

 

“No cacería de brujas”: ¿Y entonces… la impunidad?

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+ Nuevo gobierno: no venganzas; sí, cambio de actitud

En los rejuegos comunes entre los grupos que abandonan y toman el poder, se hacen cotidianos ciertos discursos que, sin embargo, siguen teniendo algo más que insatisfecha a la sociedad. El gobierno saliente, asegura —aunque ciertamente nadie le cree— que actuó con la mayor pulcritud posible, y que sus funcionarios utilizaron correctamente los recursos sin enriquecerse a costa del erario estatal. Por su parte, el gobierno entrante asegura que no tolerará actos de corrupción presentes o pasados, pero sin embargo dice también, casi como parte de sus lugares comunes, “que no habrá cacería de brujas”. Todo esto, sin duda, intenta ser una gran tomadura de pelo, y también una afrenta, para la ciudadanía.

Llevado a los dos extremos visibles, este asunto de los posibles actos de corrupción podría terminar o en la impunidad, o en la más hostil de las persecuciones. Es lo que, en varios círculos de poder —en los que las expectativas políticas se han construido a partir de los rencores y las ambiciones— desearían ver:

Cuando existe continuismo en el grupo gobernante, ver que todos los actos indebidos son solapados y encubiertos por los sucesores; o, en el otro extremo, cuando existe un proceso de alternancia —como es el caso actual—, ver que todos los ex funcionarios, honestos o no, son perseguidos hasta ser encarcelados, no necesariamente por los posibles actos de corrupción cometidos, sino como un verdadero ajuste de cuentas entre grupos de poder.

Sin embargo, es claro que el verdadero sentir ciudadano —el de la cotidianidad de la gente que simplemente se encuentra interesada en dar seguimiento a los temas públicos— tiene una perspectiva diferente de lo que es la “honestidad” de unos, las promesas de justicia de otros, y las prevenciones sobre la abstinencia de realizar “cacerías de brujas” entre unos y otros. ¿De qué hablamos?

De que, para el ciudadano de a pie, simplemente resulta simplemente inadmisible que un servidor público presuma públicamente de tener antecedentes pulcros como parte de la administración pública, cuando en un sexenio transformó por completo sus hábitos, bienes, posesiones, actitudes y modo de vida.

Del mismo modo, resulta impensable para ese mismo ciudadano de a pie, que frente a la comisión de todo tipo de excesos evidentes en cuanto al trabajo público, un nuevo régimen —que ganó las elecciones precisamente por las promesas de cambio y castigo a las injusticias— diga que sólo verá para delante, que evitará las “cacerías de brujas” y que, en términos sencillos, deje ver que dejará en el olvido esas acciones que tanto daño provocaron a la credibilidad y el buen manejo de los dineros y demás recursos del Estado.

Eso es, precisamente, lo que ocurre en Oaxaca. A pesar de que un grupo importante de servidores públicos que están a punto de entregar sus respectivos cargos, cambió por completo su modo de vida, hábitos y posesiones en el presente sexenio, todos hoy aseguran que hubo pulcritud en el manejo de los recursos; y el nuevo gobierno ha dado señales poco sustentadas de que irá verdaderamente en contra de todos aquellos que han cometido excesos en la administración pública.

¿LEGALIDAD O LEGITIMIDAD?

En todo caso, lo que hasta ahora ha habido en la comprobación de los recursos, es cierto grado de legalidad. Hasta el final de la presente administración, es realmente poco o nada lo que se sabe sobre servidores públicos sancionados administrativamente, o procesados ante los tribunales judiciales, por haber incurrido en alguna causal de responsabilidad en su gestión administrativa.

Poco o nada se sabe de ese tema, en realidad, porque las instancias de fiscalización de la gestión pública estatal —Secretaría de la Contraloría, Auditoría Superior y demás— han servido como órganos que revisan y corrigen las irregularidades, mas no han tenido una voluntad real por sancionar a los servidores públicos estatales que hubieren incurrido en algún tipo de ilegalidad en el desempeño de su cargo, independientemente de su rango o jerarquía política.

Por esa razón, sencilla pero de gran peso, e independientemente de lo que digan, hoy por sus propios actos y antecedentes, a los funcionarios estatales salientes nadie les cree sobre sus dichos y promesas de pulcritud y legalidad. Más allá de las componendas entre grupos de poder, o de sus arreglos particulares, es el ciudadano de a pie —que el cuatro de julio pasado votó, mayoritariamente por un cambio en el ejercicio del poder y el gobierno— quien se siente no sólo incrédulo sobre todo eso, sino también agraviado y con el ánimo de ver que se haga justicia. Y para ese ciudadano, que lo último que desea es venganza, parece hasta un insulto que el nuevo gobierno asuma sus responsabilidades diciendo que no habrá “cacería de brujas”.

Habría, en ese sentido, que regresar al origen de ese término. El apotegma sobre la “cacería de brujas”, fue acuñado en los tiempos del priismo para prevenir que, si bien no había arreglos completos entre los grupos que se transmitían el poder —tradicionalmente emanados del mismo partido político, aunque diferente grupo—, tampoco habría revisiones a fondo sobre las posibles irregularidades o excesos cometidos en el pasado, y mucho menos la posibilidad de ejercicio de acciones administrativas o penales para sancionar a quienes hubieran incurrido en ilegalidades.

Evidentemente, eso es lo que pareciera que más incomoda a quienes, desde la sociedad no involucrada con el ejercicio del poder, escuchan las promesas sobre la “no cacería de brujas”. El ciudadano de a pie hoy se pregunta: ¿La no “cacería” significa una promesa estricta de legalidad, o es la señal sobre un arreglo entre quienes ejercieron, y quienes van a ejercer el poder?

EXPECTATIVAS ¿IMPOSIBLES?

La ciudadanía común tiene expectativas sencillas pero importantes. Desea justicia, desea orden y desea un cambio de actitud en el ejercicio del poder. Contrario a las expectativas fantásticas, e imposibles de cumplir en el corto plazo, que fomentan erróneamente los gobernantes, la ciudadanía pretende ver que las promesas de cambio se reflejan verdaderamente en la realidad. Una de esas promesas, es que el gobierno se ejerza de un modo menos excesivo. Pero otra tiene que ver no con venganzas, sino con el cumplimiento de ciertos estándares de legalidad y honestidad, que inician por demostrar que no hubo pactos de impunidad entre las dos administraciones.