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Intervención y espionaje: ¿Todo debe quedar en impunidad?

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+ Vera Salinas: desaparecido y protegido por sus cómplices

Han pasado 11 días desde que un grupo del Ejército mexicano descubrió, en Cancún, Quintana Roo, un centro clandestino de espionaje y escucha telefónica presuntamente a cargo del teniente de navío José Manuel Vera Salinas. Conforme pasan los días, disminuye el impacto mediático sobre el hallazgo; y la gravedad de ese asunto, pretende ser disimulada con los entuertos legales y el olvido. Esta podría convertirse en una muestra más, de cómo la impunidad juega un papel eficaz —aunque aberrante— en nuestra sociedad y, sobre todo, entre los grupos de poder.

Parece necesario, en un primer momento, recapitular brevemente para comprender mejor el contexto. Luego de su destitución como jefe de la Policía Preventiva, José Manuel Vera Salinas mantuvo una presencia discreta en Oaxaca porque se decía que realizaba trabajos de información e inteligencia para el Gobierno del Estado. En 2007 fue nombrado como director de Tránsito Municipal en el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, que es el asiento de la ciudad de Cancún. A partir de entonces, en dicho Ayuntamiento, ocupó diversos cargos, entre ellos el de director de la academia de policía, jefe de tránsito y asesor de la Presidencia Municipal.

Esa era la responsabilidad que ostentaba hasta hace un par de semanas, cuando fue descubierto un primer centro de operaciones, ubicado en el departamento 401 de los Condominios Xcaret de la supermanzana 20, a escasos doscientos metros del Palacio Municipal de esa demarcación; días después, fueron localizados al menos otros dos centros de características similares. La segunda de las casas de espionaje, según información periodística, se encuentra ubicada en la privada Venezuela 18 en residencial Las Américas, y la tercera en Barrio Maya región 517. Y se asegura que se rastrean por lo menos otros tres o cuatro centros relacionados con éstos tres primeros, que se encontrarían localizados en Chetumal y Playa del Carmen.

De estos tres aseguramientos, sólo en el primero hubo un detenido, de nombre Juan Ramírez Ramírez. Siguiendo lo publicado en los últimos días por medios de información del Distrito Federal, al ser presentado este individuo ante el Agente del Ministerio Público Federal, no sólo aceptó expresamente ser un empleado del gobierno municipal de Benito Juárez, y estar comisionado a las labores que realizaba el teniente Vera Salinas, sino que además reconoció “que se espiaba a jefes militares y policíacos, además de funcionarios, políticos y líderes de opinión”. En la información, se detallaba que “en la averiguación previa 193/2010-III se establece que el espionaje incluía a altos mandos: el comandante de la 34 Zona Militar, general Anastasio García Rodríguez; el secretario de Seguridad Pública, Almirante Miguel Ángel Ramos Real y el comandante de la V Zona Naval Militar, Vicealmirante Carlos Octavio Angulo entre otros.

Estas revelaciones, necesariamente, tendrían que hacer dar un vuelco completo a la investigación, para extenderla no sólo a los potenciales autores materiales, sino en contra de todos los posiblemente implicados. Sin embargo, tal parece que los verdaderos interesados en que se haga justicia y se castigue a los responsables de estos ilícitos —es decir, todas las personas que fueron vigiladas, seguidas, espiadas y a las que se les vulneraron todos los derechos fundamentales relativos a su privacidad e intimidad— podrían llevarse un nuevo fiasco con la acción legal y de los órganos de justicia.

NORMAS BLANDAS

El párrafo décimo segundo del artículo 16 de la Constitución federal señala que “Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas…” ¿De verdad son inviolables y, sobre todo, de verdad la ley es tan severa como para sancionar eficazmente a quienes incurran en esta práctica indebida, ilegal e inconstitucional?

Para responder a esta pregunta, necesariamente debemos atender una prevención inicial. Son dos ordenamientos distintos los que sancionan, por un lado, la intervención ilegal de comunicaciones, y por el otro, el espionaje. El primero de esos delitos es, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el que comete cualquier servidor público que accede a comunicaciones privadas sin la autorización judicial correspondiente, o en términos distintos al dispuesto por el juez. En el caso del espionaje, éste resulta, de acuerdo con el artículo 177 del Código Penal Federal, cuando un particular interviene ilegalmente dichas comunicaciones.

En el primero de los casos, es decir, en el de los servidores públicos, la sanción establecida va de los seis a los doce años de prisión, y multa de entre 500 y mil días de salario mínimo; y en el segundo, relativo al espionaje sancionado por el Código Penal Federal, la sanción aplicable es asimismo de seis a doce años de prisión, y el pago de una multa oscilante entre los 300 y los 600 días de salario mínimo.

Sin embargo, llegado hasta este punto, podemos seguir afirmando que, de todos modos, podría seguir ganando la impunidad. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos delitos, se encuentra previsto en el catálogo de delitos graves que establece el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. Es decir, que aún con lo elevadas que son las penalidades y lo grave que resulta la comisión de este tipo de delitos, mencionados incluso en el Texto Constitucional Federal, cualquiera que sea responsable de éste tiene acceso a todos los beneficios legales, comenzando por la libertad bajo caución.

IMPUNIDAD PREVALECIENTE

La intervención de comunicaciones y el espionaje, ponen en peligro la seguridad y privacidad de las víctimas directas. Ponen, además, en grave riesgo la seguridad del Estado. La información es poder y, ante esto, la información se encuentra en manos desconocidas. Sin embargo, Juan Ramírez podrían obtener su libertad provisional en cualquier momento, o incluso ya lo habría logrado; Vera Salinas está prófugo y protegido por sus jefes y/o cómplices. La norma es blanda. Y, de todos modos, la impunidad es lo que está ganando en este asunto por demás grave.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

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Fuerzas armadas: Guerra antinarco… en la ilegalidad

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Uno de los reclamos fundamentales que han sostenido diversos sectores de la sociedad mexicana, en contra de las formas en cómo se ha manejado la guerra contra el crimen organizado, es el de la utilización discrecional y excesiva de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

Con la intensificación de la violencia criminal, y los choques entre la autoridad y la delincuencia organizada, también se incrementó la presencia de efectivos militares en las calles de prácticamente todas las ciudades del país. Y con ello, también se incrementaron las acciones ilegales, los abusos y las actuaciones por parte de las fuerzas castrenses que no tienen respaldo alguno en el marco legal del país. Esto constituye un problema de varios frentes, en el que la sociedad y la justicia pierden por diversas razones. Y el remedio, lamentablemente, no se ve aún cerca de que sea una realidad.

Por momentos, parece hasta trillado rememorar el contexto histórico de esta guerra. Sin embargo, no está de más atender a algunas líneas generales. En primer término, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, no había hecho menciones importantes sobre el problema de la inseguridad en el país, hasta que días después de haber tomado posesión como mandatario, anunció que iniciaría una cruzada nacional en contra de las bandas delincuenciales que predominaban y que asolaban a amplias regiones del país, con actividades relacionadas con el narcotráfico pero también con el secuestro, la extorsión y otros delitos que se encuentran tipificados como delincuencia organizada.

En aquel entonces, el presidente Calderón dijo que utilizaría toda la fuerza del Estado para acabar con esas calamidades, y anunció que sería el Ejército mexicano uno de los pilares fundamentales de esas tareas. Casi en el mismo momento del anuncio, se desplegaron operativos militares en diversas regiones del país, con el objeto de disuadir a la delincuencia y hacer frente a los grupos criminales que pretendían tomar el control de los territorios. Ahí fue donde se desató una guerra que ahora nadie sabe cómo detener.

De acuerdo con cifras proporcionadas por el propio gobierno federal, de entonces (diciembre de 2006) a la fecha, esta guerra ha dejado un saldo de más de 22 mil mexicanos muertos. Según el presidente Calderón, más del 90 por ciento de los caídos en esta cruzada, han sido integrantes del crimen organizado. Esto, aunque sus dichos no se encuentran avalados por estudio o medición confiable, sino los simples cálculos mentales del Primer Mandatario. Mientras todo esto ocurre, el Ejército mexicano ha tomado el control de amplias regiones del país, a las que, sin embargo, no ha podido pacificar.

El problema, en todo esto, es que a las fuerzas armadas se les envió a una labor para la que no están preparados. Se les giraron instrucciones para encabezar acciones relacionadas con la seguridad pública, cuando ésta no es su función. El marco jurídico en el que desplegaron sus acciones no era el adecuado y nunca fue reformado. Y la propia naturaleza de las fuerzas castrenses, pronto la llevó a cometer errores y excesos en contra de la población civil, que ahora los podrían llevar a formularles en su contra acusaciones relacionadas con delitos de lesa humanidad. Esta es una cuestión y un riesgo del que nadie, y menos el gobierno federal y el Presidente de la República, pueden sustraerse.

A LA GUERRA SIN FUSIL

Una vez desplegadas las acciones por parte del gobierno federal en contra de la delincuencia organizada, todos se dieron cuenta que el poder del narco era mucho mayor que el inicialmente calculado. Los criminales contaban con una capacidad numérica nunca soslayable, y con un poder de fuego que en cualquier momento podía ponerlos en riesgo. La acción del Estado provocó, por si fuera poco, una guerra entre grupos delincuenciales que convirtió estas acciones en un auténtico baño de sangre que hoy se aparece como incontrolable.

Sin embargo, parece claro que el Ejército fue enviado a esta guerra no solamente sin fusiles físicos, sino que también se les envió sin las herramientas legales adecuadas para hacer su labor con eficacia y sin cuestionamientos. ¿De qué hablamos?

De que, por mandato del artículo 89 de la Constitución General de la República, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos es el Comandante Supremo de las fuerzas armadas. En uso de esa atribución, el presidente Calderón ha utilizado discrecionalmente a las fuerzas armadas, ha dispuesto también de su presencia, el número de efectivos desplegados y también la temporalidad en que realicen sus acciones. Y si bien está legitimado para esas acciones, la misma Constitución prohíbe que en tiempos de paz las fuerzas armadas tengan despliegues en los que fácticamente suspendan garantías a los ciudadanos; o simplemente en los que se encuentren casi de modo permanente en el territorio nacional, fuera de sus cuarteles.

Ese, sin embargo, no es el único problema. En realidad, las labores del Ejército siempre resultan incompletas, porque éste no se encuentra dotado de todas las herramientas jurídicas necesarias como para hacer frente a las tareas que encabeza. Es decir, que no cuenta con diversos elementos que le permitirían, como a las fuerzas policiacas, perseguir con todas las seguridades jurídicas la comisión de delitos, testificar, presentar probanzas, tener fe pública respecto a lo que encuentra y lo que realiza, y tener, en resumen, la legitimación necesaria como para combatir al crimen con la seguridad de que ninguna de sus acciones “se caerá” una vez confrontada con el marco legal y las reglas de seguridad jurídica fundamentales que éste señala para la realización de esas labores.

Por ello, no parece descabellado afirmar que el Ejército sí fue a la guerra sin fusil. Al gobierno federal, y a los poderes de la unión, les faltó adecuar el marco legal no sólo para que las fuerzas armadas tuvieran la legitimación constitucional en sus actuaciones, sino también para que estuviese normada su disposición, temporalidad y tareas, y sobre todo para que ellos mismos estuvieran también conminados a realizar sus tareas cuidando entre sus formas, la protección de los derechos fundamentales, la ponderación de los derechos de los civiles, y la posibilidad de que, como lo manda el artículo 13 de la Constitución federal, cuando éstos perturbaran los derechos de un ciudadano común, fuesen sometidos a la jurisdicción civil, y no a la militar como hoy ocurre.

REFORMAS LENTAS

La discusión a este respecto, en el Senado de la República, presenta hoy algunas aristas interesantes: los senadores propusieron modificar el artículo 89 constitucional, para obligar al Presidente a informar al Legislativo sobre el uso de las fuerzas armadas, y que sea mediante solicitud de los gobernadores o presidentes municipales, que se disponga el uso temporal y determinado de las fuerzas militares para preservar la seguridad interior; del mismo modo, se previó hacer efectiva la disposición del artículo 13 constitucional, en la que se señala expresamente que cuando un civil se ve involucrado en la comisión de un delito cometido por un militar, deben ser los tribunales civiles, y no los castrenses, los que deban conocer del asunto. Hoy ocurre exactamente lo contrario.

Sobre México existe, además, una fuerte presión internacional. En diciembre del año pasado, tras encontrar culpable al Estado Mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ordenó modificar el artículo 57 del Código castrense para facilitar los juicios a militares que cometan delitos contra la población civil.

En su sentencia del caso ocurrido en el contexto de la Guerra Sucia en 1974, el organismo internacional ordenó al Estado Mexicano a continuar con las investigaciones y localización del líder social quien fue desaparecido en un retén militar en presencia de su hijo.

Humberto Guerrero, de la Comisión Mexicana por la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, quien llevó la defensa de la familia Radilla, reconoció que ese ordenamiento es uno de los más trascendentes por la realidad que vive actualmente el País, respecto a la violación de derechos por parte de militares.

Debe tomarse en cuenta que México se encuentra obligado, en ese sentido, por legislación internacional a la que se adhirió y que, por tanto, le es obligatoria de cumplir. En el ámbito exterior, ven con malos ojos que aquí se someta a un fuero discrecional la comisión de violaciones a los derechos humanos por parte de militares. Éstos asuntos, dicen, deben ser conocidos por tribunales civiles y no por la justicia militar, que por ese solo hecho, corre el riesgo de verse cuestionada por la posibilidad de favorecer a los responsables castrenses de esos ilícitos.

Lo cierto es que, en todo esto, el proceso reformista ha sido lento. Al finalizar la semana, aún se discutía en el Senado de la República lo relativo a esas leyes; sin embargo, se prevé que sea hasta el próximo periodo ordinario de sesiones (es decir, después de septiembre próximo) cuando esta reforma sea analizada por las dos cámaras y, eventualmente, aprobada.

Mientras, el Ejército y la Marina continuarán encabezando una lucha cuestionada y parcialmente ilegal contra el crimen organizado. Nadie, en esto, puede acusar a sus semejantes. Han sido tan irresponsables en el gobierno federal por improvisar esta guerra que hoy parece imparable, como las fuerzas de oposición representadas en el Congreso, por privilegiar la diatriba y el inmovilismo, por encima de las necesidades urgentes del país. Mientras, las cifras de muerte y de transgresión a los derechos humanos, continuarán creciendo sin control y sin oposición alguna.

Reforma Política: ¿por qué son insuperables los enredos?

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+ Reducción del Poder Legislativo jamás será solución viable

Han pasado casi cinco meses desde que el presidente Felipe Calderón Hinojosa presentó un decálogo en el que resumió su proyecto de reforma política. Esa iniciativa de ley, que fue presentada a destiempo y sin cuidar las formas políticas básicas entre los poderes Ejecutivo y Legislativo federal, ha transitado por el camino que desde el principio se trazó. Es decir, el del fracaso. Mientras tanto, el Congreso de la Unión ha seguido haciendo alarde del inmovilismo y los vicios que lo han caracterizado desde hace tiempo, y se mantiene en un nivel de discusión intrascendente, improductiva y bizantina que resulta hasta preocupante.

¿De qué hablaba el famoso decálogo de la reforma política propuesto por el presidente Calderón? Proponía, entre otros aspectos, la reelección de gobernadores, alcaldes, y jefes delegacionales del DF, lo cual permitiría ejercer proyectos a largo plazo y un periodo de 12 años.

Contemplaba también la elección consecutiva de legisladores federales hasta por 12 años. La reducción del número de legisladores en el Senado y la Cámara de Diputados para dar “mayor eficiencia y evitar uso dispendioso de recursos”. Así, el Senado constaría de 3 senadores por cada entidad, para quedar en un total de 96. En el Congreso se reduciría a un total de 400, 240 por mayoría relativa y 160 por representación proporcional.

Además, proponía elevar a 4 por ciento obligatorio el registro nacional de votos para que un partido político pueda registrarse y mantenerse. Ampliar la participación e iniciativa ciudadana para que incidan en los procesos legislativos y puedan proponer puntos en la agenda. Ampliar derechos de ciudadanos para incorporar candidaturas independientes a todos los cargos de nivel popular. Sistema de elección presidencial por mayoría absoluta, habría segunda vuelta de no obtener más del 50% de los votos y se realizaría junto con las elecciones legislativas. Dotar de mayor poder a la SCJN para que presente iniciativas de ley en el ámbito de su competencia.

Facultar al Ejecutivo para presentar al inicio del Periodo de Ordinario de sesiones, dos iniciativas preferentes, las cuales se discutirían y votarían antes de concluir dicho periodo. En caso de no cumplir esto, se considerarían aprobadas. Establecer de manera expresa el proceso de legislación que permita el diálogo entre Ejecutivo y Legislativo, figura de reconducción presupuestal. Es decir, todo un rosario de buenas intenciones que, valga decirlo, de entrada sólo provocó un enredo en la discusión legislativa de la reforma, y que hasta hoy ha sido un proyecto fracasado.

Pues bien, al terminar la semana un grupo de diputados federales del Partido Acción Nacional optaron por darle una vuelta más a este enredo. En voz del ex gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, propusieron eliminar completamente la figura de la representación proporcional, para dejar únicamente a 300 legisladores federales en la Cámara baja, y 64 senadores en la Cámara alta. Con esto, según ellos, pretendían eliminar los problemas de la masificación del Poder Legislativo, se atendería el reclamo de la sociedad y se reportaría un ahorro importantísimo de recursos económicos. Lo cierto es que, como siempre, hicieron más grande un problema que no se resuelve ni tiene como tema de fondo la reducción del Congreso federal.

TODOS, ENREDADOS

Dos son los cuestionamientos fundamentales e identificables de la figura de los legisladores locales y federales en el país: la sociedad les reprocha, fundadamente, su falta de productividad y eficacia. Y sobre todo, les reprocha el alto costo que ellos le generan al país, a cambio de una productividad deplorable. Como puede verse, de entrada, estos reclamos ciudadanos no se resuelven con la sola disminución numérica de ese poder. Veamos por qué.

El primero de los reproches tiene que ver con un asunto estrictamente delimitable. Los diputados y senadores responden siempre tarde y mal a los problemas del país, y pierden cantidades importantes de tiempo discutiendo temas partidistas, de coyuntura, y los llamados “políticamente correctos”; pero es, en realidad, muy poco lo que hacen por cumplir en tiempo y forma con los reclamos de fondo planteados por la sociedad, y con los asuntos urgentes que demanda la nación.

El segundo de los reproches, es también delimitable. Si un diputado o senador produce poco, aporta poco, discute mucho, debate poco; y, sobre todo, resuelve casi nada a favor de la nación, entonces el salario que devenga, cualquiera que éste sea, es demasiado para su baja productividad. A esto se suma que, en efecto, los diputados y senadores no sólo tienen un salario altísimo, sino que además gozan de innumerables privilegios, ayudas y prerrogativas, que mensualmente le genera, a cada uno, ingresos superiores a los 150 mil pesos, haciendo un cálculo por demás mesurado.

Si esto es así, ¿entonces la solución es reducir el número de diputados y senadores? Evidentemente no. Achicar el tamaño de las cámaras en el Poder Legislativo, lo único que generaría es que las mismas discusiones bizantinas, las mismas pérdidas de tiempo y la misma baja productividad, ahora recayeran en la responsabilidad de menos legisladores. Y, al contrario, la reducción del Legislativo sí provocaría una deslegitimación de las decisiones que se tomaran en las cámaras federales. 364 personas, por mucho que sean representantes electos democráticamente, son insuficientes para tomar las decisiones de un país que tiene más de 100 millones de habitantes.

¿Y una reducción resolvería el problema del dispendio? Evidentemente no. Reduciría el gasto, pero el problema real no es ese, sino que así fuera un solo diputado y un solo senador, éstos ganan demasiado para el deplorable desempeño y productividad que reportan. Así, la solución no es reducir el número de legisladores, sino más bien reducir sus privilegios. Si están en las cámaras como parte de un compromiso por el país, que lo demuestren desproveyéndose de la imagen patrimonialista y de privilegios que hoy ostentan.

EQUIVOCADOS

Sin embargo, nadie parece verlo así. Y más bien, todos se apuntan a nutrir la demagogia que pretende resolver los problemas… pero sin resolverlo. Si estos temas no se discuten con seriedad, lo único que se logrará es justamente engrandecer los males que ya afectan a la nación.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

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Outsourcing, y la estafa legal al Estado y a trabajadores

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+ ¿Cómo erradicarlo? Al desterrar el inmovilismo legislativo

Nuevamente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emprendió acciones en contra de uno de los pioneros del llamado outsourcing en México. En efecto, de acuerdo con lo publicado por TIEMPO en su edición de ayer, empresas de consultoría legal y contable, relacionadas con el fiscalista oaxaqueño Sergio Castro López, fueron cateadas y aseguradas por representantes de la autoridad tributaria federal, como parte de una investigación relacionada con el no pago de impuestos al fisco. Esta parece ser una primera acción importante que, sin embargo, no resuelve un problema que tiene mucho más de fondo.

Para nadie es un secreto la forma en cómo trabajan las empresas contables y jurídicas que ofrecen el servicio de outsourcing. Éstas surgieron como una dudosa alternativa al incremento en las obligaciones que el fisco local y federal, le impuso a las empresas en el país. El gran negocio de esos despachos de abogados y contadores, se centró en la elusión de las obligaciones mediante el aprovechamiento de la falta de regulaciones específicas en las normas fiscales aplicables.

¿De qué hablamos? De que, en un primer momento, los prestadores del servicio de outsourcing, innovaron esquemas laborales en los que ellos creaban empresas que sólo existían en la ficción jurídica, pero que no contaban ni con capital ni presencia física. Al ofrecer el servicio del manejo de nómina a los patrones, hacían que éstos obligaran a sus trabajadores a aceptar la terminación de la respectiva relación laboral con la empresa real, e iniciar una nueva con la empresa ficticia. Una vez ahí, dichas empresas controladas por los despachos de outsourcing, sólo reportaban tanto a Hacienda, como al Infonavit, IMSS y demás, que los trabajadores ganaban el salario mínimo. Y así, “legalmente”, tanto la consultoría como el patrón, ganaban.

¿Por qué? Porque, físicamente, los trabajadores continuaban laborando en el mismo centro de trabajo y en las mismas condiciones que antes; sin embargo, el patrón no sólo había transferido el manejo de su nómina a un tercero, sino que también le había transmitido las obligaciones laborales correspondientes. Al hacer el “manejo de nómina”, la consultoría hacía disminuir drásticamente los impuestos, y en la medida que lograba reducir esos pagos ellos lograban incrementar sus ganancias. Y, en esto, los grandes perdedores eran tanto los trabajadores como el Estado.

Los trabajadores perdían, porque aún cuando en apariencia siguieran percibiendo su mismo salario, éste ahora se desglosaba de modo distinto. Sólo el mínimo le era reportado a las instancias tributarias; y éste era nivelado a través de ayudas y compensaciones que, para efectos legales, no constituyen salario. Este era un agravio múltiple. Ante el IMSS, Infonavit y demás, su derecho a jubilación, pago por incapacidades y acceso a créditos inmobiliarios, se veía reducido drásticamente.

Y, en caso de conflicto, la posibilidad de obtener una indemnización justa se hacía prácticamente imposible. Esto porque la empresa que aparecía como patrón, carecía de capital para hacer exigible el pago mediante un aseguramiento; y porque independientemente de cuál fuese el salario, finalmente un trabajador en litigio sólo podía obtener compensaciones equivalentes al salario mínimo que legalmente era reportado como su ingreso formal.

“INNOVAR” ESQUEMAS

Paulatinamente, el Estado comenzó a colocar candados a ese tipo de esquemas. Llegó el momento en el que, descubiertas esas primeras operaciones, los artífices del outsourcing optaron por las sociedades cooperativas. Esto es, que al tomar el manejo de las relaciones laborales de una empresa, constituían sociedades de ese tipo en la que convertían a los empleados en socios de la misma. Al cambiar la naturaleza jurídica de los trabajadores, cambiaban también las obligaciones que tiene la empresa hacia ellos.

Para efecto de las leyes laborales y mercantiles, un trabajador tiene derecho a un salario, a prestaciones de seguridad social, y a recurrir a los recursos que la ley les otorga para la defensa de sus derechos; en el caso de los socios de una cooperativa, éstos no son considerados por la ley como trabajadores; por tanto, la sociedad no tiene el deber ni de otorgarles prestaciones de tipo social como servicio médico, a créditos de vivienda o a jubilación; y tampoco les reconoce personalidad para entablar controversia ante los tribunales laborales. Esto se basa en que una sociedad cooperativa es de naturaleza mercantil, no relativa al derecho del trabajo.

De este modo fue como, creando sociedades cooperativas, falseando el reporte de datos a la autoridad tributaria, buscando las lagunas, y explotando los límites permisibles de la norma, como los prestadores del servicio de outsourcing han podido continuar con esas actividades.

Se han aprovechado de la casi permanente inmovilidad legislativa, que no es eficaz en la colocación de candados a través de reformas; se han aprovechado también de los millonarios montos de dinero que perciben por esas actividades, el cual les ha permitido envolver en aros de corrupción a muchos funcionarios. Y se han aprovechado, sobre todo, de que, a pesar de que las leyes laborales en México son proteccionistas en relación a los trabajadores, normas como la Ley Federal del Trabajo fueron confeccionadas cuando esquemas como el que ahora nos ocupa ni siquiera estaba en la previsión —o en la imaginación— de los legisladores, los patrones y los contadores arteros.

El gobierno federal hoy está, presuntamente, “echando el guante” a grupos como el de Casto López. Lo hace por las millonarias sumas de dinero que dejan de percibir por concepto de impuestos, cuotas de seguridad social y demás. No lo hacen por el daño permanente que el outsourcing provoca a los trabajadores en sus derechos laborales; y tampoco se han encargado de tomar medidas más drásticas, en relación a las reformas legales que le urgen a las normas fiscales, y que por la ineptitud y tortuguismo de los legisladores, desde hace años no se pueden lograr integralmente.

ES PREGUNTA

¿Alguien recuerda que hace unos meses, el director Técnico del Puebla, José Luis Sánchez Solá, dijo a la prensa que “un señor chaparrito y morenito” le había ofrecido una suma millonaria si llegaban a la final en el torneo pasado, y aseguró que él era el verdadero dueño del equipo? ¿De quién hablaba?

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Encuestas: ¿a favor del priismo o de Coalición opositora?

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+ Milenio: juega a estar con todos… y estar también con nadie

Han pasado exactamente diez días desde que Milenio Televisión presentó el resultado de unas encuestas levantadas en Oaxaca, para medir la aceptación popular y las posibilidades de triunfo de los partidos políticos y sus candidatos a Gobernador. Es curioso que luego de tantos días, ese siga siendo un tema polémico y recurrente. La controversia no sólo persiste por los resultados, sino por esa aparente aura de misterio —y de intereses políticos— que parece envolver a ese estudio demoscópico, al grupo editorial que lo presentó, y a las fuerzas políticas que se disputan la gubernatura del Estado.

¿Qué dijo en aquel momento Milenio, en voz del periodista Ciro Gómez Leyva? Que, de acuerdo con encuestas realizadas por la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica, propiedad de Liébano Sáenz y Federico Berrueto, el candidato de la Coalición por la Transformación de Oaxaca, Eviel Pérez Magaña aventajaba con 44.3 puntos, al candidato Gabino Cué, de la coalición PAN-PT-PRD-Convergencia, que había resultado con el 39.8 por ciento de las preferencias. Este resultado, controversial en sí mismo, encendió los ánimos de todos los involucrados. Y al parecer, en medio de las acusaciones cruzadas, aquella empresa editorial logró no revelar de cuerpo entero cualquier interés extraperiodístico que pudiera tener en medio de todo esto.

Las acusaciones, sin equivocarnos, fueron homogéneas y cruzadas. Lo que en realidad dejó ver la revelación de dichos resultados, fue que los respectivos candidatos de las coaliciones PRI-PVEM y de la conformada por el PAN, PRD, PT y Convergencia, se encuentran en un empate técnico.

Esto dejó incómodos a todos. Apenas unas semanas antes, en el Revolucionario Institucional trataban desesperadamente de hacer permear la percepción de que su candidato se encontraba, incluso, 15 puntos por encima de su más cercano competidor. Y entre las fuerzas de oposición, se habían presentado estudios demoscópicos en los que su abanderado aventajaba a sus adversarios por unos 9 puntos porcentuales. De ahí —y de las propias circunstancias de la encuesta, sus realizadores y sus presentadores—, se desprendió buena parte de la polémica que aún continúa.

El primer cuestionamiento emergió de los antecedentes mismos de los encuestadores. Como bien se sabe, Liébano Sáenz fue el secretario particular del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, durante los seis años que duró su mandato constitucional. La empresa actual de dicho ex Funcionario fue duramente descalificada por otra encuestadora, María de las Heras, quien decidió suspender toda participar de cualquier publicación en el Grupo Multimedios (propietaria de Milenio) por considerar que los métodos estadísticos de aquellos no son adecuados, pero también por sentirse víctima de un posible desplazamiento profesional por parte de dicha empresa.

Así, los principales antecedentes políticos de los encuestadores, se convirtieron en el primer cuestionamiento importante a los resultados de sus mediciones. En las últimas semanas, han abundado los señalamientos no sólo por parte de los actores políticos de Oaxaca, sino de todas las entidades en las que han realizado sus muestreos. Veamos, en particular, el asunto de nuestra entidad que nos ocupa.

TODOS SE QUEJAN

Casi desde el primer momento, los dirigentes de la Coalición por la Paz y el Progreso de Oaxaca, que encabeza Gabino Cué Monteagudo, cuestionaron duramente el resultado de la encuesta, asegurando que ellos contaban con estudios realizados en un universo más amplio de personas, y avalados por empresas que cuentan con el mismo prestigio y seriedad que la de Sáenz y Berrueto.

Luego, ante los resultados, acusaron discretamente —y aún hoy lo hacen sin ningún rubor en las pláticas de sobremesa y sus análisis internos— una posible complicidad, o acuerdo comercial, entre la televisora y grupo editorial, el gobierno de Oaxaca y el Partido Revolucionario Institucional. En sus versiones, suponen que Ciro Gómez Leyva, y el Grupo Milenio, responden a intereses perversos del priismo, que los llevaron a torcer sus propios resultados y poner en juego su legitimidad y credibilidad, a cambio de “inflar” a un candidato (Pérez Magaña) que se encuentra varios puntos debajo de su Abanderado. Un ejemplo perfecto de un “sospechosismo” desbocado.

El problema es que al interior del Revolucionario Institucional, opinan más o menos lo mismo pero al revés. El primer elemento que éstos aportan para descalificar la encuesta y asegurar que ésta no refleja la amplia ventaja que tiene el priismo sobre la oposición, tiene que ver con el pasado zedillista de Sáenz, y la relación que éste debe guardar con el ex gobernador y ex secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano y, por consiguiente, con el candidato a gobernador por la Coalición opositora, Gabino Cué Monteagudo, que fue colaborador cercano de Carrasco cuando todos ellos eran funcionarios del gobierno federal, hace más o menos una década.

También aseguran que, más bien, Milenio trató de disimular la depresión real que sufre la coalición opositora y su candidato, y por ello contrastan las aseveraciones hechas hace apenas 50 días (2 de marzo de 2010) por el propio Gómez Leyva en su columna cuando, citando a Gabino Cué, aseguró que éste llevaba siete puntos de ventaja de ventaja sobre el PRI. La caída de la coalición opositora, dicen, está siendo atemperada por encuestas que disimulan su estrepitosa caída y la presentan apenas como un empate.

Lo cierto, en todo esto, es que Milenio parece estar jugando a un juego del que son expertos en Televisa: apostar ciertos intereses en su manejo informativo, pero dejar al aire las suficientes incógnitas como para que nadie sepa exactamente en qué bando está jugando o si, en realidad, no defiende otro interés más que el periodístico. En el fondo, el error más grave se encuentra en creer que lo que dice una sola encuesta, es la verdad absoluta.

CAMBIOS

Ayer, el secretario de Administración del Gobierno del Estado, Francisco Márquez Méndez tomó protesta a Jorge Baigts Ortega, como nuevo subsecretario de Normatividad y Desarrollo Administrativo en esa dependencia, en sustitución de José Villalobos Gallegos. Esto es, dicen, parte de la preparación para el cierre de la actual gestión, que aún tiene retos importantes que deberán resolverse a la brevedad.

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El PAN-gobierno federal perdió comicios desde octubre pasado

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+ “Transición democrática”, contradicción errática y visible

Podríamos no exagerar ante la afirmación de que el Partido Acción Nacional, el gobierno federal y todas las fuerzas de oposición, perdieron toda oportunidad de competir electoralmente en Oaxaca, desde octubre del año pasado. Si el objetivo —entonces y ahora— era el de descarrilar al priismo, arrebatarle el Gobierno del Estado, y emprender el proceso de “transición a la democracia”, las fuerzas opositoras fallaron a la vista de todos. La explicación a esto, no se encuentra en la vocación democrática ni en la conformación de alianzas, sino en la forma en cómo se repartieron los recursos públicos.

Desde julio del año pasado, cuando ocurrieron los comicios federales en los que se renovó la Cámara de Diputados, se preveía que de ese resultado dependerían las estrategias electorales posteriores del panismo y el gobierno federal. Los resultados electorales arrojaron una aplastante derrota al partido del presidente Felipe Calderón, una disminución en el respaldo popular al perredismo, y un ascenso exponencial en la preferencia por el priismo. Dicho partido estuvo a punto de obtener la mayoría simple (250+1) en la Cámara baja. Y con ello, el priismo prácticamente tomó el control del Poder Legislativo federal.

Ese fue el contexto en el que el Jefe Político del PRI en Oaxaca exigió a sus nuevos diputados federales (y a los de otras entidades federativas, a los que desde aquí impulsó económica y políticamente) a buscar un presupuesto nunca antes alcanzado. En la negociación del incremento de impuestos entablada con el gobierno federal, algunas corrientes priistas (como la del Estado de México y Oaxaca) obtuvieron una propuesta inmejorable: apoyar el alza al Impuesto al Valor Agregado, al Impuesto sobre la Renta y demás, a cambio de obtener los recursos extraordinarios que tanto buscaban.

Estos pactos estuvieron a punto de provocar un cisma en el PRI. Esto, porque no todos los grupos del tricolor fueron invitados a esa “fiesta”, y otros porque se habían comprometido con sus electores a no elevar impuestos. Al final se impuso el acuerdo cupular y la mayoría priista (conformada mayoritariamente por las fracciones mexiquense y oaxaqueña, que controlan a más diputados que las de sus representaciones formales) impulsó dicho acuerdo. Oaxaca obtuvo una cifra nunca antes vista, que casi alcanzó los 48 mil millones de pesos en gasto público para 2010.

En un primer momento esto reveló, en toda su magnitud, cómo en un país como México puede haber un pueblo pobre con un gobierno —en sus diversas esferas administrativas— rico. Esta aseveración no constituye exageración alguna: en los momentos mismos en los que ocurría una crisis económica descomunal, en la que el gobierno federal acusaba un faltante de casi 400 mil millones de pesos en sus arcas, los poderes Ejecutivo y Legislativo pactaron como remedio, un incremento de impuestos a cargo de los contribuyentes, con el que no sólo financiaron dicho faltante, sino que además obtuvieron recursos extraordinarios para el gasto público (que repartieron entre todos los que apoyaron las disposiciones fiscales alcistas), y eliminaron el imperativo real de aplicar planes severos de austeridad para enfrentar la crisis. Así, en aquel episodio todos quedaron contentos por haber logrado su objetivo. Aunque en el caso de Oaxaca, también determinaron en rumbo que tomaría el proceso electoral que ahora está en desarrollo.

IMPULSO ELECTORAL

El hoy candidato a la gubernatura por la Coalición por la Transformación de Oaxaca, Eviel Pérez Magaña, elevó su presencia y ascendencia política en el Estado, a partir de la coordinación de la diputación federal oaxaqueña, y los logros obtenidos alrededor del presupuesto. Si la historia de los recursos extraordinarios obtenidos hubiera sido distinta —para mal—, éste habría enfrentado diversas contrariedades que le fueron allanadas por aquel episodio en el Congreso, y que finalmente le permitieron legitimarse como Abanderado priista en el Estado.

¿De qué hablamos? De que hasta antes de tomar posesión como diputado federal, hace menos de un año, las perspectivas de que Eviel Pérez Magaña se convirtiera en candidato a la gubernatura eran prácticamente nulas. La razón era simple: en la tradición sucesoria del tricolor él era el menos aventajado, y el que menos experiencia abrevaba en el trabajo territorial con las bases priistas. Su primer recorrido por el Estado, tuvo como leitmotiv el agradecimiento a la militancia por los triunfos del tricolor; y el segundo, fue para informar sobre los logros económicos obtenidos por la diputación federal de la entidad.

Sin embargo, esa es apenas una de las aristas de lo que, desde 2009, determinó el aventajamiento priista que hoy escandaliza y preocupa a los opositores. Más que la bandera política por los resultados, o la legitimación que obtuvo el entonces diputado Pérez Magaña en la carrera interna de su partido por la candidatura a gobernador, la ventaja real del priismo ocurrió cuando éste mismo se reveló con las alforjas llenas de dinero para enfrentar un proceso electoral sin precedentes.

Tal parece que a nadie le escandaliza esto último por las razones que deberían. Al panismo y al gobierno federal —que se juegan en Oaxaca la primera gran batalla previa al 2012— les provoca preocupación, porque ni utilizando las mismas estrategias que los tricolores, ellos con su candidato, pueden alcanzar a sus principales adversarios. Al perredismo le incomoda porque con alianzas como aquí existente, sacrificaron definitivamente el capital que le quedaba como fuerza de izquierda congruente y legitimada.

COMICIOS, DETERMINADOS

Pero a nadie le preocupa que, con descaro, todos estén ocupando —o por lo menos alardeen con ello— el dinero público para las campañas electorales. Si esto fuera cierto —y no parece una posibilidad descabellada—, el oficialismo tendría todos los elementos para hacer funcionar una máquina que funciona con dinero, y que entrega votos independientemente de quién sea el candidato o la popularidad que tenga éste. El gobierno federal, y el PAN indirectamente, fueron corresponsables de esto. Por ello, no parece lejana la posibilidad de que estos comicios estuviesen determinados desde octubre pasado, cuando se aprobó el Presupuesto del presente año. Y todavía se hacen los sorprendidos.

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DCA: ¿por qué seguirlo viendo como maquiavélico que no es?

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+ Su activismo electoral, natural como el de todo interesado

Ayer, en algunos medios de información locales se dio cuenta de una reunión ocurrida el fin de semana en la casa del ex gobernador Diódoro Carrasco Altamirano. De acuerdo con lo reseñado, el ex Mandatario reunió a algunos de sus antiguos colaboradores con el candidato a la gubernatura por la Coalición por la Paz y el Progreso, Gabino Cué Monteagudo, y les solicitó trabajo político y apoyo electoral a favor de éste último. Casi de inmediato, desde el poder, se intentó desacreditar una reunión, y un activismo, que en realidad no tendrían por qué revestir la mayor trascendencia.

Desde hace por lo menos una década, el ex gobernador Carrasco Altamirano parece ser el villano favorito de todo aquel que detenta el poder en la entidad. Luego del nada terso proceso de sucesión, en el que él le entregó la gubernatura del Estado al ahora también ex gobernador José Murat, éste último decretó una suerte de veto en contra de los diodoristas más acendrados e identificables. Al final del sexenio 1998-2004, sólo algunos personajes habían podido trascender al cambio de administración y trascender favorablemente en el ánimo del gobernante.

En aquellos momentos, el problema para la mayoría de los diodoristas, se apareció en la conjunción del veto en la administración estatal, con el ánimo opositor de Gabino Cué, quien regresó a Oaxaca en 2001 a buscar la alcaldía citadina, y la ganó holgadamente en otro proceso político que, desde el primer momento, ocasionó un violento choque con el Gobierno del Estado.

Para algunos de los más connotados diodoristas, la disyuntiva era la de continuar padeciendo las secuelas del veto estatal —no todos pudieron obtener espacios importantes en el gobierno federal o la iniciativa privada— o involucrarse en el activismo a favor de Cué. Las opciones no eran muchas. Y cualquiera que fuese la resolución, de todos modos ésta los condenaba a un rompimiento fáctico con el priismo.

Ya para entonces, en 2004, Diódoro Carrasco no era el personaje influyente y poderoso que fue. Sus propias debilidades fueron las que le impidieron el tránsito formal a un partido de oposición —en ese momento no era políticamente “rentable” su rompimiento con el priismo y su adhesión a otra fuerza política—, pero sí fue un decidido respaldo para Gabino Cué, quien fallidamente compitió por la gubernatura.

La consistencia que necesitaba llegó al año siguiente, cuando el ex gobernador Carrasco —“valioso” y conocido en el ámbito político no por eso, sino por haber ocupado el cargo de Secretario de Gobernación— transitó, junto con un grupo de zedillistas, al Partido Acción Nacional. Éste le ofreció una diputación federal y, sobre todo, la posibilidad de entablar, en cualquier momento, interlocución política al más alto nivel que permitiera la edificación del grupo de poder al que ahora pertenecía.

Esta empresa no ha sido exitosa. De ese grupo de zedillistas, Luis Téllez fue quien ocupó la cartera más importante, al ser nombrado secretario de Comunicaciones y Transportes. En la Legislatura federal pasada, Carrasco ocupó una curul en la Cámara de Diputados, aunque nunca brilló ni por sus propuestas ni por su capacidad de concertación, y ni siquiera por presidir una comisión tan importante como la de Gobernación. Al final, todos éstos fueron desplazados de los espacios importantes que vislumbraron al comienzo de la administración federal del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

JUGAR UNA SOLA CARTA

Reiteradamente, se ha señalado a Carrasco Altamirano como el principal artífice de la carrera política de Gabino Cué Monteagudo. En buena medida, existe razón. Fue a la sombra del ex Gobernador de Oaxaca y ex Secretario de Gobernación, que el ahora Candidato a Gobernador emprendió sus aventuras políticas, y abrevó los apoyos y las relaciones políticas que lo han acompañado hasta ahora. Sin embargo, de eso a considerar que Carrasco es el titiritero de Cué, es tanto como negar el sustento real que tiene cada uno de ellos.

Parece claro que más allá de Diódoro Carrasco, Gabino Cué dedicó los últimos seis años de su vida a construir una segunda candidatura al Gobierno del Estado. La construcción de sus relaciones, compromisos e intereses políticos, rebasó desde hace mucho tiempo el solo campo de acción del Partido Convergencia, de las fuerzas de izquierda, del llamado Grupo Oaxaca, del periódico Noticias y del Partido Acción Nacional. Evidentemente, Cué está lejos de ser el político modelo, que sabe construir alianzas y entrelazar proyectos aún en la adversidad. Nunca se caracterizó por ello. Y más bien, ha sido un personaje afortunado que ha construido lo que ha podido aprovechando las coyunturas y sus propias circunstancias políticas momentáneas.

Eso es lo que explica la relación personal y política, y el activismo político que abiertamente realiza el ex gobernador Carrasco a favor de Gabino Cué. Aquél impulsa a éste, por la sola razón de que es la única carta política que tiene a la mano para mantenerse relativamente activo en la escena política local. Ambos tienen una relación nula con el grupo priista que gobierna la entidad; dos de los diodoristas más identificables y competitivos (José Antonio Estefan Garfias y José Antonio Hernández Fraguas) trabajan a favor del proyecto priista del gobernador Ulises Ruiz Ortiz; y a diferencia de sus otros antecesores, Carrasco no se ha quedado conforme con la realidad de que su tiempo como mecenas de la política estatal, quedó atrás.

Sin embargo, es necesario ver dicho activismo en una dimensión real. Carrasco Altamirano no pertenece al PRI; la gran mayoría de las personas con las que se reunió el fin de semana pasado son figuras ya irrelevantes —o de un peso político muy relativo— en la escena local; y más bien habría que comprenderlo en el contexto de que esta es la única oportunidad que tiene; y que como todo político, no se quedará con las ganas de hacer algo por el único proyecto político que lo acepta.

¿TODO O NADA?

Evidentemente, Carrasco tiene una ascendencia importante que le será de gran ayuda a Cué. Pero de eso, a seguirlo ubicando como el villano favorito de los priistas, lo mismo es un exceso que la demostración de una fobia sin mucho fundamento.

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Espionaje en Cancún; ¿se indagará el que ocurre en Oaxaca?

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+ Vera Salinas, Moreno y compañía: buenos, sólo para hostigar

El pasado 15 de abril, un grupo de soldados del Ejército mexicano descubrieron un centro de espionaje, dotado con equipo altamente sofisticado, que presuntamente era auspiciado por el ayuntamiento de Benito Juárez, donde se encuentra la ciudad de Cancún, en el estado de Quintana Roo. Prácticamente todas las versiones periodísticas del hecho, coincidieron en señalar que al momento del cateo se apersonó en el lugar José Manuel Vera Salinas, personaje de amplios antecedentes en el ámbito policiaco de Oaxaca, y quien se venía desempeñando como asesor del alcalde con licencia y aspirante a la Gubernatura, Gregorio Sánchez.

El solo descubrimiento de ese presunto centro de espionaje, provocó un escándalo importante entre la clase política quintanarroense. El Edil de Benito Juárez —municipio donde se localiza Cancún—, conocido popularmente como Greg Sánchez, hace apenas unos días solicitó licencia para contender por una diputación local, postulado por una coalición de partidos de oposición similar a la existente en Oaxaca (PAN-PRD-PT-PC); el gobernador de esa entidad, Félix González Canto, es de extracción priista.

Fue por ello que, de inmediato este hallazgo se inscribió en la lucha electoral de los quintanarroense. Todos, sin excepción, se han deslindado del espionaje, todos lo han condenado, y todos han exigido investigaciones. Aunque, en alguna medida, todos parecen estar involucrados. ¿Por qué? Porque de acuerdo con información del diario Reforma, el personaje clave en este escándalo de espionaje es justamente Vera Salinas.

¿Y por qué todos tienen algún grado de involucramiento? Justamente porque el ex director de Seguridad Pública del Estado en Oaxaca, arribó a esa zona del Caribe mexicano al ser contratado, en el trienio pasado, por el entonces alcalde de Benito Juárez, Francisco Alor, quien hoy es nada menos que un cuestionado procurador General de Justicia de Quintana Roo.

Vera Salinas fue director de Tránsito Municipal en aquella administración, junto con Miguel Ángel Ramos, quien hoy funge como secretario de Seguridad Pública Estatal; y en la actual, ocupó ese cargo, además de encabezar el instituto de capacitación policial, y finalmente como asesor. Es decir, que tanto en el Gobierno del Estado de Quintana Roo, como en el municipal de Benito Juárez, sabían perfectamente del tipo de operaciones que realizaba quien anteriormente fungiera como mando policiaco en Oaxaca, porque éste trabajó, reconocidamente, para funcionarios de ambas administraciones.

¿Qué halló el Ejército? Siguiendo lo publicado por Reforma al día siguiente del hallazgo, “en el lugar había 20 máquinas de scanner telefónicos, micrograbadores, pantallas de sonido digital, digitalizadores y tecnología de espionaje para interceptar llamadas de telefonía fija, celular y radiocomunicación. Además, frente al edificio se encontró estacionada una camioneta tipo Van, que era un centro operativo móvil.”

Dicho centro de operaciones fue localizado a menos de 200 metros del palacio municipal de esa demarcación; y según lo dado a conocer, las acciones de espionaje, seguimiento y escucha telefónica estaban dirigidas a personajes de la vida política, empresarial y periodística de Quintana Roo. Este bien puede ser un espejo fiel de las actividades que Vera Salinas, y el grupo de policías que él comandaba, realizaron —y quizá lo sigan haciendo— en Oaxaca.

FANTASMA DE

LA INEFICIENCIA

Lo acepte o no, luego del 2006 José Manuel Vera Salinas nunca pudo volver a tener el éxito profesional y los cargos públicos de relevancia, que lo caracterizaron hasta entonces. En la anterior administración gubernamental oaxaqueña (1998-2004), éste fungió como Director de Seguridad Pública y luego como Secretario de Protección Ciudadana; una vez arrancado el gobierno de Ulises Ruiz fue enviado nuevamente a la titularidad de la Policía Preventiva del Estado. Y fue cesado en junio de 2006, ante el fracaso del operativo policiaco que él trazó, defendió y encabezó en contra de los profesores de la Sección 22 del SNTE.

Desde entonces, el fantasma del conflicto magisterial oaxaqueño lo siguió a donde fue; y por esa razón, Quintana Roo nunca pudo trascender a los cargos de segundo nivel que le fueron confiados, para finalmente terminar haciendo el trabajo sucio a los políticos locales de ese estado, que —como todo “buen político” que no confía ni en su sombra— ambicionaban con tener el poder de la información sobre las acciones, conversaciones y previsiones de sus adversarios.

Así, habría que ubicar a Vera Salinas en su contexto real. Su mejor demostración como mando policiaco, la dio en Oaxaca. El operativo implementado en 2006 en contra del magisterio, fue un total fracaso que, de haber sido exitoso, habría redimensionado a Vera como un estratega policiaco eficaz. No fue así. Y es que sus mejores oficios estuvieron, siempre, en el campo de la persecución y el espionaje.

¿No malamente “famosos”, desde siempre, Vera Salinas, Manuel Moreno, Aristeo López y otros, por sus buenos oficios en el espionaje y seguimiento a personajes de la vida pública, tales como políticos, empresarios y periodistas en Oaxaca? ¿No fue esa la razón por la que estuvieron enquistados por mucho tiempo en el poder estatal? ¿Y no son esas actividades las que todavía hacen rondar a Moreno Rivas como un “fantasma” entre la clase política —oficialista y de oposición—, y la hace ser precavida en sus conversaciones telefónicas y encuentros furtivos?

En realidad, lo descubierto en Cancún bien pudo haber ocurrido en Oaxaca. Aquí también podrían existir las instalaciones y unidades móviles dotadas con equipo de alta tecnología para escuchar, grabar e interceptar comunicaciones. Es ampliamente sabido que, aquí, todo eso existe, aunque es aún imposible de comprobar. Es lo que, desde el poder, se ha utilizado para tener ventaja sobre sus adversarios, aunque también para saciar morbos, extorsiones y voyerismos. Vera y compañía, son la demostración de cómo se desempeña un buen “oreja”, no un buen policía.

¿QUÉ PASA EN HUATULCO?

De nuevo, las imposiciones le ganaron a la “competencia democrática” en el PRI. Un acuerdo cupular impondrá a Fernando Franco como candidato a Edil de ese municipio. El fin de semana hubo convulsión en la zona. Lamentan que quienes, como Adolfo Toledo Infanzón, ayer se quejaban de las imposiciones, hoy sean quienes las permitan, las avalen e, indirectamente, las impulsen. Aguas.

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Renaut, telefónicas y su “compromiso” con México

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Hace exactamente una semana que se venció el plazo establecido por el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, para que los tenedores de líneas de telefonía celular en nuestro país completaran el registro de sus datos de identificación ante dicha instancia. Datos preliminares difundidos el mismo 10 de abril, señalaban que más de 25 millones de líneas de telefonía móvil no habían realizado el trámite; luego se dijo que por la saturación del sistema, la cifra final era de 8 millones de faltantes. Y junto a ello, se dejó ver por qué el Renaut está predestinado al fracaso.

Antes, durante y después del vencimiento de dicho plazo, habían quedado claras las flaquezas de dicho registro. La primera de ellas, tenía que ver con el relativamente corto tiempo dado a los usuarios para hacer ese trámite; el segundo, la misma desidia que caracteriza a millones de personas por cumplir con las disposiciones que les marca la ley; y una tercera era la fundada desconfianza por la potencial mal utilización de esos datos personales. Pocos, o casi nadie, se detuvieron a considerar que la responsabilidad no es sólo de quien utiliza la línea, sino también de quien presta el servicio.

Así, dos días antes de que venciera dicho plazo, la compañía española Telefónica, operadora de Movistar en México, hizo un anuncio importante. Dijo que el servicio de la telefonía móvil era parte de las telecomunicaciones que la Constitución federal mexicana garantizaba y protegía a todos los mexicanos, y que por esa razón el incumplimiento a las obligaciones del Renaut no era considerado como suficiente para que ellos se vieran en la obligación de cancelar el servicio a sus usuarios que no completaran su registro.

Aún cuando Telcel no dijo algo previamente al respecto, menos de tres días después del vencimiento de dicho plazo, obtuvo de un juez federal, una suspensión provisional del acto reclamado (que era la suspensión del servicio de telefonía a quienes no hubieran cumplido con su registro), a través de un juicio de amparo. La disposición judicial les concedió, al menos momentáneamente, la no cancelación del servicio a quienes no inscribieron sus datos en el Renaut. Es decir, que anunciado o no, ambas operadoras cumplieron su amague de no suspender el servicio a los usuarios incumplidos.

Había, y aún prevalece, un problema aún mayor: unos doce millones de usuarios de telefonía registraron sus líneas a nombre de personajes como el presidente Felipe Calderón Hinojosa, el magnate de las telecomunicaciones Carlos Slim Helú; y otros individuos de alta relevancia social, económica y política de nuestro país. Es decir, que la presunción de que la buena fe hace cumplir a las personas cabalmente con lo que dice la ley, no operó en este caso entre los mexicanos.

¿Qué hacer ante este total fracaso de la disposición? La respuesta debe ser analizada en todos los ámbitos y no en la sola vía que se pretende. Veamos.

MERCANTILISMO

DE LAS TELEFÓNICAS

Por lo menos Telcel, que es la compañía predominante en el servicio de telefonía móvil en nuestro país, sí cuenta con un registro propio de todos, o la gran mayoría de sus usuarios. Todo aquel que ha tenido una línea telefónica nueva, sabe que ante cualquier utilización aparece previamente al enlace de llamada, una grabación que pide el registro de datos, y que sólo desaparece cuando el usuario llama a un número telefónico proporcionado por la misma compañía, e inscribe todos sus datos generales. Lo mismo, en términos más o menos parecido, hacen las demás compañías de telefonía móvil con sus usuarios.

Esta es, en apariencia, una medida de control que podría ser mucho más fuerte. Los estándares de control en Estados Unidos y la mayoría de los países desarrollados, se fundan en que todo aquel que tiene una línea de telefonía móvil debe proporcionar al operador del servicio no sólo sus datos en calidad de buena fe, sino soportados en su veracidad, con algún documento que corrobore su identidad. Esto no ocurre en México.

¿Por qué? Porque es más fácil atender al mercantilismo que a la responsabilidad, y privilegiar la venta de tiempo aire, líneas y servicios de voz y datos, que exigir que todo aquel usuario que tenga una línea, sea plenamente identificable ante la posible comisión de un delito. Esto no ocurre en nuestro país, debido a que aquí existe lo mismo un registro poco confiable de usuarios, una base de datos permanentemente hostigada y puesta en riesgo por quienes lucran con ella, la venden o la roban; por la piratería de líneas que permite a grupos delincuenciales contar con aparatos de telecomunicación sin ningún registro y forma de rastreo. Y, sobre todo, porque los prestadores del servicio no han querido asumir la parte de responsabilidad que les corresponde.

EMPRESAS,

DESENTENDIDAS

ANTE LA AUTORIDAD

Esto parecería parte de un argumento de película estadounidense de bajo presupuesto. Pero aunque suene a irreal, cada teléfono celular es un localizador. Es decir, que usando la tecnología adecuada, se puede conseguir la ubicación de cualquier persona a partir de las señales que emite su teléfono celular. Cada aparato, independientemente de su costo y características, cuenta con un sistema de posicionamiento global (o GPS, por sus siglas en inglés) que es, en gran medida, lo que le permite ubicar señales, facilitar el roaming y establecer comunicación entrante o saliente en cualquier sitio que cuente con cobertura del servicio.

La autoridad nunca ha podido contar ni con este ni con ningún otro dato, que podría ser proporcionado por las telefónicas, para el combate al crimen organizado. Todos, sin excepción, aceptan que la falta de control en la tenencia de líneas de telefonía móvil, es lo que permite que éstas sean herramientas esenciales y libres para la comisión de delitos. Pero deberían también aceptar que ni las compañías telefónicas han querido colaborar más estrechamente no con el gobierno o sus usuarios, sino con el país; y que medidas como el Renaut son viables sólo si ven como una forma de control que deberá reforzarse en el mediano plazo, y si las instancias competentes garantizan la confiabilidad y la certeza de dicho registro, y lo refuerzan con otros mecanismos que corroboren que los datos ahí contenidos son ciertos.

Como esto no es muy posible que ocurra, y nadie ha ubicado en su magnitud de responsabilidad a las empresas que se niegan a colaborar, desde sus posibilidades con la seguridad, con el Estado y con el combate al crimen organizado, entonces es muy probable que más temprano que tarde se tenga que reconocer que tales medidas fallaron y que es momento de buscar nuevos mecanismos para combatir al crimen, y para tener un control más exacto de la telefonía móvil. Esto, claro, en el entendido de que las telefónicas seguirán no colaborando, sino más bien cuestionando, las disposiciones —buenas o malas— que determine la autoridad para tener más control sobre las telecomunicaciones en el país.

TODOS, ENREDADOS

Sin agregar más palabras, terminemos reproduciendo lo apuntado el pasado 10 de abril por el periodista René Delgado, en su columna “Sobreaviso” publicada en Reforma. Su reflexión no tiene desperdicio. Apunta que “las extorsiones vía telefonía celular que sufre la ciudadanía aumentan y, con ellas, el clamor por acabarlas. La autoridad tiene un dato firme sobre el asunto: muchas de las extorsiones se realizan desde los penales, donde además de ese delito se practican muchísimos otros y se trafica con todo.

“A pesar de la obvia necesidad de replantear a fondo el sistema penitenciario, los políticos rehúyen la solución y optan por aplicar medidas que, sin duda, significan un gasto que sólo agrandará el problema.

“La primera acción que emprende la autoridad consiste en instalar un sistema de bloqueo de llamadas en los reclusorios pero como esa medida afecta no sólo al penal sino al barrio donde éstos se encuentran, mejor lo desconectan. Por lo demás, ya instalado el equipo, se advierte que se ha generado otra fuente de corrupción: encender y apagar por módica suma el sistema.

“Como esa primera medida no crece suficientemente el problema se piensa en grande: castigar a todo aquel que tenga un celular en la mano y no sólo a quienes extorsionan con ellos.

“El agrandamiento del problema es fantástico y, además, le permite a la autoridad hacer demagogia legislativa. A petición de un grupo ciudadano que exige registrar todos los números de telefonía celular, la autoridad lanza una iniciativa de ley inútil. Una ley que no resuelve el problema, pero sí suma trámites, obstaculiza la conectividad y expone los datos personales de los usuarios. Qué importa si las extorsiones telefónicas decrecen o no, el objetivo era agrandar el problema y se ha logrado.

“La pregunta de cómo es que entran teléfonos celulares y chips a los reclusorios queda sin respuesta.”

¿Cómo agrandar el problema, y cómo hacer inviable su solución? En el Renaut, y todo este lío, está la respuesta.

Iglesia Católica: ¿Quién juzga en realidad a los curas pederastas?

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+ Celibato y voto de castidad: ¿Una institución económica?

Ante el escándalo generado por las acusaciones de pederastia en contra de ministros religiosos, la Iglesia Católica en todas sus jerarquías se ha pronunciado por una aplicación irrestricta de la ley en contra de quienes resulten responsables, pero también ha incurrido en excesos y acusaciones notablemente desorbitadas. Han comparado los señalamientos con una posible incitación de odio equiparable al antisemitismo; han dicho que todo es consecuencia de una campaña de desprestigio; y hasta se han encargado de defender la legitimidad del celibato, cuando tal parece que ese es el origen de muchos de sus problemas con el comportamiento sexual de sus representantes.

Pero vayamos por partes. En una entrevista concedida a TIEMPO, el ministro de la religión católica Wilfrido Mayrén Peláez, aseguró que no debe existir ningún tipo de fueros ni a favor de la Iglesia ni del Ejército ni de nadie. Dijo que la ley debe aplicarse sin distingos; y defendió la figura del celibato que existe entre los ministros de la religión católica, pues dijo que ésta corresponde a reglas más duraderas que temporales, argumentando que la mayoría de los curas la cumplen, y señalando que quienes no lo hacen, deben renunciar a su ministerio. ¿Será?

Aún cuando nada de lo dicho por el sacerdote Mayrén Peláez tiene desperdicio, vayamos primero al tema de los fueros. Éstos, en nuestro país, son tan antiguos como la nación misma. De hecho, la palabra fuero, en este sentido, tiene un significado excluyente que necesariamente apunta a que los favorecidos por los “fueros” se encuentran, justamente, fuera o excluidos del orden que sujeta al común de las personas.

Históricamente, en los primeros años de México como nación independiente, los grupos identificados como el conservadurismo fueron la Iglesia Católica y, curiosamente, el Ejército. Ambos bloques, desde el triunfo del federalismo y de las ideas de igualdad e imperio de la ley, se negaron a reconocer que el Estado era el único ente capaz de crear leyes, de juzgar a los habitantes, de reconocer y garantizar las libertades fundamentales, y de someter a todos a su potestad soberana.

Así, las primeras luchas del conservadurismo en contra del liberalismo, tuvieron como lema “Religión y fueros”. ¿Por qué? Porque ciertos grupos del Ejército y de la Iglesia Católica querían conservar sus fueros. Es decir, los privilegios jurídicos que los excluían de la aplicación de la ley para el común de las personas. Eran, en términos sencillos, la preservación del fuero militar y el fuero eclesiástico, con el que soldados y curas eran juzgados por sus propios tribunales y bajo sus propias normas; y no mediante las leyes aplicables a los civiles. Lo relativo a la religión, era porque el catolicismo luchó, y lo logró hasta antes de 1857, que prevaleciera el principio de que sólo esa religión tenía el reconocimiento y la exclusividad constitucional en el territorio mexicano.

El fuero religioso desapareció cuando el Santo Oficio dejó de tener reconocimiento como tribunal, y fue el Estado quien se encargó de juzgar a quienes cometían delitos. El fuero de guerra subsistió, aunque hoy ampliamente acotado y sujeto a discusión, por la necesidad de que sean los mismos tribunales los que juzguen a civiles y militares, y no sean éstos quienes se juzguen, en casa y entre ellos, a sí mismos.

Sin embargo, materialmente continúan subsistiendo ambos. ¿No han intentado los jerarcas católicos resolver los asuntos de pederastia a través de las indemnizaciones y los castigos disciplinarios, tratando a toda costa de evitar que los asuntos lleguen a los tribunales del Estado? ¿No fue esa la razón que llevó anticipadamente al retiro al padre Marcial Maciel, como una condena religiosa; pero nunca ante un juez para ser juzgado por los delitos cometidos? Su fuero subsiste. Ellos nunca han dejado de pugnar por “lavar su ropa sucia en casa”. Eso de la aplicación estricta de la ley, para ellos, debería ser mucho más que un discurso.

¿Y EL CELIBATO, QUÉ?

Una de las fundamentaciones bíblicas del celibato, de acuerdo con lo que se estudia en términos no dogmáticos de ese Texto Religioso Fundamental, se encuentra en el Nuevo Testamento, en el capítulo 14 del libro de La revelación de Cristo a Juan, o Apocalipsis. Éste señala lo siguiente:

“Y miré, y he aquí el Cordero de pie sobre el monte Sion, y con él estaban los 144,000 que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como la voz de un gran trueno. Y la voz que escuché era como de arpistas cuando tocan sus arpas. Ellos cantan un himno nuevo delante del trono y en presencia de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el himno, sino sólo los 144,000, quienes habían sido redimidos de la tierra. Estos son los que nunca se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por dondequiera que vaya. Estos fueron redimidos de entre los hombres, primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no se halló engaño; son sin mancha.”

Este pasaje bíblico bien puede ser una de las fundamentaciones del celibato. Sin embargo, ¿es así? Tal parece que no. Porque en los fundamentos de la Iglesia Católica no se encuentra establecida la exigencia de que sus ministros hubieran sido, desde su fundación, célibes. Esto, más bien, podría tener una connotación distinta que más bien se encontraría en la preservación del patrimonio de Dios en manos de sus representantes terrenales. ¿De qué hablamos?

De que fue mucho tiempo después de instituida la religión católica, que se determinó el celibato para sus representantes. Esto porque la Iglesia, desde que inició su predominio, se convirtió en un cúmulo importante de riquezas materiales que estuvieron siempre en manos “de Dios” y no de sus representantes.

RAZÓN ECONÓMICA

¿Para qué instituir el celibato? Para evitar que sus ministros tuvieran descendencia a quien heredar o familias en quién desviar el patrimonio de Dios, y que debía prevalecer, más allá de las personas, en el patrimonio divino. Ha funcionado, aunque no por ello la mayoría de los curas se han abstenido de tener relaciones sexuales, mujeres y familias. Como dijera Facundo Cabral: El cura es un señor a quien todos le dicen padre, excepto sus hijos que le dicen tío. Ni hablar.

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