+ Gobierno demuestra burdo nivel de negociación

Desde la noche del martes, quedó claro que todo era consecuencia de un pacto previamente construido. A pesar de que anteayer los concesionarios del transporte público decretaron un sitio completo de la capital oaxaqueña, y sus zonas conurbadas, y que la autoridad hizo como que aplicó la ley, e hizo como que negoció, para luego hacer como que entendió, y luego como que cedió, todo pareció ser un plan perfectamente elaborado para legitimar un incremento a la tarifa del pasaje que, en realidad, no tiene justificación económica, legal o política alguna.

No es nueva la queja de los concesionarios del transporte público, respecto al alto costo que, según, para ellos significa el mantenimiento y costeo de las unidades. Aunque ellos se dicen consecuencia de la cultura del esfuerzo, es evidente que por lo menos en el transporte urbano, la gran mayoría de las unidades —que circulan a través de las dos grandes líneas camioneras, y sus subdivisiones— es propiedad de no más de 20 personas, que han amasado fortunas inmensas al amparo no sólo de su trabajo, sino de los privilegios que le ha dado la autoridad a lo largo de los años a cambio de colaboración política y partidista, y del incumplimiento a las contraprestaciones que reiteradamente le ofrece al usuario a cambio de los incrementos a la tarifa.

Vayamos a lo objetivo. En lo que va del año, ha habido ocho incrementos de alrededor de ocho centavos, cada uno, al precio del litro de diesel. Es, exactamente, la misma proporción en que ha subido la gasolina Magna, que es la que ocupa la gran mayoría de la población en sus vehículos de motor. En el caso de un autobús de pasajeros, que consume diariamente entre 100 y 150 litros de diesel, el incremento del gasto —que no pagan los concesionarios— resulta ser de menos de cien pesos diarios. Cualquiera puede hacer una operación aritmética simple, para corroborar lo anterior.

Ahora bien, otro de los argumentos que sistemáticamente utilizan los concesionarios para justificar su voracidad, se encuentra en el, dicen, constante incremento a los precios de las refacciones e insumos de las unidades. Esto resulta paradójico, en un primer momento, porque si la renovación de la flota camionera fue uno de los compromisos iniciales a cambio de los cuales se les autorizó el incremento anterior, y se presupone que una unidad nueva tiene menos fallas y necesidades técnicas que una unidad con una década de uso diario, entonces significa que los camioneros se quejan por un incumplimiento, u omisión, propio. Es decir, que se quejan por los altos costos de reparación y refacciones de unidades viejas, que ellos mismos se habían comprometido a sustituir por vehículos nuevos.

Lo peor de todo, que además resulta ser lo más vergonzante para los concesionarios, y que revela de cuerpo entero su voracidad, es que en la mayoría de los casos no son ellos quienes pagan todos los costos que hemos enumerado, sino directamente los usuarios, e indirectamente los conductores de las unidades que, para efectos prácticos, no son sus empleados sino simples comisionistas.

En efecto, cualquier conductor de una unidad de transporte público puede dar cuenta de lo siguiente: que, todos los días, el dueño de la unidad, le exige que al final de la jornada, éste entregue una “cuenta” —consistente entre 5 y 7 mil pesos—, en la que no se incluya el diesel de la unidad. Y todas las reparaciones y refacciones de la unidad, normalmente, son pagadas tanto por el dueño como por el conductor, en partes iguales (50 por ciento del costo, cada uno).

Así, lo que puede verse es que el conductor debe trabajar para sacar una cuenta que, íntegramente, ingresa en los bolsillos del concesionario; que es él quien paga el combustible, sin importar que éste se incremente cada semana; y que además es quien carga con el costo de las reparaciones. Por eso, a los concesionarios no les interesa ni prestar un buen servicio, ni renovar las unidades, ni proteger al usuario: pase lo que pase, ellos tienen su ingreso asegurado, a través de trabajadores a los que tratan como esclavos, y de usuarios que no tienen otra alternativa, más que utilizar ese servicio, así sea en pésimas condiciones, porque es el único.

PACTOS INMORALES

Todas esas, sin embargo, son razones intrascendentes tanto para el gobierno como para los concesionarios. Las razones que para ellos valen, son las que sistemáticamente utilizan para justificar sus pactos inconfesables. ¿Por qué hablar de pactos?

Porque, según parece, toda esta fue una acción concertada. Es decir, algo así como una farsa en la que, al final, todos saldrían ganando. A pesar de que el gobierno estatal había dicho que no autorizaría un incremento desproporcionado al costo del pasaje, la tarde de ayer se anunció que éste se incrementaría en un peso, para fijarse en $5.50; su incremento “moderado”, fue de nada menos que de un 22 por ciento. A cambio de nada.

El problema, según parece, es que nadie quiso cargar con el costo político completo de la decisión. Por eso, en una aparente actitud de fuerza, los concesionarios se rebelaron en contra de la autoridad que, curiosamente, se mostró tímida ante una de las afrentas más importantes que se hayan visto en los últimos años en la entidad. La imposición unilateral de nuevas tarifas, un día de sitio, y otro de amenazas, fueron suficientes para que el gobierno tomara la decisión de apartarse de sus posiciones iniciales, y ceder en el incremento al costo del pasaje en transporte público.

En el fondo, esa es una muestra del decadente nivel de diálogo y concertación que existe hoy entre el gobierno estatal y los poderes fácticos. La simulación y la “colaboración” mafiosa entre unos y otros, para tratar de engañar a la población —que recibe un pésimo servicio, que de todos modos no va a mejorar… y eso es lo más grave de todo esto— e imponerle, o asestarle, un nuevo precio a un servicio básico, que también representa un golpe certero para la economía familiar.

¿EFICIENCIA?

Seguramente, luego de “pactar” formalmente el incremento que previamente había sido acordado, y luego de la “legitimación” de fuerza habido en los días previos, los concesionarios “reconocerán” a la autoridad, y éstas se felicitarán por haber conducido exitosamente una negociación. El pueblo se va a acordar, de unos y de otros, cada vez que utilice esas unidades que son, como dice Juan Diego, auténticos “ataúdes rodantes”.

+ Autoridad, desacreditada y deslegitimada

Lo que ocurre en Oaxaca es digno del Ripley: una autoridad estatal, autoriza infundadamente un incremento a las tarifas del transporte público, para resarcir a los concesionarios de las mismas, por las pérdidas económicas sufridas durante un conflicto social que, en buena medida, fue ocasionado por la ineptitud y la soberbia de los funcionarios que integran ese gobierno. Es decir, que los quebrantos de unos, y las insuficiencias de los otros, fueron cargados a los bolsillos del pueblo, a través de una serie de argumentos y justificaciones que, ingenuamente, los particulares creímos. Y si eso era digno de la más vodevilesca Galería de Horrores, lo que ocurre ahora no tiene nombre.

¿Qué ocurre hoy? Que, seguramente, la autoridad gubernamental estatal, afiliada y estrechamente ligada —como debe de ser— a un partido político, buscó todos los apoyos políticos posibles para el impulso a su candidato a Gobernador, y a su proyecto político. Dentro de los apoyos que consiguieron, fue el del sector del transporte público. ¿En qué consistía ese apoyo? En servir de instrumento para la movilización; en ser un elemento más para la propaganda política, y en servir como una demostración del más anquilosado corporativismo político que, en otras épocas, representaba carretadas de votos a favor de un partido determinado.

Hubo, en esa comedia ligera y frívola, una serie de pactos recíprocos a cambio de ese apoyo, que fue sólo de una parte del sector. Aquella autoridad estatal, propuso que a todos aquellos que se vieron dispuestos, u orillados, a prestar ese apoyo político, que una vez ganada la elección, se podría negociar un incremento a las tarifas del transporte urbano. Con la otra parte del sector, hubo un rompimiento estruendoso, cuando una de las principales concesionarias de una de las líneas camioneras —y en otros tiempos amplia beneficiaria del sistema— rompió políticamente con ese partido, para anunciar su apoyo total e incondicional, a la causa política contraria a la de quienes buscaban repetir en el poder gubernamental.

El resultado fue ampliamente abrumador, a favor de la causa opositora al régimen gobernante. Aún con todos los apoyos conseguidos, y su apoyo firme, no fue suficiente como para repetir en las más importantes responsabilidades públicas. Ante la derrota, todos los pactos se rompieron, o cuando menos dejó de importarles si éstos se cumplían o no.

Entonces, uno de esos tantos agraviados, los concesionarios, intensificaron los llamados a cumplir esos pactos. Primero utilizaron aquel viejo argumento de que la crisis económica, y la inflación, hacían imposible seguir costeando una actividad económica lucrativa, en la que los servicios, el combustible y las refacciones incrementan sus precios todos los días. Nadie les creyó.

Luego se valieron de otro. Dijeron que la flota camionera necesitaba ser renovada, para adquirir unidades menos contaminantes; y que del mismo modo, era apremiante dar capacitación a todos aquellos conductores que no tenían nociones claras del servicio que prestaban; y que, incluso, el incremento era necesario para garantizar la adquisición de seguros de viajero, que dieran certeza al usuario de que sería resarcido ante cualquier eventualidad que ocurriese mientras viajaba en una unidad del transporte público. Pero como en diciembre de 2007 dijeron y prometieron lo mismo, sin cumplir, tampoco nadie les creyó.

Así, como ninguna de sus estrategias anteriores funcionó, ahora decidieron lograr sus objetivos “a la brava”. Esta no parece ser una cuestión de golpeteo mediático, sino una acción concreta, que no es más que consecuencia de lo que este gobierno se dedicó a sembrar durante toda su gestión: el descrédito a su propia autoridad, y el incumplimiento de los pactos que ellos mismos proponen.

TODOS, MUY MAL…

Sólo los concesionarios saben si, de verdad, el problema de fondo en sus exigencias, radica en los incrementos constantes a los insumos y servicios que requieren las unidades. Si es así, entonces no parece. Esto porque en una declaración de ingenuidad o franqueza, hace unos días uno de los concesionarios (Erasmo Medina Ángeles) exigió que ahora el gobierno estatal cumpliera con la palabra empeñada a los transportistas, porque el incremento a la tarifa había sido un pacto a través del cual, ellos aceptaron impulsar la candidatura a Gobernador del diputado federal del PRI, Eviel Pérez Magaña.

El gobierno estatal negó cualquier tipo de pactos (era obvio que no podría aceptarlo), y anunció que la tarifa no se incrementaría. Los transportistas —que, con empresas distintas, apoyaron a ambos candidatos— continuaron insistiendo en que era urgente el incremento, ante la imposibilidad de continuar costeando sus operaciones. Ante la presión ciudadana, de nuevo la autoridad dijo que no. Y entonces el golpe que dieron los concesionarios a la economía familiar, fue directamente proporcional a la burla pública a la que sometieron a la autoridad.

La Coordinación de Transporte, ayer, quedó reducida a su tamaño natural. Si durante los últimos años, sus funcionarios actuaron como agentes de los concesionarios, y como legitimadores y justificadores de sus necesidades y decisiones (nunca las de los usuarios), ahora los dueños de las unidades de transporte los hicieron ver como unos auténticos buenos para nada, que tienen la misma autoridad que una estampita con imágenes de súper héroes o luchadores:

Sin siquiera ofrecer alguna contraprestación al usuario, ayer decretaron unilateralmente un incremento a la tarifa del transporte. No les importó no contar con el aval de la autoridad. A la hora que Tránsito del Estado, y la Cotran, iniciaron la detención de las unidades que cobraban ya 7 pesos al usuario, ¡Fueron los mismos transportistas quienes iniciaron sendos bloqueos en prácticamente todas las vialidades importantes de la capital oaxaqueña y municipios conurbados!

UN MUNDO RARO

¿Qué no eran antes los estudiantes quienes tomaban los camiones, para protestar por los incrementos? ¿Qué no el transporte público era también parte eso que algunos llaman “pueblo de Oaxaca”? ¿Y será que nos gobierna una autoridad, o el payaso de las hamburguesas? Caramba. Este bien puede ser el mundo al revés. Quizá luego resulte que Gonzalo Ruiz Cerón llame a colocar barricadas, e iniciar una insurrección popular, para impedir el paso de los tiranos autobuses que cobran más de lo que deben. Qué desgracia.