+ Quinto Informe: consolidación política de URO

La UABJO vive días aciagos. Desde hace meses, la vida universitaria se encuentra asolada por una incontrolable cascada de problemas, inconformidades e inestabilidad, que hoy parece tenerla al borde de un peligroso precipicio. Ante la crisis, hay quien insiste en que lo más conveniente sería cerrarla; otros señalan que, por el contrario, el Rector es quien debe renunciar. Hay voces que se pronuncian en el sentido de que urge la intervención de organismos nacionales. ¿Tiene remedio nuestra maltrecha Máxima Casa de Estudios? Tal parece que el remedio a los más graves problemas de la Universidad, no parte de un solo hecho. En realidad, la lista de pendientes a la que se enfrenta la UABJO abarca un abanico enorme de rezagos, corrupción, impunidad, intereses aviesos, porrismo y demás, que difícilmente se resolverían con la sola intervención de instancias educativas federales, la renuncia del Rector o el cierre mismo de la institución. Incluso, podrían ocurrir juntos todos esos acontecimientos, y de todos modos los problemas prevalecer. ¿Por qué? Porque en realidad el estado actual de la Universidad es consecuencia de un prolongado desinterés por la verdadera vida y progreso académico, que lo mismo ha afectado a autoridades universitarias, que del Gobierno del Estado, y la Federación. Una solución de fondo, por tanto, tendría que pasar por muchos más procesos políticos y administrativos, que la reduccionista visión del cierre de la institución, o de la renuncia de un funcionario. El primer paso que irremediablemente tendrían que dar las autoridades de los tres órdenes de gobierno, y los tres poderes del Estado, es dar muestras claras de que tienen voluntad política por revertir la compleja situación de la Universidad. Son botones de muestra insoslayables, los relativos a que, por ejemplo, las instancias de procurar justicia dependientes del Ejecutivo, no mueven un dedo para cambiar el estado de impunidad e inseguridad que prevalece en la Universidad. Hoy, además, parecen ser más fuertes las complicidades y las pugnas de orden político entre funcionarios estatales y autoridades universitarias, que cualquier voluntad por enriquecer la concertación y el diálogo, que son ineludibles entre ellos para garantizar la convivencia en la Casa de Estudios. Hasta ahora, la intervención de la autoridad política en la vida universitaria, sólo se da en casos de emergencia y ante conflictos desbordados que ponen en riesgo el orden público. Autonomía no es equivalente ni a desentendimiento ni a extraterritorialidad, entre el Estado y la Universidad. Otro de los muchos procesos que necesariamente tendrían que ocurrir, es el de la revisión integral de los mecanismos a través de los cuales se ejecuta la democracia electoral y la rendición de cuentas dentro de la Universidad. Desde hace años se ha exigido que el Congreso del Estado entre de verdad a la revisión de los esquemas legales que rigen a la Universidad. Hay razones de peso que nunca han sido atendidas. Una institución como la UABJO es objeto permanente de disputas, porque ahí prevalecen lo mismo la discrecionalidad, que la ley del más fuerte. En el primero de los casos —el de la rendición de cuentas—, la autoridad universitaria no tiene la obligación de entregar cuentas a nadie, más que al Consejo Universitario. Tradicionalmente, éste órgano está controlado por el rector en turno. Y así, el presupuesto se convierte en un botín eternamente en disputa, en la medida en que quien controla la rectoría dispone de él, sin rendirle cuentas a nadie. En el segundo de los casos, la elección por voto universal también tendría que ser revisada. La Universidad, al final, no es más que un reflejo de los procesos democráticos amañados que ocurren en Oaxaca y el país. Por eso aseguramos que ahí prevalece la Ley del más fuerte, aunque agravada por el hecho de que ahí no se cuenta con una instancia electoral medianamente confiable, y la disputa por los votos se convierte recurrentemente en una guerra feroz en la que gana no el más democrático, sino el que controla de mejor modo la manipulación de los procesos electorales.

REMEDIO INTERNO

Todo lo antes descrito ocurre en los respectivos ámbitos de las autoridades estatales, y el Congreso del Estado. Esas —y muchas más— circunstancias adversas que han prevalecido por décadas en la Universidad, encuentran parte de su causa en la decisión gubernamental de no actuar. No obstante, hoy es evidente que muchas de esas circunstancias se han visto agravadas por los propios errores y los excesos que se cometen dentro de la Universidad. Aunque sería una parte insuficiente de la solución, a la UABJO no le vendría nada mal la renuncia pactada del rector Rafael Torres Valdez, para dar paso a un periodo de transición en el que de verdad se antepusiera la vida académica a los intereses políticos. Ante la situación que prevalece en la Universidad, esto último parece que equivale a pedir demasiado. Sin embargo, de existir por lo menos un grado mínimo de sensibilidad y verdadera vocación académica en el Rector, éste ya habría asumido que su labor de administración y conducción política de la Universidad son un fracaso. En los 18 meses que lleva al frente de la UABJO, ésta ha sido más que nunca escenario de reyertas, violencia e inestabilidad, que hoy se reproduce en todos los frentes. Sin embargo, es imposible pensar en la posibilidad del fin de un ciclo y el comienzo de un periodo de transición. Las fuerzas internas universitarias han demostrado tener abiertos intereses políticos —o avidez de poder— que se sobreponen ante cualquier posibilidad de procurar un cambio. La salida del Rector sin una intervención política clara y escrupulosa por parte del Estado, no haría sino agravar la crisis política. Dar al menos algunas de esas muestras de voluntad, podría significar el comienzo de una verdadera recuperación universitaria. Lo demás, es pura demagogia.

SEÑALES DEL INFORME

Contra todos los pronósticos, el gobernador Ulises Ruiz consolidó la recuperación de sus capitales políticos. El acto en el que emitió un mensaje con motivo de la presentación de su V Informe de Gobierno, dio muestra de ello: su poder de convocatoria se combinó milimétricamente con sus gestiones presupuestales en el Congreso. Al evento acudieron las fuerzas más representativas del PRI nacional. Y, acaso, el único mensaje sucesorio lo dio la cercanía mostrada entre el senador Adolfo Toledo y el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

+ Muestras de hartazgo: primeros “llamados de alerta”

Parece una escena tragicómica que los legisladores federales por Oaxaca hayan logrado un gasto público mayor al del presente año, pero que todo se dé en medio de una de las peores crisis de legitimidad que enfrenta, en su conjunto, el poder público en México. Este no es un asunto que única o particularmente involucre a nuestro Estado: en realidad, esta es apenas una pequeña arista de una situación cada vez más enrarecida que vive el país. Las brechas entre la sociedad y el gobierno se hacen cada vez mayores. Y lo peor, es que a muy pocos de los que ven el escenario nacional desde el poder, eso parece preocuparles.

Existen hoy muestras claras, quizá más que nunca, de que el poder público enfrenta estructuralmente una crisis de legitimidad. El caso del presupuesto de Oaxaca para 2010 es muestra de ello. ¿Por qué? Porque mientras desde el poder se laureará la hazaña de los diputados federales que lograron más gasto en los tiempos de escasez de recursos públicos, desde las trincheras de la sociedad seguirá permeando la incertidumbre por la complicada situación económica y la inconformidad por el alza de impuestos.

Los primeros tendrían que ser más cuidadosos, y menos triunfalistas e insensibles, ante las reacciones de los segundos: el público fácilmente podrá tomar el alza de impuestos como una forma poco decorosa de financiar la prosperidad del gobierno en estos momentos de crisis. Es decir, que los parabienes que en otros momentos podrían prevalecer tanto en el sector público como en las esferas sociales, ahora podrían no ocurrir. Esto se da no sólo por el alza de impuestos o la crisis económica en sí: más bien, pasa porque, al final del día, el ciudadano no percibe qué beneficio directo podría tener por esa bonanza en las arcas estatales.

Esto, sin embargo, no es un asunto privativo de Oaxaca. En cada uno de los rincones del país, dichas muestras de escisión y desapego se están reproduciendo. Existen razones suficientes para ello: los últimos años han sido de crisis recurrentes. En el repaso, podemos encontrar que lo mismo han ocurrido crisis sociales —como la de Oaxaca en 2006— que graves explosiones de inseguridad, violencia e incertidumbre, como las que todos los días se viven en diversos estados del centro y norte de la República; pasamos también por una crisis alimentaria; la gravísima crisis económica; el crack financiero, la pérdida de empleos; la caída del peso… e incluso una crisis en el sistema de salud, ante el brote de influenza.

Esto debería llevar al sector público a, ahora sí, entender una condición ineludible: los actuales, están lejos de ser momentos de celebración o júbilo. A la ciudadanía, recurrentemente se le ha solicitado comprensión, sacrificio y entereza. Ha habido respuesta puntual, y positiva por parte de los mexicanos. Sin embargo, es evidente que nadie tiene el deber de soportar lo extenuante por tiempo indefinido. Y es claro que en estos tiempos en los que lo fundamental que tendría que existir en el poder público es la sensibilidad, tanto los grupos de poder como los partidos, las fracciones legislativas y los gobiernos parecen estar actuando en sentido contrario. ¿Por qué?

Porque hoy más que nunca están a la orden del día los arreglos entre facciones, que remarcan un elitismo, y el desapego ciudadano que le viene nada bien al país. Si el ciudadano común se siente cada vez más desencantado y menos conforme, lo menos que se tendría que hacer es abonar esos sentimientos. No es un problema de dinero, sino de actitudes. Debería tomarse con especial precaución, un asunto como este.

PODER Y DISYUNTIVAS

En el gobierno de Oaxaca y los diputados federales del PRI que lograron un buen presupuesto —que será histórico por el momento pero no por el monto, y mucho menos por la forma en cómo lo lograron—, seguramente entraron en una primera disyuntiva, que es comprensible: ¿Por qué no pactar todo tipo de arreglos, con tal de conseguir más dinero para el estado? Era su obligación política, y su deber moral hacerlo. La segunda disyuntiva, que aún no se responde, es ¿cómo legitimar esas asignaciones de recursos?

Esa pregunta hasta ahora no ha sido respondida satisfactoriamente: baste ver que muchas de las obras realizadas en la capital oaxaqueña, cuentan con todo, menos con el amplio respaldo social que se esperaba. Las razones, como siempre, emergen a borbotones. Pongamos de ejemplo el “rescate” del Centro Histórico que ahora ocurre. Es harto ilustrativo de cómo los altos montos de dinero obtenido no se legitiman como deberían. Es decir, que la gente no está de acuerdo en cómo se gastan los recursos públicos.

Desde hace poco más de un año se realizan obras de remozamiento en el primer cuadro de la capital. Esto ha incluido la remodelación de parques, banquetas y arroyos vehiculares en buena parte del Centro Histórico. Solamente en el reacondicionamiento de la carpeta asfáltica —que ahora es de concreto hidráulico— de la Avenida Benito Juárez, el gobierno estatal gastó unos 50 millones de pesos. Hasta ahora, prácticamente la mitad de las calles de la zona han sufrido remodelaciones del mismo tipo.

Mucho de esto no ha sido bien visto por la sociedad. La razón es clara: se están invirtiendo cientos de millones de pesos en el reacondicionamiento de calles que no lo necesitaban, o que dentro de poco serán nuevamente deterioradas por el paso constante del transporte público. Existen parques como el Jardín Antonia Labastida que, como lo mencionaba ayer Felipe Martínez López en estas mismas páginas, ha sido remodelado ¡tres veces en los últimos cinco años! Es una inversión millonaria que, al final, no generará ningún tipo de dinamismo o fomento económico para la capital.

SENSIBILIDAD

Ese es sólo un botón de muestra. Ese rechazo es muestra clara de un ausente respaldo ciudadano a obras de ese tipo. Por tanto, lejos del festín del “presupuesto histórico”, en el gobierno deberían estar preocupados, y mucho, por lograr que esos montos asignados sean legitimados verdaderamente por la sociedad, con acciones que generen beneficios comunes y tangibles para todos. No tener ni siquiera las muestras mínimas de sensibilidad y decoro en el ejercicio del poder, y caer en la tozudez, el dispendio o la ejecución de gastos injustificables, es lo que continúa abonando las brechas entre la sociedad y los detentadores del poder. El problema es que esas discordancias están volviéndose insostenibles. Esa es la cuna, y lo saben, del estallido social.