Ley “Simi”: Beneficio social… y lucro disfrazado

El pasado martes, la mayoría legislativa conformada por diputados del Partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, y un sector del Partido Acción Nacional, dieron luz verde a los vales de medicina canjeables en farmacias privadas en caso de que el Instituto Mexicano del Seguro Social no tenga el medicamento que ha recetado.

Después de dos sesiones en el Palacio Legislativo de San Lázaro, protestas y reclamos, el dictamen —que no pasó por comisiones legislativas— logró 302 votos a favor, 95 en contra y 23 abstenciones. Con esto, se dijo, se cumple con una de las principales y reiteradas propuestas de campaña, que tantos beneficios electorales le ha redituado al instituto político que defiende las causas ecológicas y ambientales en los últimos procesos comiciales.

Aunque el gobierno federal, a través tanto del Seguro Social como de la Secretaría de Hacienda, han asegurado que la aprobación de esta medida no rompe con los esquemas económicos, ni representa una sangría para la nación, y mucho menos una aceptación de la falta de capacidad de los servicios de seguridad social que presta el Estado, diversas voces se han alzado en inconformidad por tal situación.

A favor de la propuesta, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, adelantó su apoyo a la minuta aprobada por la Cámara de Diputados, para otorgar vales cuando no haya medicamentos en IMSS, con el fin de surtir a los derechohabientes del país.

Cordero Arroyo rechazó que se trate del inicio de la privatización del IMSS, e incluso dijo que están convencidos de que todas las instituciones en México están sujetas a revisión continua, “y, por supuesto, todo lo que sea en beneficio de nuestro país estamos dispuestos”.

A pregunta expresa, Ernesto Cordero recordó que el Seguro Social abastece 96% de los medicamentos que se recetan, y si hay un porcentaje, por muy pequeño que sea, que no pueda distribuir, “está muy bien que busquemos las medidas de abastecimiento para que todos tengan sus medicamentos”.

A pesar de que tales argumentos parecen irrebatibles, lo que provoca incomodidad no es el qué, sino el cómo de esa medida. Es decir, que no parece negativo, ni para el IMSS ni para las finanzas públicas, y mucho menos para los derechohabientes al Seguro Social, que se legisle un esquema de subrogación de medicamentos para que los particulares puedan tener acceso a ellos en farmacias particulares, aún cuando las clínicas u hospitales no los puedan entregar directamente.

Lo que no es correcto, es que bajo este esquema social, se pueda estar impulsando la compra a negocios particulares, afines a quienes son los dueños del Partido Verde, que se dedican precisamente a la compra-venta de medicamentos genéricos, similares a los que otorgan los servicios de salud pública a sus derechohabientes.

Parece casualidad. Pero el Partido Verde, que es dirigido por Jorge Emilio González Martínez, ha encabezado esta bandera en los procesos electorales recientes. Resulta que el actual Presidente del PVEM, es hijo de Jorge González Torres, quien a su vez es hermano de Víctor González Torres, presidente de la cadena de farmacias más grande del país, que comercializa medicamentos genéricos intercambiables. Éste último, incluso, pretendió ser candidato presidencial valiéndose de la popularidad que tiene la marca de sus productos. Era identificado como “El doctor Simi”. Y es ahora éste quien podría resultar ser el mayor beneficiado de esta disposición.

DESATENCIÓN SOCIAL

Es importante contextualizar el asunto. Por lo menos en los últimos tres lustros, una de las instituciones más grandes e importantes de nuestro país, como lo es el IMSS, ha sufrido un proceso acelerado de desatención por parte del Estado. Aunque presta servicio a más de 15 millones de trabajadores mexicanos y sus familias, y tiene una inversión millonaria derivada de las cuotas obrero patronales, y de las aportaciones que anualmente recibe del Presupuesto de Egresos de la Federación, éste no ha podido superar su condición de rezago, que en algunos momentos lo ha llevado al riesgo de la quiebra.

Aunque por momentos se diga lo contrario, es cierto que ni los hospitales privados más importantes del país, pueden tener el nivel de atención médica, equipamiento e infraestructura, que los hospitales de la Secretaría de Salud, y los del Seguro Social.

Sólo que a diferencia de los primeros, en los que se han realizado grandísimas inversiones para equiparlos y modernizarlos tanto en su planta de trabajadores como en el equipo, tecnología e investigación que ofrecen, el IMSS ha ido perdiendo importancia. Más bien, el mismo gobierno federal se la ha ido quitando, para trasladarla a esquemas que, si bien son mucho más básicos y menos especializados que el IMSS, sí tienen posibilidad de brindar cobertura a más personas.

Este es un problema importante. Aunque en ciertos momentos muchos renegamos de los servicios prestados en el IMSS (por su alto grado de masificación, por la falta de atención adecuada, por los prolongados tiempos de espera, por algunas incomodidades, etcétera) nadie en su sano juicio querría no tener derecho a la seguridad social. Saben que en momentos de verdadera crisis, es decir, más allá de una gripa o un raspón en la rodilla, nadie respaldará de mejor modo que el IMSS.

No obstante, para poder llegar a ese nivel de atención plena, una institución del tamaño e importancia del Seguro Social, debería tener todas las posibilidades en sus manos. Es decir, debería de tener todas las posibilidades de proveer de todos los medicamentos a todos sus derechohabientes que lo necesitaran, así como de atención médica y los demás servicios que presta, sin necesidad de apoyarse de terceros, a quienes además del servicio les tiene que pagar ganancias. Eso es, justamente, lo que ocurre con los llamados “vales de medicina” que recientemente le acaba de imponer la Cámara de Diputados.

NEGOCIACIÓN POLÍTICA

Por si esto fuera poco, le afecta sobremanera al país que el gobierno federal tenga una afinidad imparable a emprender negociaciones de corto plazo, que hipotecan el gasto de la Nación. En otros años, ha cedido la entrega de recursos millonarios a entidades federativas, grupos políticos o partidos, a cambio de apoyos en la Cámara de Diputados; e incluso, en 2009, llegó a hacer tratos de tipo partidista a cambio de votos aprobatorios de fuerzas de oposición en la Cámara baja. Hoy, siguiendo esa lógica, no habría de extrañar que el gobierno federal haya negociado la aprobación de esa medida, a cambio de que el Verde apoye cierta propuesta presidencial que resulte polémica.

¿Por qué suponer eso? Porque recientemente, el gobierno federal logró convencer al PRI, no sabemos aún bien a bien a cambio de qué, de no impulsar la reforma que pretendía reducir en un punto porcentual el cobro del Impuesto al Valor Agregado. Y como el Verde es un apéndice del tricolor que se cuenta en votos, seguramente el gobierno federal ya habrá realizado algún tipo de intercambio, en el que se incluyó la aprobación de los vales de medicina en el IMSS, a cambio de apoyo en otras propuestas. Es lo que parece, de acuerdo con los antecedentes más recientes de esas negociaciones políticas.

REFORMA CUESTIONADA

En un artículo aparecido en el periódico El Universal, también el pasado martes, el diputado federal del PRD Alejandro Encinas Rodríguez, considera como una “falsa solución” la que se está dando a los problemas de desabasto de medicamentos dentro del IMSS, y además de enlistar los errores que tuvo el dictamen referido en cuanto al proceso legislativo seguido, también revela el posible negocio que se encubre con esta medida.

Textualmente, apunta que “la iniciativa, conocida ya como la ‘Ley Simi’, presenta dos problemas: uno, derivado del desaseo en el proceso de presentación del dictamen, el 28 de abril del 2010, ante el pleno de la Cámara de los Diputados, ya que no se cumplió con el procedimiento legislativo regular. Pues el ‘dictamen’ no se discutió y aprobó en el seno de la Comisión de Seguridad Social, sino que el diputado promovente recogió firmas de los integrantes de la Comisión sin que mediara la instalación y acuerdo formal de la misma, por lo que de origen carece de validez jurídica. A lo que se suma el hecho de que el ‘dictamen’ omitió la opinión de la Comisión de Salud y el análisis de su soporte presupuestal, pues como lo disponen las normas del Congreso, toda reforma legal que implique modificaciones en el ejercicio del gasto, debe contar con la valoración de la Comisión de Presupuesto.

“Y el segundo, el asunto de fondo que encubre esta iniciativa, es el gran negocio que se pretende desplegar a partir de la virtual renuncia del Estado mexicano a su obligación de garantizar la seguridad social; alentando la privatización de una institución precursora del Estado de bienestar y de los derechos sociales de los trabajadores, pues de aprobarse esta medida se creará un quebranto a las finanzas del IMSS, ya que si actualmente no hay recursos para garantizar en su totalidad el abasto de los medicamentos, al momento que se establezcan vales con un precio diferencial más alto, las finanzas del Instituto se verán comprometidas.”

 

¿AYUDA O PRIVATIZACIÓN?

Como lo apunta el diputado Encinas Rodríguez, hoy son las medicinas. ¿Luego vendrán los vales para la consulta médica, y mas adelante serán para la hospitalización externa, hasta dispensar los recursos a particulares y desmantelar al IMSS? Sin duda, siguiendo sus palabras, lejos de continuar por la senda privatizadora que ha mostrado su inviabilidad a lo largo de tres décadas, el Estado debería asumir su responsabilidad para garantizar la seguridad social de los mexicanos, en lugar de continuar debilitando y desmantelando las instituciones públicas, únicas capaces de atemperar la profunda desigualdad que prevalece en el país. Esta medida, pues, implica tantos riesgos como los beneficios aparentes.

Marmolejo, ejecutado; violencia no justifica violencia

+ Una historia de turbiedades, hasta el final

¿Qué se podía pensar de un individuo que, en sus mejores tiempos, solía pasearse por los pasillos de diversas escuelas y facultades del campus central de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, con una metralleta colgando del hombro”? ¿Cómo podía considerarse, un individuo que durante años sembró el terror en la Máxima Casa de Estudios y que, además, cobraba en la nómina oficial? ¿Cómo entender la impunidad de un personaje al que, además, siempre se le acusó de ser quien comandaba las llamadas “caravanas de la muerte” durante el conflicto magisterial y popular de 2006, la cual se dedicó a atemorizar, levantar, lastimar y hacer escarmentar a quienes tenían alguna participación significativa en la resistencia popular?

Ese individuo era Rubén Marmolejo Maldonado. Un sujeto que siempre gozó de la impunidad y la protección que otorga, cuando menos, la no actuación del gobierno en turno. En los últimos años, con toda visibilidad y publicidad, fue El Dragón y su grupo de porros y extorsionadores, quienes impusieron las normas dentro de la Universidad. Y no sólo ahí. También en todos los ámbitos en los que podía tener intervención. Era, incluso, una figura icónica para todos aquellos que, despistados, creían que el poder, el dinero —que obtenía por la extorsión, la desestabilización y la venta de protección—, y la capacidad de acción impune, le pertenecían independientemente de los tiempos, y le podían durar para siempre.

El Dragón siempre fue un protegido, y un comodín para el gobierno en turno. Para muestra, un botón. En enero de 2008, justo el día que había ocurrió la elección de director en la Facultad de Derecho, un grupo de fuerzas especiales de la entonces Policía Preventiva del Estado detuvo a Marmolejo, cuando rondaba el Edificio Central de la Universidad presuntamente para tratar de generar disturbios que devinieran en la cancelación de la jornada electoral.

Fue el día en el que, vistiendo un uniforme deportivo color verde claro, fue sometido por elementos policiacos para luego ser revisado y subido a una patrulla. A pesar de que fue pública su detención —porque varios reporteros gráficos captaron el momento—, y de que en ese mismo momento se le encontró entre sus ropas, una pistola calibre 9 milímetros, unas cuantas horas después fue dejado en libertad.

El entonces secretario de Seguridad Pública, Sergio Segreste Ríos, demostrando una ineptitud burlona, se dijo “sorprendido” por su liberación, y responsabilizó a quien en ese momento fungía como director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, Alejandro Barrita Ortiz —quien fue ejecutado días después en la entrada del parque deportivo El Tequio—; por si fuera poco, sobre la misma detención y liberación sospechosa de Marmolejo, el entonces procurador General de Justicia dijo, cínicamente, que se le había dejado en libertad “porque no había delito que perseguir”.

Habría que revisar las notas periodísticas del momento para corroborar a qué grado llegaba la protección institucional a un individuo que, además, con ese mismo grado de impunidad, pudo hacer lo que quiso, cuantas veces quiso, en relación a cualquier asunto que le encomendaran de la Universidad. La mayoría de las ocasiones no eran asuntos suyos, y nunca fueron “en defensa de la educación” —como en algún momento lo quiso hacer creer con su mal concebido, entendido y hasta redactado “Bloque de Lucha Universitaria”—. Marmolejo era un verdadero mercenario del porrismo, que sirvió siempre al mejor postor y ondeó todas las banderas posibles, sin ningún pudor, siempre que ello le reportara cierta ganancia económica.

TURBIEDAD EN AUMENTO

Como quiera que sea, Marmolejo era un factor real de poder en la Universidad, que creció y llegó a su apogeo en el ejercicio de su poder, en la misma proporción que lo hizo y decayó el régimen actual de gobierno. En los últimos meses, incluso, sus allegados aseguraban que éste tenía ya deseos de desprenderse de la actividad “de lucha social” (es decir, el porrismo) para dedicarse a otras actividades. Recientemente, comenzó a vérsele cerca de otro tipo de personas, que ya nada tenían que ver con asuntos universitarios.

Por eso mismo, habría que ver qué ocurre a partir de ahora, primero, en la Universidad. Y después ver quién y de qué modo se llena el espacio que irremediablemente está dejando vacío. Es posible que la UABJO próximamente sea escenario de las disputas entre los grupos porriles, para ver quién asume el “liderazgo” y el control de ciertas actividades de corrupción, violencia e inestabilidad que, independientemente de las personas, siempre están puestas en marcha.

Y al final, para tratar de entender algunos de los motivos que derivaron en su sangrienta ejecución, habrá solamente que voltear al pasado y ver la larga lista de enemigos que acumuló en su actividad. Pero no sólo eso. También considerar a todas esas personas o grupos para los que trabajó, y que podrían estar en serio peligro ante su posible conversión en un delator, o en lo que pudiera decir a la autoridad cuando el manto de impunidad fuera ya incapaz de protegerlo.

Lo único que, en todo esto, no debemos dejar de tomar en cuenta es que, aún cuando a un individuo con los antecedentes de Marmolejo, se le podría aplicar aquella máxima de la sabiduría popular de que “quien a hierro mata, a hierro muere”, lo cierto es que nadie debe quedar satisfecho o presuponer las causas o el móvil de su muerte. Por todos sus actos de violencia, él debió haber pagado ante la justicia y no con la vida. Hacer apología de su muerte, o justificarla, es tanto como darle la razón a todos aquellos que por cualquier causa desearon verlo como terminó.

No es un asunto que merezca desvíos de atención. Su muerte es una señal sintomática de descomposición de las redes en las que se desenvolvió. Y esto no debe ser asumido como un simple proceso de ajustes de cuentas, o de limpieza social. Oaxaca no es el norte. Pero tampoco debe ser vista como el Viejo Oeste.

REVELACIÓN

“El porro Rubén Marmolejo, reveló que ha estado al servicio del secretario General de Gobierno de Oaxaca, Manuel García Corpus y del rector de la UABJO, Rafael Torres Valdez, incluso para desestabilizar la Universidad. En conferencia de prensa “El Dragón se quitó la capucha y el bozal y acusó que el Rector ‘no cumplió’.” Esto se publicó el 5 de septiembre de 2008 en todos los medios locales. ¿Nos sorprendemos o no?

APPO y S-22: se perdieron en sus protestas

+ “Vía popular” es tanto como apostar a nada

Han pasado exactamente cuatro años desde que elementos de la entonces Policía Federal Preventiva, ingresaron a la capital oaxaqueña para disolver las acciones de protesta y disturbios que encabezaban los profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, e integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca. En aquel momento, un mes y medio de presencia policiaca terminó con las afectaciones a terceros, y desactivó las acciones de los inconformes. Pero, sobre todo, a la distancia tendríamos que preguntarnos en dónde quedaron los postulados y aspiraciones que dieron vida a este movimiento social.

La pregunta no es ociosa. Porque si alguien pagó los costos y las consecuencias de ese movimiento, fueron no sólo el gobierno estatal (que habiendo o no razón, fue vilipendiado y linchado de todas las formas posibles ante la opinión nacional e internacional), la administración federal (que fue la encargada de aplicar la presencia policiaca, y quien cargó con el costo político de diversos actos calificados como “represión”), la Sección 22 (que puso las bases de organización, y que sostuvo su presencia aún en los momentos de mayor incertidumbre), o la Asamblea Popular, que fue el órgano que abanderó protestas, que generó el emblema del movimiento, y que aportó a los reprimidos de ese conflicto. En realidad, quien pagó los mayores costos por ese turbulento episodio, fue la ciudadanía. Y, en todo caso, es a ésta a quien se le tendría que ofrecer por lo menos una explicación de dónde quedó la secuela de aquellos aciagos momentos.

Contrario a lo que muchos consideran hoy, el conflicto magisterial de 2006 no se generó a partir de demandas de democratización. En realidad, la pugna entre el magisterio de la Sección 22 del SNTE y el Gobierno del Estado, comenzó cuando hubo un desacuerdo en los arreglos económicos a los que anualmente llegaban. Una vez agotadas las posibilidades de negociación, cada uno comenzó a mover sus propias piezas políticas para obligar al adversario a cumplir con sus pretensiones.

Visto a la distancia, es claramente perceptible que cuando se agotaron los canales de diálogo entre el magisterio democrático y el gobierno estatal, comenzó a rondar el fantasma de la acción policiaca. Y paradójicamente, la represión fue buscada por ambos grupos: el Gobierno del Estado consideró la intervención de las fuerzas del orden, para dar una imagen pública de autoridad y determinación; y la Sección 22, para tener motivos con los cuales hacer escalar sus protestas, hasta lograr los objetivos inicialmente trazados.

Esa represión ocurrió el 14 de junio de 2006. Un desastroso operativo policiaco enfrentó a los profesores que se mantenían en plantón en el primer cuadro del Centro Histórico en la capital oaxaqueña. Los mentores terminaron replegando a los elementos de la entonces Policía Preventiva del Estado. Y al ser derrotadas las fuerzas del Estado, los profesores tuvieron la posibilidad de comenzar a ondear banderas de tipo político, que hasta entonces se encontraban ausentes de cualquier protesta o inconformidad magisterial o de los grupos que luego se unieron para encabezar las exigencias del conflicto social.

 

¿LUCHA POR

EL BIEN COMÚN?

Teóricamente, un hecho que implica la necesidad de buscar y obtener el bien común, adquiere la calidad de “político” y, por lo tanto, es de la incumbencia de toda la comunidad en la que ocurre. Si esa concepción la llevamos a los ejemplos tangibles, basados en la realidad, y los sometemos a cuestionamiento, entonces podremos concluir si éstos tienen una connotación de búsqueda del bien común en sus aspiraciones y poseen la capacidad de llevarlos a los hechos, o si todo se queda en simples ideales o cuestiones sin sustento.

Habría que pasar por ese tamiz lo ocurrido en 2006. Cuatro años después, puede verse que lo que fue un movimiento que verdaderamente tuvo respaldo social, y que gracias a ello abanderó causas de democratización y replanteamiento de los límites y las prácticas abusivas del gobierno, hoy no parece ser sino un mero organismo testimonial de lo que, en otros tiempos, fue un auténtico dique de resistencia que, además, prometía plantear los cambios políticos, legales y democráticos que eran urgentes para nuestra entidad.

No está de más seguirlo preguntando. Lo real, más allá de los idealismos, radica en que ni los profesores de la Sección 22, ni quienes integraron —o siguen integrando— la APPO, tuvieron los elementos y la lucidez suficiente para entender que los cambios de fondo para beneficio de la sociedad, no ocurren cerrando calles o encabezando protestas o acciones de lucha, que luego son reproducidas por la prensa nacional e internacional y merecen la solidaridad de grupos disidentes de otros países. Esos cambios ocurren, fríamente, cuando se puede comprender de modo eficaz la lógica del poder, y se decide actuar en ella.

Uno y otro grupo, en estos últimos años, han sido incapaces de comprender que los cambios reales, para bien o para mal, ocurren únicamente por la vía institucional, o por los caminos de la verdadera violencia insurreccional. Todos sus postulados y aspiraciones se quedaron simplemente en eso, porque fueron incapaces de sumarse a las fuerzas que representan el acceso al poder.

En efecto, tal parece que su desconfianza y lejanía hacia los partidos políticos, su ánimo poco racional por criticar sin construir, y sus anhelos infundados de conseguir todo lo que se proponían, o simular que lo buscaban, a través de marchas, plantones y pancartas, los llevaron únicamente a dejar constancia de cómo se puede llegar a nada cuando una parte importante de una comunidad le apuesta a un todo.

Es imposible decir que las cosas no han cambiado de 2006 a la fecha en la vida institucional y política de Oaxaca. Pero, en primer término, pudo haber evolucionado más. Y esos cambios pudieron haber sido impulsados y concretados por quienes encabezaron una lucha que para muchos era genuina, y no otorgados como una concesión graciosa del régimen de gobierno en turno.

SOLIDARIDAD

Desde este espacio, manifestamos nuestra solidaridad con el jefe de Información de ORO Noticias, Félix García, y de nuevo hacemos pública nuestra indignación por las agresiones que constantemente se cometen, desde el poder, contra los trabajadores de la información en Oaxaca, y la impunidad que prevalece y que se fomenta desde el mismo gobierno.

Congreso: ¿PRI pierde su último reducto?

+ Gabino: con todas las armas para gobernar

Más allá de las razones legales, es claro que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que echó por tierra la reforma a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, en la que se legisló la creación de Junta de Coordinación Política (JCP), tuvo dos efectos políticos de corto plazo: el primero de ellos, es el de la eliminación momentánea del último reducto de poder que el priismo tendría en sus manos; y el segundo, que si es lo suficientemente hábil, el gobernador Gabino Cué ahora sí tendrá posibilidades para intervenir en esa discusión. ¿De qué hablamos?

Aunque digan lo contrario, el fallo de la Corte constituye un duro revés al priismo, no sólo porque la resolución exhibió a la actual Legislatura en el intento de avasallamiento que realizaron sobre las demás bancadas, y por no apegarse a los requisitos mínimos del proceso legislativo en la aprobación de dicha reforma.

Pero sobre todo, el golpe lo recibieron viendo hacia el futuro, porque la creación de la JCP, en los términos que se habían establecido, contenía ciertos aspectos que le darían ventaja a los tricolores en cuanto a la administración de los recursos económicos del Poder Legislativo, y las tareas de fiscalización que les confiere la ley.

Es decir, que si la Ley Orgánica hubiera quedado de acuerdo a la reforma realizada en julio pasado, el grupo parlamentario del PRI tendría la posibilidad no sólo de encabezar la Mesa Directiva de la Cámara durante el primer año, sino también de nombrar a los principales funcionarios administrativos de dicho poder, y por lo tanto acumular mayor incidencia sobre el presupuesto de la Cámara de Diputados.

Todo esto, por el momento, quedó eliminado. Y aseguramos que esta derrota es sólo momentánea porque, en términos estrictos, el Tribunal Constitucional echó por tierra la reforma debido a que sólo determinó la existencia de vicios y errores en el procedimiento. Esto significa que respecto al fondo de la reforma —es decir, su contenido—, ésta pudiera haber pasado sin ningún por el tamiz del órgano jurisdiccional de control constitucional. La Corte no se refirió a los aspectos sustantivos de la reforma, precisamente porque en las cuestiones adjetivas (es decir, de procedimiento) encontró los elementos suficientes para invalidarla.

¿Qué significa esto? Que, evidentemente, el Congreso del Estado puede reiterar, sin ningún problema, la reforma que ya le fue invalidada. Es decir, que antes de que culmine la LX Legislatura, la fracción parlamentaria del PRI puede presentar de nuevo el mismo proyecto de modificación a la Ley Orgánica, y de nuevo puede ser votado y aprobado por la “aplanadora priista”.

Técnica y legalmente no existe impedimento alguno para llevar a cabo esa acción, siempre que de nuevo no se vulneren los requisitos de forma. Sin embargo, políticamente eso equivaldría a reiterar una reforma en la que no fueron incluidos, ni llamados a participar por lo menos testimonialmente, los diputados de las fracciones de oposición.

Y por tanto, sería el punto de partida para el reinicio de las hostilidades no sólo entre quienes se dicen marginados y acusan un posible “agandalle” de la bancada tricolor, contra los que defienden la reforma por considerar que, supuestamente, es lo más benéfico para la estabilidad del Congreso, y para la gobernabilidad del Estado. En ese frente de batalla, irremediablemente, también estarían incluidos los próximos diputados de las diferentes fracciones parlamentarias, así como, políticamente, el gobernador Cué Monteagudo, por ser los directamente afectados o beneficiados con la reforma.

MENOS OBSTÁCULOS

Como en política las casualidades no existen, esta decisión de la Suprema Corte bien parecería estar encaminada a someter nuevamente a escrutinio, una decisión en la que, por las debilidades propias del momento, el gobernador electo Cué fue rebasado y avasallado.

En efecto, si bien se recuerda, la reforma a la Ley Orgánica del Congreso, ocurrió a finales de julio en medio de una agria discusión habida entre los gobiernos saliente y entrante, primero por la entrega recepción, luego por el reconocimiento del resultado electoral (el Gobernador del Estado se negaba a reconocer la calidad de Gobernador Electo de su contraparte), y finalmente por la forma en cómo el resultado de la votación había repartido los espacios de poder.

Hoy, aquella situación de confrontación ya no parece ser tan intensa. Después de más de un mes de dimes y diretes luego de los comicios, se supo de la primera de varias reuniones sostenidas entre los gobernantes, y aparecieron los primeros visos de entendimiento. Poco a poco, el gobierno de Cué se ha ido quitando algunos de los obstáculos que sus adversarios políticos le fueron poniendo. Y éste de la JCP, en el que no permitieron la participación de nadie más que del PRI, parece ser otro de ellos.

De este modo, lo menos que debe lograr políticamente el gobierno y los diputados afines al gobernador Cué, es que los tomen en cuenta para la discusión y consenso de la nueva legislación sobre la JCP. Este ya no será, pues, un asunto de legalismos, sino un trabajo de comunicación, fuerza y habilidades políticas. Si de algún modo la Corte dio la pauta para enmendarles la plana, y les ayudó echando por tierra una reforma que les era perjudicial, es ahora momento de que ellos hagan la otra mitad de la tarea, logrando intervenir en el análisis y acuerdo sobre la reforma que irremediablemente ocurrirá.

A partir de ello, puede afirmarse que al gobierno de Cué se le están terminando, antes incluso de comenzar su gobierno, las justificaciones para un posible fracaso. Parecía un dique difícil de sobrellevar, el que el PRI tuviera cierto control del Poder Legislativo. Hoy tiene la perspectiva de aminorar tal situación, contribuyendo en el replanteamiento de los equilibrios legislativos. Si lo logra, su margen de acción y decisión se verá ensanchado. Y entonces, tendrá menos pretextos para decir que, por intransigencia o falta de acuerdos de sus adversarios políticos, no puede llegar a las metas que se propuso.

ANGUSTIADOS

Los empleados de confianza de diversas dependencias del gobierno estatal, ven con preocupación la posibilidad de que, por motivo del fin de la administración, se les cancele su bono anual. Dicen, con razón, que por pura justicia laboral, los titulares de las dependencias deberían ser más sensibles y autorizarles esa ayuda final que, como parece, de todos modos alguien se va a embolsar.

 

Restituyen Gran Comisión: ¿Todo se quedará así?

+ Diputados electos: es momento de hacer política

El pasado lunes, la Suprema Corte declaró inconstitucional la reforma realizada en julio pasado a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Oaxaca, en la que se sustituía la figura de la Gran Comisión por la de la Junta de Coordinación Política. En su declaratoria, el Alto Tribunal consideró que existieron vicios de forma en la conducción del proceso legislativo. Y, por tanto, invalidó los preceptos que darían pauta al gobierno interno de la LXI Legislatura local. ¿Qué sigue ahora?

Contrario a lo que usualmente ocurre, esta reforma fue declarada ilegal no por contener vicios de fondo, sino por no haber cumplido con ciertos requisitos del procedimiento. Como bien debe recordarse, el proyecto de reforma fue presentado intempestivamente por el diputado Antonio Amaro Cancino, y al ser considerado como “de obvia y urgente resolución”, la mayoría priista en el Congreso determinó votar el proyecto, pero sin cumplir con los requisitos de la dictaminación en comisiones, y la discusión en el pleno.

Dicha reforma, si se recuerda, ocurrió en uno de los momentos de mayor algidez y confrontación política entre el régimen saliente contra el entrante. A finales de julio, comenzaron a enviarse señales recíprocas de hostilidad, que a cada uno llevaron a tomar ciertas decisiones ofensivas o de defensa.

Fue entonces, por ejemplo, que frente a la exigencia del gobernador electo, Gabino Cué, el gobernador Ulises Ruiz determinó que el proceso de entrega-recepción iniciaría hasta el próximo mes de noviembre; o que, frente a la voluntad de los diputados electos del PAN, PRD, PT y Convergencia, de emprender una coalición legislativa, el PRI les dio un albazo creando, sin previo aviso, una Junta de Coordinación Política que le permitiera continuar teniendo margen de maniobra. La reforma se realizó sin consultas previas, sin discusión, y utilizando plenamente la llamada “aplanadora” priista. Fue una reforma que correspondió a ese momento de confrontación y algidez, que momentáneamente parece ir disminuyendo.

Por eso, todo esto tiene una explicación no sólo basada en el derecho. Porque si la falta de dictaminación y discusión, aunados a la oscuridad habida en lo relativo a la votación de la reforma, dio como resultado la declaratoria de inconstitucionalidad, es evidente que esta maniobra respondió a un tiempo y circunstancia específicos que ahora deberán ser subsanados pero ya no en base a las imposiciones, sino a un verdadero ejercicio de política, tanto entre los diputados salientes y entrantes, como entre los gobernadores que se encuentran en esa misma circunstancia. ¿De qué hablamos?

De que, sin duda, el gobierno interior del Congreso con la LXI Legislatura —en la que ningún partido tiene mayoría simple— tendrá más dificultades que beneficios con la subsistencia de la Gran Comisión; que aún frente a este revés del Tribunal Constitucional, la agonizante LX Legislatura aún tiene tiempo de emprender una nueva reforma que subsane los vicios. Y que, frente a esa circunstancia, lo más conveniente sería que tanto los diputados de las dos Legislaturas, como los dos Gobernadores, tuvieran la posibilidad de darle una salida consensada al asunto. Es decir, dejando de lado las imposiciones, y demostrando que tienen verdaderas posibilidades de emprender un constructivo ejercicio político.

ABANICO DE POSIBILIDADES

Es evidente que frente a la posibilidad de una nueva reforma —como posiblemente ocurra aún en la LX Legislatura—, será ahora sí imposible que la modificación legal se haga repitiendo los patrones del pasado. Es decir, hacerla sin preguntar, ni pedir consenso ni opinión a nadie, y mucho menos sin llevar a cabo un proceso previo de negociación política entre las fracciones parlamentarias. En términos estrictamente legales, dicha reforma podría realizarse cumpliendo con los requisitos esenciales del proceso legislativo. Pero políticamente, equivaldría a reabrir un frente de confrontación que por el momento parece innecesario.

En una segunda posibilidad, la LX Legislatura podría decidir dejar las cosas en el estado en que se encuentran, y dar paso a que los nuevos diputados hagan el trabajo que les corresponde para replantear sus órganos de dirección. En realidad, el problema de fondo es que, al tomar esa decisión, lo que los actuales diputados estarían en riesgo de hacer, es provocar una posibilidad inminente de parálisis y crisis legislativa, si sus sucesores no tienen la posibilidad, en el momento, de ponerse de acuerdo. Por eso, si los legisladores actuales tienen una visión un poco menos partidista, y más apegada al interés general, tendrían que considerar la posibilidad de no dejar las cosas en el estado actual.

Un tercer escenario, que sería el ideal, es en el que hubiera una verdadera concertación política entre los factores de poder actuales, y los que tomarán posesión de sus cargos el mes próximo. Y no sólo de los legisladores, sino también de las dirigencias partidistas e incluso de los titulares —entrante y saliente— del Poder Ejecutivo del Estado. ¿Para qué? Para poder dotar al Congreso de las herramientas necesarias para poder tener una organización y conducción consensada. En el ideal, ese sería el mejor escenario, pues habría no sólo la posibilidad de acuerdos, sino también una representación legitimada del Poder Legislativo.

Para el PRI, sería un error político de graves consecuencias el volver a legislar, ahora sí sin vicios, una reforma relativa a la Junta de Coordinación Política. Es cierto que el interés que priva es el de la preservación del poder que les queda. Sin embargo, ni siquiera a ellos los deja bien parados, el hecho de que hayan considerado reformas que, como trajes a la medida, les permitieran seguir teniendo el control de los órganos administrativos y de control en el Congreso. Mejor sería que ahora sí hubiera diálogo, y acuerdos medianamente consensados. Todo esto suena muy bien. Aunque bien parece que también es mucho pedir.

A CUENTAS

En los órganos jurisdiccionales dicen comúnmente que las posibilidades de que una reforma legal sea invalidada por vicios de forma, son mínimas. Si los diputados están, según, para legislar, lo que por lo menos deben hacer es seguir correctamente lo que dice “el librito”. Este revés, sin embargo, revela que no sólo los diputados no saben hacer su trabajo, sino tampoco la Oficialía Mayor, que es la responsable de que las formalidades mínimas se cumplan. Corroboran su mala fama.

Rosendo Serrano y el misterio de los 500 mil pesos

+ Clave: manipulación de recursos federales

Durante la madrugada del pasado 14 de octubre, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la ciudad de Querétaro, marcaron el alto a un vehículo que casi provocaba un incidente de tránsito. En la unidad de motor, viajaba un par de individuos provenientes de Oaxaca y tenían como destino final la ciudad de Tepic, quienes al ser revisados les fue hallada la cantidad de 500 mil pesos en efectivo; ambos fueron detenidos al no poder acreditar la legal procedencia tanto del dinero, como del vehículo que presentaba un reporte de robo en la entidad oaxaqueña. Casi de inmediato, el secretario General del Comité Estatal del PRD, Rosendo Serrano Toledo, se apersonó en el lugar para rescatar a esos dos individuos que, se sabe, son sus trabajadores.

Ante lo poco común de esos hechos, habría que preguntarse qué hay detrás de todo eso. Pues si bien es común que un empleador acuda en ayuda de sus trabajadores cuando éstos se encuentran en un riesgo derivado de sus funciones, no lo es que un par de individuos porten medio millón de pesos en efectivo cuya procedencia no es explicable, tampoco que circulen por el país en un automóvil robado, y mucho menos que éstos resulten ser empleados de un líder político de la izquierda.

Para encontrar una explicación a todo esto, habría que seguir la ruta del dinero más allá de Oaxaca. Porque de acuerdo con fuentes del propio perredismo, lo hasta ahora sabido podría ser apenas una pequeña arista, de una serie de contubernios y negociaciones emprendidas en su momento desde la dirigencia nacional del PRD, para hacerse de recursos económicos frescos que fueran útiles para los tiempos electorales.

¿De qué hablamos? De una historia que presuntamente inició desde que se emprendieron las negociaciones de alto nivel entre partidos, para consensar la reforma petrolera. En aquellos momentos, un grupo de diputados perredistas de varias entidades de la República —entre los que predominaban los del Estado de México, pero en el que también se habría encontrado el diputado por Miahuatlán, Benjamín Hernández Silva— habrían planteado al entonces secretario particular del presidente Felipe Calderón, César Nava, la posibilidad de apoyar su propuesta petrolera, a cambio de una suma de siete millones de pesos para cada uno. El funcionario tomó nota de la oferta, y prometió llamarlos cuando hubiera una respuesta.

Aseguran que al mismo tiempo que Nava recibía a pequeños grupos de legisladores de oposición, el ahora extinto secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, habría emprendido una serie de negociaciones con la dirigencia nacional del PRD, que entonces encabezaba Guadalupe Acosta Naranjo. Éste último, al enterarse de los ofrecimientos de la fracción parlamentaria de su partido en la Cámara baja, advirtió que todas las negociaciones sobre la reforma petrolera debían conducirse entre el gobierno federal y el Comité Ejecutivo Nacional, sin interlocutores adicionales.

Así ocurrió. Para dejar pasar dicha reforma, Acosta Naranjo habría negociado a nombre del PRD, directamente con el Secretario de Gobernación. A cambio de dicha aprobación —que molestó sobremanera a Andrés Manuel López Obrador—, Acosta y su grupo tuvieron acceso a programas especiales y fideicomisos ocultos manejados por la Secretaría de Hacienda.

De esta manera, el grupo de Acosta Naranjo se vio ampliamente beneficiado, ya que por medio de esos recursos extraordinarios, se habrían establecido relaciones con los ayuntamientos para, a través de ellos, bajar los recursos. Y en Oaxaca, los encargados de este trabajo habrían resultado ser justamente Rosendo Serrano Toledo y Lenin López Nelio, quienes acostumbrados a este tipo de tratos con las administraciones estatales, aquí mismo —y en otras entidades— se aparecieron como auténticos maestros de los operadores, para “bajar” los recursos a los gobiernos municipales y obtener jugosos beneficios de ello.

AHUMADA OAXAQUEÑO

Para muestra, algunos botones. De acuerdo con información oficial en poder de esta columna, actualmente uno de los municipios oaxaqueños a los que Serrano y López Nelio López están “ayudando” a justificar recursos extraordinarios derivados de esa negociación, es Magdalena Tlacotepec con un poco más de 30 millones pesos, presuntamente acreditando obras ya realizadas por Petróleos Mexicanos, por el Comité de Planeación para el Desarrollo del gobierno estatal, o con recursos federales del ramo 33. Entre las obras, figuraría la reconstrucción de un camino que entronca a la población con la carretera Ixtepec, así como la construcción de un sistema de drenaje y de agua potable.

En ese mismo sentido, Rosendo Serrano y Lenin López Nelio habrían gestionado la aprobación de recursos extraordinarios del presupuesto federal, para municipios como Huautla de Jiménez, Nuevo Zoquiapam, San Antonio Monte Verde, Santa María Mixtequilla, Santiago Zoochila y Santiago Camotlán. Se asegura que en algunos de éstos municipios el servicio de gestoría y asesoría ofrecida por ambos individuos no llegó a buen término. Esto porque se asegura que, en la mayoría de los casos, el costo de las obras se sobre presupuestaban hasta en un 50 por ciento; y porque, precisamente, hasta esos porcentajes eran los que intentaban ser cobrados a cambio de los servicios ofrecidos.

Se afirma que las ganancias de ese negocio serían compartidas entre Serrano, López Nelio y nada menos que Acosta Naranjo. De ahí que, aseguran, cuando ven llegar a esos dos personajes a las oficinas del CEN perredista, no falta quien diga que son una pequeña reedición de Carlos Ahumada.

En ese sentido, se cree que los polémicos 500 mil pesos que aparecieron el pasado jueves en la capital queretana, en un vehículo robado que Serrano habría regalado a Fernando Velázquez Enríquez, y en el que además viajaba Jorge Milton Barbosa Ferlobo, sería dinero que el Secretario General del PRD oaxaqueño habría enviado a Tepic, como obsequio para Acosta Naranjo, ahora que éste intenta ser candidato a gobernador de Nayarit por el PRD. Evidentemente, no aprenden de su pasado.

NUEVO RECTOR

Ante la lamentable pérdida del rector Joaquín Cabrera, el fin de semana el Consejo Universitario de la Universidad Regional del Sureste eligió como rector interino al doctor Benjamín Alonso Smith Arango, quien se ha caracterizado por ser un académico comprometido y brillante, que redoblará esfuerzos a favor de la obra que dejó inconclusa su antecesor. ¡Enhorabuena!