Censor, sin duda es el peor, peor, peor trabajo del mundo

+ Censura: antes y ahora la prensa se atiene a serios límites

No debería sorprendernos que hoy los medios de información, en cualquier rincón de nuestro país, sigan sometidos a diversos tipos de censura. Aunque en teoría parecerían haber quedado atrás aquellos tiempos en los que desde el sector oficial se imponían severos cánones sobre lo que se podía, y lo que no, publicar, hoy nos encontramos con nuevas formas de presión hacia los medios de información, respecto a su labor. Nadie que conoce bien las entrañas de la prensa, podría dar como válida que hoy, a diferencia del pasado, este oficio se ejerce con plena libertad.

No es difícil suponer que la censura como la conocemos actualmente, se generó desde el momento mismo en que se inventó la imprenta, e incluso que ésta existe desde antes. Históricamente, la censura se estableció como un medio de control a la actividad periodística y a la creación artística.

Incluso en México, existen numerosas historias de cómo, en el siglo XIX, existían representantes del gobierno en los talleres en los que se elaboraban e imprimían los periódicos, para revisar, previo a su publicación, cuál era el contenido del mismo y vetar lo que resultara inconveniente a los intereses del gobernante en turno. También existen historias, no menos numerosas, de cómo ante cualquier sublevación o intento de motín en contra del gobierno, o cuando se quería dar un golpe de timón, una de las primeras acciones que se tomaba era la de ir a clausurar los diarios y confiscar las máquinas con las que se imprimían los diarios.

A raíz de esa práctica, fundada esencialmente en la censura, fue que el Constituyente de 1917 estableció las bases sobre la libre expresión y publicación de ideas. En estas garantías fundamentales se establece la libertad de todas las personas a pensar y expresar sus opiniones sin más cortapisas que el orden y la paz pública, y la salvaguarda de los derechos de terceros.

Asimismo, impuso la prohibición al Estado del ejercicio de la censura previa, el secuestro de cualquier maquinaria relacionada con la prensa por considerarla como el objeto de la comisión de algún delito, así como el encarcelamiento de los operarios, papeleros y los empleados de dichos establecimientos. Es decir, que fueron candados a las viejas prácticas de censura institucionalizada, que ocurrían hasta entonces.

Sin embargo, esto no terminó, ni mucho menos, con la censura. Aunque la libertad de pensar y escribir opiniones libremente, fue entonces coartada fundamentalmente por dos vías: la cooptación o la violencia. Oficialmente la censura estaba desterrada. Sin embargo, en la historia contemporánea del país existen incuantificables casos de agresiones contra periodistas como consecuencia de su trabajo e investigaciones. Y son mucho mayores, las de aquellos que ante las ofertas tentadoras del Estado asumieron una posición orgánica y de dependencia, a cambio de dinero, prebendas y favores conducidos desde el poder.

Por lo menos en el último siglo, contando entre ese tiempo el presente, la censura se ejerce a través del “no te pago para que pegues”, que hizo célebre el presidente José López Portillo. ¿Qué significa? Que los gobiernos controlan a la prensa a través de la compra de publicidad. Si la crítica es desfavorable al poder, entonces dejan de comprar. Y como, en su mayoría, los medios tienen una capacidad económica limitada, la falta de ingresos por concepto de la publicidad oficial se convierte en una merma insalvable.

El problema, en todo esto, es que no es el gobierno o el gobernante quien “paga”, porque éstos cubren las pautas publicitarias a los medios nada menos que con dinero público. Es decir, con recursos económicos del pueblo. Por lo que son ellos los que administran, pero no los que pagan.

Sin embargo, esta es una práctica aceptada por todos los involucrados. Pocos parecen haber reparado en que el presupuesto público destinado a la compra de espacios publicitarios debería tener una regulación estricta, y no seguir siendo todo lo censora y discrecional que es ahora. Nadie toca el tema, porque parece que a nadie le conviene cambiar el estado de cosas.

EL PEOR OFICIO

En su libro “Contra la censura”, John Maxwell Coetzee (Premio Nobel de Literatura 2003), hace una relatoría puntual en la que establece que el oficio de censor, bien puede ser el más indeseable del mundo. Señala que desde siempre existieron censores que revisaban el arte, la literatura, y después el periodismo. Pero que, en realidad, siempre existió una disyuntiva enorme entre quienes realizaban el trabajo de la censura, pues el censor resultaba ser alguien que contribuía en nada a la sociedad.

Tendríamos que preguntarnos cuál es la base de dicho razonamiento. Y parece ser la siguiente: la censura podría ejercerse inteligentemente por los hombres más cultos y entendedores de la actividad que buscarían controlar. Sin embargo, es parte de la naturaleza de todo hombre inteligente negarse a cualquier forma de censura, y menos cuando ésta tuviera que ser ejercida y aplicada por ellos mismos. Es decir, que un hombre inteligente jamás sería un censor de la actividad que él mismo realiza, por la sencilla razón de que ese tipo de personas eligen qué leer y qué discernir, sin permitir que algo o alguien les imponga prácticas, ideas o convicciones.

Por eso, la tarea del censor siempre se encuentra en hombres desprovistos de un criterio sólido, de convicciones y de una cultura importante. Es decir, que el que es censor se dedica a eso porque no le queda de otra, porque lee y piensa en la medida y características que otros —personas e intereses— le imponen; y porque éste mismo no tendría la posibilidad de ejercer otro oficio que fuera la contraparte de la censura. Y por esa razón, cargada de mediocridad, alguien que ejerce el oficio de censor es un ser que la sociedad no necesita, y al que tampoco extrañaría si en algún momento dejara de existir.

NUEVA CENSURA

Hoy, la censura se sigue dando desde el poder, desde los intolerantes que no comprenden que la crítica fortalece cuando lo que se critica está fundado en la razón. Pero también se sigue dando desde la violencia, y desde los efectos de las ondas criminales que azotan al país. Hay, como lo dice Ciro Gómez Leyva, un pedazo de la historia del país que hoy mismo está dejando de contarse, por las presiones de censura que resiente la prensa.

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Violencia en Oaxaca: no confundir al narco con la guerrilla

+ Disputa criminal: no hay razón para hablar de narcoguerrilla

Aunque parecen perfectamente distinguibles los términos “narcotráfico” y “guerrilla”, en un ambiente como el oaxaqueño hay muchos que confunden los términos, las implicaciones y hasta la historia que envuelve a esos dos términos. En efecto, en estos tiempos de importantes acontecimientos políticos y electorales en la entidad, existe siempre la posibilidad de desbordamientos violentos. Por el momento particular que vive el país, tenemos que ser cuidadosos y claros, para no confundir —como en el refranero— “la gimnasia con la magnesia”.

En primer término, parece necesario delimitar los alcances de esos dos términos. El narcotráfico ha sido una de las actividades ilícitas más lucrativas e intensas en nuestro país, por lo menos en las últimas cuatro décadas. La violencia que trae aparejada esta actividad tiene que ver directamente con el control territorial de zonas estratégicas, con la lucha entre organizaciones criminales por las rutas de distribución y espacios de control, y, sobre todo, con la preservación y ensanchamiento de un negocio que, en global, cada año deja una derrama de más de diez mil millones de pesos.

La guerrilla, por su parte, tiene motivaciones totalmente distintas a las del narcotráfico. Si en la siembra, trasiego y comercialización de sustancias prohibidas, el interés de fondo es el de sostener un lucrativo negocio, en los grupos armados el interés final se encuentra en lograr cambios políticos, constitucionales y de gobierno, a través de la vía violenta, pues consideran que las vías políticas y democráticas se encuentran agotadas. Teóricamente, y como se puede ver, respecto a sus motivaciones no existen puntos de coincidencia entre una actividad y la otra.

En el terreno de lo práctico, y lo histórico, sólo existen dos aspectos que los relacionan. El primero de ellos, tiene que ver con la utilización de la violencia; y el segundo, con las referencias históricas de otros países en los que sí han existido relaciones intensas entre organizaciones de narcotraficantes y grupos armados. Sin embargo, en México las referencias actuales a la “narcoguerrilla” más bien parecen ser consecuencia de una inducción oficialista para descalificar a los grupos armados en la dinámica de la guerra contra el crimen organizado; y del desconocimiento de muchos de los que dan por válido ese engañoso término.

En efecto, en los últimos años, y particularmente en Oaxaca, se ha querido inducir a que el ciudadano común tenga la certeza de que el narcotráfico y la guerrilla son un solo ente. Para ello, han utilizado argumentos como que los grupos sociales que encabezaron el conflicto magisterial de 2006 fueron infiltrados por la guerrilla, y que ésta a su vez permitió la entrada de grupos criminales que tomaron el control de la entidad.

Estas percepciones se han tratado de reforzar haciendo referencia a Colombia. Establecen como una verdad irrefutable que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son un grupo criminal que tiene puesta una careta de guerrilla, para tener justificaciones sociales de la violencia. No se puede dar por válida o por errónea, totalmente, esta afirmación. Sin embargo, el posible resultado actual de “narcoguerrilla” colombiana no fue parte de su origen, sino un posible vicio arraigado en el devenir de las respectivas luchas del narco y de la guerrilla en contra del Estado colombiano.

¿Por qué es errónea esa referencia en el caso mexicano? Por razones tan simples como que, hasta hoy, los cárteles de la droga demuestran un poder de fuego y una capacidad numérica impresionante, y los grupos guerrilleros no. Que los primeros libran palmo a palmo una guerra contra el Estado, y los segundos se mantienen en sus pacientes tácticas de la Guerra Popular Prolongada. Y que, hasta hoy, las fuerzas del Estado no han aprehendido a un solo integrante de grupos criminales que tenga relaciones o sea parte de un grupo relacionado con la guerrilla.

DISPUTA CRIMINAL

Así, lo que ocurre en México es una feroz guerra entre el crimen organizado y el Estado; no entre cualquiera de esos entes y la guerrilla, o en la que los grupos beligerantes actúen como parte. Toda la violencia que día a día se contabiliza en las calles, es consecuencia de acciones que trastocan la seguridad pública, y los intereses del Estado y de los criminales. Por esa razón, los hechos que pudieran ocurrir en el marco del proceso electoral y los tiempos políticos que ocurren en Oaxaca deben interpretarse a través de lecturas correctas y mesuradas, y no por medio de frases o ideas malintencionadas que confunden sin reflexionar e informar.

En los tres meses del presente año, en Oaxaca han ocurrido algunos hechos violentos e intimidatorios que, algunos, han tratado de achacar a la guerrilla. Nada más equivocado que eso. Por citar dos ejemplos, los dos hechos violentos ocurridos en Tuxtepec recientemente, tienen un sello visible que, bajo ninguna circunstancia, debía ser confundido con acciones de “narcoguerrilla”. Sí pueden ser de los primeros (es decir, del crimen organizado), pero por su contexto y sus implicaciones, no de los segundos. ¿Qué buscaría la guerrilla con ese tipo de enfrentamientos estériles?

En el segundo de los casos, se trató de achacar a la guerrilla la colocación de un artefacto explosivo, que fue hecho estallar por expertos del Ejército. Ese propagandismo no corresponde ni a la más inexperta de las organizaciones armadas. Más bien, fue un mal intento por enrarecer el ambiente, y para tratar de involucrar a grupos que podrían ser vistos como un peligro para la sociedad.

¿Y LA TREGUA?

Debemos recordar que grupos armados como el Ejército Popular Revolucionario, y un cúmulo de organizaciones beligerantes en México, se encuentran en una etapa de tregua unilateral en cualquier acción de hostigamiento. Están actuando, más bien, en el contexto de una lucha estrictamente política. El EPR porque de ese modo busca dar muestras de buena voluntad en el marco de las gestiones que realiza la Comisión de Mediación ante el gobierno federal. Y las demás organizaciones que también se adhirieron a la tregua, lo hicieron por solidaridad con los eperristas, y para lograr la localización de los desaparecidos. Sólo los que desconocen todo esto, sostienen dichos como el de la “narcoguerrilla”.

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Sección 22 del SNTE: públicamente no participará en comicios

+ AMLO hará lo mismo… Aunque los dos sí serán determinantes

Entre los resolutivos de su más reciente Congreso Político, la Asamblea General de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, resolvió apegarse a sus principios rectores y no participar en el proceso electoral apoyando a partido político o candidato alguno. Ésta es una determinación particularmente similar a la asumida por el ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador. Ambas ocurren no en función del PRI, sino de la alianza de partidos de oposición, que encabeza Gabino Cué Monteagudo. ¿De verdad no participarán estos dos grupos en las definiciones políticas de Oaxaca?

El asunto no es intrascendente. Porque si bien es cierto que gran parte del proceso electoral se determina a través de las estructuras partidistas y los sistemas de captación de votos, nadie puede desdeñar que los dos bloques más sólidos de la oposición en la entidad se encuentran en manos tanto de López Obrador, como del magisterio aglutinado en la Sección 22. Invariablemente, era determinante conocer qué postura asumiría cada uno de éstos, respecto a lo decidido por las fuerzas políticas con las que simpatizan.

Desde el primer momento, el ex Candidato presidencial se asumió en una postura de rechazo a las alianzas partidistas. Inicialmente, se consideró que la resistencia propia de AMLO impediría la conformación de alianzas electorales. Había razones de sobra para suponerlo: Por lo menos la mitad de la estructura formal del PRD —si no es que más— tiene simpatías directas con el tabasqueño y le profesa obediencia incondicional a su llamado. Además, AMLO tiene el control casi total del PT y Convergencia e, independientemente de los errores que ha cometido, actualmente él es el líder indiscutible de la izquierda mexicana.

Sin embargo, contra todos los pronósticos, lo único que ocurrió fue su resistencia personal. Quienes consideran que la política es una práctica bipolar desprovista de matices y puntos intermedios, consideraron que la negativa de López Obrador a sumarse personalmente a la alianza opositora de Oaxaca, equivaldría al descobijo total de la misma.

Tampoco ocurrió así. AMLO no ha venido, y quizá no venga a Oaxaca a hacer campaña en apoyo a Gabino Cué, por una supuesta convicción personal que en realidad está cargada de conveniencias. Pero paulatinamente se hará evidente que una parte fundamental de las estructuras electorales que trabajaron a su favor en el proceso electoral federal, sí se encuentran en la entidad haciendo campaña a favor del senador con licencia Cué Monteagudo.

Además, hasta en lo formal él sí participa aunque a través de terceros. ¿No fue una definición a nivel nacional, exigida por López, que al menos el PT se abstuviera de participar en los procesos electorales estatales del presente año, en alianza con las fuerzas de derecha? Inicialmente, el PT asumió la determinación. Pero particularmente en Oaxaca, sus instancias políticas decidieron que era prioritaria la “democratización” y la “transición a la democracia” sobre las exigencias del tabasqueño, y decidieron continuar con las alianzas. Finalmente, y como se esperaba, frente a esas decisiones, AMLO no rompió ni con el PRD, ni con el PT ni mucho menos con Convergencia.

S-22, EN ESPEJO DE AMLO

Recientemente, la Sección 22 decidió algo similar a López Obrador. En su II Congreso Político establecieron su rechazo “a todo tipo de control político del estado, partidos políticos o corrientes ideológicas”, y por esa razón decidieron “no sumarse a ningún candidato, Partido o Alianza Partidista”. ¿Esto equivale a que se desentenderán por completo del proceso electoral?

Evidentemente, la respuesta es “no”. La decisión del Sindicato magisterial tiene su origen en la misma razón que López Obrador. Frente a las fuerzas de izquierda, el tabasqueño es el líder icónico que sostiene —no sin desgaste— los principios ideológicos y de congruencia política que no es posible poner en riesgo. En el caso de AMLO, si éste flaquea y externa públicamente su simpatía a posibles alianzas con la derecha, el pragmatismo y el descrédito se desbordaría contaminando todo lo preservado que hasta hoy tienen los partidos de izquierda.

Eso, en su caso, es lo mismo que ocurre con la Sección 22. Éste sindicato ha sido siempre un factor definitorio entre las fuerzas de oposición en Oaxaca, y han participado de un modo esencial en la ideologización y movilización política de amplios sectores de la población, no tanto en apoyo de un candidato como en la defenestración y desgaste de las fuerzas, grupos y partidos políticos que les son adversos.

Si esto es así, entonces ¿por qué no participar del proceso electoral? Porque la acción política de la Sección 22 tiene límites. Pongamos el asunto en perspectiva. El llamado “magisterio democrático” decidió no participar activa y abiertamente del proceso electoral porque su accionar sindical y político es distinto al de las fuerzas partidistas.

Es decir, que independientemente de que apoyen o no con disimulo a tal o cual partido, alianza o candidato, ellos no generarán compromisos incondicionales o de largo plazo. Gane los comicios Gabino Cué o Eviel Pérez Magaña, la Sección 22 continuará siendo una fuerza opositora pujante, que estará dispuesta a todo —y cuando decimos que a todo, es a todo— para ver satisfechos sus objetivos de lucha.

Sin embargo, ¿no es participación activa en política la que han hecho permanentemente? Con el solo paso del tiempo, veremos cómo el magisterio delineará una agenda paralela a la del proceso electoral, y cada que puedan harán sentir su presencia con singular fortaleza. Mayo, que siempre es el mes de algidez por las exigencias de la Sección 22, este año se encontrará particularmente enmarcada por el proceso electoral. Y, lo digan o no, con su trabajo previo de “concientización” y la ejecución de su agenda propia, ellos sí estarán participando del proceso electoral.

DISCURSO ¿CONCILIADOR?

Eviel Pérez Magaña, hoy candidato priista a la gubernatura, ha reiterado su voluntad por la conciliación y el respeto a sus adversarios. ¿Por qué? Porque desde ahora mismo debe comenzar a distender. Y si gana, más. Sabe, con razón, que allende su partido las cosas no se arreglan con disciplina o manotazos, sino con sensibilidad real. ¿Su nueva “burbuja” lo entenderá?

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Oaxaca: los problemas no se arreglan con tener esperanzas

+ Candidatos: insistir en cuándo escucharemos sus propuestas

Terminaron las precampañas, y los oaxaqueños fuimos nuevamente testigos de cómo un candidato puede hablar mucho sin decir nada. Los discursos dirigidos a las respectivas militancias partidistas se centraron en las necesidades más apremiantes que enfrenta Oaxaca, sus rezagos históricos y los anhelos para el futuro. Pero hasta ahora, sigue siendo prácticamente nada lo que se ha dicho y comprendido sobre el proyecto de gobierno que debía ser la base de la decisión que tome cada ciudadano en relación a su voto.

¿Cómo hablar de una democracia sustentable y de avanzada, cuando todo se sigue definiendo en base a las reglas del pasado? No es responsabilidad de un partido, ni de un grupo de poder, que hoy las campañas proselitistas continúen rigiéndose por el blof, los eslóganes y la demagogia. Es, en realidad, consecuencia de que el entramado político en el que se desarrolla el proselitismo y los intentos de propuesta política, sigue siendo exactamente el mismo del pasado.

Tendríamos que preguntarnos, con más conciencia, por qué —como lo aseguran las mismas fuerzas políticas que hoy se disputan el poder— Oaxaca es el punto emblemático de todos los comicios locales que se avecinan para este año 2010 y los próximos dos años. Sin lugar a dudas, la particular cuestión “emblemática” que atrae a las fuerzas políticas a librar aquí la más enconada de sus batallas, no tiene que ver con la democracia. Sino exactamente con lo contrario.

¿De qué hablamos? De que Oaxaca es un desafío para cualquier fuerza política, no por la limpieza, competitividad, equidad o democracia de sus procesos electorales, sino porque éste continúa siendo uno de los escenarios políticos que presenta mayores atrasos, que tienen mayores posibilidades de ser manipulado con dinero o estrategias de “ingeniería electoral”, y que menos exigencias serias presenta por parte de los ciudadanos a los partidos y sus respectivos candidatos.

Por eso, y no por democrático, es que aquí vienen, por un lado, el Partido Revolucionario Institucional, y por el otro Acción Nacional en alianza con el PRD, PT y Convergencia, a jugarse su futuro. Cada uno viene a demostrar a éstos comicios, que continúa teniendo la posibilidad de ganar todo a pesar de no competir, democráticamente, en nada. Vienen a reiterar a Oaxaca todas las estrategias a través de las cuales se puede intervenir en un proceso electoral, a través del dinero público, las estructuras electorales o la manipulación, sin siquiera preocuparse por hablar de los cambios democráticos que en realidad nadie de ellos parece desear, ni el elector pretende exigir.

¿No es exactamente eso lo que vienen aquí a disputar? Sin lugar a dudas, quien gane los comicios de Oaxaca se sentirá formalmente preparado para las batallas electorales previas a la de 2012, y tendrá la confianza para asistir al proceso electoral federal con estrategias afinadas, que permiten ganar comicios sin hacer propuestas verdaderas, sin establecer al ciudadano común un esquema claro y exigible de cómo será el gobierno, y sin comprometer nada más que no sean los simples capitales electorales. ¿A poco no es eso lo que en realidad se viene a afinar a Oaxaca?

PROPUESTAS NULAS

Unos y otros, los precandidatos a la gubernatura del Estado han enumerado los rezagos históricos de nuestro estado. ¿De qué sirve, por ejemplo, denunciar la pobreza, cuando se pretende hacer creer que ésta se soluciona a través de voluntades, de fórmulas mágicas o en un solo sexenio? ¿Cómo hablar de las grandes transformaciones, cuando lo primero que se ha mantenido en el pasmo es la evolución democrática y de las instituciones, que aquí debió ocurrir desde hace décadas pero se mantiene prácticamente intacta desde no menos de medio siglo? ¿No es todo eso un mero discurso de demagogia?

Más bien, lo que el oaxaqueño serio y comprometido tendría que estar esperando, junto con la estrategia electoral, es esa propuesta y esa honradez —por lo menos discursiva— que nunca llega. Es cierto que todo esto parece ser parte de un idealismo, que se deshace ante la risa burlona de todo aquel que cree entender que el poder es mero pragmatismo. Sin embargo, por considerar que la política es la sola disputa por los cargos, por los privilegios y por el manejo de un presupuesto público, es que nuestro país —y qué decir de Oaxaca— se ha estancado por completo y no encuentra el camino para dinamizar a un Estado que hoy enfrenta una morbidez galopante.

Oaxaca hoy, tendría que estar viviendo una disputa electoral que estuviera fundamentada en mucho más que propuestas fatuas y meros discursos de esperanza. No está mal que un candidato sostenga que con carreteras se soluciona todo, y que su contraparte se jacte de decir que mientras haya una esperanza se va a poder lograr la transformación. Pero, en la realidad de la gran mayoría de los oaxaqueños, hace falta mucho más que eso para transformar las condiciones de vida y la realidad social.

Causa al menos alarma que todo se le fíe a las despensas y a la operación electoral, y que nadie se ocupe de lo verdaderamente sustancial de los procesos políticos. Aquí el poder se sigue disputando como si fuera un mero asunto de simpatías electorales o de compra de votos, para que quien lo gane en las urnas vea después qué hace con él, y si procura —por mera buena voluntad, e incluso para que se le celebre y se le recuerde como un “gran reformador”— alguna mejora al sistema político, a la democracia o a las instituciones.

Lo que parece claro es que nadie desea, ni comprende a cabalidad, cómo enfrentar el enorme reto que representa Oaxaca. Si el cúmulo de rezagos, desatenciones y cambios postergados se mira en perspectiva, podría verse que resolver lo electoral es lo menos complicado. Sin embargo, nadie desea entrar de verdad en esa discusión. Todos prefieren quedarse en el discurso falsamente reformista o esperanzador, que finalmente termina sirviendo para nada.

PRECAMPAÑAS

Las precampañas, que formalmente concluyeron, fueron escenario de todo tipo de excesos, dispendios y transgresiones a las normas electorales. Pero como todos los partidos fueron parte de lo mismo, nadie impugnará nada. Qué democracia la nuestra.

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Reforma a la Ley del Notariado, beneficiará discrecionalidad

­­+ Modificación urgente, la que clarifique entrega de patentes

A través de un comunicado, el Congreso del Estado dio a conocer la admisión y remisión a análisis, de una propuesta de reforma a la Ley del Notariado, que pretende disminuir la edad mínima para que los profesionales del derecho puedan participar por el otorgamiento de una patente notarial. Esta reforma, de la que no se pone en duda su practicidad y benevolencia, en realidad relega otras modificaciones más urgentes que deberían hacerse a la norma respectiva, para terminar con la corrupción y las manipulaciones —tan conocidas actualmente— que hoy existe alrededor de la actividad notarial en Oaxaca.

¿Qué es un notario? De acuerdo con el artículo 2 de la ley comentada, éste es “es el profesional del derecho investido de fe pública, facultado para hacer constar la autenticidad de los actos y hechos a los que por disposición de la Ley o por voluntad de los interesados, se les deba dar formalidad de carácter público”. En el artículo 12 se establece, entre los requisitos para obtener la patente notarial, que el aspirante debe tener la edad de 35 años cumplidos; y en los artículos subsecuentes se establece el mecanismo a través del cual se otorga, mediante concurso, el fíat correspondiente.

¿Cómo se realiza, en teoría, ese concurso? A través de dos exámenes —uno teórico y el otro práctico— realizados ante un jurado compuesto por cinco integrantes. Uno de los cinco evaluadores, de acuerdo con el artículo 17 de la ley vigente, es un representante del Ejecutivo del Estado; el segundo es el Director General de Notarías. El tercero, el Director Jurídico de la Secretaría General de Gobierno; el cuarto, el Presidente del Colegio de Notarios, y el quinto, un Notario propuesto por el Colegio.

Pongamos el asunto en una perspectiva mucho más amplia, que la del solo rubro de la edad mínima para poder ingresar a dicho concurso. Es loable, y quizá hasta benéfico, que ciertas normas estatales atraviesen por procesos evolutivos para hacerlas más dinámicas y acordes con la realidad social. Sin embargo, es evidente que ante la sola enunciación del proceso para el otorgamiento de patentes notariales, el asunto de la edad se vuelve lo menos relevante de todo.

¿Por qué? Porque según lo que dice la propia norma, todo se ­queda entre ellos. Es decir, que aún cuando la misma Ley del Notariado exige más de una docena de requisitos no dispensables para poder ingresar a un concurso para el otorgamiento de patentes de fe pública, no existe garantía alguna de que el proceso mismo de admisión y competencia son los correctos, o que todo se lleva a cabo como debería.

La sola concurrencia del Poder Ejecutivo y el Colegio de Notarios en este asunto, y según lo visto, no es garantía de que todo ocurra con limpieza e incluso apegado a los principios mínimos que establece la norma. Porque en las condiciones actuales —y más allá de los eufemismos o las presunciones fantasiosas de buena fe—, en realidad todo queda en un alto grado de opacidad y discrecionalidad que no es saludable para nadie.

PROBLEMAS REALES

En diciembre del año pasado, y antes que nadie, en este espacio se establecieron algunos detalles importantes sobre la galopante corrupción que presuntamente existió en el otorgamiento de algunas decenas de patentes notariales, durante la presente administración. Frente a ello, los involucrados en la propuesta de disminución de la edad requerida para aspirar a convertirse en fedatario, tendrían que preguntarse con mayor congruencia cuál de esos dos problemas es más urgente de abordar y resolver.

Teóricamente, no existe más fundamento que el pragmatismo, para tratar de emprender un intento de disminución en la edad mínima para acceder al notariado. Se supone que, al igual que otras figuras como la de la función y experiencia política de los senadores, la del Notario es una función jurídica que corresponde no sólo al profesional del derecho, sino a aquel que cubriendo ese requisito revise ciertas capacidades, experiencia y preparación profesional específica para ser investido nada menos que con la fe pública.

Por eso, anteriormente, la edad mínima exigida tanto para unos como para otros, era no menor a los 35 años. Esto, para presuponer que las capacidades y conocimientos adquiridos se encontraran ya consolidados por la madurez que otorga el paso del tiempo.

Sin embargo, ante la realidad, estos no son más que idealismos. En el caso de los senadores, los requerimientos de la práctica del poder, y los acuerdos políticos entre fuerzas partidistas, llevaron a modificar, hace no más de una década, la edad mínima para acceder a la Cámara alta. Hoy, algo más o menos similar —es decir, fundado en intereses y no en preocupaciones reales por el ejercicio notarial— es lo que pretende positivizar una exigencia que nadie sabe si acarreará los beneficios reales que tanto se pregonan.

Así, parece evidente que lo de menos es que “profesionales jóvenes” puedan acceder a los concursos para el otorgamiento de las patentes notariales. Jóvenes o longevos, lo verdaderamente importante, prioritario y trascendental tendría que ser que sólo les fuera extendido el fíat notarial a quienes cumplieran cabalmente con todos los requerimientos, que fueran los profesionales del derecho mejor preparados, y que de cara a la sociedad —y no sólo ante representantes gubernamentales, y de los colegios notariales, que son una auténtica mafia— demostraran sus conocimientos, a través de exámenes confiables y con posibilidad de ser revisados y corroborados no sólo por los involucrados, sino por cualquier persona.

Un fíat notarial no es una concesión del transporte público. La fe pública reviste importancia trascendental para toda la sociedad. Por eso, si los diputados que integran el Congreso del Estado ya admitieron la propuesta de reforma que aquí se menciona, ahora también deberían preocuparse por las modificaciones que verdaderamente otorgarían certeza jurídica y legitimidad a la actividad notarial.

GRAN NEGOCIO

Modificar la edad mínima para ser Notario, sólo ensanchará las vías para la realización de un amplio negocio de corrupción, discrecionalidad y tráfico de influencias, que es escandaloso y que, por sus propias responsabilidades, la autoridad se niega a indagar.

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Procuración de Justicia: uno de los más grandes pendientes

+ Cambios en subprocuradurías: nada bueno puede esperarse

 

Uno de los más grandes fracasos de la presente administración estatal, es el de la procuración de justicia. A pesar de que en los últimos años la institución ministerial ha sido objeto de modificaciones legales para tratar de fortalecer sus tareas y alcances, la incapacidad y la falta de compromiso de quienes la han tenido a su cargo, ha ocasionado que el ciudadano común la perciba más como un ente inoperante, que como órgano garante de la persecución de los delitos, que debería ser y no es.

¿De qué hablamos? De que, por lo menos en los últimos tres años, la Procuraduría General de Justicia del Estado, ha sido una de las dependencias estatales más cuestionadas por su falta de resultados. El problema, sin embargo, no sólo radica en todo lo deficiente y simuladora que fue la actuación de Evencio Nicolás Martínez Ramírez como Procurador, sino que más allá de él, existen hoy poquísimas posibilidades de que, en esa institución, la situación mejore.

¿Por qué? Porque tal parece que Evencio Martínez se fue, pero no se fue de la Procuraduría. Esto porque fue su influencia directa la que determinó su relevo en el órgano de procuración de justicia. El ahora ex Procurador, nunca ocultó la estrecha relación fraternal hacia la entonces subprocuradora de Justicia para Adolescentes, María de la Luz Candelaria Chiñas, a quien trata con la calidad de “comadre” en actividades privadas y públicas. Y desde hace 20 días, ésta despacha como Procuradora, gracias a la intercesión y los buenos oficios de su compadre Martínez Ramírez.

Esto significa, en términos sencillos, que ahí todo parece haberse movido para quedar igual. Más allá de la rotación formal de nombres y cargos, el problema de fondo es que ninguno de estos relevos es garantía de que la actuación de la Procuraduría tendrá cambios positivos, y que ahora sí la ciudadanía podrá sentirse protegida y tutelada por el Ministerio Público del Estado.

María de la Luz Candelaria Chiñas, por la evidente maniobra de influyentismo y compadrazgo por la que accedió a su actual cargo, tiene ya sobre sí fuertes cuestionamientos. Lo previsible —ojalá estemos equivocados—, es que actúe bajo la misma dinámica de desgano, autoengaño y simulación en la que se ha mantenido esa institución, que ha sido manejada con más mortificaciones que determinación por hacer la labor que le corresponde.

¿Cómo pensar en cambios positivos? Podría suponerse, en un primer momento, que el arribo de una nueva titular podría generar actitudes más determinadas. Poco es, sin embargo, lo que en realidad se ha visto al respecto. Del mismo modo, podría suponerse que la Procuradora se habría de rodear de mejores elementos que los que secundaron en sus funciones a Martínez Ramírez. Para no variar, es prácticamente nada lo que se puede decir al respecto.

 

DE MAL EN PEOR

Apenas unos días después de la emigración de Evencio Martínez de la Procuraduría de Justicia a la Secretaría de Gobierno, el subprocurador de Justicia Restaurativa, Pedro Celestino Guzmán Rodríguez, presentó la renuncia a su cargo. Habría de ser nombrado, días después, y en el total sigilo, como coordinador de asesores de la General de Gobierno. Este fue un movimiento que provocó perjuicios en varios frentes.

Primero, porque el nombramiento de Martínez Ramírez, y el posterior de Guzmán Rodríguez, vinieron a romper equilibrios ciertamente delicados que ya se habían logrado en la Secretaría de Gobierno para el desempeño de sus funciones. El arribo de ambos funcionarios generó una tensión particular entre los servidores públicos de la dependencia, que de inmediato provocó efectos negativos en la atención a conflictos que, hasta entonces, no habían dado mayores problemas.

Ambos, Martínez y Rodríguez, llegaron tratando de imponer un nuevo orden, a una dependencia que ni conocían ni mucho menos entendían. El primero, por creer que en la Secretaría de Gobierno las cosas podían resolverse —o sobrellevarse— a través de la simulación. Y el segundo, por considerar que la dependencia encargada de la gobernabilidad estatal, es un despacho jurídico, una mera oficina burocrática, o parte de sus posesiones particulares.

Algunos detalles, que sin ningún problema se pueden corroborar, pintan de cuerpo entero a quienes tienen en sus manos el manejo oficial de la gobernabilidad del Estado. Guzmán Rodríguez abandonó su cargo en la Procuraduría de Justicia dejando, literalmente, nada a su relevo. Fuentes de la dependencia, aseguran que éste continúa ocupando los enseres, vehículos, teléfonos celulares y hasta artículos de oficina que se ha resistido a devolver a la institución a la que desde hace semanas dejó de pertenecer.

¿Y quién ocupa hoy el cargo ministerial al que renunció Guzmán Rodríguez? Una funcionaria de nombre Edna Liliana Sánchez Cortés. De acuerdo al comunicado oficial emitido por dependencia al anunciar su designación, ésta tiene como únicas referencias el haberse desempeñado como abogada postulante y ex diputada local, “entre otros cargos” que no se detallan.

Existen, por lo menos, tres cuestionamientos importantes sobre esta funcionaria. El primero de ellos, es su total inexperiencia en la nada sencilla labor de la justicia restaurativa. Lo que hasta hoy ha dicho a la prensa sobre su nueva encomienda, lejos de beneficiarla deja ver su amplio desconocimiento del tema. El segundo, es que en el Juzgado Segundo Penal se le sigue un proceso judicial, por haber atacado a golpes y lesionado, en julio de 2009, a una mujer en un cine de la capital oaxaqueña.

Un tercer cuestionamiento, no menos grave, es el marcado activismo electoral que trata de hacer a través de su cargo. Hace no más de diez días que arribó a la PGJE, y Sánchez Cortés ha pretendido que los servidores públicos a su cargo asistan, en horas de trabajo, a actos proselitistas del Partido Revolucionario Institucional. 

¿CUÁL CAMBIO?

Con esos funcionarios, ¿qué eficiencia podemos esperar de la Procuraduría? Es alarmante que en esa institución siga reinando la improvisación, la prepotencia y la simulación. Así, ¿cómo quieren “no fallarle” a los ciudadanos? Qué desgracia.

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