Adrián Ortiz Romero Cuevas

Nuevamente, el país se enfrenta a una importante crisis de credibilidad respecto a sus instituciones políticas y democráticas. El gobierno federal, al enfrentar sus responsabilidades de Estado, puso sobre la mesa de las negociaciones diversos asuntos que no sólo revelan su falta de compromiso con el país, sino también que la agenda personal del presidente Felipe Calderón, y sus intereses políticos, se encuentran por encima de las necesidades y urgencias de la nación. Tal parece que, como en antaño, se pretende que la decisión, y el capricho presidencial, sean el eje de movimiento de los hilos del poder y la política electoral en el país.

En los últimos años, la práctica política en México no sólo ha cambiado, sino que ha sufrido modificaciones sustanciales. Durante el largo reinado del Partido Revolucionario Institucional en el poder presidencial, se pasó del más absoluto dominio del poder presidencial —por encima de los poderes constituidos y los fácticos— al ejercicio de un poder más o menos equilibrado, que abrió las posibilidades serias de debate y oposición al otrora poder omnímodo del presidente en turno.

A diferencia de otros países, que a mediados del siglo XX transitaron de gobiernos emanados de procesos más o menos democráticos, y luego se consolidaron dictaduras, para finalmente ser derrocadas en su mayoría por la fuerza y el accionar de grupos armados, en México luego de la Revolución se vivió un proceso pacificador y estabilizador, que no por ello se tradujo en una práctica democrática.

A diferencia de nuestros vecinos latinoamericanos, aquí el proceso de democratización del poder comenzó a darse en un marco de paz, hasta llegar a la situación actual. Sólo que en este punto, más bien parece que el devenir democrático del país comienza a padecer un estancamiento y ciertos visos de regresión al pasado. Esto lo demuestra la aberrante práctica política que está habiendo en el país, y que en buena medida ha sido impulsada y solventada por dos de las fuerzas nacionales más importantes, pero sobre todo por el mismísimo Presidente de la República.

¿A qué nos referimos? A que no sólo de ahora, sino en todo lo que va de la presente administración en el gobierno federal, la agenda electoral es la que ha marcado los tiempos y los ritmos en cuanto a la aplicación de la ley, la celebración de pactos e incluso la gobernabilidad del país. Luego de 2006, todos los comicios importantes han estado marcados por un intervencionismo nocivo por parte del gobierno de la República, que utiliza sus recursos y sus medios legales para influir en las decisiones que sólo deberían tener cabida en la democracia.

LEGITIMIDAD MINADA

El presidente Felipe Calderón Hinojosa asumió su gobierno en medio de un creciente clima de riesgos. Tal situación poco tenía que ver con los problemas actuales, y más bien se asemejaba a una crisis institucional del sistema democrático. Habiendo ganado la Presidencia de la República por un margen que ni siquiera rebasó un punto porcentual, la legitimidad fue una de sus primeras preocupaciones. Ésta trató de obtenerse a través de los golpes de timón y las demostraciones contundentes de que en México había gobierno y que éste haría valer la ley y el orden por encima de cualquier interés o presión de grupos o fuerzas políticas.

Mal que bien, el gobierno de Calderón supo sortear esos primeros retos. En su primer año de gestión consiguió incrementar sus márgenes de aprobación, y las nutridas protestas por los resultados electorales se vinieron apagando paulatinamente. Andrés Manuel López Obrador, en este sentido, contribuyó en mucho a la disminución de la fuerza de su movimiento. Y los pactos con el Partido Revolucionario Institucional permitieron al presidente Calderón sortear algunos de los más importantes diques a los que se enfrentó en el gobierno.

Desde los frentes priista, perredista e incluso panista, se pensaba que la solidificación de los acuerdos traería como resultado una gobernabilidad más pareja para todos. Parecería, en aquellos momentos, que el PRI encontró en el PAN a un gobierno aliado con el que tratarían de caminar juntos para detener el avance de una izquierda entonces radicalizada que conducía el ex candidato López Obrador.

Todo el panorama cambió el día de los llamados comicios federales intermedios. En aquel momento, el Revolucionario Institucional, que era la tercera fuerza política en el Congreso de la Unión, casi logra ganar la mayoría absoluta de las curules en la Cámara de Diputados. Acción Nacional, que en 2006 se había alzado como la primera fuerza, cayó al segundo escaño, y el PRD también perdió posiciones para colocarse como la tercera fuerza.

Cuando eso ocurrió, quedó claro que para el PAN, ahora el enemigo a vencer ostentaba un escudo con los tres colores de la bandera nacional; que el PRD tendría necesariamente que dejar de ser su enemigo para convertirse en su aliado, y que el dique se tendría que construir para detener al priista que pretendiera disputar la presidencia de la República al candidato del presidente Felipe Calderón.

No obstante, en esta recomposición de fuerzas e intereses, el PAN ya había hecho de las suyas durante la campaña. El maridaje con el priismo lo terminó ante el resultado de los comicios. Pero mientras, ya había enrarecido el panorama con sendas estrategias de hostigamiento a priistas y perredistas en las entidades federativas.

HOSTIGAMIENTO

Apenas unas cuantas semanas antes de los comicios federales de 2009, la Procuraduría General de la República consignó una treintena de expedientes judiciales abiertos por investigaciones relacionadas con delincuencia organizada, que devinieron en la detención de igual número de autoridades municipales y funcionarios estatales del estado de Michoacán.

Aunque se estableció formalmente que las detenciones eran resultado de investigaciones, de inmediato todo esto dejó ver que la tendencia era claramente electoral: el gobierno de la República, trataba de ayudar a los candidatos del Partido Acción Nacional a través de una campaña negativa en la que se utilizó la actuación de las instancias ministeriales y judiciales. Y lo peor: tal estrategia no funcionó. En los comicios, los perredistas fueron fustigados por las estrategias panistas, pero éstas beneficiaron al priismo, no a los azules. Y de todos modos, por un capricho que pretendía consolidar el poder en la figura del presidente, el país se vio envuelto en un indecoroso escándalo de persecución judicial por consigna, y por motivos distintos a los de la justicia.

PRI-PAN: MAL Y DE MALAS

Una vez erigidos en primera fuerza política, los priistas presionaron al gobierno federal para que el ejercicio del poder fuera compartido y acorde a su representación legislativa. Ante los efectos de la crisis económica, el gobierno determinó impulsar un alza de impuestos para solventar los faltantes en el gasto público. Tal incremento, necesariamente tendría que ser aprobado en el Congreso, por una mayoría que el PAN no tenía.

¿Qué hicieron? Pactar con el PRI. Éste partido, que también antepuso la agenda electoral a la de los asuntos de Estado, puso como condición que el panismo no erigiera alianzas electorales en las entidades federativas de las que los diputados priistas apoyarían el incremento de impuestos. Este acuerdo se firmó verbalmente entre el Secretario de Gobernación y varios gobernadores priistas, y por escrito ante los representantes del gobernador Enrique Peña Nieto.

¿Qué ocurrió entonces? Que el priismo impulsó un incremento al Impuesto al Valor Agregado, que dio los recursos frescos que necesitaba el gobierno federal. Y el PAN, previsiblemente, habría de respetar las abstenciones a las que se comprometió. Sólo que hubo un inconveniente: los azules siguieron adelante en su intención de coaligarse con las fuerzas de izquierda en las entidades federativas en las que habrá comicios en el presente año. Esto terminó de corromper una relación ya de por sí tensa, y finalmente estallaron las acusaciones y las descalificaciones que, de nuevo, tuvieron como punto de origen el capricho y los incumplimientos del Presidente.

PRESIDENTE CAPRICHOSO

Felipe Calderón se ha impuesto a las circunstancias, en sus decisiones. Si sabía de los efectos del quebranto del acuerdo con el priismo, era previsible que también asumiera las consecuencias. Sólo que hoy él llama a un entendimiento y conciliación que su gobierno y su partido mismos no fomentaron.

La nueva crisis en la que está sumido el país tiene que ver con la desmoralización total de la política, y el predominio de los intereses de grupo respecto a los asuntos que son prioridad para la nación. Tal pareciera que la ruptura de acuerdos y el choque impulsivo por motivos electorales, se están convirtiendo en las constantes de este gobierno federal, que cada vez busca con más desesperación las fuentes de poder que no puede obtener por la vía democrática.

Es cierto que en las guerras de poder todo se vale. Sin embargo, es aberrante que la agenda nacional esté hoy condicionada a los designios de un solo hombre, y que por la contraparte esté también adherida al calendario electoral de las fuerzas políticas. Por eso México tiene pocas posibilidades de avanzar. Porque los hombres de Estado escasean, y los hombres de partido abundan. Bien dicen, ante ello, que los llamados “políticos profesionales” en los últimos años le han hecho mucho daño al país.

Esta semana, en el Partido Revolucionario Institucional ocurrió el registro de un precandidato único, que de modo inminente se convertirá en abanderado priista a la gubernatura del Estado. En el otro frente, el opositor, todos los partidos integrantes de la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso de Oaxaca, ratificaron al senador con licencia, Gabino Cué Monteagudo como su candidato a Gobernador. Así, las cartas de las fuerzas políticas en el estado son hoy visibles y se aprestan a librar una batalla electoral que se antoja como una de las más competidas y trascendentales que hayan ocurrido en el Estado.

Oaxaca, por su ubicación estratégica dentro del mapa electoral del país, ha sido siempre un referente de lo que ocurre en el país, y particularmente en el priismo. Como uno de sus principales bastiones, es una de las pocas entidades federativas en la que el tricolor sigue siendo una fuerza hegemónica, independientemente de las circunstancias de atraso o democracia por las que ha atravesado el país.

Es esa misma razón, la que recurrentemente ha tentado a las fuerzas opositoras a tratar de lanzar ofensivas electorales determinantes, para tratar de arrebatar no sólo un gobierno estatal, sino sobre todo uno de los puntos neurálgicos y emocionales en los que se determina el empuje del priismo.

De ahí que prácticamente desde que ocurrió la alternancia de partidos en el poder federal, los gobiernos del Partido Acción Nacional, y de la Revolución Democrática que hicieron presencia en otras entidades de la República y el Distrito Federal, hayan tratado de emprender estrategias para lograr el ansiado cometido de convertir un territorio eminentemente tricolor en azul, amarillo o de los colores de alguna otra fuerza política distinta al priismo.

Eso es lo que ha ocurrido alrededor de Oaxaca. Si se mira con objetividad, la nuestra no es una entidad que tenga una representación determinante en los márgenes de votación, que sea esencial por su número de votantes o por su empuje político o electoral hacia el priismo. Más bien, al ser una de las pocas entidades en las que recurrentemente se refrenda la hegemonía priista, se ha convertido en un espacio en el que se pretenden, además de las victorias electorales, los triunfos morales que tienen un valor agregado para las fuerzas políticas.

EL CONTEXTO

Oaxaca representa varias paradojas. Luego de haber sido un actor decisivo en las batallas revolucionarias, y en la democratización del país en el siglo XIX y principios del XX, es hoy una de las pocas entidades en las que la fuerza disciplinada del priismo continúa ganando todo.

Eso habla, es cierto, de la construcción de una estructura electoral sólida que ha podido traspasar a los hombres y las generaciones, y se ha mantenido como un eje sólido en el que convergen la mayoría de los intereses políticos fundamentales para la entidad. Sin embargo, esa situación denota también un atraso en cuanto a la evolución de la democracia y la manutención de una forma de gobierno vertical y rígida, que paulatinamente se ha ido superando en otras regiones de nuestro país.

A Oaxaca no llegó con una fuerza determinante la fiebre de la alternancia en el año 2000. Para entonces, ya algunos gobiernos estatales y municipales se encontraban gobernados por fuerzas de oposición al PRI. Incluso, la capital oaxaqueña fue ganada y retenida por el Partido Acción Nacional, que se convirtió en punta de lanza para los primeros intentos por derrocar al priismo.

No pudieron hacerlo en los comicios de 1998, cuando José Murat ganó, para el PRI, la gubernatura del Estado. Tampoco en 2001, cuando la capital oaxaqueña fue ganada por el convergente Gabino Cué Monteagudo, pero todas las posiciones legislativas retenidas por el priismo. Tampoco pudieron en 2004, cuando la oposición se juntó en una sola causa, sin poder arrebatar la gubernatura y ni siquiera lograr una presencia importante, o equilibradora, en el Congreso del Estado.

2006, sin embargo, fue la punta de lanza para la reactivación de los intentos opositores. El contexto particular de ese año fue determinante: cuando ocurrieron los comicios, aquí se desarrollaba uno de los conflictos sociales más álgidos de que se tenga memoria en Oaxaca y en el país. Todo se desató ante una mala decisión del gobierno de Oaxaca, de emprender una intervención policiaca a un plantón del magisterio que entonces se encontraba en el zócalo.

El repudio popular a esa medida fue enorme, y el voto de castigo no se hizo esperar, y al priismo le arrebataron las senadurías por mayoría relativa, y 9 de las 11 diputaciones federales que entonces estaban en disputa, y que quedaron en manos del Partido de la Revolución Democrática y las fuerzas políticas que lo acompañaban. El resultado estatal de los comicios presidenciales, fue arrolladoramente favorable al candidato Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, los malos resultados y los malos candidatos propuestos por el PRD, que ganaron en la vorágine del 2006, pronto hicieron que el electorado retornara a las preferencias anteriores. En 2007, al año siguiente del conflicto, el PRI arrasó nuevamente en los comicios estatales; y en 2009, recuperó las 11 diputaciones federales que se disputaron en la elección federal intermedia.

Esto último, junto con la implacable victoria del priismo en la mayoría de los distritos electorales del país, llevó a decidir una alianza electoral que hoy está representando altos costos para todas las fuerzas involucradas. El PAN se alió nuevamente con el PRD, PT y Convergencia para impulsar, de nuevo, a Gabino Cué como candidato a la gubernatura.

PUJA EN EL PRIISMO

En el priismo pesó de manera determinante la institucionalidad que los caracteriza. Aunque en noviembre pasado comenzó un proceso interno en el que aseguraron que habría democracia, al final pesaron más las decisiones del priismo tradicional, y finalmente el elegido como candidato a Gobernador, fue el diputado federal con licencia, Eviel Pérez Magaña.

Sobre él pesan cuestionamientos y confianzas importantes. En el primero de los casos, porque es un personaje con poca ascendencia y experiencia dentro de la clase política tricolor, y porque no había tenido un desempeño que le permitiera posicionarse con antelación ante el electorado. Sin embargo, y en contraparte, el proviene de una casta priista que, a pesar de las circunstancias, lo ha ganado todo. Todos podrán cuestionar lo que sea al gobierno de Ulises Ruiz. Pero nadie puede argumentar en contra de que ésta ha sido una clase política que se ha podido imponer a todas las adversidades y retos que le han presentado las circunstancias.

Los números, como se ha apuntado en otros espacios, no mienten. Independientemente de los resultados de las últimas votaciones, lo que queda claro es que aquí triunfará quien emprenda la mejor estrategia electoral, independientemente del posicionamiento de cada uno de los aspirantes, o su ascendencia política. La confianza priista radica en que su inminente candidato a gobernador es un personaje alejado de las cargas políticas que podrían tener otros de los aspirantes, y es también un elemento perteneciente al núcleo más cercano al actual gobernante.

LAS CARTAS, ECHADAS

Hoy puede verse, ya, en toda su magnitud lo que será la elección de julio próximo. El priismo se jugará no sólo las batallas morales o la gubernatura del estado, sino un proyecto político que pretende tener alcances nacionales. La oposición, por su parte, pretende arrebatar al priismo uno de sus bastiones morales más importantes, para ir abonando la causa del 2012, en la que la consigna fundamental parece ser la de impedir que el PRI regrese a la Presidencia de la República.

Poco es, en realidad, lo que puede confiarse a la fuerza en sí de cada uno de los candidatos. Cada uno de ellos, en el priismo y la oposición, representa una porción apenas de lo que será esta batalla, en la que estarán presentes no sólo las fuerzas políticas o los abanderados, sino también los recursos y los operadores tanto del gobierno federal, como de los gobiernos perredistas y panistas en las entidades federativas, y lo más granado del priismo en las lides electorales que, valga decirlo, de Oaxaca se exportan al resto del país.

Aquí se enfrentarán la innovación de Eviel Pérez, con el segundo intento por ganar la gubernatura de Gabino Cué. Nadie, evidentemente, querrá venir a Oaxaca a hacer el ridículo o a perder arrasadoramente los comicios. Más bien, este será el ejemplo de cómo se ha perfeccionado la maquinaria de los procesos electorales, y de cómo los mecanismos electorales tienen aún la posibilidad de ser el elemento determinante para la democracia en México.

A Oaxaca vendrán a jugarse las primeras batallas políticas que se avecinan para el futuro. Los antecedentes dan pautas. Pero nadie puede asegurar que tiene la partida en la bolsa.