Rupturas: resultado de candidaturas y decisiones impuestas

+ Arnaud: uno de los seis desplazados; ¿Y rupturas priistas?

La renuncia al Partido Acción Nacional de Pablo Arnaud Carreño —símbolo icónico no de ese partido, sino de la oposición en Oaxaca—, refleja uno de los efectos que hasta ahora se habían reprimido respecto a las decisiones impositivas y excluyentes, de las que se valió la conformación de la coalición Unidos por la Paz y el Progreso de Oaxaca. Esto es, el grosero desplazamiento y ninguneo del que fueron objeto todos los personajes que inicialmente fueron presentados como los prospectos de cada uno de los partidos que participan en dicha alianza. Este efecto, que no es privativo de las fuerzas opositoras, revela la calidad de la democracia interna en las fuerzas políticas.

¿Alguien recuerda, por lo menos, quiénes fueron los personajes que, en diciembre pasado, presentaron las fuerzas de oposición, como sus potenciales “cartas fuertes” para disputar la gubernatura del Estado al Partido Revolucionario Institucional? El 28 de diciembre pasado, ocurrió una reunión pública en la que participaron los siete principales prospectos opositores. Éstos fueron, por Acción Nacional, Pablo Arnaud Carreño, Huberto Aldaz y Gerardo García Henestroza; por el Partido de la Revolución Democrática participaron Carlos Altamirano Toledo y Othón Cuevas Córdova; y por el PT y Convergencia asistió el ahora candidato, Gabino Cué Monteagudo. Incluso, en aquella reunión inicial también participó Irma Piñeyro Arias, en representación de Nueva Alianza.

Hoy, ante la renuncia de Arnaud Carreño, no sólo tendríamos que preguntarnos cuál fue la razón que motivó esa decisión, sino también ver algo por demás lógico: que todas las inconformidades, y hasta los deslindes que hasta ahora han ocurrido en la Coalición opositora, se explican en la forma en cómo ésta se conformó y tomó sus principales decisiones. Pero vayamos por partes.

Quizá la desmemoria ataca a muchos que ahora se dicen sorprendidos por la decisión de Arnaud Carreño. Pero fue en enero pasado, cuando una dirigencia nacional no sólo “destapó” oficialmente a Gabino Cué Monteagudo como su candidato a Gobernador, sino que asestó, además, un certero albazo a la democracia interna a la que, según, jugaban las fuerzas y los personajes que aquí en Oaxaca luchaban por conformar la Coalición, y ninguneó a todos los que habían creído en esa democracia. Ese partido, para quien no lo recuerde, no fue ni Convergencia ni el PRD. Fue Acción Nacional. Y el ahora ex Panista, fue uno de los damnificados directos de ese madruguete.

Arnaud, que se caracterizó en Oaxaca por ser un panista congruente y comprometido, y que, con sus triunfos electorales tanto en la alcaldía, como en una diputación federal, en tiempos de un partido oficial mucho más dominante e intolerante, se afianzó como uno de los iconos más representativos de quien alcanza cargos públicos desde las trincheras ciudadanas. Bueno, pues todo eso no le fue suficiente como para ser tomado en cuenta por su partido no sólo respecto a las postulaciones más recientes, sino tampoco para ocupar puestos importantes ahora que el gobierno federal es, y desde hace una década, nada menos que panista.

La suma de esos factores, fue lo que seguramente motivó a Arnaud a abandonar las filas del partido en el que tradicionalmente militó. Fue él, pero igual pudo haber sido otro de los personajes que, lo acepten o no, fueron la comparsa perfecta que finalmente contribuyó a legitimar la candidatura de Cué Monteagudo. Ninguno de ellos fue tomado en cuenta para la labor política que seguramente esperaban. Y pudo haber sido él, o cualquiera de los que fueron presentados como “cartas fuertes”, y finalmente fueron echados en el saco del olvido, apenas se cumplieron las formas democráticas mínimas en la alianza opositora.

¿“UNIDAD” PRIISTA?

La renuncia de Pablo Arnaud, además de ser la consecuencia natural de una posible oferta que pudieran haberle hecho desde el priismo, es también un reflejo fiel de lo que provocan los procesos internos que no alcanzan a tener el calificativo corroborable de “democráticos”. Si esto es así, ¿por qué en la casa de enfrente, es decir, en el PRI, no hubo ruptura?

La respuesta fácil podría encontrarse en lo que se conoce como “operación cicatriz”. Es decir, en las negociaciones que se hacen en medio de un proceso interno, para que a través de ella nadie resulte ser un completo perdedor, frente a quien de antemano ya se impuso sobre todos los participantes. Si esto pudiera ser parcialmente válido, la respuesta también debería enfocarse a lo irremediable que resulta ser, para muchos priistas, la disyuntiva entre atender a la congruencia, o doblegar sus convicciones ante una mera conveniencia.

Existen dos ejemplos claros, en el priismo, de cómo se atiende a la convicción, y cómo a la conveniencia. Una ruptura que el priismo no ha querido reconocer como tal, pero que ocurre en los hechos, es la relativa al diputado federal Jorge Franco Vargas. Éste, además de participar en el proceso interno y de haber jugado un papel trascendental en el ánimo del actual Jefe Político, resultó ser uno de los varios desplazados por la decisión final que se tomó en el priismo.

Fue, junto con el senador Adolfo Toledo Infanzón, uno de los que se dijeron en contra de las prácticas antidemocráticas en el priismo, y que amagaron con ruptura. ¿Y cuál fue la diferencia entre uno y otro? Que Franco Vargas, frente a todas las consecuencias posibles, decidió asumir la decisión de no involucrarse en tareas políticas si no era él el abanderado.

Pero Toledo Infanzón, aún cuando era el puntero en las encuestas, prefirió doblegarse y anteponer a sus pretensiones “la unidad del partido”. Aunque, en realidad, ese fuera el escondite en el que ocultó el temor de quedar no sólo fuera de la contienda, sino también de la sucesión, del posible triunfo electoral, y de todos los privilegios que esto implica. Así, las fracturas existen, pero hasta ahora, por decoro o conveniencias, ninguna ha sido expuesta.

LOS ERRORES DE PABLO

Lamentablemente, toda la congruencia que demostró Pablo Arnaud con su renuncia, la dilapidó en la imprudente decisión de mostrarse, inmediatamente, como un aliado del candidato priista, Eviel Pérez Magaña. No es mala su adhesión: al contrario. Pero fue eso lo que dio pie a todos los improperios que le lanzaron desde el PAN. Fue un error descuidar las formas. Para no parecer un oportunista.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

almargenoaxaca.wordpress.com

Flavio Sosa: choque interno en Coalición por su candidatura

+ PT: reflejo de lucha entre opositores radicales y moderados

La semana pasada, dentro y fuera de la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso de Oaxaca, se escucharon sendos llamados a Flavio Sosa Villavicencio para que declinara la candidatura que el Partido del Trabajo le otorgó, en el primer sitio de su lista a las diputaciones por el principio de representación proporcional. Más allá de la convulsión ciudadana y partidista que provocó dicha postulación, cabría preguntarse cuál fue el método y quiénes los responsables de esa decisión que cimbró fuertemente a la alianza opositora.

Para entender esta decisión, es necesario comenzar por delinear el contexto en el que se erigió la Coalición opositora. Como lo hemos dicho en otros momentos, la unión partidista se logró gracias al consenso de fuerzas políticas otrora lejanas como el PAN, el PRD, PT y Convergencia. Fueron las dirigencias nacionales de esos partidos quienes establecieron las bases fundamentales de la Alianza, y una vez afianzada la candidatura común a Gobernador de Gabino Cué Monteagudo, trasladaron las siguientes decisiones y negociaciones a las dirigencias estatales.

Esas decisiones y negociaciones que dejaron en manos de las dirigencias estatales, son las correspondientes a las diputaciones y presidencias municipales. Como bien se sabe, la ley electoral establece que dos o más partidos pueden postular a un mismo candidato, pero que cada uno debe conformar sus propias postulaciones para cada uno de los cargos públicos en disputa.

Así, entre las dirigencias locales de los aliancistas se tenía la previsión de que, por el Partido del Trabajo, la lista de candidatos a diputados por la vía de los llamados “plurinominales”, sería encabezada por Daniel Juárez u Otilia Galindo. Eso era lo que consideraban como posible hasta que, el pasado 19 de mayo, todos recibieron con sorpresa la noticia de que dicho instituto político, había inscrito a Sosa Villavicencio ante el IEE, como el primero en su lista de representación proporcional.

Evidentemente, nadie en las fuerzas aliancistas recibió con agrado, desde el primer momento, tal postulación. Primero, porque ésta tendría un impacto negativo directo en los índices de aceptación del candidato Cué Monteagudo; segundo, porque tal decisión se había tomado contraviniendo las reglas internas de la coalición. Y tercero, porque todo esto fue asumido como una decisión impositiva de la dirigencia nacional del Partido del Trabajo, que habría sido conseguida no sólo a través de la fuerza, sino del engaño a ciertos órganos internos y personajes del petismo local y nacional.

Así, la primera decisión tomada por las fuerzas coaligadas, fue la de hacer ciertas mediciones, respecto a cómo la ciudadanía había tomado la postulación de Sosa. Rápidamente se dieron cuenta que el cálculo sobre impacto negativo hacia la candidatura de Cué—que es la que finalmente todos asumen como prioritaria— llegaba a ser de alrededor de un punto porcentual directo en las encuestas. Es decir, que para efectos de aceptación popular, esto era un pesado lastre más que una contribución a la Coalición. Por ello, la percepción de ese malestar ciudadano fue la primera de las razones que motivó a los dirigentes opositores para llamar a Sosa a reconsiderar la posición que le había dado el PT.

Esto era de sí importante, aunque había más razones. A decir de las fuentes consultadas, la candidatura de Sosa fue tomada rebasando a las dirigencias locales de los partidos aliancistas. Y esto, según lo dicho, era contrario a algunos pactos internos, que señalaban que cada una de las decisiones debía tener los consensos necesarios de todas las fuerzas coaligadas, precisamente para evitar que las disposiciones de unos pudieran llegar a afectar a los demás en los intereses comunes.

Sin embargo, con todo esto sigue en pie la pregunta: ¿Qué hizo Sosa para conseguir esa candidatura? ¿Quiénes y cómo lo impulsaron? Y, sobre todo, ¿Bajo qué argumentos lo hicieron?

POSTULACIÓN TIMADORA

Fue un grupo de antiguos militantes del Partido de la Revolución Democrática, ahora identificados con el PT de Andrés Manuel López Obrador, quienes tomaron como bandera la causa de Sosa. Así, el senador Salomón Jara, Otilia Galindo y César Mateos, entre otros, fueron quienes acudieron, en la Ciudad de México, ante los órganos nacionales del petismo, para abogar por la postulación del otrora Dirigente de la APPO.

Una vez que elevaron ante las instancias nacionales petistas, la petición de postular a Sosa como cabeza de la lista plurinominal del PT en Oaxaca, éstos cuestionaron la aceptación tanto de la dirigencia estatal como de la representación legislativa federal del partido. Dicho grupo de personajes, argumentó que por parte del petismo local no existía inconveniente, y con ese argumento convencieron al diputado federal Francisco Amadeo Espinosa Ramos, quien aún cuando no tiene ninguna cercanía o interés político en Oaxaca, es el que representa a la tercera circunscripción federal en los órganos nacionales de dirección del petismo.

Así, con esos dos avales, ese grupo de perredistas ahora identificados con la causa petista de López Obrador, fue como lograron desplazar a quienes las fuerzas aliancistas tenían como candidatos previstos por el PT, e impusieron a Sosa Villavicencio. En un primer momento, Cué Monteagudo no se pronunció abiertamente en contra del Dirigente appista, para no entrar en colisión directa con el grupo perredista que le es necesario para sostener sus posibilidades de triunfo.

Pero en el llamado hecho por los dirigentes partidistas a Sosa para declinar la candidatura, se da cuenta puntual de cuánto molestó a las fuerzas coaligadas no sólo la postulación, sino el manejo político engañoso que se hizo de la misma, y el ninguneo a los acuerdos previos.

OPORTUNISMO PRIISTA

Una vez asimilada la molestia que causó la postulación de Sosa entre los opositores, la dirigencia estatal del priismo quiso tomar ventaja. Por eso emplazaron a la Coalición a retirar esa candidatura. El objetivo era, en sentido contrario, provocar que Sosa se aferrara a la posición. La jugada parecía redonda. Sólo que la forma en que lo hicieron, más que ayudarles, los hizo ver ante el público, como injerencistas, antidemocráticos y oportunistas, y no como los “estrategas” que ellos creen ser. Esto fue, en resumen, un perder-perder para todos.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

almargenoaxaca.wordpress.com

México: la tele, con más poder que el Estado

La noche del lunes 17 de mayo, en el momento cúspide del noticiero estelar de la empresa Televisa, el periodista Joaquín López-Dóriga hizo un anuncio que dejaría en claro el poder de la televisión en México, y que marcaría nuevas pautas no sólo para comprender el alcance que tienen hoy ciertos medios de información, sino también lo desvirtuado que se encuentra el poder y la capacidad de acción del Estado mexicano, ante un asunto tan grave como el del secuestro del abogado y político militante del Partido Acción Nacional, Diego Fernández de Cevallos.
El periodista, en el anuncio a nombre de la empresa en donde trabajo, dijo, textualmente: “Y ahora le voy a informar lo siguiente. Mire usted, ante esta delicada, incierta situación por la que atraviesa Diego Fernández de Cevallos, por respeto a su familia, por el espacio que nos han pedido para las posibles negociaciones con los captores, pero por encima de todo, por el respeto a la vida de Diego, noticieros Televisa ha tomado la decisión editorial de no volver a informar de este caso hasta su desenlace, es una decisión de anteponer una vida humana, la de Diego, a este que es el ejercicio periodístico. No ha sido, no, una decisión fácil, pero sí una decisión firme”
De inmediato, comenzó un intenso debate que ha abarcado diversos puntos. Uno de los más trascendentales, fue que la decisión adoptada por la empresa televisora más importante del país, en primer término parecía positiva en cuanto a la preservación de la vida del personaje secuestrado. Sin embargo, también se generó un intenso cuestionamiento respecto a las razones que habían llevado a la televisora a un silencio voluntario, cuando esa no había sido una práctica común en otros asuntos similares. Y llamó por demás la atención que, no se sabe si por mandato expreso, u oficiosamente, un número importante de medios informativos electrónicos y escritos del país —junto con el propio gobierno federal— también decidieron no dar más voz e información sobre este asunto, para sólo tratarlo en la privacidad, y como un mero asunto entre particulares.
¿Qué implica que calle una empresa como Televisa? ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a ese grupo televisivo, que concentra un importante poder mediático, a tomar la vanguardia en un asunto en el que luego sería secundado nada menos que por el gobierno de la República? ¿Y por qué, finalmente, las propias instancias ministeriales tanto de Querétaro, como las federales, decidieron hacerse a un lado a petición expresa de la familia del secuestrado, por dejar ver la posibilidad de que no confían en las instituciones del país? Así, ¿qué podemos esperar de la procuración de justicia en el país?

TELEVISA: AMPLIO PODER MEDIÁTICO
El silencio de Televisa no sólo debe entenderse en la lógica de una empresa común. En realidad, la televisora concentra, por todos sus canales de televisión tanto en señal abierta como las satelitales y por cable —que son de paga—, los contenidos que se prefieren en siete de cada diez televisores existentes en México. Así, el poder que se concentra alcanza niveles exorbitantes que, sin embargo, son poco tomados en cuenta por los televidentes comunes.
Si Televisa concentra el contenido de las dos terceras partes de la atención nacional a través de la televisión, entonces la trascendencia de su poder es inmensa. A pesar de los claros rasgos de la apertura democrática que se vive en el país, el de la televisión continúa siendo un monopolio no sólo de las señales, sino también de la información que se difunde, e incluso de la verdad y el silencio.
En este caso, existen señalamientos relativos a que la empresa televisiva no decidió guardar silencio y prudencia en este asunto, por una cuestión de vocación por la preservación de la vida, sino por una petición salida de la propia presidencia de la República. De este modo, el gobierno federal trató de contener el impacto mediático del hecho, a través de la alianza con quienes concentran el mayor poder de concentración en la opinión pública nacional.
En otros muchos casos, Televisa no ha sido ni tan prudente ni tan considerada con la víctima de un delito. Baste con comprobar que apenas unas semanas atrás, cuando ocurrió la desaparición de la menor Paulette Guebara Farah, fue esta empresa quien dio los mayores espacios de difusión a un asunto que, al igual que el del llamado Jefe Diego, no dejaba de ser polémico pero, finalmente, un tema que bien podría ser catalogado como “de policía”. Ni entonces, ni antes, Televisa había mostrado esa vocación por el silencio. A pesar de que, en los nueve días en que la menor permaneció en calidad de desaparecida, también se especulaba fuertemente sobre la posibilidad de un secuestro.

POLÍTICA DE SILENCIO, EXTENDIDA
Así de incomprensible como parece, docenas de medios se sumaron al silencio de Televisa. Era, supusieron, para dar paso a que se entablara comunicación entre la familia y los secuestradores; y para que también el gobierno federal hiciera lo propio con las investigaciones correspondientes. ¿Era de verdad necesario, decretar esta veda informativa? Tal parece que no.
Empresas como el diario Reforma, a diferencia de Televisa, han dado un seguimiento puntual a las pesquisas y a los avances en cuanto a las posibilidades de rescate del Abogado que, sin embargo, no han significado escollos ni para las negociaciones ni para la preservación de la vida del secuestrado. La diferencia, entonces, no se encuentra entre el poner en riesgo la integridad de un plagiado y callar, sino en la complicidad que uno o varios medios traban con el gobierno, para evitar que la sociedad masificada se entere de ciertos hechos y cuestione de mejor modo a quienes fallan en la labor de brindar seguridad y certeza a los ciudadanos.
Por eso, medios como Televisa decidieron no hablar más del tema —independientemente del interés periodístico que pudieran tener ciertos aspectos de este asunto—, y otros decidieron actuar con prudencia y responsabilidad en el manejo informativo de un caso sobre el cual sí debe estar enterada la sociedad mexicana.

JUSTICIA, GARANTÍA EN LA QUE NADIE CREE
Hace exactamente una semana, Diego Fernández de Cevallos Gutiérrez, hijo mayor del ex senador de la República dio a conocer un comunicado en el que solicitó a las autoridades mantenerse al margen de toda investigación sobre el secuestro de su padre, a fin de favorecer el proceso de negociación para la liberación del llamado Jefe Diego.
En un mensaje que la familia del Abogado hizo llegar a los medios de comunicación, la familia de Fernández de Cevallos agradece a las autoridades “su diligente y comprometido actuar” tras confirmarse la desaparición del político. “Pero solicitamos encarecidamente que se mantengan al margen de este proceso, para así favorecer la negociación, anteponiendo la vida e integridad de nuestro padre”, dice la carta divulgada por la familia.
A esto, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, replicó lo siguiente: “El gobierno (federal) será muy respetuoso al respecto de las decisiones de la familia en ese sentido y buscará siempre ser un espacio útil para lograr este propósito”.
¿Qué significado tiene la petición de la familia? Primero, que aún cuando los mismos panistas han cuestionado el atraso de las leyes relacionadas con el secuestro, ahora todos decidieron actuar como “tradicionalmente” se hace ante un secuestro. Es decir, hacer a un lado a las autoridades, apartar del caso a todos los que pudieran implicar algún tipo de riesgo, y negociar directamente con los plagiarios.
¿Que no ahora mismo se tendría que estar discutiendo una ley antisecuestros, que tiene cuando menos un año y medio en proceso de creación, y sobre la cual los partidos políticos no se pueden poner de acuerdo? El hecho es, que independientemente de los discursos o las proclamas partidistas o del gobierno federal, esto nuevamente vino a poner en evidencia las consecuencias de la falta de consensos en el país, y la poca credibilidad que hasta las familias más cercanas al gobierno, tienen de las instituciones ministeriales del país.
Este asunto es ampliamente revelador. Todos los involucrados decidieron apartarse, y callar, para facilitar un proceso de negociación que, de acuerdo con la legislación de otros países, sería simplemente imposible, e incluso ilegal para todos los implicados. Pero en México, para contener los costos políticos y los riesgos reales de la corrupción y la ineptitud de las instituciones, se prefirió echar mano del silencio de la televisión, de la complicidad de algunas otras empresas, y ceder a las pretensiones de grupos que se dedican a extorsionar y a delinquir organizadamente.

Ley antiaborto; efectos que (quizá) no consideró legislador

+ Píldora del día siguiente: dilema por objeción de conciencia

Hace unos meses, Oaxaca se unió a los casi veinte estados de la República mexicana que modificaron sus constituciones domésticas para cerrar la puerta a toda posibilidad de legalizar y regular la práctica del aborto voluntario. Este tipo de iniciativas, que parecerían propios de los sectores conservadores de la sociedad, y de los partidos identificados con la derecha política, también se han dado entidades gobernadas por un partido de centro y socialdemócrata, como el Revolucionario Institucional.

Estas disposiciones, que fueron tomadas en base a ciertas conveniencias políticas, continúan abriendo debates importantes que, alejados justamente de las conveniencias, dejan ver las serias implicaciones que todo esto podría tener, para la capacidad de decisión que a toda mujer se le debe respetar, respecto a la posibilidad de convertirse en madre. Ante las disposiciones comunes, lo que hoy ocurre en entidades más conservadoras, en cualquier momento podría ocurrir también en Oaxaca.

Ubiquemos, en primer plano, el contexto en que se dan estos debates sobre el aborto. En abril de 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aprobó reformas a su Código Penal, en la que dispuso la despenalización del aborto voluntario, y dispuso que todas las instituciones públicas de salud en la capital del país, debían acceder a la práctica del aborto a las mujeres que, acreditando ciertos requisitos, lo solicitara.

Algunos meses después, el gobierno federal presentó una Acción de Inconstitucionalidad en contra de esas disposiciones, a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, un año después, que no existía contravención a la Constitución General de la República en lo legislado en la capital del país.

Estas dos decisiones fueron vistas por lo principales grupos conservadores del país, como una amenaza. Tanto la Iglesia Católica, como el PAN, llamaron a condenar lo dispuesto por el Poder Legislativo de la capital del país. Y a cambio de ciertas contraprestaciones, iniciaron un intenso cabildeo en las entidades federativas, para que en sus constituciones particulares se estableciera expresamente que en sus ámbitos de competencia, se garantizaba el derecho a la vida desde el momento de la concepción.

Así comenzó a ocurrir en cada una de las 17 entidades federativas en donde hoy existen disposiciones similares. Al menos en Oaxaca, en septiembre de 2009 se presentó una iniciativa de reforma a la Constitución del Estado, en la que se proponía modificar el artículo 12, para que éste contemplara la garantía que antes se comenta. Aunque el proyecto fue presentado por AN, éste fue confeccionado entre los asesores de la fracción parlamentaria del PRI. Y al final, la propuesta fue aprobada por ambas fuerzas políticas, en un acto que equiparó a Oaxaca con las entidades gobernadas por las fuerzas más reaccionarias de México.

Así, cuando parecía que todas las discusiones sobre ese asunto estaban agotadas, hace unas semanas surgió una nueva disputa: el gobierno del estado de Jalisco, en manos de Acción Nacional, presentó ante la Suprema Corte una Controversia Constitucional a través de la cual trataba de invalidar lo dispuesto por una Norma Oficial Mexicana, que obliga a todas las instituciones públicas a tener a disposición del público la llamada “píldora de emergencia” o “píldora del día siguiente”, e informarle sobre su uso.

El gobernador Emilio González Márquez objetó dicho método al calificarlo de abortivo,  de atentar contra las leyes domésticas del estado de Jalisco, e incluso de contravenir la conciencia de los médicos y trabajadores de los servicios de salud que las ofrecen. Vale la pena revisar cómo resolvió la Corte dicha controversia, hace apenas un par de días.

DISCUSIÓN CONSTITUCIONAL

El pasado 27 de mayo, la Corte Nación declaró constitucional la Norma Oficial que obliga a los hospitales a ofrecer anticoncepción de emergencia a mujeres víctimas de violación, y, en casos de embarazo, a practicar abortos previa autorización del Ministerio Público, la cual había sido impugnada por Jalisco.

Por 10 votos contra uno, y luego de seis sesiones de un debate intenso, el Pleno de la Corte determinó que la Norma, no invadió atribuciones del Congreso de Jalisco. La resolución del Alto Tribunal, rechazó la demanda presentada por el gobernador Emilio González Márquez, en la que considera que la llamada píldora del día siguiente es un aborto químico.

De acuerdo con información del diario Reforma, lo que determina la NOM impugnada no es más que un método de anticoncepción, el cual además debe ser administrado solamente con el consentimiento informado de la usuaria, y no un procedimiento de interrupción del embarazo que pueda tipificar en ningún sentido el delito de aborto, al no existir embarazo.

¿Qué revela esta discusión habida en la Corte? Que aún hoy, frente a lo claras que parecen haber quedado las diferencias entre lo que se entiende como un método de anticoncepción preventivo, y otros abortivos, continúan esgrimiéndose cuestiones de conciencia para tratar de no aplicarlo. Estas cuestiones, que a nivel profesional se conocen como “objeción de conciencia”, consisten en que los médicos pueden objetar sus propias creencias, moral y consideraciones éticas o científicas, para no aplicar el contenido de una ley.

En este caso todo eso queda claro. La Norma Oficial en cuestión, no deja al criterio de los empleados públicos de la salud el ofrecer o suministrar la píldora del día siguiente a toda mujer que, informadamente, así lo solicite. Más bien, los obliga a cumplir con esa determinación que, ahora con lo determinado por el Alto Tribunal, está claro que no viola preceptos legales de tipo penal, previstos en las normas jaliscienses, y que tampoco queda al arbitrio o la conciencia de quienes se encuentran constreñidos a esa acción.

ESPEJO, ESPEJO…

¿De qué sirve, en este sentido, objetar esas medidas esgrimiendo la conciencia, cuando son pocos los que se preocupan por atender a esa población vulnerable, que son los niños en estado de maltrato o abandono? Aquí mismo en Oaxaca, quienes se asumen a favor de las disposiciones antiaborto, deberían comenzar a contribuir con hechos, viendo porque fueran atendidos los cientos de niños “en situación de calle” o los más, que sufren en casas hogar. Para ellos, sí que la vida es difícil.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

almargenoaxaca.wordpress.com

IP: es imprudente pedir de nuevo mano dura contra bloqueos

+ Pablo Arnaud: todos los “gallos” de la oposición, ignorados

En una reunión con el candidato de la Coalición por la Transformación de Oaxaca, Eviel Pérez Magaña, representantes de diversas organizaciones de hoteleros, comerciantes, transportistas, restauranteros, y otros rubros, le exigieron la aplicación de “mano dura” en contra de los grupos que buscan desestabilizar la entidad a través de bloqueos, marchas y manifestaciones. Ante las experiencias, ¿podemos seguir suponiendo que aplicar la “mano dura”, es la solución?

Para responder a esa pregunta, los oaxaqueños de a pie necesariamente debemos entender el presente, aunque no sin dejar de acudir al pasado reciente. En este sentido, es evidente que los comerciantes y prestadores de servicios de la capital oaxaqueña, son los más afectados por las acciones no sólo del magisterio, sino de todos los grupos que recurrentemente afectan la vía pública.

Es, en este sentido, perfectamente comprensible que se sientan agredidos todos aquellos propietarios de los pequeños y medianos comercios que, en días como el de ayer, fueron afectados por el llamado “boicot comercial” que el día de ayer emprendieron los profesores de la Sección 22 del SNTE. Es imposible regatearles la inconformidad respecto a las acciones de protesta, que dentro de un par de semanas comenzarán a ocurrir, cuando los “profesores democráticos” estallen su paro indefinido de labores y se establezcan en plantón en todo el primer cuadro de la capital oaxaqueña.

Sin embargo, nuevamente ante ello, tendríamos que preguntarnos: ¿Es la solución aplicar la mano dura? En base al pasado reciente, la respuesta necesaria tendría que ser en sentido negativo. La realidad misma ya enseñó tanto al gobierno estatal, como a los grupos que se vieron involucrados en el conflicto magisterial y popular de 2006, todas las consecuencias que trae aparejada una incorrecta aplicación de las atribuciones de fuerza que tiene el Estado.

Baste recordar lo ocurrido hace cuatro años: luego de un paro de labores y un plantón en el corazón de la capital oaxaqueña, que había durado 22 días, diversos grupos de comerciantes y prestadores de servicios exigieron al gobernador Ulises Ruiz, justamente que aplicara la mano dura en contra de los inconformes, y los desalojara. Si se tiene memoria, una de las razones fundamentales que siempre ha dado el Mandatario para haber decidido la aplicación de la fuerza, fue justamente esa: que diversos grupos se lo habían solicitado, y que él había respondido a tal exigencia emprendiendo un operativo policiaco, aquel fatídico 14 de junio de 2006, para despejar las calles del Centro Histórico de Oaxaca de Juárez.

Las consecuencias fueron funestas para todos: la aplicación de la “mano dura” derivó en una inconformidad de grandes magnitudes, que se prolongó por más de siete meses y que tuvo escaladas de violencia nunca antes vistas en la entidad. El conflicto dejó pérdidas para todos los sectores productivos de la entidad —principalmente los relacionados directa o indirectamente con la industria turística—, que hoy se calculan en varios miles de millones de pesos. Se perdieron más de 10 mil empleos directos, que con dificultades se han podido ir recuperando.

Al final, cada quien cargó con sus propios daños: el gobierno estatal se conformó con haber recuperado la “paz social”, y el federal nunca cumplió con los apoyos que, en medio del conflicto, anunció para los sectores económicos afectados. Muchos comercios sucumbieron, y otros hoy todavía enfrentan deudas derivadas de aquella crisis. En aquellos momentos, nadie imaginó que la aplicación de la “mano dura” tuviera un costo tan elevado.

¿QUÉ HACER?

Ante las exigencias ahora referidas, el candidato Pérez Magaña fue cuidadoso en cuanto a no prometer justamente la aplicación de la mano dura. Esto, porque el Abanderado priista busca construirse la imagen de elemento conciliador entre quienes hoy mantienen una relación tirante y casi nula (es decir, el gobierno estatal y la Sección 22 del SNTE). Pero, sobre todo, porque más allá de sus estrategias, se deben tender otros caminos para lograr otro tipo de relación con los grupos inconformes.

¿Qué hacer, si la “mano dura” resulta ser un camino inviable? Evidentemente, la respuesta no es la de suponer que como la dureza no funciona, entonces se debe dejar hacer todo a manifestantes. No. En realidad, en lo que deberá trabajar con ahínco cualquiera que llegue a gobernar la entidad, es en la construcción de verdaderas posibilidades de interlocución, de concertación política y de sentido de la gobernabilidad, con los grupos y conflictos que recurrentemente convulsionan la ciudad como medio de hacer valer sus inconformidades.

Esto parece una utopía, o una falacia. Pero lo que ha ocurrido, cuando menos en esta administración, es que la instancia encargada de la gobernabilidad en el Estado, se ha dedicado únicamente a administrar y enfrentar los conflictos sólo cuando éstos ya estallaron. No ha existido un verdadero compromiso, y tampoco una noción clara de cómo se debe hacer algo más que preservar una “gobernabilidad”, que en realidad se caracteriza por negociar cuestiones momentáneas, pero que difícilmente logra poner remedios de fondo a los problemas que hacen crisis.

La realidad ha enseñado que en Oaxaca no son viables ni la “mano dura”, ni otras apuestas como la de la “regulación” de las manifestaciones. El único camino que queda libre, es el de construir una verdadera gobernabilidad que apueste a la posibilidad de tener interlocución con todos los actores, a la previsión de los conflictos, y a la preservación no sólo de la paz, sino de los acuerdos duraderos. Nadie, nunca, podrá terminar al cien por ciento con los manifestantes. Pero sí sería conveniente tener instancias que hicieran algo más que reaccionar —o esconderse— ante los líos que emergen.

OPOSITORES RELEGADOS

Ayer renunció Pablo Arnaud a su militancia panista. Se dijo inconforme por las faltas al respeto, a la equidad y a la democracia que ha habido en la toma de decisiones en el PAN. ¿Alguien recuerda los nombres de los seis aspirantes opositores a la gubernatura? A ninguno se le incluyó en el reparto de posiciones tanto en la campaña, como en las diputaciones plurinominales. Esta es la segunda ruptura. Podría haber más.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

almargenoaxaca.wordpress.com

Candidatura de Sosa, una provocación para fuerzas políticas

+ PRI: injerencia ociosa; La Coalición, rehén de sus fantasmas

La postulación de Flavio Sosa Villavicencio como candidato a diputado local plurinominal por el Partido del Trabajo, enfrentó a todas las fuerzas políticas en Oaxaca, a sus más reprimidos fantasmas. Cada uno de los partidos asumió posturas no propias de una democracia. Ante dicho anuncio, afloraron las intromisiones, los rubores y las falsas vergüenzas, entre todos los que pretenden evadir las responsabilidades de fondo sobre el conflicto magisterial y popular de 2006, y más bien pretenden valerse de él para sacar ventaja a sus adversarios.

Apenas habían pasado unos días, desde que el PT dio a conocer su lista de postulaciones a la diputación local por la vía de la representación proporcional, cuando representantes de la dirigencia estatal del PRI —Adolfo Toledo Infanzón y Héctor Pablo Ramírez— emplazaron a la Coalición opositora a retirar de sus candidaturas a Sosa, por considerar que éste es “un criminal no debe estar, ni en las instituciones ni haciendo leyes”.

Sorprendentemente, en la Coalición opositora también trataron de recular. Ayer mismo, los dirigentes estatales tanto del Partido Acción Nacional, como del PRD, PT y Convergencia —Carlos Moreno, Amador Jara, Daniel Juárez y Mario Mendoza— llamaron a Sosa a “reconsiderar” su postulación, y a anteponer el interés y las posibilidades de triunfo de la Alianza opositora. Así, todos los que se han servido de los actores y los hechos acontecidos durante el conflicto magisterial de 2006, hoy asumen supuestas posiciones “de pureza” no propias de partidos políticos maduros.

En primer término, es claro que la injerencia del Revolucionario Institucional en un asunto estrictamente privado de la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso de Oaxaca, era no sólo innecesaria, sino incluso condenable. Les guste o no a los tricolores, todas las determinaciones ocurridas en fuerzas políticas ajenas a ellos —independientemente del contenido de las mismas, por más abominables que éstas pudieran ser— no tienen por qué ocuparles, y tampoco les dan legitimidad para exigir acciones o abstenciones.

Y, del mismo modo, les guste o no a los priistas, Flavio Sosa es un personaje que, independientemente de los calificativos que ellos le endilguen, e incluso de que los ciudadanos podamos o no estar de acuerdo con su postulación, tiene vigentes todos sus derechos políticos; Sosa, por si no lo recuerdan, fue absuelto por los propios tribunales de Oaxaca, ante los cuales enfrentó diversos procesos penales relativos al conflicto de 2006. Y por tanto, tiene enteras posibilidades legales —que podrían no existir si la Procuraduría Estatal hubiese integrado y conducido eficazmente las acusaciones en su contra— no sólo para aceptar una candidatura, sino también para acceder al Congreso local en calidad de diputado.

De este modo, la dirigencia estatal y los estrategas del priismo no sólo revelaron lo confusa y mal intencionada que resulta ser su inconformidad. Sea como sea, entrometerse en la vida y las decisiones de terceros, es un error que revela, además, una intolerancia y un injerencismo que no corresponden lo que debería ser una fuerza democrática madura, que entiende cuál es el límite de sus derechos, dónde comienzan las potestades de los demás. ¿Acaso olvidaron que el respeto al derecho ajeno, es la paz? En su desafortunado intento por ganar adeptos en esta batalla política, ya revelaron que sí.

COALICIÓN ¿PERTURBADA?

Sin embargo, ¿por qué la Coalición opositora se “adhirió” tácitamente a la exigencia priista de retirar la candidatura de Flavio Sosa Villavicencio? Según lo que trataron de aparentar, es que esta solicitud corresponde a un intento de “control de daños” frente a una decisión del Partido del Trabajo que resultó ser impopular, y que podría generar más costos que beneficios a la campaña de Gabino Cué Monteagudo.

Sin embargo, ante esta razón, necesariamente tenemos que preguntarnos: ¿A quién pretenden engañar en la Coalición opositora? Es simplemente impensable que tanto el Candidato a Gobernador, como los dirigentes estatales de las fuerzas coaligadas, y los “cerebros políticos” de la alianza, desconocieran que uno de los partidos aliancistas tenía la intención de postular a ese personaje. Vamos, es simplemente imposible suponer que esa decisión trascendental —la posición de Sosa es la de un seguro diputado— se hubiera tomado al margen de los órganos de dirección locales y nacionales de la Coalición.

Y por si eso fuera poco, la Alianza opositora está también renegando de una de las banderas que le dio origen. El conflicto magisterial y popular de 2006, ocurrió por el choque entre el gobierno estatal y todos los grupos sociales, gremiales y políticos que le eran disidentes. El mismo Gabino Cué fue un declarado partidario de las causas que dieron origen a la Asamblea Popular, y de los argumentos esgrimidos por el magisterio de la Sección 22 del SNTE para encabezar esa lucha.

En esa lógica, puede entenderse que todos aquellos ciudadanos que en su momento apoyaron la revuelta popular, que exigieron la salida del gobernador Ulises Ruiz, y que pugnaron activamente por el cese a la persecución de personajes como Sosa, son muchos de los que ahora apoyarán con su voto a la Coalición, para expulsar al PRI del Gobierno del Estado.

Sin embargo, al renegar de personajes como Sosa, en la Alianza opositora están también renegando de sus propios antecedentes. Si en su momento todos juntos fueron tan valientes como para tomar las calles y contribuir a la violencia para lograr objetivos políticos, ahora también deberían serlo para buscar el respaldo ciudadano y encauzar esas banderas por la vía institucional. Es claro que supeditar su propio origen a razones “de imagen” y de la preservación del triunfo aliancista, es tanto como avergonzarse de los grupos que le dieron sustento y banderas de cambio en Oaxaca, a la Coalición opositora.

ENCUESTAS REPUDIADAS

Hace apenas unas semanas, todos eran partidarios de las encuestas. Como todos los encuestadores han revelado sus querencias y conveniencias, ahora todos reniegan hasta de quienes les dan el triunfo. Innecesariamente, abarataron un ejercicio importante de los procesos electorales, y los llenaron de intereses, cooptaciones y morbo. El problema, para ellos, es que a nadie sirven tanto las encuestas como a los mismos partidos políticos.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

almargenoaxaca.wordpress.com