Jefe Diego: reiteración sobre guerrilla desvía la atención

+ Autores del crimen: ¿delincuentes con forma ­de subversivos?

Enviada como una prueba más de vida, pero también del secuestro brutal de que es objeto, la tarde del pasado lunes fue dada a conocer una nueva imagen del abogado y político mexicano Diego Fernández de Cevallos en cautiverio, por un grupo delincuencial que se hace llamar “Los misteriosos desaparecedores”. Casi de inmediato, fuentes cercanas a la inteligencia civil y militar del gobierno federal, nuevamente deslizaron la posibilidad de que este secuestro en particular, sea obra de un grupo guerrillero y no de una banda criminal. Aunque en un primer momento esa presunción podría estar sustentada con razones, parece claro que más bien todo es producto de una confusión que bien podría ser deliberada.

Para entender los dos polos de este asunto, es necesario ir por partes. En primer término, es necesario dilucidar y entender las razones por las que el gobierno federal sospecha, o aparenta sospechar, de algún grupo guerrillero. Prácticamente desde el surgimiento de las principales organizaciones subversivas en México —ocurrido entre finales de la década de los sesentas, y principios de la siguiente—, éstas se valieron, como una de sus principales fuentes de financiamiento, presencia, y presión política al gobierno, de la ejecución de secuestros de alto impacto.

En dichas acciones, las organizaciones armadas no sólo lograban poner en jaque al gobierno —porque, en la mayoría de los casos, era imposible dar con los captores, y porque las células guerrilleras actuaban con un alto grado de eficiencia en la preservación de sus propias condiciones de seguridad—, sino que, además, los grupos que perpetraban esas acciones de alto impacto, obtenían dividendos políticos y grandes sumas de dinero para continuar su lucha.

Así, en un primer momento, este parece ser el caso del secuestro del llamado Jefe Diego. Visto desde esa óptica primaria, este hecho reuniría todas las características que antes se han mencionado. Por ser un político de gran calado dentro del Partido Acción Nacional, ex senador de la República y ex candidato presidencial, además de un hombre que ha litigado algunos de los casos más redituables del país para cualquier abogado, Fernández de Cevallos parecería ser el blanco perfecto de uno de esos secuestros de alto impacto que en antaño perpetraban algunas organizaciones armadas.

Por si eso fuera poco, en sí mismo el secuestro fue perpetrado con un alto grado de eficacia. Tanto en la ejecución inicial, consistente en privar de la libertad al individuo, como en toda la logística y acciones posteriores, consistentes en la preservación con vida y relativa salud del secuestrado, en un lugar seguro e infranqueable, y a salvo todos de cualquier posibilidad de detección por parte de los órganos de inteligencia civil y militar del gobierno federal, este secuestro reuniría todas las características de una acción orquestada desde la guerrilla.

Esta versión podría ser correcta en todas sus vertientes, salvo por algunas cuestiones. Una de ellas, la principal, es que en los casi 80 días que han transcurridos desde el pasado 14 de mayo, cuando Fernández de Cevallos desapareció, la organización guerrillera del país que aparecía como principal sospechosa de la acción (el Ejército Popular Revolucionario, por ser el mejor articulado y el que tendría mayor capacidad para perpetrar una acción de esta envergadura), se ha deslindado reiteradamente de los señalamientos. Al contrario: ha condenado el hecho, ha manifestado solidaridad con la víctima, y ha puntualizado en innumerables ocasiones, que desde hace una década ellos tienen descartado el secuestro como una forma de financiamiento para sus operaciones insurgentes.

Además, hasta ahora no ha habido un solo pronunciamiento formal de tipo político respecto al plagio. Las organizaciones de tipo subversivo, además de las exigencias económicas que podrían realizar a los familiares de un secuestrado, también tendrían como una prioridad el establecer un marco de exigencias o de reivindicaciones respecto a la acción que estarían perpetrando. El secuestro del abogado, sin embargo, no reviste hasta el momento ninguna de las características antes señaladas.

GRUPO MIMETIZADO

Es probable que un hecho no tenga nada que ver con otro. Pero si se recuerda, entre junio y septiembre de 2007, los hermanos Cerezo Contreras recibieron por lo menos tres cartas vía correo electrónico, en las que un supuesto grupo contrario les demostraba, con un lenguaje mordaz, altisonante e irónico, que ellos eran los responsables por la desaparición de los militantes eperristas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

Es probable, como decimos, que no haya ninguna conexión entre aquellas cartas y el boletín que recientemente envió el grupo “Misteriosos desaparecedores” como carta de presentación a las pruebas de vida del abogado Fernández de Cevallos. Sin embargo, la ironía y sagacidad de unos y otros, bien podría llevar a pensar que alguna referencia existe entre ellos.

Pero también puede ser algo más, que sería mucho más grave. Esto es, que el secuestro de Fernández de Cevallos en realidad fuera la prueba que el Estado estaba esperando para corroborar que, en efecto, existen grupos que pasaron de la ideología política a la acción criminal, o que éstos últimos ya aprendieron las técnicas perfeccionadas de la guerrilla para cometer sus ilícitos. Es decir, que éstos podrían ser guerrilleros metidos a bandoleros, o criminales que ya ocupan técnicas perfeccionadas de guerrilla.

En todo esto, el gobierno parece cumplir con sus obligaciones al no meterse en las pesquisas. Con su silencio, en realidad, evade una responsabilidad de fondo, que radica en la mimetización de los grupos que azotan y cometen delitos en contra del país.

SE ENGAÑAN SOLOS

A los priistas oaxaqueños no les gustó que el secretario General del CEN del PRI, Jesús Murillo Karam, dijera algo que no es del todo falso: que las derrotas sufridas el 4 de julio tuvieron como telón de fondo una incorrecta selección de sus candidatos. ¿A poco Eviel Pérez Magaña cree que él es el centro de todo? Al menos en Oaxaca, la derrota tricolor se fraguó no sólo porque él fuera un mal candidato, o por los factores externos, sino porque sus “leales” eligieron mal a los candidatos a diputados y presidentes municipales. ¿No cuentan la venta, extorsiones e imposiciones de candidaturas? Por favor.

Entrega-recepción: premura por afrentas políticas, no por cuentas

+ Transmisión inédita: el origen del desacuerdo y la disputa

Ayer, el gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo, presentó y dio posesión a un grupo de personas que conforman sendos Consejos, ciudadano, asesor y técnico, que se encargarán de conducir y vigilar los trabajos de entrega-recepción entre el actual y el nuevo gobierno. Junto con ello, anunció que enviaría una carta al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, en la que lo invitaría a ajustar ciertos aspectos del decreto que, para esos efectos, ya fue publicado en el Periódico Oficial del Estado. Ante la insistencia sobre el tema de la transmisión del Poder Ejecutivo, vale la pena analizar el contexto, los mitos que se han creado alrededor de dicha tarea, y las posibilidades reales de entablar un proceso de entrega-recepción en las condiciones actuales.

Hoy, ante cada insinuación al respecto, queda más que claro que el nuevo gobierno tiene prisa por comenzar a revisar el estado que guarda la administración pública de la entidad, y que el gobierno saliente tiene todo el ánimo de retrasar dicho proceso.

En sus respectivas posiciones, cada uno de los actores involucrados tiene parcial razón. Los que conforman el gobierno de Cué Monteagudo, aciertan al asegurar que se debía de conformar el proceso de transmisión del Poder Ejecutivo bajo reglas y procedimientos más claros y menos premurosos que los hasta ahora anunciados. Quienes tienen bajo su potestad la administración gubernamental, afirman con razón que el periodo de gobierno culmina el próximo 30 de noviembre, que será hasta fechas cercanas a ese lapso, que iniciará el proceso de entrega-recepción, y que habrá, posteriormente, otro lapso de tiempo para aclarar los puntos oscuros que quedaren sobre dicho procedimiento.

En la misma proporción, ambos grupos parecerían estar en lo correcto… o equivocados. Quienes integran el gobierno entrante, observan con sospecha las dilaciones deliberadas que han asentado sus contrapartes, como una forma de ganar tiempo para sanear cuentas que posiblemente tuvieran problemas; del mismo modo, quienes integran el gobierno saliente, observan aparentemente extrañados, cómo las personas a quienes les entregarán la administración manifiestan cierta prisa por recibir cuentas, cuando el nuevo Mandatario ni siquiera goza consolidadamente de la calidad de Gobernador Electo.

Así, frente a todas estas razones, lo que esto resulta ser es un engañoso juego de espejos. Es así, porque todos están tratando de generar percepciones que ni son del todo correctas, pero tampoco son del todo equivocadas. ¿Por qué?

Porque sería ingenuo suponer, para cualquiera de las dos partes, que la responsabilidad de un nuevo gobierno podría iniciar aún cuando tienen todavía asuntos pendientes que resolver ante los tribunales en materia electoral; y porque sería del mismo modo poco serio suponer, para quienes se encuentran en “la cancha” del gobierno saliente, que su responsabilidad administrativa, penal o política por su desempeño como funcionarios públicos, se extingue al dejar el cargo.

Así, lo que parece claro es que este proceso de entrega-recepción está sirviendo como un arma política para enviarse mensajes recíprocos sobre sus respectivas actuaciones futuras. No existe otro motivo, además del golpeteo y los amagues, para que, unos y otros, apuren o dilaten una cuestión que irremediablemente tendrá que ocurrir, y sobre la cual de todos modos quedarán sembradas dudas, cuestionamientos y posibles persecuciones.

RESPONSABILIDAD REAL

El escenario político estatal tras la sucesión resulta ser inédito, porque en Oaxaca hubo no una competencia, sino una guerra por el gobierno estatal. El proceso de transmisión del Poder Ejecutivo de la entidad, no podría compararse con ningún otro de la República en la última década, porque tanto Oaxaca como Puebla y Sinaloa son escenarios que resultan ser consecuencia del que es el proceso sucesorio más complejo, competido y confrontado que podría haber ocurrido en el país.

Veamos si no. En 2000, el Partido Acción Nacional le ganó la Presidencia de la República a un Revolucionario Institucional que, bajo la batuta del presidente Ernesto Zedillo, había perdido toda su esencia y, en sentido llano, parecía que se había dejado perder; en diversas entidades de la República, el tricolor y otras fuerzas políticas han perdido sus respectivas hegemonías luego de complicados procesos de agotamiento interno.

En poquísimas ocasiones había ocurrido una elección en la que se enfrentara el Presidente de la República, como dirigente y operador electoral de su Partido (Felipe Calderón en relación al PAN), contra un priista de pura cepa, y también jefe indiscutible y operador electoral probado de su partido, como lo fue el gobernador Ulises Ruiz, en Oaxaca. Además de ello, aquí se enfrentó lo más puro del pragmatismo y la conveniencia de las fuerzas políticas, y se resolvió del modo más cuestionable —para la democracia— cuáles serán las nuevas reglas de la participación de los partidos en los procesos electorales locales y federales.

Esas son, apenas, algunas de las razones que hacen tan compleja esta transmisión de poderes. Aquí sí existen rencores y ánimos mutuos de revancha. Por eso, el proceso de entrega-recepción es visto lo mismo como algo que debe dilatarse lo más posible, que como algo que debería comenzar a ocurrir para revisar los ejercicios anteriores inmediatos.

Nadie debería irse con la finta. El proceso de entrega-recepción, en realidad, resulta ser un mero trámite, que se complementa con otros ejercicios de fiscalización y revisión de mucho mayor calado. La responsabilidad de los servidores públicos salientes no comenzará a extinguirse sino pasado un año luego de haber abandonado sus respectivos cargos. Así, los funcionarios entrantes tendrán mucho tiempo, mucha paciencia, y posibilidad de moverse a sus anchas, para revisar con lupa un ejercicio que, ciertamente, es tan sospechoso que merece ser revisado, por tantos excesos cometidos en los últimos años.

Así, tendrían, todos, que revisar tanto la Constitución local, la federal, y las respectivas leyes de responsabilidad de los servidores públicos. Ahí, y no en la entrega-recepción, está la clave de todo.

ACARREO

Si se supone que la Guelaguetza tiene una conformación actual específica para que la admiren los visitantes, llamó la atención la presencia mayoritaria de empleados del Gobierno del Estado. Con tanta invitación forzada, ¿cómo no se iba a llenar el estado Benito Juárez?

Gabino vs. PRI: guerra de largo plazo que a todos perjudica

+ Frentes de lucha abiertos, sin más utilidad que el golpeteo

La contienda electoral fue sólo el inicio de la larga guerra que, se espera, ocurra entre el actual grupo gobernante y la élite de Gabino Cué Monteagudo, que tomará las riendas de la entidad a partir del próximo 1 de diciembre. Hasta ahora, ante la natural falta de entendimiento, se abrieron frentes de guerra que ya se miran como auténticos callejones sin salida. Lo peor es que, si en ninguno de los dos bandos calculan la intensidad de esa batalla, y sus consecuencias, harán de Oaxaca un territorio convulso e ingobernable.

Parecía hasta sospechoso el estoicismo con que el PRI asumió la derrota electoral, el pasado 5 de julio. Apenas dos días después de los comicios, el virtual Gobernador Electo dio algunas muestras discursivas de prudencia, pero anunció la creación de un equipo de transición, además de emplazar al gobernador Ulises Ruiz a que, en el lapso de un par de semanas, integrara un equipo que sirviera de enlace con sus enviados.

Ese pareció ser el punto que rompió la fantasía del estoicismo de unos, y la prudencia de los otros. Ante la insistencia de los colaboradores de Cué, el gobernador Ruiz salió al paso para asegurar que su gobierno termina el 30 de noviembre, y que será hasta llegado ese mes que se conformará un equipo que coordine las tareas de entrega-recepción con la nueva administración. ¿Por qué se rompió la aparente calma? Porque más allá de cualquier promesa de civilidad, en todos comienza a aflorar un ánimo de confrontación que parece ser riesgoso e irreconciliable. Veamos por qué.

A partir de la disputa por la entrega-recepción, ambos grupos se han lanzado diversos obuses que no pasan inadvertidos. El llamado a comenzar los trabajos de transición, eran impertinentes aún porque, para efectos formales, el proceso electoral —que se encuentra en la etapa de impugnaciones ante los órganos jurisdiccionales competentes— aún no termina. Al no estar concluido, y haber cuestiones pendientes de determinar sobre la elección de Gobernador, entonces Cué aún no tiene plenamente la calidad de gobernador electo.

Sin embargo, parecía claro que más allá de cualquier imprudencia, lo que el equipo de Cué buscó con ese llamado, fue incrustar en la opinión pública el cuestionamiento de por qué el gobierno actual se niega a comenzar el proceso de entrega. Los aliancistas saben que no están aún legitimados para exigir cuentas, ni que les sea entregado el gobierno —y eso fue lo que puntualizó el Gobernador en su mensaje del pasado 14 de julio. Pero con sus acciones (manipuladas), lo que sí lograron fue asentar la idea de que el gobierno de Ruiz Ortiz está “limpiando la casa”, en lugar de mostrar disposición para iniciar el proceso de transición.

¿Y el PRI se ha mantenido cruzado de brazos? Evidentemente no. En los más de 20 días que han transcurrido luego de la jornada electoral, comenzamos a ver cómo paulatinamente comienza a revivir cierto grado de convulsión social, que no debemos perder de vista, y que ya se manifiesta en el cierre de calles, obstrucción de carreteras, manifestaciones, y demás; pero perpetrado todo esto por grupos que hasta hace un mes eran afines al Gobierno del Estado.

Al mismo tiempo, y al ya estar desprovistos de cualquier cuestionamiento o pago de costos políticos —porque lo que podían perder frente a los electores, ya lo perdieron— los todavía diputados priistas en el Congreso del Estado ya delinearon el rumbo de cómo se va a conducir la oposición tricolor frente al nuevo gobierno. Saben que desde ahí es donde se darán las batallas más importantes. Y por eso han apurado los cambios en la organización del Poder Legislativo, y en algunas de las atribuciones que a partir de ahora tendrán y harán valer a partir de su posición de bancada mayoritaria, pero como partido de oposición.

GOBIERNO CAUTO

Si este nivel de crispación continúa —como bien podría ocurrir—, lo que viviremos en los meses próximos será una reedición del caos. La visión real de no pocos de quienes asumirán —o reasumirán— el poder a partir del 1 de diciembre, se centra en la persecución a ciertos personajes del actual régimen, en la legitimación popular a base de golpes judiciales espectaculares, y a la revisión escrupulosa que culmine con la persecución de funcionarios corruptos.

Frente a ellos, la visión priista es mucho más pragmática, pero igualmente contundente: para ellos, la derrota del pasado 4 de julio es un descalabro relativo. Todos han declarado que van por el 2012 porque, efectivamente, ese es el punto en que pretenden centrar su venganza y persecución a quienes los apabullaron recientemente.

El razonamiento tricolor es sencillo. Cuando ganen la elección presidencial, tendrán la posibilidad de cobrar —a Cué y los partidos que lo apoyaron— tanto las afrentas como la persecución política de que fueron objeto en 2006, las descalificaciones posteriores al régimen gobernante en Oaxaca, e incluso las cobardías e ilegalidades con las que, dicen, ahora les ganaron la gubernatura.

Ninguna de esas dos visiones pasa por la prudencia. Al contrario. Mientras ocurre uno u otro escenario, lo que quedará en medio es Oaxaca, con todos los problemas que unos y otros se fabriquen para llenarse de piedras el camino. Lo más seguro es que veamos un gobierno con importantes tintes de persecución, y a una oposición priista recalcitrantemente vengativa, provocadora de conflictos, y capaz de bloquear cualquier acuerdo o avance importante en el Congreso del Estado.

Como ninguno de los dos grupos está indefenso, ambos harán todo, y se valdrán de todo, para atacarse. El problema es que en su riña, le subirán el tono a los problemas de la entidad. Y eso, en global, dejará ver el verdadero rostro de los partidos y sus integrantes, así como lo engañosas que habrían sido aquellas promesas tanto de transformación, como de paz y progreso.

CIUDAD BACHE

El gobierno estatal ha gastado cantidades millonarias en la rehabilitación de algunas calles del Centro Histórico. Pero mientras, en toda la ciudad, miles de baches se hacen más grandes todos los días, y se acentúan en la temporada de lluvias. Muchos de ellos datan desde 2006, cuando las llantas quemadas en las barricadas derretían el asfalto. Y la Secretaría de Obras, y los Ayuntamientos de Oaxaca y municipios conurbados, hacen nada para atender este visible problema.

Actos de terrorismo, en México son “fáciles” de perpetrar

+ Tovex, material utilizado para coche bomba, en mercado negro

Las autoridades federales se niegan a reconocer que la explosión de un coche bomba, ocurrida la semana pasada, en Ciudad Juárez, Chihuahua, constituye un acto de terrorismo. Mientras se escandalizan y tratan de alejar dicho término de cualquier forma de responsabilidad o reconocimiento por parte del gobierno mexicano, salta a la vista no sólo la magnitud del hecho, sino la facilidad en que una acción como ésta puede ser concretada. No se trata sólo de lo grave del acto, sino también del modo y los elementos con que éste fue perpetrado.

Como terrorismo, podemos entender que es un acto violento que tiene como objetivo víctimas civiles, perpetrado para crear temor o incertidumbre generalizada. A nivel internacional, está ampliamente documentado que los actos de terrorismo tienen importantes implicaciones políticas, pero que también es ejecutado por grupos terroristas que cuentan con financiamiento importante, logística y conocimientos precisos sobre acciones paramilitares. Se entiende, entonces, que un civil cualquiera, no sobrevive al incursionar tanto en la guerrilla, y mucho menos en el terrorismo, sin una preparación escrupulosa sobre diversos aspectos relacionados con las acciones que ejecutan, y sobre su propia seguridad persona, y como grupo.

Sin embargo, a diferencia de la guerrilla —que esencialmente encamina su lucha contra el Estado, y se considera a sí misma como parte del pueblo, al que no se debe agredir ni lastimar con sus acciones porque “el pueblo no mata al pueblo”—, el terrorismo busca conseguir objetivos políticos a partir del miedo y el dolor colectivo.

Al Qaeda y ETA, entre muchas otras organizaciones, son ejemplos precisos de grupos extremistas que están vigentes hoy en diversas regiones del mundo, y que han ejecutado acciones de grandes magnitudes, como los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, o la colocación de artefactos explosivos en cuatro estaciones de trenes, el 11 de marzo de 2004, en las cercanías de Madrid, España. En el primero de los ataques, conocido como el 11-S, hubo, aparte de los 19 secuestradores, 2 mil 973 personas fallecidas confirmadas, y 24 continúan desaparecidas. En el segundo, conocido como el 11-M, fallecieron 191 personas, y mil 858 resultaron heridas. La reivindicación de los ataques se centra en motivos meramente políticos.

¿Lo ocurrido en México no puede considerarse como un acto de terrorismo, por no tener una motivación política exacta? Aunque el gobierno diga que no, tal parece que la respuesta sí puede ser afirmativa. Hemos estado acostumbrados a que el terrorismo tenga meros fines políticos, pero si acudimos a la definición que indica que esos actos tienen como objetivo la generación de un estado de incertidumbre y miedo a partir de víctimas civiles, podremos ver que la definición sí encuadra con el hecho.

¿Por qué? Porque el coche bomba de Ciudad Juárez fue puesto no para agredir directamente a la policía, sino para afectar a cualquiera que estuviera ahí; fue un acto premeditado, y perpetrado luego de un proceso de planeación y preparación tanto del artefacto explosivo, como de las condiciones. Aunque no parece del todo visible la bandera o reivindicación política que tanto se busca y que aseguran que no existe, sí se puede ver que dicho acto es la consecuencia de una inconformidad de un grupo frente al Estado, que busca ser satisfecha por medio de la generación de condiciones de terror.

LA GUERRA SE TRANSFORMA

Era previsible, desde hace mucho tiempo, que las organizaciones criminales trataran de tomar nuevos rumbos y métodos en su lucha contra el Estado. El gobierno federal decidió emprender una cacería de ciertos grupos poderosos y violentos; y éstos, no estando mancos, decidieron atacar primero de frente, y por momentos también bajo mantos tan funestos como el del terrorismo.

¿Los llamados “granadazos” ocurridos la noche del 15 de septiembre de 2008 en Morelia, Michoacán, no eran un acto de terrorismo? Claro que lo eran. Se buscaba generar pánico generalizado a partir de una acción de fuerza. Eran tan terrorista como lo fue el coche bomba de hace unos días.

El crimen organizado está andando los pasos que los grupos subversivos (la guerrilla y el terrorismo, respectivamente) ya caminaron y exploraron hace mucho tiempo. La diferencia entre esos grupos, radica en que mientras la subversión busca la instauración de cambios políticos e ideológicos a través de vías radicales, el crimen lucha por sobrevivir y preservar un lucrativo negocio ilícito.

Lo más grave de todo esto, es que aquel que quiera perpetrar un acto como éste, tiene completa facilidad en un país como el nuestro. Una nota publicada ayer por el periódico Excelsior reseñaba lo siguiente: “La Procuraduría General de la República (PGR) determinó que el explosivo utilizado en el coche que estalló el pasado jueves en Ciudad Juárez, Chihuahua, es Tovex, un compuesto utilizado para la demolición de acero y piedra utilizado por empresas constructoras. También la dependencia federal determinó que el hecho ocurrido en esa entidad no constituye un acto de terrorismo sino de delincuencia organizada para generar confusión y temor para desestabilizar a la autoridad local y federal, y no por cuestiones ideológicas o de fundamentación religiosa ni política.”

El explosivo Tovex con el que hicieron explotar el auto, es el mismo que fue encontrado en 2007 en las inmediaciones de la llamada Barricada de Brenamiel, y es el mismo con el que, se dicen, fueron volados los ductos de Pemex en varios puntos del país, también ese mismo año, por el Ejército Popular Revolucionario. Lo más revelador, es que desde el mes de agosto de 2007, el diario El Universal, documentó plenamente cómo existe un mercado negro, amplísimo, y aquí mismo en Oaxaca, sobre la venta de este tipo de explosivos.

VIDEO REVELADOR

Esto fue captado en video, que puede verse siguiendo la liga: http://www.eluniversaltv.com.mx/detalle3638.html Ahí se establece que por una cantidad de dinero relativamente mínima, es posible comprar cualquier cantidad de explosivo tipo Tovex, a personas cercanas al negocio de la construcción de obra civil, y que aún frente a los dichos de la Secretaría de la Defensa Nacional respecto a que vigila estrictamente el uso de los mismos, éstos se pueden conseguir por un costo mínimo. Eso, en las manos equivocadas, es por sí mismo un riesgo para la sociedad.

Congreso del Estado: la batalla puede ser autodestructiva

+ Afianzar banderas y liderazgos: reto de PRI como oposición

Como si fuera un proceso irreversible, los partidos de oposición al Revolucionario Institucional han manifestado la voluntad de llevar ante los tribunales de justicia de la nación, la reciente reforma al marco jurídico del Congreso del Estado, en la que se sustituye la figura de la Gran Comisión, por la de la Junta de Coordinación Política, como órgano rector y regulador de las actividades y representación legislativa ante los otros poderes. Más allá de pensar en juicios y controversias, lo que los diputados electos —particularmente los de las fuerzas distintas al PRI— deben afinar, son sus planteamientos y estrategias para dotar al órgano legislativo de una normatividad y organización legitimados y funcionales.

Se ha dicho reiteradamente, que la creación de una Junta de Coordinación Política, en la composición que tendrá el Congreso del Estado en su próxima Legislatura, es “un traje a la medida” de los intereses del Revolucionario Institucional. Esto es así, no por la naturaleza o funcionamiento de dicha figura —que también tiene cuestionamientos importantes—, sino más bien por las formas utilizadas y el momento en que ocurrió dicha reforma.

En efecto, el Congreso del Estado en Oaxaca era uno de los últimos en el país en que prevalecía la figura de la Gran Comisión. Este ente, que es hasta ahora en quien recae la representación del Poder Legislativo, es no sólo una figura funcionalmente anticuada, sino que además es el sinónimo de una concentración total de las atribuciones y potestades principales del Poder Legislativo, y de la verticalidad en la toma de decisiones, y en el desequilibrio de fuerzas entre las fracciones parlamentarias.

Así, la subsistencia de la Gran Comisión, era hasta hace pocos días útil para el priismo en Oaxaca, en la medida que éste concentra la mayoría absoluta de legisladores, y también por la forma en que opera, entre los legisladores tricolores, esa noción de disciplina hacia los designios del Jefe Político, que más bien se equipara a una total sumisión en la toma de decisiones.

Eso les era funcional, hasta ahora, a los tricolores. Ante el cambio del panorama, en el que perdieron la mayoría absoluta, y por tanto el control total del Poder Legislativo (que hacía ser al Congreso, un ente independiente sólo en lo formal, pero materialmente domado por el Gobernador del Estado), se decidió emprender una reforma para continuar ejerciendo su poder. Esto ocurrió a través de la Junta de Coordinación Política.

Al menos en el funcionamiento de esa figura en el Poder Legislativo Federal, la Ley Orgánica del Congreso General establece, en su artículo 31, que “Será Presidente de la Junta por la duración de la Legislatura, el Coordinador de aquel Grupo Parlamentario que por sí mismo cuente con la mayoría absoluta en la Cámara (…) En el caso de que ningún Grupo Parlamentario se encuentre en el supuesto señalado en el párrafo anterior, la Presidencia de la Junta será ejercida, en forma alternada y para cada año legislativo, por los Coordinadores de los tres Grupos Parlamentarios que cuenten con el mayor número de diputados. El orden anual para presidir este órgano será determinado por la Junta de Coordinación Política.”

Es clara la forma en que el priismo pretende mantener el control del Poder Legislativo, independientemente de no tener la mayoría: su fracción parlamentaria es la más numerosa, y por tanto habría de ser la convocante y primera en presidir dicha Junta. Así, la reforma no tiene como base un intento de democratización o de fomento a los nuevos equilibrios en la dirección del Congreso, sino más bien parece ser vista como una tabla de salvación con la que, al menos ahora, los tricolores pretenden seguir ejerciendo control sobre un Poder que hasta ahora ha sido legitimador y casi decorativo.

REFLEXIONAR LA JCP

Lo primero en que tendrían que reparar todos los próximos diputados, en conjunto, es qué papel tendrá el Congreso del Estado frente al nuevo gobierno. Los partidos que llevaron a Gabino Cué Monteagudo a la gubernatura, anunciaron que conformarán un bloque legislativo para la toma de decisiones. El PRI, por su parte, no ha tenido la capacidad para articular un solo planteamiento serio respecto al papel que tendrán en el Legislativo. Luchan por el poder como si fuera para entregárselo a un gobernador priista; y no queda claro qué harán con ese poder siendo ellos un bloque parlamentario de oposición.

Esta cuestión, en particular, podría llevar a la próxima Legislatura a convertirse en un caos. Más que litigar la reforma ya realizada, los nuevos diputados del bloque PAN-PRD-PT-PC deben establecer un marco de necesidades prioritarias para cuando inicien sus funciones. Uno de esos planteamientos básicos, tendrá que ser el del nuevo marco jurídico que pretendan establecer no sólo para ellos, sino para el funcionamiento equilibrado del Poder Legislativo en el futuro. Es decir, con una auténtica visión democrática de largo plazo. Por practicidad, y por solidez política, ellos tendrán, necesariamente, que volver a legislar algunos aspectos —como el de la Junta de Coordinación Política— para darle legitimidad real al funcionamiento del Congreso del Estado.

Si no lo hacen así, ellos mismos pagarán las consecuencias. No es lejana la posibilidad de que el PRI, con su mayoría relativa, se asuma como un opositor irracional a cualquier decisión o propuesta del Gobernador del Estado. Si ello ocurre, y si las fuerzas de oposición no entienden bien la posición de unidad que habrían de mantener para hacer frente a una oposición irracional, lo que tendremos a la vista será un Poder Legislativo convertido en un ente ruidoso y agresivo, pero poco funcional y eficaz en la toma de decisiones, en el consenso, y en su productividad.

PENSAR EL FUTURO

Suponer que el de la Junta de Coordinación Política es un modelo infalible, es un error. La escasa productividad del Poder Legislativo Federal, en parte tiene su origen tanto en la inmadurez de los partidos políticos al momento de fungir como bloques de oposición, como en lo poco manejable que resulta ser, bajo las reglas actuales, la pluralidad de fuerzas. Los partidos políticos en Oaxaca deben hacer planteamientos más serios al respecto. El problema es que todos siguen esperando al momento de asumir sus funciones legislativas, para iniciar con una discusión razonada que, hoy, debería tener avances importantes.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

Ayuntamiento citadino: gran tiradero, en nombre del priismo

+ Bustamante Underwood, tan responsable como Hernández Fraguas

Nadie duda que Miguel Ángel Bustamante Underwood sea un oaxaqueño responsable y preocupado por la ciudad; nadie, del mismo modo, podría poner en duda su interés por hacer una gestión municipal decorosa, ahora que tiene ese privilegio en las manos. Nadie duda de sus ganas de gobernar la ciudad. Sin embargo, hoy queda claro que la administración municipal es mucho más que una tarea que se realiza por encargo, y en la que, por los cuestionamientos, existen varios responsables más que quien ahora está dando la cara por ellos.

Bien dice la sabiduría popular que no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre. Y es que en el caso del desorden en que se encuentran tanto el Ayuntamiento como la capital oaxaqueña, es consecuencia no sólo de la falta de experiencia, determinación y capacidad de organización de quien hoy está al frente del Municipio de Oaxaca de Juárez. Lo es, fundamentalmente, de quienes se encargaron de hacerse ajenos a esos problemas cuando estuvieron en sus manos, de quienes vieron en la Presidencia Municipal una responsabilidad que, por ser menor, era fácilmente reemplazable, y de quienes definieron —formal y tácitamente— el nombre de en quién recaería la responsabilidad de concluir la actual administración.

En el Ayuntamiento citadino, esta ha sido una historia reiterada: en el trienio anterior, ocurrió exactamente lo mismo que ahora. Al acordarse la dimisión de Jesús Ángel Díaz Ortega del cargo de Presidente Municipal, el priismo trató de hacer pasar por válida la idea de que con ello se atendía el reclamo ciudadano, respecto a la ausencia de gobierno municipal durante el conflicto magisterial y popular de 2006.

El problema, en ese cambio, es que el reemplazo del Edil se hizo no respetando el mandato de la planilla de candidatos por la que votó la mayoría de los oaxaqueños, sino más bien “tirando líneas” desde los más altos círculos del poder, y atendiendo a los pactos internos del grupo gobernante —en los que se dio cabida a los intereses de la facción, se acordó el nombre del sustituto, y se estableció la agenda para cumplirse en lo que restaba de la administración—, pero sin tomar en cuenta si el elegido era la persona adecuada para ejercer esa función.

Evidentemente, Manuel de Esesarte Pesqueira —al igual que Bustamante— seguramente era un hombre bien intencionado, pero sin la preparación y el sustento suficiente como para conducir la demarcación. En los meses que a él le tocó encabezar el Ayuntamiento, éste, como ahora, también se convirtió en un caos: mientras los encargados de cumplir con la “agenda” hacían su trabajo (que consistía en temas altamente impopulares, pero de grandes beneficios económicos, como el de la instalación y validación de los parquímetros), el Presidente Municipal daba bandazos un día sí y el otro también, al demostrar un alto grado de desconocimiento de los asuntos y los problemas del Ayuntamiento, al no poder ejercer un liderazgo real entre los integrantes del Cabildo, y al servir esencialmente como justificador de los asuntos que le habían encargado, pero sobre los cuales no tenía capacidad alguna de decidir, e incluso ni siquiera de aplicar un criterio propio.

MUNICIPIO OLVIDADO

Sin embargo, el municipio de Oaxaca de Juárez está lleno de paradojas. Hoy, pareciera que ningún ciudadano recuerda que en alguna ocasión, Díaz Ortega gobernó la capital, y que fue quien lo recuperó para el priismo, luego de una casi una década en manos de los partidos de oposición; del mismo modo, a pesar de lo cuestionable que fue su gestión, hoy Manuel de Esesarte es un flamante diputado federal del PRI que se ha caracterizado fundamentalmente por haber aportado nada tanto a su partido, como al trabajo legislativo de la bancada tricolor.

Por otro lado, Beatriz Rodríguez Casasnovas, pudo haber cumplido con la misión de gobernar y servir a la capital como presidenta municipal, pero no se sabe si por soberbia o por suficiencia, cuando pudo no quiso hacerlo, y ahora que quiso le fue negado. Pocos lo recuerdan, pero ella fue la suplente en el cargo de Edil de Díaz Ortega; pero en diciembre de 2006, cuando se acordó su dimisión, ella repudió el cargo argumentando que cumplía tareas importantes en la Secretaría de Turismo. Si de lo que se trataba era de servir a los oaxaqueños —como lo aseguró durante su malograda campaña reciente—, parece inexplicable, entonces, por qué ahora sí pretendía ocupar un cargo que antes ya había rechazado.

Lo peor de este asunto, es que hoy de nuevo ocupa el cargo de Edil, alguien que ni se preparó, ni tenía los elementos, y probablemente ni siquiera tenía interés en serlo. Por si fuera poco, se repite la historia de quien deja botado el Ayuntamiento en busca de intereses fatuos, y al final termina vilipendiado y arrinconado, en cargos y posiciones políticas de menor importancia. En el primero de los casos, eso fue lo que ocurrió con Manuel de Esesarte y es lo que ocurre hoy con Bustamante; y en el segundo, es lo que ocurrió con Díaz Ortega, y ahora se está repitiendo con Hernández Fraguas.

El problema, en todo esto, es que es Oaxaca quien paga las consecuencias. Nadie se acuerda en ir a reclamar no al que enfrenta, sino a quien dejó pendientes los problemas de la capital. Es inaudito que un cargo de tanta relevancia como el de Presidente Municipal, sea minimizado —y casi ninguneado— al generar figuras de “encargado”, que no sirven más que para agudizar los problemas, y (literalmente) administrar una demarcación que, todos los días y en todos los casos, se debería gobernar.

Dejar a los “cuates” en el cargo que se deja, puede resultar muy conveniente. Así no habrá problema por cuestionamientos, por revisiones, o por obstrucciones en la limpieza de la casa. Lo malo es que con ello demuestran lo poco que les importa su responsabilidad y, ante los resultados electorales, las nulas ganas que tienen de hacer positivo, más allá de lo partidista, por la capital oaxaqueña.

DISPUTA ESTÉRIL

Materialmente, a José Antonio Hernández Fraguas “le soltaron a los perros”. La guerra de baja intensidad que hoy resiente, desde la misma trinchera priista, responde a que sus enemigos y detractores internos de siempre, ahora sí ya abandonaron la hipocresía. Lo peor, es que esos malquerientes no reparan, respecto a sus mercenarios, en que, como dice otro refrán, “cuando la perra es brava, hasta a los de casa muerde”. Aguas.

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