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Nuevo delegado de CEN priista: ¿para qué?

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+ Ausencia de Franco: signo claro de rebeldía

Tal y como se había previsto, ayer finalmente fue presentado el priista Héctor Hugo Olivares Ventura como nuevo delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Oaxaca. Su arribo, dicen, tiene como objeto el hacer transitable la ruta de la sucesión gubernamental, que tanto se ha enrarecido en las últimas semanas. Según lo que se puede ver, el proceso interno priista está lejos de la civilidad y la madurez que se argumentó en un principio, y más bien está convertida en una olla de presión que en cualquier momento podría estallar.

Por principio de cuentas, vayamos a los hechos. Desde hace algunas semanas se había rumorado que el senador Carlos Jiménez Macías, delegado general del CEN del Partido Revolucionario Institucional, sería sustituido por Olivares Ventura. En algunos frentes priistas, se aseguraba que ese reemplazo tenía como objeto reforzar las tareas de mediación y diálogo entre los aspirantes a la candidatura a Gobernador por ese partido.

Pero en los demás frentes, sin embargo, se decía que la pugna por la sustitución de Jiménez Macías más bien tenía que ver con la resistencia que éste último había presentado para prestarse a las bajezas y juegos sucios de algunos de los competidores, para tratar de imponerse sobre sus adversarios a través de prácticas o estrategias que violaban el pacto de civilidad y respeto que se habían establecido en la reunión inicial, ocurrida el 6 de noviembre. Incluso, el propio senador Jiménez dijo textualmente a este espacio (ver Al Margen del 14 de diciembre de 2009) que “si este proceso interno fuera una mascarada, él sería el primero en negarse a ser parte del mismo”.

¿Qué ocurrió entonces, para que el vaticinio —o la intriga— sobre la no permanencia de Jiménez Macías finalmente se hiciera realidad? Tal parece que algo trascendental está aconteciendo en el priismo, que finalmente va más allá de los solos nombres o las disputas palaciegas por la candidatura a Gobernador. En efecto, aunque Jiménez Macías no fue literalmente sustituido, sino que Olivares Ventura se aparece como un refuerzo en la conducción del proceso interno, lo que nadie puede negar es que la estructura formal y material del tricolor atraviesa por un momento de excepcional tensión y riesgos.

¿Es casual que el presidente estatal del PRI no se apersonara ayer en la presentación del delegado Olivares Ventura? Aunque se dijo que éste se encontraba en Estados Unidos por haber acudido a presenciar un partido de futbol americano el día previo —así lo aseguraba ayer el diario Reforma, y así lo justificaron sus subordinados en el tricolor—, lo cierto es que esta es una nueva muestra de rebeldía por parte del líder priista, Jorge Franco Vargas. Y es, de hecho, la actitud que éste ha mantenido en las últimas semanas, a raíz de los desencuentros habidos por el inusual proceso interno que vive su partido.

¿Qué ocurre? Que él es uno de los personajes priistas que no parecen estar de acuerdo en el modo en cómo se está conduciendo el proceso del tricolor para elegir a su candidato a Gobernador; pero, sin duda, es quien más ha dejado ver una actitud beligerante que, sin embargo, no es privativa de él, y más bien parece un signo más de polarización en esta competencia interna en la que parece que cada vez existe menos control, menos civilidad y menor posibilidad de un acuerdo final en el que todos los involucrados queden conformes con la decisión.

¿SE PIERDE EL CONTROL?

Este “reforzamiento” en las tareas de interlocución del tricolor, que ocurre con la llegada de Héctor Hugo Olivares, se da en un marco de complejidad extraordinaria. Su presentación corrió a cargo de una cuestionada secretaria General del Comité Estatal del PRI, Margarita Liborio Arrazola, y cuando parecen ser menos creíbles los argumentos de que todo está bajo control en el partido, y de que continúa prevaleciendo la civilidad y la disciplina entre quienes aspiran a la candidatura priista.

Las razones son evidentes: entre los aspirantes priistas a la gubernatura parecen existir dos bloques perfectamente definidos que buscan conseguir, cada uno a través de sus propios métodos, la candidatura. El problema es que unos, que se sienten beneficiarios de las preferencias del Jefe Político, han comenzado a utilizar métodos cada vez menos confesables para conseguir sus metas e incluso se están dejando llevar por la soberbia; y algunos de los otros, que se sienten desplazados y que incluso han asumido una actitud anticipadamente de derrota, han comenzado a transitar por la ruta del discurso rupturista, los ataques y las acciones de beligerancia.

Todo esto es lo que finalmente genera la certeza sobre las razones por las que tuvo que arribar a Oaxaca otro priista de alto cuño, como Olivares Ventura, para tratar de remarcar los puentes de entendimiento y tratar de que el proceso interno se conduzca de la forma menos atropellada posible.

Al final del camino, lo que está en juego es mucho más que el capricho de un hombre, o la rebeldía de un grupo compacto de quienes aspiran a abanderar al priismo: en mayor o menor medida, unos y otros —es decir, los seis aspirantes a la gubernatura—, no parecen comprender que la victoria del tricolor se encuentra fundamentalmente en ellos, y que independientemente del nombre de quien resulte electo como Abanderado, si el día de los comicios pierden, perderán todos, independientemente de qué calidad ostente cada uno de ellos hoy dentro de la política o la estructura de gobierno.

Hoy, serían deseables más actitudes de civilidad y prudencia —como lo que han demostrado Martín Vásquez Villanueva, José Antonio Estefan Garfias y, en buena medida, Adolfo Toledo Infanzón—, y menos intrigas, ataques e intentos de avasallamiento —como las que han dejado ver los demás— entre los contendientes. Como dentro mismo del partido saben que eso es cada vez menos posible de conseguir, lo que se está reforzando es la estructura de operación política para sacar la elección interna con los menores daños posibles.

¿DESLIZ?

Por cierto, al disculparse por los hechos de la semana pasada, la diputada Liborio aseguró en un comunicado que “no es un secreto que el actual diputado federal albiazul, Guillermo Zavaleta, durante su gestión como legislador local recibió recursos del entonces presidente del Congreso”, y que de su desmedida ambición también fue parte el ahora presidente del PAN, Carlos Moreno. ¿Qué dirá Bulmaro Rito al respecto? bien dice el refrán que tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata. Abundaremos.

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Ejército-Gobierno estatal: la mala relación continúa

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+ Oaxaca en 2010: ¿Por qué considerarla “foco rojo”?

 

Es bien sabido que una de las peores relaciones políticas habidas en la presente administración estatal, es la que existe entre el Gobierno del Estado y la representación militar en Oaxaca. Al iniciar este 2010, entre esos dos entes existe ya una larga cadena de acusaciones, filtraciones y señalamientos mutuos, sobre algunos temas delicados para la gobernabilidad del Estado y del país. En este sinuoso marco —que nunca ha tenido posibilidad de reconciliación— parece darse el cambio en la Comandancia General de la Octava Región Militar, oficializada el pasado jueves en la 28º zona militar, localizada en Santa Lucía del Camino.

¿Qué tiene de relevante ese cambio en el mando militar? Que, de acuerdo con fuentes cercanas al mando militar, el recién nombrado comandante, general de División, Luis Arturo Oliver Cen, tiene características totalmente distintas a las del sustituido, general de División, José de Jesús Humberto Rodríguez Martínez.

El primero es un mando castrense eminentemente operativo, mientras que el segundo tiene una reconocida ascendencia en la academia y disciplina militar. Es decir, que mientras el general Rodríguez Martínez brilló como forjador de oficiales del Ejército en la Escuela Superior de Guerra, el general Oliver Cen se desempeñaba, hasta hace unos días como subjefe operativo del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Esto no debería tomarse como un asunto irrelevante. Existen varias razones para asegurarlo. La primera de ellas tiene que ver directamente con el llamado “foco rojo” que permanentemente es Oaxaca para las cuestiones de seguridad pública y seguridad nacional de las que se encarga el gobierno de la República.

2010 es un año de una relevancia particular no sólo por la ferocidad de la lucha contra el crimen organizado, sino también porque la combinación de los factores electorales y los grupos paramilitares podría poner nuevamente en grave riesgo la estabilidad del Estado. Todo esto, además, tiene como punto de coronación la tirante relación que prevalece entre la autoridad política estatal y la representación militar en Oaxaca. Pero es necesario que vayamos por partes.

Así, para tratar de entender este cambio en el mando militar, es necesario tener presentes algunos antecedentes: desde 2007, cuando ocurrió la presunta detención-desaparición de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario en Oaxaca, se acusó una posible relación de complicidad entre los cuerpos policiacos estatales y el Ejército.

Si se recuerda, mientras ocurrían las investigaciones, fuentes militares filtraron a la prensa del Distrito Federal, a principios de 2008, informes internos que señalaban a funcionarios del Gobierno de Oaxaca como responsables. Casi de inmediato, ocurrieron nuevas filtraciones presuntamente realizadas por los agraviados, en las que se confrontaba al entonces comandante de la Octava Región, general Juan Alfredo Oropeza Garnica por esos mismos hechos. Los señalamientos en su contra relacionados con los eperristas, tomaban como base que éste era un experto en guerrilla y lucha contrainsurgente, y los antecedentes que lo relacionaban con la masacre de El Charco, ocurrida en Guerrero en junio de 1998.

¿Qué ocurrió entonces? Que el mismísimo general Oropeza acudió, el 27 de abril de 2008 —tres días antes de pasar al retiro—, a las instalaciones de la Policía Ministerial del Estado, a aprehender al comandante de la entonces Policía Ministerial, Pedro Hernández Hernández, como presunto responsable de la detención-desaparición de los eperristas. Estas acusaciones mutuas, hostigamiento y demostraciones de fuerza, terminaron de enrarecer una relación que se quebró el día que el EPR denunció la desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

 

MÁS RIESGOS

En ese marco, el 30 de abril de 2008, el general Oropeza Garnica pasó a situación de retiro. La Secretaría de la Defensa determinó enviar al general Rodríguez Martínez, visiblemente para destensar un frente que por diversas razones le era innecesario al Ejército. Éste mantuvo una actitud institucional en los casi dos años que encabezó a las fuerzas armadas en la entidad, pero sin mostrar disposición a reestablecer una relación con las autoridades políticas del Estado. Éstas, desde entonces, tampoco mostraron disposición alguna al respecto. La mejor prueba de ello, es que, desde entonces, el Gobernador del Estado no acude personalmente a acto alguno encabezado por las autoridades militares.

En este marco podría inscribirse el arribo del general divisionario Oliver Cen. Para nadie es un secreto que el presente año está lleno de contradicciones para la entidad, no sólo por las posibles determinaciones violentas que pudieran tomar los grupos armados que han tenido presencia en el Estado, sino también por las convulsiones foráneas que pudieran tener repercusión en Oaxaca, e incluso por la excepcional incertidumbre y tensión que generará el proceso electoral y el reacomodo de fuerzas en el Estado.

En este marco, el recién nombrado Comandante de la Octava Región Militar, es un mando eminentemente operativo, que hasta hace unas semanas era uno de los pilares de la lucha contra el crimen organizado y acciones de inteligencia militar, y que parece tener perfectamente claro el modo de actuación de las fuerzas armadas ante una posible convulsión mayor, como las que son característica de nuestra entidad.

Tal parece que si estos son momentos determinantes para Oaxaca y para el país, el Ejército está tomando sus previsiones. Si el nuestro no fuera un territorio alterado, o en riesgo de convulsionar, las fuerzas armadas no habrían determinado enviar aquí a uno de sus elementos operativos de mayor valía, para determinar cuál podría ser la postura activa o pasiva del Ejército, ante el cúmulo de asuntos que tiene su agenda de riesgos en relación con Oaxaca, con los grupos insurgentes, con las convulsiones sociales y con los riesgos de inestabilidad que trae aparejado el 2010.

 

DELEGADO, ¿PARA QUÉ?

De acuerdo con fuentes priistas de primer nivel, hoy será presentado Héctor Hugo Olivares como delegado especial del CEN del PRI en Oaxaca. Vendrá, dicen, a trabajar en conjunto con el senador Carlos Jiménez Macías en la preparación de la recta final del proceso interno para designar al Candidato a Gobernador. Ante esto, cabe la pregunta: ¿Para qué dos delegados? Esto deberían cuestionárselo quienes aseguran que la decisión sobre la candidatura ya está “planchada” a favor de uno de los aspirantes.

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Relación Iglesia-Estado: Laicidad y ley, en el olvido

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Adrián Ortiz Romero Cuevas

En su redacción original, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señalaba en su artículo 130 que “Los ministros de los cultos nunca podrán, en reunión pública o privada constituida en junta, ni en actos del culto o de propaganda religiosa, hacer crítica a las leyes fundamentales del país, de las autoridades en particular, o en general del Gobierno; no tendrán voto activo ni pasivo, ni derecho para asociarse con fines políticos”.

Esas disposiciones, que tenían una profunda connotación histórica, fueron reformadas y atenuadas en 1992 por el presidente Carlos Salinas de Gortari. A partir de entonces, y hasta ahora, a los ministros de culto se les amplió su rango de libertades y actuación, se les reconoció su derecho al voto, y a las asociaciones religiosas se les reconoció personalidad jurídica.

Con estas modificaciones constitucionales, se pretendió hacer más homogénea y armoniosa la relación entre el Estado y la Iglesia. Sólo que hoy, cuando esas modificaciones constitucionales cumplen 18 años, nadie parece encontrar el camino correcto para preservar íntegra la laicidad del Estado, y sobre todo frenar a una jerarquía católica que parece imparable y que se inmiscuye en todos los asuntos del país para los cuales está constitucionalmente impedida.

LOS ANTECEDENTES

Durante el siglo XIX, las más cruentas batallas que ocurrieron en el país, tuvieron como telón de fondo las luchas de poder entre quienes pretendían hacer de nuestro país una nación independiente, y la Iglesia Católica que se negaba a perder sus posesiones, impunidad y privilegios.

Como consecuencia de esas luchas, y de la imposición del liberalismo sobre los dogmáticos que exigían lo mismo la predominancia de una religión o de una corona, se abrió un larguísimo periodo en el que México no mantuvo relaciones diplomáticas con El Vaticano. Durante décadas, los gobernantes veían en la religión a un enemigo que era necesario arrinconar o exterminar; e incluso uno de los episodios más dolorosos del siglo XX —la Guerra Cristera— tuvo como punto de inicio la obsesión de un gobernante por erradicar una religiosidad que, junto con nuestra propia cultura mestiza, era ya parte indisoluble de los mexicanos.

Así, a partir del Texto Constitucional de 1857, y posteriormente, la norma fundamental no reconoció legalmente a la Iglesia Católica, y más bien ésta se convirtió en uno de los principales diques que tenía que enfrentar el Estado. Las relaciones diplomáticas con el Estado Vaticano —que surgió en 1929, a raíz de los Pactos de Letrán— no existieron con México sino hasta poco más de sesenta años después, cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari impulsó una reforma relacionada con las asociaciones religiosas, que era parte de la negociación con las fuerzas políticas de derecha que en 1988 reconocieron la legitimidad de su gobierno.

Así, el 28 de enero de ese año, se publicaron sendas reformas a los artículos 24 y 130 que hablan, respectivamente, de la libertad de culto que tenemos garantizada los mexicanos, y de la conformación y reconocimiento de las asociaciones religiosas y el culto público. Así, en un afán conciliatorio, se amplió la esfera de posibilidades para la Iglesia y se entablaron relaciones políticas entre ésta y el Estado. Era, decían, una nueva fase democrática para nuestro país, que colocaba en un plano de reconocimiento y relativa igualdad, a un ente de poder que el sector público se había negado sistemáticamente a reconocer.

DECISIÓN POLÍTICA,

¿ACERTADA O ERRÓNEA?

Con esa reforma constitucional, el Estado mexicano pretendió garantizar el culto religioso, la libertad de creencia de las personas, y el respeto a la ley. Sin embargo, parecían entonces desconocer que buena parte de la historia nacional se había determinado en los púlpitos, y que históricamente ninguna libertad había sido suficiente para los afanes de la jerarquía católica, que siempre había tratado de buscar el límite de la tolerancia gubernamental.

Sin embargo, en aquellos momentos se pensó que la nación y las instituciones religiosas tenían la suficiente madurez como para convivir pacífica y civilizadamente en un marco de libertades y regulaciones específicas. El presidente Salinas de Gortari no estaba equivocado del todo: la realidad mexicana de 1992 era muy distinta a la de un siglo atrás, y qué decir al momento en el que se libraron las más sangrientas guerras nacionales, en las que los ministerios religiosos tomaban partido.

Ya para entonces, había plenas garantías sobre la libertad religiosa y sobre la existencia de un culto público. Fue por eso que a los sacerdotes se les reconocieron ciertos derechos como tales, aunque se les mantuvo vedada la posibilidad de acumular riqueza o de recibir favores económicos en especie (herencias) de parte de las personas a las que guiaban espiritualmente.

Nadie se imaginaba, quizá, que menos de 20 años después esas instituciones religiosas tendrían una determinación tal, que sus opiniones habrían de influir de un modo tan radical en diversas decisiones que, en un ideal, tendrían que discutirse y definirse en la más estricta esfera pública.

Esto se ha visto agravado por una cuestión nada despreciable: el partido político que en 1992 fue el promotor oculto de esta reforma en materia de culto público, hoy es quien gobierna el país. El Partido Acción Nacional, históricamente se ha encontrado ligado con las más altas cúpulas católicas, fue quien impuso, como una de las condiciones para reconocer la gestión del presidente Salinas de Gortari, la de la flexibilización en el trato constitucional que el Estado le daba a la Iglesia. Ese mismo partido, que hoy gobierna al país, es el mismo que se niega a aplicar las leyes vigentes, para ceñir al orden a una jerarquía eclesiástica que pretende hacer valer sus principios morales, a través de las leyes vigentes.

MORAL Y LEYES

Dice un principio jurídicamente aceptado, que las leyes no deben estar determinadas por la moral. Esto es, para efectos prácticos, relativo: toda ley, forzosamente, tiene una carga moral que la determina. Sin embargo, este primer concepto es muy distinto al que, con esa careta, pretende hoy hacer pasar la iglesia como válido.

¿De qué hablamos? La jerarquía católica se ha ubicado en el sitio protagónico en temas como el de la legalización del aborto o la aprobación de los matrimonios entre personas del mismo sexo, y la posibilidad de que éstas adopten. La Iglesia asegura que esas determinaciones son contra las leyes de dios y que por tanto deben ser eliminadas del marco jurídico vigente. Además, un día sí y otro también, públicamente, la Iglesia confronta y cuestiona al Estado y los grupos sociales involucrados en esas cuestiones, que incluso ha llegado a existir ciertos temores de que desde ahí se promuevan antivalores que van desde el rechazo social hasta la homofobia.

Es evidente que, ante esos argumentos, podría argumentarse que lo que predomina es la moral. Sin embargo, más bien son dogmas religiosos y no necesariamente morales, los que determinan las discusiones que emprende la Iglesia.

COMPLICIDADES

Sin embargo, en todo este camino la Iglesia Católica no está sola. Siempre ha contado con la tolerancia del gobierno federal panista, y con la complicidad disimulada de otras fuerzas políticas. ¿Cómo se logró que en más de 17 estados de la República, incluyendo Oaxaca, se legislara “a favor de la vida”, estipulando de modo estricto que las leyes protegerán a los individuos desde el momento de su concepción y hasta su muerte, aboliendo así fácticamente cualquier posibilidad de legalización del aborto?

Claro: esta fue una reforma esencialmente impulsada desde la Iglesia pero seguida por gobiernos y legislaturas de mayoría priista. ¿Por qué? Porque los tricolores, sabedores de lo que vale el apoyo eclesiástico en momentos determinantes, sabe que ésta podría ser un buen aliado, o por lo menos un enemigo menos. Pero, con esas acciones que secundan el interés de la Iglesia, el PRI es también cómplice de la anarquía que hoy favorece al culto católico.

Hoy, por disimulo, las fracciones parlamentarias de PRI y PAN en San Lázaro, impulsan una reforma al artículo 40 constitucional, para que entre las características esenciales de la nación mexicana, se estipule que es un Estado laico. ¿Para qué? Según que para reafirmar la separación y la independencia del Estado sobre la Iglesia.

Lo cierto es que nada de eso tendría que ocurrir. Son acciones excesivas las relativas a tratar de reafirmar un principio de laicidad que ha sido rector y eje de la existencia del Estado mexicano; todo podría resolverse con decisiones, tales como que el PRI dejara de hacerle el juego a las aventuras de afrenta disimulada a la ley que ha emprendido la Iglesia en las entidades federativas, y que el gobierno federal aplicara la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público vigente, que establece con precisión cuáles son los límites en la actuación de la Iglesia.

Nada de esto se ha considerado, y más bien se pretende hacer una nueva adición declarativa a la Constitución. Todo seguirá igual, mientras la autoridad civil no tenga la determinación suficiente como para verdaderamente sujetar a la ley a una Iglesia Católica que cada vez es más desafiante y desbocada.

Trifulcas partidistas: asunto natural de la democracia

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+ Política de todo o nada: sólo para los de poco entender

Desde noviembre pasado, uno de los temas más recurrentes en el ámbito político y periodístico de Oaxaca, ha sido el de la sucesión en el Poder Ejecutivo del Estado. En esos ámbitos, propios y extraños han dejado correr cualquier cantidad de versiones falsas o verdaderas sobre las definiciones en las diferentes fuerzas políticas. Pero es un error recurrente, que la prensa o los grupos que se encuentran alrededor de quienes definen el rumbo político del Estado, pretendan ver la situación como un mero asunto de polos. Es decir, en el que no existen los matices ni nada que se le asemeje.

Veamos que, cada una con sus particularidades, la situación en el Partido Revolucionario Institucional es casi la misma que entre los partidos que integran la llamada Coalición opositora: existen, en ambas, acuerdos expresos e indiscutibles sobre las fuerzas políticas que se aliarán para tratar de conseguir o retener el poder; pero, también, en ambas no existen criterios claros sobre cómo se elegirá a sus candidatos y cuál será el proceso “democrático” a través del que se le dará legitimidad al mismo. Esto es lo que objetivamente ocurre en ambos frentes.

¿Pero qué pasa alrededor? Que esas definiciones e indefiniciones han provocado una guerra feroz en la que nadie saldrá bien librado, justamente porque todos le apuestan al todo o nada, y —dentro y fuera de los grupos de poder— se asustan cuando ven que las cosas son distintas a como quisieran. Veamos por qué y, para ejemplificarlo mejor, tomemos un caso en particular.

En el Revolucionario Institucional existen, formalmente, seis aspirantes a la candidatura a Gobernador. Desde principios de noviembre pasado, cuando éstos fueron “presentados” públicamente, se veía que existía una proclividad del jefe político del priismo oaxaqueño —es decir, el Gobernador del Estado—, sobre uno de los aspirantes.

Evidentemente, ese fue el punto específico que generó todas las polaridades que hoy se viven al interior de ese partido. Algo tan natural, les provocó un ruido inmenso a todos, pero también una guerra de pataleos de la que difícilmente saldrán bien librados. Todo se basa en no saber entender, en los dos frentes, que la política es cualquier cosa menos un asunto de totalitarismos.

¿Por qué? Porque entre los aspirantes a la candidatura que se sintieron desplazados, comenzaron a emerger las denuncias de inequidad, antidemocracia e irritaciones por las prebendas y excesivo trato amable que, desde el poder, se le daba a quien ahora catalogan como “el delfín” del jefe político priista. No supieron entender que uno de los pilares de todo partido hegemónico como el PRI, es precisamente el verticalismo en la toma de las decisiones más trascendentales. Dirán misa, pero ellos mismos saben que en la composición actual de las fuerzas partidistas, la democracia sigue siendo un sueño justo para los idealistas. Por tanto, más que buscar una competencia justa, el Gobernador necesariamente tendría que enfilar sus preferencias hacia uno de ellos.

Pero también en el lado de enfrente se equivocan. Y no porque consideren que el Jefe Político es antidemocrático ni mucho menos, sino porque piensan que ante una decisión que hasta es insinuada, todos los demás tendrían que plegarse al designio superior. Pensar esto es, por lo menos, una estupidez.

En otras palabras, en el lado del supuesto “delfín” ven como una afrenta, como una provocación, y hasta en tono de burla, algo que es natural y perfectamente entendible: que los demás aspirantes a la candidatura a gobernador, muevan todas sus posiciones, y jueguen todas sus cartas para tratar de ser tomados en cuenta como lo que son: políticos serios que están dentro de un proceso interno para elegir al sucesor del Gobernador, justamente porque recibieron la venia para hacerlo y porque tienen capitales políticos para ello.

En ambos frentes, sin embargo, parecen considerar que este es un asunto de todo o nada. No se dan cuenta que tanto una posición como la otra son perfectamente naturales, y que lo ideal sería que cada uno respetara el trabajo, los tiempos y hasta la suerte de los demás. Sólo que toman esto como afrentas en las que sólo abonan a las intrigas y a la descalificación mutua.

LA OPOSICIÓN

En los partidos de oposición ocurre exactamente lo mismo. Tal pareciera que el senador con licencia, Gabino Cué Monteagudo, considera que la coalición opositora es una especie de “traje a la medida” que fue confeccionado a su medida y que responderá fielmente a todos sus intereses. Mientras eso ocurre, algunos otros de los personajes que aspiran a la candidatura opositora buscan desesperadamente hacerse notar para, como en el caso del PRI, ser tomados en cuenta.

¿Por qué la coalición opositora se ha tardado tanto en presentar formalmente a quien será su candidato? Evidentemente, porque la decisión final no está tomada. Entre todas las fuerzas políticas se está aún analizando el mejor escenario y al mejor perfil, para a partir de ello consolidar su estrategia de lucha electoral en contra del priismo. Pero mientras, la suficiencia del senador con licencia Cué parece estar comenzando a molestar a algunos.

No debería ser así. Pero Cué Monteagudo parece considerar que si fue su equipo quien hizo el trabajo más fino para consolidar la alianza, y lograr que todas las fuerzas políticas opositoras en Oaxaca convergieran a su favor, lo más natural tendría que ser que él encabezara la alianza opositora. Es probable que esto sea así, aunque el objetivo final del esfuerzo opositor se llama “ganar”.

¿Qué pasaría si apareciera un mejor perfil? Que, en una decisión pragmática, Cué tendría que ser sustituido por quien diera mejores garantías de triunfo. Ello atendería a la naturaleza misma de la Coalición (es decir, el pragmatismo) y les daría mejores potenciales para disputar la gubernatura. ¿Por qué, sin embargo, todos los competidores internos de Cué lo ven como un avasallador? No por otra cosa, sino por una actitud derrotista que ellos mismos se impusieron, y que al final no provocará más que daños para ellos mismos.

ALIANZA CONSOLIDADA

Según se sabe, la tarde-noche del pasado jueves se consolidó, a nivel de partidos, la Coalición opositora. Esta situación se formalizará la próxima semana y de ahí pasarán sólo algunos días para que se haga la definición del Candidato. En el PRI esperan eso para hacer lo propio. En ambos frentes se preguntan: ¿Quién destapará primero a su gallo?

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Constitución federal: 93 años y contando

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+ El dilema: ¿Qué queremos para el futuro?

Aunque ya poco se conmemora, hoy nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumple 93 años de existencia. Fue el cinco de febrero de 1917 cuando la nueva Carta Magna fue promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación, para entrar en vigor el 1 de mayo de ese mismo año. Ha pasado casi un siglo desde entonces, y hoy lo que tendríamos que seguirnos preguntando es qué queremos para nuestra nación.

Aunque este tema podría parece más bien académico o tedioso, en realidad el estudio y la discusión de los temas constitucionales están más vigentes que nunca: hoy mismo, en el Congreso de la Unión, se negocia la posibilidad de importantes reformas y adiciones que buscan transformar la realidad nacional a través de nuevas disposiciones en materia económica, social, política, y de justicia.

¿Por qué preguntarnos, en este sentido, si es o no actual la discusión sobre temas constitucionales? Porque hoy, existen importantes sectores de la sociedad y la política, que aseguran que lo ideal para nuestro país sería la creación de una nueva Constitución, que dejara sin efectos la actual, y que organizara los destinos de la nación de un modo más coherente y dinámico. Del mismo modo, los poderes constituidos han buscado los mecanismos para mantener el dinamismo constitucional y adecuarlo a los diferentes momentos de la realidad nacional.

El problema, en todo esto, es que los mexicanos parecemos haber fallado en esos dos propósitos. Esta realidad es palpable desde cualquier ángulo que se le vea: en el lado de los partidos y las facciones políticas —entendidas éstas como los grupos de poder, y no sólo las camarillas oscuras— éstos no parecen haber alcanzado el grado suficiente de madurez como para ponerse de acuerdo.

Lo mismo ocurre con los poderes federales. Aunque fue un largo anhelo democrático de las fuerzas opositoras, que el Poder Legislativo dejara de estar supeditado a las disposiciones y caprichos del Presidente en turno, hoy lo que es perceptible entre esos dos poderes es la trifulca y la continuación de una guerra, que nunca pasó por los equilibrios y las posiciones de dignidad, y casi siempre se ha mantenido en las falsas decencias, las posiciones interesadas y la testarudez que siempre lleva a la parálisis.

Hoy, según parece, no existe posibilidad ni de convocar pacífica y civilizadamente a un nuevo Poder Constituyente que elaborara una nueva Constitución; pero tampoco de generar reformas sustanciales al marco jurídico constitucional, que cuenten con el consenso y la aprobación de las más importantes fuerzas políticas del país y que, por tanto, tengan el grado de legitimidad y la viabilidad que el país y los ciudadanos necesitamos.

En el primero de los casos, la historia constitucional de México indica que, en general, los Congresos Constituyentes se instituyeron en medio de amplias agitaciones sociales; es decir, que quienes legislaron las diversas normas fundamentales que han regido al país, siempre lo hicieron teniendo como marco contextual a los movimientos armados revolucionarios, o conminados —y hasta amenazados— por la vía violenta, que ha sido un camino recurrente en la historia de nuestro país.

¿A DÓNDE VAMOS?

Esa es la pregunta que deberían plantearse todos los legisladores, líderes políticos, dirigentes partidistas y servidores públicos que, en conjunto, tienen en sus manos el destino de la nación, pero que se niegan a participar de los debates de fondo que plantea el escenario nacional. ¿Cuáles debates? Todos los que tienen que ver con las reformas constitucionales que necesitan hacerse, pero que no se han llevado a cabo por diversas razones.

Hoy podemos contar, entre las causales para evitar dicho debate, no sólo con la defensa del interés nacional —algunas veces real y necesaria, pero otras tantas simulada—, sino también con la evocación de intereses partidistas, negativas a costear los costos políticos de las mismas, el llevar la contra a quienes proponen las reformas, e incluso los atavismos que no han permitido que el debate constitucional se eleve, y la nación crezca.

Hoy, aunque parezca una mentira o una exageración, todo lo pendiente está pospuesto o ha sido evadido en este debate. Habría que atender lo que atinadamente señalaba Jorge Castañeda, a propósito de este tema, en un artículo denominado “¡Es el futuro, estúpidos!”, publicado ayer jueves en el periódico Reforma. El ex Secretario de Relaciones Exteriores aseguraba lo siguiente:

“Sin las reformas institucionales —o políticas o de Estado— necesarias para reconstruir el proceso de decisiones en México, ninguna de las otras reformas es factible. Quienes sostienen que antes de abordar lo político hay que resolver… lo fiscal, la seguridad, lo laboral, lo energético de nuevo, etcétera, o bien pecan de ingenuos, o bien apenas disimulan su actitud de obstrucción y sabotaje. Porque a estas alturas (…) no es posible realizar ninguna de las otras reformas, todas ellas necesarias y urgentes, ni tampoco superar los desafíos terribles para el país que implican acontecimientos aterradores como los de Ciudad Juárez y Torreón el pasado fin de semana, sin contar con las instituciones para ello. Quienes alegan que antes de la reelección de legisladores, la segunda vuelta o el referéndum o la iniciativa preferente o las candidaturas independientes hay que… hasta rescatar a los niños huérfanos de Haití, en el mejor de los casos, dicen una quimera y, en el peor, ponen una trampa o una celada…”

Esto lo aseguraba por una razón palpable: por una actitud revanchista, que tiene como base la recriminación a las alianzas políticas generadas en varias entidades federativas —entre ellas, Oaxaca—, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en las dos Cámaras del Congreso federal, decidió postergar el análisis del proyecto de reforma política que en diciembre planteó el presidente Felipe Calderón Hinojosa.

LA MISMA PREGUNTA

Es la que tendríamos que hacernos: con esas decisiones, ¿a dónde vamos? Es cierto que las alianzas electorales contradictorias son reprochables desde diversos frentes políticos e ideológicos. Sin embargo, al final lo que está en juego no es el predominio de una u otra fuerza política, ni la estabilidad de un partido o facción gobernante, sino nada menos que el destino mismo del país. Por eso es fundamental no olvidarnos que la discusión constitucional debería ser protagonista en el escenario nacional, y no un tema intrascendente, o para el olvido.

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Cargos legislativos: ¿sinónimo de libertinaje?

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+ Fuero constitucional: inmunidad e impunidad


Adrián Ortiz Romero Cuevas

Sin ningún rubor, el diputado federal del PRI, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva denunció públicamente, el lunes pasado, la existencia de videos y grabaciones que revelan presuntos actos de corrupción en los que se ven involucrados connotados integrantes del Partido Acción Nacional y otras fuerzas políticas que buscan integrar una coalición opositora en Oaxaca; al día siguiente, uno de los probables involucrados, el también legislador federal panista, Guillermo Zavaleta Rojas, increpó a sus señaladores. Sólo que cuando ofrecía una conferencia de medios, fue agredido verbal y físicamente por las diputadas Margarita Liborio Arrazola y Sofía Castro Ríos.

Ante hechos como los antes señalados, necesariamente tendríamos que preguntarnos qué clase de legisladores tenemos en Oaxaca. Si bien es cierto que todos cuentan con la inmunidad que la Constitución federal les otorga, tal parece que no todos alcanzan a comprender con exactitud cuáles son sus tareas, cuáles sus obligaciones legislativas y políticas, y cuáles sus limitaciones.

El asunto no es menor: en general, el mexicano común —como cualquiera de nosotros— profesa particular aversión y desconfianza a los cuerpos policiacos y a los diputados. ¿Por qué? Los primeros, porque en muchos casos son la encarnación viva de los excesos, la brutalidad y la corrupción velada; y los segundos no por corruptos ni por excesivos, sino justamente porque no parecen tener las capacidades plenas para servir al país en la medida que éste lo necesita.

Ejemplos de lo anterior —y que tienen nada que ver con trifulcas partidistas como las que han protagonizado particularmente los legisladores oaxaqueños, o las agresiones verbales y físicas como las del pasado martes— existen a borbotones en la escena nacional: la Cámara de Diputados se ha convertido en un dique y no en una promotora del ejercicio de la política, la democracia y los acuerdos entre fuerzas políticas.

Y sí, en este sentido, los diputados federales podrían asegurar que lo antes dicho es una percepción negativa de algo que es diferente. Podrían hablar, incluso, de los logros que ellos han alcanzado en el ejercicio de sus funciones, de los puntos de acuerdo que han impulsado para dar cauce a temas importantes, o de las gestiones realizadas. Lo grave de todo esto, es que muy poco de ello parece reflejarse en la percepción del ciudadano y, sobre todo, que cualquier logro se eclipsa ante episodios vergonzantes como los ocurridos al inicio de la semana.

¿Estamos errados cuando le ponemos el calificativo de “vergonzantes” a los hechos antes descritos? Seguramente los señores legisladores asegurarían que sí —y también dirían que este es un asunto de interés partidista para ellos, que están en su derecho y que son libres para utilizar su fuero su alta investidura política para lo que consideren más conveniente. El problema, en el fondo, no son ellos: es la fama pública que, todos, se están forjando ante los ojos de los electores, de los oaxaqueños en general, y de la nación.

FUERO, ¿PARA QUÉ?

¿Por qué fue un integrante de la diputación federal del PRI por Oaxaca quien develó y denunció públicamente la existencia de esos videos? ¿Por qué se atrevió a hacer señalamientos directos en contra de integrantes de la oposición? ¿E, incluso, por qué fue capaz de condicionar la presentación pública de esos videos al acercamiento de la dirigencia nacional panista? Todo se explica en el fuero constitucional, en la inmunidad que tienen los legisladores para expresar opiniones en el ejercicio de su encargo, y sobre todo en la ausencia total de mecanismos que hagan distinguir a los diputados y senadores, sus tareas políticas, sus deberes legislativos, y sus intereses partidistas.

Las preguntas planteadas en el párrafo anterior se responden únicamente por el entendimiento que se le da, en México, a la inmunidad constitucional. Ésta se da, justamente, por la necesidad de proteger a los legisladores de los embates políticos de sus posibles adversarios a través de la persecución política, administrativa o judicial; y para garantizar que el debate legislativo tuviera todas las libertades posibles, sin verse coartado por limitaciones que, incluso en una persona no investida con el cargo de legislador, podrían llegar a constituir delitos del fuero común y federal.

Por ello no fue la dirigencia estatal priista, ni servidores públicos, ni simples militantes del partido tricolor, los que dieron a conocer los señalamientos que reiteradamente se han comentado: fue un legislador que tiene garantías constitucionales plenas, de que no enfrentará ninguna contrariedad derivada de esas revelaciones. Sólo que eso, en el sentido contrario, puede también entenderse como una libertad que lo mismo puede dar certeza de la no recriminación judicial, que de la acusación excesiva e infundada sustentada legalmente en la inmunidad constitucional.

Finalmente, sólo los involucrados saben de la certeza y alcances reales de los videos y grabaciones antes mencionados; y sus señalados saben si en realidad fueron parte de esos abominables actos de corrupción que fuertemente se denunciaron. Lo que, en el fondo, también debería preocuparles, y mucho, es la imagen que se siguen forjando y la preeminencia de la diputación federal oaxaqueña sobre temas estrictamente políticos, sobre los legislativos.

Este, en realidad, no es un asunto de denuestos ni de menosprecio al trabajo de unos u otros legisladores. Es cierto que son los más indicados para encabezar esas tareas partidistas que el excepcional momento político marca para Oaxaca. Pero, sin duda, deberían también preocuparse por lo que dejan ver hacia fuera. Digan lo que digan, y les guste o no, son conocidos nacionalmente como una fracción ruda, como “el Bronx” y por hechos como el que protagonizaron las diputadas Castro y Liborio. Pero muy poco por el trabajo estrictamente legislativo —no las gestiones ni las comisiones ni sus atribuciones materiales— que tendrían que realizar para aportar algo trascendente a nuestro país.

EVALUACIÓN

Aunque ha pasado poco tiempo desde que los actuales diputados federales comenzaron sus funciones (escasos cinco meses), no estaría de más comenzar a hacer una evaluación minuciosa de su trabajo legislativo. Es decir, de las propuestas, las iniciativas y los puntos de acuerdo que han presentado, y el seguimiento que les han dado a las mismas. No es por intrigar, pero la diputación federal priista de Oaxaca no se ha caracterizado por ser la más productiva. ¿Y la oposición es el ejemplo? Todo menos eso. Abundaremos.

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Rito, Zavaleta y demás: la connivencia, al descubierto

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+ Efecto local, no nacional, por nuevos video escándalos

 

¿A quién le sorprendería ver al hoy titular de Coplade, Bulmaro Rito Salinas, entregándole dinero al panista Guillermo Zavaleta Rojas, para fines desconocidos? La respuesta es: a nadie. Ambos personajes, junto con otros legisladores orgánicos de la oposición, entablaron una relación de connivencia mientras fueron compañeros en la LIX Legislatura del Congreso del Estado en Oaxaca. Hoy, ese es el telón de fondo de los videos con los que el diputado federal, Héctor Pablo Ramírez hace dos días amagó a los partidos de oposición con hacer públicos.

En efecto, al consultar a diversas fuentes ligadas al priismo oaxaqueño sobre los videos anunciados el día previo, todos coincidieron en que el contenido de los mismos tiene como protagonistas no sólo al entonces diputado panista Guillermo Zavaleta, sino también a otros personajes de la dirigencia de ese partido, e incluso de otras fracciones parlamentarias de la LIX Legislatura local, teniendo diálogos y solicitando apoyos económicos al entonces presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado para fines políticos.

Ante la amenaza de hacer públicas esas grabaciones, son al menos dos las interrogantes fundamentales: ¿En razón de qué, la diputación federal priista de Oaxaca hizo tal amago? Y, sobre todo, ¿habrán calculado los efectos —adversos para ellos mismos— que puede llegar a tener un asunto de esa naturaleza? Ninguna de las dos preguntas parece ociosa. Pero, para responderlas, tenemos que ir por partes.

En el primero de los cuestionamientos, la respuesta parece obvia: el Revolucionario Institucional de Oaxaca está haciendo todo para desestabilizar una Coalición opositora que ya tiene forma, y que pronto tendrá candidato. Es evidente que aún cuando el discurso priista asegura tener todos los elementos para asegurar su victoria, sus actos dejan ver que harán todo para desmantelar una coalición que, según lo que ellos mismos demuestran, sí tiene la capacidad de ponerlos en riesgo.

El intento es claro, y nada tiene que ver con las ideologías ni con la congruencia política ni con la calidad moral de los partidos o de quienes los integran. En realidad, esta maniobra del tricolor constituye un claro intento por comenzar a minar la legitimidad de una coalición opositora a la que, nadie mejor que ellos, le han dado crédito como una fuerza respaldada por una “fuerza moral” a la que, del mismo modo, nadie más que ellos, le dan tanta credibilidad.

Hasta hoy, la coalición no ha pasado de ser más que un conjunto de manifestaciones de buena voluntad por parte de los institutos políticos que pretenden integrarla. La naturaleza misma de esa unión lleva a suponer, fundadamente, que si fuerzas como el PAN y el PRD se ofendieron a muerte en 2006 y ahora dieron por superados todos esos agravios, nada será suficiente para desmantelar esa integración, o para confrontar internamente a quienes la promueven.

Si esto es así, entonces más bien habría que ver si la difusión de esas imágenes no será, en el mediano plazo, un bumerang lanzado por el priismo, que a las primeras de cambio golpee a los mismos que lo provocaron.

 

MORAL PRIISTA

Nunca fue oculta, aunque sí siempre mal vista, la estrecha relación que existía entre los entonces diputados Rito, y Zavaleta, Moreno Alcántara, Lenin López Nelio, y Genaro Vásquez. Siendo el primero coordinador de la bancada priista y presidente de la Gran Comisión, y los segundos coordinadores o figuras relevantes de las fracciones opositoras, éstos entablaron lazos que finalmente rebasaron la esfera del estricto diálogo y respeto político, y los llevaron a ubicarse como cooptadores y cooptados, cómplices, seguidores opositores de los designios oficiales. E incluso socios en algunas aventuras políticas.

No deberíamos olvidar que esas presuntas relaciones cómplices, fueron las que llevaron al convergente Vásquez Colmenares a la titularidad del Instituto Estatal de Acceso a la Información, que le permitieron a López Nelio y Zavaleta, pagar costosas campañas publicitarias en busca de candidaturas a cargos municipales y legislativos federales.

Tampoco deberíamos olvidar el heroico denuedo, con el que esos mismos diputados se negaban a apoyar las disposiciones de los órganos nacionales de sus respectivos partidos, cuando éstos pugnaban con todo en la ciudad de México por la caída del gobernador Ulises Ruiz, pero sus diputados locales demostraban singular arrojo en la defensa de las causas que favorecían al Mandatario oaxaqueño.

Sólo un iluso creería que ese apoyo, como estos ataques, fue consecuencia de la congruencia y la moral política de los legisladores locales de oposición. Todo fue resultado, en realidad, de la cooptación de la que los hizo objeto el entonces diputado Rito Salinas, y de una “amistad” de la que en su momento alardearon hasta la saciedad, pero que hoy fue intercambiada por la desmedida ambición de unos y de otros.

¿Qué pasará si, como indican las fuentes, los videos en cuestión son protagonizados por Rito Salinas y algunos personajes como Zavaleta, Moreno o López Nelio? Que, en efecto, ello pondrá en seria duda la calidad moral de esos militantes de la oposición (que en realidad, se han caracterizado por todo menos por ser congruentes e íntegros en sus posiciones políticas). Pero, ¿cómo quedará Rito Salinas? Necesariamente tendrá que responder por ser la contraparte de esos actos de corrupción, que además constituyen delitos agravados por haber utilizado el dinero público —el presupuesto del Congreso— para fines indebidos.

Y si esto es así, ¿cómo queda la calidad moral y política del grupo priista en el que hoy figura Rito? En su afán de desmantelar a la oposición, esta podría ser lo mismo una jugada maestra, que una especie de suicidio para varios de los que aspiran a traspasar esta crisis sucesoria y figurar en la primera línea para el siguiente sexenio. Esto podría ser un bumerang que finalmente podría tener efectos devastadores no sólo para unos sino para todos los involucrados. Mejor ejemplo que Carlos Ahumada, no existe.

 

EFECTOS LOCALES

Desde el primer momento, el senador Santiago Creel se deslindó del asunto, asegurando que todos los apoyos que él obtuvo fueron gestionados personalmente y que fueron entregados y declarados legalmente a través de su partido. De esa postura, seguramente, no se moverá. Y, finalmente, una pregunta: ¿Se seguirán enojando los diputados priistas cuando se les critica por parecer más porros que legisladores? Margarita Liborio y Sofía Castro tienen la palabra.

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Alianza opositora: la alternancia, ¿y nada más?

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+ Desafío: bajar la pobreza y subir la democracia

Hasta ahora, todos los intentos por emprender y consolidar la llamada “Reforma del Estado” en Oaxaca, han sido banales, simulados o infructuosos. Hoy, cuando de nuevo la guerra por el poder está desatada, todos los partidos y aspirantes a la gubernatura hablan nuevamente de la democracia, el combate a la pobreza y la urgencia del desarrollo. Sólo que nadie ha mostrado disposición a explicar cómo, y en qué aspectos sustantivos, estará dispuesto a lograr tales misiones, y particularmente la de la democracia.

El asunto no es menor: hoy, cuando se encuentra prácticamente fraguada la alianza de partidos de oposición, en ella todos sus protagonistas se rasgan las vestiduras asegurando que esa será la pauta para el cambio democrático que necesita la entidad. Habría que comenzar a distinguir, en sus puntos más finos, en qué se diferencian la transición a la democracia, y la alternancia de partidos. Nadie en las fuerzas políticas y entre los aspirantes a la gubernatura, hasta ahora, se ha atrevido a abordar el asunto.

Existen, sin duda, diferencias sustanciales entre esos dos términos, y el caso de la democracia mexicana ofrece diversos ejemplos precisos de uno y otro. Pareciera una paradoja, pero a nivel federal ha ocurrido una transición democrática progresiva —por momentos a un grado de lentitud desesperante— que no necesariamente fue determinada por la alternancia de partidos en el poder presidencial.

¿Por qué? Porque la transición democrática que ocurre en México, no comenzó ni terminó con el arribo de Vicente Fox a la Presidencia y, de hecho, su presencia en el ámbito político fue un obstáculo y un fracaso para la democracia que va más allá de lo electoral. Esa transición democrática, pactada y paulatina, comenzó a ocurrir cuando se dieron hechos trascendentales, como la ciudadanización del Instituto Federal Electoral, el fortalecimiento a la independencia del Poder Judicial de la Federación, y la diversificación de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión.

El problema, en el ámbito federal, es que el inicio de esa lentísima transición democrática, trajo como consecuencia una alternancia de partidos en los poderes federales –Ejecutivo y Legislativo- que no ha sido bien comprendida, y que tampoco ha servido como base para dar los siguientes pasos para la transición democrática.

Baste con ver que ninguna de las reformas trascendentales que se han planteado las fuerzas políticas nacionales —la fiscal, laboral, económica, petrolera y ahora política— ha podido transitar al menos parcialmente para adquirir la calidad de ley y, lo más importante, aplicarse. Todas esas reformas que se encuentran pendientes, tienen como común denominador las largas discusiones legislativas que no llegan a ningún lado, la excesiva mesura de los partidos, y la preponderancia que le dan todos a sus propios cálculos e intereses partidistas.

Así, ninguna reforma transcendental ha podido ocurrir tras nueve años de gobiernos federales panistas. Pero tampoco ha contribuido a eso, que el Congreso tenga mayorías relativas de Acción Nacional, del PRI o composiciones más heterogéneas. Es decir, que de todos modos el proceso de transición democrática se encuentra detenida en el país, y no existen visos de que algo trascendental pueda ocurrir para cambiar el estado de cosas en el mediano plazo.

¿Y OAXACA?

Ese referente federal, es preciso ser comprendido en Oaxaca porque aquí el atraso es todavía mayor. Esto, dicho en otras palabras, podría establecerse del siguiente modo: aquí, los poderes del Gobierno se encuentran supeditados por completo a la figura del Gobernador. El Poder Judicial no tiene independencia alguna respecto al Ejecutivo, y el Legislativo tiene una mayoría abrumadora que lo lleva exactamente al mismo punto de supeditación. Así, explicada la situación política de la entidad muy a grandes rasgos, ¿cómo hablar de democracia?

El problema, en realidad, no radica solamente en que los candidatos a la gubernatura, y sus partidos, aseguren que con la sola alternancia en el poder podrá ocurrir una transición a la democracia en Oaxaca, sino sobre todo en que éstos evaden cualquier planteamiento lógico y coherente sobre el asunto. Tal parece que no saben cómo conducir un proceso de esa naturaleza, o que precisamente se encuentran empecinados en que esa transición sea sólo discursiva, pero no real en el ejercicio del poder.

En un primer momento, quien asegure que la transición a la democracia ocurrirá con la sola alternancia, está totalmente equivocado. Dicho proceso tendría, en primer término, que estar enmarcado en una dominación opositora de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y en la existencia de un planteamiento claro y aceptado desde ahora, de cómo tendría que ocurrir dicho proceso. Nadie sabe si en estas elecciones próximas, que serán las primeras concurrentes, podría ocurrir un triunfo opositor tanto en la gubernatura como en el Congreso del Estado. Y, además, el plan de transición democrática simplemente no existe.

El problema, en el otro escenario, es todavía más grave: ¿Qué haría un proyecto opositor que alcanza el poder y comienza a ejercerlo en las concentraciones actuales que existen? Seguramente, estaría decidido a no cambiar nada. El problema es que la ralea de buena parte de quienes hoy pretenden encabezar la alianza opositora, es justamente priista. Es decir, que todos traen, de un modo u otro, al tricolor en la sangre, y que un triunfo opositor en esas circunstancias les daría una doble legitimidad para continuar ejerciendo el poder del modo en como se hace hasta ahora.

TODOS CALLAN

Esta tendría que ser una discusión urgente y fundamental entre todos los que aspiran a alcanzar el poder gubernamental en Oaxaca. Sin embargo, todos prefieren omitir el tema porque saben que lo más cómodo y sencillo es seguir gobernando del mismo modo en como se hace, y únicamente envolverse en una casaca partidista distinta a la actual. Incluso, quienes se sorprenden, desde el oficialismo, por la aparición de alianzas como la que aquí ocurre, deberían voltear a ver en qué condiciones democráticas se ejercer el poder, y cómo ello se presta para que la manipulación haga su trabajo y sus detractores digan que van a propiciar la democracia, pero reservándose el cómo y el para qué. Esta es una feroz guerra por el poder, no por la democracia.

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Panal: una significativa suma simbólica a Alianza

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+ Carmona: de nuevo, las cosas le salen de lo peor

¿En qué estaría pensando el diputado local y dirigente estatal del Partido Nueva Alianza, Cristóbal Carmona Morales, cuando hace 15 días negó rotundamente que ese partido se sumaría a la Alianza opositora en Oaxaca? Es lo que muchos se preguntaban cuando, el viernes pasado, el líder nacional de ese partido, Jorge Kahwagi Macari, vino a Oaxaca a confirmar exactamente lo contrario: que Nueva Alianza sí integrará la coalición, y que impulsarán como candidata a la gubernatura a su ex diputada federal, Irma Piñeiro Arias.

¿Qué significa todo esto? Porque aún cuando pudiera suponerse que esta contradicción es un rasgo de la diferencia de opiniones, e incluso de la autonomía que tiene la dirigencia estatal de un partido sobre sus órganos nacionales, es evidente que un asunto de esta naturaleza no se explica con romanticismos, sino más bien con el ejercicio implacable —y, en este caso, desventurado— de los vicios de la política partidista.

¿Por qué? Porque es evidente que, como lo habíamos apuntado en otros momentos, durante largo tiempo los poderosos núcleos del priismo oaxaqueño, se dieron a la tarea de fomentar la cooptación y la corrupción de los líderes opositores de la entidad. Pensaron, erróneamente, que esa sería una estrategia eficaz para desarticular cualquier intento de relación amistosa entre éstas, y eliminar los riesgos de una nueva coalición opositora como la que ocurrió en 2004.

Por eso, hasta hace unos meses lo único que predominaba en las relaciones políticas entre los partidos de oposición, eran las confrontaciones. Aplicando la vieja estrategia de “divide y vencerás”, era lo que más le convenía al priismo. Sin embargo, pronto el escenario partidista cambió, y para evadir todas esas cooptaciones, fueron las dirigencias nacionales de los partidos opositores las que tejieron los puentes para la conformación de una alianza en Oaxaca.

Así, cooptados o no, los líderes estatales de esas fuerzas, prefirieron callar y ceñirse a los resolutivos de sus órganos superiores. Ese era el punto en el que cualquier arreglo previo que éstos, en Oaxaca, hubieran hecho con el oficialismo, quedaba rebasado por las determinaciones de los órganos nacionales. En esas condiciones, nadie se iba a aventurar a hacer el ridículo de asegurar la no conformación de una alianza, que más temprano que tarde sería desmentida por su dirigencia nacional. Hoy se sabe: nadie, excepto Cristóbal Carmona Morales.

¿Qué dijo el Dirigente estatal del Panal? Vale la pena recuperar algunas de las frases más significativas de un comunicado que el diputado Carmona emitió el pasado 17 de enero, y que usted puede leer completo en nuestro blog. “El presidente estatal del Panal, Cristóbal Carmona Morales, rechazó que ese instituto político vaya a participar en la coalición que los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Convergencia (PC) han establecido para contender en los comicios de este año.

“Consideró difícil que la coalición rinda buenos resultados ya que dijo, es complicado explicar la manera en que la ultraderecha se pueda mezclar con la izquierda, como se pretende hacer en Oaxaca, Sin embargo, dijo, si ellos lo logran hacer pues adelante, nosotros definitivamente vamos a ir solos (…) en su opinión, la coalición no tiene un fin propositivo ni busca una alianza con la ciudadanía para mejorar las actuales condiciones económicas y sociales, más bien se trata de una alianza sustentada en el rencor.

“Es válido que quieran derrocar al PRI (…) pero que no sea con base en el odio”. ¿Qué tal? Sin duda, de aquí en adelante cada una de esas palabras le resonará en la conciencia al diputado Carmona —si es que la tiene—, cada que se vea obligado a participar o pronunciarse a favor de una alianza con la que dijo no estar de acuerdo. ¿Debería renunciar a su cargo partidista, como un acto de congruencia? ¿O, más bien, al externar dicho posicionamiento, fue congruente con los operadores priistas que lo presionaron para ello?

LA HISTORIA

Una declaración así del dirigente Carmona era suicida. Quizá, en una infinita ingenuidad, desconoce que la conformación de la coalición opositora es un esfuerzo nacional, que se encuentra muy por encima de los membretes y los intereses de dirigentes estatales poco confiables. Como él. Si tuviera más sensibilidad, sabría que el interés que mueve al Panal a sumarse a este esfuerzo opositor, tiene un origen añejo y que no se iba a desmoronar por una declaración tan precaria como la suya.

¿Por qué? Porque Panal, a nivel nacional, es nada menos que el brazo electoral de la poderosa presidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales; y que en su grupo más selecto de enemigos políticos a ultranza, se encuentra el nombre del gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

¿Por qué? El diputado Carmona se debería saber esa historia a la perfección. Es, de hecho, lo que le dio origen al cargo partidista que hoy ostenta. Pero si la olvidó, aquí se la recordamos. En 2004, la profesora Gordillo fue depuesta de la coordinación de la fracción priista en San Lázaro, por un grupo de legisladores priistas que entonces respondían al interés del tabasqueño Roberto Madrazo Pintado. Entre ellos se encontraba el ahora Gobernador de Oaxaca.

Cuando ocurrió la contienda interna del PRI para elegir a su candidato presidencial, Gordillo apoyó al gobernador del Estado de México, Arturo Montiel. Carmona apareció como su representante en Oaxaca. Una vez que estalló el escándalo por su abultada e inexplicable fortuna, el mexiquense declinó a ir por la candidatura. Pero la Profesora no se detuvo en su hostigamiento al priismo madracista, y prometió no olvidar los agravios. Y luego de ese capítulo, la estructura montielista quedó en un desamparo que, posteriormente, fue aprovechado por Nueva Alianza para establecer sus redes en las entidades federativas. Por eso, desde el inicio están contemplados como parte de la Alianza.

SIMULADOR

¿A poco por ser un prócer de la política, Carmona Morales es dirigente estatal de Nueva Alianza? Evidentemente no. Fue una consecuencia natural del antipriismo que, particularmente, debería entenderse como “antimadracismo” o “antiulisismo”. ¿Y sus declaraciones son también una casualidad? De nuevo, no. Son consecuencia de la connivencia y la cooptación que de gente como él ha hecho el oficialismo. Lamentablemente, para él, los intereses que se juegan son por mucho superiores a él. Por todo eso, al final no ha quedado más que en el más sonoro de los ridículos.

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PAN vs PRI: el país, en medio de la disputa

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Adrián Ortiz Romero Cuevas

A pesar de que al inicio de este sexenio, el Partido Revolucionario Institucional tenía una amplia desventaja, fueron ellos como fuerza política quienes le dieron legitimidad y cauce al gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa. En el 2006, la crisis de legitimidad institucional era contagiosa, y fue sólo a través de ese camino de la prudencia y el reconocimiento, que unos y otros lograron hacer frente a los intentos de generar una desestabilización mayor en el país.

Han pasado poco más de tres años desde aquellos aciagos momentos de incertidumbre para el país, y está a punto de ocurrir lo entonces inimaginable: las otrora fuerzas aliadas se alejan y se distancian, y los polos que antes fueron equidistantes, hoy se unen para tratar de frenar a ese tercero en discordia que hoy los tiene en vilo. Lo riesgoso, en esta guerra política que se antoja ser de magnitudes importantes, radica en el hecho de que en medio de todo se encuentra nada menos que la viabilidad democrática e institucional del país. Es, por tanto, mucho lo que está en juego, por una guerra partidista.

 

EL CONTEXTO

En diciembre de 2005, no parecía del todo lógico que el inminente candidato del Partido de la Revolución Democrática a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, pudiera sufrir descalabros importantes que lo llevaran a perder la cómoda ventaja que tenía sobre todos sus adversarios.

Tampoco parecía creíble que el abanderado presidencial panista, Felipe Calderón Hinojosa, tuviera la posibilidad de remontar las cifras que le daban pocas posibilidades de triunfo incluso dentro de su partido, para al menos enfrentar decorosamente al entonces poderoso ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal, que llegaba a una contienda con amplia ventaja. Calderón había emanado de un proceso interno viciado, en el que desde la Presidencia de la República se trató de impulsar a Santiago Creel. Sólo que el propio mecanismo para la elección del candidato, potenció las posibilidades de Calderón, quien finalmente se impuso en la postulación aún en contra de la voluntad presidencial y del grupo que entonces se encontraba en posesión del gobierno federal.

En el lado del priismo, sin embargo, las cosas no eran desalentadoras: Roberto Madrazo Pintado, líder nacional de ese partido, se había logrado imponer a todos sus demás competidores en una contienda interna marcada por la violencia discursiva y los mecanismos “duros” de sometimiento a todas las corrientes políticas. Se aseguraba que Madrazo tenía importantes posibilidades de triunfo, debido a que 20 de las gubernaturas del país se encontraban en manos de tricolores, y que de ahí emanaría la fuerza para llevarlo a la victoria.

Los hechos, finalmente, hablaron por sí mismos. López Obrador cometió todos los errores imaginables, y muchos más. Minó los soportes en los que descansaba su fortaleza, y permitió que el panismo le arrebatara puntos porcentuales de preferencia electoral, basándose en una guerra sucia de poco calado. Calderón aprovechó el interés presidencial no de que él ganara, sino de no entregar el gobierno a un priista o perredista, y finalmente Madrazo Pintado se desdibujó en una campaña poco consistente que nunca pudo demostrar el empuje y la cohesión de esas veinte gubernaturas.

El resultado fue abrumador: el panismo venció al perredismo en los comicios presidenciales por una ventaja de apenas 220 mil votos —que no representa ni medio punto porcentual del total de la votación—; el priismo se colocó como una lejana tercera fuerza electoral. Y en el Congreso el panismo se hizo de una mayoría cómoda que fue seguida por el perredismo. A pesar del arrinconamiento priista, el encono que derivó de las acusaciones de fraude electoral entre los azules y los amarillos, rápidamente los convirtió en el fiel de la balanza, y en el número indispensable para lograr las mayorías legislativas que se necesitaban para sostener el rumbo institucional del país.

Así fue. Calderón Hinojosa sólo pudo tomar protesta de su cargo en el Congreso, aquel 1 de diciembre de 2006, gracias al aval del priismo; en los momentos más críticos de la resistencia civil, fue el tricolor quien le brindó la estabilidad necesaria, y le abrió la posibilidad de alcanzar acuerdos firmes que cerraran el paso a los enemigos del calderonismo.

Así fue como, en casi todo el primer tramo de la actual administración federal, hubo un acuerdo casi permanente entre el priismo y el panismo, para sostener las relaciones mutuas de poder.

 

SUBE Y BAJA PANISTA

Al presidente Calderón le ha tocado gobernar en medio de uno de los contextos más complicados en que podría encontrarse el país. En estos tres años, todas las promesas de desarrollo y empleo se vieron canceladas; la delincuencia se elevó a niveles alarmantes, y la economía se desplomó lo mismo por factores internacionales que por los fallos del propio modelo económico de nuestro país, y la dependencia que existe en relación a los Estados Unidos.

¿Qué pasó con el PRD y las fuerzas de izquierda en estos años? Que, al igual que el panismo, tomaron algunas decisiones erróneas y los costos fueron altos. López Obrador, por ejemplo, desperdició la oportunidad de convertirse en un auténtico líder de la oposición en México, y más bien optó por demasiado tiempo por el camino de la confrontación y la diatriba. El electorado cobró cada una de esas facturas, tanto al panismo como al perredismo, en los comicios federales intermedios de 2009.

¿Qué pasó entonces? Que el PAN y el PRD, aún enfrentados frontalmente por los resultados de la elección presidencial de 2006, recibieron en conjunto un fuerte revés por parte del electorado. Acción Nacional perdió la mayoría relativa que ostentaba hasta entonces en la Cámara baja, y el perredismo fue relegado al tercer sitio. El gran ganador de esa reyerta fue el priismo que, decantado en sus 19 gobernadores, logró una mayoría casi absoluta, con la cual está hoy disputando los espacios más importantes, y las decisiones más trascendentales, a un presidente que parece estar perdiendo el control del país y de su partido.

¿CIVILIDAD?

Desde julio pasado, cuando se conoció el resultado final de los comicios, se supo que el escenario cambiaría. El PRI arrebató los espacios más importantes al PAN, y demostró cómo sus gobernadores sí pueden ser capaces de unir esfuerzos por su partido. Uno de los aspirantes priistas a la candidatura presidencial, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, es el más aventajado de todos hoy en día.

Y entonces Acción Nacional viró y encontró nuevos aliados: en su panorama, el adversario a vencer era el PRI y ya no el PRD; y entonces halló alianzas de oportunidad que hoy se están materializando en las coaliciones que están a punto de erigirse en varias entidades de la República, incluyendo Oaxaca. El problema, en todo esto, es que la crisis interna de los partidos está siendo llevada al plano político: hoy, unos y otros se condicionan presupuestos, se dan golpes bajos en el partidismo, y se reviran los golpes amenazando con parálisis legislativa.

El asunto no parece sencillo. A principios del pasado mes de diciembre, cuando apenas se había podido lograr la aprobación del paquete económico de 2010, el presidente Calderón presentó un paquete de reformas políticas, para que fueran discutidas en el Congreso. Si bien, este era un imperativo democrático e institucional para el país, también fue un mecanismo a través del cual se buscó desviar la atención de la discusión nacional y hacerla transitar de los temas económicos, a los de orden político. El PRI no la aceptó, pero prometió analizarla y discutirla en este primer mes del año.

Luego vino la consolidación de las alianzas, y la amenaza del priismo de impulsar una contrarreforma que devolviera la obligación constitucional al Ejecutivo federal, de acudir al Congreso a presentar verbalmente su informe de gobierno. Hoy, incluso, el tricolor asegura que el tema de la reforma política no es prioritaria para el país, y que primero se dedicará a discutir y analizar los temas económicos y sociales que más preocupan a la población.

No se trata de que una reforma en ese sentido tenga que ser discutida y aprobada, sin analizarse, por las fuerzas políticas opositoras al Presidente. Pero México necesita con urgencia evolución y transformaciones democráticas, que no pueden seguir sujetas al criterio o los vaivenes de una fuerza política, y mucho menos a los cálculos políticos que tienen como telón de fondo la distracción y no los cambios de fondo. Es cierto que una discusión sobre el andamiaje jurídico del país, puede ser menos atractiva que una de carácter social o económico. Pero una no se puede subestimar en pos de la otra, por un motivo que no tiene que ver estrictamente con la vocación democrática de unos y de otros.

Esas dos fuerzas, al final, tendrían que repensar a dónde quieren llevar al país, con ese curioso, pero poco viable, sistema de pesos y contrapesos que significan los ataques y las amenazas. En la disputa partidista, deben estar sujetas las discusiones y los intereses de esa naturaleza; pero no la estabilidad nacional y mucho menos las instituciones del Estado, que necesitan evolución pero no a costa de su debilitamiento o puesta en la mesa equivocada de las negociaciones partidistas.