Oaxaca: los escollos de la transparencia

+ Integración: ¿legitimidad y permanencia?

 

La transparencia, ha sido en Oaxaca un ejercicio de claroscuros. A pesar de haber sido una de las últimas entidades federativas en emprender las tareas propias para garantizar el libre ejercicio del derecho a la información por parte de los ciudadanos, en poco tiempo se integró un órgano que ha comenzado a dar certidumbre sobre los resultados que puede dar en el mediano plazo. Sin embargo, queda claro que el principal obstáculo para legitimar tanto el trabajo del Instituto de Acceso a la Información, como los principios y derechos que consagra la ley respectiva, se encuentra en las decisiones que se toman desde el poder.

Desde este espacio, se ha tratado siempre de estar al tanto de saber y reseñar, más allá del chisme cotidiano, qué ocurre con la transparencia. Consideramos que esa es una causa de avanzada entre los ciudadanos, que además debe ser ejercida con responsabilidad y energía por todos los que deseamos un gobierno más eficaz y claro en su ejercicio, y que por tanto debe ser vigilada y analizada con detalle para evitar distracciones que afecten la estabilidad de ese derecho, así como las vías para ejercerlo.

Esa atención al rubro, nos ha llevado recurrentemente a asumir posturas críticas. Así lo establecimos, desde el momento en que se aprobó la ley vigente de Acceso a la Información, y sobre todo cuando se dio a conocer la integración inicial del órgano de transparencia. Denunciamos aquí, desde mayo de 2008, que no era correcto ni legítimo, que el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, se hubiera integrado en base a criterios estrictamente políticos, y que con ello se hubieran dejado de lado los perfiles profesionales y la posibilidad de dejar en manos de expertos el funcionamiento de ese instituto autónomo, que es fundamental para la vida democrática actual. Aseguramos incluso, que ello ponía en una situación de sometimiento al ejercicio de la transparencia en Oaxaca.

Una vez que, en julio de ese año, entró en vigencia tanto la reforma constitucional al artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con ella la Ley Estatal de Acceso a la Información, comenzó también a funcionar el Instituto de Transparencia (IEAIP), que nació con el objeto de servir como puente entre los sujetos obligados (órganos del Estado) y los ciudadanos (solicitantes), para garantizar que los primeros entregaran la información que les solicitaran los primeros, y que ante una negativa de acceso, hubiera no intolerancia, sino equidad y razones legales para hacerlo.

Quien quisiera ver fatalismos en ese ejercicio, se equivoca. Del mismo modo, quien pretendiera decir que de entonces a la fecha todos los sujetos obligados (dependencias estatales y municipales, así como todos aquellos que reciben recursos económicos por parte del erario estatal) han cumplido cabalmente con sus funciones, también está equivocado.

En los últimos dos años, los funcionarios estatales encargados de las unidades de enlace y comités de información, más que garantizar el derecho a la información y de verdad vincularse con los ciudadanos, se han vuelto expertos en el “chicaneo” de todas las solicitudes que de algún modo exigen información de carácter público que, sin embargo, puede poner en riesgo o exhibir a algún funcionario. Su labor ha sido la de “cansar” o desanimar al ciudadano en cuanto a seguir ejerciendo su derecho de preguntar a la autoridad o solicitar información para corroborar que la función pública se lleva a cabo de manera legal y correcta.

MALAS DECISIONES

Sin embargo, hubo total firmeza para denunciar que la integración inicial del IEAIP no era la más adecuada. Dejar la conducción de un órgano de tal magnitud e importancia para la vida democrática del estado, en manos de tres personajes (Genaro Vásquez Colmenares, Alicia Aguilar Castro y Raúl Ávila Ortiz) estrechamente vinculados con el grupo gobernante estatal, era tanto como negar la trascendencia tanto del órgano, como de ese valor poco asumido respecto a la autonomía de sus funciones. En el peor de los casos, con esa integración pro gobiernista, desde el poder se trató de engañar a la sociedad… corriendo el riesgo de que más bien todo pudiera quedar en un autoengaño.

Poco a poco se fue clarificando que esa integración inicial no era ni totalmente buena, pero tampoco totalmente inadecuada. Emprender las tareas relativas a la transparencia, así como estructurar el Instituto a partir de nada, seguramente no debió haber sido una tarea fácil. Hoy, en aspectos como el funcionamiento de su portal de Internet, y la posibilidad de presentar solicitudes, darles seguimiento y ahora también hacer valer los recursos de defensa, así como en el establecimiento de criterios y puntos de referencia en cuanto al ejercicio del derecho a la información, el IEAIP ha sido reconocido nacionalmente por sus avances.

Empero, tal pareciera que desde el mismo poder se siguen empeñando en soslayar los avances que, de algún modo, ellos mismos han procurado. Todo lo bueno que hasta ahora se hubiera podido lograr con el IEAIP —y que además constituye un reposicionamiento positivo luego de los fuertes cuestionamientos iniciales que generalizadamente se le hicieron desde la opinión pública—, nuevamente quedan en entredicho con la designación de su nueva integrante, Soledad Rojas Walls.

Al igual que con la integración inicial, para designar a Rojas no prevalecieron los criterios técnicos, profesionales o de conocimiento de la materia, sino únicamente una decisión pura y llanamente política y de facción. La ahora ex Coordinadora de Comunicación Social del Gobierno del Estado se ganó el puesto gracias a su cercanía con el poder, y no por sus conocimientos o experiencia en materia de transparencia.

 

¿DESMANTELAMIENTO?

Las fuerzas de oposición que ganaron los comicios en julio pasado, han lanzado fuertes cuestionamientos tanto al IEAIP como a la ASE, por considerar a sus integrantes justamente como “gobiernistas”. Lo más saludable sería que el nuevo gobierno, y la nueva Legislatura pusiera a prueba esos órganos, antes de descalificarlos y desmantelarlos. Sin embargo, es claro que este tipo de decisiones en nada ayudan a la estabilidad del órgano de transparencia, y tampoco a sus integrantes, aún cuando pudieran tener una verdadera convicción —como seguramente es— de cumplir cabalmente con sus funciones.

 

Cambio de administración: todos los argumentos están rebasados

Dicen quienes saben del ejercicio del poder, que casi siempre al final de una administración —sea trianual o sexenal— el gobernante está harto del gobierno, y los gobernados hartos del gobernante. Esto ocurre por una razón natural: en el último momento de cada gestión, ya las razones objetivas dejan de valer, subsistiendo sólo las buenas o malas impresiones que el grueso de la población pueda tener de su autoridad, y todo se acelera por la expectativa de quien está a punto de asumir la siguiente gestión. Tal parece que eso exactamente es lo que ocurre en Oaxaca.

Hoy —cuando faltan 19 días para la transmisión de poderes— esa circunstancia parece perfectamente visible. Por un lado, se encuentra la administración del gobernador Ulises Ruiz, que está haciendo un último intento por incrustar en el ánimo de la opinión pública los resultados que, más allá de los acuerdos o desacuerdos, ha tenido su gobierno.

Así, previo a su último informe de gobierno, se ha desplegado una intensa campaña publicitaria que, en otro momento, e independientemente de cuál fuera el mensaje, no tendría nada de polémica; la polvareda que ésta ha levantado entre la sociedad que la ve polarizadamente con agrado o completa aversión, tiene que ver con el momento en que ocurre.

En la esfera opuesta, se encuentra expectante el gobierno de Gabino Cué, que ya se apresta a tomar las riendas del gobierno. Como suele ocurrir frente a cada cambio de administración, el nuevo gobierno tiene un cúmulo importante de expectativas que, independientemente del acuerdo o discordancia política, hacen que toda la opinión pública tenga la mirada y la atención puestas en el inicio de la gestión, en los posibles golpes de timón que dé para diferenciarse y tomar distancia del gobierno saliente, y las primeras acciones que emprenda para cumplir con su plan de gobierno.

Pero independientemente de todo esto, quienes nos encontramos en medio somos los ciudadanos, que esencialmente somos quienes en este momento parecemos no entender bien muchas de las razones que cada uno de los dos bandos de poder pretenda hacernos llegar, para moderar las posiciones.

Hoy, por ejemplo, los oaxaqueños que —independientemente de la razón— siempre vieron mal y reprobaron la administración del gobernador Ruiz, hoy se encuentran en la posición de hacer radicales sus posicionamientos, y por tanto asegurar no sólo que ésta no fue una gestión eficiente o provechosa para Oaxaca, sino que fue una desgracia o una tragedia para la entidad, que tal personaje hubiera llegado a ser gobernante.

Pero también en el otro extremo, se encuentran quienes siempre tuvieron una posición contraria a las aspiraciones políticas de Gabino Cué Monteagudo, y hoy no sólo reproducen aquella aversión, sino que la puntualizan a niveles maximizados, y aseguran que sólo será cuestión de tiempo para corroborar el fracaso y las ideas ilusas de que con él en el gobierno podría haber un cambio.

Todo parece ser parte del momento político, de la expectativa, y de la urgencia porque las cosas pasen. En este momento, es claro que nadie tiene las ganas o los argumentos lo suficientemente convincentes, como para justificar un régimen de gobierno agonizante que, además, estuvo marcado siempre por la polarización, la polémica y los claroscuros.

Del mismo modo, es claro que quien hoy pretenda enaltecer o descalificar a una administración que apenas entrará en funciones, también está perdiendo su tiempo: las pautas reales comenzarán a darse a partir del 1 de diciembre, cuando se den a conocer los integrantes del gabinete de trabajo, las primeras decisiones de gobierno, y el programa de desarrollo que emprenda el nuevo gobierno.

 

RAZONES DE LA

POLARIZACIÓN

Seguramente nunca en Oaxaca había ocurrido una transmisión de poderes en una situación de confrontación tan abierta como ahora. Ulises Ruiz y Gabino Cué, a diferencia de todos los demás gobernantes que ha tenido la entidad en el pasado reciente, son adversarios abiertos y declarados de mucho tiempo. Todos los antecedentes que existen al respecto, apuntan a disputas internas o disimuladas entre sucesores, que difícilmente trascendían tal cual a la escena pública, o se dirimían en ésta las razones del diferendo.

Solamente de ahí puede entenderse que todo el ambiente —y no sólo las relaciones directas entre los gobiernos entrante y saliente— parezca tan turbulento. Desde principios de la presente década, fue clara la decisión de que Gabino Cué no sería la persona impulsada por el Partido Revolucionario Institucional para cargos de elección popular; también desde entonces, fue claro que el proyecto de sucesión del gobernador José Murat habría de recaer en la persona del entonces senador Ulises Ruiz Ortiz. A partir de 2004, todos esos diferendos estrictamente electorales, subieron de tono hasta niveles inusitados.

Habría de recordarse perfectamente que en los comicios de agosto de 2004, hubo una fuerte polémica por el apretado triunfo del candidato del PRI a la gubernatura del Estado. Ulises Ruiz había vencido a Gabino Cué por un corto margen de votación, que irremediablemente llevó a muchos a pensar en el fraude electoral.

A pesar de la resistencia que montó el opositor derrotado —que incluso se hizo llamar “El Gobernador moral de Oaxaca” en algunas notas periodísticas de aquel momento—, la defensa legal fue incapaz de probar en los tribunales que dicho fraude había ocurrido. Desde entonces creció el encono, que luego se siguió alimentando con el conflicto de 2006, que fue encabezado precisamente por muchos de los que ahora están a punto de acceder al poder.

Ello subió todavía más el tono de la disputa. El conflicto magisterial fue lo suficientemente álgido como para polarizar en extremo a la sociedad, y establecer que entre los dos grupos —el del gobernador Ruiz y el de Gabino Cué— no habría puntos medios. O se estaba con uno de ellos, o se estaba en su contra.

 

RUTA DE INTOLERANCIA

Eso es lo que hoy hace que independientemente de la razón o la justificación, ciertos sectores de la sociedad vean mal, y reprueben por completo, cualquier tipo de encuentro o comunicación que tengan los integrantes del gobierno entrante, con los del saliente. Aunque Gabino Cué y Ulises Ruiz son adversarios electorales, tienen muchos temas de gobierno que tratar. Pero la intolerancia ciudadana a los encuentros, es producto de todo ese pasado de confrontaciones.

 

Caso Emeterio: ¿la justicia fue una pantomima?

+ Agresores presos… y en huelga por su liberación

Desde hace varios días, un grupo de presos del penal estatal ubicado en la agencia Municipal de San Francisco Tanivet, en Tlacolula de Matamoros, se encuentra en huelga. El motivo aparente de la inconformidad, radica en algo así como el incumplimiento de una promesa que “alguien” les hizo cuando fueron encarcelados, hace más de tres años. ¿Qué tiene de relevante ese asunto?

Parece necesario echar atrás la mirada para comprender este asunto que, a primera vista, parecería irrelevante para efectos de la atención pública. Regresemos la memoria hasta aquel lejano lunes 16 de julio de 2007, y ubiquémonos en el contexto de las últimas secuelas violentas del conflicto magisterial y popular, ocurrido el año previo.

Como bien debe recordarse, uno de los sitios más álgidos y emblemáticos durante toda la resistencia popular encabezada por el magisterio oaxaqueño y demás grupos inconformes, fue el Auditorio Guelaguetza. Desde 2006, una de las victorias más sonadas que tuvo la entonces recién creada APPO en conjunto con la Sección 22 del SNTE, fue la cancelación de las Fiestas de los Lunes del Cerro.

En esa ocasión, lograron su objetivo gracias a la toma y ocupación permanente de que, en semanas previas, habían hecho objeto al recinto, y de la quema y destrucción de las mamparas, los templetes y todas las adecuaciones que ya para entonces se habían realizado al Auditorio. Los maestros y grupos inconformes no se movieron del lugar, hasta lograr la cancelación definitiva de la máxima fiesta de los oaxaqueños.

Un año después —cuando ya había pasado la fase más violenta del conflicto, y el Gobierno del Estado, con ayuda de la Policía Federal Preventiva, había retomado el control del orden y la gobernabilidad en la capital y municipios conurbados—, el magisterio de la Sección 22 y la APPO anunciaron que irían por un nuevo boicot a las fiestas del Lunes del Cerro, y exigieron que el Auditorio ubicado en el cerro Del Fortín les fuera prestado para la realización de su llamada “Guelaguetza popular”, que se realizaría justo ese vergonzoso 16 de julio.

Pero lanzaron su amenaza con tanta anticipación, que dieron tiempo al gobierno estatal para que organizara un amplio cerco policiaco en todos los accesos al recinto. Y ante una provocación de algunos grupos radicales de la APPO y la 22, se desató un enfrentamiento que perseguirá a sus responsables (de ambos bandos) hasta el fin de sus días.

¿Qué ocurrió entonces? Que aquel 16 de julio, al mismo tiempo que se celebraba la llamada “Guelaguetza popular” —una semana antes que la también llamada “Guelaguetza oficial”— en la Plaza de la Danza, un grupo de profesores e integrantes de la APPO decidió ir a ocupar el Auditorio Guelaguetza para lograr así el boicot a la celebración. Un grupo de unas 200 personas marchó hacia el cerro del Fortín, y en el entronque con la calzada Niños Héroes de Chapultepec, se hallaron con un fuerte cerco policiaco, compuesto por elementos estatales de diversas corporaciones.

El choque violento fue inevitable. A pesar del feroz ataque de los inconformes, las fuerzas estatales los rebasaron en número y capacidad de respuesta, y lo que comenzó siendo la mera contención de un ataque, terminó siendo una desmedida acción de fuerza por parte de las fuerzas estatales. Ante lo anunciado y previsible del enfrentamiento, representantes de prácticamente todos los medios informativos locales y de la capital del país que se encontraban en la capital oaxaqueña, se apersonaron en el lugar incluso antes de que los appistas llegaran e iniciaran el ataque.

LA SOMBRA DE EMETERIO

Todos los reporteros gráficos captaron los momentos de la ofensiva, de la resistencia policiaca, y luego de la respuesta de fuerza. En medio del enfrentamiento, fue captada una secuencia fotográfica completa de un individuo perteneciente a la ofensiva appista, que fue alcanzado por elementos policiacos, para luego ser sometido y subido a un vehículo policiaco para, según ser trasladado a los separos. Horas después, ese mismo individuo fue encontrado a la orilla de una carretera federal, en el sur de la ciudad, en un grave estado de salud producto de una brutal golpiza que había recibido. Era Emeterio Merino Cruz.

La tarde de ese 16 de julio, llamadas telefónicas alertaron sobre el hallazgo de ese individuo. Aunque inicialmente la entonces Dirección General de Seguridad Pública del Estado se deslindó tanto de su detención como de la agresión sufrida, pronto se supo que, en efecto, la persona moribunda que había sido localizada en la carretera a San Bartolo Coyotepec sí había estado presente en el enfrentamiento, y había sido detenido por fuerzas estatales. El periódico Noticias publicó la secuencia completa de imágenes, de cuando Merino Cruz fue sometido por completo a las afueras del hotel Fortín Plaza.

Fue hasta entonces, cuando ya el deslinde era ridículo e insostenible, que el Gobierno del Estado aceptó su responsabilidad por la brutal golpiza. Para tratar de “limpiar” la maltrecha imagen del gobierno estatal, el 31 de agosto de 2007 el entonces procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez anunció la aprehensión de cinco elementos de las policías Preventiva y Municipal de Oaxaca de Juárez, como presuntos responsables de la brutal golpiza que le propinaron a Merino Cruz.

Esos elementos eran Nemecio Vásquez Matus, Alejandro Franklin Ortiz, Alfredo Luis Santos, Eugenio Silva Santiago y Javier Díaz Miguel. Los mismos que hoy se dicen defraudados por la promesa de ser liberados antes de que terminara la actual administración, y que durante un tiempo recibieron privilegios y ayuda por parte del ahora extinto Aristeo López Martínez, y otros funcionarios estatales.

En nuestra entrega del miércoles 26 de septiembre de ese año, dimos cuenta de cómo el entonces Coordinador de Seguridad Pública Municipal disponía de vehículos y elementos para que estuvieran al servicio de los familiares de los efectivos de esa corporación que fueron encarcelados por la golpiza a Emeterio Merino.

¿JUSTICIA?

Sistemáticamente, Merino Cruz se negaba a acudir al llamado del Agente del Ministerio Público para dar declaraciones y ofrecer pruebas sobre el caso. Sin eso, es imposible llegar a una sentencia. Y todo se agrava ante la “revelación” de que hubo tratos entre “alguien” y los encarcelados, para ser puestos en libertad antes del fin de la administración. Parece que la simulación de justicia está a punto de aparecerse de nuevo.

“Bono democrático” de Gabino Cué: ¿Riesgo calculado?

+ Unir a todas las fuerzas puede ser efecto búmeran

El gobernador electo de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, está utilizando a sus anchas el bono democrático que los electores le dieron el pasado 4 de julio. En las semanas previas a su toma de posesión como Gobernador Constitucional del Estado, se ha dado el lujo de firmar un convenio de colaboración con el Gobierno del Distrito Federal, de acudir a la Cámara de Diputados arropado por los diputados federales priistas a exigir más presupuesto, e incluso a reiterar su cercanía y aprecio por el ex candidato presidencial del PRD, PT y PC, Andrés Manuel López Obrador. Aunque hoy tiene todas las posibilidades de su lado, el nuevo Gobernante pronto deberá comenzar a considerar hasta qué punto es prudente y necesario, el tratar de hacer confluir a las más importantes fuerzas políticas del país a su alrededor.

Independientemente de que haya quien esté de acuerdo o no con esta afirmación, es evidente que hoy Gabino Cué Monteagudo resulta ser un modelo político para diversas entidades de la República, y para no pocos partidos de oposición que buscan fórmulas relativamente novedosas para acceder al poder. Oaxaca era una de las entidades federativas que aparentaban tener un mayor arraigo priista, y que en el ámbito de lo electoral, sus estructuras parecían ser las más funcionales y, por tanto, las más complicadas de vencer.

El hoy gobernador electo Cué pudo hacerlo, pero sólo en base a una amalgama de factores que le permitieron derrotar a una maquinaria priista que, en efecto, había demostrado su poder y la capacidad de hacer triunfar al partido, independientemente de quién fuera el candidato.

En el aspecto positivo, hoy el Gobernador Electo de Oaxaca, para muchos se aparece como un modelo democrático que tiene la capacidad de remontar sus derrotas y vencer a quienes inicialmente lo doblegaron. En la contraparte, es decir, en el aspecto negativo, hay muchos otros que aseguran que no fue una firme vocación y voluntad democrática lo que lo llevó al poder, sino una suma de operaciones, recursos y artificios electorales similares a la ingeniería electoral del priismo, pero puestos en marcha con mayor eficacia.

En ese sentido, la realidad indica que independientemente de cómo haya sido su arribo al poder, nada de esto podría haber ocurrido si no sólo a través de la conjunción de las voluntades de la derecha —a través del panismo—, y de la izquierda —a través del PRD, PT, PC y la anuencia lopezobradorista—, y que por esa razón, hoy el gobernador Cué tiene la posibilidad de moverse a sus anchas, contando incluso con el apoyo condicionado de los tricolores.

¿Cómo poder hacer eso? Evidentemente, todo encuentra su explicación en el llamado “bono democrático” con el que hoy cuenta el gobernador Cué. Es decir, que el gobernante oaxaqueño hoy tiene por completo a su favor esa calidad hasta hoy inmaculada, rentable y políticamente correcta, que indica que ningún opositor al PRI que se diga demócrata, puede darle la espalda o negarle el apoyo a quien fue capaz de derrotar a una maquinaria que se había mantenido firme por casi ochenta años. De ahí que hoy Cué sea algo así como una “figura de moda” entre los políticos, gobernantes, legisladores y aspirantes a cargos de elección popular de los partidos que lo llevaron al poder, al que todos desean capitalizar, y al que nadie puede dejar de prestarle respaldo o apoyo político directo.

Incluso, aunque en el pasado casi siempre los diputados de oposición le dan la espalda a los del PRI cuando se trata de gestionar recursos, ahora pareciera que los mismos legisladores priistas de Oaxaca se vieron en la necesidad de respaldar a Cué en la búsqueda de más presupuesto, porque para ellos mismos sería de un altísimo costo político, hoy, abrir un frente de batalla en el que quedaran como los traidores a la causa de Oaxaca, y no el gobernante, que fácilmente podría acusarlos de no hacer lo suficiente en la gestión de recursos para el combate a la pobreza y el desarrollo de la entidad.

EFECTO BÚMERAN

Hoy, y durante un tiempo más, ese aparente gran poder de convocatoria será utilizado plenamente por el gobernador Cué. Y si eso sirve para convocar a diálogo y acuerdos que permitan la gobernabilidad y la solución de conflictos, evidentemente, todos los avances serán bienvenidos. Pero necesariamente tendrá que haber un límite en las relaciones, porque por la propia naturaleza de los actores y grupos que hoy apoyan al inminente Gobernante oaxaqueño, éstos, todos, son adversarios y llegado el momento, tendrán que dejar atrás las alianzas y los romanticismos sobre la democracia, para volver al ejercicio implacable de la política partidista, electoral y de grupo.

Ese será el momento en el que el gobierno oaxaqueño de Cué comenzará a moverse en una auténtica cuerda floja. Por ejemplo, pasó absolutamente nada en relación al PAN y el gobierno federal, la semana pasada que el Gobierno Electo de Oaxaca anunció la firma de un acuerdo para la creación de una comisión mixta que ponga aquí en marcha, algunos programas sociales y de desarrollo que han probado su eficacia en la capital de la República, que es gobernada por el perredista Marcelo Ebrard Casaubón.

Habría que preguntarse cómo será tomado ese acuerdo por parte del tradicionalmente revanchista panismo del presidente Felipe Calderón, una vez que el perredista Ebrard termine de develarse como un potencial y respaldado candidato presidencial, y busque enfrentar a quien resulte el candidato de las fuerzas de la derecha.

Aunque ahora no hubo protesta alguna, llegará el momento en que esa relación incomode a varios de los que ahora son aliados de Cué. Y el anterior es sólo un ejemplo. ¿O qué dirá el priismo, en su momento, cuando un gobernante les pida respaldo político, pero manifieste apoyo franco a candidatos o partidos que son sus adversarios? ¿Y qué pasará cuando el Gobierno del DF le exija a Cué su definición sobre el apoyo a manifestar para el abanderado de la izquierda en los comicios presidenciales?

¿NO ES FERIA?

Por razones como las anteriores, el gobierno de Gabino Cué debe fundamentar y cimentar muy bien los apoyos que busque, y las afinidades que manifieste. Su bono democrático hoy parece un cheque en blanco. Pero ni la ciudadanía, ni mucho menos las fuerzas políticas, tendrán la misma disposición y tolerancia, una vez que se desaten de nuevo los tiempos electorales. El tiempo dirá qué tan conveniente fue poner “todos los huevos en la misma canasta”.

¿Dónde quedaron las responsabilidades por el 2006?

+ Herencia de impunidad: saldo de revuelta magisterial

Días después del 26 de noviembre de 2006, cuando ocurrió el choque más violento entre elementos de la entonces Policía Federal Preventiva e integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), se creó un Comité de Liberación, auspiciado por el pintor Francisco Toledo, que se encargaría de brindar apoyo económico y asesoría jurídica, para que los detenidos en aquel episodio recobraran su libertad. Hoy, cuando ese organismo civil anunció su disolución, y cuando los episodios de 2006 parecen más lejanos que nunca, habría que preguntarnos qué pasó con los delitos y quebrantos ocasionados durante aquel periodo aciago de la historia reciente de nuestro estado.

La pregunta no es ociosa. Porque si bien es cierto que un organismo civil como el Comité de Liberación “25 de noviembre”, creado específicamente para salvaguardar los derechos humanos y la integridad de quienes fueron aprehendidos, encuentra su finalidad en conseguir la libertad absoluta de esas personas, también lo es que tras de ello lo que queda es una estela de impunidad que no necesariamente debe abarcar a quienes ya fueron absueltos en los procesos judiciales que se les seguían, sino a todos los que, por acción u omisión, estimularon que la impunidad ganara en todo lo concerniente al conflicto magisterial. Expliquémonos.

En un primer momento, es necesario entender la causa del Comité de Liberación “25 de noviembre”. Éste, como bien se sabe, se creó para brindar ayuda, obtener recursos para el pago de fianzas, y proporcionar asesoría legal, a los familiares de las 149 personas que fueron aprehendidas durante los disturbios ocurridos en la misma fecha del nombre del Comité.

Gracias a ese organismo, la mayoría de las personas obtuvo el dinero necesario para garantizar el pago de la reparación de los daños, y gastos procesales, por los actos que se les imputaban. El Comité de Liberación, además, fue quien coordinó el trabajo de un grupo de abogados que condujeron los procesos judiciales, que lograron la excarcelación de los detenidos, y que lograron probar la no participación de cada una de esas personas durante los disturbios de aquella fecha.

Por esa razón, según un comunicado difundido el fin de semana, el Comité decidió disolverse “al tener resuelta la liberación de las y los presos” de la APPO, a causa del conflicto político social iniciado en el 2006, y cuya finalidad, desde entonces, fue la de enforcar “sus esfuerzos prioritariamente a la defensa y acompañamiento de los procesos legales de los presos políticos, la atención a sus familiares y la denuncia estatal, nacional e internacional de las múltiples violaciones a los derechos humanos”,

¿Qué significa esto, en términos sencillos? Que los 149 detenidos en aquella ocasión, alcanzaron ya un fallo judicial que los exime de toda responsabilidad. Por eso el Comité de Liberación cumplió su objetivo, y por eso declaró su disolución. En ese mismo sentido, y más allá de lo que específicamente ocurrió el 25 de noviembre, es claro que en relación a todos los demás hechos relacionados con el conflicto magisterial, nadie enfrenta hoy a la justicia, ni de lado de quienes encabezaron las acciones de resistencia, ni tampoco de quienes, desde el sector oficial, emprendieron tareas para combatir a quienes calificaban de insurrectos.

IMPUNIDAD CAMPANTE

No se trata de que esto fuera una cacería de brujas, ni mucho menos. Pero en el otro extremo, resulta altamente preocupante que luego de toda una larguísima estela de quebrantos, derechos menoscabados, excesos, represión, comisión de delitos comunes, y demás, nadie sea responsable, de nada, en relación a lo ocurrido en 2006. Tanto un extremo, como el otro, lo que dejan ver es a un gobierno incapaz, carente de voluntad para hacer justicia, y volcado por completo a dejar en el pasado una serie de acontecimientos en los que también tiene un altísimo grado de responsabilidad.

La disolución del Comité de Liberación es un botón claro de muestra sobre lo que aquí se dice. Si cada uno de los 149 detenidos fue declarado inocente de las acusaciones que se le imputaban, es porque tuvo la capacidad de demostrar ante la ley que, en efecto, no había participado de los disturbios o que, en su caso, no había tenido responsabilidad alguna en los quebrantos que se le imputaban. Si la ley y la justicia los declararon inocentes, nadie es quién para calificarlos como lo contrario.

Pero también dejemos las cosas en claro: el conflicto magisterial no duró un día, sino casi siete meses. En todo ese tiempo se cometieron una serie interminable de delitos, que lo mismo agraviaron a quienes encabezaban o eran parte de la resistencia popular, como también lesionaron gravemente los derechos de la ciudadanía. Ya fuera por acciones emprendidas por agentes del gobierno, o por quienes en la defensa de sus postulados de lucha popular, lo cierto es que la ciudadanía fue gravemente lesionada en sus intereses, derechos y pertenencias. Y a ésta, a la sociedad, nadie nunca le respondió por nada.

Por eso, el legado que se deja es simplemente de impunidad. Hoy parece más claro que nunca, que el Gobierno del Estado lo único que trató de hacer con los expedientes judiciales, fue ajustar cuentas con quien consideró que tenía pendientes, pero no para verdaderamente hacer justicia. De ahí que algunos líderes sociales fueran aprehendidos y encarcelados hasta los límites legalmente posibles, y que en episodios como el del 25 de noviembre se iniciaran averiguaciones cargadas de delitos, para generar la apariencia de que se les estaba juzgando con firmeza a quienes habían incendiado y agraviado a la capital oaxaqueña.

ADIÓS PASADO

Hoy es evidente todo lo contrario. La voluntad real por la justicia nunca existió. Por eso se están cerrando todos los expedientes relativos al 2006. Cualquiera que, desde el lado oficial o desde la resistencia popular, en ese tiempo haya cometido un delito quedará impune. Pero también quedará en la más completa de las impunidades, todo aquel que resintió la comisión de un delito —desde el robo más simple, hasta el homicidio de una persona cercana—, y que pacientemente sigue esperando la acción de la justicia. Ésta no existió, ni existirá, porque lo que interesa no es privilegiar la justicia y el Estado de Derecho, sino simplemente dejar el pasado atrás.

 

Gabino Cué: ¿Cómo blindarse contra el desencanto?

+ Alianzas: que no predominen las mezquindades

No es raro que las administraciones que inician con fuertes expectativas, pasado un tiempo sufran baches de intenso desencanto. La experiencia no sólo mexicana, sino internacional de los procesos de alternancia política, y de arribo al poder de gobernantes con fuertes dosis de popularidad, enseñan que éstos o demuestran un alto grado de eficacia, o son castigados fuertemente por el electorado que los empoderó. Esto debe tenerlo bien presente el gobierno de Gabino Cué Monteagudo. Pues eso será lo que, en buena medida, determine su futuro político, así como la relación que pueda emprender con los gobiernos más fuertes de los partidos que contribuyeron a llevarlo al poder.

Como bien debe recordarse, el primer gobernador electo que, días después de los comicios, se reunió con el presidente Felipe Calderón Hinojosa fue, precisamente, el de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo. En aquellos momentos, ambos mandatarios aseguraron iniciar una relación de respeto y colaboración, que luego continuó con las reuniones subsecuentes que comenzaron a ocurrir entre el equipo de transición del próximo gobierno oaxaqueño con Secretarios de Estado y delegaciones federales para tratar de puntualizar temas en específico que son del interés y parte de la agenda de la administración entrante.

Esto, en un primer momento, dio la idea de que el gobierno de Cué Monteagudo tendría importante cercanía con la administración federal del presidente Calderón. No obstante, ayer el Mandatario Electo firmó un amplio acuerdo de colaboración con el gobierno perredista del Distrito Federal, que encabeza Marcelo Ebrard Casaubón.

En dicho convenio, ambos gobernantes “decidieron estrechar lazos de colaboración para compartir programas exitosos además de mecanismos de evaluación en temas como la salud, educación, seguridad pública, administración de justicia, protección social, vivienda, medio ambiente, transporte, protección civil, finanzas, economía y turismo.” Es decir, que pareciera que buena parte de la agenda de asistencia social, desarrollo económico y administrativo de la capital del país, podría ser traslada a nuestra entidad a través del gobierno de Cué.

Esto bien puede llevarnos a una idea inicial: que el gobierno electo está estrechando lazos con gobiernos que son adversarios en común, y próximos rivales en el proceso electoral que se avecina, y que por esa razón el próximo gobierno de Oaxaca se estaría metiendo en un brete del cual podría no salir bien librado. En esa lógica, podría suponerse que las mezquindades de unos y otros, por motivos electorales, podrían ocasionar ciertas obstrucciones o boicots, que impactaran negativamente en programas favorables a nuestro estado.

¿Podría ocurrir algo así? Seguramente, si el ánimo electoral continúa igual de crispado que como hasta ahora, podría decirse que sí. Que ante un posible enfrentamiento electoral entre el candidato del presidente Felipe Calderón, con un potencial Marcelo Ebrard investido de la postulación presidencial por el PRD, un gobierno aliado de ambos, como el de Oaxaca, podría quedar muy mal parado. El punto clave hoy, para todos, es que para poder dar viabilidad a cualquiera de esas candidaturas, primero deben demostrar que Oaxaca —su mejor hechura, o su engendro, según sea el caso— tiene un gobierno verdaderamente de transición, eficaz y viable.

 

ATAJAR EL DESENCANTO

Parece hasta extraño tanto colaboracionismo de dos gobiernos adversarios, con un tercero como el de Oaxaca. La misma prensa de la capital del país, ha sido insistente con el gobernador electo Cué, respecto a quién será su candidato presidencial en 2012. Éste, por su parte, ha manifestado que apoyará la candidatura que considere más viable, sin negar que tiene cercanía con el ex abanderado presidencial, Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué ante esas insistencias, ni el gobierno del presidente Calderón, ni el de Marcelo Ebrard “respingan”?

La respuesta se encuentra en la necesidad ineludible que tienen tanto el Partido Acción Nacional, como el de la Revolución Democrática, por demostrar que cualquiera de ellos sí puede gobernar no mejor que el otro entre sí, sino que uno u otro puede hacer mejor gobierno que el Revolucionario Institucional. En esa lógica, es que uno y otro gobierno parecen estar haciendo a un lado sus mezquindades características, para dedicarse a apuntalar a un gobierno que será base y modelo primero de la lucha electoral en el Estado de México el próximo año, y potencialmente de un candidato en común en 2012.

Parece claro, en ese sentido, que ambos partidos y gobiernos, tienen la obligación de no darle pautas al desencanto que, en términos sencillos, es lo que habrá de derrotarlos juntos en los próximos comicios, para darle más triunfos al priismo. Si este gobierno icónico de coalición fracasa, o da más tumbos que resultados concretos, entonces no sólo se esperarán derrotas en nuestra entidad, sino también demostraciones implacables de que sus más “profundos” sentimientos democráticos son una farsa.

En esa lógica, si el gobierno de Oaxaca que encabezará Gabino Cué se dedicará a “oaxaqueñizar” ciertas políticas públicas que se aplican en otras entidades de la República, es necesario que lo haga con toda la eficacia y pulcritud que las necesidades democráticas y de legitimación de su gobierno ameritan. Es deseable, por Oaxaca, que tenga la claridad para copiar lo útil y no los fracasos de las administraciones que habrá de tomar como modelo. En ello estará determinado el éxito de su primer tramo de gobierno, y es lo que en un momento dado le permitiría convalidar su administración a través de un triunfo en los comicios intermedios.

DELIMITAR EXPECTATIVAS

Si hace una administración inteligente, Cué deberá asumir la necesidad de acotar y delimitar las expectativas que él mismo, y sus colaboradores, están generando del próximo gobierno. Es imposible vivir de esperanzas, como querer hacerlo de fantasías irrealizables. En ese sentido, es ilógico, y peligroso, suponer que a partir del 1 de diciembre todos los problemas de Oaxaca serán resueltos, como también lo es el suponer que de todos modos el cambio sólo fue de facciones, pero que continuarán presentes los excesos en la administración pública, que tanto han molestado en los últimos años.

 

+ Alianzas: que no predominen las mezquindades

No es raro que las administraciones que inician con fuertes expectativas, pasado un tiempo sufran baches de intenso desencanto. La experiencia no sólo mexicana, sino internacional de los procesos de alternancia política, y de arribo al poder de gobernantes con fuertes dosis de popularidad, enseñan que éstos o demuestran un alto grado de eficacia, o son castigados fuertemente por el electorado que los empoderó. Esto debe tenerlo bien presente el gobierno de Gabino Cué Monteagudo. Pues eso será lo que, en buena medida, determine su futuro político, así como la relación que pueda emprender con los gobiernos más fuertes de los partidos que contribuyeron a llevarlo al poder.

Como bien debe recordarse, el primer gobernador electo que, días después de los comicios, se reunió con el presidente Felipe Calderón Hinojosa fue, precisamente, el de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo. En aquellos momentos, ambos mandatarios aseguraron iniciar una relación de respeto y colaboración, que luego continuó con las reuniones subsecuentes que comenzaron a ocurrir entre el equipo de transición del próximo gobierno oaxaqueño con Secretarios de Estado y delegaciones federales para tratar de puntualizar temas en específico que son del interés y parte de la agenda de la administración entrante.

Esto, en un primer momento, dio la idea de que el gobierno de Cué Monteagudo tendría importante cercanía con la administración federal del presidente Calderón. No obstante, ayer el Mandatario Electo firmó un amplio acuerdo de colaboración con el gobierno perredista del Distrito Federal, que encabeza Marcelo Ebrard Casaubón.

En dicho convenio, ambos gobernantes “decidieron estrechar lazos de colaboración para compartir programas exitosos además de mecanismos de evaluación en temas como la salud, educación, seguridad pública, administración de justicia, protección social, vivienda, medio ambiente, transporte, protección civil, finanzas, economía y turismo.” Es decir, que pareciera que buena parte de la agenda de asistencia social, desarrollo económico y administrativo de la capital del país, podría ser traslada a nuestra entidad a través del gobierno de Cué.

Esto bien puede llevarnos a una idea inicial: que el gobierno electo está estrechando lazos con gobiernos que son adversarios en común, y próximos rivales en el proceso electoral que se avecina, y que por esa razón el próximo gobierno de Oaxaca se estaría metiendo en un brete del cual podría no salir bien librado. En esa lógica, podría suponerse que las mezquindades de unos y otros, por motivos electorales, podrían ocasionar ciertas obstrucciones o boicots, que impactaran negativamente en programas favorables a nuestro estado.

¿Podría ocurrir algo así? Seguramente, si el ánimo electoral continúa igual de crispado que como hasta ahora, podría decirse que sí. Que ante un posible enfrentamiento electoral entre el candidato del presidente Felipe Calderón, con un potencial Marcelo Ebrard investido de la postulación presidencial por el PRD, un gobierno aliado de ambos, como el de Oaxaca, podría quedar muy mal parado. El punto clave hoy, para todos, es que para poder dar viabilidad a cualquiera de esas candidaturas, primero deben demostrar que Oaxaca —su mejor hechura, o su engendro, según sea el caso— tiene un gobierno verdaderamente de transición, eficaz y viable.

 

ATAJAR EL DESENCANTO

Parece hasta extraño tanto colaboracionismo de dos gobiernos adversarios, con un tercero como el de Oaxaca. La misma prensa de la capital del país, ha sido insistente con el gobernador electo Cué, respecto a quién será su candidato presidencial en 2012. Éste, por su parte, ha manifestado que apoyará la candidatura que considere más viable, sin negar que tiene cercanía con el ex abanderado presidencial, Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué ante esas insistencias, ni el gobierno del presidente Calderón, ni el de Marcelo Ebrard “respingan”?

La respuesta se encuentra en la necesidad ineludible que tienen tanto el Partido Acción Nacional, como el de la Revolución Democrática, por demostrar que cualquiera de ellos sí puede gobernar no mejor que el otro entre sí, sino que uno u otro puede hacer mejor gobierno que el Revolucionario Institucional. En esa lógica, es que uno y otro gobierno parecen estar haciendo a un lado sus mezquindades características, para dedicarse a apuntalar a un gobierno que será base y modelo primero de la lucha electoral en el Estado de México el próximo año, y potencialmente de un candidato en común en 2012.

Parece claro, en ese sentido, que ambos partidos y gobiernos, tienen la obligación de no darle pautas al desencanto que, en términos sencillos, es lo que habrá de derrotarlos juntos en los próximos comicios, para darle más triunfos al priismo. Si este gobierno icónico de coalición fracasa, o da más tumbos que resultados concretos, entonces no sólo se esperarán derrotas en nuestra entidad, sino también demostraciones implacables de que sus más “profundos” sentimientos democráticos son una farsa.

En esa lógica, si el gobierno de Oaxaca que encabezará Gabino Cué se dedicará a “oaxaqueñizar” ciertas políticas públicas que se aplican en otras entidades de la República, es necesario que lo haga con toda la eficacia y pulcritud que las necesidades democráticas y de legitimación de su gobierno ameritan. Es deseable, por Oaxaca, que tenga la claridad para copiar lo útil y no los fracasos de las administraciones que habrá de tomar como modelo. En ello estará determinado el éxito de su primer tramo de gobierno, y es lo que en un momento dado le permitiría convalidar su administración a través de un triunfo en los comicios intermedios.

DELIMITAR EXPECTATIVAS

Si hace una administración inteligente, Cué deberá asumir la necesidad de acotar y delimitar las expectativas que él mismo, y sus colaboradores, están generando del próximo gobierno. Es imposible vivir de esperanzas, como querer hacerlo de fantasías irrealizables. En ese sentido, es ilógico, y peligroso, suponer que a partir del 1 de diciembre todos los problemas de Oaxaca serán resueltos, como también lo es el suponer que de todos modos el cambio sólo fue de facciones, pero que continuarán presentes los excesos en la administración pública, que tanto han molestado en los últimos años.