Pataleta por el IVA: medición de fuerza priista

+ Más que el impuesto, aquí intentan medir alcances

Hace más o menos un año, cuando recién habían asumido sus curules los nuevos diputados federales, en la bancada del Partido Revolucionario Institucional hubo un primer intento de rebelión: los legisladores de varias entidades federativas no sólo no terminaban de digerir la designación de Francisco Rojas como su coordinador de fracción parlamentaria, sino que, además, estaban decididos a no dejar pasar el acuerdo cupular que entonces ya se había tomado, con el gobierno federal, de que el tricolor impulsaría un incremento del uno por ciento al Impuesto al Valor Agregado. ¿Qué pasó entonces? Y, sobre todo, ¿qué ha pasado desde entonces?

Retrocedamos un año en el tiempo. Al instalarse la LXI Legislatura federal, el grupo parlamentario del tricolor reconquistó una holgada mayoría que, por su alianza con el Partido Verde, prácticamente lo llevó a tener la mayoría simple de legisladores. Ello, sin embargo, no hacía homogénea la composición priista: cada gobernador ostentaba la hegemonía de los diputados de su estado; y desde algunos gobiernos priistas, como el de Oaxaca, se impulsó a candidatos tricolores de entidades federativas gobernadas por otras fuerzas políticas. En esas condiciones, era lógico que aún siendo del mismo partido, no todos los legisladores del PRI tuvieran los mismos intereses y prioridades qué defender.

El primer gran choque fue por la designación de Francisco Rojas como coordinador parlamentario. Independientemente del grupo político que lo impulsó, a varios grupos de diputados priistas —que habían accedido al Congreso a través de triunfos conseguidos en las urnas y no por la vía de la representación proporcional—, no les parecía que fuera gracias a un acuerdo meramente cupular, que un diputado plurinominal encabezara la coordinación legislativa del PRI.

¿Por qué no les parecía? Primero porque, decían, Rojas Gutiérrez carecía de la legitimidad que debería tener un coordinador legislativo que sí se hubiera esforzado por ser postulado y por ganar, en las urnas, la curul que ocupaba; pero además, se sentían inconformes porque, decían, el diputado Rojas carecía de arraigo como para tener a alguien a quien responder por sus actos. Al ser plurinominal, pensaban, no tendrá que entregar cuentas, ni será recriminado por los electores, por las buenas o malas decisiones que hubiere tomado en el desempeño de sus funciones, ni mucho menos por sus promesas incumplidas. En esa lógica, lo que más los agraviaba, es que nadie les hubiera preguntado su opinión sobre los nuevos impuestos, y simplemente les había impuesto la decisión de impulsar un incremento al IVA.

Algo, particularmente, les preocupaba: durante sus campañas, muchos candidatos a diputados del PRI habían prometido a sus electores rechazar cualquier incremento de impuestos, y menos en los tiempos de crisis. Ciertamente, hubo algunas expresiones de rechazo. Pero pronto todos se olvidaron de sus pretensiones originales, cuando les platicaron con más detalles sobre los beneficios que recibirían las entidades federativas —arcas locales en manos directamente de los gobernadores, para fines explicables e inconfesables— al aprobar un incremento de impuestos del tipo del Impuesto al Valor Agregado.

CONTRADICTORIOS

Cuando la mayoría de los diputados vio que los beneficios eran superiores al costo político por pagar, impulsaron la propuesta de subir el IVA del 15 al 16 por ciento. Sólo los diputados de Coahuila se resistieron a aprobar dicho incremento. Por ejemplo los de Oaxaca, bajo el pretexto de “no tener más remedio” que tomar medidas dolorosas para el país, alzaron la mano en señal de aprobación del incremento a un gravamen que, a diferencia del llamado “impuesto antipobreza” del 2 por ciento general al consumo que proponía el gobierno federal, éste sí era directamente distribuible en las entidades federativas.

Así, tanto el arreglo político con el gobierno federal —porque la propuesta del incremento al IVA que presentó el PRI fue elaborada en la Secretaría de Hacienda— como la posibilidad de disponer de más recursos, fue lo que benefició a entidades federativas como la nuestra. A pesar de materializar aquella idea de tener un gobierno rico en medio de un pueblo pobre, lograron presupuestos sin precedentes para varias entidades federativas. Terminaron justificándose en los beneficios y las inversiones que se harían a favor de los ciudadanos. Pero, en realidad, habían violado sus propias promesas de campaña y sus posturas de rechazo iniciales, en aras de conseguir más dinero para el gasto público de sus entidades, y márgenes de maniobra para sus respectivos Jefes Políticos.

A pesar de que algunas contingencias —como la crisis financiera mundial y la emergencia sanitaria por la influenza— se quedaron atrás, hoy es imposible asegurar que el país está mejor que antes, y que por eso es posible deshacerse de los impuestos excedentes. Sin embargo, por una nueva revancha electoral, hace dos meses anunciaron que, como medida de presión al gobierno federal, bajarían el IVA. Los grupos más importantes, sin embargo, ya recularon. Y hoy, aunque ya existen algunos amagues —como el del diputado oaxaqueño Héctor Pablo Ramírez— sobre posibles separaciones de la fracción parlamentaria, lo más seguro es que el impuesto se quede como está. Es decir, en 16 por ciento.

Si esto es así, ¿entonces de dónde podría surgir este amague? La respuesta, seguramente, podremos encontrarla no en las condiciones de pluralidad o autonomía de los factores de poder al interior del priismo, sino de una medición interna de fuerza por parte de un grupo que acumula una cantidad nada despreciable de poder y ascendencia política dentro del tricolor.

PREOCUPADOS, ¿POR QUÉ?

El PRI de Oaxaca —es decir, su Jefe Político— impulsó no sólo a los legisladores priistas de la entidad, sino a alrededor de una veintena más de varios estados no gobernados por el PRI. Ahora, a través de ello podrían estar buscando encarecer sus márgenes de negociación, por varios asuntos delicados que podrían en puerta y que, para enfrentarlos, necesitarán el respaldo de todo el priismo. Habrá que ver si de verdad logran hacer presión con sus amagues. No parece que lo que los esté motivando, sea el interés por atender a la confianza y el mandato que les confirió la ciudadanía, o por honrar las promesas sobre no más impuestos, que el año pasado ya violaron flagrantemente. El tiempo dará la pauta.

Reforma del Estado: ¿ahora sí por consenso?

+ Presupuesto 2011 será un factor determinante

A Mónica Cervantes, con

todo mi amor. ¡Bienvenida!

Nos encontramos a, escasamente, un mes de que tome posesión la LXI Legislatura del Congreso del Estado, y a escasos 45 días de que ocurra la transmisión de poderes respecto al Ejecutivo del Estado. Ante la inminencia de los tiempos, el gobernador electo Gabino Cué Monteagudo, ha comenzado a impulsar la discusión sobre las reformas políticas, democratizadoras y de la administración de los poderes del Estado que son más apremiantes. Debe establecerse una agenda, real y posible, de las necesidades del nuevo gobierno, y de las exigencias de la sociedad. Llevar a cabo la llamada “Reforma del Estado” será un elemento altamente legitimador para el nuevo régimen. Pero, en esta tarea, no se deben generar expectativas que son, política, social o presupuestalmente, imposibles de cumplir en el corto plazo.

Oaxaca ha pagado un costo muy alto a cambio de reformas que no han logrado, o que el mismo poder público no ha permitido que se materialicen. Si nos remontamos al pasado reciente, podremos encontrar que esa fue una de las principales exigencias que derivaron del conflicto magisterial y popular de 2006, y que ese fue uno de los puntos clave que permitió y legitimó la permanencia de la administración que el próximo 30 de noviembre concluirá su gestión. ¿Por qué?

Porque si algo logró el conflicto magisterial de 2006, fue “subir” a la discusión nacional, la necesidad de reformas profundas al andamiaje jurídico y de organización política en nuestro estado. En ese sentido, la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, y la Sección 22 del SNTE, demostraron sobrada eficacia para demostrar que aquí la forma en que se ejercía el poder, desde los Poderes del Estado, era desproporcionada, abusiva, excesiva y antidemocrática.

El problema fue una vez que habían sensibilizado al país sobre la apremiante necesidad de impulsar una reforma integral que estableciera nuevos equilibrios y formas democráticas de ejercer el poder, ni la APPO ni la Sección 22 tuvieron el sustento y la visión suficiente como para plantear, específicamente, qué reformas eran las que ellos, como representantes de los grupos y ciudadanos inconformes, habrían de querer ver materializadas tanto para la administración como para los poderes Legislativo y Judicial del Estado. En pocas palabras, los grupos que encabezaron el conflicto de 2006 nunca pudieron plantear, del modo que fuera, su proyecto de Reforma del Estado.

Así, ante el vacío y la necesidad de legitimación frente al descrédito que le provocó el conflicto magisterial, fue el Gobierno del Estado quien tomó esa bandera, y formó una Comisión para la Reforma del Estado que, a la postre, cumplió una función más testimonial que verdaderamente impulsora de cambios democráticos.

Independientemente de que se consideraran algunas propuestas de esa Comisión, para convertirlas en ley, es evidente que el régimen gobernante (que abarca a los tres poderes, y del que depende la Comisión de la Reforma del Estado) sólo sentó algunas bases para consolidar una verdadera reforma política, y se resistió a discutir algunas otras modificaciones constitucionales para democratizar el ejercicio del poder y las funciones públicas.

Nunca hubo voluntad política para verdaderamente lograr una reconfiguración de las funciones de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que al menos diera certidumbre de un ejercicio menos avasallante del poder. No se eliminaron las atribuciones excesivas que aún hoy continúan marcando una preponderancia indiscutible del Gobernador del Estado sobre los titulares, la organización y el funcionamiento, de los Poderes Legislativo y Judicial.

Las reformas relativas a la participación ciudadana no pasaron del establecimiento de bases que nunca se reglamentaron. Y quizá el avance más importante fue en la creación de algunos órganos autónomos o fiscalizadores, tales como el Instituto de Acceso a la Información o la ASE. Pero aún así, esas reformas parciales sirvieron más para legitimar al régimen gobernante, que para verdaderamente generar nuevos equilibrios democráticos en el poder público.

¿QUÉ SIGUE?

Una verdadera convicción por la democratización del poder, debía llevar al gobierno de Gabino Cué a plantear, desde el inicio, no sólo las reformas que ellos desean o necesitan para legitimarse, sino también algunas otras que la sociedad demanda con insistencia, y que necesitan ser adecuadas y acotadas para darles viabilidad democrática. Con ello, habría demostraciones tangibles de un cambio real de visión, y del establecimiento de bases más firmes y perfeccionadas del ejercicio democrático de avanzada, que lograra ver más allá del mero aspecto electoral.

El gobierno de Cué, junto con las bancadas que lo respalden al instalarse la nueva Legislatura del Congreso local, e incluso a quienes él considere para encabezar el Poder Judicial del Estado, deben hacer cuanto antes planteamientos serios al respecto. Dedicarse a maquillar el ejercicio público con reformas parciales o decorativas, sólo los llevará a una situación de descrédito que será proporcional a la expectativa que generaron entre los ciudadanos.

Pero también, en contraparte, deben tener los pies en la tierra. La posibilidad de plantear cambios a las estructuras del gobierno y la administración, debe estar sustentada por las posibilidades de acuerdo político, de aceptación social y, sobre todo, de financiamiento presupuestal. De nada servirán reformas monumentales —en cualquier rubro—, que luego no se puedan llevar a cabo por falta de dinero para materializarlas.

Por eso, la preservación de los equilibrios debe ser cuidada con detalle. Deben establecerse, para la discusión sobre la Reforma del Estado, parámetros reales y posibles. Ir a los extremos, entre pretender hacer sólo lo indispensable para cubrir las apariencias, o querer cambiar todo en un solo movimiento, será tanto como encaminar su trabajo, y la expectativa ciudadana, al fracaso.

JUVENTUD PRIISTA

Maritza Escarlett Vásquez Guerra es nueva líder del Organismo de Mujeres del PRI. Aún siendo joven, ha acumulado importante experiencia tanto en el ámbito profesional, como en la administración pública, y el trabajo partidista. El relevo no es sólo político: también es generacional, y de visión del tipo partido que los priistas jóvenes desean. Si logra convertir la adversidad en oportunidad, estará enfilada al éxito. Enhorabuena.

 

 

Plagios e impunidad: Combinación letal para la sociedad

La noche del pasado 14 de mayo, un grupo de sujetos secuestró al ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional, Diego Fernández de Cevallos, en dentro de su domicilio, en el estado de Querétaro. A pesar de ser uno de los hombres más importantes, conocidos y de mayor influencia política en nuestro país, luego de más de 130 días de cautiverio, las autoridades federales siguen sin tener pistas claras sobre su paradero, y el proceso de negociación entre los familiares de la víctima y los plagiarios no ha rendido fruto, aunque se sabe que el monto que se exige por su rescate, es de unos 50 millones de dólares. Este es un ejemplo paradigmático de cómo la industria del secuestro es una de las más boyantes,  impunes, y redituables, que existen en el país.

Hoy, México es un paraíso para el crimen organizado. Si bien es cierto que en tal denominación se identifica de modo característico a todos aquellos individuos que sistemáticamente se dedican a actividades relacionadas con el narcotráfico, es también claro que la ley federal que tipifica ese tipo de delitos, también incluye a quienes se ponen de acuerdo para privar de la libertad a personas, a cambio de un rescate económico.

En la misma medida que ha crecido la actividad criminal relacionada con el tráfico, venta, recepción y envío de sustancias prohibidas, han también proliferado otras actividades periféricas que han aprovechado el nivel de organización de los grupos criminales, y la imposibilidad del Estado para hacerles frente, y frenarlos enérgicamente, como se debería. Una de esas industrias periféricas del crimen organizado, radica en el secuestro.

Hace más de una década, algunas entidades federativas eran características por la existencia de ese tipo de delitos. En 1998, las autoridades federales detuvieron a Daniel Arizmendi López, alias “El Mochaorejas”; un sanguinario secuestrador, que había cometido varios cientos de plagios, y había matado a varias decenas de sus víctimas, cuando la familia se veía imposibilitada a pagar el rescate exigido. Dos años después, en febrero del año 2000, fue aprehendido Nicolás Andrés Caletri, otro temido personaje del mundo del secuestro, que se había “destacado” por la forma implacable en que cometía esos delitos, torturaba y cercenaba a sus víctimas, y las privaba de la vida cuando las negociaciones del rescate fracasaban.

Ambos cabecillas, cuando fueron aprehendidos, dejaron ver que tras ellos había, respectivamente, una red de complicidades gubernamentales, políticas y policiacas, que los protegían, colaboraban con ellos para la comisión de delitos, e incluso compartían las ganancias económicas que se obtenía de los plagios. Cuando esas dos bandas criminales fueron desarticuladas, y sus integrantes procesados judicialmente, se pensó que México se había librado de los dos personajes más temibles e indeseables que habían existido en los últimos tiempos, y que los secuestros nunca más volverían a ser temor para la sociedad mexicana.

VACÍO DE PODER

Y CIFRAS NEGRAS

Si todo parecía erradicado, ¿qué pasó entonces? La respuesta está en el vacío de poder. Más de la mitad de la presente década, el gobierno federal, y de las entidades federativas, decidieron abandonar sus responsabilidades relacionadas con el combate al crimen en todas sus vertientes, y prefirieron mostrar las debilidades que, evidentemente, fueron aprovechadas por los criminales.

Por eso, la industria del secuestro fue una de las que más floreció. Al comparar las cifras, podemos darnos cuenta, de manera escalofriante, cómo ha escalado la incidencia delictiva en este rubro. En 2001, un estudio sobre esta actividad ilícita, aseguraba que en 1997 habían sido denunciados mil 47 secuestros; en 1998, 754; en 1999, 590; y que en el año 2000, se tenía noticia oficial de que habían ocurrido 548 plagios en todo el país. En ese mismo año, por un lado, la organización México Unido contra la Delincuencia, aseguraba que la llamada “cifra negra” de la incidencia en el secuestro, era que por cada secuestro denunciado, hay dos más que no se notifican a las autoridades; en el otro extremo, en aquellos años el periódico estadounidense The New York Times aseguraba que en materia de secuestros, México ocupaba el tercer lugar, después de Colombia y Brasil.

Hagamos un contraste con la actualidad. Estudios realizados por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, basados en cifras oficiales tanto de las 32 procuradurías estatales como de la General de la República, revelaron en septiembre pasado que los secuestros en el país aumentaron  un 317 por ciento desde el año 2005 hasta la actualidad, sin contar que un 75 por ciento de los casos no son denunciados por los ciudadanos.

“En 2005 —dice el estudio— se denunciaron menos de un secuestro por día (0,89); durante los primeros seis meses de 2010 se han denunciado, diariamente, 3,72 delitos de este tipo (unos 1350 al año, aproximadamente). Esto significa un crecimiento de 317 por ciento”. La alarmante cifra es aún mayor, pues según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el secuestro tiene una tasa de no denuncia, o “cifra negra” de 75 por ciento, lo que se traduce en que por cada secuestro denunciado existen otros tres. Es decir, que la incidencia real de secuestro en el país, actualmente, podría ser de unos cinco mil 500 por año. Algo que, como es evidente, no podría ocurrir en una nación que se jacta de brindar seguridad y certeza a sus ciudadanos sobre la seguridad pública que se les ofrece.

LUCHA CIUDADANA

El 11 de julio de 2005 fue secuestrado el empresario Hugo Alberto Wallace Miranda. A partir de entonces, su madre, doña Isabel Miranda de Wallace, se convirtió en una de las figuras con mayor influencia y peso político en nuestro país, en su lucha no sólo por exigir a la autoridad mayores resultados en las investigaciones para aprehender a las bandas de secuestradores; acaso, uno de sus méritos mayores, es haber sido ella quien entregó a las autoridades federales a quienes plagiaron, asesinaron a golpes y luego destazaron a su hijo, demostrando con ello que desde las trincheras ciudadanas se puede superar y corregir, en aras de la justicia, a la desidia, las complicidades y la ineptitud de las autoridades que dicen combatir a la delincuencia y no lo hacen.

El relato sobre el secuestro de Hugo Wallace —que está disponible en el sitio web altoalsecuestro.com.mx— es escalofriante. En él se relata cómo desapareció, cómo fue privado de la libertad con engaños, y la forma en que fue asesinado a golpes para luego ser desmembrado con una sierra eléctrica, mientras los mismos secuestradores exigían a la familia el rescate por esa víctima que ya había sido ultimada.

Desde entonces, Miranda de Wallace se convirtió en un icono del dolor que sufren las familias de una víctima del secuestro; de la tragedia que significa, en cualquier circunstancia, el que los plagiarios ultimen a su víctima; y la impunidad que profesa la autoridad cuando, por incapacidad, por complicidad o por desidia, tiene la posibilidad de aprehender a sus víctimas y no lo hace.

AUTORIDAD REBASADA

Personajes como Alejandro Martí y Nelson Vargas, son otros que han vivido en carne propia esa desgracia, y ahora luchan para exigir al Estado que cumpla con el deber de brindar seguridad, y detener a quienes se dedican a esta próspera industria ilícita.

A través de organizaciones como México SOS, han logrado poner en la mesa de discusión nacional, temas como el de la necesidad de impulsar reformas que endurecieran las penas a los secuestradores; la corrupción y complicidad que existe, alrededor del país, entre las bandas criminales y las autoridades políticas que los protegen; y la urgencia de tomar medidas drásticas para frenar esta ola imparable de delitos que lastiman en lo más profundo a quienes son víctimas directas y a sus familias.

Esto, lamentablemente, no es lo peor. Pues en México, de acuerdo con Luis de la Barreda Solórzano, presidente del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre Inseguridad (ICESI), “no existen cifras oficiales confiables sobre la incidencia del secuestro” e incluso las 32 procuradurías del país, ofrecen “datos diferentes” al Sistema Nacional de Seguridad Pública; eso es inconcebible, dice, porque ese ilícito es el más grave y ha detonado las crisis de inseguridad.

En Oaxaca, por ejemplo, no existen cifras actualizadas sobre el número de secuestros que han ocurrido en el año; e, incluso, de ser públicas, de todos modos no serían del todo aceptables porque, como ocurre en todo el país, la “cifra negra” de secuestros no denunciados continúa siendo creciente, y en una proporción de tres a uno respecto a los ilícitos sí denunciados.

Hace apenas unos días, la Cámara de Diputados aprobó un incremento de penas en la tipificación del delito de secuestro. Éste pasó a tener una pena privativa de libertad de más de setenta años, con lo que, materialmente, se convierte en cadena perpetua.

Sin embargo, es evidente que eso no es suficiente: falta que la autoridad de las entidades federativas, y la federal, decidan hacer frente a la incidencia de ese delito, y demuestren que el Estado tiene mayor capacidad que las bandas criminales, y que por eso tuvieran que existir más riesgos que impunidad, en cuanto a la posibilidad de ser aprehendido ante la ejecución de un secuestro.

Esa es la labor que falta; la autoridad está tratando de articular una defensa sólida a los criminales, a través de una estrategia policiaca y de seguridad que se articula pacientemente. Lo que queda claro, es que esa respuesta del Estado está tardando demasiado en hacerse real.

Constitucionalismo local: vuelta a los orígenes

+ ¿Por qué es importante conocer leyes estatales?

 

El pasado lunes, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Regional del Sureste, se presentó el libro “Oaxaca: historia de las instituciones jurídicas”, escrito por el constitucionalista Raúl Ávila Ortiz. Dicho texto (editado por la UNAM y el Senado de la República, en el contexto de los festejos por el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución), es un buen recordatorio de por qué hoy, cuando México se enfrenta a diversas interrogantes que serán trascendentales para su futuro como nación, es importante recobrar el sentido federalista y la preponderancia que tienen las entidades federativas en el contexto nacional.

Como bien lo sabemos, México ha vivido un centralismo disfrazado de federalismo que, sin embargo, poco a poco va transitando hacia un sentido más equilibrado de importancia entre la Federación y las entidades federativas. Esa circunstancia nos ha llevado a centrarnos siempre en el estudio de la legislación federal, pero dejando de lado cualquier posibilidad de acercarse al constitucionalismo local, que necesita recobrar la importancia que nunca debió perder.

Es evidente que, por la propia forma en que se ha ejercido el poder en México, nuestro Federalismo ha ido de las meras apariencias, a un creciente ejercicio material de sus funciones. A lo largo de buena parte del siglo XX, las entidades federativas tuvieron tal denominación únicamente por una cuestión de decoro y preservación del modelo de Estado, pero sin tener una verdadera capacidad de articular una forma de organización independiente del poder central, y basada en una dinámica propia tanto en lo electoral, como en lo administrativo, e incluso en el campo de la preservación de las libertades individuales y colectivas que pudieran contenerse en las Constituciones locales.

No siempre fue así. De hecho, cuando la nación mexicana era aún incipiente y discutía su forma de Estado y de gobierno, las provincias fueron las pioneras de la discusión, y la disputa, entre el establecimiento de una República o Monarquía, y de una forma de gobierno de tipo centralista o federal. Aunque el lugar común indica que nuestra organización política fue una simple copia del modelo estadounidense, lo cierto es que la formación de nuestro modelo federal fue mucho más compleja de lo que parece.

De no haber sido por personajes tan importantes como Miguel Ramos Arizpe, y de algunos hechos previos a la independencia nacional, como la invasión francesa a España a principios del siglo XIX, con la posterior reinstauración de la monarquía española en la persona del rey Fernando VII, pero ahora basada en los principios establecidos en la Constitución de Cádiz, la discusión de nuestro modelo federal habría sido menos trascendente, y de peso específico, de lo que fue.

Gracias a entidades como Oaxaca, que se opusieron tanto a la instauración del Primer Imperio Mexicano, con Agustín de Iturbide coronado como emperador, como a la posibilidad de instaurar un modelo centralista, que también fue discutido dentro de los debates para establecer una Constitución para la naciente nación mexicana, y que exigieron que se les reconociera su importancia y los derechos correspondientes para poder organizarse y regirse, es que prevaleció el modelo que, no sin innumerables errores que se han ido ajustando con el paso del tiempo, y otros que aún prevalecen, continua siendo la base de nuestra organización política nacional.

REGRESAR A LO LOCAL

Ahora bien, tendríamos que preguntarnos ¿por qué resulta hoy importante regresar a nuestras constituciones locales? Lo aparente y lógico, podría llevarnos a suponer que si la constitución federal es la norma a la que deben ajustarse todas las leyes y decisiones de las entidades federativas, y que si ésta contempla una serie de derechos y garantías que pueden ser oponibles al Estado a través de mecanismos de control constitucional, entonces sería intrascendente volver a textos político-jurídicos que han sido más bien ornamentales, y fácilmente manipulables, en las entidades federativas.

Ese retorno necesario se inscribe en el contexto del proceso de democratización que, aún con sus innumerables cuestionamientos, ocurre lentamente en nuestro país. Es cierto, durante casi todo el siglo XX las entidades federativas fueron meros territorios, gobernados y determinados desde la capital del país. Es cierto que durante casi toda esa centuria, era el Presidente quien decidía lo mismo el gasto, que la organización y los funcionarios que convenían al régimen central, para administrar las entidades federativas.

Pero hoy podemos ver que esa forma material de gobernar, en buena medida se encuentra agotada. Los nuevos tiempos marcan el retorno a la preponderancia de las entidades federativas como núcleos esenciales de la formación política; asimismo, como bases del poder político que se detenta en el país. Y como auténticos factores de poder que tienen la capacidad política, jurídica, e incluso material en la praxis, de oponerse a las más importantes decisiones o influencias que se pretenden desde el exterior.

Todo eso hace importante, y necesario, no sólo voltear a nuestros textos constitucionales estatales, sino también a conocer cuáles son los antecedentes más importantes de esas cartas de derechos y organización política y administrativas locales que hoy rigen a cada una de las entidades federativas.

En este contexto, resulta de gran valía el trabajo del doctor Raúl Ávila Ortiz. Al menos por dos razones, que son enunciativas mas no limitativas: primera, porque existe un enorme vacío en cuanto al conocimiento sistemático tanto de nuestros textos históricos, como de los actuales; y, sobre todo, porque ese libro, logra con gran pulcritud establecer las líneas generales del conocimiento jurídico, que todo abogado, o estudioso del fenómeno político, debe tener si verdaderamente desea conocer el contexto actual, y el histórico, de nuestro constitucionalismo local, y de las instituciones que nos han regido.

RESPUESTAS

Este libro, esencialmente, nos proporciona algunas respuestas a los por qués que, sin duda, en algún momento, todos los interesados en el estudio del derecho, nos hemos planteado sobre nuestra realidad, sobre nuestro pasado, y sobre los problemas y las soluciones jurídicas y políticas que a esos asuntos se han planteado.

 

¿Cómo aplicarán el “Mando único” en Oaxaca?

+ La nuestra, entidad con mayores complejidades

Anteayer, el presidente Felipe Calderón anunció el envío al Congreso, de un paquete de  iniciativas de reforma constitucional para establecer el llamado “mando único” que unificaría a las policías municipales y estatales en una sola corporación por cada entidad federativa y que, lógicamente, llevaría a la desaparición de la mayoría de las corporaciones de seguridad pública que existen en los 2 mil 445 municipios del país. Ante ese panorama, es menester preguntarnos tal medida será viable para Oaxaca. Y, sobre todo, cómo será llevada a los hechos.

Este no es un asunto menor. Desde que se inició la lucha contra el crimen organizado, el gobierno federal realizó un diagnóstico en el que encontró fallas estructurales en la conformación de las corporaciones encargadas de velar por la seguridad pública. Se encontró, por ejemplo, que al haber concentrado la mayor inversión de recursos económicos del Estado en la creación, manutención y perfeccionamiento de las corporaciones policiacas federales, pero que, en cambio, tanto las Policías Estatales, como las Municipales, tenían un alto grado de vulnerabilidad y atraso, que las hacían poco confiables, y nada eficaces en el cumplimiento de sus labores.

Mientras realizaba tales labores de diagnóstico respecto a las entidades federativas, el gobierno federal incrementó el monto de inversión a sus corporaciones policiacas. Consecuencia de ello, nunca antes en la historia del país, un gobierno había destinado más de 35 mil millones de pesos anuales para sostener la operación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal que, relativamente, es de reciente creación. No obstante, la inversión extraordinaria a la seguridad pública en estados y municipios continuó siendo menor a los 10 mil millones de pesos, en términos globales.

Esa disparidad —que puede incluso considerarse como uno más de los innumerables atentados que el propio gobierno federal comete en contra del espíritu mismo del federalismo que, según, nos rige— dio pauta para que luego el gobierno federal recriminara duramente a las entidades federativas por su falta de inversión en este rubro, y los acusara de ser los responsables de que, por su falta de confiabilidad, por sus posibles complicidades o corrupción, y por su bajo nivel de preparación, instrucción, salarios y capacidad de fuego, el crimen organizado crecía indiscriminadamente y tomaba libremente el control de plazas que luego disputaba a sangre y fuego al Estado o a las bandas delincuenciales con las que rivalizaba.

Tales acusaciones, sin embargo, están llenas de claroscuros. A pesar de que el presidente Calderón señala, por ejemplo, que los gobiernos estatales no invierten lo suficiente en seguridad pública, o que los Gobernadores “se desentienden” de los problemas relacionados con la seguridad pública y el combate al crimen organizado, los números hablan por sí mismos: mientras una entidad como Oaxaca, invierte alrededor del tres por ciento neto de su presupuesto para todas las labores de la Secretaría de Seguridad Pública local (algo así como tres pesos de cada cien que tiene de presupuesto), el gobierno federal gasta únicamente seis pesos por cada mil que tiene de presupuesto.

Guardando las proporciones, es evidente que aún teniendo un presupuesto mayor, es la Federación quien hace sacrificios menores en la inversión en seguridad pública, y es quien más recrimina a los demás ámbitos de gobierno por las supuestas desatenciones en la materia.

En ese contexto emergió la propuesta de la Policía Única para cada entidad federativa. Aunque hubo resistencias iniciales, y se dijo que tal medida violaría las atribuciones y funciones del municipio y las entidades federativas, hoy es una iniciativa que cuenta con mayor aprobación para llevarse a cabo. El problema, en realidad, radica en cuánto costará esa unificación, y cómo harán para consensar su aprobación en entidades federativas que guardan entre sí tantas diferencias culturales, sociales, políticas e incluso de arraigo comunitario.

 

CASO OAXACA

El caso de nuestra entidad, en ese sentido, es harto representativo. En Oaxaca, a diferencia de la mayoría de las entidades federativas del norte de la República Mexicana, en las que el conjunto de Policías Municipales es por mucho mayor al de su Policía Estatal, aquí la corporación más fuerte es la que depende directamente del Gobierno del Estado.

Esto se explica en la compleja circunstancia de que nuestro Estado concentra nada menos que el 23 por ciento de todos los municipios del país, y en que la gran mayoría de éstos son tan marginados y pobres que son incapaces de sostener una corporación de seguridad pública al menos testimonialmente. Por si fuera poco, 412 de los 570 municipios que tiene la entidad, son gobernados bajo el régimen de usos y costumbres, en los que la comunidad y la asamblea de ciudadanos tienen más peso que una norma escrita y publicada en la normatividad  federal o del Estado.

¿Cómo establecer un mando único, y concentrar a las más de 400 corporaciones policiacas municipales —con todo lo avanzadas o paupérrimas, y poco confiables que cada una de ellas pueda ser— en una entidad en la que una gran cantidad de ayuntamientos no tienen recursos ni para lo más básicos, y en la que el gobierno estatal hace enormes esfuerzos para gastar los recursos que ejerce?

La respuesta, finalmente, habrá de estar en los recursos económicos que el gobierno federal decida invertir en seguridad, tanto para la Federación, Estados y municipios. La ambiciosa reforma que envió el presidente Calderón al Congreso, planea modificar los artículos 21, 73, 115 y el 116 de la Constitución, para adecuar el nuevo modelo policial tanto a las entidades federativas y los municipios, como también para dotar de garantías y facultades de legislación de esa materia que ahora sólo quedaría en las Federación y las entidades federativas. Pero que necesita de grandes cantidades de dinero para llevarse a cabo.

 

¿MISIÓN IMPOSIBLE?

Habría que revisar, en el caso de Oaxaca, si funciona la coordinación entre las corporaciones estatales y municipales, que se ha ensayado desde hace un par de años para vigilar la capital oaxaqueña y sus zonas conurbadas. El problema es que el gobierno federal considera que Oaxaca, por ejemplo, es igual a Nuevo León. Y cada estado, además de lo económico, enfrenta panoramas totalmente distintos para organizarse y entenderse política y socialmente.

 

Secuestro de diputado: consecuencia de la impunidad

+ Acción criminal o política: sospecha similar

La noche del pasado martes, en la comunidad de Zimatlán de Álvarez, fue secuestrado el diputado electo del PAN, Manuel Benítez Manzanares. En una entidad que se ha caracterizado por tener una alta incidencia en el rubro del secuestro, pero que también es característica de un ejercicio intenso de las expresiones políticas, ocurre este presunto secuestro que, lo mismo puede ser una mera acción de la criminalidad, que un amague al gobierno electo que, a partir del 1 de diciembre encabezará Gabino Cué Monteagudo.

Sin duda, este hecho ocurre en medio de un marco político y social de complejidades. A nivel nacional, secuestros de alto impacto como el del ex senador y ex candidato presidencial —también por el PAN— Diego Fernández de Cevallos, ha venido marcando la pauta de lo que parece uno de los signos más claros de nuestro tiempo: en ese caso en particular, a más de 120 días de haber sido secuestrado uno de los hombres más emblemáticos de nuestro país, el grupo que ejecutó dicha acción sigue actuando en la más completa libertad e impunidad, que no ha podido detener autoridad local o federal alguna.

Si más allá de las posibles motivaciones políticas o de la mera persecución de fines económicos que tenga ese plagio, lo tomamos como punto de referencia sobre la incidencia del secuestro en el país, podremos darnos cuenta que la no intervención de la autoridad estatal o federal en la investigación y posible resolución de ese caso, así como la imposibilidad de aprehender a los responsables, no es sino una abierta invitación a que ese tipo de prácticas ilícitas, que tienen como características la libertad y la impunidad, sean hoy la forma de actuación común parta todo tipo de grupos que, especializados o no en el secuestro, se dedican a explotar esa “industria”.

Las cifras, en ese sentido, son implacables. Apenas el mes pasado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, hizo público un estudio relativo al índice de secuestros en México. Las cifras revelaron que en los últimos cinco años la incidencia de este delito se vio incrementada nada menos que en un 317 por ciento, sin contar que más del setenta por ciento de todos los plagios que ocurren en el país, no son denunciados.

Ante este panorama, en el que se centran las posibilidades puramente criminales de este tipo de delitos, parece cercana la posibilidad de que hoy, con independencia de su nivel económico, estatus social o calidad política, cualquier persona pueda ser objeto de un secuestro; asimismo, parece claro que los secuestradores se encuentran altamente estimulados para continuar con ese tipo de acciones, ante la prácticamente nula capacidad de los órganos del gobierno encargados de la seguridad pública y la procuración de justicia —comenzando por el ámbito federal—, para impedir ese tipo de acciones, para perseguir y aprender a los plagiarios, y para rescatar con vida a los secuestrados.

ACCIÓN CONFUSA

El panorama local y nacional, sin embargo, tampoco son sencillos en el ámbito de lo político. Un secuestro de este tipo, perpetrado en contra de un personaje que milita en Acción Nacional, que es diputado electo, y pieza importante de un proceso de alternancia política en una entidad altamente polarizada como Oaxaca, es motivo para suponer todas las hipótesis posibles.

Éstas son difíciles de separar, además, porque hoy un hecho criminal asimismo puede tener, o aparentar tener, una connotación política; y porque una posible venganza política, hoy puede ser libremente perpetrada bajo el manto impune y temido de acciones criminales perpetradas por la delincuencia organizada. Y, en una tercera vía, éste también puede ser un aviso, o un mensaje, de otra naturaleza, por parte de algún grupo criminal a un régimen de gobierno que se encuentra en vías de tomar posesión de sus responsabilidades.

¿Por qué existe la posibilidad de ligar un secuestro como el que ahora nos ocupa, al envío de un posible envío de mensajes de fuerza por parte de un poder fáctico (como lo es la criminalidad organizada) a quienes detentan, o están en vías de hacerlo, el poder público? Porque el gobernador electo Gabino Cué Monteagudo ha decidido hacer suyas ciertas expresiones relativas al crimen organizado.

En efecto, hace apenas cuatro días —es decir, el 3 de octubre pasado—, el sitio web http://www.yucatanalamano.com daba cuenta de un posicionamiento que hizo el gobernador Cué justamente en relación con la delincuencia organizada y los grupos criminales. Aseguraba en Mérida, y en compañía de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, que “la prioridad del país en 2011 debe ser un combate eficaz contra el crimen organizado para que la delincuencia, que es más fuerte en el norte del país, se reduzca notablemente”.

Evidentemente, ese y demás posicionamientos en relación al crimen organizado, podrían ser parte de la explicación al secuestro del diputado electo, y del posible mensaje que alguna banda criminal podría estar enviando al gobernante electo. Ante el secuestro, todos los canales de comunicación tanto con el gobierno de Gabino Cué, como del Comité Estatal del PAN, cerraron los canales de comunicación para darle paso a las estrategias tradicionales de negociación y recuperación de la víctima secuestrada, llevadas a cabo por particulares sin intervención de la autoridad.

Finalmente, podría ocurrir una tercera desgracia en todo esto. Esto radicaría en que, por una razón de confrontaciones políticas, las instancias encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia estatales, dejaran voluntariamente de intervenir en el asunto, o lo hicieran sólo en apariencias. Es evidente que, comenzando por la persona, éste y cualquier secuestro, es inadmisible. Y lo es más, cuando los demás ingredientes inmiscuidos llevan a posibilidades relacionadas con amagues de algún grupo criminal, pero también al intento de una confusión intencionada, entre un hecho criminal y una acción de venganza política.

COMUNA DEGRADADA

Cuán bajo ha caído el interés por el trabajo y la representación política en el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, que quienes antes al menos se bañaban para asistir a las sesiones de Cabildo, ahora lo hacen como si anduvieran de día de campo. Fue el caso del regidor Giovany Vásquez Sagrero, quien ayer se presentó a la sesión de la Comuna, nada menos que en ropa deportiva. Simple pero reveladora, la muestra de desprecio a su trabajo por parte del Concejal.