La ruptura y la simulación: dos riesgos para el PRI

+ Desgaste a estructura, otro riesgo aún no evaluado

En nuestra entrega de ayer que los dos principales riesgos para el PRI en la contienda electoral que se avecina en Oaxaca, son los rompimientos y el fracaso de los llamados a la unidad. Existen diferencias sutiles entre uno y otro concepto, que necesariamente deben ser comprendidas por todos los que, en mayor o menor medida, se encuentran involucrados y tienen intereses directos en juego alrededor de esa contienda que pinta para convertirse en una guerra política.

En la circunstancia particular que ocupa a Oaxaca, un rompimiento en las filas del priismo, debe entenderse nada menos que como la separación formal y violenta de uno o varios de los que participan en la carrera interna por la designación de su candidato a Gobernador. En contraparte, el fracaso de la unidad significaría no la salida del proceso interno o del partido, de alguno de quienes participan en esta contienda, sino más bien la manifestación de una disciplina partidaria que, en realidad, nada sumaría al partido, al candidato o a la causa electoral.

Hoy, es visible que los dos escenarios son potencialmente posibles en el PRI oaxaqueño. Es decir, que de no existir las condiciones adecuadas para la culminación de esta competencia política actual, sería el propio tricolor que podría convertirse en su peor enemigo. Nadie como los mismos priistas, tiene una capacidad de destrucción —y autodestrucción— tan avanzada y letal hacia su propia causa política. ¿Por qué?

Porque nadie mejor que ellos conoce los esquemas bajo los cuales funciona su estructura interna, y porque es la suma de todos los factores la que brinda una fortaleza electoral excepcional a dicho partido. No son errados aquellos cálculos que señalan que sumando los capitales electorales de todas las fuerzas de oposición, y añadiéndoles el arrastre y la simpatía ciudadana lograda por un muy buen candidato, apenas si les sería suficiente para ganar al priismo en unos comicios trascendentales como en los que se disputa una gubernatura.

Esto, dicho con nombres y apellidos, podría ser del siguiente modo: necesariamente, el PRI necesita sumar no sólo las declaraciones o las manifestaciones verbales de apoyo, sino los capitales políticos contantes y sonantes, de por lo menos tres o cuatro de los aspirantes a la gubernatura que se queden en el camino. Es decir que si, por ejemplo, el ungido como candidato es el edil José Antonio Hernández Fraguas, éste irremediablemente tendrá necesariamente que sumar al dirigente priista Jorge Franco, al senador Adolfo Toledo y a las más importantes corrientes del priismo, para poder afianzar una victoria que de cualquier otro modo no podría asegurar.

Esto no ocurriría, evidentemente, al haber una fractura. La renuncia de uno de los aspirantes a la candidatura a Gobernador por el priismo equivaldría a una fuerte resta en el potencial electoral del tricolor, sino que además se convertiría, casi en automático, en el mejor prospecto para la oposición, por encima de personajes como Gabino Cué.

Remarcando que todo esto es un mero supuesto, si Hernández, Toledo, Franco o, sin duda, José Antonio Estefan Garfias, renunciaran al PRI y “aterrizaran” en la oposición, éstos tendrían un doble potencial no sólo por los capitales políticos que podrían hacer emigrar, sino porque su condición misma de rebelados —con todo lo que eso implica en el ámbito del discurso y de lo “políticamente correcto”— los llevaría a ubicarse en una posición importante en la enorme franja de población que no milita ni compromete su voto anticipadamente, pero que sí se deja llevar por quienes asumen la actitud de oponerse a las decisiones verticales (entendidas como antidemocráticas, impositivas y demás) de sus dirigentes y partidos.

Los casos relativamente recientes de Chiapas con los gobernadores Pablo Salazar y Juan Sabines; y de Tlaxcala con Alfonso Sánchez Anaya y Héctor Israel Ortiz —en los que todos llegaron a la gubernatura luego de inconformarse con las decisiones del Revolucionario Institucional, irse con la oposición a los comicios, y ganar—, dan cuenta puntual de lo que aquí trata de ejemplificarse.

DESGASTE ESTRUCTURAL

En todo esto, quienes tienen un pulso real de la situación en que se encuentra la estructura política y electoral del tricolor, ante este escenario de incertidumbre, advierten otro riesgo que no debe ser desestimado por quienes tienen en sus manos las decisiones sucesorias más trascendentales: varios han sido los aspirantes a la gubernatura, que han arribado a los distritos y comunidades del interior del Estado, para reunir a las bases militantes y asegurarles que son el elegido para convertirse en el Candidato a Gobernador.

Esto no debería ser echado al saco roto. Aseguran que el hecho de que en los últimos meses, al menos tres personajes priistas hayan recorrido el Estado asegurando ser “el bueno” para la gubernatura, comienza a provocar escollos en una estructura que aún sabiendo que debe manifestar su institucionalidad a través de los apoyos, sí se ha comprometido con más de uno de los que hasta ahora parecen haber lanzado señales equívocas o sin la total certeza de lo que aseguran.

Se supone que, formalmente, en el PRI aún no inicia el proceso formal de precampañas para la elección del Candidato a Gobernador. Sin embargo, en los últimos meses cuatro aspirantes —el diputado Eviel Pérez, el senador Toledo, y el dirigente Franco— han recorrido por completo los distritos del Estado, llevando un mensaje similar no de trabajo para la militancia, sino de solicitud de adhesión a sus inminentes candidaturas.

Nada de esto beneficia al priismo, si se mira desde la lógica del desgaste que todo esto genera entre quienes contraen, o han contraído compromisos con quienes aparecen y desaparecen de las posibilidades reales de convertirse en candidatos.

MÁS CONTROL

La dirigencia real del priismo debería poner un alto a este desgaste, o normar en términos específicos las actividades que cada uno de los aspirantes hoy realiza con la militancia. De lo contrario, no parece posible que a quien resulte candidato, le resulte agradable encontrarse con una estructura desgastada y contrariada por todos estos vaivenes que son aparentemente incontrolables. Lo primero que debe ocurrir, y debería interesarles con carácter de urgente, es definir quién seguirá con el trabajo partidista que por obvias razones ya no está en condiciones de realizar, ni parece querer ya hacerlo, el dirigente Franco Vargas.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

almargenoaxaca.wordpress.com

Candidatura priista: a todos, el tiempo se les acaba

+ Desgaste: ¿por qué ya no crecerán en preferencias?

 

Al menos tres son los hechos que han marcado el comienzo del año entre los priistas: la revelación de resultados de nuevos sondeos, sobre los niveles de popularidad e intención del voto hacia cada uno de los aspirantes a la candidatura a Gobernador; el endurecimiento del discurso y las posiciones que han establecido por lo menos tres de los aspirantes; y la disputa mediática en que todos se enfrascaron ante la imposibilidad de encontrar el camino para lograr una candidatura de unidad. En todo esto, el mes de enero será determinante.

Desde principios de diciembre pasado, comenzaron las especulaciones sobre cuál era el nivel de aceptación de cada uno de los aspirantes a la candidatura priista al gobierno de Oaxaca. Indiscutiblemente, prácticamente todos los precandidatos de facto aseguraban haber remontado a sus competidores y haber alcanzado los mejores niveles de aceptación ciudadana. Hoy, la única encuesta revelada por el diario Milenio al inicio de la semana, indica que el senador Adolfo Toledo Infanzón es el más aventajado de los priistas. Todo lo demás que se ha dicho, no pasan de ser especulaciones y afirmaciones sin sustento.

¿Qué significa eso? Casi nada: que el proceso interno del PRI para la elección de su candidato a Gobernador, está inmerso en una situación de crisis. Es así porque la intención del Jefe Político de impulsar a uno de los aspirantes no ha sido ni simulada ni estratégica sin tan real como parece; pero porque esto, hoy choca no sólo con los resultados estadísticos —que revelan la competitividad real de cada uno de los aspirantes—, sino también con la negativa de todos los sectores priistas a aceptar a pie juntillas una decisión de esa naturaleza, tomando en cuenta la inconformidad que todo esto genera.

Hace ya algunas semanas, el presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas externó su preocupación por la equidad en el proceso, e hizo llamados para que la competencia se emparejara y para que se tomara en consideración no sólo la preferencia del Jefe Político, sino las posibilidades de triunfo y la capacidad política y electoral de cada uno de ellos. Luego hizo algo más o menos parecido el senador Toledo Infanzón, e incluso el secretario de Administración, José Antonio Estefan Garfias, se sumó al llamado.

¿Qué deja ver todo esto? Que más allá de la confianza que existe entre quienes rodean al supuesto aspirante elegido para convertirse en candidato a Gobernador, hoy la competencia es más real que nunca; el problema para quienes en el priismo consideran que tienen la candidatura aún con las encuestas y los niveles reales de aceptación en su contra, es que sus posibilidades de seguir remontando posiciones y ganar popularidad, están prácticamente agotadas.

La cercanía del proceso formal para la designación del candidato, marcará el comienzo del desgaste natural entre todos, y la estabilización de los números y las posibilidades. Así, puede decirse que lo obtenido hasta este mes de enero, se aparece como el momento climax sobre el crecimiento, la competitividad y las posibilidades de triunfo para cada uno de los aspirantes priistas.

Entendido esto, lo siguiente que debe verse son las posibilidades de sostener la unidad del priismo, las potenciales fracturas y la suma real de todos los factores de poder del tricolor a quien resulte el Candidato a Gobernador. Este punto, aunque no lo parezca, será determinante para el proceso.

 

RIESGO DE RUPTURA

A un principio, los incrédulos aseguraron que era una exageración sostener que más allá de la decisión de una sola persona —el Jefe Político de los priistas—, habría una competencia real entre los aspirantes, y que sin unidad y con fracturas —que no son lo mismo—, el Revolucionario Institucional estaría en peligro real de perder los comicios de julio próximo. Veamos por qué.

Hasta el momento, todas las señales son claras en cuanto a la conformación de la unión de partidos de oposición. Es decir, que independientemente de quién sea el candidato, habrá una alianza entre las principales fuerzas opositoras, que finalmente incluirá a Acción Nacional y muy posiblemente a Nueva Alianza. Ante este escenario, es condición indispensable que en el PRI haya un solo frente, que sea real y no simulado; y que quien sea su candidato tenga la competitividad suficiente para ganar.

¿Cómo lograr ese frente? Con un partido verdaderamente unificado, que sume los capitales de todas sus fuerzas, representantes y factores internos de poder. Esa unificación sólo se podría lograr estableciendo fuertes alianzas internas. En otras palabras: que quien sea el Abanderado, sume a los cinco aspirantes que se quedaron en el camino de la candidatura, y que construya ante el electorado todo lo que le haga falta para afianzar el triunfo.

Si esa lógica se aparece como la más viable, pero el aspirante preferido para convertirse en candidato formal es quien ocupa el cuarto lugar en las encuestas, ¿cómo construir esa alianza interna en el priismo? La única respuesta posible —para realmente ganar y no para seguir en el autoengaño—, es que los tres personajes que se encuentran por encima de él, declinen en su favor, y luego pongan todos sus capitales políticos a disposición del Candidato. Es decir, que la llamada “cargada priista” se hiciera efectiva no sólo en el momento de la unción, sino durante toda la campaña y luego el día de los comicios.

Eso, según parece, no ocurrirá en el priismo. Y no será así, porque tanto el edil Hernández Fraguas como el senador Toledo han sostenido que buscarán hasta el final la postulación de su partido, y porque ellos dos se aparecen como los de mayor competitividad; el dirigente Jorge Franco no se ha pronunciado al respecto, pero es bien sabido que él y Estefan Garfias se encuentran en la misma ruta.

 

ESCENARIO REAL

Al final, si de todos modos se materializa el escenario que Franco, Estefan, Hernández Fraguas y Toledo rechazan, o habrá rupturas, o habrá “institucionalidad” aunque en realidad, ninguno de ellos sume sus capitales al priismo durante el proceso comicial que se avecina. Y en cualquiera de los dos escenarios, las posibilidades de salir derrotados se multiplicarán. Esta realidad no cambiará aún cuando los involucrados cierren los ojos. Mientras, la oposición se frota las manos y afina su estrategia. Una ruptura en el priismo sería el mejor escenario para sus adversarios. Y todos los tricolores deben ver que si pierde uno, finalmente pierden todos.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

almargenoaxaca.wordpress.com

SSPE y PGJE: errores contribuyen a impunidad

+ Caso de Clínica Aquino: lo que mal comienza…

La mañana del pasado 1 de diciembre, ocurrió un violento asalto en una clínica situada en las inmediaciones del Palacio Municipal de Oaxaca de Juárez. En el atraco, fueron ultimados con disparos de arma de fuego la doctora Alejandra Sandoval, el recepcionista Daniel Porras, y el guardia de seguridad, Teódulo Martínez. Tres días después, el comisionado de la Policía Estatal, Jorge Quezadas Jiménez, presentó a tres individuos, acusados de ser los presuntos responsables de ese hecho. Argumentó que había certeza sobre su responsabilidad. Hoy, todos los señalados se encuentran en libertad.

El comienzo del mes de diciembre, fue complicado para la seguridad pública y la procuración de justicia en Oaxaca. En un mismo día ocurrió el asalto a la Clínica Aquino, y unas horas después la ejecución del dirigente de tianguistas del Mercado de Abasto, Roberto Mendoza. Dichas situaciones, según lo que hoy puede verse, se complicaron aún más por la actuación de las autoridades tanto de la Secretaría de Seguridad Pública, como de la Procuraduría de Justicia del Estado. Pero vayamos por partes.

De acuerdo con las explicaciones dadas por el comisionado Quezadas en el momento de presentar a tres de los presuntos responsables del asalto y homicidios ocurridos en la Clínica Aquino, existía un alto grado de certeza de que esos individuos eran los responsables, debido a que su identificación había partido de una grabación en video, obtenida a través del circuito cerrado de televisión que estaba instalado en el lugar de los hechos.

Luego se supo que el móvil más probable del ilícito tenía que ver con el robo violento de una fuerte suma de dinero en efectivo y medicamentos controlados, ya que los individuos detenidos presuntamente tenían problemas de adicción a ciertas drogas, y porque en esa clínica —y particularmente en el consultorio y las personas sobre quienes ocurrieron los hechos— se atendía a ese tipo de pacientes.

Días después, se especuló sobre las posibles actividades ilegales que ahí podrían ocurrir en relación al suministro y posible venta irregular de esos medicamentos controlados (particularmente, un opioide cuya sustancia activa es la metadona, que tiene efectos similares a la morfina), aunque ya nada fue lo que se investigó y estableció con claridad al respecto.

Casi de inmediato, familiares de los tres detenidos, Leonardo Ramírez, Miguel Ángel Vásquez, José Alfredo Jiménez, aseguraron que sus familiares eran inocentes, que su aprehensión fue arbitraria, que habían sido torturados y forzados a aceptar sus responsabilidades, y que luego del arraigo judicial al que fueron sometidos, recobrarían su libertad por falta de elementos para procesarlos. Como era evidente, nadie tomó en consideración sus alegatos ni los señalamientos hechos sobre los cuerpos policiacos sobre los posibles excesos cometidos en su detención.

Lo cierto es que, sean responsables o no por esos hechos, los tres individuos recobraron su libertad; el arraigo al que fueron sometidos no le permitió a la autoridad reforzar el soporte probatorio con el que los acusó ante los tribunales judiciales. Y, en su conjunto, la investigación sobre el homicidio múltiple y el hurto de más de 120 mil pesos en efectivo regresó a su punto de inicio. Es decir, al estado en el que formalmente nadie sabe qué pasó, ni quién fue el responsable, ni por qué ocurrieron los hechos.

OMISIONES OFICIALES

Señalábamos en líneas anteriores, que la detención de los tres individuos se llevó a cabo partiendo de una grabación obtenida del sistema de circuito cerrado instalado en la Clínica Aquino. Hoy, por el resultado de las actuaciones judiciales, queda claro que ni el video de los hechos fue suficiente para establecer con verdadera claridad que los detenidos eran los autores de los crímenes; y que no hubo mayor trascendencia en las investigaciones, para abordar otras posibles rutas de indagación sobre lo ocurrido y la autoría de los delincuentes.

¿Por qué pudo haber ocurrido eso? Porque los investigadores de la SSPE decidieron soportar su investigación en una grabación. Es decir, que no pudieron o quisieron ahondar las pesquisas; y que para establecer la identidad de los presuntos responsables no hubo más argumento e investigación, que lo captado por el circuito cerrado de televisión. Todo eso, por lo que toca a la Policía Estatal que fue quien logró la captura y presentó a quienes ellos consideraron como los autores de ese robo y triple homicidio.

En la Procuraduría estatal no fueron más eficientes. Sólo algunos perspicaces se percataron que aquel 1 de diciembre, tanto en los hechos ocurridos en la Clínica Aquino, como horas después en un hotel de la periferia en el que ejecutaron a mansalva al dirigente de mercados Mendoza López, nunca se apersonó —como sí acostumbra hacer, por lo menos para tomar conocimiento ocular de los acontecimientos— el procurador General de Justicia del Estado, Evencio Nicolás Martínez Ramírez.

Dicho funcionario nunca se apareció en los sitios donde ocurrieron esos dos hechos, porque no se encontraba en Oaxaca. Ni siquiera estaba en el país. El procurador Martínez Ramírez, acompañado de algunos funcionarios de la dependencia —todos acompañados por sus respectivos cónyuges—, y el presidente de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca, Heriberto Antonio García, se encontraban en Colombia. Por eso, sólo funcionarios ministeriales de rango menor, fueron los que tomaron conocimiento de los hechos y condujeron el crucial inicio de las investigaciones.

Los resultados, hoy, dejan ver que nadie supo quién, y motivados por qué, ocurrieron tales hechos. Ya no causa extrañeza de la Procuraduría estatal, pues se encuentre o no en Oaxaca el procurador Martínez, las promesas siempre son de justicia y los resultados siempre son de fracaso. Sorprende, más bien, por la SSPE, la Policía Estatal y la AEI, que prometieron nuevas técnicas de investigación. Y, al menos en este caso, fallaron.

CARRASCO ¿UN PRÓCER?

La Secundaria Técnica 6 es un ejemplo de lo que puede estar ocurriendo en muchas escuelas públicas de Oaxaca. Ahí, su director depuesto, Miguel Ángel Carrasco Orozco, es un radicalizado miembro de la UTE, que tiene amplias cuentas pendientes y desfalcos documentados. Ahora, como la suerte se le acabó, acusa a la Sección 22, al IEEPO y a sus compañeros, de ser parciales y de actuar en su contra. ¿A poco todos son malos y él el único bueno? Abundaremos.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

almargenoaxaca.wordpress.com

Técnica 6: un espejo de corrupción e intolerancia

+ Una disputa laboral que puede llegar a violencia

 

Prácticamente todo el mes de diciembre, la Escuela Secundaria Técnica número 6 —una de las de mayor tradición y prestigio en la capital oaxaqueña—, se vio envuelta en un agrio conflicto laboral entre su propia planta administrativa y docente que la mantuvo paralizada y asediada, que llegó a involucrar a los alumnos y padres de familia, y que intermitentemente la llevó a detener sus actividades. Será hoy cuando se reanuden las labores en esa institución, y con ella también se reavivará una disputa que en cualquier momento podría llevar a una inadmisible confrontación violenta.

Todo aquel que conoce la historia reciente de esa institución educativa, sabe que desde el 2006 la llamada Técnica 6, no ha tenido estabilidad ni descanso. Entre el propio magisterio, son famosas las historias oscuras que existen sobre la utilización de las instalaciones de esa escuela, para diversos fines relacionados con la revuelta magisterial y popular ocurrida aquel año.

Luego, al año siguiente, en 2007, un grupo de profesores fue expulsado de dicha institución, en buena medida por cuestionar al director de la Técnica 6, Miguel Ángel Carrasco Orozco, respecto de la autorización que él dio durante aquellos aciagos días, para que las aulas sirvieran para dichos fines, nada apegados a los principios educativos.  El argumento de la traición al movimiento magisterial utilizado por el profesor Carrasco —un distinguido simpatizante y protegido de la radicalizada Unión de Trabajadores de la Educación—, fue suficiente para que dichos profesores fueran finalmente removidos de sus funciones en esa institución, y ubicados en otros centros de trabajo.

Hoy, nuevamente el profesor Carrasco Orozco pretende resolver sus problemas, manipulando a padres y alumnos, victimizándose, y valiéndose de verdades a medias. Sólo que si antes fue un mero asunto de intolerancia, hoy lo que pesa en su contra son graves —y probados— señalamientos de corrupción, extorsiones, y manejo discrecional e irregular de los recursos económicos, de la que resulta ser la secundaria pública más grande y numerosa del Estado.

En los casi doce años que lleva al frente de dicha institución, el director Carrasco Orozco ha mantenido en la total secrecía el millonario manejo de recursos que se genera a partir de las cuotas entregadas por los padres de familia —inscripciones, fichas para acceder al proceso de admisión y demás—, por el manejo de la cooperativa escolar, y por el redituable negocio que le había resultado comerciar con calificaciones, con la aprobación de alumnos irregulares, la manipulación de listas de asistencia e incluso la expedición de certificados de estudio, de alumnos que hoy cursan educación preparatoria pero que no concluyeron legalmente su instrucción secundaria.

 

NIDO DE CORRUPCIÓN

Todo comenzó a principios de 2009, cuando un grupo de jóvenes que vestían uniformes de una preparatoria de la UABJO ingresaron a la Técnica 6 a mofarse de algunos profesores. Esto porque en el ciclo escolar anterior, esos jóvenes habían sido sus alumnos y no habían aprobado ciertas materias. Según los profesores, esos alumnos no habían presentado exámenes extraordinarios, y sin embargo habían conseguido sus respectivos certificados de estudio, que ya les permitía estar inscritos en una institución de educación media superior.

Ese hecho llevó a algunos catedráticos a hacer ciertas indagaciones que los llevaron a la conclusión de que, en efecto, la Técnica 6 les había extendido certificados de estudio. Se descubrió, con eso, que más de 40 listas de calificaciones habían sido manipuladas, y que algunos catedráticos habían sido presionados para modificar el resultado de las evaluaciones que ya habían aplicado, para beneficiar a ciertos alumnos.

Así, en marzo de 2009, un grupo de profesores solicitó por escrito al director Carrasco, que explicara el motivo por el que había alteración de calificaciones y, sobre todo, cómo varios ex alumnos irregulares ya habían conseguido sus certificados. El directivo nunca ofreció explicación alguna. Más bien, simuló el inicio de una investigación que, al final, exoneró a Martha Cruz Díaz —la supuesta responsable de la alteración de las listas— y no arrojó resultado alguno sobre esos actos de corrupción —que ya para entonces estaban plenamente documentados.

Tal antecedente, llevó a la Junta de Directivos de esa institución, a exigir a Carrasco la total clarificación del proceso de admisión de alumnos para el ciclo escolar 2009-2010. Hasta entonces, éste se encontraba bajo un esquema discrecional de recepción de aspirantes, el cual se prestaba a jugosos negocios relacionados con la venta de los espacios. Para transparentar dicho proceso, se nombró una comisión de profesores para encabezar esos trabajos.

Eso desató la ira del director Carrasco, que ya no pudo incidir en los resultados, ni tener acceso a las listas de admisión. Es decir, que le arrebataron un negocio en el que la admisión de un alumno se vendía en montos superiores a los 10 mil pesos. A partir de entonces, comenzó a hostigar a quienes integraron la Comisión, y éstos solicitaron al IEEPO una investigación sobre las múltiples irregularidades que pesaban en su contra.

El resultado no le fue benéfico: el 18 de diciembre, la comisión del IEEPO que revisó la documentación y finanzas internas de la Técnica 6, determinó responsabilidad sobre 17 administrativos y catedráticos —incluyendo a Carrasco y a tres de los seis integrantes de la Comisión que denunció tales irregularidades— que ya quedaron separados de esa institución.

 

FOCO ROJO

Sobre Carrasco Orozco pesa un millonario desfalco derivado del manejo de la Cooperativa Escolar. En 10 años, a nadie entregó cuentas de ese rubro. Quedó también en evidencia la red que tejió para sostener sus negocios, haciendo cómplices a profesores y administrativos, que hoy lo defienden para no perder algunos privilegios obtenidos por esa vía. Pero la realidad le pesa: 14 de sus coautores están separados de sus labores. Y él pretende sostenerse ocultando todas esas irregularidades, y manipulando cobarde y engañosamente hasta a los alumnos. Así, hoy que reinician las clases, será presentado el sustituto del director Carrasco. Y éste no escatimará esfuerzos —incluida la violencia, el paro de labores o el atrincheramiento— para sostener su cargo, su corrupción, y a sus cómplices. Qué lamentable por la Técnica 6, que hasta antes de Carrasco Orozco, era modelo de pulcritud, competitividad y hasta elitismo en la educación pública de la capital oaxaqueña.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

almargenoaxaca.wordpress.com

Crisis: el gobierno la hace, y el pueblo la paga

                                 En septiembre de 2008, cuando la financiera mundial Lehman Brothers quebró, en los Estados Unidos, y se comenzó a ver el tamaño de la crisis que se avecinaba, el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, Agustín Carstens, aseguró que por primera vez en décadas, la crisis estadounidense no impactaría en la economía mexicana, rompiendo el malamente popular argumento de que, en términos económicos, “cuando a Estados le da gripe, a México le da pulmonía”. Carstens dijo que esto sólo sería un “catarrito”.

El tiempo ha puesto las cosas en su sitio: la caída de la economía nacional no tiene precedentes. Si bien las finanzas nacionales se han mantenido con cierta estabilidad, esto ha sido a costa del sacrificio excepcional de la mayoría de los mexicanos. Esta es una doble realidad, llena de apariencias, en la que mientras el gobierno federal asegura que las cosas van bien y que la recuperación es sólo cuestión de tiempo, los mexicanos resentimos decisiones trascendentales que todos los días nos afectan.

El alza de impuestos, inflación no reconocida, incremento en el costo de la vida, la pérdida del poder adquisitivo y el incremento —sólo representativo— al salario mínimo, hoy son circunstancias que tienen el vilo, y costeando la crisis, a quienes no fueron —fuimos— responsables de crear este fenómeno económico negativo, sin precedentes, en el México de hoy. Nadie, desde el sector público, acepta las responsabilidades de una caída en el ingreso nacional, que tuvo sus orígenes en México y no en la recesión internacional, como tanto ha tratado de justificarse.

Hoy, ninguno de los indicadores económicos en México es alentador. A pesar de que el presidente Felipe Calderón asegura que este 2010 será el año de la recuperación económica, es evidente que el boquete económico dejado por la crisis es mayúsculo, y que dicha recuperación será mínima si se pasa por el tamiz del tamaño de las pérdidas que hubo durante el último periodo de 15 meses.

Por ejemplo, es cierto que algunas cifras relativas al desempleo comienzan a ceder. Pero también lo es que en dicho periodo se perdieron casi 600 mil empleos que no se podrán recuperar en el mediano plazo. Lo mismo ocurre con la economía familiar. El gobierno federal, en conjunción con el Banco de México, determinaron que la inflación total durante 2009 sería de alrededor del 4 por ciento; en esa proporción se dio el incremento al salario mínimo.

Sin embargo, esa parece ser una realidad no compartida por el grueso de la población: Mientras el gobierno dice que todo se encuentra bajo control y que esas escaladas alcistas de precios son sólo “impactos menores”, el mexicano común ha encontrado todos los productos de consumo básico a un mayor costo. Comenzando por los combustibles… y siguiendo con todos los productos que necesitan ser transportados o conservados con medios directa o indirectamente relacionados con los energéticos. Esa es una inflación, que para el gobierno resulta ser… simple, pero deliberadamente invisible.

A todo esto, debe sumarse el hecho de que a partir del primer día de 2010, los mexicanos estamos pagando más impuestos. Sólo para el presente año, se incrementaron las tasas porcentuales del Impuesto al Valor Agregado (uno por ciento); Sobre la Renta (dos por ciento); al Especial sobre Producción y Servicios (en términos variables según los productos); y al de Depósitos en Efectivo (tres por ciento sobre depósitos bancarios mayores a 15 mil pesos en efectivo). Esto, además de los incrementos programados al Impuesto Empresarial de Tasa Única. Por si fuera poco, también se anunció que a partir de ahora, tanto los combustibles, como la electricidad y el gas doméstico dejarán de tener los controles que los habían sujetado, y comenzarán a incrementarse en la misma proporción que lo haga la inflación.

 

CRISIS ¿INTERNACIONAL?

Esta gran crisis comenzó a gestarse, ciertamente, en los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, esto no necesariamente debe entenderse como que nuestro vecino del norte sea el responsable de nuestra crisis. En realidad, ellos atravesaron por un fuerte colapso económico que en nada se compara al que ocurre en el país. ¿Por qué si se supone que México tiene ya una economía sana y robusta, la crisis de allá nos afectó en una escala mucho mayor a la de cualquier país del mundo?

La respuesta es sencilla: por la excesiva dependencia que tiene la economía mexicana respecto a la estadounidense. Expliquémonos: todos los países, sin excepción, basan una parte importante de su economía en las exportaciones. La gran mayoría de las naciones, abren canales de exportación de sus productos a varias naciones, para así lograr una diversificación de mercados y productos. México, sin embargo, no hizo nada de eso.

La razón es simple: siendo el vecino sureño del país económicamente más poderoso del mundo, no era necesario buscar más o más importantes socios que el que tenemos al lado. Así, la economía exportadora mexicana se sostuvo en bonanza lo mismo de vender mucho petróleo barato, que centrando su venta al exterior de materias primas y no productos terminados, y casi en su totalidad a un solo mercado, que es el estadounidense.

Así, cuando el ciudadano norteamericano entró en crisis y dejó de adquirir ciertos productos que tenían como origen México, las exportaciones se frenaron y aquí la industria —que normalmente vivía de las exportaciones— simplemente comenzó a colapsar. Se contrajo la economía, se perdieron empleos y se encarecieron productos que antes tenían menores precios, debido a los efectos adversos que tiene, para el valor de su moneda, que un país importe más productos de los que exporta, y pague al exterior más dinero del que recibe por lo que éste comercia.

Por eso, si bien al principio se pensó que la economía mexicana no sería afectada por una crisis que venía del exterior, lo cierto es que México fue el país más golpeado por este fenómeno. No tuvo que ver directamente la desaceleración económica estadounidense ni mucho menos: lo directamente responsable fue un prolongado mal manejo de las finanzas públicas, una visión corta de lo que debería ser el comercio y la economía hacia el exterior de nuestro país, y un manejo de la crisis que se ha cuidado de privilegiar a la economía de los grandes capitales, por encima del bienestar de la mayoría de la población.

 

SALARIO MÍNIMO,

PARA VIVIR PEOR

Es posible asegurar que el gobierno mexicano ha privilegiado a la economía de los grandes capitales, por encima de la de la mayoría de la población, cuando acudimos a ejemplos sustanciales que dejan ver que el castigo al salario, para impedir que la inflación crezca, no siempre es el mejor camino para sortear una crisis controlando los vectores principales que la determinan.

Para el investigador Alberto Aziz, “en otros países el aumento salarial ha sido la base para empezar a modificar la grave concentración del ingreso que padece América Latina. Por ejemplo en Brasil, al contrario de México, la política salarial en esta época de crisis se ha convertido en un importante estímulo para fortalecer el mercado interno y frenar los efectos más graves de la falta de crecimiento. El consumo interno en Brasil se ha ampliado y para ello el aumento al salario mínimo ha sido una pieza clave. También en los últimos años los beneficios de estos aumentos al salario mínimo han contribuido a disminuir la desigualdad del ingreso. Los países que más rápido se han empezado a recuperar de la crisis han puesto en operación políticas que impulsan el salario y estimulan sus mercados internos. En México se hace todo lo contrario, se debilita año con año el salario y el mercado interno se fragmenta y se adelgaza.”

Las contrariedades son evidentes: en el último lustro, el salario mínimo en Brasil casi se ha duplicado, y no por ello el Estado carioca ha dejado de ser fuerte: al contrario. Hoy, Brasil es un referente internacional sobre el éxito de un país con economía emergente, que continúa creciendo a pesar de la fuerte crisis a la que se enfrentó en el ámbito internacional.

México, en contraposición, se ha encargado de seguir un camino exactamente inverso: aquí se han postergado las grandes decisiones que podrían determinar la economía a niveles superiores; se ha privilegiado la supresión de los factores que podrían generar dificultades a la estabilidad macroeconómica del país; se ha preferido castigar a la población con incrementos acumulados a prácticamente todos los medios necesarios para la vida; se ha echado mano de los impuestos; y, en general, no se ha logrado poner en salvaguarda a todos aquellos millones de pobres e integrantes de la llamada “clase media”, que hoy somos los que pagamos los costos más altos de esta crisis económica.

 

LAS PARADOJAS

Para 2010, el salario mínimo se incrementó en 4.8 por ciento. Unos dos pesos diarios, efectivos en el bolsillo de los trabajadores. ¿Qué legitimidad tiene eso, cuando sólo por cada litro de gasolina Magna, los mexicanos pagamos hoy 16 centavos más respecto al precio de hace menos de 30 días? ¿Cómo justificarlo ante la escalada de impuestos y retiros de subsidios, que están sirviendo al gobierno para sortear su crisis y no optar por medidas reales de austeridad y control del gasto público? ¿Cómo pensar que este será un mejor año, cuando cada vez queda más claro que ni en 2010, ni en los que siguen, se podrán recuperar la economía, el poder adquisitivo y los empleos que se perdieron sólo entre 2008 y 2009? ¿Cómo pensar que vamos para adelante, cuando todos nuestros indicadores, y la percepción ciudadana, dicen lo contrario?

Tal pareciera que, en todo esto, el gobierno mexicano le aplica a su pueblo una de las viejas sentencias de guerra que tanto determinaron la historia: “si la guerra está perdida, no me importa que mi pueblo sufra, no derramare una sola lagrima por él. ¡No merece nada mejor!”. La frase se la atribuyen a Adolfo Hitler, cuando estaba a punto de ser derrotado en la Segunda Guerra Mundial. Ante esta descomunal crisis económica —que parece una batalla perdida para el Estado—, bien podría quedarnos a los mexicanos.

Transparencia: todos faltan a ella

+ Unos van adelante, pero no todos

 

En un estado idealmente democrático, el ejercicio de la transparencia tanto por parte de la autoridad como de los ciudadanos, no debería ser un tema discutible: ésta tendría que cumplirse naturalmente por todos, y punto. En México, sin embargo, la opacidad en el manejo de los recursos del Estado, y la discrecionalidad en las decisiones de quienes detentan el poder público, son discusiones interminables, que siempre han venido acompañadas de acusaciones recíprocas sobre las fallas en el cumplimiento de los deberes con la rendición de cuentas y el acceso a la información.

En la semana que termina, hubo una nueva reedición tanto de la discusión por el cumplimiento de los órganos del Estado de sus obligaciones con la transparencia, como también de las acusaciones que reiteradamente se realizan entre los diversos órdenes de gobierno por su falta de voluntad en la satisfacción de esta garantía constitucional de que gozamos todos los ciudadanos. Todas esas reyertas están cargadas de verdades a medias y paradojas que debemos analizar detenidamente. Pero, vayamos por partes.

Hace unos días, el presidente Felipe Calderón acusó a los gobiernos estatales y municipales del país, de resistirse a cumplir con sus tareas relativas a la transparencia y la rendición de cuentas. La primera de esas obligaciones, podemos entenderla como las facilidades y la disposición que tienen los órganos del gobierno para que el ciudadano pueda acceder a la información oficial de cómo se ejerce el servicio público y cómo se gasta el dinero del erario.

La segunda, es decir, la rendición de cuentas, podemos entenderla, en este sentido, como la disposición que tienen los entes públicos, para que otros órganos fiscalizadores del mismo Estado tengan acceso a sus cuentas, y puedan corroborar que el uso que se les dio a los recursos asignados fue correcta, eficiente, eficaz y apegada a los lineamientos para los que dichos recursos fueron otorgados. Según el presidente Calderón, tanto las entidades federativas como los municipios no cumplen con estos deberes, que están plasmados en la Constitución federal como obligatorios en su observancia.

En tal puntualización, no le falta razón al Titular del Poder Ejecutivo Federal. De hecho, esa fue una de las más profundas polémicas que generó la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente año, en el que se acordó incrementar los recursos públicos a las entidades federativas, e incrementar la carga tributaria a los contribuyentes cautivos de siempre, pero sin elevar las obligaciones de los poderes públicos respecto a la fiscalización y la rendición de cuentas, y tampoco sobre los mecanismos de control sobre esos recursos.

Es decir, que a las entidades federativas —como Oaxaca— se les expidió desde el Congreso, un atractivo cheque en blanco para hacer de esos millonarios recursos una jauja que en poco corresponde a la pobreza de la mayoría de los ciudadanos, y a la debilidad y presiones que hoy soportan las disminuidas finanzas nacionales.

¡Vaya! Podríamos decir que éste es un acto de congruencia y rectitud ejemplar del Presidente de la República. Pero no. Si recordamos bien, el Presupuesto de Egresos, con los millonarios recursos que se aprobaron para las entidades federativas, fue impulsado y controlado por la Secretaría de Hacienda. Finalmente, en el momento de las decisiones sobre el gasto público para 2010, la bancada panista —al igual que la priista, que no deja de darse baños de pureza— eludió en todo momento abordar de forma seria el tema de la rendición de cuentas y la opacidad.

Todos juntos prefirieron no abordar esa discusión. Porque en este país, tal pareciera que a nadie le conviene que se sepa cómo se gastan el dinero todos aquellos que tienen un pedazo de poder y recursos para ejercer.

 

LO QUE NO DICE

EL PRESIDENTE…

 Apenas unos días antes, en esta misma semana, un diario editado en la capital de la República —El Universal— documentó algunos fallos importantísimos del gobierno federal en materia de transparencia. Durante los primeros días de enero, ese medio informativo documentó la tendencia de las entidades federativas a seguir trabajando en medio de la opacidad; que algunas entidades del gobierno federal acuden cada vez más a la salida fácil, ante las solicitudes de información que presentan los ciudadanos ante el Instituto Federal de Transparencia, de responder que lo solicitado es “información no disponible”. Y que, por si fuera poco, en la Secretaría de Gobernación se trabaja en una iniciativa para imponer al IFAI, un órgano jurisdiccional que revise sus resoluciones y se convierta en una especie de medio de control para la actuación de dicho órgano autónomo.

¿Qué buenos ejemplos de transparencia, no? Es evidente que si las entidades federativas y el Distrito Federal bien pueden reprobar en materia de transparencia, el gobierno federal no tendría mucho que presumir en ese rubro. Es cierto que para todos resulta una incomodidad —y hasta un riesgo—, el tener que abrir todas sus cuentas y archivos al escrutinio público, y mucho más que ese deber sea nada menos que una garantía constitucional que se tiene que cumplir.

Sin embargo, sin justificar a nadie, las paradojas son mucho mayores para el gobierno federal. La ley federal de acceso a la información, es un referente que ha sido tomado en consideración por muchos países, como un modelo eficaz de acceso a la información. En contraparte, las leyes estatales de la materia se han ido construyendo en adversidad, por las fuertes resistencias que los cacicazgos y grupos de poder locales han opuesto a la rendición de cuentas. ¿Cuál es la diferencia?

Que en la mayoría de las entidades federativas, se tiene la percepción de que los órganos de transparencia deben ir ganando paulatinamente su fuerza, autonomía real y capacidad de gestión y decisión ante el poder público; y que en el gobierno federal existe una normatividad con muchos más mecanismos y posibilidades de ejercicio del derecho a la información, que ahora se están intentando sobre regular y disminuir en detrimento de los ciudadanos.

 

CAMINOS ENCONTRADOS

Es decir, que todo es desafortunado; las entidades federativas avanzan en materia de transparencia con un tortuguismo, por las resistencias antes mencionadas. Se tiene la percepción de que los órganos y normas son “Elefantes blancos”, que un día dejarán de serlo. Un lentísimo camino hacia delante. Pero en la Federación las cosas parecen ir exactamente en el camino contrario. Vaya contradicciones.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

almargenoaxaca.wordpress.com