Alianza opositora: ¿Señales contradictorias?

Al Margen *

Adrián Ortiz Romero Cuevas

* Publicado el lunes 12 de octubre de 2009 en TIEMPO de Oaxaca.

+ Alianza opositora: ¿Señales contradictorias?

 + Aspirantes priistas: la carrera de bajo perfil

 Al terminar la semana anterior, las posibilidades de conformación de la llamada Alianza opositora en Oaxaca, comenzaron a enviar extrañas señales contradictorias. Desde algunos espacios de los medios impresos de la Ciudad de México, se lanzó la especie de que todo lo hasta ahora dicho sobre la unión de partidos opositores, no era más que una enorme mascarada orquestada desde la dirigencia nacional de Acción Nacional (AN). Casi al mismo tiempo, el ex presidente nacional de ese partido, Manuel Espino Barrientos, descalificó toda posibilidad de que ese instituto político fuera en alianza con las fuerzas de izquierda. ¿Será que de verdad la alianza no va?

Todo este escenario de aparentes contradicciones, necesita verse no sólo desde la lógica de las discordancias ideológicas, políticas o de intereses partidistas que desde hace tres años se profundizaron entre AN, el PRD, el PT y Convergencia. De hecho, si el factor de las alianzas estuviera solamente determinado por la compatibilidad de las fuerzas políticas que intentan unirse, desde el origen esta posibilidad en Oaxaca estaría cancelada.

Sin embargo no es así. Y no es así, porque en Oaxaca —como en el país— reiteradamente ha quedado claro que una de las últimas preocupaciones que tienen las fuerzas políticas, es la de mantener íntegras sus posiciones ideológicas, y su integridad y dignidad política. Porque, a la luz de los hechos, en el primero de sus planos se encuentran los intereses de acceso y manutención al poder público, y después… todo lo demás.

Así, si este fuera un asunto de congruencia ideológica, las incompatibilidades propias de la izquierda y la derecha partidista cancelarían toda posibilidad de conjunción. Si, en el mismo sentido, este fuera un asunto de integridad y dignidad política, las disputas habidas entre los azules y los amarillos por el resultado de la última elección presidencial, dejaría sin posibilidades la idea de cualquier alianza futura.

Pero esto, en realidad, es un asunto de pragmatismo. Todo encuentra su explicación en la sola búsqueda del poder; en la disputa partidista y en la exhibición de la bandera de la alternancia, como si ésta fuera la cura de todos los males para un estado como Oaxaca. Siendo esto así, es igual de previsible que en 2004, que la coalición de partidos finalmente se conforme y busque las más altas posibilidades de disputarle el poder gubernamental de la entidad al Partido Revolucionario Institucional.

Es decir, que en todo esto, ni las tretas maquiavélicas ni los distractores ni las estrategias perversas, son suficientes para tratar de argumentar un supuesto “borregazo”, en el que se hubieran ido de bruces lo mismo las dirigencias estatales de AN, PRD y demás, que las dirigencias nacionales de los partidos de izquierda o el grupo de poder de Andrés Manuel López Obrador. Y si esto es poco creíble, lo es todavía menos que todos hubieren sido engañados por un cuestionado —por inexperto— dirigente nacional partidista, como el panista César Nava Vásquez.

 

¿INTRIGA PRIISTA?

¿De verdad es posible creer que todo fue una equivocación, una tomadura de pelo, o una estrategia panista de desmovilización a las fuerzas de izquierda, y al “golpista” López Obrador? ¿Debe uno creer a pie juntillas que el ex dirigente Manuel Espino vino a Oaxaca por casualidad a decir lo que dijo? Incluso, ¿Es asimismo una casualidad que ayer domingo comenzara a circular información relativa a que Comités priistas de Ciudad Netzahualcóyotl, en el Estado de México, le darían su respaldo para buscar la candidatura a Gobernador de Oaxaca por el partido tricolor? Seguramente no.

Quizá, todas estas señales podrían comenzar a constituir la posibilidad de que la alianza opositora se desmorona: si se filtra desde la Ciudad de México que el mito de la coalición opositora para 2010 fue una mascarada; si Espino Barrientos, uno de los máximos representantes de una poderosa ala panista —la de El Yunque—, descalifica también la posibilidad; y si también desde otros frentes se “arrancan” a algunos de los quienes podrían encabezar la Coalición, alternativamente al senador Gabino Cué Monteagudo, quizá podría ser creíble que, en efecto, la alianza se estaría quedando no sólo sin posibilidades, sino también sin sustento.

Pero también podría caber otra posibilidad, que es nada descabellada. Esta, que también es sostenida no sólo en Oaxaca sino desde la capital del país, apunta a que todo esto es parte de una bien armada posibilidad de uno de los abanderados priistas para ganar posiciones dentro de la carrera interna de su partido. El dirigente estatal priista, Jorge Franco Vargas, por ejemplo, sabe que el mejor escenario para su potencial candidatura, es directamente proporcional al desmoronamiento de la coalición opositora. Esto también podría quedarle a la perfección a las aspiraciones del diputado federal, Eviel Pérez Magaña y quienes, desde las más altas esferas del poder, impulsan su crecimiento como potencial precandidato a la gubernatura del Estado. Si en función de ello, pudieran también explicarse las intrigas que se han generado en estos últimos días, entonces todo tendría una explicación lógica y creíble.

Evidentemente, estos son los escenarios posibles de una competencia, en la que no existen reglas ni competidores éticos, dentro y fuera del priismo —pero principalmente dentro. Sin embargo, lo que sí puede verse, es que antes que los afanes de Acción Nacional y el PRD claudiquen respecto a la posibilidad de gobernar Oaxaca —y, sobre todo, de arrancar del gobierno al Revolucionario Institucional, y con esto el bastión electoral y político que todo eso conlleva—, lo que se podría dejar ver es una clara estrategia priista para desarticular el entusiasmo opositor desde distintos caminos. Habrá que ver ahora cómo se comportan los partidos que integrarían la coalición, ante la posibilidad de que todo esto fuera parte de una estrategia de intrigas lanzada desde importantes sectores del priismo. Esto es la guerra.

 

ERRORES DE CÁLCULO

Con la denuncia respecto a la Coalición opositora, que lanzaron hace unas semanas los diputados integrantes de la fracción priista oaxaqueña en San Lázaro, buscaron meter en esta dinámica los intereses del Estado de México. El “petate del muerto”, fue que esto debía importarles, porque de no pararlos ahora, esa misma coalición se integraría entre los mexiquenses. ¿Habrán calculado que ese fue, también, el mejor impulso —gratis— a las aspiraciones del senador Cué? Es pregunta.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

 

 

Sucesión en el PRI: hoy, los “mitos” los dominan

+ Aspirantes: ¿Cuánto cuestan las especulaciones?

No es raro, hoy, escuchar de propios y extraños que en la carrera por la candidatura a Gobernador del PRI, hay ciertos elementos que determinan la competencia a favor o en contra de uno u otro aspirante. Muchos de esos elementos, que van más allá de sus capitales políticos reales, no resultan ser más que simples especulaciones, chismes e inexactitudes que, llegado el momento, tendrán que quedar aclaradas y comprendidas en su justa dimensión.

Este es, seguramente, un momento apropiado para comenzar a poner cada cosa en su sitio, y comprender que finalmente habrán de ser elementos reales y objetivos los que determinen esta contienda. Hoy, entre los priistas, formalmente no se puede hablar más que de lealtades y afinidades de cada uno de los aspirantes hacia su Jefe Político, y la decisión que éste tenga respecto de cada uno de ello. Eso será lo que determine la contienda, y no los tantos “mitos urbanos” que se han tejido alrededor de cada uno de los aspirantes a la gubernatura. Vayamos por partes, enumerando indistintamente las especulaciones que rondan a cada uno de los personajes que luchan por la candidatura.

Uno de los tantos argumentos que últimamente se ha esgrimido para defenestrar al senador Adolfo Toledo Infanzón como aspirante real a la gubernatura, es el relativo a que él se pronunció afirmativamente, en 2006, en una consulta interna de la bancada priista en el Senado, y en un punto de acuerdo, en el que se llamaba al gobernador Ulises Ruiz Ortiz a que solicitara licencia a su cargo.

Reiteradamente se esgrime ese, como uno de los principales argumentos en su contra. Sólo que nadie a tenido a bien mostrar o hacer público dicho documento. E incluso, ninguno de los que realiza tales afirmaciones, y sostiene que por esa sola razón el senador Toledo perdió desde 2006 su oportunidad de suceder a Ulises Ruiz, sabe exactamente dónde se encuentra e incluso si, como dicen, alguna vez existió el referido escrito.

Sobre el edil José Antonio Hernández Fraguas, por su parte, ronda la incertidumbre de su cercanía con altos funcionarios del gobierno federal y los posibles contactos que habría tenido con el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Ortega Martínez.

Más allá de las especulaciones, puede entenderse que sólo quien no tiene un calado real como político, no conoce y abreva relaciones cordiales con sus contrapartes. Nadie ha podido corroborar que, en efecto, la amistad de Hernández Fraguas y Gómez Mont tenga también puntos importantes de coincidencia en el ámbito político, y si tal relación podría llegar al punto de ser la referencia para una ruptura priista. Es decir, esto tampoco pasa de ser una especulación.

En este sentido, se ha tomado como un escollo en la carrera política de José Antonio Estefan Garfias, el pasado que lo une con el ex gobernador Diódoro Carrasco Altamirano. Sus adversarios ven, como lo hemos apuntado en otros momentos en esta columna, a ese ex Mandatario como el principal “coco” del actual priismo.

Pero más allá de las fobias de algunos, si entre el gobernador Ruiz y Estefan hubiera una lejanía motivada por el “diodorismo” de éste último, nunca habría regresado al Gobierno del Estado en una posición de primer nivel, y mucho menos habría tenido la venia para asumirse como un aspirante a la candidatura a Gobernador. Es decir, que la supuesta “sombra diodorista” que envuelve al Secretario de Administración, no es más que otra de las especulaciones que son notorias, pero que no determinan —ni determinarán— el rumbo de la contienda interna del priismo.

MÁS ENRARECIMIENTO

Sin embargo, los dos casos más paradigmáticos son los de los diputados federales Jorge Franco Vargas y Eviel Pérez Magaña. Sobre cada uno de ellos, ayer y hoy, se han señalado infinidad de argumentos que no alcanzan a tener una fuerza determinante sobre sus respectivas posibilidades de convertirse en candidato a gobernador. Vayamos a revisar algunos de esos argumentos poco sustentados.

Sobre el diputado y dirigente estatal priista, Franco Vargas, se han establecido por lo menos tres argumentos que son importantes. El primero de ellos, que sí resulta ser real, es el de las marcadas dificultades que tendría el partido, si él se convirtiera en el candidato a gobernador. “Sería una campaña muy tortuosa”, afirman los que saben. Y dado que el ex Secretario General de Gobierno fue quien más alto pagó el costo político de la refriega de 2006, dicho argumento cobra sentido frente a todos los grupos que quedaron agraviados por aquel episodio.

Sin embargo, más allá de eso todo lo que se dice son argumentos de poca valía. Se habla, por ejemplo, de una rebeldía y una auténtica ruptura con el Gobernador del Estado. Es claro que la definición de una candidatura no es un asunto simulado, terso o sencillo. Pero es también evidente que más allá de las contrariedades y los desacuerdos que existen en política, dos personajes como ellos abrevan tantos asuntos e intereses comunes —hasta complicidades—, que una ruptura o rebelión real en dichas condiciones, sería casi impensable.

¿Y qué con el diputado Pérez Magaña? Que más allá de los cuestionamientos sobre la inequidad en la contienda interna, todos los demás son argumentos que no alcanzan a ser determinantes para su tránsito en esta contienda pero que, valga decirlo, han sido pésimamente manejados por su equipo de campaña. Para muestra, un botón: se le cuestiona por no contar con un título universitario, y por tener una carrera política de poca ascendencia.

Sí. Podría ser cierto. Sólo que la ley no le exige ni el título universitario ni la experiencia política para acceder al cargo que pretende. Desmontar esos señalamientos era tan sencillo como esgrimir lo anterior. Sólo que nadie en su equipo ha tenido la sensibilidad para comprender que preguntas y respuestas como esas se encuentran esencialmente en la ley, y que el hecho de cursar actualmente una licenciatura podría ser hoy un ejemplo de esfuerzo, y no el escollo que ya le significa.

COROLARIO

Buena parte de lo que aquí se ha establecido, es lo que ha alimentado y predominado hasta ahora en la contienda interna del priismo. No se repara en que serán, finalmente, los elementos objetivos (como la decisión del Gobernador, la opinión de los grupos de poder, las encuestas, la disposición de estructuras electorales y las mediciones sobre las posibilidades de triunfo) lo que determinará la contienda. No las especulaciones. Y, hasta ahora, nada parece estar totalmente definido.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

almargenoaxaca.wordpress.com

Coalición opositora y el factor Edomex

+ Comicios de 2010 serán espejo de 2012

 

La coalición de partidos de oposición que está en vías de conformarse en Oaxaca, no sólo parte de un ánimo democratizador de esas fuerzas partidistas, ni tampoco se centra en un interés particular en nuestra entidad. Si bien a la oposición codicia la posibilidad de arrebatar al PRI un bastión como el de nuestra entidad para hacerlo parte esencial de sus fortalezas, también es claro que esto es parte de un interés electoral que va más allá de Oaxaca. Veamos por qué.

Como bien se sabe, en 2010 se renovarán los gobiernos de 12 entidades federativas. En varias de ellas, tanto el Partido Acción Nacional como el PRD y las otras que integran el lopezobradorismo (es decir el Partido del Trabajo y Convergencia) se están abriendo con toda libertad al camino de las coaliciones de partidos. El objetivo, en cada uno de los estados en los que el PRI gobierna, es precisamente erigir frentes comunes para combatirlo —y tener posibilidades reales de arrebatarle los gobiernos estatales— para luego conjuntar otras estrategias similares, pero para los comicios federales de 2012.

En esa lógica, Oaxaca se aparece como un ejemplo de esas intenciones, pero no como un caso particular o aislado. De hecho, ya antes de 2004 habían existido diversas coaliciones de todos los partidos de oposición para tratar de arrebatar gobiernos estatales al priismo, y en varios de los casos lo habían logrado. Oaxaca, más bien, fue un golpe al orgullo de las fuerzas de oposición, porque ni aún haciendo uso de todas sus estrategias electorales, les fue suficiente el capital y lo obtenido, como para derrotar al tricolor.

Como contexto, si se recuerda, aquí, una vez pasado el proceso electoral de 2004 dichas fuerzas se confrontaron, y luego esa confrontación se hizo extensiva en los comicios estatales intermedios de 2007. En medio de todo eso, ocurrió la elección federal de 2006, en las que Acción Nacional y el PRD prácticamente se declararon enemigos a muerte.

Aunque en esas condiciones, se pensaba, habría de ser imposible una coalición, esto último es justamente lo que está ocurriendo. Es decir, el peor escenario en una tierra donde el priismo parece más fuerte que en ningún otro sitio. Quizá por eso, las solas sospechas de conformación de una coalición de los más fuertes partidos opositores, se torna particularmente sintomática e incómoda para el Revolucionario Institucional.

Así, en el ámbito estatal existe preocupación en el priismo —aunque lo nieguen—, porque saben que hace seis años la oposición estuvo a punto de ganarles la gubernatura (sólo los aventajaron por 36 mil votos), y porque aún hoy tienen claro que la única posibilidad de que sus adversarios les presenten una verdadera competencia electoral, es uniendo sus esfuerzos y haciendo frentes comunes. Podrán argumentar que de todos modos serán capaces de ganarles, y que les preocupan más otras cosas antes que la conformación de una coalición opositora. Pero lo cierto es que, en esas condiciones, los comicios de julio próximo serán todo, menos el “día de campo” que esperaba el priismo.

 

OAXACA… Y MÉXICO

Echemos un vistazo al pasado reciente, para corroborar que, en realidad, la coalición opositora que se gesta en Oaxaca tiene implicaciones más de nuestro estado: recordemos que en septiembre pasado, cuando por primera vez hablaron públicamente de esta unión de partidos, los dirigentes nacionales del PAN y PRD, la diputación oaxaqueña en el Congreso de la Unión, salió a repudiar dicha posibilidad. Desde ahí se dejaron ver algunas de las claves de todo este asunto.

En aquel momento, los diputados federales del PRI por Oaxaca hicieron un posicionamiento fuerte, y denunciaron que era el secretario de Gobernación, Fernando Francisco Gómez Mont Urueta, era quien había cabildeado personalmente la consolidación de esa unión de partidos. Luego de esa conferencia de prensa ocurrida en la Ciudad de México, se dejó venir casi en cascada, una ola de críticas periodísticas y señalamientos negativos a los intentos claros por coaligarse en Oaxaca, que entonces comenzaban a realizar Acción Nacional y las llamadas “fuerzas de izquierda”.

Nada de eso —como suelen ser las cosas en política— fue fortuito. La diputación federal oaxaqueña del PRI que repudió la alianza opositora, estuvo acompañada, entre varios otros personajes, por el coordinador de la bancada priista del Estado de México en San Lázaro, Emilio Chuayffet. Y se dice que buena parte de la acendrada crítica que lanzaron importantes sectores de la prensa del Distrito Federal a la unión PAN-PRD en nuestra entidad, fue operada por los asesores en materia de medios de información del gobierno de Enrique Peña Nieto.

¿Por qué? Porque en el Estado de México ven como un referente a nuestro Estado no sólo en cuanto a los triunfos priistas, sino también a las estrategias de la oposición. Es decir, que el apoyo a la inconformidad de los diputados priistas de Oaxaca, no fue porque consideraran como una contradicción ideológica que la izquierda y la derecha se unieran, sino porque sabían que si el primer paso era la coalición opositora aquí, el segundo sería una unión de similar naturaleza el año siguiente en tierras mexiquenses.

La razón es muy simple: si Ulises Ruiz pierde los comicios estatales de 2010, aún con la influencia que pudiera seguir teniendo en el priismo nacional, se verían obstaculizadas casi por completo sus aspiraciones de llegar a la dirigencia nacional. Y, en el caso mexiquense, si Peña Nieto no entrega su gestión a un gobernador priista, difícilmente podrá ser candidato presidencial.

Sólo que, para ellos, el riesgo es aún mayor a todo eso, y se centra en 2012. Por eso, en estos dos años es un imperativo vital para el priismo, no sólo ganar las elecciones a las que se presenten teniendo como adversaria a una coalición opositora, sino —si es posible— arrasarlos. Cualquier victoria le dará a la oposición las herramientas y la confianza que necesitan, para pensar que sí le puede ganar al PRI en los comicios presidenciales. Mucho más, si una de esas victorias se las lleva en Oaxaca o en el Estado de México.

MUSTANG SHELBY

Sí, en un Mustang Shelby se ha visto, por las calles de la ciudad, a Jorge Martínez Gracida Orduña, mientras en el gobierno estatal se guarda total hermetismo sobre las investigaciones ministeriales que lo involucran. Arturo Vásquez Urdiales, el otro presunto involucrado en la venta de patentes de notario, hace unos días ya hasta ofrecía sus servicios de fedatario a través de un clasificado publicado en un diario local. ¿Ganará la impunidad y el arreglo discreto en este asunto? Es pregunta.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

almargenoaxaca.wordpress.com

Alianza opositora con PAN va… más allá de ideologías

+ Cálculos: ¿Por qué basarse en suposiciones sin sustento?

El pasado sábado, el Consejo Estatal del Partido Acción Nacional decidió formalmente integrar alianzas para el proceso electoral de julio próximo. Con ello, se dio paso trascendental en la construcción de la alianza con el PRD, PT, PC y posiblemente Nueva Alianza. Es evidente que estas decisiones eran previsibles, y a partir de ahora deben ser analizadas fuera de toda lógica o discusión ideológica. Es la mera lucha por el poder, en la que habrá de ganar —tanto en la oposición, como en el PRI— quien sepa leer e interpretar de mejor modo los hechos concretos, y no las suposiciones.

Es evidente que la alianza de Acción Nacional con las llamadas Fuerzas de Izquierda —es decir, lo que antes fue el Frente Amplio Progresista, y que ahora es el Diálogo por la Reconstrucción de México, que integran PRD, PT y PC— es contra natura. No existen, de hecho, argumentos sólidos que puedan fundamentar una unión entre fuerzas políticas que representan intereses y visiones tan discordantes del proyecto de nación que requiere nuestro país. Sin embargo, es evidente que hoy cualquier discusión o dilema ideológico entre ellos, se encuentra en un visible segundo plano. Lo que les resulta indispensable hoy para esos partidos, es la unión de sus respectivos esfuerzos en una empresa electoral.

¿Por qué? Porque es evidente que la combinación de resultados, y la preservación de los intereses entre todos los partidos que son oposición en Oaxaca, nunca más que ahora —en la última década— habían sido tan cercanos en el ámbito nacional. Es decir, que el triunfo arrollador del Partido Revolucionario Institucional en los comicios federales del año pasado, perjudicaron en gran medida a las fuerzas de izquierda, pero no tanto como al PAN. Eso esa circunstancia es la que decidió que, en estados como el nuestro, esos dos núcleos partidarios se unieran para frenar las potenciales nuevas embestidas del priismo.

Esa unión necesaria entre derecha e izquierda era, desde el momento en que se conoció el resultado de la elección federal de 2009, una previsión clara y visible que, en el priismo, no se tomó con la seriedad debida. Reiteradamente, ante cualquier señalamiento sobre la posible conformación de alianzas entre el panismo y la izquierda, los tricolores no dejaban de argumentar que éstas serían imposibles, y que el choque del lopezobradorismo y el calderonismo, sería un obstáculo insalvable para la conformación de esas uniones.

Así, son al menos dos cuestiones las que los priistas no entendían (y muchos, hasta el momento, siguen instalados en esa visión): que las ideologías son insuficientes cuando se trata de la búsqueda del poder; y que esa discusión —y sobre todo, condena pública— sobre el dilema ideológico y las suposiciones sobre la “intransitabilidad” de una alianza entre el calderonismo y el lopezobradorismo, no serían suficientes para desmantelar la voluntad de esos grupos para unirse.

Al menos en Oaxaca, entre los priistas había una certeza (que más bien, era esperanza) de que la alianza sería imposible por esos factores. No consideraron que el presidente Calderón, al ver su derrota electoral en los comicios intermedios y percibir el avance notable del PRI en regreso hacia Los Pinos, resolvió aliarse hasta con el diablo, si era necesario, con tal de atajarle el paso. Hubo muchos incrédulos. Pero con la inminente alianza, ahí está el resultado.

ERROR DE CÁLCULO

Pareciera que los cálculos basados en suposiciones, y no en información clara y comprobable, es un mal que afecta hoy con mucha reiteración a ciertos grupos del priismo. Esto lo ejemplifica a la perfección las pocas esperanzas que le daban a la conformación de la alianza opositora, y el choque que hoy existe entre la realidad y sus percepciones.

¿Por qué era inminente que la alianza ocurriera? Además de las razones que establecimos en los párrafos anteriores, todo esto era previsible porque las determinaciones sobre la unión de partidos de oposición tendrían necesariamente que venir desde las dirigencias nacionales de los partidos. Y en esa ruta, cualquier negociación, compra de líderes opositores y cualquier otro intento que se realizara en Oaxaca, no tendría efecto alguno en la conformación de esa alianza.

Digámoslo con otras palabras: hasta hace unos meses, los principales operadores del priismo en la entidad, aseguraban tener controlados a todos los líderes y dirigentes de la oposición en Oaxaca, tanto del PRD como de Acción Nacional. Decían, basándose en ello, que aquí no habría disposición para conformar la alianza, y que pesarían los agravios generados entre los partidos de oposición en la elección estatal de 2004. Es decir, que según el PRI, tenían controlada la situación, y que al pulverizarse la oposición, ellos incrementarían sus posibilidades de triunfo.

Y quizá lo decían con alguna base. Es posible que, en efecto, tuvieran comprados o cooptados a los líderes panistas y/o perredistas. Pero al venir la conformación de la alianza desde un acuerdo nacional, esos pactos locales dejaron de tener efecto. Evidentemente, a las dirigencias nacionales (del PAN o PRD) no las puede comprar el dinero priista de Oaxaca. E incluso, ni el panismo ni el perredismo nacional tendrían problema alguno en separar a cualquier militante o grupo oaxaqueño que se negara a la coalición.

La razón es muy sencilla: lo más experimentado de la estrategia electoral de la alianza opositora, no provendrá de Oaxaca. Las dirigencias nacionales saben que las direcciones estatales, son escasas y en algunos casos, con más representación formal que con fuerza material para convertirse en factores determinantes de la alianza. Por eso, con o sin el apoyo de éstos, se determinó que la alianza se conformaría, y que todos pondrían los recursos económicos (provenientes, quizá, del gobierno federal), y los operados electorales (enviados desde el Distrito Federal, Michoacán o Zacatecas, por ejemplo) que fueren necesarios para ganar la gubernatura de Oaxaca en julio de 2010.

AUTOENGAÑO

Bien dice el refranero que no hay peor ciego que el que no quiere ver. La alianza opositora en Oaxaca era previsible basándose en simples razonamientos, y en la lectura correcta de la información, las circunstancias y las decisiones que, entre ellos, se vinieron tomando desde 2009, y antes. Nada era oculto. Sólo se engañaron los que de antemano se predispusieron a que, por el simple pasado, no habría aquí unión de partidos de oposición. No entendieron que este no es asunto de ideologías: es la lucha por el poder.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

almargenoaxaca.wordpress.com

Transporte: anarquía y voracidad sobre ruedas

La tarde del 22 de diciembre de 2007, la Coordinación de Transporte del Gobierno del Estado emitió un comunicado en el que dio a conocer la autorización a los concesionarios del transporte público, para que incrementaran sus tarifas de tres pesos con 50 centavos, a 4.50 pesos por pasaje.

Ante una ciudad caótica e inundada de problemas que precisamente han sido ocasionados por los distintos rubros del transporte público, Gonzalo Ruiz Cerón, titular de la Cotran, aseguró en aquellos momentos que las empresas camioneras que prestan el servicio en la capital oaxaqueña, tenían el compromiso de capacitar a los conductores de las unidades, emprender una renovación de su parque vehicular para eliminar a los autobuses chatarra, brindar un seguro de usuario a los pasajeros, iniciar un programa de reordenamiento vial, y otras medidas que, en teoría, habrían de mejorar el servicio que ofrecen a miles de oaxaqueños diariamente.

Han pasado casi 25 meses desde que dichas promesas fueron intercambiadas por una autorización de incremento de casi un 30 por ciento, pero todo sigue igual. Para mal de los oaxaqueños, la llegada de la crisis económica y la escalada de precios que ello ha provocado, hoy tienen a autoridades y concesionarios tratando de empujar un nuevo incremento a la tarifa del transporte público.

La connivencia y las complicidades entre esos dos núcleos, hoy está nuevamente sobreponiéndose a la estrecha economía familiar que, aunada a los golpes económicos que el gobierno le ha propinado con el inicio del año, en las semanas próximas podría también cargar con un incremento a la tarifa del transporte público.

EXCUSAS,

AYER Y HOY

Cuando a finales de 2007 el gobierno estatal autorizó el incremento a la tarifa del transporte público, lo hizo utilizando el sigilo y una serie de argumentos que no tenían cabida ni legitimidad ante una sociedad que de inmediato se sintió agraviada. Al autorizar aquel incremento sólo dos días antes de la navidad de 2007, la Cotran buscó no la aceptación sino aprovecharse de un momento en que buena parte de los ciudadanos no estaba tan atento, ni tan lleno de actividades, como en otros momentos. Muchos oaxaqueños se dieron cuenta del incremento, hasta los primeros días del año siguiente cuando volvieron a sus labores cotidianas… sólo que ya para ese momento, el golpe a la economía familiar estaba dado, y era prácticamente irreversible. Finalmente, nada ni nadie pudo echar abajo tal determinación.

Cuando eso ocurrió, el gobierno estatal se valió de dos argumentos. Gonzalo Ruiz Cerón aseguró que el incremento de un peso a la tarifa era proporcional a los cinco años que el costo al público se mantuvo intacto, y explicó que todo eso correspondía a un incremento de 20 centavos por cada año que el precio se había sostenido.

Además, una de las principales premisas bajo las cuales la Cotran decidió autorizar el incremento de precio al pasaje, fue por las pérdidas que habían sufrido las líneas camioneras durante la revuelta magisterial y popular ocurrida en 2006, donde varias decenas de unidades de transporte público fueron quemadas durante los disturbios y las manifestaciones encabezadas por los grupos inconformes. Nadie se acordó que el usuario final no tenía por qué cargar con esos costos que ellos no habían ocasionado, pero que ahora tendrían que pagar.

Hoy los argumentos son muy parecidos. De hecho, los concesionarios han argumentado que los insumos, refacciones y combustibles de las unidades se han incrementado en más de un treinta por ciento en los últimos dos años, y que por tanto las operaciones pronto resultarán incosteables si no se autoriza un nuevo ajuste a las tarifas del transporte.

Todas son verdades a medias. Esto porque si bien es cierto que una unidad de transporte urbano genera gastos importantes, también lo es que éste representa ganancias extraordinarias para todos los que lucran a partir de ella. Los dueños de las concesiones y de las unidades, se han caracterizado por su buena posición económica, independientemente del costo del servicio ni de las ganancias que ellos obtengan. Es evidente, por tanto, que si este ya no fuera negocio, todos, o la mayoría, lo habrían abandonado desde hace tiempo para disponer de sus inversiones en otros rubros de la economía. El problema, en realidad, es que ellos quieren sostener sus ganancias millonarias a cambio de nada.

INCUMPLIMIENTO SISTEMÁTICO

Repasemos: a cambio del incremento de la tarifa, en 2007, los concesionarios prometieron renovar la flota de autobuses para hacerla menos contaminante; dijeron que capacitarían a su personal para que prestaran un mejor servicio y ocasionaran menos accidentes; que procurarían el seguro del viajero y las unidades; y que se adherirían a programas de reordenamiento del transporte urbano. ¿Qué se ha cumplido? Nada.

Al contrario: todos los días, los oaxaqueños miles de oaxaqueños que somos usuarios del transporte público podemos corroborar que dicho incremento sirvió únicamente para enderezar las finanzas de los dueños de las unidades. En la mayoría de los casos, las unidades siguen siendo las mismas; los conductores no han dejado de ser lo imprudentes y atrabancados de siempre; y el famoso programa de reordenamiento del transporte urbano continúa durmiendo el sueño de los justos. Nadie le ha querido entrar, ni ha tenido las herramientas suficientes, como para que los transportistas dejen de prometer dando una palabra de honor que no vale nada, y los obligue a cumplir los ofrecimientos que ellos han hecho a cambio de los privilegios obtenidos.

Las ofertas de 2007 fueron incumplidas por la sencilla razón de que la Cotran no estableció mecanismos coactivos para lograr que los concesionarios cumplieran con sus promesas. Éstos, reiteradamente, han asegurado que las condiciones y los recursos no son suficientes para emprender de un solo golpe todas las mejoras que se plantean. Lo cierto es que todo esto es parte de un bien logrado guión de simulación y engaño en el que los únicos perjudicados son los usuarios que pagan por un pésimo servicio. Veamos por qué.

¿COMPLICIDAD O ENGAÑO?

Los concesionarios se niegan a entrar a un programa de reordenamiento urbano, porque saben que con eso perderán rutas y pasaje cautivo que todos los días les permite ganancias millonarias.

El gobierno estatal, por su parte, “olvidó” incluir en los acuerdos de 2007 medidas coactivas para obligar a los concesionarios a cumplir con su palabra, porque de antemano sabía que éstos no cumplirían; y porque también sabían que esas promesas no eran más que una justificación para retribuirles las pérdidas que ellos habían resentido. El problema es que nadie perdía, excepto el pueblo que sería quien pagaría “los platos rotos”.

Todo les ha funcionado perfectamente: los concesionarios no han dejado de ser fieles aliados del partido y el grupo en el poder, y reciben todas esas prebendas como parte de un jugoso pago por los aportes que ellos hacen a las causas electorales y en los momentos decisivos.

¿Alguien cree, por ejemplo, que los miles de “acarreados” que se ocupan en los mítines políticos, las cargadas partidistas y las maquinaciones electorales, se transportan solos o que van por su propio pie? No. Alguien los lleva y alguien paga por ese servicio. Evidentemente, son pagos en especie que luego se retribuyen en medidas tomadas desde el poder público.

MAL SERVICIO

Para el usuario común todo esto podría pasar, si a cambio recibiera un buen servicio. Un transporte colectivo caro pero eficiente, se retribuye solo y genera certidumbre para quien lo utiliza. El problema, en este caso, es que aquí se paga por un servicio de pésima calidad a un costo elevado, y teniendo como marco los innumerables riesgos que corre todo aquel que decide abordar una unidad de este tipo.

Si el problema es el excesivo costo que les generan las unidades a sus dueños, entonces deberían apegarse a los programas de reordenamiento urbano. Así harían más dinámico el transporte, distribuirían de mejor modo las rutas, y cancelarían todos aquellos trayectos que son innecesarios, costosos y que afectan al tráfico y el medio ambiente.

Si la intención fuera la de continuar ofreciendo el servicio sin lastimar al usuario, esa sería la solución. Sin embargo, un remedio de ese tipo difícilmente lo podremos ver materializado, porque la finalidad de todo esto es mantener las ganancias y la explotación feroz de las rutas y las calles, independientemente de los daños y las irregularidades que todo esto provoca a la ciudad y a sus habitantes.

Los concesionarios quieren un incremento que no de uno, sino de dos pesos a la tarifa. Esto, en tiempos de crisis, no significa una decisión equilibrada sino más bien un signo claro de la voracidad que caracteriza al transporte público. De nuevo, sería un aumento a cambio de nada. Porque si la codicia desmedida es una de las características del transporte público, otra de ellas es la predilección que ellos tienen hacia una grosera anarquía que los invade pero también los beneficia.

¿Y la autoridad? Bien, gracias. 

La tarde del 22 de diciembre de 2007, la Coordinación de Transporte del Gobierno del Estado emitió un comunicado en el que dio a conocer la autorización a los concesionarios del transporte público, para que incrementaran sus tarifas de tres pesos con 50 centavos, a 4.50 pesos por pasaje.

Ante una ciudad caótica e inundada de problemas que precisamente han sido ocasionados por los distintos rubros del transporte público, Gonzalo Ruiz Cerón, titular de la Cotran, aseguró en aquellos momentos que las empresas camioneras que prestan el servicio en la capital oaxaqueña, tenían el compromiso de capacitar a los conductores de las unidades, emprender una renovación de su parque vehicular para eliminar a los autobuses chatarra, brindar un seguro de usuario a los pasajeros, iniciar un programa de reordenamiento vial, y otras medidas que, en teoría, habrían de mejorar el servicio que ofrecen a miles de oaxaqueños diariamente.

Han pasado casi 25 meses desde que dichas promesas fueron intercambiadas por una autorización de incremento de casi un 30 por ciento, pero todo sigue igual. Para mal de los oaxaqueños, la llegada de la crisis económica y la escalada de precios que ello ha provocado, hoy tienen a autoridades y concesionarios tratando de empujar un nuevo incremento a la tarifa del transporte público.

La connivencia y las complicidades entre esos dos núcleos, hoy está nuevamente sobreponiéndose a la estrecha economía familiar que, aunada a los golpes económicos que el gobierno le ha propinado con el inicio del año, en las semanas próximas podría también cargar con un incremento a la tarifa del transporte público.

EXCUSAS,

AYER Y HOY

Cuando a finales de 2007 el gobierno estatal autorizó el incremento a la tarifa del transporte público, lo hizo utilizando el sigilo y una serie de argumentos que no tenían cabida ni legitimidad ante una sociedad que de inmediato se sintió agraviada. Al autorizar aquel incremento sólo dos días antes de la navidad de 2007, la Cotran buscó no la aceptación sino aprovecharse de un momento en que buena parte de los ciudadanos no estaba tan atento, ni tan lleno de actividades, como en otros momentos. Muchos oaxaqueños se dieron cuenta del incremento, hasta los primeros días del año siguiente cuando volvieron a sus labores cotidianas… sólo que ya para ese momento, el golpe a la economía familiar estaba dado, y era prácticamente irreversible. Finalmente, nada ni nadie pudo echar abajo tal determinación.

Cuando eso ocurrió, el gobierno estatal se valió de dos argumentos. Gonzalo Ruiz Cerón aseguró que el incremento de un peso a la tarifa era proporcional a los cinco años que el costo al público se mantuvo intacto, y explicó que todo eso correspondía a un incremento de 20 centavos por cada año que el precio se había sostenido.

Además, una de las principales premisas bajo las cuales la Cotran decidió autorizar el incremento de precio al pasaje, fue por las pérdidas que habían sufrido las líneas camioneras durante la revuelta magisterial y popular ocurrida en 2006, donde varias decenas de unidades de transporte público fueron quemadas durante los disturbios y las manifestaciones encabezadas por los grupos inconformes. Nadie se acordó que el usuario final no tenía por qué cargar con esos costos que ellos no habían ocasionado, pero que ahora tendrían que pagar.

Hoy los argumentos son muy parecidos. De hecho, los concesionarios han argumentado que los insumos, refacciones y combustibles de las unidades se han incrementado en más de un treinta por ciento en los últimos dos años, y que por tanto las operaciones pronto resultarán incosteables si no se autoriza un nuevo ajuste a las tarifas del transporte.

Todas son verdades a medias. Esto porque si bien es cierto que una unidad de transporte urbano genera gastos importantes, también lo es que éste representa ganancias extraordinarias para todos los que lucran a partir de ella. Los dueños de las concesiones y de las unidades, se han caracterizado por su buena posición económica, independientemente del costo del servicio ni de las ganancias que ellos obtengan. Es evidente, por tanto, que si este ya no fuera negocio, todos, o la mayoría, lo habrían abandonado desde hace tiempo para disponer de sus inversiones en otros rubros de la economía. El problema, en realidad, es que ellos quieren sostener sus ganancias millonarias a cambio de nada.

INCUMPLIMIENTO SISTEMÁTICO

Repasemos: a cambio del incremento de la tarifa, en 2007, los concesionarios prometieron renovar la flota de autobuses para hacerla menos contaminante; dijeron que capacitarían a su personal para que prestaran un mejor servicio y ocasionaran menos accidentes; que procurarían el seguro del viajero y las unidades; y que se adherirían a programas de reordenamiento del transporte urbano. ¿Qué se ha cumplido? Nada.

Al contrario: todos los días, los oaxaqueños miles de oaxaqueños que somos usuarios del transporte público podemos corroborar que dicho incremento sirvió únicamente para enderezar las finanzas de los dueños de las unidades. En la mayoría de los casos, las unidades siguen siendo las mismas; los conductores no han dejado de ser lo imprudentes y atrabancados de siempre; y el famoso programa de reordenamiento del transporte urbano continúa durmiendo el sueño de los justos. Nadie le ha querido entrar, ni ha tenido las herramientas suficientes, como para que los transportistas dejen de prometer dando una palabra de honor que no vale nada, y los obligue a cumplir los ofrecimientos que ellos han hecho a cambio de los privilegios obtenidos.

Las ofertas de 2007 fueron incumplidas por la sencilla razón de que la Cotran no estableció mecanismos coactivos para lograr que los concesionarios cumplieran con sus promesas. Éstos, reiteradamente, han asegurado que las condiciones y los recursos no son suficientes para emprender de un solo golpe todas las mejoras que se plantean. Lo cierto es que todo esto es parte de un bien logrado guión de simulación y engaño en el que los únicos perjudicados son los usuarios que pagan por un pésimo servicio. Veamos por qué.

¿COMPLICIDAD O ENGAÑO?

Los concesionarios se niegan a entrar a un programa de reordenamiento urbano, porque saben que con eso perderán rutas y pasaje cautivo que todos los días les permite ganancias millonarias.

El gobierno estatal, por su parte, “olvidó” incluir en los acuerdos de 2007 medidas coactivas para obligar a los concesionarios a cumplir con su palabra, porque de antemano sabía que éstos no cumplirían; y porque también sabían que esas promesas no eran más que una justificación para retribuirles las pérdidas que ellos habían resentido. El problema es que nadie perdía, excepto el pueblo que sería quien pagaría “los platos rotos”.

Todo les ha funcionado perfectamente: los concesionarios no han dejado de ser fieles aliados del partido y el grupo en el poder, y reciben todas esas prebendas como parte de un jugoso pago por los aportes que ellos hacen a las causas electorales y en los momentos decisivos.

¿Alguien cree, por ejemplo, que los miles de “acarreados” que se ocupan en los mítines políticos, las cargadas partidistas y las maquinaciones electorales, se transportan solos o que van por su propio pie? No. Alguien los lleva y alguien paga por ese servicio. Evidentemente, son pagos en especie que luego se retribuyen en medidas tomadas desde el poder público.

MAL SERVICIO

Para el usuario común todo esto podría pasar, si a cambio recibiera un buen servicio. Un transporte colectivo caro pero eficiente, se retribuye solo y genera certidumbre para quien lo utiliza. El problema, en este caso, es que aquí se paga por un servicio de pésima calidad a un costo elevado, y teniendo como marco los innumerables riesgos que corre todo aquel que decide abordar una unidad de este tipo.

Si el problema es el excesivo costo que les generan las unidades a sus dueños, entonces deberían apegarse a los programas de reordenamiento urbano. Así harían más dinámico el transporte, distribuirían de mejor modo las rutas, y cancelarían todos aquellos trayectos que son innecesarios, costosos y que afectan al tráfico y el medio ambiente.

Si la intención fuera la de continuar ofreciendo el servicio sin lastimar al usuario, esa sería la solución. Sin embargo, un remedio de ese tipo difícilmente lo podremos ver materializado, porque la finalidad de todo esto es mantener las ganancias y la explotación feroz de las rutas y las calles, independientemente de los daños y las irregularidades que todo esto provoca a la ciudad y a sus habitantes.

Los concesionarios quieren un incremento que no de uno, sino de dos pesos a la tarifa. Esto, en tiempos de crisis, no significa una decisión equilibrada sino más bien un signo claro de la voracidad que caracteriza al transporte público. De nuevo, sería un aumento a cambio de nada. Porque si la codicia desmedida es una de las características del transporte público, otra de ellas es la predilección que ellos tienen hacia una grosera anarquía que los invade pero también los beneficia.

¿Y la autoridad? Bien, gracias. 

Terrorismo fiscal: la otra cara de nuestra abundancia

+ Fisco: siempre pagamos los mismos, y ahora será más

Nadie debería sorprenderse de que a partir de este año 2010, las facultades de cobro de las autoridades hacendarias federales se vieron incrementadas. Es una medida natural que debe tomar cualquier gobierno, cuando pretende recaudar más y mejor, sin modificar el universo de contribuyentes a los que les cobra impuestos. Estas nuevas facultades de revisión y cobro, plagadas de lo que se conoce como “terrorismo fiscal”, podrían ser, a partir de ahora, cosa de todos los días entre los contribuyentes. Nadie se acordará, por supuesto, de todos aquellos que impulsaron los “presupuestos históricos” y los nuevos impuestos que servirán para financiar la opulencia de unos cuantos, a costa del sacrificio de muchos.

Para entender todo esto, primero preguntémonos qué es el terrorismo fiscal. Aunque no existe una definición para ese tipo de prácticas, sí podemos entender que todo aquel manejo fiscal plagado de terrorismo es todo aquel que no sólo busca cobrar a las personas, sino que también establece mecanismos excesivos de vigilancia, comprobación, revisión y cobro en detrimento de los particulares.

Uno de los casos más conocidos y hasta “tradicionales” de las prácticas de terrorismo fiscal, es la que emplea el IMSS en contra de las empresas. ¿Qué hace? Que cada bimestre, justo cuando faltan uno o dos días para el momento del vencimiento de las cuotas de seguridad social de los trabajadores, la institución envía a un representante que ya lleva elaborada la multa que se le impondrá si legado el vencimiento del plazo ésta no paga, y se la pone a la vista para que vea la cantidad de dinero por concepto de multa a la que se hará acreedor, si no cumple con sus obligaciones. Sin embargo, esta y otras muchas prácticas de hostigamiento hacia el contribuyente, son las más conocidas pero también unas de las menos sofisticadas que emplea el gobierno federal para que los contribuyentes paguen.

Hoy, sin embargo, existen muchas otras prácticas que van más allá de ese terrorismo fiscal tradicional. ¿No podríamos considerar como tal la vigilancia excesiva que hoy existe en cuanto a los depósitos en efectivo, el incremento de las facultades de comprobación que tiene la autoridad tributaria en contra de los contribuyentes, o hasta la revisión de las cuentas individuales de las Afores, el cambio de divisas y demás? Evidentemente, todas esas, en mayor o menor grado, son algunas de las medidas que ha impuesto la autoridad fiscal federal a los contribuyentes para evitar que éstos omitan hacer pagos a los que sí están obligados.

Vayamos a un caso concreto. Las facultades de comprobación que tiene la autoridad fiscal federal se han venido incrementando paulatinamente. Hoy, la SHCP tiene la facultad —y así es desde hace algunos años— de revisar la contabilidad de cualquier empresa, las veces que lo considere necesario. El Código Fiscal de la Federación no establece limitantes importantes a esa facultad. Cualquier empresa de mediana importancia puede hoy dar cuenta de a qué grado la autoridad hacendaria utiliza esas facultades de comprobación para revisar, cuantas veces sea necesario, una contabilidad, a fin de encontrar contribuciones no pagadas, omisiones y demás que puedan poner al contribuyente en una situación de riesgo.

ASUNTO OLVIDADO

Sin embargo, esto no parece ser un tema de mayor relevancia para quienes tienen en sus manos el control de las facultades de la autoridad hacendaria. Ya vimos cómo el año pasado, la SHCP trató de impulsar una reforma a la Ley de Amparo en materia fiscal, para que cuando un contribuyente se inconformara con algún cobro y llevara el asunto ante las instancias jurisdiccionales, éstas tuvieran la posibilidad de declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del gravamen, pero ya no de las de las cantidades pagadas bajo protesta. Es decir, que ante una declaración de inconstitucionalidad de un impuesto, éste dejaría de cobrarse, pero a los litigantes victoriosos ya no se les devolvería lo pagado..

¿Por qué dicha reforma fue rechazada en el Congreso? Porque dicho planteamiento de la Secretaría de Hacienda, pretendía ir en contra de todos los contribuyentes que pagan impuestos, después impugnan las normas y finalmente al ganar los juicios consiguen la devolución de lo pagado. Sí, es cierto, pretendía atajar el camino a las personas físicas que año con año reciben devoluciones luego de litigar sus asuntos fiscales; pero sobre todo pretendía ir en contra de las grandes empresas que han obtenido devoluciones millonarias al litigar sus asuntos ante los tribunales jurisdiccionales del país.

Existe un caso concreto y paradigmático: el famoso “caso Jugos del Valle”, que bajo la defensa legal del ex senador Diego Fernández de Cevallos, a principios de la década ganó un litigio a la Federación por casi 2 mil millones de pesos, por concepto de devolución de Impuesto al Valor Agregado y Especial Sobre Producción y Servicios; ciertamente, siempre existieron sospechas por favoritismos y tráfico de influencias en ese asunto. Pero sin duda, aunque no en montos tan elevados, cada año hay cientos de empresas que reciben cantidades millonarias por devoluciones.

Quizá por eso, porque una reforma de esa naturaleza al procedimiento de amparo sí afectaría los intereses de los grandes capitales, fue que al ser presentada la propuesta, de inmediato diversos grupos de legisladores se pronunciaron en contra de tal posibilidad, y finalmente dieron por desechada esa iniciativa; no ocurre así con las prácticas de terrorismo fiscal que van dirigidas, y están avaladas muchas de ellas por la ley, en contra de contribuyentes de menores estratos. Esos —que es la mayoría— difícilmente tienen contacto con los grupos de poder. Y a ellos —nosotros— es a quienes más sangran las disposiciones fiscales.

GRACIAS, DIPUTADOS

De todo eso tenemos que darle las gracias a nuestros diputados, que decidieron para este año 2010 mantener el estado de cosas, y sólo incrementar los impuestos a quienes ya pagamos. Nadie se preocupó por echarle el guante a todas esas empresas que no pagan impuestos como deberían, a todas las que son beneficiarias de los regímenes especiales, y a todos esos grupos de población —como el comercio informal— a las que nadie ha podido encontrar el modo de que paguen. No quisieron adelgazar el gasto ni cobrarle a los evasores. Pagaremos, con más terrorismo, los de siempre.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

almargenoaxaca.wordpress.com