Rezago económico de México: nadie lo remedia

+ Ejemplo de Brasil: incomodidad que escandaliza

 Una vez que fue aprobado en su totalidad el paquete económico para el próximo año, que el gobierno federal, el Congreso de la Unión, y las entidades federativas hicieron un festín auténtico con el dinero que en 2010 le —nos— arrebatarán a los bienes nacionales y a los contribuyentes, comienza a emerger con fuerza una recriminación real: que México está haciendo sólo lo indispensable por resolver sus problemas de corto plazo, pero sin generar expectativas reales de una mejora económica a futuro.

Dicen que las comparaciones nunca fueron buenas. También dicen que la verdad no peca pero incomoda. Nada le queda mejor a la clase política nacional, que disimula asombro y simula satisfacción, como ninguna otra en el mundo. Lo malo, en este caso, es que México parece estar revelando el enorme tamaño de las fallas que tienen sus estructuras institucionales. Mientras otros países cercanos a México crecen y se desarrollan, aquí parece que continuamos viviendo en los dogmas, en el oscurantismo y en el inmovilismo.

Tres hechos marcaron esta realidad, sólo durante la semana que concluye. En primer término, el Congreso federal aprobó finalmente un paquete económico para el año 2010, en el que todos salieron contentos… menos la sociedad. El segundo hecho relevante, es la fuerte crítica que hizo el premio Nobel de economía 2001, Joseph Stiglitz, al gobierno mexicano, por no haber sabido enfrentar la crisis mundial, y por no haber previsto los mecanismos financieros necesarios para garantizar realmente la competitividad de nuestro país ante la recesión. Un tercer hecho, que pasó prácticamente desapercibido, fue la dura crítica que hizo el ingeniero José Hernández Moreno —astronauta de la NASA de ascendencia mexicana— al gobierno de México por no invertir lo suficiente en tecnología. Vayamos por partes.

El primero de los hechos descritos, fue el más festinado por todos los poderes públicos. Finalmente, los faltantes económicos fueron cubiertos con una nueva sangría a la producción petrolera, y con la imposición de más gravámenes a la población. Lo relativo a Pemex, parte del hecho de que al subir el precio base del petróleo, se despojó a la paraestatal de recursos que le servirían para la modernización que tanto le hace falta, pero que tanto le han aplazado. Lo que concierne a la población está ampliamente dicho. Al final, todos se repartieron el dinero público, sin considerar que ninguna de sus soluciones conlleva planteamientos positivos de largo plazo para el país.

Eso es, en buena medida, lo que criticó el Nobel Stiglitz al gobierno mexicano. Dijo, en declaraciones difundidas por El Universal el pasado jueves, que el desempeño de México en el manejo de la crisis fue uno de los peores en el mundo y, en cambio, países como Australia y Brasil fueron los que mejor la enfrentaron, ya que tuvieron una reacción gubernamental muy fuerte, así como un reglamento bancario que hizo que su sistema financiero soportara las dificultades.

“Las estadísticas de crecimiento han sido muy débiles y pesimistas para este país; la combinación de una recuperación muy débil para Estados Unidos y una política fiscal que no estimule la economía mexicana es preocupante”.

Dijo, en resumen, que los incrementos de impuestos no incentivan el crecimiento de la economía mexicana, y que el anclaje al comercio con Estados Unidos ahora ya no será suficiente para salir de la crisis. Todo un escenario de catástrofe que, sin embargo, fue rechazado por el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, bajo el argumento de que Stiglitz conoce poco de la realidad económica de nuestro país.

 DESCONOCIMIENTO, ¿SERÁ?

De acuerdo con lo publicado, Carstens desvirtuó los dichos de Stiglitz en los términos siguientes: “Parece que Stiglitz desconoce que México fue azotado por dos golpes: la desaceleración económica global, incluida la de Estados Unidos, así como la caída de la producción petrolera en 800 mil barriles diarios (…) No teníamos la opción de contratar más deuda. Uno tiene que actuar responsablemente y eso fue lo que hizo y decidió el presidente Felipe Calderón”. Y ya.

¿Es eso suficiente? Como defensa, para el gobierno federal, parece que sí. Para ellos, todo se queda en un mero problema de interpretación y circunstancias particulares. Lo cierto es que la economía se mide y se comprende desde la frialdad de los números. Para quienes han visto el comportamiento de los diversos países ante la crisis, México ha fracasado en sus políticas anticrisis, simplemente porque no ha tenido la capacidad de superar el momento más álgido de la recesión y, al contrario, es el que más padece y continuará enfrentando de las consecuencias de este escollo económico, sin plantear soluciones de fondo.

Como si todo esto fuera poco, el astronauta norteamericano de ascendencia mexicana, que hace apenas unos meses estuvo en el espacio, le puso los puntos sobre las íes a la distancia que están tomando otros países a México. Hernández Moreno puso como principal punto de referencia, en el discurso que ofreció durante la bienvenida que le dio el presidente Calderón en Los Pinos, a Brasil.

A grandes rasgos dijo que aquel país está contribuyendo de modo importante al desarrollo de nuevas tecnologías y que está invirtiendo grandes recursos para desarrollar investigación y proyectos espaciales; todo esto, mientras se lamentaba que en México exista poco interés por canalizar recursos públicos para esos rubros. El mensaje, en el fondo, era un reproche a nuestro país por no encontrar el camino para crecer a un ritmo sostenido, y por haber sido rebasado por otras naciones —como Brasil, aquí en Latinoamérica— que hasta hace pocos años tenían economías mucho menos desarrolladas y sólidas que la nuestra.

Nadie pareció haber acusado recibo de esas fuertes, pero totalmente reales, declaraciones del Astronauta méxico-norteamericano.

 COLOFÓN

A todo esto, Lorenzo Meyer escribía el pasado jueves en Reforma lo siguiente: “Emir Sader, secretario general del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), dio una entrevista en España donde hizo un resumen de la política del presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, que, pese a la crisis económica global, logró disminuir la desigualdad social y reforzar la identidad nacional porque ‘[a]umentó los microcréditos, mantuvo los sueldos por encima de la inflación, fomentó el empleo formal, diversificó el comercio internacional y potenció el interregional’. México, dijo Sader, siguió otro camino y ‘en mi opinión, se ha suicidado’.” Estremecedora realidad.

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Argeo, Xoxo y PRI: nadie debería sorprenderse

+ Corrupción: la constante de un gobierno opaco

Desde hace varias semanas, un nutrido grupo de habitantes del vecino municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, encabezan diversas protestas en contra del edil, Argeo Aquino Santiago. Aparentemente sorprendidos, los habitantes de esa demarcación, denuncian innumerables actos de corrupción, nepotismo, manejo discrecional de recursos y complicidades con legisladores, funcionarios estatales y particulares, a través de los cuales están saqueando las arcas municipales. Todos estos, sin embargo, eran escándalos anunciados.

En realidad, la historia política reciente de Santa Cruz Xoxocotlán no apunta más que a la disputa permanente por un cuantioso y prolífico botín económico, que se esconde detrás de un ejercicio gubernamental largamente castigado por la inestabilidad. Como todo “buen” territorio conurbado a una ciudad capital, ese municipio bien podría entenderse como una suerte de “válvula de escape” de todo lo que —también aparentemente— no puede o debe ocurrir en una demarcación como Oaxaca de Juárez.

¿A qué nos referimos? A que Santa Cruz ha sido el espacio de todas las masificaciones, tolerancias y evidencias claras de corrupción, que muchos quisieran, pero que no pueden ocurrir en el municipio citadino aledaño. Xoxo —como prácticamente todos los 18 municipios conurbados a la capital oaxaqueña— es hoy un espacio ideal lo mismo para la edificación de nuevos fraccionamientos, que la instalación de bares, prostíbulos y zonas de tolerancia. Es cierto, nada de eso es privativo de Santa Cruz; sin embargo, éste parece ser el territorio auténtico de las disputas porque territorialmente es el más grande (tiene una extensión más o menos similar a Oaxaca de Juárez); es el más poblado, y es en el que se han concentrado la mayor politización y las luchas por el poder público.

Volteemos al pasado y corroboremos lo antes dicho. Al hacerlo, podremos corroborar que ninguno de los últimos cinco presidentes municipales de esa demarcación, han tenido gestiones legitimadas, aceptables y con resultados dignos de presumir. En realidad, ha sido todo lo contrario: en el periodo señalado, todos los ediles —independientemente de la fuerza política de la que emanaron— se han enfrentado a feroces luchas por el poder, a los intentos de desestabilización de grupos contrarios, y a escandalosas acusaciones sobre malversación de fondos, corrupción en la licitación y asignación de obras, desviación de recursos públicos, contratación discrecional de trabajadores, y muchos otros cargos.

Así, en un repaso somero, podremos ver que Erasmo Medina no fue distinto, por ejemplo, que Gilberto Ramírez Leyva y el edil —José Julio Antonio Aquino— que hubo entre las respectivas gestiones de uno y otro. Ambos enfrentaron duros cuestionamientos durante sus administraciones que, sin embargo, terminaron en el olvido. Esas características también envolvieron a Roberto Molina Hernández y Sandra Eugenia Ramírez Flores. Éstos últimos, tuvieron como principal capital político para acceder al gobierno de ese municipio, el fracaso y la mala fama que entonces se había ganado la administración priista. Al final, las acusaciones que ellos vertieron sobre Ramírez se volvieron nada ante las evidencias de que ellos podrían haber sido responsables de malversaciones del mismo tipo, y mucho más.

Así, en 2007 los priistas nuevamente arrebataron el poder a los perredistas, y Argeo Aquino Santiago se convirtió en Edil. Sólo que entonces nadie reparaba en que la probidad de este individuo no era precisamente la mejor de sus características, ni mucho menos un artículo de lujo para el priismo. Nadie debería hacerse el sorprendido. Porque aunque, en efecto, él pudiera ser responsable de los actos de corrupción galopante de los que se le acusa, al final todos fueron víctimas del brutal refranero, que apunta que “no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre”.

MALA FAMA

Argeo Aquino Santiago no ha sido ni el mejor priista ni el mejor dirigente de colonos ni el mejor líder social, ni mucho menos el más avezado de quienes se encargan de velar y proteger por los mercaderes. De hecho, su militancia tiene cuestionamientos al haber sido uno de los más memorables traidores a la causa inicial del Partido Convergencia, para brincar a las filas del priismo. Sus credenciales como líder social o de trabajadores, igualmente, no son las mejores: “tradicionalmente” ha sido el encargado de proteger lo mismo a “fayuqueros” que a vendedores ambulantes y grupos de mototaxistas. Todas, actividades lo mismo comprensibles que enmarcadas por la ilegalidad. Ese es el talante moral y político de un hombre como Aquino Santiago.

Sin embargo, tal parece que fue todo eso —y no una reputación más presumible— lo que le valió la postulación a la Alcaldía de Santa Cruz Xoxocotlán por el Revolucionario Institucional. Sólo que su candidatura necesariamente desplazó a otros grupos del tricolor que pretendían regresar al gobierno municipal. Y esa afrenta ahora se combinó con el rumbo natural que tendría que tomar el gobierno de un individuo nacido, crecido y consolidado en rubros harto cuestionables, y que nada tienen que ver con la correcta administración de una entidad pública.

Nadie se dijo sorprendido cuando fue impulsado al gobierno municipal. Nadie se dijo sorprendido ni escandalizado por su ascendencia y fama pública. Todos en el PRI creyeron que era una buena opción, porque podía ganar los comicios. Y así fue. Sólo que en el ejercicio cotidiano del poder, ha resultado ser un fiasco. Para bien o para mal, igual que sus antecesores.

Ciertas o falsas, las mismas acusaciones han pesado sobre todos. La realidad deja ver que la disputa por el poder, por el dinero obtenido por medios inconfesables, y por el manejo discrecional del presupuesto, es lo que tiene a Xoxo como un reflejo del país: un municipio amplio que podría ser próspero, pero que está sepultado por la acción negativa recurrente de quienes lo han administrado.

NO HAY MIEDO…

Ayer, el diputado local por Convergencia, Benjamín Robles Montoya, pretendió exponer en la tribuna del Congreso del Estado, un proyecto de Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado. Así lo pidió el legislador. Y así fue incluida su petición en el orden del día. Sólo que el salón de plenos se llenó de trabajadores sindicalizados estatales, interesados por el tema. Y entonces Robles retrocedió. Quizá vio que el tema no era rentable electoralmente hablando. El sistema de pensiones, claro, puede esperar.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

Rezagos y desatenciones en municipios: origen de la inseguridad

El pasado 30 de octubre, al tomar posesión de su cargo como presidente Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, Mauricio Fernández Garza prometió a sus ciudadanos que cumpliría cabalmente con las promesas de brindar seguridad que había hecho como candidato.

En su intervención hizo particular mención de dos hechos que particularmente cimbraron al país: la primera, que estaría dispuesto a sobrepasar sus facultades constitucionales y legales para cumplir con su cometido (creando lo que denominó como “grupos rudos de limpieza” y otros de inteligencia); y la segunda, el anuncio del asesinato —presuntamente ocurrido esa misma mañana, de un secuestrador que desde hacía meses tenía asolada a la población de esa demarcación.

Mauricio Fernández Garza, con sus declaraciones, promesas y demostraciones inexplicables —e ilegales— de fuerza, no hizo más que revivir una discusión que debería ser de toda la actualidad en el país: el papel que juegan las entidades federativas y los municipios en el combate al crimen organizado y la delincuencia común que azota al país. Es paradójico y sorprendente, pero es un tema que, hasta hace un par de semanas, a nadie parecía interesar en México.

¿Por qué debería ser una discusión actual e intensa? Porque la desatención federal a los dos mil 440 municipios que existen en el país, ha estimulado enormemente la multiplicación de la delincuencia en todas sus vertientes.

Porque “promesas” como las del edil Fernández Garza no parecen ser más que una de tantas muestras del hartazgo ciudadano que se traduce en acciones igualmente irracionales, ilegales y riesgosas para la misma población que la delincuencia. Y porque finalmente, a la mayoría de los mexicanos, el caso de Garza García pareció interesarles más por el morbo que por el fondo que verdaderamente tiene este asunto.

Sobre todo, si México fuera un país distinto, la actuación de un personaje como el aludido habría sido suficiente para generar un fuerte cuestionamiento institucional sobre el papel del Estado y las funciones básicas que debe cumplir a la población. Eso, cierto, podría pasar en otro país. Cualquiera. Pero curiosamente no en México.


¿EDIL HUÉRFANO?

Las aseveraciones de Fernández Garza acapararon rápidamente la atención de la opinión pública, por al menos tres razones. La primera, porque fue el primer gobernante en México que se atrevió a asegurar que estaría dispuesto a sobrepasar sus atribuciones para combatir la inseguridad; segunda, porque en su toma de protesta anunció la creación de grupos de limpieza y de inteligencia para, en sus propias palabras, colaborar con el gobierno federal en la lucha anticrimen; y tercera y principal, porque estableció por lo menos cinco horas antes que cualquier autoridad, que el ahora famoso “Negro” Saldaña, un secuestrador de su municipio, había amanecido asesinado en la Ciudad de México.

Cualquiera de esas aseveraciones era grave por sí misma. Al verterse juntas se convirtieron en un cóctel explosivo. ¿Cómo tolerar, en los tres niveles de gobierno, que un Edil no sólo estuviera dispuesto a violar la ley, sino que lo anunciara? ¿Cómo permitir que se utilizaran recursos públicos o privados para la posible constitución de grupos violentos al servicio de un individuo que ostenta un cargo de elección popular? ¿Cómo se enteró Fernández Garza, antes que cualquier autoridad, del asesinato de un grupo de individuos, ocurrido a más de mil kilómetros de distancia?

Lo más grave, sin embargo, es que hasta ahora sólo se ha simulado y arrinconado el tema de fondo: ¿Cómo evitar, desde el gobierno federal, que esas cosas ocurran? Y, sobre todo, ¿por qué nadie detuvo al locuaz edil Fernández? El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, se tardó cinco días en emitir un posicionamiento respecto a los hechos que involucraban al Munícipe sanpetrino. El gobierno de Nuevo León sólo alcanzó a limitarse. La Procuraduría General de la República llamó a declarar a Fernández para que revelara el modo en cómo se enteró del crimen antes que la autoridad. Y ya.

¿Ahí debe terminar una discusión tan apremiante como la de la seguridad en los municipios? Para el gobierno federal, sí. Nosotros creemos lo contrario.


CUNA DE LA INSEGURIDAD

Desde el inicio de su gestión al frente del gobierno federal, el presidente Felipe Calderón prometió llevar a cabo una lucha frontal en contra de la inseguridad. Para ello decidió emplear a las fuerzas armadas y a la Policía Federal Preventiva. Tomó grandes cantidades de recursos económicos y todas las atribuciones a su alcance, para reorganizar a las fuerzas federales y emprender una lucha que entonces no sabía si podría o no ganar.

Han pasado casi tres años desde entonces, y nadie puede asegurar que los resultados sean hoy por lo menos satisfactorios. Ninguno de los índices reales de inseguridad ha disminuido. Todos los días se siguen cometiendo todo tipo de delitos del orden común y federal. Éstos van desde el trasiego de drogas, personas y objetos prohibidos, el tráfico de armas, el secuestro, homicidios, violaciones y delincuencia más “común” como los robos y asaltos.

Uno de los problemas más graves, en todo esto, es que tres años después es evidente que el gobierno federal comenzó al revés: tomó todas las atribuciones para sí, pero dejó descobijados de facultades y dinero a las extensiones territoriales donde justamente ocurre la delincuencia: las entidades federativas y los municipios.

En efecto, el gobierno federal se ha quejado amargamente porque las entidades federativas y los municipios no han emprendido una lucha pareja con el gobierno federal en contra de la delincuencia organizada. Razones hay de sobra: desde las evidentes explicaciones relacionadas con las complicidades que teje el poder político con el dinero mal habido, hasta el evidente estado de indefensión en que se encuentran miles de municipios, y muchos gobiernos estatales, para hacer frente a la delincuencia con sus propias herramientas y armamento.

El problema es más grave de lo que parece.


MUNICIPIOS OLVIDADOS

La explicación es sencilla: mientras el gobierno federal está dispuesto a gastar unos 35 mil millones de pesos en la manutención de las fuerzas federales, a las entidades federativas se les imponen condiciones poco equitativas para el acceso a recursos; los municipios —que son la base territorial del país— tienen una participación meramente simbólica del presupuesto destinado a seguridad. Veamos claramente por qué.

Existen en el país, poco más de dos mil policías municipales. La gran mayoría de esas corporaciones no cuenta ni con el armamento ni con la preparación ni el nivel de confiabilidad mínimo, como para poder garantizar que puede combatir eficazmente la inseguridad en sus respectivas demarcaciones. En su mayoría, las corporaciones cuentan con pocos agentes, mal pagados e impreparados. Esas policías son costeadas con recursos de las demarcaciones. Así, sus posibilidades de evolución son mínimas.

Para, según, atender este problema, el gobierno federal creó un fondo de atención a la seguridad pública municipal, al que destina anualmente unos 4 mil millones de pesos, pero al que sólo tienen acceso los 100 municipios más poblados del país. La explicación oficial, es que esas cien demarcaciones son las que albergan a la mayoría de la población, y que esos recursos son suficientes para equipar y sostener a las corporaciones municipales. Nadie sabe bien a bien si 100 es un número arbitrario, políticamente correcto o verdaderamente obtenido de un estudio sistemático de la seguridad en las municipalidades.

El problema es que los municipios que sí tienen acceso a esos recursos, sólo pueden lograrlo luego de cumplir con intrincadas reglas de operación que no contribuyen a agilizar las operaciones. Mientras todo esto ocurre, en los municipios es donde se comete y se guarece la gran mayoría de las bandas delincuenciales del país. No podrían, evidentemente, esconder en otro lado: no existe en el país, territorio ajeno, se supone, a la potestad y la vigilancia del Estado.


FENÓMENO NOCIVO

La reacción del edil Fernández podría ser comprensible, pero nunca tolerable. Su intención se traduce claramente en tomar la justicia en sus manos, lo cual es ilegal e inaceptable. Pero el problema no es sólo de él: es también del gobierno federal, porque este es un reflejo del fracaso de sus estrategias de lucha contra la inseguridad. Hay, por todos lados, ciudadanos hartos de tanta violencia e inseguridad que están dispuestos a financiar a grupos que exterminen a la delincuencia. Sólo que ese remedio equivale a cortarle una de sus cabezas a la hidra, para que luego le surjan otras nuevas y multiplicadas.

La inseguridad en los municipios refleja un problema grave del federalismo mexicano que nunca ha funcionado. Esas demarcaciones, en todo el país, son ineficientes, dependientes y poco confiables. Los gobiernos estatales hacen poco por los municipios. Y el gobierno federal no mete las manos porque desconfía de unos y otros, en la medida de que todos se rehúsan a cumplir con sus deberes no sólo de atención sino también de vigilancia, confiabilidad y transparencia.

Esto es que, al final, la inseguridad parte de los municipios y finalmente a ellos regresa. Un círculo vicioso a todas luces inaceptable.

UABJO: el desinterés que los involucra a todos

AM Histórico+ Quinto Informe: consolidación política de URO

La UABJO vive días aciagos. Desde hace meses, la vida universitaria se encuentra asolada por una incontrolable cascada de problemas, inconformidades e inestabilidad, que hoy parece tenerla al borde de un peligroso precipicio. Ante la crisis, hay quien insiste en que lo más conveniente sería cerrarla; otros señalan que, por el contrario, el Rector es quien debe renunciar. Hay voces que se pronuncian en el sentido de que urge la intervención de organismos nacionales. ¿Tiene remedio nuestra maltrecha Máxima Casa de Estudios? Tal parece que el remedio a los más graves problemas de la Universidad, no parte de un solo hecho. En realidad, la lista de pendientes a la que se enfrenta la UABJO abarca un abanico enorme de rezagos, corrupción, impunidad, intereses aviesos, porrismo y demás, que difícilmente se resolverían con la sola intervención de instancias educativas federales, la renuncia del Rector o el cierre mismo de la institución. Incluso, podrían ocurrir juntos todos esos acontecimientos, y de todos modos los problemas prevalecer. ¿Por qué? Porque en realidad el estado actual de la Universidad es consecuencia de un prolongado desinterés por la verdadera vida y progreso académico, que lo mismo ha afectado a autoridades universitarias, que del Gobierno del Estado, y la Federación. Una solución de fondo, por tanto, tendría que pasar por muchos más procesos políticos y administrativos, que la reduccionista visión del cierre de la institución, o de la renuncia de un funcionario. El primer paso que irremediablemente tendrían que dar las autoridades de los tres órdenes de gobierno, y los tres poderes del Estado, es dar muestras claras de que tienen voluntad política por revertir la compleja situación de la Universidad. Son botones de muestra insoslayables, los relativos a que, por ejemplo, las instancias de procurar justicia dependientes del Ejecutivo, no mueven un dedo para cambiar el estado de impunidad e inseguridad que prevalece en la Universidad. Hoy, además, parecen ser más fuertes las complicidades y las pugnas de orden político entre funcionarios estatales y autoridades universitarias, que cualquier voluntad por enriquecer la concertación y el diálogo, que son ineludibles entre ellos para garantizar la convivencia en la Casa de Estudios. Hasta ahora, la intervención de la autoridad política en la vida universitaria, sólo se da en casos de emergencia y ante conflictos desbordados que ponen en riesgo el orden público. Autonomía no es equivalente ni a desentendimiento ni a extraterritorialidad, entre el Estado y la Universidad. Otro de los muchos procesos que necesariamente tendrían que ocurrir, es el de la revisión integral de los mecanismos a través de los cuales se ejecuta la democracia electoral y la rendición de cuentas dentro de la Universidad. Desde hace años se ha exigido que el Congreso del Estado entre de verdad a la revisión de los esquemas legales que rigen a la Universidad. Hay razones de peso que nunca han sido atendidas. Una institución como la UABJO es objeto permanente de disputas, porque ahí prevalecen lo mismo la discrecionalidad, que la ley del más fuerte. En el primero de los casos —el de la rendición de cuentas—, la autoridad universitaria no tiene la obligación de entregar cuentas a nadie, más que al Consejo Universitario. Tradicionalmente, éste órgano está controlado por el rector en turno. Y así, el presupuesto se convierte en un botín eternamente en disputa, en la medida en que quien controla la rectoría dispone de él, sin rendirle cuentas a nadie. En el segundo de los casos, la elección por voto universal también tendría que ser revisada. La Universidad, al final, no es más que un reflejo de los procesos democráticos amañados que ocurren en Oaxaca y el país. Por eso aseguramos que ahí prevalece la Ley del más fuerte, aunque agravada por el hecho de que ahí no se cuenta con una instancia electoral medianamente confiable, y la disputa por los votos se convierte recurrentemente en una guerra feroz en la que gana no el más democrático, sino el que controla de mejor modo la manipulación de los procesos electorales.

REMEDIO INTERNO

Todo lo antes descrito ocurre en los respectivos ámbitos de las autoridades estatales, y el Congreso del Estado. Esas —y muchas más— circunstancias adversas que han prevalecido por décadas en la Universidad, encuentran parte de su causa en la decisión gubernamental de no actuar. No obstante, hoy es evidente que muchas de esas circunstancias se han visto agravadas por los propios errores y los excesos que se cometen dentro de la Universidad. Aunque sería una parte insuficiente de la solución, a la UABJO no le vendría nada mal la renuncia pactada del rector Rafael Torres Valdez, para dar paso a un periodo de transición en el que de verdad se antepusiera la vida académica a los intereses políticos. Ante la situación que prevalece en la Universidad, esto último parece que equivale a pedir demasiado. Sin embargo, de existir por lo menos un grado mínimo de sensibilidad y verdadera vocación académica en el Rector, éste ya habría asumido que su labor de administración y conducción política de la Universidad son un fracaso. En los 18 meses que lleva al frente de la UABJO, ésta ha sido más que nunca escenario de reyertas, violencia e inestabilidad, que hoy se reproduce en todos los frentes. Sin embargo, es imposible pensar en la posibilidad del fin de un ciclo y el comienzo de un periodo de transición. Las fuerzas internas universitarias han demostrado tener abiertos intereses políticos —o avidez de poder— que se sobreponen ante cualquier posibilidad de procurar un cambio. La salida del Rector sin una intervención política clara y escrupulosa por parte del Estado, no haría sino agravar la crisis política. Dar al menos algunas de esas muestras de voluntad, podría significar el comienzo de una verdadera recuperación universitaria. Lo demás, es pura demagogia.

SEÑALES DEL INFORME

Contra todos los pronósticos, el gobernador Ulises Ruiz consolidó la recuperación de sus capitales políticos. El acto en el que emitió un mensaje con motivo de la presentación de su V Informe de Gobierno, dio muestra de ello: su poder de convocatoria se combinó milimétricamente con sus gestiones presupuestales en el Congreso. Al evento acudieron las fuerzas más representativas del PRI nacional. Y, acaso, el único mensaje sucesorio lo dio la cercanía mostrada entre el senador Adolfo Toledo y el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

¿Le preocupa al gobierno el respaldo de la sociedad?

+ Muestras de hartazgo: primeros “llamados de alerta”

 

Parece una escena tragicómica que los legisladores federales por Oaxaca hayan logrado un gasto público mayor al del presente año, pero que todo se dé en medio de una de las peores crisis de legitimidad que enfrenta, en su conjunto, el poder público en México. Este no es un asunto que única o particularmente involucre a nuestro Estado: en realidad, esta es apenas una pequeña arista de una situación cada vez más enrarecida que vive el país. Las brechas entre la sociedad y el gobierno se hacen cada vez mayores. Y lo peor, es que a muy pocos de los que ven el escenario nacional desde el poder, eso parece preocuparles.

Existen hoy muestras claras, quizá más que nunca, de que el poder público enfrenta estructuralmente una crisis de legitimidad. El caso del presupuesto de Oaxaca para 2010 es muestra de ello. ¿Por qué? Porque mientras desde el poder se laureará la hazaña de los diputados federales que lograron más gasto en los tiempos de escasez de recursos públicos, desde las trincheras de la sociedad seguirá permeando la incertidumbre por la complicada situación económica y la inconformidad por el alza de impuestos.

Los primeros tendrían que ser más cuidadosos, y menos triunfalistas e insensibles, ante las reacciones de los segundos: el público fácilmente podrá tomar el alza de impuestos como una forma poco decorosa de financiar la prosperidad del gobierno en estos momentos de crisis. Es decir, que los parabienes que en otros momentos podrían prevalecer tanto en el sector público como en las esferas sociales, ahora podrían no ocurrir. Esto se da no sólo por el alza de impuestos o la crisis económica en sí: más bien, pasa porque, al final del día, el ciudadano no percibe qué beneficio directo podría tener por esa bonanza en las arcas estatales.

Esto, sin embargo, no es un asunto privativo de Oaxaca. En cada uno de los rincones del país, dichas muestras de escisión y desapego se están reproduciendo. Existen razones suficientes para ello: los últimos años han sido de crisis recurrentes. En el repaso, podemos encontrar que lo mismo han ocurrido crisis sociales —como la de Oaxaca en 2006— que graves explosiones de inseguridad, violencia e incertidumbre, como las que todos los días se viven en diversos estados del centro y norte de la República; pasamos también por una crisis alimentaria; la gravísima crisis económica; el crack financiero, la pérdida de empleos; la caída del peso… e incluso una crisis en el sistema de salud, ante el brote de influenza.

Esto debería llevar al sector público a, ahora sí, entender una condición ineludible: los actuales, están lejos de ser momentos de celebración o júbilo. A la ciudadanía, recurrentemente se le ha solicitado comprensión, sacrificio y entereza. Ha habido respuesta puntual, y positiva por parte de los mexicanos. Sin embargo, es evidente que nadie tiene el deber de soportar lo extenuante por tiempo indefinido. Y es claro que en estos tiempos en los que lo fundamental que tendría que existir en el poder público es la sensibilidad, tanto los grupos de poder como los partidos, las fracciones legislativas y los gobiernos parecen estar actuando en sentido contrario. ¿Por qué?

Porque hoy más que nunca están a la orden del día los arreglos entre facciones, que remarcan un elitismo, y el desapego ciudadano que le viene nada bien al país. Si el ciudadano común se siente cada vez más desencantado y menos conforme, lo menos que se tendría que hacer es abonar esos sentimientos. No es un problema de dinero, sino de actitudes. Debería tomarse con especial precaución, un asunto como este.

 

PODER Y DISYUNTIVAS

En el gobierno de Oaxaca y los diputados federales del PRI que lograron un buen presupuesto —que será histórico por el momento pero no por el monto, y mucho menos por la forma en cómo lo lograron—, seguramente entraron en una primera disyuntiva, que es comprensible: ¿Por qué no pactar todo tipo de arreglos, con tal de conseguir más dinero para el estado? Era su obligación política, y su deber moral hacerlo. La segunda disyuntiva, que aún no se responde, es ¿cómo legitimar esas asignaciones de recursos?

Esa pregunta hasta ahora no ha sido respondida satisfactoriamente: baste ver que muchas de las obras realizadas en la capital oaxaqueña, cuentan con todo, menos con el amplio respaldo social que se esperaba. Las razones, como siempre, emergen a borbotones. Pongamos de ejemplo el “rescate” del Centro Histórico que ahora ocurre. Es harto ilustrativo de cómo los altos montos de dinero obtenido no se legitiman como deberían. Es decir, que la gente no está de acuerdo en cómo se gastan los recursos públicos.

Desde hace poco más de un año se realizan obras de remozamiento en el primer cuadro de la capital. Esto ha incluido la remodelación de parques, banquetas y arroyos vehiculares en buena parte del Centro Histórico. Solamente en el reacondicionamiento de la carpeta asfáltica —que ahora es de concreto hidráulico— de la Avenida Benito Juárez, el gobierno estatal gastó unos 50 millones de pesos. Hasta ahora, prácticamente la mitad de las calles de la zona han sufrido remodelaciones del mismo tipo.

Mucho de esto no ha sido bien visto por la sociedad. La razón es clara: se están invirtiendo cientos de millones de pesos en el reacondicionamiento de calles que no lo necesitaban, o que dentro de poco serán nuevamente deterioradas por el paso constante del transporte público. Existen parques como el Jardín Antonia Labastida que, como lo mencionaba ayer Felipe Martínez López en estas mismas páginas, ha sido remodelado ¡tres veces en los últimos cinco años! Es una inversión millonaria que, al final, no generará ningún tipo de dinamismo o fomento económico para la capital.

 

SENSIBILIDAD

Ese es sólo un botón de muestra. Ese rechazo es muestra clara de un ausente respaldo ciudadano a obras de ese tipo. Por tanto, lejos del festín del “presupuesto histórico”, en el gobierno deberían estar preocupados, y mucho, por lograr que esos montos asignados sean legitimados verdaderamente por la sociedad, con acciones que generen beneficios comunes y tangibles para todos. No tener ni siquiera las muestras mínimas de sensibilidad y decoro en el ejercicio del poder, y caer en la tozudez, el dispendio o la ejecución de gastos injustificables, es lo que continúa abonando las brechas entre la sociedad y los detentadores del poder. El problema es que esas discordancias están volviéndose insostenibles. Esa es la cuna, y lo saben, del estallido social.