Comparecencias: mucha discusión… sin resultados

+ Educación: ejemplo de preocupación e inmovilidad

 

El viernes pasado concluyó el periodo en el que comparecieron diversos funcionarios estatales ante el Congreso del Estado, para explicar y detallar los avances logrados en el último año en sus respectivos ámbitos de trabajo. Con excepción del secretario Martín Vásquez Villanueva, todos los demás servidores públicos que intervinieron en la glosa del informe fueron, paradójicamente, aprobados por el oficialismo pero reprobados por la oposición. ¿Qué es eso?

Dice el principio lógico de la contradicción que nada puede ser y no ser al mismo tiempo. Sin embargo, tal parece que las maravillas políticas del Congreso y la política partidista en Oaxaca rompen con ese esquema. Los responsables de la educación, desarrollo e infraestructura, seguridad pública, procuración de justicia, obras, gobernabilidad y demás, fueron duramente cuestionados por los legisladores de oposición; pero la mayoría priista calificó de responsables todas las actuaciones.

Nada de esto parecería raro, si se observa desde la “tradición” parlamentaria de Oaxaca en la que el oficialismo priista manda, y la oposición simulada sostiene su dignidad como tal… aunque en realidad hace poco —o nada— para verdaderamente afianzarse como el bloque fiscalizador y de contención a los errores, deficiencias y excesos que pudieran cometerse desde el Poder Ejecutivo.

Sólo que esta visión, aunque perdurable en nuestro entorno, es errónea, dañina e ineficiente para una democracia y un Estado que pretenden elevar sus niveles de eficiencia. Suponemos, en todo esto, que Oaxaca tiene una clase política y una sociedad que en general buscan esos anhelos. Suponemos. Empero, a la luz de los hechos, es muy poco lo que se hace para lograrlo. ¿Por qué?

Porque en realidad, mecanismos como el de las comparecencias ante el Poder Legislativo, de los servidores públicos encargados de las principales actividades de un gobierno, busca establecer fiscalización, cuestionamientos y controles, justamente para que éstos tengan el deber de realizar un mejor desempeño. Sólo que en Oaxaca —y en el país— la estipulación de las comparecencias de funcionarios ante los legisladores rápidamente se ha degenerado y, sin duda, se ha convertido en un circo que únicamente simula la democracia. Veamos si no.

A lo largo de las dos últimas semanas, vimos cómo los diputados de oposición cuestionaron duramente la labor del secretario Javier Rueda Velázquez, independientemente de los resultados positivos y los fallos que éste reconoció en su comparecencia. Cómo prácticamente ignoraron al procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez, cuando su comparecencia era una de las más trascendentales ante los graves problemas de impunidad que se viven en Oaxaca.

Y cómo, sospechosamente, el coordinador de Coplade, Bulmaro Rito Salinas se ganó el silencio de la oposición y la sorpresa del oficialismo, en el manejo de una importante instancia gubernamental a la que sólo atiende como actividad complementaria a sus labores de campaña anticipada. Y cómo a todos éstos, como a varios otros funcionarios, los “reprobaron”, mientras que la fracción parlamentaria del tricolor les dio, a todos, una salida holgada que les permitió hacer balances positivos finales de la glosa del V Informe del Gobernador del Estado.

Al final, parece que nadie se toma en serio las comparecencias. Prácticamente todas, fueron seguidas por los legisladores del tricolor como una mera formalidad democrática en la que tenían el deber de “cuidar” a los colaboradores y los resultados entregados por el Gobernador del Estado.

Y, en todas, los diputados de oposición encontraron la ocasión perfecta para descalificar, vociferar y llevar asuntos y afrentas personales a la tribuna legislativa. Pero nadie, hasta ahora, ha hecho señalamientos precisos acompañados de propuestas de solución, para los problemas más graves por los que, según ellos, los funcionarios están reprobados.

 

¿Y LA EDUCACIÓN?

Pongamos un ejemplo en específico: durante su comparecencia ante el Congreso local, el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Abel Trejo González, fue acusado por la oposición de no resolver el conflicto entre la Sección 22 y la 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; de no hacer lo suficiente por satisfacer las demandas de profesores, padres de familia, normalistas y demás que casi a diario se manifiestan en la capital oaxaqueña por cuestiones educativas.

Lo descalificaron, además, por utilizar en forma deficiente los recursos destinados a la educación; y hasta le recriminaron por no haber aplicado aún la Alianza por la Calidad de la Educación, que impulsa el gobierno federal y la líder nacional del Sindicato, Elba Esther Gordillo Morales. Sólo faltaba que le reprocharan la venta de comida chatarra en las cooperativas escolares. Y también lo hicieron.

Es evidente que Trejo González no ha sido, ni será, el mejor director que ha tenido el IEEPO. Varios de los temas que le plantearon los legisladores son de su entera responsabilidad. Sin embargo, pareciera también que la crítica legislativa fue más bien protagónica y de simple retórica, porque ningún legislador estableció al menos una ruta de solución a los problemas que plantean.

Lo que parece es que, al final, a los diputados les interesan poco las soluciones de fondo de los problemas públicos que se presentan en el Estado. Y si a unos les provoca sorna, tal parece que otros simplemente no sabrían cómo plantear las soluciones a los problemas que sí identifican. Un círculo vicioso.

 

INDAGAN CORRUPCIÓN

En absoluta confidencialidad, desde la semana pasada la PGJE inició una investigación por posibles actos de corrupción, falsificación de documentos y firmas, y tráfico de influencias, en el otorgamiento de patentes de fedatario público. Las órdenes de indagar el asunto fueron emitidas, aseguran, desde el más alto nivel, al tener conocimiento de que los “Fiats” habrían sido vendidos en cantidades millonarias de dinero. En esto podrían estar involucrados por lo menos dos altos funcionarios del Gobierno del Estado, que desde el pasado 15 de diciembre fueron “invitados” a presentarse ante un Agente del Ministerio Público, para declarar sobre el asunto. Entre los notarios, dicen, este era un secreto a voces que varias veces pretendió ser denunciado. Sin embargo, los intentos se frenaban ante la amenaza de esos dos funcionarios, de revocar las patentes a los fedatarios revoltosos.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

almargenoaxaca.wordpress.com

 

Reelección de alcaldes: la otra polémica

+ Usos y costumbres: ¿riñe con la reforma?

 

El presidente Felipe Calderón decidió cerrar el presente año dando a conocer su propuesta de reforma política, que envió al Congreso de la Unión para su discusión y posible aprobación, al inicio de esta semana. El paquete fue de 10 reformas políticas, que pretenden transformar profundamente la correlación de fuerzas y los mecanismos de control entre los poderes federales.

Una de las propuestas que hasta ahora ha sido más desatendida, pero que en un estado como Oaxaca es igualmente trascendental, es la de abrir la reelección de Presidentes Municipales hasta por cuatro periodos consecutivos, hasta completar el término de 12 años en el cargo. Es necesario ver esta discusión con sensibilidad e inteligencia para evitar la emisión de juicios errados que en nada contribuirían al debate claro de las ideas.

La propuesta de reforma en el ámbito de los presidentes municipales, sostiene lo siguiente: “Dejar en libertad a las legislaturas locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para establecer la elección consecutiva, con un límite máximo de doce años, de alcaldes y demás miembros de los ayuntamientos, así como jefes delegacionales, en los Estados, Municipios y Distrito Federal.” ¿Qué significaría esto?

Que, formalmente, en el ámbito de los poderes municipales hubiera más posibilidad de que un proyecto de gobierno se concretara más allá de los tres años con los que actualmente cuentan constitucionalmente los ediles para realizar su trabajo y proyectos de gestión pública. Han sido ampliamente discutidas, a nivel internacional, las ventajas de tener una posibilidad de reelección constitucionalmente controlada: en periodos tan cortos es imposible la consolidación de casi cualquier proyecto trascendental. Y los ejemplos de todos los esquemas que se han prometido y, por simple falta de tiempo se han dejado sin concluir, están a la vista por todos los rincones del país. De esto último, prácticamente cualquier edil en México puede dar cuenta puntual.

En este sentido, vale la pena leer con detenimiento lo que apunta al respecto, el doctor Raúl Ávila Ortiz en el semanario POLÍTICA, que hoy se publica en estas mismas páginas. Porque, según su visión, lo que establece dicha propuesta de reforma es abrir, en el marco constitucional federal, la posibilidad de que las Legislaturas de las entidades federativas y el Distrito Federal, puedan estipular la reelección de los alcaldes en sus territorios, cada una bajo sus propios criterios; o que incluso tengan la posibilidad de optar por dejar sus marcos jurídicos locales como hasta ahora. Es decir, sin reelección consecutiva para los integrantes de los Ayuntamientos.

Al final, parece claro que el problema, en todo esto, es que, al igual que en lo relativo a los diputados y senadores, ante cualquier planteamiento de esquemas de reelección para Ediles, de inmediato salta a la vista el referente histórico sobre los problemas que enfrentó el país en su primer siglo de historia, justamente por la reelección constitucionalmente permitida para los hombres y cargos que detentaban el poder.

No están del todo equivocados quienes aseguran que abrir la reelección a los legisladores y los alcaldes, sería tanto como dar un primer paso hacia una regresión histórica que tarde o temprano nos llevaría a nuevos conflictos por la democratización del poder. Pero establecer hoy como un referente lo ocurrido en el siglo XIX y principios del XX, es tanto como negar que la institucionalidad y el marco constitucional en México hoy tienen fortalezas ni siquiera equiparables con las de hace un siglo.

REELECCIÓN EN OAXACA

Hace unos días, el diputado Presidente del Congreso del Estado, Herminio Manuel Cuevas Chávez, en entrevista con algunos medios informativos locales, expresó su preocupación por la propuesta de reforma en ese sentido, planteada por el presidente Calderón, y señaló que en Oaxaca tendría que estudiarse con detenimiento dicha reforma para no afectar el reconocimiento constitucional que se hace en el marco local, de la autodeterminación en materia política, de los pueblos que se rigen por el sistema de usos y costumbres. Consideramos que uno y otro argumento no se contraponen. Veamos algunas razones.

En primer término, el sistema de elección por usos y costumbres debemos entenderlo en estricto apego a la realidad: es el reconocimiento constitucional a la autodeterminación y formas de organización de los pueblos indígenas, aunque muchas veces esas formas violen hasta los principios y garantías más básicas que, en materia de derechos políticos, tienen los ciudadanos de la República. En eso confluyen, cada uno en sus propios términos, los marcos constitucionales de Oaxaca y de la federación.

¿Qué significaría, en ese sentido, la reforma propuesta por el Presidente? Que, como ya se dijo, se modificaría el artículo 115 constitucional, pero que se dejaría a las entidades federativas legislar en lo particular las formas de reelección que podrían existir. Sin embargo, en esas normas los pueblos que se rigen bajo el sistema de usos y costumbres no tendrían la obligación de ceñirse o de acatar a pie juntillas tal determinación. Estarían, en todo caso, en su derecho de no hacer sin violar precepto alguno. Y de todos modos continuarían rigiendo los principios que ellos mismos delinearon en sus sistemas de elección particulares.

En todo esto los avala tanto el marco jurídico local —que fue el primero en el país en reconocer la facultad de autodeterminación de los pueblos en materia de sus respectivos municipios—. Pero también los avala el artículo 2 de la Constitución federal que, a la letra, dice: “El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas…”

¿Y ESO, QUÉ?

Que, en términos sencillos, a los municipios en Oaxaca les daría exactamente lo mismo que esa reforma ocurriera o no, porque ellos tienen sus propias formas de determinación política, en las que ocurren relativamente pocos conflictos. El único problema preocupante, es el de los cacicazgos —los reales— que regularmente son los que dominan a los Ayuntamientos regidos por el sistema de usos y costumbres. Sin embargo, sería ideal que los diputados discutieran el tema sin prejuiciarse.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

almargenoaxaca.wordpress.com

 

Reforma política: el idealismo de fortalecer al Estado

Raúl Ávila Ortiz

En días pasados, el presidente Felipe Calderón envió al Congreso de la Unión un conjunto de propuestas de reforma en el ámbito del sistema político. Lo hizo, en sus palabras, en seguimiento a los diez puntos que había enunciado el 2 de septiembre anterior con motivo de su Tercer Informe de Gobierno, y en particular en relación con el punto diez, en que propuso una profunda reforma política para pasar del sufragio efectivo a la democracia efectiva.

Las diez propuestas “calderonistas” deben ser analizadas cuidadosamente y, desde luego, debatidas en forma amplia. Lejos de representar una “cortina de humo” que le permita distraer a la opinión pública respecto a otros problemas graves que enfrenta el país, sean estos la crisis financiera, el desempleo o la inseguridad, en mi opinión se trata, en efecto, de planteamientos que tocan nervios sensibles del sistema de toma de decisiones y persiguen fines específicos. Veamos por qué.

De entrada, dejemos en claro que las instituciones son relevantes para la vida pública: política, económica, social o cultural. Y es que hoy están superados, por mucho, argumentos tales como el de la raza o la religión en tanto factores exclusivos que harían la diferencia entre buen gobierno o mala economía de unos y otros países. En particular, las instituciones políticas, tales como el voto, la representación política, el sistema de gobierno o los partidos políticos, además de la cultura política, resultan decisivas no sólo para garantizar la estructura y funcionalidad del Estado democrático sino también a efecto de generar condiciones para el desarrollo. Así, una combinación atinada de instituciones electorales y partidistas puede producir competencia política, transparencia electoral y pluralidad en la representación, pero, al mismo tiempo, esta misma pluralidad y desajustes en el sistema de gobierno respecto a aquella combinación pueden generar falta de efectividad en su funcionamiento.  Esto está ocurriendo en México pero no es exclusivo de nuestro país. Basta con ver la enorme dificultad y los costos políticos que está teniendo que pagar el presidente Obama, en los Estados Unidos, para concretar su histórica y generosa reforma al sistema de salud.

Luego, el sentido de las reformas propuestas por Calderón es doble: por un lado, pretende fortalecer la legitimidad del sistema político ensanchando y acercando las vías de participación ciudadana respecto a los políticos y la política, de tal forma que sus opiniones y decisiones tengan más peso en la acción de los políticos y en las políticas públicas; por el otro, intenta aumentar la efectividad y calidad de los gobiernos propiciando mayor concentración o menos dispersión entre actores para la toma de decisiones, en el marco de la pluralidad democrática y los llamados gobiernos divididos que el sistema electoral ya genera.

 

REFORMAR ALCALDÍAS

Y EL PODER LEGISLATIVO

Dejar en libertad a las legislaturas locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para establecer la elección consecutiva, con un límite máximo de doce años, de alcaldes y demás miembros de los ayuntamientos, así como jefes delegacionales, en los Estados, Municipios y Distrito Federal. En este punto, “libertad” debe significar, en una correcta interpretación del federalismo, que la correspondiente reforma constitucional debe permitir a las 32 entidades federativas regular o no la elección consecutiva y darle el alcance que decidan sin más límite que el periodo de cuatro trienios. Así, cada entidad federativa tomaría la decisión más conveniente, incluida la de dejar las cosas como están. Pero, en esto hay que ser enfáticos, esa reforma no debería aparecer aislada.

Para Calderón, esa reforma aumentará la calidad del gobierno municipal pues tendrá más tiempo para planear a largo plazo en cuanto a obras o infraestructura, o bien, “…reformas integrales a los cuerpos policíacos de esas demarcaciones”; se fortalecerá la rendición de cuentas pues los gobernantes querrán ser reelectos y los votantes podrán premiarlos o castigarlos, de modo que los ciudadanos tendrán más poder para influir en el desempeño de sus gobiernos locales. Para los críticos, si la reelección no está rodeada de condiciones de transparencia y equidad en la contienda o no se acota a los poderes fácticos, o no se prohíbe ser candidato de un partido distinto para la reelección, entonces los efectos podrían resultar contraproducentes.

Reelección de legisladores federales hasta por doce años o cuatro períodos dejando a las legislaturas locales libertad para decidir sobre la reelección y el número de períodos. Nuevamente, aflora el positivo sentido federalista de la propuesta; el propósito de transferir poder a ciudadanos, medios y actores políticos para monitorear y premiar o castigar los desempeños legislativos; y profesionalizar y especializar a los legisladores en trabajo parlamentario y en determinadas materias. Sin embargo, los críticos sostienen que en México existe ya una carrera parlamentaria informal pues un buen porcentaje de legisladores cuentan con experiencia; que en realidad se favorecerá a los poderes fácticos y las oligarquías, así como a los gobernadores y líderes partidistas que reproducirán a sus propios representantes y grupos; y que el papel de los legisladores no es de técnicos especializados sino de líderes políticos, además de que se bloqueará el acceso a los cargos a líderes jóvenes, en particular a las mujeres.

 

AJUSTE AL

CONGRESO DE LA UNIÓN

Reducción del número de integrantes en el Congreso, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. En el Senado, no sólo se eliminarían los 32 legisladores de representación proporcional (lo que tendría un efecto positivo en el carácter federalista del Senado) pero afectaría a las dirigencias y liderazgos de los partidos, sobre todo de los medianos y pequeños, sino que se introduciría el llamado voto preferencial para elegir a tres senadores por Entidad Federativa (es decir, que el elector podría decidir el orden de su preferencia sobre tres candidatos de cada partido) y se entiende que se mantendría la primera minoría. En la Cámara de Diputados, se suprimirían 40 diputados (y distritos) de mayoría y 40 de representación proporcional, de modo que quedarían 240 y 160. Se argumenta a favor que estas medidas reducen el costo de la democracia y aumentan la capacidad de decisión legislativa en beneficio de los ciudadanos. Se critica que se elimina a los partidos medianos y pequeños, y se concentra la representación en los más grandes (excluyendo representantes populares en tiempos de tensión social), sin que el impacto en el costo sea relevante y tampoco se garanticen acuerdos firmes.

Incrementar de 2% a 4% el porcentaje de votos que un partido tendría que alcanzar   para conservar su registro. En el mismo sentido, la propuesta argumenta que se garantizaría mayor representatividad social de los partidos que reciben cuantiosos recursos del erario. En su contra se afirma que se excluirán partidos medianos y pequeños que, con todas sus deficiencias, representan minorías sociales y políticas activas que podrían operar riesgosamente por fuera del sistema.

Iniciativa legislativa ciudadana. Según la propuesta, se abre la puerta para que los ciudadanos participen en los asuntos públicos y coloquen en la agenda temas que son de su interés y no hayan sido considerados por los políticos. En general, sobre este tema las críticas son mínimas pero resalta el hecho de que, si se le colocan muchos requisitos o no se obliga a que sean consideradas por el Congreso, entonces las iniciativas resultan intrascendentes.

 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

Candidaturas independientes para todos los cargos. Se pretende ampliar los derechos ciudadanos; que incidan más en la representación; que los partidos cumplan mejor sus funciones y se responda más a los intereses ciudadanos. Se critica que, sin la debida regulación, se abre la puerta a intereses oscuros y hasta ilícitos; se ocultan las verdaderas identidades partidistas que luego afloran coyuntural y costosamente; o bien, se debilita en lugar de fortalecer el sistema de partidos. En todo caso, habría que comenzar por el ámbito municipal y con sólidas garantías para la transparencia y equidad en la contienda, pues así se fortalecería el sistema de partidos desde abajo al mantenerse activos para generar liderazgos y evitar el triunfo de opciones no partidistas.

SEGUNDA VUELTA Y

REFUERZO A INICIATIVA DE LEY

Elección presidencial con mayoría absoluta en primera vuelta.  Se propone que si en primera vuelta ningún candidato alcanza más del 50% de los votos, entonces los dos primeros lugares pasen a una segunda elección, durante la cual también tendría lugar la elección legislativa. Se argumenta que debe ganar quien tenga más apoyo popular; que su mandato sea más claro; que los ciudadanos puedan tener más opciones para seleccionar entre propuestas viables y más cercanas a sus intereses; y que  se tome una decisión más consciente sobre si se otorga mayoría legislativa al Presidente o se divide el poder. Se critica que en la segunda vuelta la decae la participación; aumenta los costos; abre la puerta al chantaje y la negociación entre las élites; y que la gobernabilidad no depende de la segunda vuelta sino de la composición del Congreso, que en todo caso también debería ser integrado incluso con doble vuelta.

8. Iniciativa de ley a la Suprema Corte de Justicia de la nación en el ámbito de su competencia. Mejoraría su funcionamiento y la calidad de la normatividad, en particular sobre los medios de defensa de la Constitución. Salvo posibles conflictos entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo en torno a los contenidos de las iniciativas y su gestión en las cámaras, no se advierte mayor crítica a esta posibilidad.

Iniciativas preferentes del Poder Ejecutivo. Se trata de un derecho presidencial a que se dictaminen y aprueben (o no) dos iniciativas de su preferencia en el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso, en el entendido de que, si no son consideradas, el Presidente pueda someter la iniciativa a consulta ciudadana mediante referéndum que requeriría dos terceras partes de los ciudadanos participantes y mas de la mitad de los ciudadanos en la mayoría de las entidades federativas. Se trataría de agilizar la respuesta del Congreso a las prioridades de una Agenda Nacional jerarquizada, que deben ser discutidas en el espacio público y que importen temas medulares e importantes para la ciudadanía y la transformación del país, y sancionar la parálisis en el Poder Legislativo. Sin negar sus bondades en términos de cooperación entre poderes, que, se critica que se trata de una opción para evadir al Poder Legislativo en la búsqueda de aprobar reformas estructurales que de otra manera no pasarían. Se critica que este tipo de medidas en lugar de fortalecer debilitan a las instituciones y favorece el personalismo presidencial.

Facultad expresa al Presidente para presentar al Congreso observaciones parciales o totales a los proyectos de ley aprobados, así como al Presupuesto de Egresos de la Federación, incluyendo la opción de su reconducción. En este caso, la propuesta arguye que así el proceso de legislación y promulgación responderá al necesario equilibrio de poderes; que permita un diálogo constructivo entre Ejecutivo y Legislativo; e imprimir certeza al funcionamiento institucional evitando riesgos a la conducción de las finanzas públicas. Así, en caso de que no se aprobare a tiempo el presupuesto, se aplicaría el del año anterior, o bien, en el extremo, el que se haya enviado, en una especie de positiva ficta. La crítica aparece en cuanto a un re-desequilibrio de poderes que favorezca al Ejecutivo, pero parece no haber mayor oposición.

TRANSFORMAR A MÉXICO

Para el presidente Calderón, es posible transformar a México cerrando la brecha entre política y ciudadanía; consolidar una democracia con instituciones más sólidas; empoderar a la ciudadanía sin dejar de fortalecer el sistema de partidos; mejorar la relación entre Ejecutivo y Legislativo; evitar que la política sea equivalente a conflicto y parálisis; y que el sistema representativo y de gobierno mejore. Si hace quince años se produjeron reformas profundas al sistema electoral que generaron más democracia, hoy se requiere reformar el sistema de gobierno y alentar la participación ciudadana. Otras iniciativas, en particular en materia electoral, complementarán esas diez propuestas arriba enunciadas.

Hasta ahora, debe apuntarse que las propuestas reformistas tienen una orientación apropiada, pero su pertinencia y viabilidad dependerán de la confrontación entre el idealismo que suele embargar al enfoque sistémico y el realismo de política práctica. Si esos opuestos se tocan, entonces deberán confluir en términos y condiciones específicos de regulación virtuosa de esas instituciones propuestas. Si entre los propósitos de éstas se halla el fortalecer la ciudadanía, la política y los poderes gubernamentales, entonces aquélla y éstos deben comenzar por propiciar su debate público. Esa es la convocatoria.

Raúl Ávila Ortiz

En días pasados, el presidente Felipe Calderón envió al Congreso de la Unión un conjunto de propuestas de reforma en el ámbito del sistema político. Lo hizo, en sus palabras, en seguimiento a los diez puntos que había enunciado el 2 de septiembre anterior con motivo de su Tercer Informe de Gobierno, y en particular en relación con el punto diez, en que propuso una profunda reforma política para pasar del sufragio efectivo a la democracia efectiva.

Las diez propuestas “calderonistas” deben ser analizadas cuidadosamente y, desde luego, debatidas en forma amplia. Lejos de representar una “cortina de humo” que le permita distraer a la opinión pública respecto a otros problemas graves que enfrenta el país, sean estos la crisis financiera, el desempleo o la inseguridad, en mi opinión se trata, en efecto, de planteamientos que tocan nervios sensibles del sistema de toma de decisiones y persiguen fines específicos. Veamos por qué.

De entrada, dejemos en claro que las instituciones son relevantes para la vida pública: política, económica, social o cultural. Y es que hoy están superados, por mucho, argumentos tales como el de la raza o la religión en tanto factores exclusivos que harían la diferencia entre buen gobierno o mala economía de unos y otros países. En particular, las instituciones políticas, tales como el voto, la representación política, el sistema de gobierno o los partidos políticos, además de la cultura política, resultan decisivas no sólo para garantizar la estructura y funcionalidad del Estado democrático sino también a efecto de generar condiciones para el desarrollo. Así, una combinación atinada de instituciones electorales y partidistas puede producir competencia política, transparencia electoral y pluralidad en la representación, pero, al mismo tiempo, esta misma pluralidad y desajustes en el sistema de gobierno respecto a aquella combinación pueden generar falta de efectividad en su funcionamiento.  Esto está ocurriendo en México pero no es exclusivo de nuestro país. Basta con ver la enorme dificultad y los costos políticos que está teniendo que pagar el presidente Obama, en los Estados Unidos, para concretar su histórica y generosa reforma al sistema de salud.

Luego, el sentido de las reformas propuestas por Calderón es doble: por un lado, pretende fortalecer la legitimidad del sistema político ensanchando y acercando las vías de participación ciudadana respecto a los políticos y la política, de tal forma que sus opiniones y decisiones tengan más peso en la acción de los políticos y en las políticas públicas; por el otro, intenta aumentar la efectividad y calidad de los gobiernos propiciando mayor concentración o menos dispersión entre actores para la toma de decisiones, en el marco de la pluralidad democrática y los llamados gobiernos divididos que el sistema electoral ya genera.

 

REFORMAR ALCALDÍAS

Y EL PODER LEGISLATIVO

Dejar en libertad a las legislaturas locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para establecer la elección consecutiva, con un límite máximo de doce años, de alcaldes y demás miembros de los ayuntamientos, así como jefes delegacionales, en los Estados, Municipios y Distrito Federal. En este punto, “libertad” debe significar, en una correcta interpretación del federalismo, que la correspondiente reforma constitucional debe permitir a las 32 entidades federativas regular o no la elección consecutiva y darle el alcance que decidan sin más límite que el periodo de cuatro trienios. Así, cada entidad federativa tomaría la decisión más conveniente, incluida la de dejar las cosas como están. Pero, en esto hay que ser enfáticos, esa reforma no debería aparecer aislada.

Para Calderón, esa reforma aumentará la calidad del gobierno municipal pues tendrá más tiempo para planear a largo plazo en cuanto a obras o infraestructura, o bien, “…reformas integrales a los cuerpos policíacos de esas demarcaciones”; se fortalecerá la rendición de cuentas pues los gobernantes querrán ser reelectos y los votantes podrán premiarlos o castigarlos, de modo que los ciudadanos tendrán más poder para influir en el desempeño de sus gobiernos locales. Para los críticos, si la reelección no está rodeada de condiciones de transparencia y equidad en la contienda o no se acota a los poderes fácticos, o no se prohíbe ser candidato de un partido distinto para la reelección, entonces los efectos podrían resultar contraproducentes.

Reelección de legisladores federales hasta por doce años o cuatro períodos dejando a las legislaturas locales libertad para decidir sobre la reelección y el número de períodos. Nuevamente, aflora el positivo sentido federalista de la propuesta; el propósito de transferir poder a ciudadanos, medios y actores políticos para monitorear y premiar o castigar los desempeños legislativos; y profesionalizar y especializar a los legisladores en trabajo parlamentario y en determinadas materias. Sin embargo, los críticos sostienen que en México existe ya una carrera parlamentaria informal pues un buen porcentaje de legisladores cuentan con experiencia; que en realidad se favorecerá a los poderes fácticos y las oligarquías, así como a los gobernadores y líderes partidistas que reproducirán a sus propios representantes y grupos; y que el papel de los legisladores no es de técnicos especializados sino de líderes políticos, además de que se bloqueará el acceso a los cargos a líderes jóvenes, en particular a las mujeres.

 

AJUSTE AL

CONGRESO DE LA UNIÓN

Reducción del número de integrantes en el Congreso, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. En el Senado, no sólo se eliminarían los 32 legisladores de representación proporcional (lo que tendría un efecto positivo en el carácter federalista del Senado) pero afectaría a las dirigencias y liderazgos de los partidos, sobre todo de los medianos y pequeños, sino que se introduciría el llamado voto preferencial para elegir a tres senadores por Entidad Federativa (es decir, que el elector podría decidir el orden de su preferencia sobre tres candidatos de cada partido) y se entiende que se mantendría la primera minoría. En la Cámara de Diputados, se suprimirían 40 diputados (y distritos) de mayoría y 40 de representación proporcional, de modo que quedarían 240 y 160. Se argumenta a favor que estas medidas reducen el costo de la democracia y aumentan la capacidad de decisión legislativa en beneficio de los ciudadanos. Se critica que se elimina a los partidos medianos y pequeños, y se concentra la representación en los más grandes (excluyendo representantes populares en tiempos de tensión social), sin que el impacto en el costo sea relevante y tampoco se garanticen acuerdos firmes.

Incrementar de 2% a 4% el porcentaje de votos que un partido tendría que alcanzar   para conservar su registro. En el mismo sentido, la propuesta argumenta que se garantizaría mayor representatividad social de los partidos que reciben cuantiosos recursos del erario. En su contra se afirma que se excluirán partidos medianos y pequeños que, con todas sus deficiencias, representan minorías sociales y políticas activas que podrían operar riesgosamente por fuera del sistema.

Iniciativa legislativa ciudadana. Según la propuesta, se abre la puerta para que los ciudadanos participen en los asuntos públicos y coloquen en la agenda temas que son de su interés y no hayan sido considerados por los políticos. En general, sobre este tema las críticas son mínimas pero resalta el hecho de que, si se le colocan muchos requisitos o no se obliga a que sean consideradas por el Congreso, entonces las iniciativas resultan intrascendentes.

 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

Candidaturas independientes para todos los cargos. Se pretende ampliar los derechos ciudadanos; que incidan más en la representación; que los partidos cumplan mejor sus funciones y se responda más a los intereses ciudadanos. Se critica que, sin la debida regulación, se abre la puerta a intereses oscuros y hasta ilícitos; se ocultan las verdaderas identidades partidistas que luego afloran coyuntural y costosamente; o bien, se debilita en lugar de fortalecer el sistema de partidos. En todo caso, habría que comenzar por el ámbito municipal y con sólidas garantías para la transparencia y equidad en la contienda, pues así se fortalecería el sistema de partidos desde abajo al mantenerse activos para generar liderazgos y evitar el triunfo de opciones no partidistas.

SEGUNDA VUELTA Y

REFUERZO A INICIATIVA DE LEY

Elección presidencial con mayoría absoluta en primera vuelta.  Se propone que si en primera vuelta ningún candidato alcanza más del 50% de los votos, entonces los dos primeros lugares pasen a una segunda elección, durante la cual también tendría lugar la elección legislativa. Se argumenta que debe ganar quien tenga más apoyo popular; que su mandato sea más claro; que los ciudadanos puedan tener más opciones para seleccionar entre propuestas viables y más cercanas a sus intereses; y que  se tome una decisión más consciente sobre si se otorga mayoría legislativa al Presidente o se divide el poder. Se critica que en la segunda vuelta la decae la participación; aumenta los costos; abre la puerta al chantaje y la negociación entre las élites; y que la gobernabilidad no depende de la segunda vuelta sino de la composición del Congreso, que en todo caso también debería ser integrado incluso con doble vuelta.

8. Iniciativa de ley a la Suprema Corte de Justicia de la nación en el ámbito de su competencia. Mejoraría su funcionamiento y la calidad de la normatividad, en particular sobre los medios de defensa de la Constitución. Salvo posibles conflictos entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo en torno a los contenidos de las iniciativas y su gestión en las cámaras, no se advierte mayor crítica a esta posibilidad.

Iniciativas preferentes del Poder Ejecutivo. Se trata de un derecho presidencial a que se dictaminen y aprueben (o no) dos iniciativas de su preferencia en el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso, en el entendido de que, si no son consideradas, el Presidente pueda someter la iniciativa a consulta ciudadana mediante referéndum que requeriría dos terceras partes de los ciudadanos participantes y mas de la mitad de los ciudadanos en la mayoría de las entidades federativas. Se trataría de agilizar la respuesta del Congreso a las prioridades de una Agenda Nacional jerarquizada, que deben ser discutidas en el espacio público y que importen temas medulares e importantes para la ciudadanía y la transformación del país, y sancionar la parálisis en el Poder Legislativo. Sin negar sus bondades en términos de cooperación entre poderes, que, se critica que se trata de una opción para evadir al Poder Legislativo en la búsqueda de aprobar reformas estructurales que de otra manera no pasarían. Se critica que este tipo de medidas en lugar de fortalecer debilitan a las instituciones y favorece el personalismo presidencial.

Facultad expresa al Presidente para presentar al Congreso observaciones parciales o totales a los proyectos de ley aprobados, así como al Presupuesto de Egresos de la Federación, incluyendo la opción de su reconducción. En este caso, la propuesta arguye que así el proceso de legislación y promulgación responderá al necesario equilibrio de poderes; que permita un diálogo constructivo entre Ejecutivo y Legislativo; e imprimir certeza al funcionamiento institucional evitando riesgos a la conducción de las finanzas públicas. Así, en caso de que no se aprobare a tiempo el presupuesto, se aplicaría el del año anterior, o bien, en el extremo, el que se haya enviado, en una especie de positiva ficta. La crítica aparece en cuanto a un re-desequilibrio de poderes que favorezca al Ejecutivo, pero parece no haber mayor oposición.

TRANSFORMAR A MÉXICO

Para el presidente Calderón, es posible transformar a México cerrando la brecha entre política y ciudadanía; consolidar una democracia con instituciones más sólidas; empoderar a la ciudadanía sin dejar de fortalecer el sistema de partidos; mejorar la relación entre Ejecutivo y Legislativo; evitar que la política sea equivalente a conflicto y parálisis; y que el sistema representativo y de gobierno mejore. Si hace quince años se produjeron reformas profundas al sistema electoral que generaron más democracia, hoy se requiere reformar el sistema de gobierno y alentar la participación ciudadana. Otras iniciativas, en particular en materia electoral, complementarán esas diez propuestas arriba enunciadas.

Hasta ahora, debe apuntarse que las propuestas reformistas tienen una orientación apropiada, pero su pertinencia y viabilidad dependerán de la confrontación entre el idealismo que suele embargar al enfoque sistémico y el realismo de política práctica. Si esos opuestos se tocan, entonces deberán confluir en términos y condiciones específicos de regulación virtuosa de esas instituciones propuestas. Si entre los propósitos de éstas se halla el fortalecer la ciudadanía, la política y los poderes gubernamentales, entonces aquélla y éstos deben comenzar por propiciar su debate público. Esa es la convocatoria.

Seguridad Pública: no refuerza percepción ciudadana

+ Policía Estatal: los abusos que no tienen justificación

 

En los últimos 15 meses, los funcionarios encargados de las corporaciones policiacas y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, han buscado no sólo de hacer su trabajo, sino de que parezca que se hace. Sin embargo, hace apenas unos días el secretario Javier Rueda Velázquez reconoció, ante el pleno del Congreso del Estado, que la percepción ciudadana sobre la inseguridad y la desconfianza del trabajo policiaco, no ha dejado de ser negativa. ¿Por qué esto es así?

La respuesta no se encuentra en una sola causa o en un solo ámbito. En realidad, el modelo de seguridad pública que actualmente se aplica en Oaxaca vino a ser una auténtica revolución, respecto a las formas anticuadas que, en su mayoría, eran las que se aplicaban a las instituciones de seguridad y los cuerpos policiacos en la entidad.

Sin embargo, ha sido también largo el recuento que, al menos en este espacio, hemos realizado de las inconsistencias y fallos de aplicación del esquema que encabeza en la entidad el vicealmirante Wilfrido Robledo Madrid, y el secretario Rueda Velázquez. Es decir, que el esquema fue novedoso respecto a lo que se hacía en el pasado en materia de seguridad, pero que éste se encuentra aún lejos de generar certeza —es decir, argumentos y datos sólidos y sostenibles— de que es el remedio más eficaz para la inseguridad que existe en Oaxaca.

Así, ¿de dónde surge la sensación de inseguridad y la desconfianza que el ciudadano común continúa teniendo de la acción policiaca? Parte, precisamente, de que en Oaxaca existe todo un entramado de instituciones que combinan y comparten atribuciones para perseguir a los delincuentes y combatir la inseguridad… pero que no han sido capaces de darle a la historia constante de la impunidad, al menos un giro parcial que permita un mayor índice de esclarecimiento de hechos delictivos, detención de maleantes y desarticulación de grupos criminales.

De todo esto son responsables lo mismo la Secretaría de Seguridad Pública que la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ambas instancias, no han tenido la capacidad suficiente de coordinación y entendimiento como para ejecutar una verdadera labor conjunta. A ante esa circunstancia, la delincuencia puede desplegar todos sus potenciales sin ninguna cortapisa.

En los últimos dos años se han cometido diversos crímenes que no han tenido castigo ni una investigación clara, y ni hablar de detenidos. Además, es fundamental la presencia y acción policiaca en las calles y en la interacción continua con los ciudadanos. Pero si esto último no puede llegar a ser “bien visto” por la población, es claro que todo lo demás tampoco.

 

ELEMENTOS ABUSIVOS

Ayer, en estas mismas páginas, en la columna Con Mayúsculas, se daba cuenta de una queja ciudadana por la acción de elementos de la Policía Estatal. Particularmente se hacía mención de una situación que transcribimos textualmente de lo asentado por Juan Diego: “Seguido hay revisiones por ese rumbo [de San Jacinto Amilpas], lo raro es que los policías [estatales] piden documentos de los vehículos pero en lugar de canalizarlos a Tránsito, los mandan a su cuartel, lo cual es violatorio de las garantías.”

En al menos un par de ocasiones, el autor de este espacio ha sido testigo de la veracidad de estos señalamientos, que deberían ser indagados a fondo por el secretario Rueda Velázquez y por el comisionado de la Policía Estatal, Jorge Quezadas Jiménez. Ese actual de los elementos estatales, en nada ayuda a la confianza ciudadana que los mandos policiacos buscan que la ciudadanía tenga en las instituciones y agentes encargados de la seguridad pública.

Los dos hechos que a continuación se relatarán, ocurrieron la tarde del pasado 16 de diciembre, y la madrugada de ayer 17. En el primero de ellos, en Avenida Universidad, una patrulla de la Policía Estatal —que no portaba placas de circulación ni número económico— detuvo a dos individuos que viajaban a bordo de un vehículo. A pesar de haberse identificado y de haber dejado constancia de la legalidad del vehículo al mostrar todos los documentos requeridos, sin ningún miramiento, los obligaron a bajar del vehículo, los revisaron, les exigieron desprenderse de zapatos y varias prendas de vestir, para finalmente detenerlos y llevarlos al Cuartel de Santa María Coyotepec.

Los dos jóvenes, trabajadores de un expendio de alimentos al que se dirigían cuando fueron detenidos, permanecieron dos horas en el Cuartel. Nunca los presentaron ante el agente del Ministerio Público ni les indicaron exactamente cuál era la falta administrativa o delito por el que habían sido remitidos. Finalmente, les cobraron una multa de 400 pesos a cada uno —sin expedir recibo oficial alguno—, y al filo de las 21 horas del miércoles los dejaron en libertad.

Luego, pasadas las 2 am de ayer jueves, una patrulla con las mismas características —es decir, sin placas o número económico— detuvo a un grupo de jóvenes que viajaban en un auto compacto ¡por haberse pasado una luz roja del semáforo! Unos seis agentes alcanzaron a los jóvenes en la calle Prolongación de La Noria, en Cinco Señores, para hacer exactamente lo mismo: exigirles documentación e identificaciones, catearlos, revisar el vehículo y pedir todo tipo de explicaciones que no venían al caso.

El hecho ocurrió a escasos metros —una cuadra, no más— de donde se encuentra la Dirección de Tránsito del Estado. Pero, ni por eso, solicitaron la presencia de los agentes de vialidad para que tomaran conocimiento del hecho y aplicaran la sanción correspondiente. Luego de unos 15 minutos de mantenerlos retenidos y rodeados en plena avenida, les permitieron continuar su camino.

En ambos casos, existen injustificables violaciones de garantías fundamentales, que deben ser investigadas y sancionadas. Es cierto que la seguridad exige ciertos sacrificios; pero los agentes tampoco pueden creer que la ciudadanía está a lo que ellos legal e ilegalmente dispongan. Esto ayuda en nada a la credibilidad que busca fomentar la SSPE entre los ciudadanos.

 

ARCAS MUNICIPALES

Dicen los que saben, que la razón fundamental por la que el Ayuntamiento citadino no subirá impuestos en 2010, es porque realmente está ensanchando su base tributaria, y eficientando el cobro de impuestos, que muy poco puede lograrse no sólo en Oaxaca, sino en el país. Con hechos como ese, Martín Mathus Alonso tratará de consolidarse como el más aventajado aspirante a la alcaldía citadina por el PRI. Ver para creer.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

almargenoaxaca.wordpress.com

Gabino Cué: los efectos mediáticos de su licencia

+ Orillar a demás legisladores a renunciar, le falló

El pasado martes, el senador Gabino Cué Monteagudo solicitó licencia indefinida a su escaño, en la Cámara alta del Congreso de la Unión. La razón formal de su separación del Senado, fue la de dedicar, a partir de ahora, toda su atención en la construcción de su candidatura a gobernador de Oaxaca. Sin embargo, junto a esta causa se encuentra un evidente pago de facturas políticas, pero también un intento poco eficaz de ejercer presión y adelantar algunos procesos entre sus oponentes del PRI.

A diferencia de los cargos en los distintos ámbitos de la administración pública, la milicia y los ministerios religiosos, los legisladores no se encuentran impedidos constitucionalmente para postularse a un nuevo cargo mientras ejercen la función de diputado o senador. La razón lógica apunta a que, a diferencia de los funcionarios, militares o clérigos, un congresista no tiene acceso a recursos económicos, influencias administrativas o medios de enriquecimiento o coerción por la vía armada o los dogmas, que le pudieran proveer de ventajas inequitativas sobre sus demás oponentes en un proceso electoral.

Así, en ningún lugar del país resulta extraño que diputados y senadores, busquen libremente cargos en otros ámbitos mientras ejercen sus funciones. Del Congreso local pasan al federal; de éste a aquel; y sin ningún problema, de las Cámaras federales a los gobiernos estatales. Baste recordar que hace cinco años, Ulises Ruiz Ortiz contendió y ganó el gobierno de Oaxaca siendo senador en funciones, y sólo pidió licencia a su cargo en el momento en que se aprestaba a tomar protesta como Gobernador del Estado.

Si todo esto es así, ¿entonces qué buscaba el ahora ex senador Cué Monteagudo? Parece evidente que la decisión de separarse del Senado, sin duda, no sólo tiene que ver con la preparación de su inminente candidatura a Gobernador, sino que, sobre todo, es parte de ese proceso largamente anunciado por el que comenzará a tomar distancia del ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

Deshacerse de su curul en el Senado, habrá de ser un primer momento en la desincorporación de la casaca lopezobradorista que Cué ha vestido los últimos tres años. Su alto cargo legislativo en la representación de Oaxaca, su pertenencia casi enigmática al partido y la fracción parlamentaria de Convergencia; y el aura de “líder moral” de la oposición que ha tenido en nuestra entidad, lo ligaron irremediablemente al ex Candidato Presidencial desde 2006; y esas mismas circunstancias, además de sus conveniencias, fueron las que lo llevaron a ser su principal aliado y proveedor durante las largas giras que el tabasqueño realizó por la entidad. Por eso, a nadie se le ligaba más a AMLO en Oaxaca, que al senador Cué.

Por eso, a partir del momento en que éste se separó de su cargo, también comenzó el proceso de deshacerse de esa cercanía otrora indisoluble con AMLO, que en diversos momentos le benefició, pero que ahora parece estarle entorpeciendo la consolidación de la coalición opositora.

Así, se quedarán con las ganas quienes esperan un rompimiento abrupto y violento entre Cué y AMLO. El desmarque habrá de ser disimulado y silencioso, pero lo suficientemente efectivo como para dar la muestra al PAN de estar cumpliendo cabalmente con la condición indispensable planteada, para ir en alianza con el PT, Convergencia y PRD, a los que el ahora Senador con licencia ya tiene en la bolsa.

EFECTOS COLATERALES

Sin embargo, esta decisión va más allá de lo relativo a López Obrador, o al tiempo que Cué necesita para terminar de construir su candidatura. En realidad, con la separación de su cargo cumplió un viejo trato con el editor chiapaneco, Ericel Gómez Nucamendi —su suplente en el cargo, que pronto tomará posesión del mismo—, que además le asegura el apoyo incondicional del diario Noticias. Incluso, la decisión trató también de generar cierto “ruido” entre los aspirantes a la gubernatura por el PRI. Veamos por qué.

En primer término, al separarse de su curul, Cué aseguró nuevamente el apoyo de Noticias, y el de una parte del llamado “Grupo Oaxaca”. Varios de esos personajes, encabezados por Gómez Nucamendi, fueron los mismos que hace cinco años fallidamente trataron de arrebatarle al priismo el gobierno de la entidad, y luego tuvieron un feroz enfrentamiento con el gobierno de Ulises Ruiz. Varios de los entonces integrantes de ese grupo, hoy están alejados, e incluso algunos cooptados por el ulisismo.

Sin embargo, para los efectos e intereses actuales, es evidente que de todos modos Cué y el grupo Noticias de Gómez, continúan teniendo una alianza que va más allá de los acuerdos económicos momentáneos con el oficialismo. Desde ayer, ese medio impreso hizo nuevamente patente sus compromisos, al desplazar toda la información importante y notas pagadas —que normalmente se encuentran en los sitios más importantes de su portada—, para dar amplios espacios en su primera plana, a las declaraciones y anuncios del Senador con licencia.

Al final, es previsible que pase lo que pase, dicha sociedad no se romperá, porque  Gómez ya ansiaba el escaño; porque a Cué le es indispensable ser un candidato con apoyos mediáticos; y porque si el Editor rompe el trato, Gabino puede solicitar libremente su reincorporación al Senado.

Pero, ¿qué pasa con el PRI? Que, de inmediato, comenzaron las descalificaciones a los aspirantes a la gubernatura por el tricolor, que ocupan escaños en el Congreso federal. El cuestionamiento pretendió impactar a los diputados federales Jorge Franco Vargas y Eviel Pérez Magaña, y al senador Adolfo Toledo Infanzón para, de algún modo, orillarlos a solicitar licencia a sus respectivos cargos.

EFECTO CARAMBOLA

Cué buscaba meter al priismo en un brete: por ejemplo, si la acción era eficaz, y el cuestionamiento trascendía, el senador Toledo solicitaría licencia; el edil José Antonio Hernández Fraguas sería llamado a cumplir su suplencia; y esto descarrilaría un proceso interno que, en el PRI, está aún lejos de definirse. Sin embargo, el intento fue fallido por varias razones: los legisladores no están impedidos para contender por otros cargos en procesos comiciales; formalmente, el proceso interno del PRI ni siquiera ha iniciado; y nadie ahí parecería ser tan ingenuo como para tomar una decisión que, en el tricolor, no es prioritaria y mucho menos necesaria.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

https://almargenoaxaca.wordpress.com

Poder Judicial: Sin reformas, los logros se contraen

+ Poder Legislativo: ¿de veras discutirán Presupuesto?

El diputado presidente del Congreso del Estado, Herminio Manuel Cuevas Chávez, ha asegurado que antes de que finalice la próxima semana quedará discutido, analizado y resuelto el paquete fiscal estatal para el próximo año. Por otra parte, este día el magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Héctor Anuar Mafud Mafud rendirá su informe anual de actividades, en la que detallará los avances y logros en la impartición de justicia, y en la puesta en marcha del sistema de justicia penal bajo el modelo acusatorio adversarial.

Es evidente que, aún con los logros y avances que cada año tienen los Poderes del Estado en Oaxaca, el análisis y la discusión sobre su situación y futuro inmediato debería ir más allá de los recuentos parciales. Ambos se encuentran urgidos de transformaciones trascendentales, que no sólo fortalezcan el trabajo cotidiano, sino que además contribuyan a una verdadera democratización y modernización institucional del poder público en Oaxaca.

¿A qué nos referimos? A que, en el país, los últimos treinta años han sido de un tránsito lento pero constante de la completa hegemonía de un grupo político dominante, a ciertos destellos de auténtica pluralidad democrática en las instituciones del Estado. Esto es, que todavía en la década de los ochentas, en el orden federal el poder del Jefe del Ejecutivo avasallaba a los ámbitos legislativos y judiciales; en el Congreso, por tanto, existían “mayoriteos” pero no equilibrios de poder, ni discusiones trascendentales, y mucho menos una oposición capaz de erigirse verdaderamente en un contrapeso o en un freno para las decisiones del Presidente.

El ámbito judicial no se escapaba a esta dominación presidencial. En efecto, aún cuando en el Texto Constitucional federal promulgado en 1917, se establecía que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serían electos por el Congreso a propuesta de las Legislaturas de los Estados, el artículo 96 constitucional sufrió una reforma en 1928 que consolidó, para esos efectos, la dominación presidencial en la designación de los integrantes del Alto Tribunal.

Aquella reforma, ocurrida durante el gobierno del general Plutarco Elías Calles, establecía que “los nombramientos de los Ministros de la SCJN serían hechos por el presidente de la República y sometidos a la aprobación de la Cámara de Senadores, la que otorgará o negará esa aprobación en el improrrogable término de 10 días”. Y dicho numeral, establecía una disposición que no está por demás mencionar: “Si la Cámara no resolviere dentro de dicho término, se tendrán por aprobados los nombramientos.” Además, quedó como facultad de la Corte elegir a los magistrados de circuito y jueces de distrito. Es decir, que de todos modos, el dominio último de toda la conformación de los tribunales federales la tenía el Presidente de la República.

Sin embargo, esa total dominación presidencial sobre el Poder Judicial de la Federación se disminuyó, en gran medida, con las reformas constitucionales de la materia ocurridas en diciembre de 1994. Fue hasta entonces que se estableció que, como hasta ahora, los Ministros de la Corte serían electos por el Senado, considerando una terna propuesta por el Presidente. Asimismo se instituyó un Consejo de la Judicatura, que incrementó enormemente el nivel de certeza y profesionalización de los juzgadores y empleados del Poder Judicial Federal.

Esos cambios, en gran medida, deben ser entendidos como rasgos de democratización de los poderes federales; pero también como ejemplos de cómo poco a poco se ha ido desproveyendo al presidencialismo de las facultades avasalladoras que tenía, sobre los demás poderes, hace apenas unas cuantas décadas.

REZAGO CONSTITUCIONAL

¿Por qué mencionamos todo esto? Porque, con ejemplos claros, podemos ver no sólo cómo, a nivel federal, el otrora omnímodo poder presidencial poco a poco se ha ido desarticulando; también podemos ver cómo, en Oaxaca, es muy poco lo que se ha avanzado en la democratización, y en una verdadera recomposición de los equilibrios y contrapesos en el poder público. Aquí, todos podemos ver que el Poder Ejecutivo continúa dominando a los demás Poderes, pero nadie parece percatarse de la situación, y mucho menos alarmarse o cuestionarse por qué no ha habido cambios institucionales en todo ello. Veamos si no.

¿Qué tiene de trascendental que el Titular del Poder Legislativo anuncie que para el 22 de diciembre estará resuelto el paquete económico del Gobierno estatal para el próximo año? Que, como ocurre en casi todas las decisiones del Congreso del Estado, es en realidad poco lo que verdaderamente se discute y se equilibra en dicha Soberanía, de las decisiones preconcebidas que se envían desde el Poder Ejecutivo.

Aunque se diga que, como en este caso, existen análisis y debates, es evidente que en realidad la capacidad de acción del Legislativo no deja de ser limitada y meramente simbólica. Lo mismo ha ocurrido con las comparecencias de los Titulares de las Secretarías; y antes con la votación, anticipadamente favorable, de una serie de reformas trascendentales durante el último año. Es decir, que el Congreso no ha podido, ni ha querido, convertirse en un verdadero contrapeso del Poder Ejecutivo.

Algo similar ocurre con el Poder Judicial. No dejan de ser dignos de resaltar los logros obtenidos en el trabajo cotidiano. Pero no deja de ser cuestionable que el Poder Judicial del Estado, continúe componiéndose y rigiéndose en Oaxaca por reglas constitucionales locales, equiparables a las federales de 1928 que, para efectos prácticos, tienen 15 años en desuso.

Podrá argumentarse que más allá de eso, el Poder Judicial local es funcional y libre para ejercer sus funciones; que existe profesionalización de los juzgadores y empleados judiciales; y que no están bajo el dominio del Ejecutivo. Sin embargo, es claro que con esas reglas constitucionales casi decimonónicas, es poco lo que pueden argumentar sólidamente a su favor, en cuanto al avance democrático de la conformación de los poderes en nuestro Estado.

CUESTIONES DE FONDO

Así, estos señalamientos van más allá de lo bien o mal que los titulares actuales de esos dos poderes, han actuado en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, en el ideal, cada uno de los Titulares actuales de los tres poderes del Estado, tendrían que ser los principales impulsores de las transformaciones democráticas que le urgen a Oaxaca. Pero, con logros parciales, siguen evadiendo esa responsabilidad, y deber democrático de avanzada.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

almargenoaxaca.wordpress.com