La Comisión de la Verdad debe indagar la desaparición de eperristas

+ No hacerlo demostraría su fin electoral, no la búsqueda de la verdad

La semana pasada, la Comandancia General del Ejército Popular Revolucionario envió una carta a los integrantes de la Comisión de la Verdad en Oaxaca (CVO), en la que les ofrece toda la información que poseen sobre la detención-desaparición de sus integrantes Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Esto lo hacen en el contexto de la investigación que realiza la Comisión sobre las violaciones a derechos humanos ocurridas entre 2006 y 2007 en Oaxaca. Para demostrar que su finalidad es conocer la verdad, y ser parte del maniobreo electoral, necesariamente la CVO debe pasar por la investigación de la desaparición de los eperristas y la responsabilidad del gobierno de Ulises Ruiz en ello.

En efecto, durante la revuelta magisterial, y su secuela el año siguiente, ocurrieron diversos hechos que podrían constituir violaciones graves a derechos humanos —materia propia de la CVO—; pero sólo existen dos acontecimientos que generan, de forma incontrovertible, una responsabilidad ineludible para el Estado en Oaxaca. El primero de ellos es la muerte de Lorenzo San Pablo Cervantes, y el segundo, la desaparición de los dos eperristas.

¿Qué pasó con San Pablo? A finales de mayo de 2006, los maestros habían estallado su paro indefinido de labores, y el plantón; el 14 de junio el gobierno de Ulises Ruiz intentó fallidamente desalojarlos, y ello desató una crisis de gobernabilidad sin precedentes. Así, ante las circunstancias, el Gobierno del Estado decidió acuartelar a los elementos de todas sus corporaciones policiacas. Por ese hecho, los integrantes de la Sección 22 del SNTE y de la APPO eran libres de ejecutar toda clase de hechos en las calles de la capital oaxaqueña.

En aquel momento —agosto de 2006— los inconformes, ya habían tomado conciencia de la importancia de tener bajo su dominio las principales radiodifusoras locales; habían venido ocurriendo una serie de agresiones y auto ataques que, a través del despojo y la violencia, les habían permitido hacerse —como nunca antes había ocurrido en México— de todas las señales radiofónicas de la capital oaxaqueña. Y ante ese hecho, el gobierno había reaccionado enviando convoys policíacos (las llamadas “caravanas de la muerte”) para tratar, aparentemente, de “limpiar” las calles y despojar a los inconformes de las señales usurpadas.

En ese contexto murió Lorenzo San Pablo Cervantes, el 22 de agosto de 2006. Ese individuo, que era empleado de la Secretaría de Obras Públicas, tuvo la desafortunada idea de atender el llamado appista —hecho a través de la radio— para resguardar las instalaciones de la empresa radiofónica RPO, que entonces se encontraba bajo su poder. Al paso del convoy policiaco hubo un enfrentamiento con los inconformes. Y al accionar uno y otro grupo las armas con las que contaban, quien cayó muerto fue el mencionado sujeto. A pesar de que son muchos los acontecimientos relacionados con el conflicto magisterial que le generan una responsabilidad al Estado en Oaxaca, el homicidio de Lorenzo San Pablo es el más evidente crimen que se cometió formalmente a manos de agentes estatales y terminó en el cajón de la impunidad.

Ahora bien, en el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, existe una amplia documentación del posible contexto en que se dio su desaparición. Distintas versiones sostienen, por ejemplo, que fueron aprehendidos en el Hotel del Árbol, en la Calzada Madero de la capital oaxaqueña; y otras que en realidad fueron detenidos en un sitio no identificado plenamente de ese mismo rumbo de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

En lo único que sí hay coincidencia entre las versiones, y que ha sido aceptado públicamente por el Ejército Popular Revolucionario, es que tanto Reyes Amaya como Cruz Sánchez habían tenido participación en el conflicto magisterial y popular ocurrido en Oaxaca el año previo; y dentro de las versiones se sostiene que en realidad al momento de su detención, estos dos individuos no se encontraban en el Hotel del Árbol, sino que momentos antes habían sido dejados en un sitio cercano al Hotel del Magisterio, y que se dirigían a ese lugar para sostener una reunión con personas ligadas al magisterio y a la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, que aún se mantenían activos en temas relacionados con el conflicto popular del año previo.

LLAMADO EPERRISTA

Lorenzo San Pablo murió a manos de agentes estatales, que participaban en las llamadas “caravanas de la muerte”. La existencia de esos convoys policiacos está plenamente documentada, y también existen las evidencias de la circunstancia específica en la que falleció ese individuo. Así, no hay forma de que el Estado se desentienda de ese crimen, que fue el único que sin ninguna duda se cometió por agentes del Estado en una acción oficial que no tiene ninguna atenuante, explicación ni justificación.

En el caso de los eperristas, recientemente ese grupo armado afirmaba: “Oaxaca al igual que otros estados está lleno de fosas clandestinas donde se configura el testimonio del cometido de los crímenes de lesa humanidad fundamentalmente por motivos políticos. Denuncia popular que es sofocada y tergiversada desde las instituciones gubernamentales, funcionarios públicos y medios masivos de comunicación progobiernistas al presentar estos crímenes como delitos del fuero común entre seres desalmados, que nada tienen que ver con el aparato represivo, ni mucho menos con motivaciones políticas.

Dentro de esas denuncias que surgen desde diferentes fuentes populares se habla de los lugares donde fueron enterrados clandestinamente luchadores sociales y víctimas del terrorismo de Estado, en los años 2006-2007, como ‘en la parte norte del basurero que se encuentra en la colonia El Manantial, perteneciente al municipio de Zaachila en colindancia con San Bartolo Coyotepec’”.

DEBER INELUDIBLE

La detención-desaparición de los dos eperristas es un hecho ampliamente documentado, que en las circunstancias actuales no puede negarse o menospreciarse. Por esa razón, la Comisión de la Verdad está obligada a ir a fondo en esa investigación y la responsabilidad del gobierno de Ulises Ruiz en ello. Finalmente se trata de saber qué pasó y qué responsabilidades existen en torno a quienes sí fueron blanco de violaciones graves a derechos humanos. En el pináculo de esa investigación tendrían que estar los eperristas y Lorenzo San Pablo. Con eso, la CVO demostraría que tiene fondo y que no es un mero instrumento de golpeteo electoral.