+ Indiferencia y alarma federal: dos visiones de la realidad
A pesar de que entidades como Baja California, Chihuahua, y Sinaloa han sido escenarios de la prolongada ola de violencia y criminalidad que azota a esa región del país, no fue sino hasta cuando hubo una explosión de muerte, enfrentamientos y disputas entre el crimen y la autoridad en la ciudad de Monterrey —corazón económico del país—, que el gobierno federal se dio cuenta que en el norte había problemas. Este es un fenómeno harto parecido al que ocurrió hace casi cuatro años en Oaxaca. Ambos, son rasgos fundamentales de ese raro federalismo —si es que podemos llamarlo así— que subsiste en nuestro país.
Es necesario, en primer término, definir los tres aspectos a los que nos referimos. El primero de ellos, tiene que ver con el crecimiento exponencial de la violencia criminal, y el alto impacto que todo esto tiene en la imagen de México como país; el segundo de esos rubros, tiene que ver directamente con lo que podríamos denominar como la “contracara” de las formas como se puede trastocar la paz pública de un territorio: la violencia por motivos sociales. Y el tercero de esos aspectos, tiene que ver con las discordancias entre el tipo de gobierno y organización político-administrativa que supuestamente tenemos en nuestro país, y lo diametralmente distinto que ocurre en los hechos.
¿Qué sucede con el norte del país? Que todo lo que vemos hoy —con los constantes enfrentamientos entres las fuerzas federales y armadas contra gatilleros de las bandas dedicadas al crimen organizado—, no es ni un alarmante descubrimiento ni mucho menos el desbordamiento de una ola de violencia que antes no existía. De hecho, la gran mayoría de los muertos, el terror y la violencia, la han puesto las entidades norteñas de la República, en las que desde hace años se libra una interminable disputa por el control de los territorios, y en la que la población civil es quien ha pagado todos los daños colaterales.
Si esto es así, ¿entonces por qué antes el gobierno federal minimizó y dejó pasar la violencia en ciudades como Juárez y Monterrey, pero hoy son preocupaciones y prioridades de primer orden? Porque tal parece que a pesar del terror y la violencia sembrada en esos territorios, hasta hace muy poco el gobierno de la República sintió los efectos de una presión mediática —nacional e internacional—que desde hace dos o tres años existía, aunque no a los niveles actuales.
Tuvieron que suceder hechos verdaderamente preocupantes en Ciudad Juárez, como el homicidio de varias docenas de jóvenes en lo que pareció ser un ajuste de cuentas entre bandas criminales, o el homicidio de tres personas ligadas al consulado estadounidense en esa ciudad; o la multiplicación de los enfrentamientos en la capital económica de la República, para que el gobierno volteara a ver qué ocurre.
Ante esto, habría que preguntarse con más detalle por qué ahora sí hay preocupación, y antes no. La atención federal, en realidad, poco o nada tiene que ver con la violencia y los muertos en sí —es decir, las bajas que resiente la población civil de origen nacional—; más bien, esto se explica en el desgaste que está sufriendo la imagen internacional del país, y particularmente del gobierno, cuando entre los muertos se comienza a contabilizar a ciudadanos extranjeros, cuando los ataques incluyen a población sensible como niños y jóvenes y, sobre todo, cuando la violencia se incrusta en el sitio en el que los capitales y la inversión son un punto sensible que, al ponerse nervioso, amenaza con buscar escenarios menos problemáticos para asentarse.
OAXACA Y EL NORTE
¿No fue eso, más o menos lo mismo que ocurrió en Oaxaca en 2006? Hace cuatro años, nuestra entidad sufrió un problema harto parecido al del norte de la República, aunque motivado por circunstancias distintas. A diferencia de la violencia por razones estrictamente relacionadas con el crimen organizado, aquí lo que se desató fue una convulsiva revuelta social que lo mismo aterrorizó a la población, que reprodujo la violencia en las calles, para luego provocar bajas humanas —que hasta hoy permanecen en la impunidad—; que a larga alteró el orden y la imagen pública del estado y del país, y que finalmente fue atendida y remediada por el gobierno federal, sólo cuando se involucraron intereses ajenos a los locales.
Aunque parezca ya un ejercicio ocioso, traigamos nuevamente a la memoria los hechos de 2006 en Oaxaca. Aquí, a causa de un conflicto de orden social y político, se contabilizó más de una veintena de muertos, que sigue sin ser aclarada. Durante meses, la población civil vivió —vivimos— asolada por la incertidumbre de salir a las calles, por no poder tener garantías sobre la cotidianeidad de las actividades, de la tranquilidad y de la economía, y por estar a merced de grupos ajenos a la fuerza del Estado. Esto llevó un nivel de zozobra e inseguridad nunca antes visto, que sólo fue atendido y remediado, cuando en un enfrentamiento a balazos entre activistas y elementos policiacos, en el que cayó muerto un ciudadano norteamericano. No importaron las bajas nacionales; la dimensión internacional que dio ese hecho, fue lo que determinó la atención federal.
Ante circunstancias como esas, no estaría de más preguntarnos ¿qué tipo de federalismo se ejerce en nuestro país? Esta no es una discusión meramente teórica, sino que más bien cobra actualidad por la forma en cómo, fallidamente, se pretende abordar los problemas sólo cuando ya están desbordados, y no con una visión auténticamente federalista, que por lo menos tendría que ser global y sensible a lo que ocurre en todo el territorio nacional.
Los hechos que ocurren en el norte de la República, no alarmaron a la Federación por la puesta en riesgo del orden público y la seguridad, sino por el escándalo y el escarnio internacional. Sólo recuerdan que México es todo el territorio nacional, y no sólo el centro de la República, cuando el norte o el sur ya se convirtieron auténticos polvorines.
¿VERBORREA?
Oficialistas y opositores, ahora tratan de convertir en bandera las supuestas injerencias gubernamentales estatales y federales en el proceso electoral. ¿No están para eso los órganos jurisdiccionales locales y federales de la materia? Las acusaciones “políticas” son simple demagogia, cuando no vienen acompañadas de acciones legales que sustenten lo que se dice. Es justo lo que están haciendo ahora.
almargenoaxaca.wordpress.com
