Tiene razón el Presidente Electo cuando dice que no se dejará chantajear por nada ni por nadie, incluidos los gobernadores de las entidades federativas. En lo que no parece haber claridad, es en el entendimiento del poder que históricamente ha tenido el federalismo en México, y que por ese solo hecho el nuevo Presidente debería afianzar intereses y alianzas con los mandatarios estatales antes que pelear con ellos. Razones y referencias existen de sobra, y por eso mismo es indispensable que él y sus aliados entiendan mejor el federalismo que, le guste o no, nos rige y nos debe seguir determinando.
En efecto, una de las decisiones del nuevo gobierno federal que más ha incomodado a los gobernadores es la del establecimiento de la figura de “súper delegados federales”, que a partir del 1 de diciembre sustituirán a los actuales representantes de las dependencias y programas federales y concentrarán las funciones en una sola persona. En varios casos, la incomodidad tiene que ver con la ruptura a la regla no escrita de que cada Gobernador podía opinar e influir en el nombramiento de los delegados federales en su estado; pero sobre todo, tiene que ver también con el retorno del resabio del centralismo que, sin exagerar, en México ha provocado asonadas, conspiraciones y rebeliones armadas. Andrés Manuel López Obrador debería voltear a ver esas referencias para repensar hacia dónde quiere dirigir los esfuerzos de la cuarta transformación.
Y es que la semana pasada, el senador Félix Salgado Macedonio —guerrerense y legislador por Morena— hizo una referencia sensible para el país: aludió a la facultad que el artículo 76 de la Constitución federal le otorga al Senado para declarar la desaparición de poderes en las entidades federativas, para advertir a los Gobernadores que se deben adaptar a la nueva realidad relacionada con los súper delegados federales y para decirles que quien no esté de acuerdo puede enfrentarse a dicha intervención federal en los poderes estatales.
En esa lógica, parece que sin dimensionarlo los aliados de la cuarta transformación comienzan a jugar con fuego en un tema eminentemente político —no económico o de violencia—, pero no por ello menos relevante. En cada uno de los periodos de autoritarismo presidencial en México ha ocurrido la utilización de dicha facultad de desaparecer los poderes de las entidades federativas, y en todos los casos se usó con fines distintos a los que de manera natural establece la Constitución. Ocurrió durante el régimen de partido hegemónico priista, pero también ocurrió en los periodos previos a la segunda y tercera transformación —la República Restaurada y la Revolución—, cuando cada presidente intentaba exceder su poder interviniendo en la soberanía de las entidades federativas.
En ese sentido, quizá López Obrador olvida o no sabe que una de las discusiones nacionales de fondo que ocurrieron luego de la restauración de la República, tuvo que ver con la reinstauración del Senado como una forma de dar voz a las entidades federativas, pero también con el riesgo del doble filo de que, a través de esa figura, el gobierno federal pudiera intervenir en las decisiones soberanas de las entidades federativas. El presidente Juárez murió sin haber resuelto de fondo dicha polémica, y fue el régimen de Porfirio Díaz quien consolidó la existencia del Senado junto con el establecimiento de la figura de los “jefes políticos” —que es de alguna forma similar a la actual figura de los súper delegados federales en los estados de la república.
FEDERACIÓN, CONTRA EL FEDERALISMO
La facultad establecida en la fracción V del artículo 76 constitucional sobre la desaparición de poderes en las entidades federativas, es una de las vías de protección de la federación a los estados y no una amenaza, como hoy la presentan algunos integrantes de Morena. ¿Por qué? Porque igual que como otros artículos disponen diversos mecanismos para que la federación preste auxilio a las entidades federativas en caso de trastornos sociales o amenazas, también establece las bases mínimas, extraordinarias, para la reorganización de los poderes estatales en caso de que hubieren desaparecido todos los poderes.
Así, dicho precepto dispone: “Son facultades exclusivas del Senado: Fracción V.- Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa, que es llegado el caso de nombrarle un titular del poder ejecutivo provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales de la entidad federativa.” ¿Qué significa eso? Que dicha norma es únicamente instrumental y que, de darse el caso, de todos modos sería con base en las leyes estatales —y sólo con el nombramiento de un gobernador provisional, de transición hacia el restablecimiento del orden político— como tendrían que reorganizarse los poderes de una entidad federativa dicha situación, evitando así un posible vacío total de poder, que sería previsible justamente en una situación de violencia o incertidumbre.
El problema es que, en contraposición a ello, hoy pareciera que los poderes federales se encuentran intentando socavar el federalismo en aras de la cuarta transformación, o del proyecto de gobierno que plantean. Es cierto que se debe transitar del feuderalismo al federalismo —es decir, dejar esa idea de que los gobernadores son virreyes o pequeños señores feudales cobijados por el federalismo—; pero ello no significa que se desmantele el poder de esos virreyes en aras del establecimiento de un imperio federalizado.
La pugna centralismo-federalismo provocó la secesión de Texas en 1836 —como doloroso preámbulo de la intervención estadounidense en México de 1847 para legitimar la anexión de Texas, Nuevo México y la Alta California, con la vastísima extensión territorial que éstas implicaban—; y, antes, la discusión sobre el establecimiento de un modelo de República unitaria o uno de República federal, en los prolegómenos de la Constitución de 1824, casi provoca el desmantelamiento anticipado del país cuando varias de las antiguas provincias virreinales —Oaxaca, entre ellas— proclamaron su independencia antes que acudir a un Congreso constituyente que planteara el establecimiento de un modelo centralista de gobierno.
Es cierto que hoy muchas de las ideas políticas están matizadas por los intereses. Pero una de las cosas que la propia historia mexicana deja en claro es que hay algunos puntos sensibles que deben ser tratados con cuidado. Convertir en una amenaza las potencialidades del federalismo constituye una afrenta al modelo de gobierno y a la Constitución en México, y ni una mayoría legislativa amplia, ni una simple coyuntura política —como lo es en realidad esta tercera alternancia de partidos en el poder federal en México— debe revivir los fantasmas de las tragedias que esas disputas han provocado en el país a lo largo de otros tiempos.
¿Y LOS GOBERNADORES?
A partir del 1 de diciembre veremos qué gobernadores comprenden su papel y relevancia política en el sostenimiento de la Constitución y del pacto federal. El servilismo y la sumisión al nuevo régimen federal significará ahondar los daños que esto le puede provocar al país. No sólo se trata de ver qué actitud tendrá el nuevo Presidente, sino también de ver de si entre los mandatarios estatales hay sólo intereses o si hay verdaderas personas con visión de Estado. Al tiempo.
