Home Blog Page 244

¿Por qué en Oaxaca nadie se preocupa por reglamentar los gobiernos de coalición?

Es muy probable que el resultado de los comicios del próximo 1 de julio en Oaxaca plantee un escenario propio de una prueba de fuego para la organización democrática y la relación entre poderes. Parte de esa posibilidad, radica en que podría haber un Congreso local de mayoría opositora, y por ende un Ejecutivo gobernando con minoría legislativa. Es cierto que aún ese escenario, puede sobrellevarse a través de la construcción de consensos políticos —visibles y ocultos—; sin embargo, sería más saludable pensar en la reglamentación e implementación de los gobiernos de coalición, para normar y transparentar los acuerdos y las corresponsabilidades derivadas de la construcción de las mayorías que son necesarias para gobernar.

En efecto, en lugar de generarse desgaste inútil en temas de poca trascendencia en el Congreso local, es evidente que el Ejecutivo del Estado debería estar ya trabajando de forma muy detallada y pormenorizada todo lo que se relaciona con los gobiernos de coalición en la Constitución del Estado, porque esa sería la forma de canalizar adecuadamente los acuerdos y los consensos en un gobierno que necesitaría contar con una mayoría legislativa para no entrar en la parálisis; pero partiendo del hecho de que dichos acuerdos y corresponsabilidades sean públicos y verificables.

Hasta ahora hay sólo rastros generales de esa figura en las leyes locales, pero no existe el desarrollo pormenorizado que ya debería haber, para evitar que después de los comicios de 2018, el gobierno se tambalee ante la inestabilidad derivada de los resultados electorales. Este es un resultado ampliamente previsible. Y por eso, en lugar de perder tiempo en frivolidades, intereses personales y errores, los asesores del Ejecutivo, y la bancada priista, deberían invertir su capital político —poco o mucho que le quede a los diputados priistas, máxime que hoy encabezan la Junta de Coordinación Política— en el perfeccionamiento de ciertas figuras que después le serían de gran utilidad.

En efecto, hay amplias posibilidades de que la elección concurrente de 2018 sea de un resultado complicado para el priismo en la entidad. Las razones no se basan sólo en el trabajo político que pueda desarrollar el priismo local en los comicios donde se elegirán diputados locales, diputados federales, senadores y Presidente de la República, sino en los factores nacionales que ponen a Oaxaca como un semillero de votos de un partido distinto al que gobierno.

En esa lógica, es ampliamente sabido que el Movimiento de Regeneración Nacional se beneficia reiteradamente de los votos que le suma Andrés Manuel López Obrador, y que del 2006 a la fecha ha sido una constante que en las elecciones en las que el tabasqueño es candidato, en Oaxaca todos los resultados le terminan siendo favorables.

Esa fue la inercia que en 2006 llevó a Gabino Cué a la Senaduría; que en 2012 llevó también a Benjamín Robles Montoya —cuando todavía AMLO militaba en el PRD— al triunfo, en ambos casos acompañado de nutridas bancadas en la cámara baja federal. Y por eso mismo, no hay una sola razón para no suponer que ocurra lo mismo en 2018, con la agravante —para el PRI— de que ahora habrá elecciones concurrentes.

ELECCIÓN CONCURRENTE

En estos comicios de 2018 se renovarán las cámaras federales y la Presidencia de la República, pero también se elegirán diputados locales. Y, en esa lógica, lo que resulta más relevante es que ese resultado electoral local, quedará en buena medida anclado a lo que ocurra en la contienda presidencial, y a cómo se desenvuelvan las campañas para las diputaciones federales y las senadurías.

Ello agrega ingredientes importantes de incertidumbre para el régimen estatal, que ya probó sus capacidades de triunfo, pero que no se ha enfrentado a la variable de tener ante sí una elección concurrente (con el ingrediente adicional de ir empatada con una elección presidencial) en la que son otros los factores, las inercias y las efervescencias entre los electores, que generalmente se animan más a salir a votar, y eso hace los resultados mucho más inciertos en lo que corresponde a los factores locales.

En esa lógica, ¿el gobierno estatal ya tiene al menos lecturas y proyecciones preliminares del 2018? Porque para efectos del Gobernador, es claro que sí puede haber un gobierno con minoría legislativa; pero es también claro que esto se convierte en una pesadilla ante la imposibilidad de construir acuerdos con una mayoría parlamentaria que le es adversa (y también abre la tentación de construir consensos de espaldas a la ciudadanía). Por esa razón, si 2018 es un año en el que López Obrador y Morena pudieran avanzar en Oaxaca, lo lógico sería también suponer que en esa inercia se llevarían muchos triunfos en las diputaciones locales, dado el respaldo popular que tiene el tabasqueño en nuestra entidad, y la ausencia en general del voto diferenciado.

En ese escenario, ¿el gobernador Alejandro Murat está preparado para gobernar con minoría legislativa a partir del tercer año de su gobierno? ¿Qué alternativas de gobierno está construyendo, en la política y en la ley, para encarar un escenario en el que no necesariamente cuente con la cómoda mayoría de su partido en el Congreso local?

Los escenarios de 2018 sólo auguran adversidades para el PRI en la entidad. Queda claro que las votaciones presidenciales Oaxaca sigue siendo obradorista, y que el PRI no tendrá ningún candidato fuerte —ni el presidencial, porque quien resulte electo por el PRI de todos modos no tendrá ninguna conexión con Oaxaca; ni tampoco en las diputaciones federales y senadurías, como para asegurarle un equilibrio a AMLO y a quienes ponga de candidatos—.

Por esa razón, sería más importante que nunca construir el andamiaje para los gobiernos de coalición, porque además esa sería una salida no sólo viable y posible, sino también democrática y de avanzada. Hasta ahora todos le apuestan a no ensayar nuevas figuras y a ceñirse a los viejos modelos en los que una vez establecida la nueva composición electoral, unos y otros se sientan a negociar sin establecer programas exactos ni esquemas de corresponsabilidades a cambio de los temas en conjunto que se deciden a impulsar.

COALICIONES TRANSPARENTES

Al final, de lo que se trataría es de generar un esquema de avanzada y capaz de responder no sólo a las necesidades de la gobernabilidad, sino también ser verificable para la ciudadanía. Los electores merecen saber cómo y qué se negocia; a cambio de qué un partido decide apoyar a su adversario, y ambos a qué se comprometen a cambio de ello. No es cosa del otro mundo, sino de comenzar a dar los primeros pasos, incipientes, hacia el semi parlamentarismo que quizá algún día haga más eficientes y legítimas las acciones de gobierno en Oaxaca, y en el país.

Oralidad mercantil reduce en 70% el tiempo de trámites y resolución

0

El TSJO se adapta y responde a las necesidades de la sociedad

Al cumplirse un mes que el Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJO) iniciara con la aplicación del sistema de juicio oral en el ámbito del derecho mercantil, se ha reducido el tiempo en dos meses o de manera inmediata para obtener sentencia y con ello se favorece a los justiciables.

En entrevista, el juez de oralidad mercantil, Miguel Ángel Hernández Bautista, comentó que la implementación de la oralidad en temas de índoles mercantil, permite una resolución inmediata y mayor eficacia en el trabajo.

“El sistema oral viene a revolucionar el trámite de los asuntos porque se adapta a las necesidades de la sociedad. El procedimiento tradicional que manejamos corresponde a etapas distintas de años atrasados”, comentó el juez Hernández Bautista, especialista en oralidad mercantil.

El tiempo de los trámites de los casos se redujo en un 70 por ciento, ya que anteriormente pasaban seis meses para realizar una parte del proceso, ahora las respuestas se reducen a dos meses o de manera inmediata.

En el Sistema Tradicional, puntualizó el Juez, los casos eran resueltos en dos años, ahora se requieren de dos a cuatro meses, lo cual reduce gastos y desgaste de los involucrados, además que las notificaciones se realizan de manera electrónica, lo cual facilita que la información sea clara y precisa.

“En el Sistema Oral el juez escucha a las partes; está presente en el desahogo de pruebas, donde observa el comportamiento de los involucrados, lo cual le permite tener una idea más exacta para dictar la sentencia, la cual es apegada a derecho y justa, ya que la resolución está fundada en los hechos vistos”, comentó Hernández Bautista.

Entre los casos que más se trabajan en el Sistema Oral de índole mercantil, son el reclamo de un pago, incumplimiento o nulidad de contrato y acciones relacionadas con empresas aseguradoras, esto a partir del 25 de enero, cuando se adaptó el nuevo sistema.

Para que el beneficio de los juicios orales en materia mercantil lleguen a todo el estado, se prevé se instalen en breve juzgados de oralidad mercantil en Tuxtepec, Salina Cruz, Huajuapan y Puerto Escondido, esto por instrucciones del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Bolaños Cacho y en cumplimiento con las reformas realizadas al Código del Comercio, precisó el entrevistado.

El problema de la baja recaudación y la evasión del impuesto a la tenencia, no es sólo de Oaxaca

0

En Oaxaca se han ensayado diversas soluciones respecto a la decreciente recaudación del impuesto a la tenencia y uso de vehículos, como gravamen estatal. Una de las razones por las que dicho impuesto ha sido un fracaso en su régimen local, es por la heterogeneidad que existe respecto a su cobro en las demás entidades federativas. Por eso, a pesar de que en Oaxaca ha crecido de manera importante el número de vehículos de motor que circula en las calles, esto no se ha reflejado en una mayor recaudación. Pudiéramos pensar que éste es un problema local. Aunque en realidad, resulta toda una interrogante nacional saber qué futuro puede tener un gravamen como éste, en el que existen fugas por todos lados y en el que siempre hay un ganador que, paradójicamente, se rige por las reglas de la oferta y la demanda.

En efecto, en 2012 el Impuesto sobre la Tenencia y Uso de Vehículos dejó de ser un gravamen federal, y al quedar abrogada la norma federal que lo establecía, los estados de la República quedaron en potestad de decidir si continuaban cobrando ese impuesto, o dejaban de hacerlo. Varias entidades de la República, como el entonces denominado Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Guanajuato, Tlaxcala y varias otras, anunciaron el fin del cobro de la tenencia. Sin embargo, en Oaxaca el cobro de derechos vehiculares estaba anclado a la deuda pública. Por eso, mientras en algunas entidades el impuesto desapareció, en otras persistió y se convirtió en un dolor de cabeza por la fuga de emplacamientos hacia entidades donde ya no había el cobro de tenencia.

¿Qué intentó hacer, a partir de 2012, la Secretaría de Finanzas en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública? Su intención era realizar operativos para detener los vehículos que circulaban en la entidad con placas de otros estados del país. Se decía que el intento iba encaminado a confrontar el domicilio del emplacamiento, con el domicilio proporcionado por el dueño del vehículo en sus demás documentos vehiculares. Si se corroboraba que en el emplacamiento había un domicilio foráneo, y que en los documentos había otro de la misma persona pero en la entidad oaxaqueña, entonces podrían configurar un supuesto jurídico de evasión fiscal, y que a través de ello podrían inmovilizar el vehículo y llevarlo a un encierro, y obligar al propietario a pagar aquí su tenencia para recuperar la unidad de motor.

EL FUTURO DE LA TENENCIA

De acuerdo con el analista económico Fausto Hernández (http://bit.ly/2ELrMOb), un error, de muchos que tuvo la administración de Calderón en materia económica, fue la de abrogar La ley del Impuesto sobre la Tenencia o uso de vehículos por decreto publicado en fecha 21 de diciembre de 2007, pero que entró en vigor el 1º de enero de 2012. Es decir, se trasladó la potestad de este impuesto a las entidades federativas a partir de esa fecha.

En principio, la “tenencia” es un impuesto progresivo donde paga más quien más tiene (en términos absolutos). Segundo, es muy fácil de recaudar y de difícil evasión o elusión si la tasa se fija a nivel federal que evita la degradación de tasas (y se participa el 100 por ciento a las entidades federativas), como era el caso hasta antes del 2012. Por último, es “verde”. Todas ellas características muy deseables.

En un ambiente de baja recaudación en los estados (en parte porque poseen un reducido número de potestades tributarias y en parte porque el propio gobierno federal así lo quiere), éste debiera representar un elixir para ellos. Sin embargo, la decisión de removerla seguramente obedeció a un sistema de relaciones financieras intergubernamentales plagado de incentivos a no recaudar, como lo es el caso de la tenencia, pues en su evaluación costo-beneficio, las entidades federativas calcularon que el incremento en aportaciones, participaciones y convenios era más que suficiente para sufragar sus erogaciones, y al mismo tiempo captar así votos con medidas populistas como la eliminación de dicho gravamen.

Dicho esto, una de las entidades que más perdió fue la CDMX. Con todo, presenta tratamientos especiales para autos con valor menor a 250,000 pesos (incluyendo el IVA), a los que les exenta el pago. El problema es que como toda regulación ésta puede eludirse (aspecto que todo político debe entender antes de regular), pues está sujeta a lo que el profesor Ed Kane bautizó como la “dialéctica regulatoria”, que consiste en que toda regulación deja espacios para la elusión o difícil detección de la evasión, la que es aprovechada por los agentes. Cuando el regulador se da cuenta de las consecuencias no deseadas de su regulación, decide re-regular, pero nuevamente deja otros espacios de elusión o evasión. El asunto constantemente se repite (ver gráfica de abajo).

Pues bien, en el caso de la tenencia en la CDMX (y hasta los de NL), los agentes fueron a emplacar al estado de Morelos y Edo México, y así evitar el impuesto a la propiedad de automóviles. Esto indudablemente ha impactado la recaudación en la CDMX. Por ejemplo, para 2017 la secretaría de finanzas de la CDMX esperaba recaudar por este concepto (derechos e impuestos) un total de 5,246.8 millones de pesos. Se recaudó solo $4,982 mdp, a lo que la Secretaría argumenta que “El resultado adverso de esta contribución pudo ser consecuencia de: i) una contracción en las operaciones observadas respecto a igual periodo de 2016, ii) una posible migración de vehículos a estados vecinos con otros beneficios fiscales en el pago del impuesto, entre otros”.

Según el analista, una propuesta viable sería que los estados, como CDMX, exenten a los vehículos en regla de cualquier año y precio del impuesto sobre la tenencia y evitar así el emplacamiento en estados vecinos. Paralelamente cobrar derechos de emplacamiento de manera diferenciada. Permítaseme realizar una simulación con supuestos incluso conservadores. Mi supuesto es que se recupera el 20% del registro de autos de los estados vecinos para el primer año y posteriormente alcanzar un 70%.

Así, para los vehículos de hasta 250,00 pesos el cobro de derechos sería de $550; para los que están entre 250,001 y hasta 500,000 pesos, el cobro sería de $1,100; mientras que los que su valor se encuentre por arriba de 500,001 pesos sería de $1,590. Asumo que aquellos vehículos comprados por los residentes de la CDMX valuarán que ir a emplacar a los estados vecinos representa un costo de transacción, por lo que estarían dispuestos a pagar un mayor cobro de derechos, pero que proporcionalmente al valor del auto es muy bajo.

PROPUESTA ALTERNA

Según Fausto Hernández, lo importante es que en el futuro desaparecería el incentivo de irse a emplacar a estados vecinos y con ello, aumentaría año con año la recaudación por este concepto pudiendo llegar a valor presente en unos cuantos años a 1,200 millones de pesos adicionales anualmente. Debo enfatizar que esta propuesta se argumenta de manera positiva, más que normativa. Desde esta última perspectiva, mi inclinación sería que la tenencia se fijara a nivel federal y se participara al 100 por ciento a las entidades y así evitar el comportamiento perverso y populista de los estados para beneficiar a los “ricos”. Desaparecería el “race to the bottom”.

Constitución moral: construcción de un sofisma sobre lo que es “bueno y malo” para los mexicanos

0

La moral no es la misma entre quienes viven en el campo, y quienes habitan en la ciudad. La moral tampoco es la misma entre quienes nacieron en una época y quienes nacieron en otra. La moral cambia conforme transcurren los procesos de formación intelectual; la moral se modifica conforme las personas van siendo mayores, y comienzan a vivir situaciones distintas. La moral varía —al menos en Oaxaca, pero así parece ser en todos lados— de acuerdo a la región, a la zona geográfica, al clima, a las condiciones sociales, a la pobreza o riqueza, a la marginación o a la satisfacción de las necesidades básicas. La moral no es la misma cuando una persona vive en la ignorancia, que cuando logra remontar sus condiciones sociales, culturales, intelectuales e incluso política. La moral no es la misma en las personas cuando éstas profesan religiones y creencias distintas. La moral varía cuando los procesos de migración inciden en las condiciones o en la composición de una sociedad. La moral es un conjunto de valores que en cada casa, en cada familia, y en cada sociedad se inculcan de forma distinta. La moral puede ser distinta cuando hay una familia tradicionalmente integrada, que cuando hay familias en las que los hijos crecen con solo de los padres; la moral se particulariza cuando un niño es criado sólo por sus abuelos; no es la misma moral la de una persona que vivió y creció en un ambiente de violencia, maltrato, marginación o abusos. La moral es tan cambiante como los procesos de tasación sobre lo que es bueno y lo que es malo para cada persona. La moral está también determinada por las condiciones económicas, y también por los deseos y ambiciones que tiene cada persona para obtener ciertas metas (por eso, para ganar dinero o para ascender laboralmente, entre muchas otras posibilidades, hay quienes deciden hacer cosas que otros no estarían dispuestos a hacer). La moral cambia cuando una persona decide vivir una vida apegada a ciertos principios religiosos, que esa misma persona viviendo bajo otros parámetros; incluso, no es igual la moral de quienes cursan la educación secundaria, que la de quienes tuvieron la oportunidad de acceder a instrucción media superior y superior; la moral es para algunos un valor, y para otros un estorbo; para los ‘progres’ de la Ciudad de México, los habitantes de la región del bajío mexicano son unos ‘mochos’ porque según ellos siguen defendiendo valores morales que para ellos son inaceptables; en sentido contrario, para la mayoría de los habitantes de algunas regiones del país, quienes viven en la Ciudad de México —y quienes apoyan las posturas progresistas a favor de los derechos humanos— son unos inmorales defensores de la violación a las buenas costumbres y a lo que ellos, también por razones morales, consideran lo ‘normal’, lo ‘natural’ y lo aceptable. La moral ha cambiado notablemente en los últimos tiempos: por eso las mujeres ya no van al templo cubiertas con un velo en la cabeza; por eso muchos varones entran a la iglesia sin poner en riesgo sus valores y creencias políticas, y por eso mismo se ha robustecido el principio de que cada quien profese la religión o creencia que desee sin ser perturbado ni cuestionado por nadie. La moral ha cambiado: por eso ahora los niños le hablan de ‘tú’ y no de ‘usted’ a sus padres; por eso los padres tienen la capacidad de tomar en cuenta a sus hijos, y los hijos decir lo que piensan a sus padres, sin que ello se considere como una flaqueza emocional ni una falta de respeto. Los cambios en las concepciones morales permitieron que la ley —y no la iglesia o la Santa Inquisición— juzgara a los delincuentes, y que se terminaran aquellas ideas que asociaban a las creencias religiosas con la comisión de delitos, por lo que la herejía dejó de ser una falta penada por quienes aplicaban la ley. La moral influyó para que se edificara y robusteciera el Estado de Derecho. Por eso estamos hoy regidos por la ley, que no establece lo que es bueno o malo, sino únicamente los aspectos inherentes a los seres humanos que todos debemos de respetarnos entre sí, así como las sanciones a las que se hace acreedor quien transgrede dichos principios. La moral, además, cambia de acuerdo a cómo están establecidos los usos, las costumbres y las tradiciones en cada familia, sociedad, comunidad, región, estado y país. Por eso, lo que para los mexicanos puede ser inmoral —la bigamia legal, la pena de muerte, el consumo de mariguana con fines recreativos, el aborto legal, la adopción en parejas de homosexuales, seguido de un larguísimo etcétera— en otros países son prácticas comunes, legales, morales, aceptadas y a veces hasta promovidas y saludadas. Las variaciones en la moral de cada persona y de cada pareja, son las que permiten que haya matrimonios recelosos de sus costumbres, pero que al mismo tiempo haya parejas que comparten a sus integrantes con otras parejas, sin que para nadie de ellos esto resulte una ofensa o una falta a los valores que los rigen como tales. Las distintas concepciones de la moral hacen que ciertos sectores de la sociedad vean con agrado los postulados y principios de un partido político y rechacen los de otros, pero que a su vez haya quienes rechacen aquellos y saluden a éstos. La moral es la que, en alguna medida, permitió la existencia de la derecha y la izquierda. La moral influyó en la existencia de jacobinos y girondinos. La moral en algún tiempo influyó en el rechazo y aceptación social de las personas. Por razón de la moral hubo tiempos en los que a los hijos nacidos fuera del matrimonio se les llamaba naturales, ilegítimos o bastardos, mientras que a los nacidos en el matrimonio se les decía legítimos, sin considerar que el amor —y al final, la moral— era el único responsable del nacimiento de unos y de otros. La moral también ha sido la que ha juzgado a las madres y padres solteros, desvalorando el enorme esfuerzo que éstos hicieron para enfrentar a la sociedad, y su moral, para sacar adelante a sus hijos. Esa misma moral es la que primero arrinconó a todos aquellos a los que no consideraba como iguales ni como normales, pero ha sido la misma que ahora los ha sacado a flote a partir de sus propias diferencias, que son tan inherentes a las diferencias que tenemos todos los seres humanos. La moral es también —y debemos reconocerlo— un valor que evita los desbordamientos y la locura de quienes, sin ella, harían cosas peores de las que ocurren, y han ocurrido, a lo largo de la historia. La moral es subjetiva y es tan diversa y plural, como lo es en la actualidad nuestra sociedad. Para muchos es un conjunto de valores cargado de virtudes. Para otros ha sido un lastre y para muchos más ha sido un símbolo de oportunismo. Al final, la moral también ha sido un estorbo frente al pragmatismo y el ejercicio descarado del poder. Acaso por ello Gonzalo N. Santos, el pintoresco y muy político mexicano conocido como el ‘Alazán Tostado’, dijo que la moral era sólo un árbol que da moras.

Diálogo cordial entre Bolaños Cacho y personal sindicalizado

0

Les pide brindar su mejor esfuerzo para seguir engrandeciendo al Poder Judicial

El presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, Magistrado Raúl Bolaños Cacho, recibió en audiencia, a los delegados sindicales de Salas y Juzgados Foráneos del STPEIDCEO, a quienes pidió seguir brindando su mejor esfuerzo para seguir engrandeciendo al Poder Judicial.

En un diálogo abierto y cordial, realizado este jueves en Ciudad Judicial, Bolaños Cacho escuchó las inquietudes de la base trabajadora, y les reiteró que las puertas de la Presidencia están siempre abiertas para atenderlos.

Debemos estar tranquilos, contamos con un Pleno de Magistrados que es ante todo, institucional, que al igual que ustedes, tienen respeto y cariño por este Poder Judicial, y que están convencidos que debemos recuperar ese prestigio que ponga a Oaxaca, como punto de referencia en materia de Administración de Justicia, sostuvo.

Ante los diversos rumores que han surgido recientemente y que involucran al Poder Judicial, Bolaños Cacho señaló: “Lamentablemente hay gente que primero le apuesta a la persona y después a las instituciones”, por lo que pidió a los sindicalistas tener mesura, prudencia y tolerancia.

El Magistrado Presidente les reiteró que el 13 de marzo de 2017 fue designado por el Honorable Pleno de Magistrados, para ocupar la presidencia del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura hasta el 2020, y que desde esa fecha, todos sus esfuerzos están encaminados para que el Poder Judicial vuelva recobrar la grandeza que merece.

Por su parte, la delegada sindical Alex Cruz Araujo, agradeció a Bolaños Cacho haber sostenido este diálogo, así como las acciones que ha emprendido para mejorar las condiciones en que labora el personal, y el suministro del material de trabajo a los juzgados, lo que les permite brindar una mejor atención a la ciudadanía.

Con sus posturas frente a la Reforma Educativa, la CNTE exige que AMLO sea un Presidente Dictador

Un gobierno despótico es aquel en el que el poder lo ejerce una sola persona —o grupo— de forma absoluta, sin limitaciones de tipo legal y sin estar sometido a la ley. A su vez, un dictador es un “soberano” —entendiendo que la soberanía reside en él, y no en el pueblo— que recibe o se arroga el derecho de gobernar con poderes absolutos y sin subordinarse a ninguna ley. A eso aspira la CNTE cuando abiertamente le exige a Andrés Manuel López Obrador que, de llegar a la Presidencia, elimine por decreto la reforma educativa y la evaluación docente, y no mediante el proceso de reformas legislativas que él mismo ha planteado para conseguirlo sin violar la Constitución.

En efecto, Andrés Manuel López Obrador prometió —y ratificó mediante la firma de un documento— su promesa de dar “marcha atrás” a la Reforma Educativa a través de un proyecto de reforma a la Ley del Servicio Profesional docente, que “elimine la evaluación punitiva”. Con esto, el tabasqueño logró que un sector del magisterio manifestara su “total adhesión” al abanderado de Morena, según quedó establecido en el Acuerdo para la transformación de la educación en México, celebrado el pasado 10 de febrero.

De hecho, el documento de seis páginas es el primer acuerdo formal entre el precandidato y el ex secretario general del SNTE, Rafael Ochoa Guzmán, actual coordinador nacional de activismo en un grupo denominado Redes sociales progresistas magisteriales, rumbo a la campaña presidencial, y el conocido principal lugarteniente de la ex presidenta nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales.

El equipo de campaña de Andrés Manuel López Obrador confirmó que dicho documento se incorporará al Proyecto alternativo de nación que será registrado ante el INE, el cual  establece que “dar marcha atrás a la Reforma Educativa enviando al Congreso de la Unión, un nuevo proyecto de Ley del Servicio Profesional Docente, que tal como la Constitución establece, respete y garantice los derechos laborales y gremiales, las plazas de base del magisterio, dé certidumbre en el empleo y reconozca la carrera sindical como atributo de la gestión y desarrollo del sistema educativo”.

Esto significaría eliminar los aspectos centrales de la Reforma Educativa de 2012, que estableció que los maestros están obligados a presentar evaluaciones periódicas y, de no aprobarlas, que puedan ser sustituidos de su plaza magisterial. También, en caso de tres faltas continuas a su centro de trabajo, pueden ser despedidos. Por ello, de acuerdo con el documento, la propuesta de reformar la actual Ley del Servicio Profesional Docente incluiría “eliminar la evaluación punitiva” y la “recontratación inmediata de los maestros y maestras cesados por no aceptar una evaluación punitiva”.

Con este documento, López Obrador preveía conseguir también el apoyo del otro sector magisterial, el de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que ha sido un opositor abierto a la reforma educativa, y el principal impulsor de la eliminación de la misma, tal y como lo había propuesto López Obrador desde el inicio. ¿En dónde estuvo el diferendo? Evidentemente, estuvo no en el objetivo, sino en la ruta para conseguir la eliminación de la reforma.

Lo riesgoso —y paradójico— es que la ruta que ahora la Coordinadora le exige a López Obrador para dar marcha atrás a la reforma educativa, rompe con todos los esquemas aparentemente democráticos y de legalidad que pudiera defender un gremio que se jacta de tales características, al exigirle al tabasqueño que elimine la reforma por decreto y no dentro de los parámetros constitucionales.

CNTE, POR EL DESPOTISMO

En respuesta al planteamiento de López Obrador, de establecer una ruta para la eliminación de las disposiciones constitucionales relativas a la reforma educativa y la evaluación docente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación criticó que el Candidato Presidencial de Morena plantee dar marcha atrás a la reforma educativa por medio de un proyecto de ley o iniciativa, en lugar de proponer su eliminación por decreto.

“Su acuerdo no convence a la CNTE puesto que en vez de establecer un decreto que abrogue la reforma educativa, plantea una iniciativa de ley, Obrador le deja la tarea al legislativo”, indicó la Coordinadora, en un comunicado. En su mensaje, la CNTE se refirió al acuerdo que estableció el precandidato presidencial de Morena, con el exsecretario general del SNTE, Rafael Ochoa Guzmán, actual coordinador nacional de un movimiento denominado Redes sociales progresistas magisteriales.

En él, López Obrador promete “dar marcha atrás a la Reforma Educativa enviando al Congreso de la Unión, un nuevo proyecto de Ley del Servicio Profesional Docente, que tal como la Constitución establece, respete y garantice los derechos laborales y gremiales, las plazas de base del magisterio, dé certidumbre en el empleo y reconozca la carrera sindical como atributo de la gestión y desarrollo del sistema educativo”. La Coordinadora, en su comunicado, señaló que a Obrador le llegarán los votos que van contra la reforma educativa, aunque criticó que no establezca de entrada una abrogación.

¿Establecer una abrogación por decreto sería posible? Bajo un esquema constitucional más o menos maduro —e incluso en uno joven y a veces un poco inconsistente, como el nuestro en México— eso sería imposible. Sí, porque ningún presidente que ejerce su poder bajo un mandato constitucional tiene la posibilidad de derogar norma alguna contenida en la ley, y mucho menos dejar sin efecto, por su sola voluntad, las disposiciones constitucionales. Hacerlo así, significaría violar flagrantemente la Constitución; significaría también desconocer las potestades y atribuciones constitucionales del Poder Legislativo; y lo pondría en una situación de abierto enfrentamiento con el Poder Judicial de la Federación, que es el garante último de la Constitución.

Gobernar por decreto nunca ha sido buena idea; tener Presidentes despóticos ha sido una experiencia amarga para el país. Lamentablemente, con este tipo de llamados, la CNTE intenta reducir a Andrés Manuel López Obrador —un político con defectos, pero también con cualidades notables, igual que todos los demás abanderados presidenciales— a una figura como la de Antonio López de Santa Anna, que ha sido el único presidente en México que gobernó el país sin facultades ni limitaciones constitucionales de 1853 a 1855, pero que por eso mismo provocó nada menos que la Revolución de Ayutla.

CAMINO INTRINCADO

Es una lástima que en la intención de ver revocada la reforma educativa y la evaluación docente —que, con virtudes y defectos, es la única que hemos tenido en México—, la CNTE apueste por una decisión tan peligrosa para la Constitución, para la democracia y para el país. Es cierto que la ruta para derogar la reforma educativa es intrincado. Pero lo más saludable para el país sería que eso pasara en el marco de la Constitución, y no en la apertura de una nueva dictadura que ni el mismo López Obrador ha demostrado querer ejercer.

Sólo con un gobierno de coalición —del que nadie habla— los candidatos presidenciales podrían cumplir sus promesas

Al asumir sus respectivas candidaturas, los tres principales aspirantes presidenciales establecieron los ejes de su campaña y de sus propuestas. Por un lado, establecieron como una prioridad el combate a la corrupción, pero también hicieron otros planteamientos que, para ser alcanzables, indispensablemente tendrían que pasar por reformas legales y constitucionales, y por manifestaciones de consenso entre partidos políticos. Llama la atención que todos hablen de promesas de cambio, pero que nadie diga cómo podría alcanzarlas.

En efecto, en sus respectivas asunciones los candidatos presidenciales establecieron un marco de propuestas que tendrán que ser no sólo el eje de sus respectivas campañas, sino también planteamientos de salida para sus respectivos gobiernos. El más importante de ellos es el reconocimiento de que la corrupción y la impunidad son dos de los temas que más le duelen a la sociedad mexicana, y que por esa razón ninguno de los esfuerzos institucionales y políticos hasta ahora realizados ha sido suficiente para atemperar la indignación de la ciudadanía frente al ejercicio del poder.

En esa lógica, es evidente que si bien uno de los ejercicios que podría intentar cualquiera que resulte Presidente de la República es la reactivación de un gran acuerdo de las características del Pacto por México, lo cierto es que está comprobado que esos son mecanismos transitorios y potestativos que difícilmente pueden llevar al Estado a un puerto reconocible, a partir de que no existe un reconocimiento concreto de los compromisos que recíprocos que son necesarios de cumplir, para poder transitar hacia una gobernabilidad democrática y consensada entre todas las fuerzas.

De hecho, desde el gobierno del Presidente Vicente Fox, el gobierno federal ha intentado establecer pactos generales o temáticos con las fuerzas opositoras, pero en todos los casos ha quedado en evidencia la insuficiencia de los mismos. La razón es palpable: en todos los casos, dichos Pactos no tienen la fuerza de un acuerdo institucional reconocido por la ley, y tampoco cuentan con los equilibrios necesarios como para perdurar en el tiempo a partir de un reconocimiento mutuo de responsabilidades.

Incluso, el Pacto por México fue sólo transitorio porque los partidos de oposición no establecieron más compromisos en su agenda, que los relativos a las reformas. Por un lado, el PRI y el gobierno federal no dieron pautas concretas sobre la aplicación y la implementación de dichas reformas, o de los cambios administrativos que impulsarían a la par de las reformas, apuntando hacia un gobierno más transparente, honesto o incluyente; y las fuerzas opositoras no se sintieron obligadas a mantenerse en el Pacto —que era sólo legislativo— porque no había ningún incentivo institucional o democrático —establecido no entre ellos, sino de cara a la ciudadanía— que los conminara a mantenerse en el mismo hasta la consecución de algunas metas.

GOBIERNOS DE COALICIÓN

En realidad, al país no le quedan muchas alternativas en la construcción de consensos y mayorías. A todos nos queda claro que la pluralidad de fuerzas en el Congreso federal ha traído muchos beneficios democráticos para los mexicanos, pero su gran deficiencia ha radicado en la incapacidad de las fuerzas políticas para construir mayorías y consensos. Acaso, el único ejercicio exitoso fue el Pacto por México, con el problema de su vida efímera y el repudio que después le han proferido los propios partidos independientemente de la calidad de sus resultados.

Como los pactos no son suficientes, y ningún partido ganará con una mayoría suficiente en 2018 como para impulsar por sí solo los cambios constitucionales e institucionales que son necesarios para poder cumplir con cualquier programa de gobierno, la herramienta que todos tendrían al alcance debería ser la figura de los gobiernos de coalición. Ésta es ya una figura contemplada en la Constitución federal, aunque carece de reglamentación y de parámetros como para que pudiera optarse por dicha figura.

Frente a esa figura constitucional, se encuentra la realidad. Esa realidad indica que no hay forma de que quien resulte Presidente —Meade, Anaya o López Obrador— pueda cumplir sus promesas si no intenta la generación de un pacto. Ese pacto, como lo hemos conocido, sería no sólo insuficiente sino también inviable dadas las experiencias del pasado. Por eso, tendrían que construir un gobierno de coalición, en el que se establecieran no sólo metas transitorias o legislativas, sino compromisos de gobierno y legislativos compartidos como para lograr una amalgama de fuerzas que transite junta a pesar de las circunstancias o las vicisitudes.

Pues, de hecho, a diferencia de la conformación de un pacto —que es transitorio, potestativo y sujeto a los tiempos políticos—, en un gobierno de coalición tendrían que existir objetivos comunes concretos, así como responsabilidades específicas para todos los participantes a partir de la construcción de una mayoría equilibrada. Por esa razón, si por ejemplo el objetivo de todos los candidatos presidenciales es hoy robustecer el sistema anticorrupción, ello tendría que pasar por la reingeniería del modelo constitucional de rendición de cuentas y de combate a la corrupción, así como por la elección de los integrantes de ese entramado —los que están y quizá tendrían que reponerse, y los que faltan—. Y todo ello tendría que pasar por reformas legislativas en las que tendría primero que construirse una mayoría de fuerzas, y después un reparto de responsabilidades no potestativas para su cumplimiento.

Ese es un esquema que en México no tenemos lo suficientemente ensayado y mucho menos puesto en marcha. La política partidista y legislativa ha tenido siempre como impronta que se ejerce como en un juego de cartas, en el que quien va perdiendo puede válidamente salirse del juego dejándolo inconcluso, o rompiendo las reglas, simplemente porque el juego deja de ser de su conveniencia. Eso tendría que terminarse porque justamente esa es una de las causas por las que las mayorías no son perdurables, y por las que tampoco tienen derroteros definidos.

¿GOBIERNO POR DECRETO?

Al final, esta será una condición a cumplirse en el futuro cercano, ya que no existen más modelos disponibles para la construcción de las mayorías que serán indispensables para la gobernabilidad en los próximos años. No hacerlo, y querer gobernar por decreto, será para el próximo Presidente tanto como darse un disparo en el pie. Las condiciones en el país, están dadas. Lo que falta es la voluntad y la civilidad de los partidos para adaptarse a ellas.

Jamiltepec debe servir para el establecimiento de nuevos parámetros en la aviación militar mexicana

Es ilógico y hasta ofensivo suponer que hubo algún tipo de premeditación o intencionalidad en los terribles hechos del pasado 16 de febrero en Jamiltepec, Oaxaca. Es impensable, e inadmisible, cuando queda claro que la única intención de las autoridades estatales y federales que decidieron viajar a esa zona luego del sismo ocurrido horas antes, era encabezar los trabajos de supervisión y ayuda a las víctimas. Sin embargo, lo que sí deberá ocurrir es la evaluación del hecho en todas sus dimensiones, para establecer nuevos parámetros de actuación civil y militar frente a contingencias como las que hemos padecido en Oaxaca en los últimos meses.

En efecto, un fuerte terremoto de magnitud 7.2, con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca, sacudió la tarde del pasado viernes el centro y sur de México. Una réplica importante ocurrió esa misma noche. Ante ello, el Gobernador Alejandro Murat anunció que viajaría de inmediato a la zona siniestrada para conocer la magnitud de los daños y encabezar las labores de ayuda a la población afectada.

En el mismo tenor se pronunció el titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, quien minutos después de ocurrido el sismo informó que por indicaciones del presidente Enrique Peña Nieto, se trasladaría a Pinotepa Nacional, a fin de evaluar los daños, tras el sismo de magnitud 7.2 que afectó al país. De hecho, en una entrevista previa con un noticiero de cadena nacional de televisión, Navarrete habría indicado de forma preliminar que no existía reporte de pérdidas de vidas humanas ni daños mayores.

“En Oaxaca tenemos daños a construcciones, no tenemos reporte de pérdidas de vidas humanas; en este momento no tenemos reportes de daños confirmados”, señalaba en entrevista con Foro Tv, al tiempo de expresar que el presidente Enrique Peña Nieto le había ordenado activar los protocolos luego de este sismo que ha generado conmoción y nerviosismo, y que asimismo le había dado la instrucción de trasladarse de Campeche —sitio en donde se encontraba al momento del sismo— a Pinotepa Nacional por indicaciones del Ejecutivo federal.

Ambos funcionarios se encontraron en Puerto Escondido, a unas tres horas por carretera de la zona en donde había ocurrido el epicentro del sismo, y a donde existían los reportes de mayores daños en casas, edificios, oficinas públicas y escuelas. Por la hora y por las condiciones de la carretera —en las que ya se sabía que había diversos cortes a la circulación, por derrumbes ocurridos a consecuencia del mismo movimiento telúrico—, los mandos militares que acompañaban a los funcionarios decidieron el traslado por vía aérea primero al municipio de Jamiltepec, y la intención era que posteriormente se trasladaran a Pinotepa Nacional.

Lamentablemente, en Jamiltepec ocurrió la tragedia ya por todos conocida. En lo que las mismas fuerzas armadas han considerado como un error humano, la tripulación de la aeronave perdió el control al momento de aterrizar, provocando que el aparato se impactara contra varios vehículos terrestres que se encontraban en una zona contigua al lugar donde se había decidido el aterrizaje. En el hecho murieron 14 personas que se encontraban en el lugar, y otras más resultaron con heridas de consideración. Entre las personas que iban en la unidad aérea, no hubo ningún lesionado de consideración.

Ésta es considerada por la propia Fuerza Aérea Mexicana, como la mayor tragedia en su historia. De inmediato se anunciaron investigaciones y la Secretaría de la Defensa Nacional asumió la responsabilidad por el hecho. Pero además del deslinde de responsabilidades y el pago de las indemnizaciones y los daños a terceros que deba realizarse, esto debe servir para establecer nuevos parámetros de operación en casos de contingencias.

APRENDER DE LA TRAGEDIA

A partir de ahora, las fuerzas armadas tendrán que asumir la necesidad de establecer qué tareas son prioritarias y cuáles no frente a una contingencia. En esa lógica, es claro que el establecimiento de puentes aéreos y el traslado de ayuda humanitaria, equipos de rescate y personal especializado, deberá ser la mayor prioridad por encima de las órdenes que establezca el propio Ejecutivo federal para el traslado de sus subordinados, hasta que no se tenga la plena seguridad de que las operaciones están garantizadas y, sobre todo, que la población civil no corra ningún riesgo por ellas.

Lo que queda claro es que en el caso del sismo en Pinotepa no hubo una correcta jerarquización de las necesidades, y eso abrió un espacio para un riesgo importante, y una tragedia lamentablemente consumada. Es dolorosísima la pérdida de vidas humanas y de lesionados debido a un error en la operación de una aeronave, pero esto pudo haber ocurrido independientemente de quiénes eran las personas a las que se trasladaba en el helicóptero, si de todos modos los encargados de la operación militar —los soldados que ya tendrían que haber estado en la zona, así como el personal de la Fuerza Aérea que también debía estar previendo y planeando la llegada de aeronaves a la zona—, no tenían la certeza de que dicho aterrizaje no causaría ningún problema.

Al final, el traslado pudo haber sido de personal militar, de ayuda humanitaria o de equipos especializados —como ocurre en cada contingencia, que son frecuentes en una entidad como la nuestra— y de todos modos haber un incidente con el terrible saldo rojo que ocurrió la noche del 16 de febrero en Jamiltepec, ante una falta de planeación adecuada de las operaciones.

Junto a eso se debe encontrar la evaluación del riesgo. ¿Qué habría pasado si en ese vuelo hubieran perdido la vida e l Secretario de Gobernación o el Gobernador del Estado? Esa habría sido también una tragedia que habría no sólo enlutado también a varias familias, sino que habría generado una enorme situación de incertidumbre social y política para nuestra entidad. Por eso, en la evaluación de los riesgos ésta debe ser una consideración fundamental, ya que una incorrecta planeación de operaciones —incluso en medio de una contingencia— puede derivar en hechos de enorme trascendencia y riesgo social y político, que bajo ninguna circunstancia pueden ser desdeñados.

NO REPETICIÓN

Es cierto que debe haber un deslinde puntual de responsabilidades, y que cada uno de los ámbitos de gobierno —y funcionarios— debe asumir sus respectivas consecuencias institucionales. Pero esta situación debe también servir como un punto de referencia necesario, para evitar que, por irresponsabilidad y problemas de planeación, este tipo de situaciones de riesgo y dolor para las personas, puedan volver a repetirse.

Abre el Poder Judicial nuevo juzgado en materia familiar

0

Instruye el Presidente del TSJE, magistrado Raúl Bolaños Cacho agilizar la administración de justicia atendiendo demanda de los justiciables

Por instrucciones del Magistrado Raúl Bolaños Cacho, el Poder Judicial de Oaxaca ha puesto en funcionamiento a partir del 1 de febrero de este año, el Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, además de que en breve entrará en operación un Módulo de Justicia Alternativa en el mismo sector, generando con ello una cultura de paz que restaure el tejido social.

Al  informar lo anterior, el consejero de la Judicatura del Poder Judicial, César Martín Cervantes Hernández dijo que este Juzgado ocupará el espacio físico y recursos materiales de los que disponía el Juzgado Octavo Civil, el cual concluye labores de manera definitiva, por lo que su domicilio oficial es el de  División Oriente 618, colonia Ex-Marquesado.

“Por acuerdo general 42/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura, el Poder Judicial abre el Juzgado Sexto Familiar y cierra el Juzgado Octavo Civil porque hay una enorme carga de trabajo en materia familiar, no así en materia civil el cual cuenta con siete juzgados, cuyas actividades también se han visto mermadas al abrirse el Juzgado Especializado en Materia de Oralidad Mercantil”, señaló.

Indicó que se ocupará el inmueble del Juzgado Octavo Civil siguiendo una política de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, ordenado por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Bolaños Cacho.

Informó que los asuntos que se encuentran en trámite en dicho juzgado se han turnado a los siete juzgados civiles para que sean resueltos.

Cervantes Hernández anunció que está a punto de abrirse un módulo de Justicia Alternativa en el mismo lugar en donde se encuentran los juzgados familiares y civiles, el cual permitirá solucionar conflictos a través del diálogo, al tiempo que  coadyuvará en la despresurización de la carga de trabajo, sobre todo de los juzgados familiares, generando con ello una cultura de paz que restaure el tejido social y fortalezca las relaciones entre particulares.

Se cumple también con una demanda realizada con anterioridad al Magistrado Presidente Raúl Bolaños Cacho por los abogados  de las diversas barras y asociaciones, así como por los propios justiciables, de contar con un nuevo juzgado familiar y así darle celeridad a los asuntos en la materia, aseguró.