Es reconocimiento de lo impráctico que resultaba el proceso de cobro, y el gravamen mismo sobre la tenencia y uso de vehículos en Oaxaca, debería ser apenas el primer paso de una serie de medidas para reactivar y fondear la insuficiente recaudación de impuestos estatales. Si de verdad existe la intención de incrementar la captación de impuestos locales, dicho reconocimiento, además, debe reflejarse en todas las demás áreas relacionadas con el cobro de contribuciones, que además de ser poco competitivas, resultan ser muy poco amigables con el contribuyente oaxaqueño.

En efecto, la impracticidad del cobro del impuesto a la tenencia y uso de vehículos, en Oaxaca podía verse desde distintos ángulos. Desde la perspectiva estrictamente económica, resultaba que por un lado el impuesto era demasiado oneroso con relación a su costo en otras entidades federativas; y por el otro, el gobierno de Oaxaca nunca logró aterrizar una argumentación convincente respecto de cuál era el propósito o la finalidad de que el contribuyente oaxaqueño pagara dicho impuesto en la entidad, y no en otra en donde era menor o en la que definitivamente no se cobrara. Junto a ello, siempre estuvo la excesiva burocracia, y la intrincada y decimonónica tramitología que se procuraba para que, quien quisiera pagar cinco o diez veces más por unas placas de circulación que en otra entidad, lo hiciera en Oaxaca. Por todo eso, vale la pena ir por partes.

Como antecedente en el primero de los rubros, vale señalar desde hace varios lustros el impuesto a la tenencia de vehículo era uno de los que quedaba sujetos a la coordinación fiscal entre la federación y las entidades federativas. Esto era que, a pesar de ser un gravamen federal, los encargados del cobro y la utilización de dichos recursos eran las propias entidades federativas.

En términos simples, los recursos que captaban por ese concepto eran tomados “a cuenta” de los recursos que la federación estaba obligada a transferirle a las entidades federativas. El problema es que, en 2012, dicho impuesto desapareció como un gravamen federal, pero quedó abierta la posibilidad de que los estados de la República lo continuaran aplicando ahora como un impuesto del orden estatal.

Así, hubo varias entidades de la República que lo eliminaron, y otras desde el principio ofrecieron estímulos fiscales a los contribuyentes para que consintieran el cobro pero a una tasa cero, o de algunos pesos, para que con ello se mantuviera la vigencia del gravamen y se dejara abierta la puerta a la desaparición del estímulo, sin el riesgo de que los contribuyentes alegaran en su contra, por haber sido actos consentidos durante el periodo de la vigencia de los beneficios fiscales.

La postura del gobierno de Oaxaca, sin embargo, fue poco asequible frente a la situación. Bajo el alegato de que era un impuesto que no podía desaparecer debido a los compromisos adquiridos por el gobierno de Ulises Ruiz, que bursatilizó ingresos futuros (según para realizar obras de beneficio social, cuestión que nunca fue transparentada) garantizándolos justamente con los derechos vehiculares y con el cobro de la tenencia, entre otros.

Era evidente que el impuesto no podía desaparecer. Pero al restablecer el cobro de la tenencia estatal, y mantenerlo en las mismas tasas de la antigua tenencia federal, sólo provocaron una fuga enorme de contribuyentes oaxaqueños que, a partir de diversos derechos fundamentales que sobreponen la libertad de tránsito y el reconocimiento de los actos jurídicos entre entidades federativas al cobro de un impuesto, decidieron emplacar sus vehículos en otros estados en los que la tenencia había sido flexibilizada o eliminada.

ALEJADOS DE LA CIUDADANÍA

Todavía en los últimos días de 2017, realizar el trámite de registro, emplacamiento y pago de tenencia y derechos vehiculares en Oaxaca, era una auténtica tortura. Dicho proceso había sido el mismo que se seguía desde años atrás, el cual además de ser un servicio lento y plagado de burocracia, era además complejo y poco accesible para el ciudadano, que en el mejor de los casos debía perder todo un día para realizar el trámite, o bien podía hacerlo en varios momentos para permitirle los tiempos de espera a un sistema de cobro anticuado, complicado y repelente a los contribuyentes.

Para empezar, el contribuyente debía llevar todos los documentos relacionados con la propiedad del vehículo de motor, y buscar una subdelegación fiscal, o una oficina de la Secretaría de Vialidad y Transporte, en la que estuviera disponible el servicio en el momento necesario (para realizar este trámite, el autor de este espacio tuvo que visitar cuando menos tres oficinas distintas, sin éxito); una vez superado este obstáculo, debía pasar a una primera revisión de la documentación, en la que prácticamente a todos los contribuyentes les informaban de un requisito adicional, cartas poder o demás, en medio de una oficina (incluso en las oficinas centrales de Sevitra) en la que no son visibles al público los documentos requeridos para cada trámite, ni los señalamientos sobre dónde inicia y cuál es el flujo en cada uno de ellos; y mucho menos los tipos de servicios que ahí se prestan.

Una vez superada la revisión, captura y digitalización de documentos, se emitía una orden de pago llena de problemas: o se pagaba en la ventanilla bancaria ubicada dentro de las oficinas de Sevitra, teniendo que esperar cuando menos un día para que “el sistema refleje el pago”. Otra opción era acudir a una sucursal bancaria que se encuentra por lo menos a un kilómetro de distancia e invertir todo el tiempo para la realización de las comunes largas filas para el pago en ventanilla, considerando que sólo una institución bancaria (Banorte y, a veces, HSBC) garantizaba el reflejo del pago a los pocos minutos, para poder continuar el trámite el mismo día.

Y había una tercera opción: el pago, en la misma oficina de Sevitra, a través de una terminal para tarjetas bancarias. Ilusamente, se creyó que este sería el método más rápido. Pero no: de todos modos, habiendo pagado ahí mismo, había que esperar al menos tres o cuatro horas para el reflejo del pago en el llamado sistema SIOX. A pesar de las promesas, éste contribuyente debió esperar dos días al reflejo del pago, debido a una “caída del sistema” que prolongó por mucho tiempo más la posibilidad de concluir dicho trámite.

Con esta burocracia, ¿cómo no emplacar en otro estado a través de un gestor, con un costo inicial similar o menor al cobrado en Oaxaca, y con la garantía de que los pagos posteriores no rebasarían los 600 pesos anuales?

CERTIDUMBRE

Con las medidas anunciadas, se supone que esa tortura burocrática debe terminar. Eso era indispensable para lograr que más automovilistas regresen a las placas estatales. Y lo que sigue es hacer amigables los servicios tributarios estatales a los contribuyentes. ¿A poco no entienden que en el SAT tratan al usuario lo mejor posible cuando acude a realizar trámites, para que después con esa misma diligencia hagan lo necesario para determinarle y cobrarle sus impuestos? Ahí está la clave.

Una lectura correcta de los escenarios y los retos que traerá aparejados la elección concurrente de 2018 en Oaxaca, debería llevar a todas las fuerzas políticas a centrar sus esfuerzos en la búsqueda de espacios en el Congreso del Estado. Aunque las diputaciones locales parecen desdeñadas frente a las tentaciones de los cargos legislativos federales que estarán en juego, lo cierto es que gran parte de la gobernabilidad y la estabilidad del régimen gobernante quedarán depositadas en el Congreso local. Ahí debe haber atención y pragmatismo, porque el resultado de fondo de un proceso electoral tiene mucho más de fondo que el solo hecho de ganar por ganar.

En efecto, esta será la primera ocasión en la que en Oaxaca se desahoguen simultáneamente comicios locales y federales. En el ámbito federal, en esta elección se definirán los cargos de Presidente de la República, diputaciones federales y senadurías; y en el ámbito local habrá el desahogo de la elección de diputados locales y autoridades municipales. Esto representa un enorme grado de complejidad en la estructuración del proceso electoral en general; pero representa también escenarios muy importantes e interesantes relacionados con la forma en que los grupos políticos buscarán repartirse las grandes porciones de poder que estarán en juego.

En esa lógica, las cuestiones aspiracionales y el crecimiento de los grupos políticos ganará la partida en las definiciones más importantes en las que participarán los grupos más influyentes en las entidades federativas. Por ejemplo, en el caso de Oaxaca, en el caso del PRI en la definición de las candidaturas al Senado se establecerán las prioridades y los proyectos del grupo que gobierna, mientras que en Morena queda claro que su única intención se centra en tratar de afianzar sus posibilidades de triunfo independientemente de los nombres y las personas a quienes impulsan.

De ahí que en el ámbito priista busquen el cargo, por un lado, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva; y por el otro haga lo mismo Raúl Bolaños Cacho Cué. El primero representa la imagen de un político fogueado en la administración pública federal, que está interesado en volver a su entidad para continuar su carrera política; y el segundo representa el cambio generacional impulsado por el Gobernador Alejandro Murat —y muy bien recibido y aceptado por la ciudadanía oaxaqueña—, además de ser el personaje que cuenta con todas las posibilidades de expansión de sus habilidades como político, y todo el respaldo del grupo gobernante estatal, con el que necesariamente tendrá que construir consensos el candidato presidencial priista, para caminar juntos tratando de ganar la elección presidencial.

¿Por qué en Morena no están interesados en los nombres y los proyectos políticos? Porque para ellos queda claro que la única prioridad de 2018 se centra en ganar la elección presidencial. El hecho de que en Oaxaca, Andrés Manuel López Obrador haya impulsado a la cantante Susana Harp, por encima de todos los demás políticos que buscaban la postulación a la cámara alta, sólo refleja que Morena tiene la urgencia de buscar figuras que afiancen votos, independientemente de lo que pase después de la elección.

Es decir, a ellos parece no interesarle el hecho de que hay total incertidumbre sobre qué tipo de senadora podría ser Susana Harp, o de qué forma representaría a su partido, y a Oaxaca, ante los poderes federales. Si eso no les interesa, mucho menos está en el radar de López Obrador haber postulado a una persona en específico al Senado, para construir una imagen y luego perfilarla a la gubernatura del Estado. Por eso, queda claro que el principal interés está centrado en que todos los candidatos le sumen votos al tabasqueño, y que todos le ayuden a una definición a favor en 2018 sin importar lo que ocurra después de dicho momento.

EL CONGRESO LOCAL

En gran medida, es la vanidad la que lleva a algunos personajes a pensar en querer ser candidatos a diputaciones federales. Lo hacen, y lo dicen, por el estatus político que representa una diputación federal, pero no en específico porque tengan proyectos legislativos que ir a cumplir o expectativas de cómo aportarle al país desde la Cámara de Diputados. En la tradición política —más en la priista—, ser diputado federal significa un espacio de privilegio que permite interlocución, acceso a satisfactores y una vida de comodidad en la capital del país. A pocos en realidad les preocupa o les interesa el trabajo legislativo de fondo que podría hacerse desde un espacio como ese.

¿Por qué volver entonces los ojos a las diputaciones locales? Porque si bien es cierto que en el Congreso local hay muchos temas por mejorar, y también que el trabajo legislativo sigue dejando mucho que desear, también es cierto que en ese espacio es donde en gran medida se establecen los márgenes de gobernabilidad que necesita el Gobernador en la cotidianidad para poder desahogar su trabajo y concretar los proyectos que tenga.

El riesgo, en una elección como esta, radica en que al ir juntos los procesos electorales, de forma casi irremediable habrá una inercia que llevará a la victoria al candidato presidencial, también lo hará con los candidatos a cargos menores. Así, si eventualmente en Oaxaca llegara a ganar la elección presidencial Andrés Manuel López Obrador —tal y como ocurrió en 2006 y 2012—, muy seguramente la fuerza de esa elección se llevaría como en aluvión a los candidatos a diputados federales, al Senado, y a las diputaciones locales.

Hasta ahora, ha quedado claro que un Gobernador puede caminar con una bancada mayoritariamente opositora en las cámaras federales, pero no con un Congreso local predominantemente opositor. Los temas que se desahogan en una y otra cámara —y ámbito de gobierno— son totalmente distintos. Por esa razón, tendría que haber mucha atención en la forma en cómo se procesan y definen las candidaturas a las diputaciones locales, ya que éstas tienen la misma importancia y trascendencia que los demás cargos.

Quien vea las candidaturas a diputaciones locales como espacios de relleno o de consolación, no sólo no habrá entendido la trascendencia de que exista una competencia electoral real en ese ámbito, sino que tampoco habrá entendido que ese es un tema prioritario para la gobernabilidad y para la estabilidad de las decisiones que tome, y los proyectos que decida emprender el Gobierno del Estado durante los próximos tres años.

FECHAS PRÓXIMAS

El CEN del PRI estableció que las convocatorias para los cargos legislativos serán emitidas los primeros días de enero. Hasta entonces habrá la mayor cantidad de definiciones. Por el momento, deben estar haciendo cálculos y tomando decisiones milimétricas, dada la relevancia de este proceso electoral que está a punto de desbordarse.