Para los oaxaqueños es lamentable la actitud que ha asumido el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción en Oaxaca, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, quien con la estratagema de responsabilizar a otras áreas de sus desaciertos en los procesos judiciales que él mismo conduce, y justificando su falta de resultados porque su oficina está desmantelada y no cuenta con los elementos necesarios para procurar justicia, en realidad contribuye denodadamente a la impunidad que tanto están buscando los colaboradores del ex gobernador Gabino Cué que enfrentan procesos penales en Oaxaca.
En efecto, desde que Iruegas Álvarez llegó a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, asumió una actitud protagónica e imprudente que en un primer momento parecía propia de un individuo que pretendía ganar notoriedad por un afán político. De hecho, inmediatamente después de ser designado como Fiscal Anticorrupción por el Congreso del Estado, Iruegas a todas voces presumía que la Fiscalía que él encabeza, era totalmente autónoma de cualquier otra instancia, incluida la autoridad del Fiscal General; que, por ende, el Titular de la Fiscalía General no influía ni se podía meter en sus determinaciones; que él no recibía órdenes de nadie, y que su trabajo era solo responsabilidad de esa instancia y de sus destrezas como jurista.
Lo paradójico es que, a un año de desaciertos y de nulos resultados, ahora Iruegas Álvarez responsabiliza a la Fiscalía General de esta situación, y amargamente se queja y denuncia que su dependencia fue desmantelada, que no tiene muebles, que carece de Ministerios Públicos, y que no tiene elementos para dar resultados. Todo esto, a pesar de que desde su llegada a la Fiscalía Anticorrupción despreció todos y cada uno de los elementos e infraestructura que le fueron puestos al alcance, y le dio prioridad a frivolidades como la exigencia de vehículos blindados para su transportación o el establecimiento de un esquema de seguridad incluso mayor al que tienen los funcionarios de alta jerarquía encargados de la seguridad y la procuración de justicia en la entidad.
Así, vale la pena preguntarse: ¿será que el funcionario, que fue elegido y nombrado por el Congreso del Estado en junio del año pasado, se está curando en salud?, ¿será que sus declaraciones recientes en contra de la propia dependencia para la que trabaja, sólo son muestra de su incapacidad y desconocimiento frente a la enorme responsabilidad que le encomendaron los oaxaqueños de perseguir y castigar a los funcionarios corruptos, comenzando por quienes acompañaron a Gabino Cué Monteagudo durante su gobierno y tienen incontables señalamientos de excesos y corrupción?
Pues en realidad, lo único que está sucediendo es que su inexperiencia, incapacidad y falta de pericia, han provocado desaciertos y nulos resultados. Las pruebas están a la vista. El primer secretario de Finanzas de Cué, Gerardo Cajiga Estrada, por ejemplo, ya está gozando de su libertad por la deficiente acusación formulada por la Fiscalía que encabeza Iruegas Álvarez. Éste, incluso, ha mentido cuando señaló hace unos días a un medio de comunicación que Cajiga continuaba en prisión domiciliaria. Hoy se sabe que se pasea muy feliz en la Ciudad de México, ya que recientemente le fue modificada por segunda ocasión la medida cautelar con la que se le mantiene sujeto a proceso, para pasar de la prisión domiciliaria a la de una comparecencia mensual ante el juzgado en donde se le instruyen sus procedimientos. ¿Qué pasó en ese caso? ¿Por qué decir mentiras?
MENTIRAS E IMPUNIDAD A FAVOR DEL GABINISMO
Este es el contexto: A Cajiga primero se le dictó prisión preventiva por el delito de peculado, por lo que en septiembre del año pasado fue internado en el penal de Ixcotel, y se le privó de su libertad. Después logró salir de la cárcel y continuar su proceso en resguardo domiciliario.
El juez que cambió la medida dijo que esto era así porque el Fiscal Anticorrupción solo fue a leer a la audiencia todas las constancias del expediente, sin argumentar nada relacionado con la necesidad de tenerlo privado de libertad. En aquella ocasión, este cambio de medida cautelar nunca fue informado por Iruegas. Fueron algunos reporteros con fuentes judiciales y acceso a las Carpetas de Investigación, quienes revelaron lo que Iruegas se negaba a reconocer argumentando que todo se trataba de una simple confusión.
Pero esto no fue lo único. Ya dictado el resguardo domiciliario en lugar de la prisión preventiva, Gerardo Cajiga solicitó que también esa medida se le cambiara. Y así se hizo, otra vez, gracias a la deficiente argumentación en audiencia del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción. Hoy, Cajiga se pasea muy tranquilo en la capital del país porque goza de la medida de presentación periódica ante el juez. En una entrevista reciente, Iruegas señaló lo contrario: que Cajiga seguía en resguardo domiciliario. Esta es la prueba de su mentira.
Lo que viene a colmar esta situación, es la última resolución de un juez federal sobre un asunto que llevaba Iruegas contra el Presidente del Tribunal Superior de Justicia. El juez federal al resolver el amparo dijo que Iruegas no puede conocer de este caso, al existir un conflicto de interés a partir de que el Fiscal Anticorrupción tiene parentesco en primer grado con un alto funcionario del Tribunal Superior. En ese caso, el juez ordenó que Iruegas dejara de conocer del asunto, y se pasara a otra área de la Fiscalía General que sí garantizara una actuación imparcial en el desahogo del caso.
Aunado a eso, ya está por demás hablar de la soberbia de este personaje y de las quejas de sus empleados; de su trato déspota y de que nunca va a trabajar. Lo que es más relevante, es decir que sus resultados son escasos; que su fama de ser hablador es real, y que ahora trata de ensuciar a todo el personal de la Fiscalía General, ya sea de base o de confianza, con tal de seguir escondiendo su ya conocida ineficiencia.
Las quejas que profiere ante los medios de comunicación, son parte de su intención de repartir culpas sobre sus errores e ignorancia y, en general, de sus habladurías. Por los pasillos de la Fiscalía se le ha oído decir que ya hay orden de aprehensión contra Germán Tenorio por el asunto del helicóptero que compró, y contra Salomón Jara para vengarse de la rivalidad que tiene con el Gobernador del Estado. También se ha escuchado decir que varios notarios están a punto de ser detenidos, como Omar Abacuc, Guadalupe Díaz o Jorge Zárate. Estas indiscreciones —abiertas mentiras, en su mayoría— son indignas de una persona profesional que tiene la responsabilidad de tantos casos delicados.
¿Y EL CONGRESO?
No harían mal los diputados de la LXIII Legislatura, que confiaron en él y que lo eligieron el año pasado, en llamarlo a cuentas para que explique, en la Máxima Tribuna del Estado, la razón de sus nulos resultados y de los beneficios involuntarios —aunque, más bien, deliberados— que le ha procurado a los ex colaboradores de Cué que son actualmente procesados? ¿Qué nada de esto es suficiente, como para que lo separen inmediatamente del cargo?
