Puede ser una cortina de humo o una realidad, pero lo cierto es que el nombramiento del Fiscal General de la Nación tendría que ser a través de una convocatoria amplia, nutrida y legítima, y no mediante un “pase automático”, como hasta ahora está establecido. Es cierto que la crisis constitucional que existe hoy en San Lázaro tiene como telón de fondo el pleito interno en el PAN, y parece tener como pretexto la elección del Fiscal. Sin embargo, lo que no deben dejar de ver es que, de fondo, debe cambiar el mecanismo electivo de quien será el primer fiscal federal autónomo en México.

En efecto, desde hace varios días hay una guerra política en las cámaras legislativas federales que resulta bastante ilustrativa. Por un lado, dentro del Partido Acción Nacional se libra una lucha feroz entre los grupos que pretenden adueñarse no sólo de la candidatura presidencial, sino del partido. En medio de esa tolvanera, el dirigente nacional panista, Ricardo Anaya, ha asegurado que sus adversarios internos —el grupo calderonista que respalda a Margarita Zavala— pretenden consolidar el llamado “pase automático” del actual titular de la PGR hacia la nueva Fiscalía General de la República, que dejará de ser parte del Poder Ejecutivo para convertirse en un órgano constitucionalmente autónomo.

Y como si hicieran falta problemas en medio de esa crisis, resulta que en el Senado corren las acusaciones sobre traiciones entre panistas, y en la Cámara de Diputados no pueden instalar la Mesa Directiva porque no se logra una mayoría suficiente derivado de la inconformidad de varias fuerzas políticas con el pase automático del Procurador para convertirse en Fiscal General. ¿Qué hacer en medio de todo esto?

Por un lado, queda claro que el pleito al interior del PAN no tiene que ver con el nombramiento del Fiscal General de la Nación —ese es un mero pretexto, o chivo expiatorio, como se le quiera denominar—, sino más bien con el destino que tenga el partido en manos de Ricardo Anaya pero con las aspiraciones crecientes de Margarita Zavala rumbo a la candidatura presidencial. Es claro que el grupo de Anaya pretende atajar por todas las vías posibles a sus adversarios. Pero también lo es que éstos no están mancos ni cojos como para no poder responder a las intenciones del dirigente nacional panista.

Luego, en medio de esta situación han surgido suspicacias que en realidad no deberían existir. Cuando se votó la creación de la Fiscalía General de la República, en 2014, se estableció en el artículo décimo sexto transitorio del decreto mediante el cual se publicó dicha reforma constitucional en el Diario Oficial de la Federación (10 de febrero de 2014) que “El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, quedará designado por virtud de este Decreto Fiscal General de la República por el tiempo que establece el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución, sin perjuicio del procedimiento de remoción previsto en la fracción IV de dicho artículo.”

Dicha declaratoria, se refiere a la que debe hacer el propio Congreso respecto a la entrada en vigor de dicha reforma, cuestión que hasta el momento no ha ocurrido y que, en voces de algunos partidos y legisladores, pretende hacer en próximas fechas. Por esa razón, al procurador General Raúl Cervantes, ya lo denominaron con el mote de “Fiscal carnal” porque señalan que el Presidente pretende imponerlo en virtud del artículo antes mencionado, para que lo cubra y le brinde impunidad frente a las irregularidades que podrían estarse cometiendo durante su administración.

Hasta ahora, en medio de dicho escándalo, muchos no han reparado —o no han querido hacerlo— en el hecho de que para poder aprobar una reforma constitucional se necesita no sólo la voluntad del Presidente —de hecho, eso es lo de menos—, sino el voto mayoritario de las fracciones parlamentarias, y luego la participación en términos favorables de la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas.

Todo eso ocurrió. Y a la vista de todos, desde 2014 se estableció que quien fuera titular de la PGR al momento de crear la Fiscalía General de la República, pasaría en automático a ocupar ese cargo, y lo haría por el periodo de nueve años que marca el tercer párrafo del Apartado A del artículo 102 de la Constitución federal.

PERO…

Aún con la incongruencia de todos los que votaron y ahora se desdicen del apoyo que le dieron a la nueva institución hace tres años, lo cierto es que el mecanismo de elección del Fiscal General debe cambiar. Pues tal y como lo han acusado en diversos momentos, Raúl Cervantes puede ser un gran abogado, pero también es militante en un partido político y eso crea un espectro de conflicto de interés, que se viene a sumar a las muchas presiones a las que ya está sometido el sector público en México por la corrupción, la impunidad y las torceduras a la ley.

En ese marco, debería ser un tema de la mayor relevancia lograr que el nombramiento del Fiscal General fuera a través de una convocatoria lo más amplia posible; que participaran las mujeres y hombres más capaces y experimentados del país en esas materias; y que todos juntos le pudieran dar al Estado mexicano —Peña Nieto es lo de menos— la posibilidad de contar con un Fiscal confiable, que garantice su autonomía y que genere confianza en la ciudadanía.

Eso no lo va a lograr Raúl Cervantes por el solo hecho de provenir de la fuerza política de donde proviene, y por ser el Procurador General de Enrique Peña Nieto. Pues en la lógica no política, el Fiscal es quien investiga la comisión de delitos, y ejercer la acción penal para que se haga justicia. Y por eso, de insistir en seguir impulsando a Cervantes, ya como Fiscal General él tendría que procesar y meter en prisión quizá a medio gabinete del Presidente actual para que la ciudadanía más o menos le creyera que es un servidor público autónomo y desligado de intereses políticos. Todo esto, es una cuestión que obviamente no ocurrirá.

Lo que sí puede pasar —y sería muy bueno para el país— es una discusión limpia, propositiva y con perspectiva de Estado para establecer cómo se debe nombrar al Fiscal General, y no el abúlico “ministerio de ley” por el que pretenden establecer a esa importante figura en su nueva faceta. Ese es, en realidad, el tema de fondo que rebasa al PAN, a las grillas pro la creación del Frente Amplio, o a la insistencia del PRI porque se respeten los términos constitucionales tal y como fueron aprobados. Aunque eso signifique darse un balazo en los pies.

AUTONOMÍA DE A MENTIS

Es lo que finalmente todos lograrían o con Cervantes, o con el favor al Presidente. El Fiscal debe de dejar de asumirse como un empleado más del Ejecutivo. ¿Cuántos ya lo habrán entendido?

El Partido Movimiento de Regeneración Nacional de Andrés Manuel López Obrador, sigue dando consistentes en su estrategia de desfondar lo más posible al PRD: este fin de semana sumó a nuevos personajes a sus filas, entre ellos a la senadora Dolores Padierna y el profesor René Bejarano, que eran algunos de los últimos baluartes que le quedaban al perredismo no sólo en la capital del país, sino en todos los estados en los que tiene presencia la tribu bejaranista. La estrategia de presión de Morena hacia el PRD es extraordinaria pero, ¿cuándo pensarán en darle algo de contenido de izquierda al nuevo “partido dominante”, que intentan legitimar?

En efecto, el pasado sábado la senadora Dolores Padierna Luna y René Bejarano renunciaron al Partido de la Revolución Democrática (PRD) para sumarse al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, rumbo a 2018. La legisladora, quien también deja la coordinación de la bancada perredista en el Senado de la República, dijo que no se afiliará a Morena, sino que desde su asociación civil, Movimiento Nacional por la Esperanza (MNE), dirigida por René Bejarano, respaldará a López Obrador.

“Estoy redactando dos renuncias: una para mis compañeras senadoras y senadores, de quienes tuve el distinguido honor de ser la coordinadora en el grupo parlamentario del PRD, a ellos les estoy dando mi eterna gratitud y renunciando a la coordinación; la otra va dirigida a la presidenta [del PRD, Alejandra Barrales] para pedir el retiro del padrón de militancia”, dijo Padierna respecto a sus cartas de renuncia, previo a aparecer en el mitin que realizó ayer domingo López Obrador en el zócalo de la Ciudad de México, y en el que también se sumaron formalmente algunos oaxaqueños, como la diputada federal Karina Barón Ortiz.

Particularmente, la salida de Bejarano y Padierna del PRD significa otra vuelta a la tuerca en la estrategia que se delineó López Obrador desde hace más de un año: no pactar con el PRD, sino irle minando sus fuerzas y representación legislativa, hasta lograr someterlo. Su primer intento importante fue este año, cuando intentó consolidar dicha estrategia a través de la presión que ejerció sobre el candidato perredista a la gubernatura en el Estado de México, Juan Zepeda. Éste último no se plegó a las exigencias de López Obrador de someterse a la candidatura de Delfina Gómez Álvarez, y eso provocó que finalmente todos perdieran por la división del voto.

En esa lógica, pareciera que López Obrador sigue enganchado en la idea de terminar con el PRD como una forma de llevarse a Morena la única representación de la izquierda partidista en México. Hasta ahora, sus maniobras coinciden con dicha intención. Sin embargo, nada garantiza que en el mediano ello le reporte las ganancias que posiblemente aún hoy siga esperando tanto para 2018 como para los procesos electorales siguientes. En el fondo, muy en ese fondo que nadie quiere ver, uno de los mayores problemas de gobernabilidad interna para Morena radicará en las inconsistencias ideológicas —por decir lo menos— con las que están estructurando su propia convivencia interna.

TOTALITARISMO BUMERANG

Uno de los problemas que quizá no ve López Obrador en estos momentos es que, en el ámbito nacional, su mesianismo y liderazgo incontestable bien puede terminar siendo un negativo entre sus propios aliados. Otro de los problemas sobre los cuales parece no tener ni la menor preocupación, es respecto a la persistente falta de contenido ideológico para su propio partido. Esas dos cuestiones pueden terminar siendo una especie de socavón con el que el propio López Obrador podría terminar saboteándose.

¿De qué hablamos? De que, en el primero de los temas, López Obrador quizá sigue sin entender que aquel “País de Uno” ya no existe en la memoria colectiva, ni en la práctica política de ningún partido. De hecho, López Obrador tendría que reconocer que el antecedente más inmediato de cómo un líder de partido y de gobierno —el Presidente Enrique Peña Nieto— fracasó en el intento de consolidar una fuerza unívoca que no permitiera los disensos.

El PRI del actual Presidente se estableció como una fuerza dominante e intolerante a las críticas externas. ¿Qué ocurrió? Que en varios casos, los mismos priistas de varias entidades federativas habrían terminado actuando en contra de su Jefe Máximo, para evitar que éste se siguiera fortaleciendo independientemente de los acuerdos locales a los que habrían llegado con las fuerzas opositoras con las que habrían pactado. Ello es lo que puede explicar cómo, en estos casi cinco años de gobierno federal priista, el partido tricolor no ha ganado más gubernaturas de las que ya tenía, y tampoco logró consolidar el poder omnímodo que inicialmente le plantearon al Presidente, como jefe máximo de su partido gracias a una política de régimen dominante.

Eso mismo podría ocurrirle a López Obrador incluso como candidato presidencial: hasta ahora su praxis ha sido de dominar y avasallar. ¿A cuántos gobernadores afines o simpatizantes del actual Líder de Morena, les gustaría someterse voluntariamente a un Presidente que no admite negociaciones? ¿A cuántos gobernadores priistas, panistas o perredistas, les interesaría una alianza de esta naturaleza, cuando saben que la alianza es en realidad sometimiento? Esas serán algunas interrogantes sustantivas para 2018 que, más allá de la desbandada perredista actual, tendría que estarse planteando el propio López Obrador.

El otro problema es más de fondo: ideológicamente Morena ha sido un partido más conservador y de derecha, que varias de las fuerzas de los que dicen representar a los girondinos. ¿Practican la democracia interna? Queda claro que no. ¿Hacen lo propio con la tolerancia hacia las distintas corrientes de pensamiento? Tampoco. Incluso, López Obrador ha sido el único que en este país, en los últimos tiempos, se ha atrevido a asegurar que temas de derechos humanos y de progresismo, tan importantes como el reconocimiento de derechos a ciertas minorías —como la comunidad lésbico gay, por citar un ejemplo—, la decisión sería resultado de una encuesta y no de una determinación política basada en cuestiones ideológicas.

Por eso, al final, sigue siendo por demás inconsistente seguir suponiendo que todo está escrito para 2018, y que los astros están alineados irremediablemente a favor de López Obrador.

LA CARGADA, Y…

Es lo que deberían responderse todos los que ven el momento de 2018 pero desvían la atención frente al ayuno de ideas que prevalece en ese nuevo —y aparente— “oasis de la izquierda” en México.

Propios y extraños se alegran de que haya sido aprobado el andamiaje jurídico del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción en Oaxaca, pero ahora falta verlo en funcionamiento. Así como se le tiene marcaje específico al nuevo funcionamiento de algunos órganos, y se tienen expectativas de cómo podrán funcionar otros, hay uno en particular que también debe ser señalado: la Contraloría. Si ésta llega a funcionar de verdad, muchas cosas se evitarán. El reto ahora en Oaxaca es que la Contraloría deje de ser de papel, y se convierta en un auténtico órgano interno de control para la administración pública estatal.

En efecto, las recién aprobadas leyes de Fiscalización Superior y del Tribunal Contencioso Administrativo, vienen a reforzar el funcionamiento de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, porque juntas buscan reforzar las atribuciones de diversos órganos en la persecución de los actos indebidos. Se tiene la expectativa de que, por un lado, con las recientes reformas a esas dos leyes, tanto el nuevo Órgano Superior de Fiscalización, como el Tribunal Contencioso Administrativo, tengan las facultades suficientes para revisar, detectar, determinar y perseguir a quienes cometen actos de corrupción en ejercicios presentes y pasados.

Junto a ello se encuentra la expectativa del funcionamiento del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, el cual es un órgano que entrará en funciones luego de que se complete la integración de los comités encargados de su implementación. En éste último órgano existe una expectativa importante que, sin embargo, no pasa de ello, ya que nadie sabe —en Oaxaca, y en el país— si en realidad dicho órgano tendrá las capacidades que han sugerido quienes lo propusieron y lo impulsaron hasta convertirlo en ley.

Una de las herramientas que será importantísima para el funcionamiento de todo el sistema, y a la que se le ha puesto en realidad poca atención, es a la Plataforma Digital Estatal, que contendrá información concentrada de gran importancia para la ciudadanía, tales como el catálogo de empresas que proveen de bienes y servicios a los municipios y el gobierno estatal, así como también el registro público de las sanciones e inhabilitaciones que se impongan a dichas empresas cuando cometan algún acto indebido, y por ello queden impedidas para continuar proveyendo sus servicios al sector público.

En todo esto, es claro que uno de los temas más importantes —hasta ahora poco abordado— es lo que corresponde a la Contraloría. Tenemos por ejemplo en Oaxaca obras que han sido verdaderos elefantes blancos, y que se construyeron, validaron y entregaron a la vista de quien debería ser un órgano interno de control, y que no sólo no lo impidió, sino que incluso podría haber avalado esos actos indebidos.

Nos referimos específicamente a obras como el Centro de Iniciación Musical, que está cerrado porque la obra presenta diversas fallas de diseño y construcción que hacen imposible su puesta en operación; antes vimos cómo se construyó dos veces la velaria del Auditorio Guelaguetza; ahora, hemos visto cómo en Oaxaca se vive un verdadero drama por la enorme inversión que se encuentra paralizada respecto a la construcción del Sistema de Transporte Integrado —el coloquialmente conocido como metrobús—, que luego de más de dos años de construcción y cientos de millones de pesos invertidos, ahora se dice que no es funcional y que necesita más adecuaciones, más dinero público, y más tiempo de espera y trabajos de adecuación, para poder ser puesto en funcionamiento.

¿Qué pasa? ¿Por qué ocurren tantos casos como esos —en Oaxaca podríamos contar muchos más— sin que nadie ponga orden?

En muchos de esos casos, deberíamos voltear a ver a la Contraloría.

¿QUÉ CONTROLAN?

Un verdadero órgano interno de control debería no sólo ayudar a que los funcionarios cubran o corrijan las irregularidades que por cualquier causa cometen, sino sobre todo que impidan que éstas ocurran. Además, una verdadera Contraloría debería estar dedicada completamente a combatir la corrupción desde los actos mismos de la prestación de los servicios públicos, hasta en su vertiente más insignificante. Haciendo esto, lograría desde el primer momento cumplir con el objetivo de evitar la corrupción y la impunidad, que son los dos temas que más le preocupan a la ciudadanía.

¿Por qué no lo hacen? Es un asunto de diseño institucional pero, sobre todo, de voluntad. Tendrían que explicar, de entrada, por qué la Contraloría ha permitido que ocurran cientos de actos de corrupción a todas las escalas en temas tan visibles como la licitación, construcción y funcionamiento de obras públicas, o por qué no ha hecho lo suficiente para frenar y sancionar los actos de corrupción sin esperar a que las irregularidades que los ocasionan terminen siendo detectadas por el Órgano de Fiscalización y sancionadas por los tribunales jurisdiccionales.

En esa lógica, queda claro que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental debería ser también parte de los cambios, y no sólo la voz que dicta —o intenta dictar, como ha sido hasta ahora— lo que todos los demás deben hacer, sin pasar ellos mismos por un proceso de auto revisión para establecer todo en lo que ellos deben cambiar.

Así, ¿de qué servirá que cambien todos los demás órganos si la Contraloría seguirá siendo la coladera —y no el filtro— por donde pasan muchos de los actos de corrupción que luego quién sabe si sean detectados y sancionados eficazmente en las instancias posteriores? Ahí existe un conjunto de elementos importantes que deberían ser también materia de revisión y de análisis, primero por parte del Ejecutivo, y luego también por parte de los diputados que dicen estar dispuestos a hacer todo lo necesario para poner en funcionamiento el sistema.

Si no lo hacen, entonces estarán alentando una política anticorrupción pero sólo en los términos de cuando se acepta la voluntad divina, pero sólo en los bueyes del compadre.

¿Y LAS SANCIONES?

Eso deberían preguntarse en casos como el del ex secretario de Gobierno, Alejandro Avilés Álvarez, y el escándalo por el uso indebido de un helicóptero por el que fue cesado. ¿El cese fue la sanción política? ¿Y la Contraloría, fue comparsa del teatro o de verdad hizo algo para castigar, en ese caso, el acto de corrupción e impedir la impunidad?