La decisión del Presidente Enrique Peña Nieto de decidir la postulación de José Antonio Meade como candidato presidencial del PRI, sigue una doble lógica simple: por un lado, reitera el pragmatismo antes ya mostrado por el Jefe del priismo, y su enorme capacidad de imponer sus prioridades sobre sus afectos o intereses directos; pero en el otro extremo, la decisión de impulsar a Meade implica el reconocimiento de que una de las principales exigencias de los electores está en buscar ciudadanos y no políticos para el ejercicio de las responsabilidades públicas. En consecuencia de ello, la verdadera sociedad civil debe ahora buscar no terminar avasallada por este ejercicio aparente de ciudadanización de las definiciones partidistas.

En efecto, a partir del pasado lunes se desató la fase crítica de la elección presidencial, al prácticamente quedar fijada la Litis de la contienda. En Morena está perfectamente sabido desde hace dos años que su candidato presidencial será el líder único, Andrés Manuel López Obrador que, como lobo solitario, ha recorrido el país en una campaña permanente que no es la de un dirigente partidista, sino la de un candidato en pleno. En el PRI, la señal del rumbo de la candidatura presidencial se dio con la renuncia de Meade Kuribreña a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el inmediato arropamiento de las principales expresiones priistas. Al manifestarse la llamada “liturgia priista” quedó claro el rumbo de ese partido.

En esa lógica, hay dos expresiones confrontadas que ahora medirán sus fuerzas: por un lado, se encuentra Andrés Manuel López Obrador que representa a la figura más importante de la izquierda en los últimos tiempos en México, y tiene todos los elementos necesarios de un líder carismático que representa a un político en rebeldía luchando contra el sistema a través de postulados opuestos a los planteamientos y políticas del régimen. Por eso, para AMLO su principal capital político se basa en el hecho de ser un referente opositor y un crítico acendrado de todas las políticas gubernamentales.

Es muy probable que, a pesar de todo eso, le llegue la crisis política en el momento en que se le critique por un sector de la población por no encajar en el requerimiento del perfil ciudadano que, evidentemente, está muy lejos de tener por haber sido alguien que ha vivido de la política partidista por varias décadas, por haber ocupado diversos puestos de elección popular, y sobre todo por ser nada menos que el Presidente Nacional de un partido político. Esos elementos le permiten innumerables credenciales y cualidades como candidato presidencial, pero lo anulan por completo en cualquier posibilidad o intención de presentarse como un ciudadano que lucha por el poder.

En el otro extremo se presenta José Antonio Meade, que sin duda le ha dado una imagen de frescura a un partido que se preveía que estaría completamente ceñido a las liturgias, a sus añejas tradiciones y a los intereses de sobreprotección del grupo que actualmente gobierno en el ámbito federal. Prácticamente desde el momento de su destape, Meade se generó el aura de ciudadanía que el PRI necesitaba, y se ha insistido de manera importante que su mayor cualidad no es la preparación académica o su larga trayectoria como servidor público, sino el hecho de que Meade no es un militante priista, que es un ciudadano preparado que trabaja, y que será un candidato ciudadano que es impulsado por una plataforma partidista para tratar de darle un sentido distinto a la lucha por el poder, tradicionalmente protagonizada por políticos y no por ciudadanos.

¿Y LA CIUDADANÍA?

En todo esto, hay dos cuestiones que parecen ser relevantes: primera, que los partidos y sus candidatos seguirán siendo eso a pesar de los intentos por vestirse con ropas ciudadanas. Y segunda, que de todos modos la ciudadanía parece seguir aislada ante el fracaso de las candidaturas independientes y la amplia posibilidad de que después de la contienda presidencial se siga diciendo —de forma malintencionada— que en México la sociedad civil no existe. ¿Qué debemos entender en todo esto?

Respecto a lo primero, es importante entender que si bien Meade no es político, tampoco es cierta totalmente aquella historia relacionada con que es un ciudadano común y corriente, que de repente se ganó los afectos del líder del partido en el poder y por eso —y por sus cualidades— fue postulado como candidato presidencial. Esa es una mentira del mismo tamaño que la que se quisiera decir al asegurar que López Obrador es también un ciudadano de a pie. Al final, uno y otro son expresiones propias del posible “paso adelante” del formato tradicional del político que busca el poder, aunque esencialmente siguen siendo formas alternativas de ese mismo esquema.

Ahora bien, respecto a los candidatos independientes, también vale la pena reconocer el tamaño de esa crisis. Pues salvo excepciones contadas, en México no hay aspirantes a una candidatura presidencial por la vía independiente, que sean o hayan sido totalmente ajenos a la política partidista. De hecho, los dos únicos con posibilidades de acreditar el apoyo ciudadano necesario para una candidatura presidencial, son Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón. Ambos, aunque hoy son independientes porque no militan en un partido, están profundamente ligados a la política partidista y —a pesar de sus expresiones— están muy alejados de una posible representación ciudadana real. Al final, sus aspiraciones no pasarían ni de lejos el tamiz de una auténtica ciudadanía.

Por eso mismo, es muy importante la posibilidad de que la ciudadanía no se pierda en esas expresiones que son, en el fondo, una especie de “copia de ciudadanía” pero que no tienen los rasgos más genuinos de ser algo distinto que el sistema partidista. De ahí que haya la necesidad de establecer algunas posiciones de la verdadera ciudadanía: esa que está atenta a las acciones y decisiones del gobierno, y que está dispuesta a impulsar formas de evaluación y vigilancia a las cuestiones públicas.

Algunas de esas expresiones son las que a través de organizaciones de la sociedad civil impulsan cambios institucionales. Pero son a las mismas a las que el gobierno federal saliente —que ahora quiere ser ciudadano— intentó perseguir y espiar, como en el caso del IMCO y otras organizaciones a cuyos dirigentes trajeron de cerca para conocer sus relaciones y movimientos.

ACTUAR DESDE LA CIUDADANÍA

Por eso es importante no perder el sentido de seguir actuando como sociedad, y no marearnos con las expresiones que sólo aparentan serlo. El país sólo cambiará con una ciudadanía atenta y exigente, que sea capaz de organizarse para limitar y moldear al poder público.

Muchos se dijeron sorprendidos por una supuesta reedición del pasado, con el llamado “destape” que hizo el lunes el Presidente de la República de José Antonio Meade Kuribreña, como próximo candidato presidencial del PRI. La aparente sorpresa tenía como origen el aparente regreso de una práctica que algunos dicen que debería estar desterrada. Lo cierto es que, salvo casos muy contados, en México todas las designaciones de candidatos a cargos relevantes se hacen siempre bajo la misma lógica, en la que se definió al inminente abanderado presidencial priista.

En efecto, más como argumento de militancia partidista que como un elemento de análisis, se hizo la calificación fácil de que con la renuncia de Meade a la Secretaría de Hacienda, y el cobijo que recibió inmediatamente después por las llamadas ‘expresiones’ del partido tricolor, se estaba reviviendo la vieja práctica del ‘tapado’ y del ‘destape’ del candidato presidencial del PRI. Quienes lo señalaron debían también reconocer que entre las muchas paradojas que enfrenta la política mexicana se encuentra la de los candidatos que están ‘tapados’ pero a la vista de todos, y la crisis de perfiles e identidad ciudadana que afecta a todas las fuerzas políticas.

El caso de Meade no es muy distinto a como han sido todas las designaciones de candidatos presidenciales en el PRI, independientemente de los tiempos en los que tuvieron o no presidente priista. De hecho, si acudimos al antecedente inmediato, encontraremos que el ahora presidente Enrique Peña Nieto tampoco emanó como candidato de un proceso de consultas internas ni tampoco fue consecuencia de un proceso democrático. En aquellos momentos, cuando no había Presidente de la República priista, Peña Nieto se hizo de la candidatura gracias a la toma de control del partido, como base para el establecimiento de consensos entre los gobernadores y los liderazgos priistas. Su candidatura, entonces, fue un acuerdo cupular, pero no un proceso democrático.

Si nos vamos al siguiente antecedente, encontraremos que Roberto Madrazo Pintado impulsó todo como aspirante a la candidatura presidencial, menos la democracia interna en el PRI. Lejos de ello, con prácticas porriles tomó por asalto la dirigencia nacional priista y desde ahí construyó su candidatura presidencial, a base del torpedeo y la exclusión de los grupos que no le eran afines. Si hoy quisiéramos ver un paralelismo de sus prácticas, fácilmente las encontraríamos en las maniobras de Ricardo Anaya Cortés, que desde la dirigencia nacional del PAN intenta construir su candidatura presidencial excluyendo a todo y todos los que no están sometidos a sus exigencias.

Al margen de esos dos candidatos —que fueron los dos abanderados presidenciales en tiempos del PRI fuera de la Presidencia— a todos los demás candidatos presidenciales los designó el Presidente en turno, independientemente de que fueran o no sus favoritos. En los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, se modificaron no sólo los estatutos priistas, sino la propia Constitución —para eliminar el requisito de que para ser Presidente se debía ser hijo de padre y madre mexicanos por nacimiento, para establecer que sólo uno de los padres debía ser mexicano por nacimiento—, para poder abrir el abanico a las posibilidades, luego del homicidio de Luis Donaldo Colosio.

Por ello no podría acusarse de una regresión, cuando en realidad en el PRI la práctica siempre ha sido la misma, y cuando la propia base del priismo ha decidido mantener presente lo que el propio Presidente ha denominado como la “liturgia” priista en la designación de su candidato presidencial. Nada nuevo hay escrito bajo el sol en el PRI, como tampoco lo hay en las demás fuerzas políticas. Y el hecho de que compartan ese rasgo tanto el oficialismo como la oposición, debería ser lo verdaderamente preocupante en un país que intenta transitar hacia la madurez democrática.

LA ‘DEMOCRACIA’ EN LA OPOSICIÓN

El problema real es que si en el PRI no hay una práctica democrática que pueda jactarse ni comprobarse de ser tal, en la oposición tampoco. En Morena, por ejemplo, debiera ser hasta escandaloso el hecho de que Andrés Manuel López Obrador se ha dedicado a construirse una plataforma para su candidatura presidencial, al margen de la promoción de la vida democrática o cualquier otra práctica inherente a la política partidista.

Es cierto: López Obrador es el más importante líder de la izquierda en los últimos tiempos en México. Sin embargo, eso no debiera ser pretexto para justificar el hecho de que al interior de su partido no sólo no hubo —ni habrá— un verdadero proceso democrático de consulta o de consensos para la definición de su candidatura presidencial, como tampoco lo ha habido para definir a los candidatos a prácticamente todos los cargos de elección popular que se han designado desde que Morena tiene registro como partido político y, por ende, acceso a la postulación de candidatos.

De ahí que sea señalamiento común el relativo a que hasta los candidatos a las planillas de concejales pasan o por la vista de López Obrador, o de alguno de sus cinco o seis notables que son los únicos que tienen capacidad para autorizar o vetar a cualquier candidato en ese partido. Así, los defensores de Morena pueden argumentar a favor de un posible “uso y costumbre” interno o tradicional en ese partido. Pero ello no los excluye del señalamiento común de que en sus definiciones internas tampoco existen prácticas democráticas, equitativas o transparentes que puedan dar un referente de que son distintas, o mejores, a las que practica cualquier otra fuerza política.

Y en esa lógica, es en realidad prácticamente nada lo que se podría argumentar a favor incluso de ejercicios como el Frente Ciudadano que intentan construir el PAN y el PRD. Ellos carecen de dos vicios e insuficiencias esenciales: primera, que no tienen voluntad para poder abrir por lo menos parcialmente alguno de sus procesos democráticos al escrutinio público y la participación de la ciudadanía; y segunda, que es un frente con denominación ciudadana que no ha logrado abrirse ni acercarse a la ciudadanía en cualquiera de sus flancos.

Lo más paradójico es que la supuesta ciudadanía del Frente está ahogada de origen entre los cuestionamientos que pesan sobre el PRD desde los tiempos de José Luis Abarca y las ligas de militantes perredistas —y de AMLO— con el narco; y en el frente panista, por las prácticas abusivas y porriles de Ricardo Anaya, que no harán sino dinamitar el Frente y arrinconar a esos dos partidos, que debieran ser opciones partidistas en medio de la polarización que generarán el PRI y Morena en la contienda presidencial.

LOBO SOLITARIO

Con todo y sus enormes cuestionamientos, resulta que el único que no emanó de ninguna de las tradiciones antes descritas como candidato presidencial, fue Felipe Calderón. Éste se le rebeló al Presidente Vicente Fox y ganó la candidatura bajo las reglas y el funcionamiento panista. Un caso aislado. Incluso, algo así como un lobo solitario en esta arraigadísima práctica antidemocrática en la designación de candidatos a cargos relevantes en México.

Amplios sectores de la población enfrentan visiones con relación a la posibilidad de que el Congreso emita una Ley de Seguridad Interior, que norme la actuación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública. Por un lado, hay quienes afirman que aún cuando no existe un mandato expreso de la ley respecto a que el Ejército o la Marina actúen en auxilio de la seguridad pública, la interpretación constitucional y de diversas leyes sí puede llevarnos a entender que no actúan en el limbo jurídico; y quienes están en contra, dicen con razón que debemos entender la dimensión de lo que se pretende, como una violación flagrante a la Constitución. En el fondo, todos rechazan la posibilidad, aunque con distintas visiones y argumentos.

En efecto, quienes dicen que sí hay marco que regule la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, rechazan la idea de que se norme su actuación a través de una ley de seguridad interior, porque señalan que ese sería el primer paso para mantener el estado de cosas en el que las fuerzas armadas se consoliden en las calles y las autoridades civiles descontinúen indefinidamente la necesidad de mejorar las corporaciones de seguridad pública.

En el fondo, señalan, esa sería la forma de no cambiar y de no perder legitimidad, a pesar de todo lo que implica el hecho de que el ejército o la marina tome las tareas que, por ejemplo, le corresponden a una corporación de policía municipal, y que gracias a esa actuación la autoridad que fue rebasada en sus atribuciones (el alcalde o el cabildo, en el ejemplo) se relegitimen a partir de la presencia y la fuerza de los elementos castrenses cuando en realidad todo ello sería un signo casi inequívoco del fracaso de su autoridad.

En ese sentido, Jaime López Aranda (http://seguridad.nexos.com.mx/?p=131) señala que lo primero que debe ponerse sobre la mesa es que las Fuerzas Armadas, aún en ausencia de una ley de seguridad interior, tienen responsabilidades legales que deben considerarse simultáneamente como de seguridad nacional y de seguridad pública y bajo ninguna circunstancia están operando en un vacío legal. Las leyes orgánicas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Armada de México, la Ley de Seguridad Nacional, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, entre otras, prevén que el Ejército y la Marina realicen actividades que legal y prácticamente implican combatir de manera directa al menos a los grupos criminales más poderosos. Aunque se puede argumentar —y gente razonable puede estar en desacuerdo sobre este punto— que el Artículo 21 Constitucional y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública restringen en alguna medida las tareas de prevención, investigación y persecución de delitos a las autoridades civiles, una interpretación legal y operativa más amplia del resto del marco legal vigente obligaría a repensar las cosas a profundidad. ¿Se quiere argumentar, por ejemplo, que las policías deben hacerse cargo de los robos y el combate al tráfico de armas, personas y estupefacientes en el mar, todas ellas atribuciones explícitas en la actualidad de la Armada de México? ¿O quizá se pretenda señalar que la misión de garantizar la seguridad interior y las atribuciones en materia de armas de fuego del Ejército y la Fuerza Aérea no cubren la interdicción de grupos armados circulando por el territorio nacional como parte de sus actividades delictivas? ¿Y qué decir del hecho de que la Ley de Seguridad Nacional prevé explícitamente que impedir el combate a la delincuencia organizada—no la delincuencia organizada, sino impedir el combate a ésta, lo que por definición es una de las principales actividades de cualquier grupo criminal—es una amenaza a la seguridad nacional?

OTRAS VISIONES

Refutando las ideas anterior, Alfredo Lecona Martínez (http://bit.ly/2r6uXaP) sostiene que es imposible intentar ordenar el debate afirmando que las dos posiciones (de apoyo y oposición a la ley de seguridad interior) son beneficiarias del “mito”. Cuando se concluye que con la oposición o el bloqueo a reformas legales, como las que abrieron este debate, inexorablemente se perpetuaría el statu quo y que de ello no resultaría el regreso del ejército a los cuarteles, se hacen de lado los diagnósticos y alternativas que se han propuesto desde la sociedad civil y se reducen los fines de las recomendaciones de organismos internacionales a una demanda simplista y no al fin último de exigir seguridad sin guerra.

Nadie pretende hacer a un lado en su totalidad a las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública, como si se pensara que las policías deben hacerse cargo, por ejemplo, del tráfico de personas, armas y estupefacientes en el mar. Pero la renuncia del Estado a fortalecer las instituciones civiles, no puede orillarnos a forzar interpretaciones legales y a crear legislación que legitime su actuación en tareas de seguridad, sino a exigirle al mismo Estado que cumpla con la responsabilidad de capacitar, profesionalizar y fortalecer a quienes tienen la función constitucional de la seguridad pública.

Y es que el debate no debe estar centrado en el marco legal existente ni en uno nuevo, sin antes generar los diagnósticos correctos y atender las causas del abandono al fortalecimiento de las policías. Más aún, cuando muchas de esas causas pasan por la corrupción y la falta de rendición de cuentas, por ejemplo, sobre los recursos asignados a la seguridad pública. El pasado 28 de marzo, mientras Enrique Peña Nieto sostenía un encuentro con soldados, marinos, pilotos y sus familias, el colectivo #SeguridadSinGuerra dio una conferencia de prensa en la que se ofrecieron datos y elementos que dibujan muy bien la indignante abdicación a la obligación de fortalecer a las instituciones de seguridad en los tres niveles de gobierno.

En el informe sobre la Cuenta Pública de 2015, la Auditoría Superior de la Federación reportó haber realizado 147 auditorías a recursos federales destinados a la seguridad pública, incluidas auditorías de desempeño a la Policía Federal y otras de cumplimiento fiscal de recursos otorgados a municipios y estados. Cada una de esas auditorías, tiene, en promedio, tres Promociones de Responsabilidad Administrativa, 443 en total, como consecuencia de las irregularidades encontradas en el ejercicio de los recursos asignados.

A nivel federal, es escandaloso lo encontrado en la Gendarmería Nacional, un cuerpo de seguridad de élite creado en este sexenio, al que se le destinaron 2 mil 842 millones de pesos para la realización de 10 mil operativos de disuasión, reacción, contención y restablecimiento del orden público. De esos 10 mil operativos, la Auditoría solo acreditó la implementación de 75, el 0.8 por ciento.

A nivel estatal, en 2015, el Gobierno del Estado de Sonora recibió 317 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), de los cuales hubieron irregularidades por 108 millones de pesos –una tercera parte de lo recibido–, en gastos no comprobables de equipo de cómputo y comunicación, chalecos antibalas, vehículos y armamento, así como la simulación de obras de ampliación y remodelación. El 65% de las metas establecidas por el FASP fueron incumplidas.

EN LA BASURA

En el fondo, como dice Lecona, no se trata de pensar en la fuerza sino en las personas, para entender que este no es un asunto tan vago como pudieran presentarlo. El problema en el fondo es que la corrupción ahogó no sólo la seguridad sino también las millonarias inversiones que hoy queda claro que no sirven. Y nadie, nadie habla de quiénes son, o pudieran ser, los responsables de ello.