+ Fue a prisión por voracidad y desaseo en función pública

 Si entendieron bien la información ofrecida por el secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro, el sábado en el marco de la aprehensión en Guadalajara del ex secretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, varios de los funcionarios de la administración de Gabino Cué deben estar muy preocupados. Tenorio cayó en las manos de la justicia no sólo por los excesos cometidos durante su ejercicio como funcionario, sino por haber incurrido en ominosa forma de burlar la ley para obtener provecho. El hecho de que haya sido encarcelado por el delito de abuso de autoridad, no significa que no pueda haber nuevos procedimientos. Vale la pena analizarlo.

En efecto, es necesario releer algunas de las líneas dadas por el titular de la Contraloría, el sábado en la conferencia de prensa que ofreció junto con el fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, en el marco de la detención de Tenorio en Guadalajara, esa misma mañana y su inmediato traslado a Oaxaca. Ahí, luego de explicar cómos e inició en general la ejecución de programas gubernamentales durante la administración pasada en diversas dependencias, Díaz Navarro dijo lo siguiente:

“Se revisó la totalidad de los programas y, en el caso de los Servicios de Salud del Estado, se detectaron expedientes sobre dotación de infraestructura sanitaria en las regiones más marginadas. Se advirtió que las obras no fueron realizadas y que dichas contrataciones se realizaron de manera irregular, tanto en su procedimiento administrativo, como en los límites del marco legal aplicable.

“Ante tal situación, se procedió a la ejecución de las fianzas que se constituyeron para garantizar su cumplimiento, advirtiendo en ese momento que se trataba de documentos falsos. Estas irregularidades, no hubieran ocurrido sin la participación –a través de conductas omisas- del ex funcionario, ahora detenido, que tenían la obligación legal de vigilarlas. (…) Las conductas descritas, constituyen por una parte maquinaciones encaminadas a defraudar al Estado, e involucran una serie de conductas por parte de servidores públicos que procuraron diversas acciones y con ello el desvío de recursos. El daño al Estado, no solo consiste en la pérdida económica, sino también el menoscabo en infraestructura que perjudica directamente a la sociedad y población en general.”

¿Por qué poner particular énfasis en esto? Porque lo que queda claro es que a Tenorio lo pudieron procesar —independientemente del asunto de los quebrantos financieros que propiamente deben estar determinados en las cuentas públicas, o que pueden incluso estar en vías de concretarse a través de la Auditoría Superior del Estado, y la federal— por haber incurrido en un asunto que fue, y ha sido, una práctica común entre los contratistas y el gobierno para poder ejecutar libremente obra pública y servicios aminorando costos para estirar las utilidades que luego sirven para los diezmos, las complicidades, los noches y, en general, la corrupción. Esto es, la falsificación de documentos, contratos y fianzas.

Según Díaz Navarro, dichos procedimientos —por abuso de autoridad— se iniciaron al haber establecido que había obras de infraestructura sanitaria existentes en documentos, pero que nunca se realizaron materialmente, y que al tratar de hacer valer las fianzas correspondientes, establecieron que éstas eran falsas.

De ser así, entonces no sería Tenorio el único procesado porque, evidentemente, tampoco sería el único involucrado en la realización de esa conducta, en la que debieron participar coordinadamente diversos funcionarios para poder brincarse el cumplimiento de diversos requisitos que la ley establece para la realización de obra pública, y luego para cobrar los anticipos, estimaciones y finiquitos de obras que sólo existieron documentalmente y que alguien les debió validar para poder realizar los pagos.

LA OBRA Y EL BOTÍN

En general, para la contratación de una obra con el gobierno, la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados de Oaxaca, exige en su artículo 37 que el contratista o constructor exhiba las siguientes garantías: I.- Cheque certificado o fianza por un valor que cubra la cantidad total del monto concedido, para garantizar los anticipos; II.- Cheque certificado o fianza por un importe del 10% del valor total de la obra, para garantizar el cumplimiento del contrato; y III.- Cheque certificado o fianza por un importe del 10% del valor total de la obra, para garantizar los vicios ocultos, por un periodo de doce meses contados a partir de la fecha de entrega de la obra.

Aunque éste es un requisito lógico y hasta un acto de responsabilidad, en Oaxaca ha sido una práctica muy reiterada que existan personas o agrupaciones que se dediquen a vender o “arrendar” los documentos necesarios para la contratación de una obra. Hay quienes “rentan” los documentos de constitución y fiscales de constructoras para que terceros contraten obra y la ejecuten; hay quienes venden pólizas de afianzadoras que en realidad son apócrifas pero que, al menos en apariencia, sirven para solventar ese requisito que deben cubrir ante las autoridades que los contratan por exigirlo así la ley de obra pública.

De hecho, cuando no existe “acuerdo” —complicidad— entre el constructor y el gobierno que lo contrata para la ejecución de una obra, corroborar la validez de una póliza emitida por una afianzadora es relativamente fácil. Pues ha sido tan reiterada la práctica de las pólizas apócrifas que todas las afianzadoras tienen líneas telefónicas directas para la verificación de las pólizas a través del número de folio y otras características. El problema, como en este caso, surge cuando sí hay acuerdo de complicidad entre la autoridad y el constructor, porque entonces uno integra el expediente técnico con documentos falsos, y el segundo lo valida, omitiendo deliberadamente corroborar la legalidad y vigencia de los documentos que recibe contra el pago del anticipo y las demás estimaciones sobre la ejecución de la obra.

Así, al ser esto lo que ocurre, queda claro que Germán Tenorio está en prisión por la realización de conductas ilícitas relacionadas con casos específicos de la contratación de obra pública relacionada con el área de la salud, de las que debió estar enterado y debió haber participado —como lo dijo el secretario Díaz Navarro el sábado—, independientemente de las investigaciones específicas sobre los quebrantos financieros de los Servicios de Salud de Oaxaca.

En todo esto, la pregunta que ahora deben estarse haciendo diversos ex funcionarios de diversas dependencias, y el temor que varios de ellos deben estar sintiendo, es por la posible reiteración y “normalización” de este tipo de prácticas, durante la administración de Gabino Cué para obtener algún tipo de provecho indebido.

LIMPIAR LA OBRA PÚBLICA

En el fondo, ninguna de estas son prácticas aisladas y, al contrario, son bien conocidas por todo aquel que se dedica a la obra pública en la entidad, y que conoce los entresijos y las complicidades que existen para evadir las obligaciones que impone la ley. Por eso, más bien el gobierno de Oaxaca hoy está explorando una nueva veta que le podría permitir poner ante la justicia a más ex funcionarios por este tipo de conductas, pero que también debería poner en capilla a particulares que a través de esas prácticas alientan los actos de corrupción. En este caso, es evidente que para que todo este haya ocurrido, eran necesarios tanto funcionarios como particulares que participaran de la corrupción, de los negocios, y ahora de las consecuencias.

+ Su pelea con los medios, la exhibición de sus escándalos y la revelación de Eva

Es ya antigua aquella frase de que el peor enemigo de Andrés Manuel López Obrador, es él mismo. Quedó demostrado primero cuando en 2006 su soberbia lo llevó a menospreciar a sus adversarios durante el último tramo de la campaña presidencial, y terminó perdiendo por un margen apretado contra Felipe Calderón, que incluso cuando inició la campaña presidencial se encontraba en el tercer sitio de las preferencias electorales. Lo volvió a vivir seis años después cuando se evidenció en la denuncia anticipada de un fraude que nunca tuvo forma de comprobar; y parece estarse repitiendo la misma historia mientras emerge la podredumbre relacionada con el dinero que ejerce su partido, Morena, sus escándalos con la prensa, y las recientes revelaciones de su “recaudadora”, la diputada local de Veracruz, Eva Cadena.

En efecto, es ya parte de la historia reciente del país la forma en cómo Andrés Manuel construyó y afianzó su derrota en 2006. Quizá comenzó a destruirla desde el momento en que fue seducido por la soberbia del triunfo asegurado, que ya se veía concreto desde principios del año en comento. Ya ungido como candidato presidencial del PRD, Andrés Manuel se dedicó a menospreciar a sus oponentes y a arengar a la gente en sus mítines y encuentros con la militancia, como si con eso lograra generar los espacios para mantener su ventaja. Lejos de eso, actitudes como la de insultar no a Vicente Fox, sino al Presidente; resistirse a participar en los debates televisivos entre candidatos; y destellar soberbia en cada paso que daba, lo llevaron a no incrementar su base de votantes, lo cual finalmente resultó insostenible frente al milimétrico trabajo que hicieron sus adversarios para desacreditarlo y para imprimirle velocidad a sus propias campañas.

De hecho, pareciera que la cúspide de su soberbia quedó consolidada cuando, el 17 de marzo de 2006, López Obrador dijo justamente en el Puerto de Salina Cruz lo siguiente: “Pemex dejará de ser el ‘charrito que lo aguanta todo’”. Ahí, Andrés Manuel, candidato presidencial de la coalición Por el bien de todos volvió a arremeter contra el presidente Vicente Fox a quien llamó “chachalaca”.

Allí, López Obrador pidió el apoyo del pueblo, “de los trabajadores petroleros y de los técnicos” de la paraestatal para “limpiar a Pemex y al gobierno de la corrupción”. Y una vez más, se lanzó contra Fox al señalar: “Ya le tuve que decir; así, despacito porque yo no hablo de corrido; le dije: Cállate Cha-cha-la-ca, dice que no se puede, cómo no se va a poder, todo va a depender de que acabemos con la corrupción en el gobierno”.

¿Por qué la cúspide de la soberbia? Porque en ese momento López Obrador demostró ya no estar dispuesto ni siquiera a respetar al Presidente. Luego vino la cascada de demostraciones de soberbia y seguridad de ganar la elección, para finalmente perder por un margen escaso pero suficiente a juicio de la autoridad electoral. Cuando eso ocurrió, Andrés Manuel impulsó una nueva estrategia consistente en tratar de llevar el conflicto post electoral a las calles y de ahí comenzar una larga resistencia que, según vemos, aún no termina.

TRASPIÉS ACTUALES

Andrés Manuel nunca ha tenido una relación cordial con la prensa, pero nunca antes había peleado con representantes de los medios, al aire y en cadena nacional. La semana pasada, el periodista José Cárdenas decidió concluir de manera abrupta una entrevista que realizó a Andrés Manuel López Obrador en Radio Fórmula.

El desencuentro ocurrió cuando, luego de hablar de la agresión de la que fue objeto en Veracruz y de la que responsabilizó al gobernador Miguel Ángel Yunes, el comunicador cuestionó al presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por el presunto vínculo que sostendría con la ex lideresa sindical Elba Esther Gordillo. López Obrador pidió a Cárdenas no caer en calumnias.

–¿A ti no te mancha la alianza con la maestra Elba Esther Gordillo?, preguntó José Cárdenas.

-Ya no sigan calumniando ustedes, te lo digo con todo respeto, o sea, hagan un periodismo independiente distante del poder, cercano al pueblo y digan la verdad y esto es de manera afectuosa y cariñosa, dijo Andrés Manuel.

-¡Te agradezco las clases de periodismo Andrés Manuel!, ¡Lo que no te puedo agradecer son las acusaciones de calumniador, eso si no te lo puedo permitir, con todo respeto, como dices tú!, exclamó Cárdenas.

-Tómalo como quieras, sentenció, López Obrador.

¡Ah, no ya lo tomé Andrés Manuel! ¡y si quieres aquí terminamos la entrevista no hay nada más que hablar entre tu y yo!, dijo el conductor de Fórmula.

-Serénate, alcanzó a decir el dirigente de Morena.

-Yo creo que el público no merece que lo llenes de mentiras, ni de exageraciones, la que era la mafia del poder, ahora ya quedó santificada porque tú la bendijiste, yo narro pero tu te enojas y dices que soy un calumniador, ¡no se vale!”, indicó José Cárdenas.

Ante ello, López Obrador pidió al conductor seguir los pasos de los buenos periodistas de México, independientes, libres. Tras una despedida en la que ambos se enviaron un afectuosos saludo, Cárdenas concluyó con la frase: “¡Qué te vaya muy bien y si no te va bien, también!”.

Luego, en otra entrevista con la periodista Carmen Aristegui, Andrés Manuel también se refirió en términos de reproche a la información que ésta había dado sobre Miguel Ángel Yunes y la maestra Gordillo. Nuevamente, Andrés Manuel intentó generar un diálogo de ruptura que no fue seguido por la periodista, aunque a la distancia se notaba su molestia e incomodidad por la situación en la que se encontraba. Quizá, López Obrador esté intentando generar un ambiente antisistémico similar al del presidente estadounidense Donald Trump.

Pero aún con todo eso, faltaba más: durante las últimas semanas se fueron revelando videos en los que la diputada local de Veracruz, Eva Cadena, recibía fuertes sumas de dinero que, según, serían entregadas al mismo Andrés Manuel. Cuando ocurrieron las revelaciones, Cadena se vio obligada a callar, a asumir la responsabilidad por las revelaciones hechas, y a deslindar a Andrés Manuel. Quizá, como ella misma dice, porque la dejaron sola finalmente ayer decidió aclarar la versión y establecer algunas cuestiones que irremediablemente van a enlodar aún más a Morena y a López Obrador.

Cadena dijo que su ex partido, Morena, incurre en “financiamiento ilegal de campañas con recursos públicos del Congreso de Veracruz”. Hizo esa declaración, aunque no presentó pruebas al respecto. En conferencia de prensa, a cuatro días de las elecciones en cuatro estados del país, incluyendo Veracruz, Cadena señaló que Morena la abandonó, después de que aparecieran los videos, y que ese partido la ha usado para lavarse la cara.

“Mi partido, Morena, cuando más lo necesitaba me dejó sola; violaron mi presunción de inocencia, y violaron mis derechos políticos y humanos”, dijo Cadena. “Les preocupa mucho un tema que afecta a todos los partidos y está presente en todas las campañas: el dinero al margen de lo que establecen las reglas electorales”, agregó.

AMLO, EN EL LODO

A estas alturas ya nadie duda de la podredumbre que ronda la elección del Estado de México, que en este año es la reina de los procesos electorales. Sin embargo, de nuevo, ese cúmulo de señalamientos y de demostraciones de intolerancia y soberbia, parecen ser el inicio de la ruta de una nueva debacle para López Obrador orquestada, paradójicamente, en gran medida por él mismo.

+ Repiten las historias funestas de órganos autónomos que se autodestruyen

Es de menores de edad, el comportamiento de los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, que ante la falta de controles y contrapesos a su función y comportamiento, han hecho de su legitimidad —personal e institucional— el hazmerreir de los órganos constitucionalmente autónomos y, en general, de las instituciones encargadas del control de la democracia en la entidad.

En efecto, de manera abrupta la semana pasada ocurrió el relevo en la presidencia del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Sin mayor argumentación, los magistrados Víctor Manuel Jiménez Viloria y Miguel Ángel Carballido Díaz anunciaron que habían tomado la determinación de sustituir en la presidencia del Tribunal a Wilfrido Raymundo López Vásquez.

Al asumir la presidencia, Carballido justificó el relevo en la temporalidad de los cargos públicos y en la figura rotativa de la presidencia del máximo tribunal de justicia en materia electoral de la entidad. Sin embargo, aún con lo dicho en la sesión, pronto se constató —porque desde hace tiempo la manzana de la discordia ha sido el presupuesto que ejerce el Tribunal— que había mucho más detrás de ese aparente ejercicio democrático entre los magistrados.

Pues apenas hace más o menos un año, los magistrados del Tribunal Electoral habían protagonizado una historia muy parecida, cuando decidieron quitar a Jiménez Viloria de la presidencia. En aquel entonces, los dos magistrados integrantes del Tribunal, acusaron a su Presidente de no haber ejercido correctamente el presupuesto, y por no haber cumplido en tiempo y forma con diversas obligaciones relacionadas con el pago de salarios y prestaciones de los trabajadores del Tribunal, y en eso encontraron una causal —ya que la ley deja la organización interna al ‘buen criterio’ (es un decir) de los integrantes del Tribunal— para destituirlo de la Presidencia.

De hecho, aquella decisión dejó ver que la relación institucional entre los magistrados se había enrarecido, esencialmente por la disputa relacionada con el control y ejercicio del presupuesto. Cuando defenestraron a Jiménez Viloria de la Presidencia, Carballido y López Vásquez dejaron ver lo que pareció una alianza bien afianzada para —según ellos— reorientar el rumbo del Tribunal hacia un esquema de mayor transparencia y mejor control de su presupuesto.

Lo más preocupante es que esas, las económicas, fueron siempre las principales preocupaciones de los integrantes del Tribunal que, además, nunca han demostrado mayor interés en ponderar el trabajo jurisdiccional que se supone que debería ser la cuestión principal a partir de la cual tomar sus decisiones administrativas. Por eso, el desempeño tanto de los magistrados, como del personal administrativo del Tribunal, nunca ha sido una cuestión de fondo a discutir, sino que más bien ha sido el pretexto para justificar las sucesivas decisiones que han tomado, y que tienen como telón de fondo los más de 47 millones de pesos que anualmente ejerce como presupuesto el Tribunal Electoral, de manera autónoma y libre como lo señalan las propias leyes.

GESTIÓN DISCRECIONAL

El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca se rige, en su integración y funcionamiento, esencialmente bajo lo que dictan dos normas: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), y la Constitución del Estado. En la primera se establecen las bases generales, los requisitos que deben cumplir los integrantes del Tribunal, el mecanismo de elección, así como las causas para la remoción de los magistrados.

En esa lógica, la LGIPE establece que aún incurriendo en alguna de esas causales, los magistrados electorales sólo podrán ser privados de sus cargos en términos del Título Cuarto de la Constitución —el relativo a las responsabilidades de los servidores públicos— y las leyes de responsabilidades de los servidores públicos que les resulten aplicables. Y, por otro lado, la Constitución local define su naturaleza al señalar que el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, es un órgano especializado, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, y que es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral del Estado de Oaxaca.

¿Qué se desprende de todo eso? Que, en términos legales y constitucionales, el Tribunal tiene un margen excepcional de independencia que lamentablemente no sólo no ha sido aprovechada por sus integrantes, sino que incluso al incurrir en abusos y escándalos, ha resultado contraproducente para la correcta conducción de la vida interna del Tribunal, y la relación institucional entre los magistrados, que más bien han demostrado su falta de civilidad y sentido de la responsabilidad y, en conjunto, se han dedicado a exhibir sus propias tentaciones.

Pues, en este caso, queda claro que independientemente de que haya habido razón o no en los argumentos bajo los cuales dos de sus tres integrantes ya hayan pasado por la presidencia del Tribunal, lo que queda claro es que en general no se han sabido conducir con la diligencia y la probidad bajo las cuales se supone que fueron electos por el Senado de la República, y más bien se han dedicado a alimentar sus propias diferencias, como si eso fuera algo edificante para las instituciones electorales o para su propia calidad como servidores públicos.

Lamentablemente, en este caso, también es claro que aún cuando ya existen señalamientos directos entre ellos, también hay evidencias de complicidades. ¿De qué hablamos? De que, por lo menos en términos institucionales, a pesar de que los magistrados hoy se acusan y se señalan por acciones no sólo indebidas sino hasta ilícitas —como el intento de chantaje o extorsión que uno acusa sobre otro; o los señalamientos de utilización indebida de recursos, bajo los cuales han sido removidos dos magistrados de la presidencia, ambas cuestiones que no sólo son faltas éticas, sino quizá hasta delitos—, en realidad no existe forma de llevar ese daño a un estrato verdaderamente trascendente.

Si la Constitución local y la LGIPE dicen que esos magistrados sólo pueden ser removidos en términos del Título Cuarto, entonces para haber sanciones efectivas por las conductas que se señalan en público pero que no se llevan al terreno de lo legal, deberían también iniciarse los procedimientos administrativos y penales correspondientes, como un acto posterior al retiro de la inmunidad constitucional que los protege en términos del quinto párrafo del artículo 111.

Pero como nada de esto ha pasado, y seguramente tampoco pasará, entonces lo que seguiremos viendo es cómo los magistrados del tribunal electoral se siguen comportando como menores de edad. Con ello le seguirán dando la razón a quienes, por esa causa, siguen impulsando la idea de que los servidores públicos de los estados del país no pueden controlarse voluntariamente y que por eso hay que continuar con el proceso recentralizador. Ellos, para mal de ellos y de todos, han demostrado que ni las sesudas elucubraciones del Senado han servido para controlar ese tipo de ambiciones. Lamentable.

DEJA VU

Para pelearse escandalosamente bien, los magistrados del Tribunal Electoral deberían contratar a otros que dieron demostraciones circenses de lo mismo. ¿Alguien se acuerda de Esteban López José, Gema Sheyla Ramírez Ricárdez y Eréndira Fuentes Robles? Sí. Esos que protagonizaron una prolongada batalla campal por el control de los recursos cuando fueron integrantes de la tristemente célebre Cotaipo. ¿Qué ganaron? El descrédito profesional, y la desaparición del organismo. Andando esos pasos, van muy bien, Señores Magistrados.

+ Quisieron inhibir carrera magisterial, y fallaron; ahora les ocurre lo mismo

Podrá decir misa la Sección 22 del SNTE, pero es claro que en la arena sustantiva sigue perdiendo batallas. Esa ha sido la constante al menos en la última década, en la que a pesar de que reiteradamente gana las calles y deja sin clases a los niños y jóvenes oaxaqueños, no ha logrado frenar el tránsito de cada vez más profesores, de la resistencia a la aceptación de los procesos de evaluación docente. Así, aún cuando el fin de semana desquició nuevamente a Oaxaca, la Sección 22 volvió a perder en la arena de la evaluación docente.

En efecto, en acciones paralelas la Sección 22 protestó y bloqueó la circulación vial en las más importantes carreteras de la entidad, pero aún así la Secretaría de Educación Pública aplicó la evaluación docente que ellos trataron de impedir. En lo relativo a las protestas, la 22 aplicó cierres carreteros durante dos días consecutivos, como un acto de presión directa al Gobierno del Estado para que gestionara la regularización automática de los beneficiarios de las plazas normalizadas mediante el acuerdo del 7 de diciembre del año pasado.

Sin embargo, a pesar de ello un poco más de mil profesores de Oaxaca participaron en la evaluación de desempeño convocada por el Servicio Profesional Docente. De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la jornada de evaluación para el caso de Oaxaca y Chiapas, se llevó a cabo durante el fin de semana pasado, el Servicio Profesional Docente, junto con las autoridades educativas de la Ciudad de México, Puebla y Tabasco, dispusieron de 34 sedes de aplicación en apoyo al desarrollo de este proceso, para facilitar la realización exitosa y eficiente. En el caso de Chiapas, se presentaron mil 091 profesores y en Oaxaca, mil 124, mientras que en Michoacán, 653, para un total de dos mil 868 docentes, quienes dijeron sí a las evaluaciones.

De entrada, habría que ver de forma relativa la confronta entre dos cifras: por un lado, el IEEPO y la Sección 22 han asegurado que son tres mil 699 plazas regularizadas, y por el otro la SEP informa que fueron un mil 124 docentes los evaluados. Aunque de entrada esta no parece ni la tercera parte del total de plazas recientemente otorgadas, lo que habría que ver con más detenimiento es hasta dónde esas tres 699 corresponden al mismo número de personas.

Nos explicamos: hay docentes a los que se les regularizaron horas de trabajo, ubicación, niveles salariales o alguna cuestión que no necesariamente significaba la apertura de una nueva plaza de trabajo. Por eso, resultaría relativo y hasta engañoso asegurar que sólo se evaluaron mil 124 de los tres mil 699 nuevos docentes. Por eso, en la confronta real de los números, podrá verse —cuando el IEEPO finalmente informe el estatus real de ese proceso— hasta dónde permeó el llamado de la Sección 22 a sus nuevos agremiados —muchos de los cuales sí tenían meses, y hasta años, sin cobrar su salario y que a partir del acuerdo del 7 diciembre comenzaron su proceso de normalización laboral y salarial— a no evaluarse, y con ello poner en riesgo su reciente y provisional incorporación al servicio docente. Pues se supone que, justamente, esta evaluación tenía como objeto continuar con los trámites para hacer definitiva su plaza de trabajo.

FALLAS REITERADAS

La Sección 22 intentó, desde el año 2008 —cuando el presidente Felipe Calderón Hinojosa firmó la Alianza por la Calidad de la Educación con la dirigencia nacional del SNTE que entonces encabezaba la maestra Elba Esther Gordillo— impedir los procesos de evaluación, para el programa que hasta entonces fue conocido como Carrera Magisterial, y que a partir de la firma de la Alianza, quedó supeditado a ciertos procesos de estimación del desempeño docente, como punto de referencia para el otorgamiento de beneficios salariales para los profesores del país.

En aquel tiempo, la Sección 22 tenía el control total de la estructura administrativa del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, y entonces le fue relativamente fácil frenar los procesos de evaluación de la Carrera Magisterial, no porque antes no se aplicaran diversos tipos de exámenes a los profesores que accedían a participar en ese proceso, sino más bien por el establecimiento de la posición política de rechazar el acuerdo entre el SNTE —que ha sido su adversario sindical histórico— con el gobierno del presidente Calderón, al que también consideraban como espurio —según ellos— por haberle robado el triunfo en la elección presidencial, al entonces candidato presidencial perredista Andrés Manuel López Obrador.

Así, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación frenó por años la aplicación de las pruebas relacionadas con la Alianza por la Calidad de la Educación. En aquel entonces, la dirigencia magisterial no encontró rechazo por parte de los profesores afectados, ya que como la Sección 22 mantenía el control absoluto de la estructura administrativa del instituto educativo oaxaqueño, entonces los profesores a los que se les frenó la evaluación no tenían forma de oponerse por la posibilidad de que eso fuera considerado como una traición al movimiento sindical, y entonces sufrir mayores consecuencias en su ubicación laboral, salario o condiciones de trabajo.

Aún así, al final la Coordinadora perdió porque con todo y su oposición, la reforma educativa del gobierno actual trajo como consecuencia la implementación de los procesos de evaluación que se han llevado cada vez con más regularidad. Aunque continúa habiendo oposición, es claro que cada vez más profesores acceden a participar, a partir de que: a) de no hacerlo, corren el riesgo de perder sus condiciones salariales y de ubicación; y b) de que a pesar de la virulencia con la que sigue actuando la dirigencia de la Sección 22, ésta ya no tiene todos los hilos del control administrativo de los trabajadores de la educación, y por esa razón tampoco puede aplicarle a los maestros las mismas sanciones que antes acostumbraba para todo aquel que se insubordinara a sus posiciones políticas.

Hoy, a pesar de la forma en la que la 22 sigue ganando las calles, queda claro que esta fue una nueva derrota, pues ni su más reciente clientela hizo eco de los llamados a no participar en la evaluación. En el fondo, continúa el “estira y afloja” en la relación política entre la Sección 22 y el gobierno de Oaxaca, que intentan establecer los parámetros de su propia sinergia utilizando la evaluación de los profesores como pretexto. Pero de manera concomitante a ello, queda claro que en el terreno de lo sustantivo, la 22 sigue acumulando derrotas porque no hay forma de frenar la determinación de cada vez más profesores por acceder a la evaluación independientemente de los temas políticos que envuelven la compleja relación entre el sindicato y el Estado en Oaxaca.

¿SER AMIGOS?

¿Quiénes habrán sido los ilusos al interior del régimen que pensaron que podían ser amigos de las organizaciones sociales, que no tienen palabra de honor, ni escrúpulos, ni más amigos que sus propios intereses? El enfrentamiento del domingo entre pobladores de Zaachila con integrantes de la organización 14 de junio, no es sino la secuela de una historia más profunda: la de personas afines al nuevo régimen, tratando de ganar la gracia de esas organizaciones —desde la CTM hasta la 14 de junio, pasando por la CNP, el Sindicato Libertad, y otras— como una forma de clientela electoral. Quizá en su momento lo lograron. Sin embargo, hoy todos esos grupos se asumen con una impunidad directamente proporcional al daño que le causan a Oaxaca. ¿Ahora resultará que nadie tiene responsabilidad?