Una de las características que comparten las Constituciones, es que su contenido es el reflejo de las aspiraciones de la población de un país, respecto a sus derechos y obligaciones, así como a la forma en que pretenden organizarse políticamente para conseguir el bien común, que es la finalidad principal, y última, de todo Estado democrático. Hoy, el debate judicial en México sobre la Ley de Seguridad Interior —que está próximo a ocurrir—, pondrá en contraste esas aspiraciones constitucionales, frente al reto del combate a la cada vez más poderosa y violenta delincuencia organizada.

En efecto, en diciembre pasado el presidente Enrique Peña Nieto promulgó y mandó a publicar la Ley de Seguridad Interior, en medio de una enorme polémica relacionada con la perspectiva de que dicha norma no sólo es violatoria del sistema federal que rige a nuestro país, sino que además rebasa diversos principios constitucionales relacionados con derechos humanos, y con tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país, que hoy están también reconocidos como parte del orden jurídico nacional. Acaso por eso, el decreto que expidió dicha ley fue publicado el 21 de diciembre en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, pero como lo anunció el propio Presidente, no se emitió declaratoria de protección hasta que la Suprema Corte decida sobre su constitucionalidad.

¿Qué es lo que debe decidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Esencialmente, deberá resolver diversas acciones de inconstitucionalidad que han presentado tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como algunos organismos estatales de defensa de los derechos fundamentales, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, y otros entes que asimismo anunciaron que recurrirían al Máximo Tribunal de Justicia en el país para poner a consideración lo que ellos consideran como violaciones a derechos humanos contenidas en las disposiciones de dicha norma.

De hecho, el propio Presidente saludó la posibilidad de que la Corte establezca los parámetros de constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. Esa fue la razón por la que promulgó dicha norma —ya que la Corte sólo puede conocer de acciones de inconstitucionalidad respecto de normas ya promulgadas, cuestión que habría sido imposible con una norma vetada, o no publicada para iniciar su vigencia— al tiempo de resaltar que el hecho de que la SCJN resuelva, “no significa que dejará de haber intervención de la federación en materia de seguridad pública en auxilio de los estados que hoy lo necesitan”.

En todo esto, vale la pena entender que, en sí misma, la Ley de Seguridad Interior representa una afrenta para la civilidad constitucional en México no sólo por las posibles violaciones concretas a derechos fundamentales, sino esencialmente porque su existencia es la confirmación de que, por un lado, el federalismo en México ha fracasado concretamente en lo que tiene que ver con la preservación de la seguridad pública y de las personas —ya que los tres órdenes de gobierno no han sido capaces de cumplir con sus tareas—; y que, en el otro extremo, por eso se debió institucionalizar la presencia de las fuerzas armadas en las calles, dejando atrás el viejo principio constitucional de que en tiempos de paz —es decir, siempre que no exista una ley marcial en vigor, o una declaratoria de guerra— las fuerzas armadas deben permanecer en sus cuarteles.

ALEGATOS CONSTITUCIONALES

Además de lo anterior —que resulta incluso en transgresiones a principios aspiracionales relacionados con nuestra Constitución—, también hay alegatos formales relacionados con los posibles excesos constitucionales concretos cometidos en la Ley de Seguridad Interior.

En esa lógica jurídica formal, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad alegando, en uno de los puntos, que la expedición de la Ley de Seguridad Interior, implica perpetuar la intervención de facto por parte de las Fuerzas Armadas, en tareas de Seguridad Pública y dicha intervención dentro del Estado Democrático de Derecho, si bien ha sido reconocida como constitucional, se ha llevado a cabo históricamente bajo el mando de una autoridad civil y a condición de su petición expresa y de forma transitoria, situación que de forma contrastante, la Ley de Seguridad Interior pretende cambiar el paradigma constitucional y la interpretación histórica-teleológica de los artículos 21 y 129 constitucionales que la Suprema Corte estableció, previo a la reforma constitucional de 2011, en materia de derechos humanos.

Del mismo modo, la CNDH considera que los artículos 11, 15, 20, 26, 27 y 31 de la Ley de Seguridad Interior representan una transgresión del derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad toda vez que constituyen disposiciones que favorecen la arbitrariedad de los órganos del Estado, que so pretexto de la seguridad interior, pueden vulnerar los derechos consagrados en la Norma Fundamental y por lo tanto resultan incompatibles con los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Federal, tal y como el Pleno de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido.

Incluso, la CNDH considera también que el artículo 7, restringe las obligaciones constitucionales de todos los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior, limitándolos exclusivamente al respeto, protección y garantía de los derechos humanos, en oposición a lo dispuesto por el artículo 1° de la Norma Suprema, relativo a las obligaciones de toda autoridad de promover, respetar, proteger y garantizarlos aunado al deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

Además, dicho precepto establece como parámetro de regularidad los protocolos emitidos por la autoridad competente, lo que tendría como efecto que los actos de autoridad puedan basarse en la voluntad discrecional de la autoridad administrativa, o la autoridad que en su caso estuviera facultada para emitir dichos protocolos, sin estar estrictamente apegado a las reglas constitucionales, lo que se traduce en una vulneración al derecho a la seguridad jurídica.

El artículo 10, segundo párrafo —señala la CNDH en su acción de inconstitucionalidad— vulnera el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, en tanto que excluye la materia de seguridad interior de lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sin prever en todo el contenido de la norma un procedimiento que regule el actuar de la autoridad frente a los particulares, así como los recursos procedentes en contra de un posible actuar indebido o inadecuado por parte de la autoridad, derivado de la falta de encauzamiento de su actuar, lo que se traduce en un margen excesivo de discrecionalidad para la autoridad, pues su actuación no está regulada por ningún procedimiento legal ante los particulares.

DISCUSIÓN AMPLIA

Al final, estos temas concretos impactarán en la discusión de fondo de la Ley de Seguridad Interior, en tiempos de definiciones profundas sobre el futuro de la nación. Será, en esencia, un cruce entre lo que el país desea y refleja en su Ley Suprema, y lo que necesita en estos momentos aciagos de violencia, inseguridad e incertidumbre.

Según el diccionario, egoísta es aquella persona que antepone el interés propio al ajeno, lo que suele acarrear un perjuicio a los demás. Esa misma definición puede aplicarse a las agrupaciones sociales. Y esto resulta más nocivo, cuando tal definición se centra en organizaciones que se supone que nacieron para combatir el egoísmo y los abusos por parte del Estado, pero que ahora ejercen su poder indiscriminadamente, sin importar las consecuencias sociales que eso implique. Varios sindicatos en Oaxaca son muestra palmaria de ello.

En efecto, en los últimos tiempos hemos visto cómo varias instituciones públicas han entrado en una espiral interminable de crisis, y que en el fondo de ese problema puede vislumbrarse el sello de los sindicatos. Éstos fueron concebidos como una forma de equilibrar los factores del capital y del trabajo, en tiempos en los que eran comunes los abusos cometidos por quienes eran dueños de los centros de trabajo en detrimento de la clase trabajadora, que no tenía forma de defenderse de las presiones y los excesos que se les imponían a cambio de su trabajo.

De hecho, durante todo el siglo XX, México fue un referente de los derechos sociales elevados a rango constitucional, por la determinación del Constituyente de 1917 de establecer en la Constitución, entre otros, el llamado “derecho del trabajo”, que establecía las bases a partir de las cuales debían regirse las relaciones de trabajo, los derechos de los trabajadores y, justamente, la existencia de las organizaciones sindicales como un mecanismo a partir del cual se buscaba el equilibrio de los factores del trabajo, y se reconocía el derecho de asociación laboral de los trabajadores para la defensa de sus intereses.

Todo ello es destacable por el modelo que estableció la Constitución mexicana para la defensa de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, también fue cierto que esos elementos luego sirvieron también para alimentar el corporativismo del que se sirvió el régimen de partido hegemónico para mantenerse en el poder, y que esa relación entre las organizaciones sindicales y el partido oficial se nutrió de canonjías, excesos e irresponsabilidad en el establecimiento y cesión de las llamadas “conquistas sindicales”. Así como el viejo régimen priista le dio a los ciudadanos estabilidad a cambio de arrebatarles la democracia, a los trabajadores y a los sindicatos les dio privilegios a cambio del apoyo incondicional que, valga decirlo, se ofrecía también a costa de la democracia.

Esa dinámica se replicó a todos los niveles y en todas las proporciones. Por eso, luego en las instituciones ocurrió un nuevo fenómeno en el que, quienes tenían a cargo el manejo y la administración de los recursos cometían todo tipo de tropelías, y para no ser denunciados o señalados convertían en cómplices a los trabajadores sindicalizados, ofreciéndoles más privilegios. Una de las características comunes era que cuando ello ocurría, no había perspectiva de futuro. Por eso, para cometer juntos sus tropelías ponían en riesgo la permanencia de los servicios y el futuro de las instituciones, hipotecando los recursos y la estabilidad que alguna vez tuvieron instituciones como las universidades públicas, los servicios educativos, de salud y muchos otros que hoy se encuentran en un proceso muy profundo y complejo de crisis financiera, que en algunos casos es prácticamente imposible de solucionar.

CRISIS POR DOQUIER

Oaxaca tiene ejemplos de sobra. Acaso, el más complejo es, y ha sido, el de la Sección 22 del SNTE, a la que a cambio de estabilidad y apoyo político y electoral, diversos gobiernos la alimentaron con prestaciones que hipotecaban el futuro financiero de la entidad. El resultado de todo eso fue el punto en el que la economía gubernamental estatal no soportó la continuación de dichos privilegios, y eso provocó una monstruosa crisis social reflejada en una revuelta encabezada por el magisterio en 2006.

El inicio de aquel conflicto fue por motivos económicos. Y, años después, eso mismo derivó en la urgencia federal por rescatar no sólo la nómina magisterial sino todos los elementos de gobernabilidad y estabilidad social que ya estaban en juego. En alguna medida esa fue una de las razones que propiciaron la reforma educativa; y la única solución posible al problema financiero, fue que el gobierno federal tomara el control de la nómina educativa —a través del llamado FONE— del que ya no tenemos una referencia clara sobre su costo real tanto para los fondos federales como para las arcas gubernamentales oaxaqueñas.

Ese, lamentablemente, no es el único caso. Otro ejemplo es el de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, que vive una realidad asimismo complejísima a causa de los sindicatos que viven y exigen una cantidad inmensa de recursos de manera periódica. El problema, en ese caso, es que como la UABJO no ha entrado en una dinámica de crisis mayor derivada de su situación financiera, el Estado oaxaqueño —y mucho menos la federación— no le ha tomado la importancia que tiene no sólo su rescate, sino el establecimiento de un gran pacto para garantizar la viabilidad sindical en el mediano y largo plazo, que es una de las principales apuestas del rector Eduardo Bautista Martínez, que sistemáticamente ha hecho pública la crítica situación financiera de la Universidad, y ha establecido las coordenadas precisas que deberían seguirse para un rescate efectivo de las finanzas universitarias.

El problema es que, en ese caso, los sindicatos y los factores reales de poder al interior de la Universidad no sólo no tienen interés en eso, sino que insisten en seguir medrando con los recursos universitarios. Ahí ha habido todo tipo de excesos, que evidentemente llegaron a su punto clímax con la llamada “familia real”, que terminó de hipotecar el fututo universitario a través de una ordeña indiscriminada de recursos para la manutención de grupos porriles, la “compra de paz” a los sindicatos, y la búsqueda de privilegios para ellos mismos. ¿Cuándo cambiará lo anterior? Parece que nunca, mientras todos insistan en mantener su actitud de egoísmo frente a las amenazas que se ciernen sobre toda la Universidad.

Finalmente, eso mismo ocurre con muchas otras instituciones gubernamentales. Salud sigue siendo un ejemplo ominoso de ello, no sólo por el sindicato y sus enormes privilegios, sino también por la irresponsabilidad de quienes han tenido en sus manos el futuro y la estabilidad de las instituciones, pero que decidieron venderla a cambio de llevarse unos pesos —mal habidos— a la bolsa.

¿CANDIDATURAS EN VENTA?

Se dice, por cierto, que con recursos universitarios, un conocido ex Rector de la UABJO anda haciendo todo por “comprar” —literalmente— la candidatura a una diputación federal, o cuando menos local, en Morena. ¿Será?