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UABJO: sin respaldo institucional a fondo, va enfilada al incendio

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Agradezco al Diario Marca, y a su Director General, José Manuel Ángel Villarreal, por la oportunidad de ser parte, a partir de hoy, de esa importante publicación.


Nuevos episodios de violencia se avecinan en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. La feroz disputa por el control de la Facultad de Derecho, es un reflejo claro del descontrol que priva en la política universitaria como consecuencia de la lucha sin honor entre poderes fácticos, pero también por la indolencia gubernamental frente a un problema que sigue enfilado a una crisis mayúscula. Los episodios de violencia vividos al final de la semana pasada en el Edificio Central Universitario, deben ser un llamado urgente para no seguir postergando la solución de fondo a ese problema.

En efecto, durante las festividades de Muertos ocurrió una nueva escaramuza entre los grupos que se disputan la dirección de la Facultad de Derecho en la UABJO. Los partidarios del director Miguel Ángel Vásquez Ramírez, conocido en el mundo porril como El Águila, ingresaron de forma violenta al Edificio Central Universitario para tratar de consumar un madruguete al grupo que encabeza Miguel Ángel Ramírez Hernández. Ambos se disputaron el año pasado la dirección de esa Facultad, en medio de un escandaloso —por fraudulento— proceso electoral, que fue confeccionado al modo y conveniencia de Vásquez Ramírez, que era el candidato del viejo cacique universitario, Abraham Martínez Alavés.

Como era la primera ocasión en más de dos décadas en que la llamada ‘familia real’ de los Martínez Alavés estaría en riesgo de perder la Dirección de dicha Facultad —y el control de la plantilla de alumnos más numerosa de toda la Universidad—, el mismo día de la elección, la Comisión Electoral de esa Facultad —controlada también por los Martínez, gracias a sus maniobras en el Consejo Universitario— decidió descalificar a Miguel Ángel Ramírez Hernández, que representaba la más importante oposición a la familia real de los Martínez Alavés. Sólo así pudieron llevar a la Dirección de la Facultad de Derecho al ex porro conocido como El Águila. Pero el grupo contrario se hizo desde entonces del control del Edificio Central Universitario, desde donde organizaron la resistencia no a la Universidad, sino a los Martínez.

En ese contexto ocurrió un enfrentamiento, que derivó en el incendio de la puerta lateral del Edificio Central el 17 de noviembre del año pasado. Esa fue la primera ocasión en la que El Águila —respaldado por la ‘familia real’ de los Martínez— intentó recuperar las instalaciones del Edificio Central, y desmantelar al grupo que se mantenía en resistencia. No lo lograron. Pero en el enfrentamiento, y para evitar fallidamente que la resistencia reingresara a ese emblemático edificio, provocaron la quema del acceso lateral a dicho inmueble.

Desde entonces, el grupo del ex candidato Miguel Ángel Ramírez Hernández se ha mantenido en control del Edificio Central, y desde ahí han impulsado varias iniciativas como la del reconocimiento de una segunda Facultad de Derecho al interior de la Máxima Casa de Estudios. No han recibido el eco institucional que en otro momento habrían esperado y, de hecho, han sido los Martínez Alavés quienes han bloqueado tal posibilidad, a pesar de que ellos mismos han provocado que varias escuelas y facultades universitarias terminen literalmente partidas, en aras de salvaguardar sus intereses.

COLETAZOS DE LOS MARTÍNEZ

El poder de la llamada ‘familia real’ está tan menguado, que este descontrol es evidencia, y estos parecen ser sus últimos coletazos. En otros tiempos, habría sido imposible que bajo un poder tan vertical como el ejercido durante varios lustros por los ex rectores Martínez Alavés y Eduardo Martínez Helmes, hubiera ocurrido un conflicto de tales dimensiones. En los tiempos de bonanza política de los Martínez, habrían sofocado la insurrección de una forma definitiva y rápida. Por eso, de entrada la prolongación de este conflicto es un reflejo claro de la pérdida de control de los Martínez, así como del crecimiento casi espontáneo de otros grupos que intentan llenar los vacíos que están dejando en su caída.

El problema es que, particularmente, este conflicto en la Facultad de Derecho, puede derivar recurrentemente en episodios de violencia. Así ocurrió en el último proceso electivo de su director, y esa ha sido la constante en los enfrentamientos entre ambos bandos. En esto, la Rectoría de la Universidad no ha recibido el apoyo institucional que debiera ser necesario desde el Gobierno del Estado, para poder abordar el problema para darle una solución de fondo a favor de la academia y la civilidad, como lo ha planteado el rector Eduardo Bautista Martínez.

Lejos de eso, desde varias trincheras políticas han intentado tomar este conflicto como uno más de sus botines, para tratar de reforzar los viejos cacicazgos que tanto daño le hacen a la Universidad. Por eso, a pesar de que los Martínez ya no pueden controlar su principal feudo al interior de la UABJO, nadie se ha atrevido a establecer coordenadas más de fondo en el establecimiento de una nueva institucionalidad, así como nuevos equilibrios dentro de la Máxima Casa de Estudios.

El problema que queda en medio, es la amenaza velada —desde ambos grupos que se disputan el control del Edificio Central Universitario— de ejercer violencia para tratar de dirimir este conflicto que desde hace mucho tiempo ya debió haberse resuelto, a partir de coordenadas muy básicas.

Sin embargo, el Estado no ha querido asumir su responsabilidad para establecer las condiciones para una nueva elección en la Dirección de la Facultad, a cambio del repliegue total del grupo que aún presenta resistencia. Todo eso debía ocurrir a partir del fomento de un clima de equidad bajo el cual pudiera elegirse un nuevo director mayormente respaldado por la comunidad universitaria, y menos subordinado a grupos políticos como el de la familia real de los Martínez, que agoniza pero se resiste a perder el que considera su mayor feudo político en la Facultad de Derecho.

La no atención a este conflicto, finalmente derivará en la explosión de otras disputas que están esperando su momento. En la Facultad de Contaduría hay una crisis que también dará de qué hablar dentro de no mucho tiempo, y que tiene el mismo origen en la insistencia de los Martínez por mantener los controles inopinados que su liderazgo ya no les permite. Por eso es urgente que existan manifestaciones concretas y consistentes de respaldo institucional, al más alto nivel, para resolver estos conflictos y cumplir con el compromiso de regresar a la UABJO a la ruta académica que nunca debió perder.

OPOSITORES CUESTIONADOS

Es una lástima que de la resistencia en la Facultad de Derecho haya perdido el control Miguel Ángel Ramírez Hernández y lo haya tomado Jesús Villavicencio. Éste último es, a lo mucho, una mala copia de los Martínez. Por eso, al menos en la Facultad de Derecho pareciera que ya no queda una ruta posible a favor de los verdaderos universitarios.

Juez especializado en juicio oral mercantil dictará conferencia

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El juez Yaopol Pérez Amaya, del Poder Judicial de la Ciudad de México, estará en Oaxaca el próximo jueves 9 de noviembre

Con la finalidad de actualizar a los profesionales del Derecho sobre los cambios en el sistema jurídico mexicano y analizar los retos, las problemáticas y alcances de las recientes reformas realizadas al Código de Comercio, este jueves 9 de noviembre, el juez Yaopol Pérez Amaya, del Poder Judicial de la Ciudad de México, dictará en Oaxaca la conferencia ‘Enfoque Práctico del Juicio Oral Mercantil’.

A invitación del Poder Judicial del Estado, en el marco de las actividades académicas de la Escuela Judicial en coordinación con la Comisión de Implementación de la Oralidad Mercantil, el especialista abordará aspectos del Juicio Oral Mercantil -que ya se encuentra vigente en la entidad para algunos casos con determinado monto-, y que presenta entre sus ventajas la agilidad procesal y transparencia.

Derivado de las reformas realizadas al Código de Comercio y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero pasado, para el año 2020 todas las demandas en materia mercantil se atenderán a través del sistema oral, sin límite de cuantía, lo que dará mayor celeridad a estos procesos, que podrían quedar resueltos en un plazo máximo de tres meses.

El juez Yaopol Pérez Amaya es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana; cuenta con una amplia trayectoria en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México donde ha desempeñado los cargos de secretario proyectista del Juzgado Trigésimo Civil; secretario auxiliar de Secretaría de Acuerdos de Sala, con adscripción al Juzgado Trigésimo Civil, con funciones de Secretario de Acuerdos; secretario proyectista, de la Octava Sala Civil y actualmente es Juez de Proceso Oral Civil.

La conferencia magistral ‘Enfoque Práctico del Juicio Oral Mercantil’ se realizará a las 10:00 horas en el auditorio “Benito Juárez”, anexo a los juzgados civiles y familiares del Centro.

Siguen indígenas viviendo un trato racista y drscriminatorio: socióloga

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A invitación del Poder Judicial, la socióloga Judith Bautista Pérez impartió la conferencia El racismo, interculturalidad y perspectiva de género

El grupo más discriminado en la sociedad mexicana son los indígenas, que además de ser objeto de un trato desfavorable o de desprecio por sus características físicas y color de piel, enfrentan situaciones como la pobreza, menos escolaridad que el resto de la población y falta de acceso a los servicios básicos  así como a oportunidades laborales, afirmó la socióloga Judith Bautista Pérez, originaria de la comunidad de San Juan Atepec, Ixtlán.

 

Con su ponencia “El racismo, interculturalidad y perspectiva de género” concluyeron las actividades  de la jornada organizada por la Dirección de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, en el marco del 10° Aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,  durante las cuales se analizaron los avances y retrocesos que presenta México en este tema.

Al ser los Derechos Humanos y la perspectiva de género herramientas que permiten a los juzgadores cumplir con su obligación de garantizar el principio de igualdad y no discriminación, en la administración del Magistrado Raúl Bolaños Cacho es prioridad su incorporación plena en la actuación cotidiana de los servidores públicos que laboran en la institución.

En su ponencia, la investigadora puntualizó que las mujeres indígenas se enfrentan a una violencia cotidiana que se ejerce contra ellas por motivos de género, agravada por la discriminación a causa de su origen étnico; además, consideró que actualmente se viven en el país momentos de una mayor violencia hacia los indígenas como lo muestran las altas cifras de homicidios.

 

Las mujeres somos uno de los grupos oprimidos más grandes, ya que representamos el 51% de la población total del mundo y el racismo, el clasismo y las denominadas brechas generacionales nos separan entre nosotras y crean diferencias que en vez de enriquecernos y unirnos, nos dividen, resaltó la académica e integrante del Colectivo para eliminar el racismo en México, COPERA, que tiene como objetivo desarrollar una serie de iniciativas para hacer el racismo visible y público en el país.

 

La investigadora, expuso que el racismo y el sexismo son problemas que tienen expresiones cotidianas en acciones y actitudes de las autoridades y de los ciudadanos por igual, lo que frena el desarrollo; además, las mujeres de pueblos originarios necesitan realizar un doble esfuerzo para ser reconocidas en las diferentes actividades que desempeñan.

La socióloga, quien ha sido coordinadora de la Red Interdisciplinaria de Investigadores de los Pueblos Indios de México, expuso como ejemplo su propia experiencia en el ámbito académico y señaló que para ella el estudio del fenómeno del racismo es su forma de activismo y lucha.

Mecanismos alternativos contribuyen a evitar juicios y solucionar conflictos

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El Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado cuenta con diez módulos especializados instalados en las regiones para la atención de la sociedad

El Centro de Justicia Alternativa (CJA) del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, cuenta con diez módulos instalados en las diferentes regiones del Estado, los cuales se encuentran a cargo de personal especializado que brinda atención a asuntos de naturaleza penal, civil, familiar, mercantil y vecinal, con la finalidad de que las partes involucradas en un conflicto lo resuelvan por voluntad propia, sin la intervención de un juez y en un marco de respeto.

 

Basada en el compromiso de propiciar una cultura de paz y fomentar el diálogo entre las personas, la institución que recientemente cumplió 15 años al servicio de la sociedad, otorga a la ciudadanía un servicio humano, personalizado, cordial, atento, respetuoso, con calidad y profesionalismo a través de un trámite sencillo, confiable, rápido y totalmente gratuito, resaltó su directora, Betzzaida Cruz Mendoza.

 

Manifestó que el Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado busca consolidarse como la primera opción de los ciudadanos que requieren medios más eficaces para dirimir sus conflictos de forma armónica, pronta, eficaz y gratuita, lo que también les evita el desgaste emocional, físico y económico que conlleva un juicio bajo las vías tradicionales.

La directora del CJA, indicó que los facilitadores tienen un papel estratégico, por lo cual quienes laboran en dicho Centro se encuentran certificados mediante controles de confianza y otras pruebas que garanticen su apego a las normas establecidas y no propicien impunidad o injusticias hacia los involucrados en un conflicto.

 

Los módulos del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado se encuentran en los Juzgados de Control de la Región Sierra Sur, Sierra Norte, Mixteca, Istmo, Costa, Cuenca, Cañada y Valles Centrales, sede Tanivet, Ejutla de Crespo e Ixcotel.

 

Cabe señalar que dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, conocido como juicios orales, en el caso de delitos menores se pueden aplicar salidas alternas que permitan encontrar una solución al conflicto sin llegar a juicio, lo que contribuye a terminar el proceso el menos tiempo y permite al imputado aceptar su culpa y reparar el daño ocasionado a la víctima.

Los intentos de separatismo desde la perspectiva constitucional mexicana

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Hemos visto a lo largo de las últimas semanas, el drama en el que se ha convertido el intento unilateral del gobierno catalán por consumar su independencia de España. Este es uno de los tantos procesos complejos que se viven en ciertos países a los que parece que los principios de la integración y la pluriculturalidad les hicieron una crisis de identidad profunda. Sólo así puede entenderse esto que es parte de nuestra realidad constitucional actual que, al menos en México, también encierra ciertos temores sobre separatismo.

En efecto, el 1 de octubre pasado, tuvo lugar un referéndum de autodeterminación convocado por el presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, posteriormente suspendido por el Tribunal Constitucional y finalmente celebrado de manera ilegal en Cataluña, sin cumplir ninguna garantía mínima ni los estándares internacionales.

La Ley del Referéndum que lo haría posible, fue aprobada el 6 de septiembre por el Parlamento de Cataluña con los votos a favor de los parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP, en un pleno rodeado de una fuerte polémica. Dicha ley establece que el referéndum es vinculante y que se proclamará la independencia dos días después de la publicación de los resultados oficiales si el “sí” obtiene más votos que el “no”, sin requerir una participación mínima. La ley es ilegal de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Cataluña que requiere una mayoría de dos tercios en el Parlamento catalán para cualquier cambio en el estatus de Cataluña.​

La Generalidad de Cataluña dio los resultados finales el 6 de octubre. Con el 100% de votos escrutados, se habían contabilizando dos millones 262 mil 424 papeletas, con dos millones 020 mil 144 votos por el “sí” y 176 mil 565 votos por el “no”, con una participación del 43,03 %.​

El 10 de octubre de 2017, se celebró el pleno de los resultados del referéndum del 1 de octubre de 2017.​ En el pleno, Carles Puigdemont proclamó la República Catalana, sin embargo, suspendió los efectos de la declaración por unas “pocas semanas” en busca de mediación y negociación internacionales. La Declaración de Independencia fue firmada por todos los 72 diputados independentistas.

El 27 de octubre de 2017 la Generalidad de Cataluña declaró unilateralmente la independencia después de una votación anónima en el Parlament por 70 votos a favor, dos en blanco y 10 en contra, con la ausencia de los grupos parlamentarios Socialista, Popular y de Ciudadanos.108​ La votación se llevó a cabo a pesar de la advertencia sobre su ilegalidad, realizada esa misma mañana por los letrados del Parlamento de Cataluña.​ Como respuesta a la decisión del gobierno regional, el Gobierno Central disolvió el Parlamento de Cataluña, la destitución del Gobierno de la Generalidad y a otras instituciones catalanas convocando elecciones autonómicas para el 21 de diciembre de 2017.

Todo esto, ha generado una crisis muy profunda en España que no sólo tiene que ver con la legalidad –en la que evidentemente, la Constitución Española debe prevalecer, como piedra angular de la convivencia social y la unidad nacional— sino con el sentido de identidad de aquel país que ahora se enfrentará a una crisis más profunda por las desavenencias que todo eso significará.

EL CASO MEXICANO

Ahora bien, regresemos al caso mexicano. Aquí, cuando en 2001 se aprobó la reforma al artículo 2 de la Constitución, en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas, se estableció esa leyenda anotada en el primer párrafo de este escrito, como una especie de “candado” contra los posibles intentos separatistas que podrían surgir una vez que el Estado mexicano le reconociera derecho y personalidad a los pueblos indígenas, bajo la lógica de que ese reconocimiento también daba por reconocido que esas naciones existían antes de que México se formara como nación y que, por tanto, una vez que esto fuera reconocido esas “naciones” quisieran su independencia del Estado mexicano.

Esa, creemos, fue una prevención excesiva. Pues en los hechos, el caso más emblemático de la inconformidad de un pueblo indígena con el Estado mexicano se dio antes de esa reforma, y fue en 1994 con el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Ellos, a través del subcomandante insurgente Marcos, reclamaban al Estado el olvido histórico que le habían proferido a las comunidades originarias de Chiapas y su total desinterés por atender las necesidades básicas de esos pueblos, que seguían viviendo en condiciones similares a las de la conquista, en el siglo XVI.

A pesar de esos reclamos, ni el subcomandante Marcos, ni el EZLN, ni nadie, habló nunca en el conflicto de Chiapas, de que ese estado o los pueblos inconformes, buscaran su independencia frente al Estado mexicano. Querían, más bien, autonomía plena para autogobernarse al margen del derecho occidental, pero nunca cuestionaron su pertenencia a la nación mexicana, o su identidad.

Dice el artículo 2 de la Constitución española: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. De ese precepto tomó su forma el enunciado transcrito del artículo 2 de la Constitución mexicana. Que aquí no se necesita pero, según vemos, en España sí.

AVISO

Les deseamos a nuestros lectores felices días de descanso y convivencia con los fieles difuntos, que estarán entre nosotros a lo largo de estas fechas. Nos volvemos a leer el próximo lunes seis de noviembre. ¡Hasta entonces!

AMLO nos quiere engañar con un falso planteamiento sobre federalismo

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Una de las muchas interrogantes que existen en México, sobre el funcionamiento del sistema democrático y el funcionamiento del sector público, es por qué aún cuando estamos regidos por un sistema federal, existen tantas desigualdades entre el centro, norte y sureste de la República. La respuesta debe buscarse en la distribución de la riqueza y en el fomento al desarrollo. Sin embargo, ahora Andrés Manuel López Obrador pretende establecer como nuevo parámetro la distribución material de las áreas del gobierno, como si por sí mismas éstas fueran las generadoras del desarrollo.

En efecto, en Sonora Andrés Manuel López Obrador dijo que de llegar a la Presidencia de la República, uno de los principales proyectos que emprenderá será la descentralización de dependencias del gobierno federal, y que en el caso de Sonora, se instalaría la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en Ciudad Obregón. El aún dirigente nacional de Morena, y precandidato presidencial único de ese partido, explicó que se trata de una propuesta que llevará desarrollo y empleos a todos los rincones de México y que además despresurizará a la Ciudad de México, en especial porque se demostró con los terremotos la fragilidad de la capital y el riesgo de que se paralice el país.

López Obrador dijo que se debe buscar crecimiento parejo a lo largo de todo el país, “y por eso vamos a llevar a cabo este plan de descentralización”. la Secretaría de Agricultura del gobierno federal opere desde Ciudad Obregón, Sonora, ya no desde la Ciudad de México, y así todo el gobierno: Salud en Chilpancingo, Guerrero; Comunicaciones y Transportes, en San Luis Potosí; Pesca en Mazatlán, Sinaloa; Ganadería en Jalisco; Minería en Chihuahua.

Así como Recursos Forestales en Durango; en Puebla la Secretaría de Educación Pública; la Comisión Federal de Electricidad en Chiapas donde están las Hidroeléctricas; Pemex en Ciudad del Carmen, Campeche; Energía en Tabasco; Medio Ambiente en Yucatán; Turismo en Chetumal, Quintana Roo. Curiosamente, López Obrador nada dijo sobre la Secretaría de la Defensa Nacional, que según su lógica debiera estar situada en donde exista más presencia militar en el país, o la Secretaría de Marina Armada de México, que bajo esa misma lógica debiera estar en alguna zona marítima y no en el centro del país, como ahora mismo ocurre.

Dentro de la argumentación para justificar su planteamiento, López Obrador dijo que es necesario descentralizar el gobierno federal de la Ciudad de México, “porque después de los sismos del 7 y 19 de septiembre, se demostró que no se puede concentrar la población sólo en la capital de la República, hay mucha fragilidad y con los siniestros se perdieron muchas vidas”.

¿De verdad podemos suponer que con esa descentralización administrativa del centro del país, se va a estimular todo lo que ahora dice Andrés Manuel López Obrador? ¿De verdad ese es un problema de índole administrativo, y no un asunto más bien relacionado con el modelo de desarrollo tan desigual que ha imperado en nuestro país?

DESARROLLO DESIGUAL

Vale la pena la reflexión: a nivel jurídico-político, nuestro federalismo tiene apenas unos años de —medio— haberse logrado en cuanto al acotamiento —también relativo— del poder presidencial; pero también porque todos los días podemos darnos cuenta de que, en diversas materias —la económica, y la del desarrollo son centrales en todo eso—, sigue predominando el centralismo que —según— tanto hemos luchado por combatir. ¿Por qué?

Porque, por ejemplo, más del 30 por ciento del total de la población nacional, vive en las tres o cinco ciudades más importantes de la República Mexicana. A diferencia de un federalismo como el estadounidense, en México sólo tenemos como centros económicos potenciales a tres ciudades —la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara—, mientras que en los Estados Unidos de América ese potencial no sólo se reduce a Nueva York o Washington. Tanto del lado del Océano Atlántico, como del Pacífico, tienen potencias económicas (Illinois, Texas o California, por citar dos ejemplos). Así pues, Estados Unidos tiene potencias económicas que no son consecuencia más que de una distribución presupuestal más igualitaria, honesta y equitativa.

Pero no sólo eso. En México existen 32 entidades federativas, en las que abundan las desigualdades en cuanto al reparto del dinero público. Lo mismo ocurre con los 2440 municipios habientes en México: el gobierno federal —que es quien reparte la riqueza pública— sólo se encarga de “tener contentos” a los cien municipios más ricos, repartiéndoles grandes cantidades de dinero; y de hacer más o menos lo mismo con los 100 más pobres, por razones políticamente correctas de apoyo a las zonas más marginadas. Sólo que, en medio, deja en la total desatención a la gran, gran mayoría de las demarcaciones territoriales básicas, que es en donde se concentra la mayor parte de la población del país, que sigue viviendo un desarrollo mediocre que tiene raíces mucho más profundas que el solo hecho de que la sede del gobierno federal está depositada en la Ciudad de México.

Se puede argumentar a favor del federalismo en México, quizá como la opción más viable para atajar las concentraciones de poder que tanto daño le han hecho al país. Pero no se puede decir que ese federalismo sea exitoso cuando existen abundantes problemas de orden social que no han sido resueltos.

No puede ser así, tampoco, cuando el propio federalismo mal entendido en el otro extremo, ha convertido a los gobernadores en auténticos virreyes que pueden hacer y deshacer a discreción dentro de los territorios que gobiernan, o cuando los ayuntamientos se aparecen ya como meras figuras administrativas, que no gozan de la importancia, del sustento jurídico y del potencial suficiente como para detonar el desarrollo de los municipios. Situaciones similares se derivan en cuanto a la imposibilidad de generar empleos, educación de calidad, servicios suficientes y competentes de salud, o un sistema de distribución de la riqueza que causara menos estragos o desigualdades sociales.

UBICACIÓN NO ES EFICACIA

Por esa razón, el planteamiento reciente de Andrés Manuel López Obrador tendría que ser visto no sólo como un tema de descentralización administrativa, sino sobre todo como una cuestión que lejos de beneficiar a la administración pública la tornaría caótica y sólo redistribuiría los mismos problemas que tiene hoy la capital del país, porque la cuestión más compleja no es en dónde se encuentra su sede sino cuánta capacidad tiene para resolver los problemas que se le plantan ante sí. Por eso, bajo esa misma lógica, si ahora la SEP se encontrara en Puebla, ahí irían las protestas magisteriales; los campesinos irían a protestar no a la capital, sino a Ciudad Obregón. Y así, infinitamente.

Impartirá Poder Judicial curso sobre notificación electrónica

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Será el día 6 de noviembre y las inscripciones se realizarán media hora antes del inicio del curso

El Poder Judicial del Estado invita a la comunidad jurídica al curso Notificación Electrónica a realizarse el próximo 6 y 7 de noviembre, en el auditorio Benito Juárez, anexo a los  Juzgados Civiles y Familiares del Centro, ubicados en la calle División Oriente número 618, del Barrio del Ex Marquesado.

La capacitación, que será impartida a través de la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura, se realizará en un horario de 17:00 a 19:00 horas, con cupo limitado; las inscripciones se efectuarán treinta minutos antes del inicio de la actividad, que tiene como objetivo actualizar a los profesionales del derecho sobre este sistema que permite una mayor agilidad de las notificaciones y las diligencias de los procedimientos judiciales.

Recientemente, el presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, Magistrado Raúl Bolaños Cacho anunció la operación del Tribunal Virtual de Notificación Electrónica, en cumplimiento a lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles y a una demanda sentida de los propios abogados, de ahí la importancia de  apoyarles con la capacitación en el tema.

Los abogados como los justiciables que se registren en este nuevo sistema recibirán las notificaciones en su dispositivo electrónico,  (computadora, tablet o celular), en el lugar donde se encuentren y de manera instantánea, ágil y segura. Además, el Poder Judicial obtendrá, eventualmente, un ahorro en recursos materiales y humanos.

Por otra parte, en el marco de las actividades académicas de la Escuela Judicial en coordinación con la Comisión de Implementación de la Oralidad Mercantil, el jueves 9 de noviembre, a las 10:00 horas se realizará la ‘Conferencia con Enfoque Práctico del Juicio Oral Mercantil’, impartida por el Juez Yaopol Pérez Amaya, especializado en materia oral mercantil del Poder Judicial de la Ciudad de México.

La actividad tendrá como sede el auditorio Benito Juárez, anexo a los  Juzgados Civiles y Familiares del Centro y será abierta al público en general.

Igual que en 2006, hoy es peligrosa la postura magisterial de plantear exigencias inalcanzables

Deben tomarse con seriedad los más recientes planteamientos hechos por la Asamblea Estatal de la Sección 22. No hacerlo, o tratar de sacar ventaja de una situación de tal magnitud, sería no sólo contraproducente, sino potencialmente muy peligroso para Oaxaca. Igual que en 2006, la 22 está haciendo planteamientos imposibles de cumplir, para luego tener la justificación para acciones de fondo como el paro indefinido de labores, plantones y manifestaciones que, en algún escenario, podrían derivar en violencia y en más daños para Oaxaca.

En efecto, en su sesión de Asamblea Estatal realizada este fin de semana, la Sección 22 amenazó con suspender de manera indefinida las clases en las 13 mil escuelas de Oaxaca, si no hay respuestas favorables a sus demandas antes del 31 de octubre. Establecieron que saldrán a manifestarse a las calles a partir del 6 de noviembre si no hay respuesta a sus peticiones, y pidieron que el gobierno de Oaxaca sea mediador para que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación les entregue la toma de nota, puedan pelear la nulidad del decreto de transformación y puedan recuperar la bilateralidad de la política pública en total.

De hecho, los maestros calificaron como insuficientes las respuestas ofrecidas por el gobierno estatal y no descartaron estallar un paro indefinido de labores en caso de no obtener respuestas satisfactorias a sus demandas, y reiteraron su exigencia de recuperar los espacios ganados ante el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) como parte del establecimiento de la bilateralidad de acuerdos a los principios y mecanismos que defina el movimiento.

Según información del periódico Milenio, la Asamblea demandó la salida del director del IEEPO, Germán Cervantes Ayala, Salvador Heredia, y Gabriela Santoscoy, así como la salida inmediata de los Jefes de Unidad de los Niveles Educativos del Instituto; exigió la salida de Aurelio Nuño de la Secretaría de Educación Pública y desconoció al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Además pidió a la Auditoría Superior comenzar una auditoria al IEEPO por malversación de fondos que fueron empleados con fines electorales.

Afirmó que su plan de acción contempla que a partir del próximo 6 de noviembre regresarán al plantón rotativo las regiones de la Sierra y Tuxtepec, el cual mantenían en el zócalo de la ciudad de Oaxaca. Los docentes amagaron con generar la ola de protestas callejeras intensas, a la par de estallar de un paro indefinido de labores, lo que perjudicará a un millón de alumnos que acuden a 13 mil escuelas de educación básica e inicial.

Es cierto que estos planteamientos iniciales corresponden a la apuesta ya conocida de la Sección 22 de lanzar amagues elevados de tono para luego irlos moderando conforme van avanzando sus negociaciones con el gobierno estatal. No obstante, lo que no puede dejar de considerarse es el fondo, y la imposibilidad material y jurídica de cumplimiento de cualquiera de sus exigencias que ya están establecidas como objetivo de sus jornadas de lucha. Esto se convierte en algo crítico porque todo ello ocurre en el contexto del arranque del proceso electoral más importante de los últimos tiempos para Oaxaca, y para el país por la elección presidencial.

Por eso es imposible no recordar el 2006 y sus funestas consecuencias.

VOLTEAR AL PASADO

Cuando a principios de 2006 la Sección 22 del SNTE estableció como su principal demanda al gobierno estatal, que se les otorgara la llamada “rezonificación por vida cara”, nadie creía que eso tendría tanto de fondo como finalmente ocurrió. En el gobierno de Oaxaca siempre supieron que esa era una demanda materialmente imposible de cumplir porque significaba comprometer alrededor de veinte mil millones de pesos anuales, que las arcas estatales no tenían, y que además, de hacerlo, significaría generarle una presión extraordinaria a todo el gobierno —sus políticas, sus proyectos, sus prioridades— para cumplirle el capricho a un solo gremio que, además, lo exigía a punta de perjuicios y amenazas.

Nadie lo consideró como algo serio, y sin embargo esa exigencia fue escalando primero ante el gobierno estatal —que no tenía forma de cumplirla— y luego ante el gobierno federal que no sólo no hizo caso a la gravedad de las demandas, sino que incluso trató de sacar ventaja de ellas —cuestión que por momentos también pareciera que intentan algunos sectores estatales de la situación actual—.

Por eso, cuando en junio de aquel año —luego de tres semanas de paro indefinido de labores, y de un plantón masivo en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca— se decidió el uso de la fuerza pública para tratar de disolver la manifestación magisterial, el gobierno de Oaxaca no obtuvo la respuesta federal que se supone que se tenía apalabrada, y más bien fue blanco de una acción de ventaja federal con evidentes fines político electorales.

El problema es que finalmente el conflicto magisterial terminó contaminando a todos. El gobierno de Oaxaca, priista, fue arrollado en la elección federal al quedar lejísimos de poder cumplir con su meta de ofrecerle un millón de votos a su candidato presidencial (Roberto Madrazo); el gobierno federal casi pierde la elección al entregarle un estado clave como Oaxaca a Andrés Manuel López Obrador, que desde entonces lo convirtió en uno de sus bastiones.

Además de eso, la “solución” que terminó ofreciendo el gobierno federal a la Sección 22 fue costosa, tardía y cargada de sacrificios para el Estado de Derecho. Terminaron concediéndole a la 22 la rezonificación salarial; les ofrecieron impunidad y les dieron carta abierta para hacer de Oaxaca lo que ellos mejor quisieran. Perdió totalmente la educación pública en la entidad; perdió la ciudadanía a la que nadie resarció por los daños sufridos; y, en general —y como lo dijo un periodista— en gran medida la solución al conflicto magisterial radicó en que se jodiera Oaxaca.

Ese es el riesgo hoy: que el tratamiento inadecuado a una demanda que de antemano se sabe imposible de cumplir, y que se entiende que está planteada con fines políticos, termine siendo un gran problema para todos en Oaxaca. Por eso no deja de preocupar que esto ocurra justo en la víspera del inicio de la contienda electoral, y que se haga como si fuera un planteamiento ordinario cuando en realidad todos sabemos que ello no podrá cumplirse.

Ojalá haya altura de miras en el tratamiento al problema, y no intenten —aquí, o en la Ciudad de México— jugar con fuego ante un asunto tan delicado como la perenne crisis magisterial de Oaxaca.

ELECCIÓN TRASCENDENTE

Hoy la LXIII Legislatura habrá de hacer una demostración de responsabilidad —o de lo contrario, según lo resuelvan— al nombrar a los integrantes del nuevo Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca. El punto de referencia para esta decisión, tendría que ser el nombramiento de las personas técnica y profesionalmente más idóneas, para caer en la tentación riesgosa de generar un nuevo órgano autónomo con caducidad sexenal, al ponderar el criterio político sobre lo que dice la Constitución. Ojalá lo entiendan y así lo resuelvan. Ojalá.

Especialista en derecho internacional imparte curso en el Poder Judicial

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El especialista Arturo David Argente Villareal abordó el tema “Tópicos en materia de oralidad civil y familiar” a personal jurisdiccional

Ante los cambios sociales que impactan en el ámbito jurídico, la enseñanza del derecho debe de transformarse, desde su punto de vista teórico y analítico; y fortalecer las áreas de los derechos humanos y las técnicas de argumentación jurídica, consideró el abogado y catedrático, Arturo David Argente Villareal, quien indicó que para los profesionales del derecho ya no es suficiente con conocer solo los ordenamientos jurídicos internos, sino también  deben dominar el marco legal internacional.

A invitación de la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura, el académico impartió este fin de semana el curso “Tópicos en materia de oralidad civil y familiar”, dirigido a magistrados, jueces y servidores públicos del Poder Judicial del Estado, con quienes revisó aspectos como el daño moral, la restitución internacional de menores de edad, la protección contra la violencia familiar y el divorcio incausado, entre otros.

El especialista en Derecho mercantil, derecho concursal, derecho corporativo y litigio internacional, así como analista político y legal puntualizó que en esta etapa de transformaciones y globalización,  encontramos la figura de los juicios orales que exigen habilidades en la expresión verbal, acompañada de una sólida facultad de argumentación jurídica para consolidar la transición de los procedimientos escritos a los orales en materia penal, mercantil y familiar.

Durante el curso, realizado en el auditorio “Benito Juárez” anexo a los Juzgados Civiles y Familiares del Centro, el académico explicó con ejemplos de sentencias de la Suprema Corte de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aspectos de normas jurídicas internacionales que muestran como se ha avanzado en su aplicación y en el tema de la reparación del daño moral.

“El concepto de justicia ya no tiene fronteras, es un concepto que se enfoca de manera transnacional. La globalización que estamos enfrentando, tiene como principio básico el respeto a los derechos humanos de la población. Derechos como la no discriminación, libertad de expresión, la libertad de tránsito, debido proceso, libertad de trabajo, ocupación y empresa, serán temas que los jueces del fuero común también tendrán que estar capacitados para interpretar”, manifestó el jurista quien cuentan con las especialidades en Derecho comercial y Derecho Internacional Privado.

Cabe señalar que la capacitación y actualización de los servidores públicos judiciales es una de las prioridades en la administración del Magistrado Presidente, Raúl Bolaños Cacho, quien ha señalado que el estudio debe convertirse en una constante de los juzgadores para fortalecer su convicción ideológica y a su vez mejorar la forma de impartir justicia.

Revisan en foro protección de los derechos de trabajadoras del hogar

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El Poder Judicial de Oaxaca, en vinculación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos México (CNDH), organizó el foro “Mujeres Indígenas y Trabajo Doméstico”

El Poder Judicial de Oaxaca, en vinculación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos México (CNDH), organizó el foro “Mujeres Indígenas y Trabajo Doméstico”, con la finalidad de examinar desde diferentes perspectivas los avances y retos de promoción y protección de los derechos humanos de las trabajadoras del hogar, así como reconocer la actividad que realizan las mujeres indígenas en el trabajo doméstico, actividad que desempeñan en su mayoría jóvenes solteras que emigran de los estados más pobres del país.

Lo anterior, en el contexto de que en México, en los últimos años, el discurso de los derechos humanos ha adquirido tal fuerza que se ha logrado en algunos estados, realizar cambios legislativos; sin embargo, en lo que corresponde a las personas trabajadoras del hogar no ha permeado para su regulación y continúan en un estado de desigualdad legal y vulnerabilidad social.

A nivel nacional, datos de la Encuesta Intercensal 2015, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señalan que en México más de ciento cuarenta mil trabajadores y trabajadoras domésticas remunerados, hablan lengua indígena, lo que representa el 8.4% del total de quienes se dedican a esta actividad; de este grupo el 93.5% son mujeres, de ahí el interés del Poder Judicial del Estado para revisar la situación de este sector en el marco de los derechos de las mujeres.

Durante el foro, especialistas y representantes de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos coincidieron en la importancia de impulsar acciones para promover de manera efectiva la igualdad a partir de los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que promueven y protegen los derechos de los y las trabajadoras domésticas, especialmente de las mujeres indígenas, reconociendo en estos instrumentos, estándares  que permiten garantizar a tal sector de la población la más alta protección a su dignidad.

A partir de sus conocimientos y experiencia profesional, propusieron diferentes acciones que impacten favorablemente en este sector a través de programas que reconozcan y respeten sus derechos laborales y terminen con situaciones de discriminación, barreras y obstáculos creados por la sociedad.

En el foro participaron como ponentes Iris Arlette Gallardo Escamilla, Directora General de Fomento de la Seguridad Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Marcelina Bautista Bautista, Fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar; Minerva de Jesús Gómez Cruz, integrante de IDEAS A.C-Ch’ieltik; los Investigadores Independientes, María Cristina Velásquez Cepeda y Julio César Domínguez Díaz. Como moderadora fungió la Magistrada Xóchitl Raquel G. Pérez Cruz, titular de la Segunda Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas.

En su oportunidad, la directora de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Estefanía Altamirano Jiménez, destacó que para el Magistrado Presidente Raúl Bolaños Cacho es prioridad compartir y tejer redes que fortalezcan y consoliden los derechos humanos y la igualdad de género, pues el respeto y la protección de estos derechos no pueden ser sólo una actitud individual sino que se requiere del trabajo conjunto para lograr objetivos comunes que contribuyan a la igualdad real de las personas en situación de vulnerabilidad