+ Federación prorrateará obligaciones a municipios y entidades federativas

Lejos del estruendo por las declaraciones xenófobas y de odio del presidente norteamericano Donald Trump contra nuestro país, la nueva relación entre México y Estados Unidos impondrá una reforma fiscal de fondo que hará indispensable la eliminación de los planteamientos políticos respecto a los impuestos y el funcionamiento del sistema fiscal, y que a la vez tendrá que llevar a la necesidad de que estados y municipios asuman —o reasuman— nuevas responsabilidades tributarias que hoy están en manos de la federación. Quizá sea el momento en que esos dos ámbitos de gobierno dejen de asumirse como menores de edad a los que debe proteger y suplir en sus deberes el gobierno federal.

En efecto, son al menos dos, las señales más concretas de que vienen cambios de fondo en el sistema tributario del país. La primera es el anuncio hecho ayer por el secretario de Hacienda, José Antonio Meade en el sentido de que la economía mexicana podría tener sorpresas favorables a finales de año ante la posibilidad de superar la meta de superávit primario, el cual tendría que implicar la reducción de la deuda a partir de las reducciones al gasto federal.

La segunda señal, es la relacionada con la intención del gobierno de los Estados Unidos de modificar el esquema de las tasas impositivas de Impuesto Sobre la Renta, lo cual tendría que llevar a nuestro país a también replantear la forma en cómo cobra ese mismo impuesto tanto a las personas físicas como a las empresas, bajo la premisa de que una desigualdad en ese rubro llevaría al país a perder competitividad y atracción a la inversión extranjera a partir de su rigidez fiscal. Ambas señales implican en realidad cambios muy importantes que deben llevar a México a eliminar algunos de los atavismos que tienen anclada a la política fiscal a los caprichos y necedades de algunos partidos.

Pues resulta que, en cuanto a la primera de las señales, ayer el secretario Meade fue enfático y claro al asegurar que para lograr la meta del superávit fiscal primario se deben considerar factores externos como la inversión extranjera, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o la normalización de la relación monetaria entre México y los Estados Unidos; pero también dijo que otro de los componentes es la reducción de la deuda y la disminución del gasto federal.

En este sentido, Meade dijo que para reducir el gasto federal, hay espacios para que los gobiernos locales recauden sus propios recursos cobrando impuestos como el predial, y lo particularizó señalando que “mejor sería que los municipios financien sus ingresos con los recursos del pago del predial, y que los estados también busquen sus propias fuentes de generación de recursos”.

¿Qué significaría todo esto? Que la revalorización del impuesto predial tendría que ser a punta de lanza para la recuperación de la capacidad recaudatoria de las entidades federativas y los municipios, que a lo largo de las últimas décadas ha ido perdiendo a favor de la federación. En teoría, como premisa el federalismo fiscal tendría que funcionar a partir de que las partes integrantes de la federación recaudaran los impuestos para entregárselos al gobierno federal para su funcionamiento.

Sin embargo, es claro que en México eso funciona exactamente al revés porque hoy el gran recaudador es la federación, y los estados y municipios asumen la posición cómoda de esperar a que las transferencias de recursos federales lleguen a sus arcas evadiendo su responsabilidad de generar sus propios ingresos.

A ello habría que agregarle que todas las reformas fiscales de las últimas décadas, han tenido como uno de sus puntos constantes la transferencia de facultades recaudatorias de los estados a la federación, a cambio de que ésta haga “participables” los recursos federales que captan las entidades federativas, como resultan ser el ISR y varios otros que, independientemente de cómo se recauden, son parte de las atribuciones del fisco federal, transferidas o arrebatadas a las entidades federativas.

MANIOBRAR CON EL ISR

Ante la decisión del gobierno de Estados Unidos de revisar el esquema de cobro del ISR, en México será irremediable la necesidad de replantear ese mismo impuesto aunque con un margen de maniobra mucho más limitado, según reconoce también la Secretaría de Hacienda. En esa lógica, como lo señala el analista Enrique Quintana, este es un tema crucial para que México no pierda competitividad fiscal respecto a los Estados Unidos y las demás naciones.

Pues, como dice el analista, hay que recordar que la tasa general del ISR que hoy se paga en México es de 30 por ciento y que las tasas a las personas físicas van desde 1.92 hasta 35 por ciento. En esa lógica, el planteamiento que ayer hizo Meade es que va a ser muy difícil reducir la proporción de la deuda pública sobre el PIB si se reducen tasas impositivas, si es que se decidiera seguir la misma estrategia que en los Estados Unidos de reducir el ISR como una forma de generar competitividad.

De hecho, las calificadoras más importantes están observantes del desempeño fiscal de México para que, en caso de que no se cumplan los compromisos en materia de reducción del déficit, se baje la calificación de la deuda mexicana. Se podría discutir si en el largo plazo es compatible una reducción de tasas con un incremento de recaudación. Pero lo que es un hecho es que una baja de tasas en el corto plazo probablemente causará una baja de ingresos. El argumento usual cuando se plantea lo anterior es que es factible reducir las tasas de impuestos sin aumentar la deuda pública… siempre y cuando se reduzca el gasto público.

Frente a este panorama, ampliamente reseñado ayer en El Financiero por el analista Enrique Quintana, establece además otras interrogantes que tendrán que responder no sólo las entidades federativas y el gobierno federal, sino también partidos, candidatos presidenciales, plataformas políticas y todos los que resultan involucrados en un tema tan complejo como éste.

¿Ahora sí irán a fondo a abatir la evasión, la elusión y las prácticas fiscales agresivas, que deprimen los ingresos de la federación? ¿Revivirán temas políticamente tan escabrosos como el de imponer Impuesto al Valor Agregado a alimentos y medicinas, como una forma de hacer más general el cobro de dicha contribución? ¿Impulsarán la transferencia —más bien, el retorno— de las facultades de cobro a las entidades federativas y los municipios, para que unos y otros comiencen a comportarse como mayores de edad y asuman sus responsabilidades en la generación de sus propias fuentes de recursos?

Al final, queda claro que si el Estado quiere tener más recursos y más competitividad, debe hacerlo de manera responsable a través de la reducción de su gasto y la eliminación de la dependencia de las entidades federativas y los municipios respecto a sus ingresos. Es un tema que parece ineludible y que tendrá su impacto justo en el año en que también se dirima la elección presidencial. Ojalá que no terminemos en la vía populista como parece que ya entró de lleno el gobierno de los Estados Unidos.

ENTIDADES, OMISAS

En esa lógica, será muy relevante la forma en que incidan las entidades federativas para esa reforma fiscal que será indispensable e irremediable. Hasta ahora su actividad ha sido pasiva y se han cobijado, en general, en la Conferencia Nacional de Gobernadores que, para esos efectos, tendría que funcionar como el escaparate para una nueva Convención Nacional Hacendaria. Los cambios que vienen son de fondo. Falta ver qué tan preparados y dispuestos están los gobernadores para ello.

+ Relevos en la Fiscalía y Órganos Autónomos deben hacerse con aciertos

El relevo de Alfredo Lagunas Rivera en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), marcó una pauta importante de cómo podrían ocurrir los cambios en otros órganos independientes del Poder Ejecutivo como la Fiscalía General del Estado, la Auditoría Superior, el Instituto de Acceso a la Información y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Esa es una agenda importantísima que el Gobernador y el Congreso deben desahogar con inteligencia, prudencia y responsabilidad con Oaxaca.

En efecto, Lagunas Rivera era presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura y, por ello, era el titular del Poder Judicial del Estado por un periodo que concluía en enero de 2019. Su relevo ocurrió luego de un proceso de negociación política en la que participaron no sólo Lagunas y el Ejecutivo, sino también los verdaderos representantes del grupo político que apuntaló al ahora ex Presidente del TSJE, y que solicitaron ciertas garantías para poder hacer el relevo en la presidencia del Tribunal.

Por la estabilidad constitucional del cargo, y por la dimensión del movimiento, no había otra forma en que ocurriera el relevo, ya que la vía de una reforma constitucional para la remoción de Lagunas habría implicado un proceso jurídica y políticamente muy sinuoso y violento, que habría puesto a la entidad en el candelero la crítica nacional, por el posible atropello a las instituciones y a la certidumbre constitucional, que se supone que es uno de los pilares de la división de poderes.

Por eso, el grupo gobernante optó por la vía de la negociación política para la transmisión ordenada de la titularidad del Poder Judicial, que resultaba importante más por una cuestión de mensaje de poder que de funcionamiento orgánico del aparato de justicia. En todo ello, resulta tan relevante el enroque como la vía trazada, que es por la que ahora habrán de transitar los cambios que siguen en esa agenda de gobierno, de instituciones tan relevantes como la Fiscalía y los órganos constitucionalmente autónomos.

¿De qué hablamos? De que, en los hechos, al fiscal Héctor Joaquín Carrillo Ruiz la nueva administración estatal lo tiene completamente marginado y materialmente relevado de todas las decisiones importantes de la entidad que se supone que aún encabeza. Desde el mes de diciembre, la misma oficina del titular, en Ciudad Judicial, fue ocupada por enviados de la nueva administración que asumieron todas las funciones de mando y responsabilidad que tuvo el Fiscal hasta el último día de noviembre, y desde entonces éste despacha —“despachar” es un decir, en sus condiciones actuales— en una oficina del viejo edificio de la PGJE de los rumbos de La Experimental.

Así las cosas, además de haber perdido el mando, pareciera que el Fiscal perdió también la dignidad y se ha mantenido aferrado a la designación que le dio el Congreso del Estado, a pesar de que no pudo defender la autonomía que la Constitución le reconoce a la Fiscalía, y tampoco pudo establecer vasos comunicantes con la nueva administración para que le reconocieran la plena validez de su nombramiento y cargo, y le permitieran continuar desarrollando sus funciones dentro del marco que establece la Constitución.

Durante estos tres meses, parecía toda una interrogante conocer si, en ese caso, el grupo gobernante había también entablado una negociación con el Fiscal para el relevo en el cargo, o si lo había arrinconado para obligarlo a renunciar. La vía elegida fue la segunda, aunque en realidad pareciera que están estirando los tiempos en busca de algún tipo de negociación.

Como quiera que sea, las pautas están dadas y sólo sería cuestión de tiempo para oficializar la sustitución del Fiscal, muy seguramente a través de un mecanismo parecido al que se utilizó en el caso de Lagunas Rivera. Lamentablemente —para el Fiscal—, en esta negociación no participarían ni el llamado Grupo Oaxaca, ni el medio informativo que los respalda, ni tampoco los factores políticos que le permitieron a Lagunas continuar como magistrado a pesar de todos los cuestionamientos que pesan sobre el desempeño y manejo administrativo de su gestión.

ENTES AUTÓNOMOS

En el mes de enero hubo el primer amague del Congreso del Estado respecto a una posible reforma que permitiría la reintegración de la Auditoría Superior del Estado. El mensaje, enviado por el Ejecutivo a través de tres diversas bancadas —PRI, PAN, PT— en el Congreso del Estado, fue el de establecer los parámetros mediante los cuales sí podrían haber quitado, sin mayor problema, al titular de la ASE, Carlos Altamirano Toledo, y por el que aún podrían hacerlo cualquier día si esa fuera la intención.

Hoy, a la luz de los hechos, queda claro que el de entonces fue un ensayo pero que a partir de ahora podría venir el intento real de la sustitución tanto de Altamirano Toledo, como de los titulares de otros organismos constitucionalmente autónomos como la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. En el caso del Auditor, éste se debe sentir aún cobijado por la desdibujada bancada perredista en el Congreso local que encabeza su pariente, Carol Antonio Altamirano.

Sin embargo, es claro que hasta ahora el PRD no ha podido generar ninguna sinergia con el Ejecutivo, o con la bancada priista, por lo que no se aprecia cuál pudiera ser —en algún momento— el factor de negociación para lograr su permanencia. Por eso, si se lo propusieran, cualquier día el Congreso podría tumbar al Auditor con la suma de los votos de las bancadas del PRI, PAN, PT y Morena. Cuestión que podría ser el “Plan B” si llegara a fracasar la negociación para la entrega de la Auditoría.

En condiciones muy similares tendría que ocurrir —y ese sí por el daño que le provoca a Oaxaca— el relevo de Arturo de Jesús Peimbert Calvo de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Tanto en el Ejecutivo como en el Congreso deberían ya tener claro que él es el verdadero comandante de los grupos radicales que recurrentemente agitan temas como el de Nochixtlán, y otros conflictos en comunidades que son verdaderos focos rojos para la gobernabilidad y la seguridad de las personas. Peimbert es un representante muy similar a Lagunas, en cuanto ambos representan a grupos políticos que acompañaron a Gabino Cué en su administración, y a los que éste les entregó parcelas a cambio de respaldo para su gobierno.

Hoy, Gabino Cué ya no es Gobernador, y Peimbert debería irse de inmediato —o ser relevado por el Congreso— por la actitud de agitación y control de movimientos sociales bajo la figura del Defensor de los Derechos Humanos. A estas alturas es inocultable su táctica de agitar los conflictos para luego ir a resolverlos. Una vieja maniobra que a estas alturas resulta indeseable para un gobierno del que, además, no es un aliado sino una amenaza.

En las siguientes semanas podríamos ver la consolidación de algunos de esos enroques. Las pautas, mientras, ya están dadas.

GOBIERNO OPACO

Se tenía la idea de que al cumplir 100 días de administración, el gobierno ya tendría al menos una página web digna y que cumpliera con las obligaciones que le impone la ley. Pero no. El sitio www.oaxaca.gob.mx sigue abandonado, carente hasta de la información más básica. Y la Secretaría de la Contraloría viola flagrantemente la ley al haber hecho prácticamente nada para actualizar la información de los sitios OaxTransparente (oaxtransparente.oaxaca.gob.mx) y Ventanilla Única de Acceso a la Información (infopublica.oaxaca.gob.mx) que siguen arrumbados en el cajón del olvido, tanto por los anodinos empleados de la gubernatura, como por el contralor Jesús Díaz Navarro, y sus colaboradores. Inaceptable.

+ Eliminar el criterio político para la designación de su Presidente

Si nada extraordinario ocurre, hoy asumirá Raúl Bolaños Cacho Guzmán como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en sustitución de Alfredo Lagunas Rivera. Este cambio ocurre en medio de una de las peores crisis orgánicas de la justicia en la entidad, y por eso mismo el cambio debe obedecer específicamente a la necesidad de encauzar una transición, de fondo y de largo plazo, en el sistema de justicia en Oaxaca.

En efecto, desde hace varias semanas se hablaba de la posibilidad de que Lagunas Rivera —electo como magistrado Presidente hasta 2019, según la última reforma constitucional en la materia— dejara la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia para dar paso al nuevo régimen en el sistema de justicia. Parecía, de entrada, una negociación de claroscuros, ya que Lagunas es un fiel representante del grupo político que fue derrotado en las urnas el año pasado y, como tal, siempre actuó como representante de un sector político y no como alguien interesado en el sistema de justicia.

La parte aparentemente compleja de esa negociación, radicaba en que, en sí mismo, el diálogo relacionado con la necesidad de que abandonara la presidencia del Tribunal contradecía el principio constitucional de autonomía e independencia entre poderes, y también era una contraposición a la tendencia nacional de reforzar la capacidad de autodeterminación interna de los propios poderes. No obstante, en la ponderación de circunstancias contra principios, Lagunas salía derrotado por haber sido un titular del Poder Judicial incapaz y despreocupado por defender las prioridades y principios sustantivos más básicos, y por sólo dedicarse a cuidar y representar su parcela política.

De hecho, Lagunas Rivera no fue sino la continuación de la práctica ominosa que llevó a otros personajes, igualmente despreocupados por las tareas sustantivas del Poder Judicial y ajenos a la carrera judicial, a la titularidad del Poder Judicial del Estado. Su antecesor, Héctor Anuar Mafud Mafud, por ejemplo, en todo su paso por la administración pública, nunca se caracterizó por haber sido un abogado destacado, un jurista con aportaciones académicas, o un profesional del derecho respetado y considerado por la comunidad jurídica local o nacional, como para poder llegar con el favor político, pero también con los méritos suficientes, al cargo de Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.

Y de hecho, al igual que Mafud, Lagunas Rivera llegó a la magistratura gracias a una negociación política; y gracias a eso mismo ascendió hasta la Presidencia del Tribunal al margen de cuestionamientos tan básicos como si él habría querido en realidad ser magistrado; si estaba preparado para ello; y, sobre todo, si tenía la capacidad para tomar en sus manos la responsabilidad de la administración de la justicia en la entidad, y también la administración del Poder encargado de dar justicia a las personas.

En realidad, siempre se supo que él llegó a la magistratura gracias a un favor familiar ofrecido desde el Gobierno del Estado a cambio de una buena relación comercial y política con el periódico Noticias; que lo hizo sin haber acreditado carrera judicial o méritos profesionales; no fue un jurista destacado ni tampoco ha sido reconocido por sus criterios jurídicos, por su capacidad como juzgador o por sus aportaciones al sistema de justicia.

No lo demostró como magistrado y tampoco como Presidente del Tribunal, ya que ni siquiera tuvo la capacidad de defender la obligación constitucional relacionada con la implementación calendarizada del nuevo sistema de justicia penal, ni tampoco de evitar la precarización del trabajo de los juzgados y salas de segunda instancia, que en general hoy atraviesan por un periodo aciago. Por eso, al margen de sus intereses políticos, en realidad nadie extrañará a Lagunas como Presidente porque no acumuló ningún mérito destacable y tampoco fue un ejemplo de independencia o autonomía frente al poder que en su momento le permitió llegar a la titularidad del Poder Judicial.

TRIBUNAL HACIA EL FUTURO

Raúl Bolaños llegará a la presidencia del Tribunal, pero debe hacerlo para plantear el sistema de justicia hacia el futuro. Acaso, el primero planteamiento que tendría que asumir con responsabilidad, es el de sentar las bases para la profesionalización de fondo de los jueces y magistrados, para que en el mediano plazo la Presidencia del Tribunal quede fuera de los intereses y los apetitos políticos. La Presidencia del Tribunal Superior debe dejar de ser un cargo eminentemente político, para pasar a la lógica de que dicho cargo sea ocupado por un juzgador, que asuma la responsabilidad de representar políticamente al Poder Judicial del Estado ante los demás poderes.

Otro de los planteamientos de fondo debe radicar en la dignificación de fondo de la labor judicial. No hay correspondencia entre la carga de trabajo y el menguado nivel salarial de los jueces y secretarios judiciales. Un Poder Judicial confiable, debe otorgar las suficientes garantías económicas y laborales a sus trabajadores, para inhibir en la mayor medida posible que éstos incurran en actos de corrupción.

Otro punto por demás relevante, apunta a que el propio Pleno del Tribunal debe reorganizarse y depurarse, ya que hoy existen más magistrados que esferas de competencia del Tribunal, y es no sólo una sangría sino también una demostración de falta de seriedad y compromiso que el Pleno casi haya tenido que inventar materias y áreas de conocimiento para tener entretenidos su excesiva y costosa planta de magistrados. No es una tarea fácil, pero debe haber correspondencia y equidad tanto entre las percepciones económicas del personal judicial y los magistrados, como también en el número de servidores públicos asignados a cada jerarquía judicial para hacer un correcto reparto de las cargas de trabajo y las necesidades administrativas y jurisdiccionales.

Todos los que conocen el Poder Judicial saben que está lleno de gente valiosa que necesita ser reconocida. Por eso la necesidad de ir eliminando la incidencia de los criterios políticos para la asignación de funciones, responsabilidades y representaciones. Ahí tiene que brillar cada día más la especialización y el conocimiento jurídico, y menos el chambismo, el cuatismo, los favores políticos y la pertenencia a facciones partidistas.

En el fondo, ahí es donde están los mayores retos del nuevo Presidente del Tribunal Superior de Justicia, que tendrá como primera tarea importante lograr que Oaxaca supere el rezago en la atropellada implementación del nuevo sistema de justicia penal, del que en otros tiempos fue pionero, pero ahora se encuentra en el cabús de las entidades que aún no logran establecerlo.

Ese rezago tiene como origen la indolencia de los dos últimos presidentes, y el poco interés de los dos anteriores gobernadores por el sistema de justicia. No obstante, el mayor reto de Bolaños radicará en sentar las bases e impulsar la transición del tribunal para las décadas siguientes. Ojalá tenga voluntad y respaldo para hacerlo.

EDIL, INERTE

Es increíble cómo un personaje con tanta experiencia política, tenga hoy tantos problemas en tan poco tiempo: José Antonio Hernández Fraguas, edil citadino, ha preferido el enfrentamiento a la posibilidad de hacer algo relevante en sus dos primeros meses como autoridad municipal de la capital. Nadie puede basar su gestión en quejas, acusaciones y retractaciones, todo a partir de intereses “fantasmales”. Todo eso, más que una circunstancia parece excusa. Y la capital oaxaqueña no merece eso.

+ Imposible, tener a la entidad abatida, sin al menos dar explicación

Existen varias explicaciones posibles respecto a la crisis financiera por la que pasa la entidad, producto del problema de liquidez por la que atraviesan las arcas estatales. Todo eso, constituye sin embargo sólo una parte del problema. La otra parte de la situación, y que tendrá repercusiones en el mediano plazo, radica en que hasta ahora la ciudadanía no ha recibido, y el gobierno tampoco ha ofrecido, una explicación clara y sucinta de las razones de esta crisis que tiene paralizada la economía estatal. Mientras no haya claridad ni capacidad de gestión, no sólo habrá consecuencias de corto plazo, sino también en las capacidades futuras del gobierno estatal.

En efecto, para mal de todos, Oaxaca es una de esas entidades federativas que dependen casi por completo del presupuesto que la federación le ministra a la entidad. Aunque parece ya un lugar común, es claro que toda la economía local depende en gran medida de la movilidad económica que se genera desde el gobierno, que es el mayor consumidor de bienes y servicios en todos los rubros de la economía, y es también la más importante —y casi única— fuente de empleos de la entidad, no relacionados con el llamado sector terciario que corresponde a la provisión de servicios como pudiera ser el turismo. Ello explica, en términos simples, por qué cuando se para la economía que se impulsa desde el consumo gubernamental, sufren todos los sectores que directa o indirectamente dependen de ello, que son prácticamente todos en la economía estatal.

En Oaxaca eso es lo que ocurre no sólo desde el inicio de la presente administración, sino que más bien la economía estatal lleva más de un semestre detenida a partir de la aparente falta de liquidez del gobierno de Gabino Cué Monteagudo. Por eso, desde los primeros meses del año pasado, el gobierno dejó de pagar buena parte de los bienes y servicios que consumía; dejó también de cubrir los adeudos que tenía con los sectores productivos de la entidad; y también dejó parado al sector de la construcción, que emplea a buena parte de los oaxaqueños que laboran en el sector privado.

Sin mayores reparos, desde el gobierno se paró la economía, y Cué fue primero evasivo respecto al origen del problema, y después cómodamente dijo que como los adeudos eran un problema institucional, la nueva administración respondería por los pagos ya que era dinero que ya estaba destinado a Oaxaca pero que físicamente —es decir, en el sistema financiero— no había ministrado.

Con esas explicaciones poco claras, Cué dejó el gobierno el último día de noviembre, y le cargó el problema a la administración entrante que, al menos para temas económicos, no ha sido eficaz en lo que se supone que sería su prioridad, no sólo en lo relacionado a la administración de los recursos públicos, sino también de generar movilidad económica y certidumbre para todos los que se quedaron varados por la inmovilidad financiera gubernamental.

A estas alturas, uno de los problemas más graves que existen respecto a esto, es no sólo que la economía estatal continúa detenida sino que además nadie tiene claridad para entender qué ocurre, y desde el gobierno nadie tiene disposición para ofrecer una explicación para este problema que indirectamente afecta a toda la economía.

INMOVILIDAD ¿SIN RAZONES?

En una nota publicada por TIEMPO el 16 de diciembre, se daba cuenta de cómo un centro de investigación tan reputado como el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, sostenía que durante el gobierno de Gabino Cué Monteagudo, la deuda pública de la entidad fue disfrazada a través de diversos mecanismos de planeación administrativa y financiera. “Se indicó [en el estudio del CEEY] que Oaxaca forma parte de cuando menos 10 estados que utilizaron a la firma transnacional Evercore para contratar un esquema financiero y jurídico para tener acceso a recursos sin contar con la autorización del Poder Legislativo. De acuerdo con la ASF, Oaxaca (…) se encuentra entre las tres entidades que tienen mayor diferencia entre la deuda pública reportada por la Secretaría de Hacienda, y la que dieron a conocer en la Cuenta Pública de 2015”.

En un primer momento, explicaciones como ésta intentaron explicar el origen del enorme problema de inmovilidad financiera que enfrentó el gobierno desde el primer día de la actual administración. Sin justificarlo ni sentirse aliviados, muchos sectores productivos se sintieron al menos proveídos de una razón que explicara la inmovilidad que ocurría. No obstante, continúa pasando el tiempo y las voces desde el sector privado continúan denunciando los estragos que provoca la inmovilidad económica que surge de la incapacidad de la Secretaría de Finanzas de, por un lado, generar fluidez económica; y, por el otro, de explicar exactamente qué ha ocurrido, y qué están haciendo, para revertir esta situación.

El no hacerlo provocará problemas que quizá ahora no están del todo vislumbrados, y que parten de la deuda heredada, pero que se complementan con la incertidumbre actual. Por eso —y no es la primera vez que lo apuntamos aunque parece que este problema continúa en la misma fase inicial del mes de diciembre pasado—, el gobierno ahora debe establecer con toda claridad los parámetros concretos de cómo afrontará el problema de deudas que recibió de Gabino Cué.

De hecho, desde el 17 de diciembre abordamos el tema y señalamos que el solo hecho de considerar la posibilidad del “borrón y cuenta nueva” sobre los pasivos, no sólo demostrará la pequeñez de los funcionarios entrantes sino que además les cerrará las puertas en el mediano plazo.

¿Cómo afianzarán el cumplimiento de sus metas si de entrada quiebran a más de la mitad de sus proveedores, cuya supervivencia depende del reconocimiento —y pago— de los compromisos asumidos por el sector público? ¿Cómo generarán certidumbre en el mediano plazo frente al sector privado, si no comienzan demostrando que el Estado, no ellos, tiene capacidad de cumplir su palabra y sus compromisos? Esta es una cuestión no sólo de dinero, sino de construir certidumbre. Ahí está la parte fina de este enorme problema.

Hoy, a más de tres meses de haber asumido, pareciera que el nuevo grupo de funcionarios encargados específicamente de este tema, no ha tenido la sensibilidad suficiente para entender la magnitud del problema, y la necesidad tanto de generar movilidad en la economía, como de mantener el prestigio financiero del gobierno, que irremediablemente terminará necesitando de la iniciativa privada —a la que ahora tiene ahogada— tanto como ésta necesita del ejercicio de los recursos públicos para continuar subsistiendo.

No se trata sólo del buró de crédito, sino en general de la credibilidad y certidumbre que genere la palabra y el compromiso gubernamental frente a todas las personas físicas y morales con las que tiene relaciones económicas. Eso tendrían que entenderlo para evitar, además, que la persistencia de los espacios de silencio abran la oportunidad a la especulación y al desprestigio que ya de por sí corroe el sector público en general.

¿ES LA FEDERACIÓN?

En el fondo, además, parece que o algo esconden todos, o le tienen pavor a la federación. ¿Por qué nadie dice con entereza que el problema radica en los atrasos en la ministración de los recursos federales? Porque ese sería uno de los pocos problemas no atribuibles al gobierno local. ¿Entonces?

+ En 2006, la incapacidad de generar consensos internos derrotó a Madrazo  

El pasado 4 de marzo el PRI cumplió 88 años de existencia y, en apariencia, la conmemoración del aniversario marcó el inicio de la carrera por la candidatura presidencial dentro de ese partido. Las lecturas sobre la recomposición política de ese partido, son variadas. Sin embargo, si algo ha quedado claro en los últimos tres procesos electorales es que el peso específico y las posibilidades más amplias de triunfo de los candidatos presidenciales, no está en las encuestas o en la aceptación espontánea de los ciudadanos, sino en los gobernadores. ¿Está de verdad preparado el presidente Enrique Peña Nieto para pactar con los gobernadores la posibilidad de la permanencia del PRI en el poder?

En efecto, hoy el PRI enfrenta el escenario quizá más complicado de todos los tiempos respecto a una elección presidencial. Ahora, como nunca, propios y extraños tienen la certeza de que el partido del Presidente no cuenta con la fuerza suficiente para retener el poder.

Y de ahí parten todas las perspectivas: parece haber una especie de consenso general a favor de que Andrés Manuel López Obrador es quien abreva la gran mayoría de las simpatías ciudadanas; también, que el Partido Acción Nacional puede construir una opción política interesante con la persona de Margarita Zavala; y también, parece haber una idea cada día más sólida de que el PRD está en vías de extinción. En ese manojo de certidumbres, está también sembrada la idea de que el PRI no tiene con quién ganar, en gran medida por los pasivos electorales que representa el propio Presidente, que ya no es un aliciente sino un lastre para su partido. Esas son las perspectivas de cualquier ciudadano con mediana capacidad de análisis.

Sin embargo, junto a esa perspectiva común, se encuentran los demás factores que también juegan en una elección presidencial: el respaldo del empresariado, las alianzas con los poderes fácticos e incluso el apoyo relevante que se ofrece, o se niega, desde las entidades federativas. En esa perspectiva, en la era de los gobiernos priistas hasta antes del año 2000 eran tradicionales los arreglos entre los candidatos presidenciales y los grupos de poder económico y los poderes fácticos. En ciertos momentos, tanto las estructuras obreras como las cámaras empresariales se sumaban al candidato oficial; y luego, juntos iban a pactar con uno de los mayores poderes fácticos del país, que en otros tiempos fue la industria de la radio y la televisión.

En aquellos años, la alianza con los gobernadores era sólo relativa y aparente: hasta principios de la década de los noventas, todos tenían la certeza de que independientemente del resultado, de todos modos el Presidente seguiría siendo de cuño priista. Por eso, con subordinación todos debían entrar al aro del sostenimiento del estado de cosas: tenían que apoyar inopinadamente al candidato oficial, para que éste convertido en Presidente, los respaldara en sus respectivos gobiernos, intereses y cacicazgos —personales o de grupo— estatales. Básicamente, nadie se atrevía a cuestionar el poder presidencial porque no había certeza alguna de que un enfrentamiento con el Presidente tendría buen puerto para quien lo intentara. Por eso, para el Presidente en la vieja era priista, el apoyo de los gobernadores era uno de los elementos que, sin negociar, ya daba por sumado.

Todo eso cambió cuando en el año 2000 el propio Presidente permitió el avance de la oposición, en buena medida a partir de las advertencias a los gobernadores de que no influyeran en el proceso electoral, y la permisividad para que incluso algunos de ellos pactaran con el candidato opositor. Ya para entonces, además, había varias gubernaturas en manos de la oposición. Por eso tuvo tanto eco el llamado al voto útil como una forma de desmantelar y deslegitimar la estructura de apoyo incondicional —y condicionada— que fueron siempre los gobernadores al candidato presidencial priista.

LECCIONES DE LA HISTORIA

Cuando el gobierno de Vicente Fox se enfiló hacia su último tercio, no parecía posible que el PAN retuviera la Presidencia en 2006. En uno de los frentes, Andrés Manuel López Obrador ganaba popularidad aceleradamente como jefe de Gobierno de la Ciudad de México; y en el otro frente, estaba Roberto Madrazo Pintado, parecía respaldado por la mayoría de los gobernadores que habían emanado del PRI.

Esto último era, en realidad, un espejismo, ya que pronto quedó claro que la mayoría de ellos no sólo no tenía coincidencias con Madrazo Pintado —y que, de hecho, eran opositores silenciosos—, sino que además no tenían ninguna intención de volver a tener un gran cacique nacional, en la figura del Presidente como jefe máximo del priismo, como en el pasado.

Por si eso no fuera suficiente, Roberto Madrazo se dedicó de tiempo completo, desde casi dos años antes de la elección presidencial, a construir su candidatura presidencial desde la Presidencia del partido, lo cual rompió todas las reglas internas de equidad y generó agravios con los Gobernadores, que finalmente fueron cobrados en la construcción de nuevas alianzas relacionadas con el llamado “voto útil”, aunque ahora a favor del candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón Hinojosa. E incluso, en el año 2012, los priistas tuvieron consensos a favor de Enrique Peña Nieto porque éste supo dar juego a todo un grupo de gobernadores que vieron en la potencial figura presidencial, una forma de asegurar sus espacios de privilegio que hoy están rotos circunstancialmente por la intolerancia social cada vez mayor social frente a la corrupción.

En esta lógica, una de las preguntas de la mayor relevancia en estos momentos radica en qué alianzas, y qué alicientes le dará el Presidente a los Gobernadores, para que éstos accedan a respaldar el proyecto político del priismo. Puede ocurrir que el Presidente quiera amagar a los Gobernadores con la imposición de su candidato; puede ser que intente llevar a la candidatura presidencial a una figura unificadora que abra el entendimiento con los mandatarios que hoy pudieran sentirse en riesgo por la necesidad de perseguir la corrupción. Incluso, puede ocurrir que finalmente los gobernadores, como representantes sustitutos de los poderes fácticos, se unan para impulsar ellos a un candidato y al que insten al Presidente para que lo apoye.

Lo único que no puede ocurrir, en esta lógica, es que hoy en día salga un candidato presidencial de entre los gobernadores. Para mal de todos, esa es una figura que prácticamente no se ha modificado desde los tiempos del viejo régimen de partido hegemónico, y por eso hoy los espacios de las gubernaturas están sometidos a fuertes presiones y desgastes relacionados con el ejercicio mismo del poder y los recursos públicos.

DESTINO ANTICIPADO

Por esa razón, uno de los temas que cobrará relevancia conforme avance la contienda interna por la candidatura presidencial en el PRI, será el de la relación que el Presidente pueda entablar con los gobernadores, y los alicientes que tengan uno y otros para mantener el poder. Queda claro que al Presidente no le alcanza su capital político para distanciarse de los gobernadores, y que éstos no tienen la legitimidad suficiente como para impulsar a alguno de ellos a la Presidencia. Entonces, en la búsqueda de su justo medio —con un candidato que seguramente no será un peñista puro, pero tampoco la consecuencia de un chantaje de los gobernadores—, es como en buena medida los priistas resolverán anticipadamente su destino para la elección presidencial del año próximo.

+ Medición de fuerzas: apuestan a que el Ejecutivo se distraiga

En la ecuación del compromiso contra los intereses, se explica por qué el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), denunció que en lugar de cumplir con la orden del Ejecutivo —de dedicarse de lleno a la organización de los comicios en las comunidades en conflicto, dentro de los siguientes 30 días de su designación—, la mayoría de los administradores municipales está más preocupado por priorizar obras y ejercer los recursos municipales. Las administraciones municipales son un rentable negocio que debiera ser erradicado desde la ley. Y mientras eso no se haga, de todos modos persistirá el conflicto y el empeño porque más comunidades permanezcan en el conflicto, a pesar de las órdenes expresas que se giren desde el más alto nivel.

En efecto, según información dada a conocer por TIEMPO el pasado 4 de marzo, el IEEPCO detectó que la mayoría de los 26 administradores municipales recientemente designados por el Titular del Ejecutivo, a través de la Secretaría General de Gobierno, han desatendido las órdenes del Gobernador en el sentido de que dentro de los siguientes treinta días de su nombramiento debían generar las condiciones para la celebración de los comicios municipales, y que en lugar de ello están más dedicados a temas como la priorización de obras y la ejecución de recursos municipales.

En voz del consejero Presidente del IEEPCO, Gustavo Meixueiro Nájera, el órgano electoral dijo que aún cuando ellos trabajan en la organización de las jornadas electorales bajo el régimen de sistemas normativos internos, los administradores municipales han estado más dedicados a temas relacionados con la obra pública, desdeñando la posibilidad de contribuir al establecimiento de las condiciones necesarias para la celebración de las asambleas comunitarias, aún cuando el Instituto Electoral ha cumplido con la entrega de la documentación necesaria para que los administradores cumplan con su parte de la tarea para la organización de los comicios.

Recordó que todo esto contraviene la orden del gobernador Alejandro Murat, quien instruyó expresamente a los administradores para que no tuvieran más prioridad que la celebración de los comicios dentro de los siguientes treinta días a la fecha de su nombramiento; y dijo, además, que la urgencia de la celebración de los comicios en esas comunidades surgió, en la mayoría de los municipios, de un mandato de los tribunales electorales del orden estatal y federal, quienes ordenaron la reposición de las asambleas y jornadas electorales debido a las inconsistencias presentadas en las jornadas ordinarias.

Ante esto, habría que preguntarse por qué razón la Secretaría General de Gobierno no ha cumplido con la responsabilidad de vigilar no sólo el trabajo de los administradores, sino también el cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Ejecutivo del Estado. Más bien, pareciera que tanto los administradores, como la propia Secretaría General de Gobierno, están tratando de ver hasta dónde pueden llevar este tema, y hasta qué punto los asuntos coyunturales van a ser prioritarios para el Ejecutivo en detrimento de temas como el de los administradores municipales que, además, revisten tantos intereses políticos y económicos.

De hecho, esa es la única explicación coherente que puede hallarse, para la forma en la que tanto la Secretaría General de Gobierno, como los Administradores Municipales, están lanzando este abierto desafío a las órdenes del Gobernador del Estado. Los administradores parecen muy preocupados en generar concertación entre los habitantes de las comunidades en conflicto, a través de la generación de obras; y la General de Gobierno parece estar únicamente distraída —quizá, deliberadamente distraída— en otros menesteres y no vigilando la parte de la responsabilidad que les corresponde en el cumplimiento de las órdenes del Gobernador del Estado para que los comicios se realicen dentro del menor tiempo posible en las comunidades en conflicto.

En el fondo, aunque parece una afrenta inaceptable, todo esto ocurre porque nadie se ha atrevido a tocar en la ley todo lo relacionado al régimen jurídico, administrativo y financiero de los administradores municipales. Por eso, en la ecuación de los intereses contra el cumplimiento del mandato del Ejecutivo, todos parecen empeñados en que prevalezca la avidez económica. Y mientras no modifiquen la ley, esto tenderá a convertirse en un ciclo perverso que funcionará siempre aceitado por la corrupción y los ríos de dinero que corren en las administraciones municipales.

PROTECCIÓN, DESDE LA LEY

En realidad, la Constitución del Estado es por demás vaga en la regulación de los administradores municipales. Sólo establece las facultades del Ejecutivo para el nombramiento de los mismos, y refiere algunas responsabilidades generales del Congreso para la vigilancia de los mismos.

Fuera de eso, son también laxas las disposiciones relativas tanto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en la de Fiscalización Superior del Estado, y en la Ley Orgánica Municipal, respecto a los administradores. Toda esa vaguedad, en el fondo, está encaminada a evadir los candados que incluso tienen los Consejos Municipales, y los Ayuntamientos constitucionalmente electos, para el ejercicio de los recursos públicos y la toma de decisiones trascendentes por parte de la autoridad municipal.

Por esa misma razón, los administradores municipales prácticamente son autoridades dictatoriales, ya que al margen de cualquier exageración, se entiende que un dictador es el que gobierna sin facultades expresas contenidas en una ley. Básicamente, los administradores tienen un régimen general, que la propia ley los equipara a un Presidente Municipal, pero con la salvedad de que no tiene Cabildo, tampoco tiene una autoridad intermedia que los regule con efectividad, y sí tienen el beneplácito de las instancias del Poder Ejecutivo —básicamente de las Secretarías de Finanzas, y de la General de Gobierno— que los reconoce como autoridad equiparada a las constitucionalmente electas, y les permite el acceso a los recursos públicos, se supone que para la inversión en obra y para el funcionamiento propio de la autoridad municipal.

No obstante, en la mayoría de los casos los administradores realizan algunas obras que justifiquen la utilización de la totalidad de los fondos destinados a la inversión en obra e infraestructura municipal; se inventan una estructura administrativa para justificar el pago de salarios; y de las obras que realizan, éstas las otorgan discrecionalmente a empresas con las que pueden generar compromisos mutuos a partir de la inexistencia de un cabildo o comités de obra que al menos justifiquen y avalen la existencia de licitaciones o invitaciones restringidas para la asignación de las inversiones.

MODIFIQUEN LA LEY

En esa perspectiva, el negocio de los administradores será redituable, y habrá siempre una competencia contra el Ejecutivo —del que se supone que son subordinados—, mientras no se establezca en la ley que los administradores no pueden ejercer recursos ni acceder a los fondos municipales, y que su única función consiste en el avenimiento de las condiciones para la celebración de los comicios. Al menos en el futuro cercano, no se ve forma alguna de frenar la avidez económica y de los intereses de los administradores, y de sus padrinos, sino hasta cuando el Ejecutivo se decida a cortar estos vicios de fondo y presente —y cabildee políticamente en el Congreso— una iniciativa para hacer definitivo el fin de estos negocios. Mientras eso no ocurra, esta será una historia cíclica de intereses y desafíos.

+ Turismo y Economía, desaparecidos del radar de la promoción social de la entidad

Hay botones de muestra que, aunque parecen pequeños, revelan lo mucho que se está dejando de hacer en tareas prioritarias. Ejemplo de ello es el reciente anuncio de los organizadores de La Carrera Panamericana, de excluir por segundo año consecutivo —y ahora sin razón aparente— a Oaxaca de su edición conmemorativa por el 30 aniversario del rally en su etapa actual. Aunque toda la responsabilidad se le pudiera cargar a las circunstancias, en realidad lo que parece es que alguien desde el gobierno no está haciendo su trabajo.

En efecto, a través de sus cuentas en redes sociales, el martes la empresa organizadora de La Carrera Panamericana anunció que ésta se correrá, en su trigésima edición, de Querétaro a Durango, pasando por Puebla, la Ciudad de México, Morelia, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas. Por segunda ocasión consecutiva, excluyeron a todo el sureste del país, ya que en diversas ocasiones la competencia había iniciado o en Tuxtla Gutiérrez, el Puerto de Veracruz, la capital oaxaqueña o en Bahías de Huatulco.

Esta decisión, en un primer momento, provocó extrañeza y desilusión entre los aficionados a este tipo de eventos deportivos, y particularmente a quienes gustan de presenciar, año con año, la llegada y salida de esta glamurosa competencia, en todas las ciudades que fueron excluidas. La Carrera Panamericana es uno de los eventos automovilísticos de mayor tradición y arraigo en México, y es también el rally urbano más importante del mundo, en el que cada año participan lo mismo celebridades que pilotos profesionales, magnates y antiguos corredores de otras competencias internacionales en categorías como Nascar, o la Fórmula 1, entre muchos otros. De ese tamaño es La Carrera Panamericana, que ahora por motivos aparentemente inexplicables, no visitará Oaxaca en su edición 2017.

Frente a esto, como se apuntaba en líneas anteriores, se le puede achacar todo a las circunstancias y a la inestabilidad social en Oaxaca. El año pasado, en el itinerario oficial estaba incluido el paso de la competencia por la ciudad de Oaxaca, siendo la primera ciudad sede de la competencia, como había ocurrido durante casi toda una década consecutivamente. La Carrera Panamericana no vino a Oaxaca en 2006 por el conflicto magisterial; pero después de ese año, todos los siguientes fue recibida en Oaxaca, e incluso hubo dos años (2009 y 2011) que arrancó en Bahías de Huatulco, para beneplácito —y beneficio— de la industria turística de aquel destino turístico, tan largamente castigado por la lejanía y la intrincada comunicación por vía terrestre.

Así, en 2016 se atravesó el enfrentamiento de Nochixtlán, en junio, y la larga resistencia magisterial —que cerró durante semanas el paso de la súper carretera Oaxaca-Cuacnopalan, por donde se desarrolla buena parte de la competencia en la ruta de Oaxaca a la ciudad de Puebla—, por cuya contingencia se tuvo que cancelar su paso por Oaxaca. La situación, frente a las circunstancias, fue ampliamente comprendida; y por esa razón se lamentó la cancelación de la sede en Oaxaca, pero realmente nadie cuestionó la decisión tomada por los organizadores.

Lo que no se termina de comprender es por qué en 2017, La Carrera Panamericana nuevamente decidió no pasar por Oaxaca.

DEPENDENCIAS AUSENTES

El pasado 28 de febrero, desde la cuenta oficial de Facebook de La Carrera Panamericana, se dio a conocer el itinerario oficial en que se confirmó que Oaxaca estaba nuevamente excluido de la competencia. Innumerables fanáticos de la competencia oriundos de Chiapas y nuestra entidad, cuestionaron duramente la decisión de los organizadores. Éstos, cortésmente contestaban a quienes pedían una explicación por la exclusión de Oaxaca y Chiapas en la edición de 30 aniversario de la competencia, que “se deben alinear los factores para tener una gran carrera en todos los aspectos”; que había “factores ajenos al Comité Organizador de la Carrera”; y que “la planeación de la ruta requiere de muchos elementos”, entre otras respuestas que, aunque decían poco, dejaban ver mucho.

¿Qué dejaban ver? Primero, que a nivel nacional se sigue teniendo una percepción por demás negativa de Oaxaca, como un territorio dominado por el conflicto magisterial, y por la inestabilidad social, que inhibe la certidumbre sobre algo tan básico como la posibilidad de que las carreteras estén abiertas y disponibles en un periodo en específico —y siempre. Esta percepción, sigue sin tener un contrapeso real a través de acciones gubernamentales y civiles para revertir dicha imagen. Parece, pues, que a nadie le importa la imagen socialmente violenta y de inestabilidad de Oaxaca.

Pero, en segundo término, esas respuestas lacónicas de los organizadores de la Panamericana, también dejaban ver que o no hubo la suficiente concertación y apoyo de los representantes del gobierno de Oaxaca para lograr la reinserción de la entidad dentro del mapa de la competencia; o que, aún habiéndolos, de todos modos los organizadores de la competencia no le tomaron la suficiente seriedad a sus interlocutores del gobierno estatal, y de ahí la decisión de dejar de todos modos fuera a la entidad.

Todo esto, a pesar de que durante los dos primeros meses del presente año, no se han presentado bloqueos de vías carreteras en la entidad; y de que, a menos que ocurra un nuevo desencuentro entre la Sección 22 y el gobierno, octubre —periodo dentro del cual se desarrolla la competencia, generalmente a partir de la tercer semana de ese mes— no es un mes que se caracterice por movilizaciones o agitaciones dentro del calendario político ya conocido del magisterio oaxaqueño.

En cualquier caso, lo que queda claro con esta nueva exclusión de Oaxaca de la ruta de La Carrera Panamericana, es que hay funcionarios de la Secretaría de Turismo, de la de Economía, e incluso de la Secretaría General de Gobierno, que no están haciendo su trabajo. Y no se trata de pensar que la Panamericana es el único o el mayor evento del año del que dependa la economía o el turismo local; pero tampoco es aceptable la posibilidad de que las dependencias estatales desestimen la importancia significativa y simbólica, de que Oaxaca aparezca al menos en alguno de los eventos deportivos que tienen eco nacional e internacional por su tradición, por sus participantes, o por el entusiasmo que despierta en los aficionados de todo el país.

Hasta ahora, ni el secretario de Turismo del gobierno estatal, Juan Carlos Rivera Castellanos, ni el de Economía, Jesús Rodríguez Socorro, han hecho manifestación alguna sobre el tema en particular. Quizá estén pensando que La Carrera Panamericana es simplemente un evento deportivo, que no reviste ninguna implicación en temas económicos y turísticos; y quizá por eso están pensando —erróneamente— que debe ser la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte quien tendría que manifestarse al respecto.

SILENCIO INDOLENTE

¿No está entonces implicada la imagen de Oaxaca? ¿No importan los cientos de aficionados que como turistas de alto nivel, gastan cantidades millonarias, sólo por el gusto de acompañar la Carrera en todo su itinerario? ¿No representa una derrama económica importante el desplazamiento de las escuderías, ingenieros, mecánicos y personal de apoyo de los competidores? ¿Y, entonces, el Gobierno de Oaxaca puede quedarse tranquilo ante esa exclusión que, en el fondo, refleja que no confían en la entidad?

Este silencio gubernamental es terrible, desde el ángulo que se le vea.