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El voto útil panista será clave para la derrota de Anaya (y de López Obrador)

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Margarita Zavala se fue sola del Partido Acción Nacional, y eso no debería sorprender a nadie. En descargo de Ricardo Anaya, hoy se sostiene que la renuncia al partido blanquiazul de la esposa del ex presidente Felipe Calderón no implica más que un salto al vacío en sus aspiraciones presidenciales, y que de todos modos el panismo seguirá articulando la considerable estructura electoral que planea combinar con la del PRD. Lo que no toman en cuenta, es que en el umbral de la jornada electoral nadie como los panistas se enfrentarán al dilema del voto útil. Ello, a partir de algunos antecedentes, podría ser lo que cambie el ambicioso destino de Anaya, y del paso el de Andrés Manuel López Obrador.

En efecto, en nuestra entrega anterior apuntábamos que Ricardo Anaya Cortés es al PAN lo que Roberto Madrazo Pintado fue al PRI en 2006. Lo decíamos en lo relativo a cómo en la construcción de la candidatura presidencial priista de aquel año, Madrazo se dedicó a menospreciar, segregar y golpear a todos demás aspirantes a la candidatura presidencial de ese partido, y cómo al final todos esos factores se terminaron alineando en su contra cuando se tuvo el dilema de la orientación del voto útil, que en la fase previa al día de la elección se establece ya no para la congruencia, sino para llevar al triunfo a alguien, o para provocar que cierto candidato pierda.

Eso fue lo que pasó en 2006 con Madrazo Pintado y el efecto que eso tuvo sobre la primera candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador. En aquellos años, Madrazo golpeó a prácticamente todos los factores de poder al interior del PRI que intentaban hacerle contrapeso. Madrazo consideraba que a pesar de eso, contaría con el respaldo de los gobernadores emanados del PRI bajo la premisa de que ellos serían los primeros beneficiados de volver a tener un presidente emanado de su propio partido, como era en el pasado.

Quizá Madrazo nunca consideró que ese escenario de la verticalidad priista había muerto en el año 2000 y que por ende no volvería nunca. Por esa razón, cuando llegó el umbral de la jornada electoral —la semana previa—, y los factores de poder al interior del priismo se dieron cuenta que sería imposible ganar, orientaron su voto útil hacia Felipe Calderón. En ello hubo, ciertamente, una razón de pragmatismo político.

Pero también fue producto de una venganza, de un castigo —y del rechazo— de la clase gobernante priista en las entidades federativas, en contra de las prácticas caciquiles, totalizadoras, segregadoras y de sometimiento bajo las cuales, en un contexto de profunda inequidad, el propio Madrazo había construido su candidatura presidencial desde la dirigencia nacional del PRI, torpedeando desde ahí a los demás grupos y haciéndose un traje estatutario a modo de sus necesidades y ambiciones presidenciales.

Acaso, el razonamiento de los gobernadores priistas era simple: teniendo un presidente de su propio partido, ellos mismos terminarían de forma voluntaria con los amplios márgenes de maniobra y de poder que les dejó la alternancia del año 2000. Ellos no serían los que se auto infligirían dicho castigo. Y menos lo harían con un presidente que, como candidato y como dirigente partidista, demostró no tener congruencia, ni honor, ni capacidad de inclusión, pluralidad y autocrítica.

Por eso, en el año 2006 fue la mayoría de los gobernadores priistas quienes impulsaron con mayor ahínco el voto útil orientado a sumarle votos a Felipe Calderón —que hasta unos días antes de la elección presidencial tenía un margen mínimo de desventaja sobre el tabasqueño— y así evitar que ganara el entonces Candidato Presidencial del PRD que era —ya desde entonces— un enemigo común del centro y la derecha en México.

Eso explica en gran medida el resultado electoral de aquel año. Y tiene que ver mucho con lo que podría pasar ahora.

MARGARITA Y EL PAN

Margarita Zavala se fue sola, y dejó al PAN en manos de un Ricardo Anaya que ha demostrado ser un político sin honor, sin palabra y sin capacidad de interactuar con quienes no están de acuerdo con él ni se pliegan inopinadamente a su voluntad. A partir de eso, es cierto que Margarita tendrá que comenzar desde cero la construcción de su propia plataforma política y su estructura electoral, y que eso no le resultará nada fácil. Mientras, Anaya seguirá controlando al Partido (que desde hace años tiene una militancia elitista, que tiene varios lustros sin crecer ni renovarse) y quizá pueda conseguir su codiciada candidatura presidencial. El quiebre vendrá cuando se acerque el momento de la jornada electoral. ¿Por qué?

Porque si el PRI impulsa a José Antonio Meade Kuribreña como candidato presidencial, éste tendrá como misión natural fungir como una bisagra entre el priismo y el panismo que gobernó en los años previos —con él en los gabinetes legales y ampliados, en los tres sexenios—, y como un factor de estabilidad para el sistema político, del cual son actores centrales los gobernadores de todos los partidos.

Ahí es donde Anaya se enfrentará a los demonios que está creando: sin embargo, ya para entonces será muy complicado que logre hacer permear —él, o quien sea su candidato presidencial— una imagen de certeza, inclusión y cumplimiento de compromisos —aspectos que sí garantiza Meade— en medio de la historia a partir de la cual se habría de la candidatura presidencial a través de actos de segregación, de exclusión y de porrismo al interior de su partido.

Por eso, será ahora el panismo quien se enfrente al dilema del voto útil: votar a favor de Meade que representa un punto de equilibrio entre las dos fuerzas, y ofrece certeza en el cumplimiento de los compromisos, y no de un liderazgo anodino y totalitario como el que hasta ahora ha representado Ricardo Anaya. Ese será el verdadero punto de rompimiento de las estructuras panistas, y muy probablemente esa sea la ruta a partir de la cual se desmorone la “estructura electoral” que ahora mismo dice Ricardo Anaya que no se fue con Margarita Zavala.

En el fondo, los procesos electorales no escapan a las circunstancias. Y en México, en las tres últimas elecciones presidenciales, ha quedado claro lo poderoso que puede llegar a ser la orientación de estructuras y el llamado al voto útil.

 

ADVERSARIO COMÚN

¿Qué tiene que ver AMLO en todo esto? Casi nada: Que, de nuevo, el voto útil jugaría en su contra. Como ha sido antes, y como —no hay razón para no pensar— que así será ahora.

Disertan especialistas sobre derechos de pueblos indígenas

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La Judicatura realizó el foro “A 10 años de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Avances y Retrocesos en México”

A una década de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas hasta ahora no ha sido suficiente para mejorar la situación de este sector de la población que sigue en la inferioridad porque los Estados no cumplen y hay una distancia entre lo que establecen las normas y la práctica.

Lo anterior fue expuesto por los investigadores Juan Carlos Martínez Martínez, Víctor Leonel Juan Martínez y el magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar, integrante de la Sala Indígena del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), durante el foro que sobre este tema se desarrolló  en el marco las actividades organizadas por la Dirección de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura.

Destacaron que la Declaración es un instrumento importante para la lucha de los pueblos indígenas que les dio un estándar internacional reconocido y respetado, así como una nueva esperanza de que las cosas podrían cambiar; sin embargo, aún enfrentan desafíos como la pérdida de sus tierras y sus recursos naturales que son pilares centrales de sus medios de vida e identidades culturales.

En su oportunidad, en magistrado Cordero Aguilar, quien fungió como moderador en el foro que tuvo como sede el Centro Cultural San Pablo, apuntó que hay Estados que no han aplicado completamente la Declaración y resistencias a ciertos temas como la autonomía y el gobierno indígena, facultad que tienen para organizar y dirigir su vida interna, de acuerdo a sus propios valores, instituciones, y mecanismos.

Por su parte, el sociólogo Víctor Leonel Juan Martínez resaltó que en Oaxaca se han promovido cambios jurídicos que reconocen a los municipios y diseñado políticas públicas enfocadas a la identidad que no han sido suficientes porque los habitantes de los pueblos indígenas siguen viviendo violaciones a sus derechos.

Consideró que en los últimos años se registró un  proceso de recuperación y fortalecimiento de la identidad de los pueblos indígenas, como lo muestran los resultados de los últimos censos realizados por el INEGI, pues mientras en 2010 un total de 15.7 millones de personas se consideraron indígenas, es decir el 14.2 por ciento de la población total del país, en 2015 la cifra incrementó a 21.5 por ciento.

En su oportunidad, el investigador Juan Carlos Martínez Martínez, doctor y maestro en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social (CIESAS) comentó que las comunidades indígenas tienen reglas de convivencia y definiciones jurídicas particulares que han garantizado modos de orden, sociabilidad y distribución distintos que se les deben reconocer. “En vez de construir una sociedad homogénea se está fomentando una sociedad diversa”, dijo.

Agregó la materia político-electoral registra avances ya que se han registrado casos donde los tribunales e incluso la Sala Indígena del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado han declinado competencias en favor de autoridades indígenas para que ellas mismas resuelvan sus conflictos internos. “Nos falta insistir en el tema del financiamiento para que no queden subordinadas a las instituciones del estado”, indicó.

Cabe señalar que fue después de 25 años de discusiones en la ONU y de una larga lucha de los pueblos indígenas, que el 13 de septiembre de 2007, hace diez años, finalmente la Asamblea General aprobó la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Anaya es al PAN lo que Madrazo fue al PRI, lo que los Chuchos al PRD, y lo que AMLO al país

Difícil hallar en un solo personaje tantos defectos juntos. Máxime cuando se trata de un ejercicio político de primer nivel y de personajes entre los que se juega el futuro del país. Sin embargo, según los hechos queda claro que Ricardo Anaya Cortés no sólo representa un problema para el PAN, su partido, sino también para el país. Sus defectos políticos encarnan trepidantes historias que ya hemos visto, y que seguimos viendo en otros partidos, pero que no representan ningún orgullo para nadie.

En efecto, el viernes Margarita Zavala presentó su renuncia al PAN. Lo hizo luego de comprobar que Ricardo Anaya, el dirigente nacional, estaba tratando de alargar los tiempos de la definición sobre el método de selección de su candidato presidencial, por un lado para evitar que ella tuviera definiciones respecto a cuál sería el mecanismo dentro de su partido; y por el otro, para que se le venciera el plazo que establece la ley para buscar una candidatura presidencial por la vía independiente.

La presión de Anaya finalmente derivó en la decisión de Zavala de renunciar, en medio de señalamientos de inequidad y segregación al interior del PAN, hacia todos aquellos que no coinciden con sus formas de hacer política, y particularmente con sus intenciones de convertirse, desde la presidencia nacional, en candidato presidencial.

Todo esto ocurre en el contexto. en el que el PAN prácticamente ya logró construir una alianza con el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. Sin embargo, desde el inicio propios y extraños a esos partidos denunciaron que el acuerdo construido entre los dirigentes del PAN y PRD consistía en dividir las candidaturas de acuerdo con sus respectivas posibilidades y con sus ubicaciones en las encuestas.

Por eso, decían, Anaya habría acordado para el PAN la candidatura presidencial, por ser el partido que, de los tres, se encuentra mejor ubicado en los sondeos de opinión; a cambio, le otorgaría al PRD la posibilidad del nombramiento de la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; y Movimiento Ciudadano obtendría candidaturas para cargos legislativos en las dos cámaras federales.

En realidad, el escándalo no radicaba en la forma en cómo se están repartiendo las candidaturas, sino en el hecho de que pareciera que tanto Anaya como la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales se hicieron sendos trajes a la medida para construir, desde sus respectivas dirigencias nacionales, las candidaturas de las que ellos pretenden ser los abanderados.

Por eso, si bien en el PRD no existe ninguna competencia por quién será su posible candidato presidencial —Miguel Ángel Mancera era su único contendiente posicionado, pero hoy es incierta la posibilidad de que deje el Gobierno de la Ciudad de México luego de los sismos del mes de septiembre pasado, y las tareas de reconstrucción y apoyo a la ciudadanía que él encabeza—, en el PAN sí existe una competencia bien estructurada por la candidatura presidencial.

Ésta tenía como una de sus principales participantes a Margarita Zavala, pero también tiene al propio Ricardo Anaya que, rompiendo todas las reglas de la equidad y repitiendo viejas historias de la política nacional, quiere convertirse en candidato presidencial desde la dirigencia nacional de su partido, a través de métodos excluyentes y poco claros, y a través de una política de contrastes que sólo nos evoca a otros personajes que no corresponden a la supuesta juventud y capacidad política de Ricardo Anaya. Veamos.

ANAYA, COMO LO PEOR

Anaya evoca fielmente a Roberto Madrazo Pintado, que entre 2004 y 2006 se dedicó a golpear a todas las fuerzas internas de su partido, el PRI, para construir su candidatura presidencial desde la dirigencia nacional de su partido. Madrazo, al no haber sido el candidato presidencial del presidente Zedillo, se quedó como el heredero del priismo luego de la derrota del año 2000.

Él se convirtió sin problemas en dirigente nacional, pero conforme se acercaba de nuevo el proceso electoral dejó ver sus intenciones de convertirse en candidato. Como había otros interesados en la candidatura, Madrazo decidió tomar ventaja y desde su cargo de dirigente nacional se dedicó a segregar a todas las fuerzas que se le oponían. Al final, se convirtió en candidato presidencial pero únicamente para dedicarse a cosechar todas las insidias que había generado, y todo el rechazo que había ganado con sus prácticas porriles para ganar la candidatura presidencial.

Por eso, en el umbral de la jornada electoral, la gran mayoría de los gobernadores priistas decidieron orientar el llamado voto útil hacia el candidato panista Felipe Calderón, con tal de evitar que AMLO se convirtiera en Presidente. Lo lograron. Y entonces quedó claro que Madrazo, por sí mismos, había sido repudiado por sus propios compañeros de partido.

Anaya también es un ‘chucho’ dentro del PAN. Lo dijimos en nuestra entrega anterior, y la renuncia de Margarita Zavala al PAN por las presiones de Anaya, lo confirman: que el Líder nacional, igual que los ‘chuchos’ en el PRD, está decidido a todo con tal de cuidar su parcela política, sus intereses y sus candidaturas, y que en ese afán está dispuesto a quedarse incluso con el puro membrete si eso le garantiza no compartir sus decisiones con nadie y tampoco consensar la democracia interna y las decisiones trascendentes, con los demás grupos al interior de su partido.

Y finalmente, Anaya también emula a López Obrador en su intención totalitaria. La salida de Margarita Zavala no hace sino confirmar que la política actual del panismo es del todo o nada, igual que la del tabasqueño en el partido Movimiento de Regeneración Nacional. En su partido, AMLO logró construir esa dirigencia vertical que, además, nadie le cuestiona. Por eso lo califican como un mesías, en el que hay que creer y tener fe, pero no en el que quepa la crítica, el disenso y la pluralidad. Exactamente lo mismo ocurre en el panismo con Anaya, aunque con la diferencia de que el panista es apenas un émulo —un pésimo chiste— de lo que representa Andrés Manuel para el país, con todo y sus muchos defectos.

ANIDAR LO MALO

Por eso los cuestionamientos abundan. No hay forma de pensar en renovación ni en pluralidad cuando las prácticas se acercan a lo peor de la política nacional. ¿Alguien creerá que queda algo de “ciudadano” en estas prácticas?

Clausura Poder Judicial curso del sistema penal dirigido a periodistas

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A nombre del Magistrado Raúl Bolaños Cacho, el Magistrado decano Crescencio Martínez Geminiano, clausuró las actividades de la jornada académica

Con la participación de aproximadamente 30  periodistas, reporteros y directivos de medios de comunicación escritos, electrónicos y digitales de la ciudad de Oaxaca y de las regiones de la Costa y la Mixteca, concluyó el curso de actualización sobre el Sistema de Justicia Penal Acusatorio organizado por el Poder Judicial del Estado.

A nombre del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Raúl Bolaños Cacho, el magistrado decano Crescencio Martínez Geminiano, clausuró las actividades de la jornada académica que se impartió los días sábados del 26 de agosto al 7 de octubre y durante la cual se abordaron diferentes aspectos del modelo de justicia basado en los juicios orales.

En su intervención, el Magistrado integrante de la Primera Sala Civil del TSJE, destacó el interés de los representantes de los medios de comunicación para actualizarse en este tema. “Su presencia, su interés y su respuesta viste al Poder Judicial del Estado y refleja que en armonía podemos hacer buenas cosas que van a trascender para la sociedad y nuestro trabajo en forma individual y colectiva sea de mayor calidad y eficacia”, les dijo.

Indicó que la institución responsable de la administración de justicia está abierta a atender, a través de la Escuela Judicial, las demandas en materia de capacitación no solo de los medios de comunicación sino de todos los sectores de la sociedad en cualquier tema que sea de su interés ya que se cuenta con personal de calidad para impartirlos;  propuso a los periodistas fortalecer también sus conocimientos en el aspecto de los Derechos Humanos.

Junto con la Directora de la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura, Yanis Santiago Rodríguez y el Coordinador de Comunicación Social, Manuel Acevedo Leyva, el magistrado decano realizó la entrega de constancias a los participantes, así como al juez de Control, Manlio Rigoberto Hernández Domínguez, encargado de los últimos módulos.

El objetivo del curso de actualización fue que los representantes de los medios de comunicación ampliaran sus conocimientos respecto al sistema de justicia penal, así como de la función social del periodista en este nuevo modelo y se conviertan en agentes de cambio para lograr la transformación cultural que implica al ser los encargados de generar la información que será transmitida a la ciudadanía; la cual debe ser oportuna, precisa y apegada a la ética profesional.

Con una duración de 20 horas, la jornada contó con la participación como expositores de los jueces Mayra Peralta González,  Erasto Cruz García, Ma de Jesús Morales Barenca y Manlio Rigoberto Hernández Domínguez; además de la facilitadora judicial, Gabriela Rodríguez Farfán y el comisionado Juan Gómez Pérez, del Instituto de Acceso a la Información Pública de Oaxaca (IAIPO).

La crisis en el PAN, y el próximo final de la partidocracia (hasta ahora) conocida en México

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Es muy probable que estemos viendo el inicio del fin de la partidocracia hasta ahora conocida en México. La fuerte crisis interna que vive el Partido Acción Nacional, en el contexto de su aparente renacimiento gracias a la conformación del Frente Ciudadano por México, es una muestra más de lo agotado que está el entramado en el que se sostiene no sólo el PAN, sino toda la partidocracia actual mexicana. Los partidos —queda claro— tienen problemas de legitimidad, de cohesión interna, y de credibilidad frente a la ciudadanía. De eso, ya no los salvan ni los discursos, ni las promesas, ni las coaliciones. ¿Entonces?

En efecto, ayer se vivió un día de intensidad inusitada en las filas panistas del país. La ex primera dama, Margarita Zavala filtró a varios medios informativos de la capital del país, una versión a partir de la cual estaría preparando su renuncia a la militancia panista. De inmediato, emergió no sólo la crisis interna del panismo sino particularmente la podredumbre que envuelve a ese partido, que más de cinco años después no termina su purga interna tras la derrota en la elección presidencial de 2012.

Por eso, ante el anuncio de Zavala, hubo un intenso cruce de acusaciones, señalamientos, descalificaciones y advertencias que lo único que en el fondo dejaron ver es que en el PAN no tienen ninguna claridad respecto a la forma en cómo están procesando sus acciones rumbo a la elección presidencial de 2018, no tienen ni ápice de cohesión, y que la coalición que ya tienen prácticamente concretada con el PRD y Movimiento Ciudadano tampoco es garantía de nada. Así, en medio del oprobio generado por ellos mismos, es evidente que la única certeza que tiene el panismo es —paradójicamente— la de la confrontación y la incertidumbre.

En esa lógica, es evidente que la situación del panismo es apenas un botón de muestra de todo lo que ocurre en los partidos políticos. Entre los blanquiazules se la han pasado peleando por la candidatura presidencial, en un escenario en el que ya todos tienen plena certeza que ni participan los ciudadanos —a pesar de que, según, los ciudadanos son los que conforman el Frente—, ni hay equidad interna, ni hay democracia, ni mucho menos existe la claridad ni compromiso de fondo para que la plataforma electoral del Frente, sea la base para la conformación de un posible gobierno de coalición —si es que llegaran a ganar la elección presidencial.

En ese sentido, ha resultado que una de las grandes promesas de la política mexicana —la ciudadanización y la creación de gobiernos de coalición, con lo que según nuestro sistema político viraría hacia un semi parlamentarismo— no ha hecho más que fallar. Pero ha sido así porque los partidos no han tenido ninguna voluntad real de cambio, y porque a pesar de verse en el umbral del precipicio, ellos mismos se han cerrado a cualquier posibilidad de comenzar un proceso —gradual o intempestivos— de cambios de fondo, rumbo a su propia supervivencia.

Por esa razón hoy lo que vemos es una crisis que refleja a la perfección la situación de incertidumbre en la que se encuentran todos los partidos, a pesar de que cada uno enfrenta su propia circunstancia.

CRISIS COMÚN

El caso perredista es aún más dramático porque ahí el éxodo ha sido interminable. La crisis perredista, sin embargo, no comenzó hace tres o cuatro años cuando Andrés Manuel López Obrador formalizó su salida del perredismo para formar el partido Movimiento de Regeneración Nacional, sino que más bien se gestó y se consolidó cuando un grupo —el grupo de los chuchos— decidió hacer impermeable al partido a cualquier tipo de decisión que se tomara en un sentido horizontal. Esa tribu cerró el perredismo a ciertos afanes e intereses. Y, sin considerar el tamaño de la desbandada que eso generaría en el mediano plazo —es decir, ahora—, asumieron la postura de excluir a todo aquel que no coincidiera con sus intereses.

Por eso hoy que el PAN y el PRD se encuentran en el umbral de subirse al mismo barco electoral, han comenzado también los señalamientos que apuntan a que Ricardo Anaya se ha convertido en un “chucho” al interior del PAN, que está decidido a todo con tal de cuidar su parcela política, sus intereses y sus candidaturas, y que en ese afán está dispuesto a quedarse incluso con el puro membrete si eso le garantiza no compartir sus decisiones con nadie y tampoco consensar la democracia interna y las decisiones trascendentes, con los demás grupos al interior de su partido.

Esto, en realidad, no hace sino alejarlos aún más de la ya de por sí incrédula ciudadanía. Pues nadie, en lo absoluto, da por válida hoy la afirmación de que el Frente conformado por el PAN y el PRD es en realidad ciudadano; no hay ningún tipo de identidad entre lo que dicen los líderes partidistas y lo que espera la ciudadanía no sólo de los partidos, sino de cualquiera que pretende acceder al poder público; incluso, ellos mismos no pueden ofrecer ningún tipo de certeza sobre el tipo de gobierno que podrían llegar a hacer, ya que sus coaliciones siguen siendo electorales pero no programáticas, y porque ni ellos tienen la idea de qué compromisos deberían seguir una vez que, siendo gobierno, intentaran llevar a los hechos ese programa de gobierno que tampoco existe.

Ante esa realidad, es evidente que hoy se enfrentan a un problema de fondo: la ciudadanía parece estar tomando un papel más proactivo en la lucha por el poder. Y aunque no hay una figura sólida entre las candidaturas independientes, el elector de a pie ha dado muestras de que tampoco compra los liderazgos partidistas de antes. Por esa razón, ante las vicisitudes actuales —los sismos y la tragedia aparejada a ellos— la ciudadanía decidió enaltecer más, incluso a la figura de los perros rescatistas, que a la supuesta labor de apoyo que están realizando todos los representantes populares.

¿Qué indica esto? Que en México sigue habiendo falta de liderazgos ciudadanos, pero que eso no necesariamente lleva a la legitimación a las fuerzas políticas. Más bien, uno y otro son hoy inversamente proporcionales, porque en la misma medida en que la partidocracia intenta desalentar y desacreditar a la sociedad civil, la gente de manera espontánea manifiesta que bajo ninguna circunstancia su respaldo está en los partidos.

FUTURO INCIERTO

Por eso, quizá pudiéramos estar o ante el umbral de la refundación de la partidocracia, o ante la confirmación de que los partidos en su forma actual están más dispuestos a destruirse que a cambiar. Pronto lo veremos con mayor claridad.

Analiza Poder Judicial y Fiscalía General el inicio de operaciones de Centros de Justicia

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Se reúne el magistrado Raúl Bolaños Cacho con el Doctor Rubén Vasconcelos Méndez

El Magistrado Presidente del TSJE y del Consejo de la Judicatura, Raúl Bolaños Cacho, y el Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, presidieron este jueves en la sede del Poder Judicial, una reunión de trabajo interinstitucional, cuyo objetivo es conjuntar esfuerzos para analizar y definir el inicio paulatino de operaciones de los Centros de Justicia en las diversas regiones del Estado.

Dentro de los acuerdos relevantes emanados de esta reunión, destacan, el abrir en noviembre próximo el Centro de Justicia de Tuxtepec, así como el conjuntar esfuerzos con el objeto de buscar los mecanismos que permitan contar con la sinergia presupuestal para el inicio de operaciones de los Centros de Justicia de Huajuapan y El Espinal, los cuales ya se encuentran concluidos en su totalidad.

También se abordó la inclusión en los Programas Operativos Anuales correspondientes al ejercicio 2018, los recursos suficientes para cubrir los gastos de operación de estos Centros, entre otros temas.

Bolaños Cacho dijo que los Centros de Justicia harán realidad lo que tanto se ha exigido en Oaxaca que es el derecho al acceso a la justicia de manera eficiente, pronta y expedita porque todas las instancias procuradoras y administradoras de justicia estarán en una sola unidad.

A su vez, Rubén Vasconcelos Méndez señaló que los Centros de Justicia son instalaciones donde habrá espacios dignos para que todos los operadores del sistema de justicia “podamos hacer nuestro trabajo de forma adecuada. Nosotros como el ente acusador nos interesa mucho porque habrá espacios no sólo para ministerios públicos sino para peritos, agentes de investigación y por supuesto para las víctimas que recibirán un trato especial y digno cuando entren en operación estos Centros de Justicia”, señaló.

Los Centros de Justicia albergarán en un mismo espacio a las instituciones que intervienen en los procesos del nuevo sistema de justicia penal, beneficiando con ello al Poder Judicial del Estado, la Fiscalía General, la Defensoría Pública, la Unidad de Medidas Cautelares y la Policía Estatal del Estado, ambas dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública.

Cabe señalar que actualmente ya opera el Centro de Justicia de Miahuatlán de Porfirio Díaz.

No serviría de nada la reducción del Congreso, ni la eliminación de plurinominales

 

No es casual que fuera el propio PRI quien pusiera nuevamente en la discusión una vieja propuesta para reducir el número de integrantes de las cámaras legislativas federales. Lejos de tener una intención democratizadora, la propuesta priista más bien parece encaminada a colocar un candado a los procesos reformadores de gran calado y a socavar la posible existencia de contrapesos en el poder que hoy ostenta el Ejecutivo federal. Lejos de la demagogia, vale la pena revisar con cuidado esta propuesta para entender qué fines persigue.

En efecto, en el contexto de los eventos sísmicos del mes de septiembre, y el cuestionamiento agudo de la sociedad mexicana en contra de la abultada y suntuaria partidocracia mexicana, algunos partidos como el PRI lanzaron propuestas de supuesta austeridad, que tienen como fondo la idea de la eliminación de los diputados federales y senadores de representación proporcional.

Esta, de hecho, es una propuesta muy similar a la que en 2014 presentó el entonces secretario Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Sadot Sánchez Carreño, a través de un “Aviso de Intención” para realizar una consulta popular con el propósito de reformar la Constitución para reducir 100 diputados federales y 32 senadores de representación proporcional. La estrategia priista, en aquel entonces se centró en conseguir alrededor de un millón y medio de firmas de apoyo de ciudadanos mexicanos antes del 15 de septiembre próximo —sólo median alrededor de 25 días entre la presentación de la propuesta y su formalización— para que esta consulta popular se lleve a cabo en la misma jornada electoral federal de 2015; y hoy se centra en canalizar el descontento popular avivado por el sismo, pero emergido de la inconformidad natural en contra de la partidocracia, que gasta mucho pero —según la ciudadanía— le aporta poco al país.

Frente a todo esto surgen varias cuestiones que vale la pena analizar. Pues lo primero que salta a la vista es la prisa que parece tener, de nuevo, como en 2014, el CEN del PRI por formalizar la propuesta y convertirlo en un tema de la agenda pública. En aquella ocasión, el gobierno federal y el partido gobernante, esperaron a que concluyera la fase legislativa de las reformas estructurales por un asunto de cálculo y conveniencia. Pero una vez concluido dicho proceso lo irremediable fue la búsqueda de una riesgosa reducción del Congreso, igual que como hoy, en el contexto de la crisis social por los sismos, el PRI se apresuró a revivir su propuesta. Y queda claro lo riesgoso que resulta el hecho de que, para conseguir la aprobación popular, el PRI utilice argumentos endebles y esconda los que verdaderamente importan.

Específicamente, nos referimos a dos cuestiones: primera, que al reducir el número de legisladores sin variar la composición y los alcances de las cámaras legislativas, lo que está buscando en realidad es concentrar más un poder al que al mismo tiempo está socavando de distintas formas; y segundo, que una parte esencial de la discusión relacionada con el número de legisladores debiera ser si es más viable reducir la integración de las cámaras legislativas o eliminar algunos de los muchos privilegios que tienen los diputados y senadores en México.

El asunto no es menor. La ciudadanía tiene un enojo añejo y genuino con sus legisladores por la forma en cómo concentran privilegios que no corresponden con la bajísima calidad del trabajo legislativo y con la insuficiencia en la atención de los problemas sociales del país. A partir de ello se ha cuestionado, por ejemplo, la existencia de los legisladores plurinominales, pero no se ha logrado una discusión serena respecto a la necesidad de eliminar a los plurinominales junto con los privilegios de los diputados, pero sin reducir la integración de las cámaras legislativas. Ese es un asunto más importante de lo que a simple vista podríamos suponer.

¿REDUCIR EL CONGRESO?

Lo que en esencia todo Congreso busca representar, es la pluralidad de ideas y expresiones políticas de una nación. En México esa fue la razón para que se estableciera el principio de elección por representación proporcional en los legisladores federales. Sin embargo, para tener un mejor Congreso no necesariamente debe ocurrir una reducción de legisladores. Veamos.

Parece que muchos mexicanos no logramos centrar la razón de nuestra inconformidad. A muchos nos agravian los excesivos privilegios que tienen los legisladores federales. Por eso, una reforma de verdad democratizadora a lo que debería ir encaminada es a quitar los salarios y privilegios excesivos, para devolverle el sentido de servicio a la función legislativa. Eliminar curules y escaños en realidad lo que busca es minar al Poder Legislativo en beneficio del Ejecutivo. ¿Por qué?

Porque un Poder Legislativo con menos integrantes significa únicamente la posibilidad de negociar y acordar con menos. Además, la reducción de legisladores es también proporcional a la pérdida de legitimidad en la toma de decisiones de gran calado. Si hoy en día, como lo apuntaba el doctor Diego Valadés, en México hay un legislador por cada 220 mil habitantes, con una reforma que disminuyera la integración legislativa, la representación popular se alejaría aún más de la ciudadanía. ¿A quién le sirve eso? Le sirve al Presidente, que se fortalece frente a un Poder Legislativo débil.

Además, la reducción de legisladores en los términos que se plantea no haría un Poder Legislativo más fuerte. No pasaría, por ejemplo, lo que se intentó en la Constitución de 1857 cuando se decidió disolver el bicamarismo para dejar sólo a la Cámara de Diputados eliminando el Senado. Al estar el Legislativo concentrado en lo que hoy conocemos como Cámara baja, sí existía una concentración de poder que lo que buscaba era justamente limitar la función del Presidente, que en los años previos había cometido todo tipo de excesos en el ejercicio de sus funciones.

En este caso, la reducción es simplemente de número pero se mantiene la división del Legislativo a través de la permanencia de las dos cámaras. Nada se dice sobre la eliminación de privilegios, y en realidad el “ahorro” económico no es sino la zanahoria con la que quieren justificar una medida que no contribuiría en prácticamente nada a democratizar un poco más el sistema político.

Por eso habría que ver con más detenimiento esta propuesta y cuestionar de fondo si junto con la reducción de legisladores habrá también una disminución de privilegios; o si con ello habrá también un replanteamiento de las funciones que tiene encomendadas el Presidente de la República. Ésta no parece una reforma saludable. Menos cuando el intento por arrinconar al Congreso ocurre en el contexto de una crisis exógena. La mesura y la prudencia deberán ser monedas de cambio.

ARISTAS

Habrá que ver con detenimiento el contexto real. Sin representación proporcional, por ejemplo, en Oaxaca el PRI tendría mayoría absoluta, y podría hacer lo que quisiera con la Constitución y las leyes locales. Quizá ahí es donde veamos y valoremos la importancia de la pluralidad. Por eso vale la pena no ver el asunto desde la sola óptica de las pasiones sino desde un contexto de mayor serenidad. Para entender todas sus implicaciones.

La eliminación del financiamiento a partidos sí representa un dilema —y muy grave—para la democracia en México

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El discurso fácil apunta a que, en el contexto de las sucesivas tragedias ocurridas en México por los sismos del pasado mes de septiembre, se debe discutir y consolidar la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos y a las campañas electorales en nuestro país. En realidad, dicha propuesta merece un análisis más profundo, que pase por algunos tópicos que hasta el momento no parecen estarse viendo con claridad. Vale la pena repasar algunos de ellos.

En efecto, luego de los sismos surgió de manera aparentemente espontánea un movimiento que fijó en la agenda pública la necesidad de que los partidos políticos ‘donaran’ sus recursos para la reconstrucción de las zonas devastadas. Aunque de inicio los partidos —la partidocraciaintentó defenderse, pronto se dieron cuenta que la rentabilidad electoral era superior a la defensa de sus prerrogativas.

Por eso, casi de inmediato iniciaron una especie de puja en la que han intentado ver quién da más de sus recursos económicos las ofertas han ido de montos definidos, hasta presupuestos de ejercicios completos—, pero también han caído en la situación de competir por ver quién plantea la propuesta más descabellada. De manera aparentemente sorpresiva, aunque claramente intencionada, el PRI planteó la eliminación del total del financiamiento público a los partidos, y también desempolvó la propuesta planteada en 2014 de eliminar las diputaciones federales y senadurías asignadas por la vía de la representación proporcional. Aunque son inicialmente atractivas, habría que repensar dichas propuestas, y ponderar la relacionada con el financiamiento. ¿Por qué?

Porque, por principio de cuentas, la democracia no es, ni debe ser, una actividad sujeta a las reglas del mercado. Se equivocan —y engañan vilmente a la ciudadanía— quienes plantean que ahora sean los militantes y simpatizantes los que sostengan las actividades proselitistas que requieren recursos, porque los mismos partidos han sido los primeros que históricamente se han dedicado a desalentar y alejar a la sociedad civil de las actividades políticas, y a exterminar aquel concepto de ciudadanía que apunta a que una persona interesada en los asuntos públicos debe contribuir a ellos.

Al quedar la democracia sujeta a las reglas del mercado, quizá si lleguen algunos recursos provenientes de las aportaciones de los ciudadanos y de las acciones de recaudación de fondos que realicen los partidos. Sin embargo, en un país como México nadie puede evadir el hecho de que resulta más probable que las arcas partidistas se llenen de recursos provenientes —desviados— de las arcas públicas, que de los militantes y simpatizantes; y, aún peor, que no sólo no sean sus principales fuentes de financiamiento ni los fondos privados ni los recursos públicos —con el enorme cuestionamiento e ilegalidad que eso representa—, sino dinero proveniente del narcotráfico.

Éste, el narco y la delincuencia organizada, se han intentado meter como la humedad en todas las actividades políticas y, a pesar de los controles y prohibiciones actuales, ha intentado llegar hasta las más altas esferas del poder público. Y si consideramos que en los partidos y entre candidatos se asume que en la lucha por el poder, el fin justifica los medios, ¿entonces por qué no pensar en que la enorme seducción que representa la abundancia de recursos provenientes de fuentes ilícitas para financiar campañas, puede hacer presa de su poder a partidos y candidatos en estado de inanición por la falta de recursos públicos?

EVADIR EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Otro de los temas sustantivos que evade esta falsa discusión sobre la eliminación del financiamiento público a los partidos, es el del combate a las diversas formas de corrupción que existe en el ejercicio político cotidiano. De hecho, esto parece ir en sentido contrario. ¿De qué hablamos?

De que si sujetamos el ejercicio de la política partidista, de las campañas, de las postulaciones y, en resumen, del acceso al poder público, a las reglas del mercado y a los intereses del mejor postor, entonces no sólo no estaremos desalentando la corrupción sino que la estaremos estimulando con una eficacia formidable. La razón es simple: los partidos y sus candidatos, de entrada, dejarán de discutir —si es que hoy lo hacen— algunos de los temas sustantivos y torales para el país, y destinarán la mayor cantidad de su tiempo a la búsqueda de fondos.

Además, al quedar el acceso al poder sujeto a las reglas y los intereses económicos más puros, se abrirán aún más espacios para la corrupción reflejada en venta, cooptación y condicionamiento de candidaturas a quien tenga recursos, soslayando el reconocimiento social a los liderazgos natos y al trabajo comunitario —factores que debieran ser los determinantes para el otorgamiento de candidaturas, por encima de la capacidad económica.

Evidentemente, junto a todo esto hay otra realidad: el retiro del financiamiento público no será sinónimo —ni de lejos— de campañas más austeras. En México, lamentablemente, la clase política no sabe hacer otro tipo de campañas que no sean las regidas por el dinero. hoy, esos montos los obtienen en gran medida del financiamiento público y de fuentes ilícitas, pero fundamentalmente de la canalización indebida de recursos de las arcas públicas hacia las campañas.

En esa lógica, ¿dejarán de comprar conciencias, votos, asistencias y simpatías? Evidentemente no. La diferencia es que ahora lo harán con dinero de origen quizá desconocido. Y muy seguramente lo harán con mayor libertad al no estar sujetos a la comprobación que hoy les exigen las fuentes de financiamiento que provienen del presupuesto.

Por todo eso, sería muy importante que más allá de las propuestas fáciles y demagógicas, los partidos nos dijeran a los ciudadanos qué y cómo le harán para crear de verdad ciudadanía; cuáles serán las coordenadas a seguir para lograr que, con dinero público o con dinero privado, los ciudadanos de a pie creamos en ellos y nos sintamos representados.

Evidentemente no lo lograrán aliándose con los grandes capitales, o con la delincuencia organizada. Tampoco lo lograrán anidando los vicios ya conocidos de los partidos. Y mucho menos habrá avances mientras insistan en discusiones aparentemente antisistémicas que, en realidad, tienen muchos problemas para pasar al menos como propuestas populistas o demagógicas.

RAPIÑA

Hay que combatirla de frente en el Istmo: con las tarjetas prepagadas para la reconstrucción de las viviendas y comercios afectados, también llegaron los buitres que pretenden aprovechar la situación. ¿De veras hubo alguien con tanta ‘sensibilidad’ como para autorizar los tráileres repletos con cemento y leyendas de “aquí se reciben las tarjetas para la reconstrucción”, que se vieron desde la tarde del lunes en varias ciudades istmeñas?

Impiden barreras y obstáculos una justicia eficaz: Magistrada

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La magistrada Ana María Cruz Vasconcelos y la jueza Jessica Maribel Arango Bravo, impartieron la conferencia Administración de Justicia como servicio público

En el marco de la Semana Nacional de Transparencia en las entidades federativas, promovida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la magistrada Ana María Cruz Vasconcelos, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas y la Jueza Sexto de lo Civil del Centro, Jessica Maribel Arango Bravo, impartieron la conferencia Administración de Justicia como servicio público.

En la ponencia, ofrecida en la Casa de la Cultura Jurídica de la ciudad de Oaxaca, intervino también la doctora Socorro Apreza Salgado, investigadora y catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien junto con las servidores públicas judiciales coincidió en que  es indispensable avanzar en la remoción de obstáculos de índole cultural, económico y educacional que impactan en el acceso igualitario a la justicia.

Resaltaron que hay brechas y barreras como la lingüística, la cultura de las comunidades, el insuficiente personal en las instancias de procuración y administración de justicia, las prácticas discriminatorias  y la falta de uso por parte de los juzgadores de los principios de interpretación de los derechos humanos para resolver los conflictos,  que no favorecen una justicia pronta y expedita en la entidad.

La magistrada Cruz Vasconcelos indicó que la administración de justicia es un servicio público básico, esencial para el funcionamiento y bienestar de la sociedad. “Hay que reconocer que la sociedad tiene una percepción negativa de este servicio y el fracaso de la justicia en su tarea de hacer efectivos los derechos de los ciudadanos se ve como un fracaso de Estado. De la justicia no se exige ahora solamente que sea independiente e imparcial, sino también que sea eficaz”, destacó.

Por su parte, la Jueza Sexto de lo Civil del Centro señaló que la actuación de los jueces se encuentra bajo la lupa ante una sociedad cada vez más informada, por lo que quienes tienen esta responsabilidad deben procurar una actuación basada en la confianza, credibilidad, confidencialidad, profesionalismo, imparcialidad, compromiso institucional y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Las actividades de la Semana Nacional de Transparencia en las entidades federativas buscan el  fortalecimiento de los estándares de servicio a los justiciables y abonar a la confianza de la sociedad.

Helmes está en problemas… y la UABJO, en quiebra

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Son lógicas las aspiraciones políticas del ex rector de la UABJO, Eduardo Martínez Helmes: pretende conseguir la protección del fuero constitucional federal para evadir las responsabilidades administrativas y penales que le derivarán de su gestión al frente de la Máxima Casa de Estudios, en la que existe un millonario desfalco que hasta el momento no han podido comprobar. Por eso intentó que Morena lo postulara a algún cargo legislativo federal. Y ahora, cuando en el partido lopezobradorista parecen haberle atajado las aspiraciones, busca refugio en el membrete del PT que está en poder del senador Benjamín Robles Montoya.

En efecto, los problemas financieros al interior de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca son ampliamente conocidos porque el propio rector Eduardo Bautista Martínez decidió hacer pública la crítica situación en la que se encuentran las finanzas universitarias. En varios momentos ha señalado que el presupuesto de la Universidad se encuentra fuertemente presionado por los compromisos heredados por administraciones anteriores y que, de no ser atendido, incluso cabría la posibilidad de que la UABJO se quedara sin recursos para su gasto corriente, dos o tres meses antes de cerrar su ejercicio presupuestal del presente año.

En esa lógica, dentro y fuera de la UABJO existen dos presunciones ampliamente construidas: la primera, es que gran parte de la responsabilidad por el estado crítico en que se encuentran las finanzas universitarias recae en el ex rector Eduardo Martínez Helmes; la segunda, que durante su gestión, el ahora ex Rector pasó de la medianía económica a la bonanza a través de una importante red de asesores financieros y fiscales, y a través de prestanombres, por medio de los cuales habría adquirido propiedades y realizado inversiones en distintos rubros, para diversificar los recursos extraídos de la Máxima Casa de Estudios.

De hecho, uno de los datos sustantivos que refuerzan esos señalamientos es el dato verificable de que, durante su gestión, Martínez Helmes llevó al límite la capacidad de endeudamiento de la Universidad, al autorizar ejercicios presupuestales por demás superiores a sus ingresos garantizados. En su edición de ayer, el periódico Tiempo de Oaxaca daba cuenta de lo anterior, al señalar que durante el último año de gestión de Eduardo Martínez Helmes, la Universidad ejerció un presupuesto de mil 51 millones de pesos, a pesar de que el presupuesto que tenía aprobado apenas si rebasaba los 900 millones de pesos.

Así, el endeudamiento fue una constante de su administración, con la agravante de que ese endeudamiento no tuvo como destino alguna obra o gasto en infraestructura, sino que como consecuencia del manejo irregular de las finanzas ancló esos compromisos al pago de gasto corriente. Por eso el rector Bautista Martínez no ha dudado en denunciar las irregularidades cometidas por su antecesor en el manejo del presupuesto y la adquisición de deuda y, de hecho, esa parece ser una de las principales razones en las que se basa el claro distanciamiento que existe entre el actual Rector y la llamada ‘familia real’ universitaria de la que es patriarca Abraham Martínez Alavés, pero de la que es su máximo orgullo el también ex rector Eduardo Martínez Helmes… que ahora está en problemas.

ASPIRACIONES INUSITADAS

En otros momentos señalábamos en este espacio que el “ejemplo” puesto por el ex rector Francisco Martínez Neri a sus antecesores y sucesores, en el sentido de que sí es posible brincar de la política universitaria a la política estatal, era uno de los pivotes que movía a Eduardo Martínez Helmes a buscar una diputación luego de terminar su rectorado.

Acaso una primera diferencia entre ellos, era que mientras Eduardo Martínez Helmes nunca pasó de ser un burócrata universitario que creció al amparo de su poder paternal, Martínez Neri sí había sido un rector —el último de ellos, hasta ahora— con cierto reconocimiento social gracias, a que había tomado una posición activa durante el periodo en que le tocó encabezar la Universidad, que fue el mismo en el que ocurrió el conflicto magisterial de 2006 y él le abrió las puertas de la Universidad al movimiento popular, en rubros como Radio Universidad o la utilización del campus universitario como refugio de la resistencia social. Esas fueron decisiones fuertemente criticadas, pero que ciertamente le hicieron ganar el reconocimiento de un sector de la población que luego lo respaldó para ser, por la vía de la mayoría relativa, primero diputado local, y ahora diputado federal.

Hoy, sin embargo, sabemos que existen más diferencias en las aspiraciones de Martínez Helmes respecto a la ruta política de Francisco Martínez Neri. En realidad, lo que Helmes ha buscado no es el crecimiento político, pues ese nunca le interesó ni en el tiempo en que fue Rector. Más bien, lo que ha buscado es el cobijo de alguna fuerza política que le permita superar los problemas que enfrentará por su cuestionada gestión al frente de la Máxima Casa de Estudios.

Por esa razón, en un primer momento buscó la forma de encontrar cobijo en el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, e incluso logró que lo incluyeran en el grupo de los políticos que el 21 de marzo pasado firmaron en Oaxaca, el Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México en presencia del propio Andrés Manuel López Obrador. En aquel entonces, Martínez Helmes aseguraba que su capital político estaba en la Universidad, y que su clientela electoral dentro de la Universidad le hacía acreedor no sólo a una candidatura a diputado federal, sino que incluso públicamente sostenía que él sería uno de los candidatos al Senado por el partido lopezobradorista.

El problema —para él— es que las propias circunstancias han ido demostrando que ni él tiene el liderazgo necesario al interior de Morena como para asumirse como posible candidato a cualquier cargo de elección popular, ni tampoco en Morena le tienen confianza a sus afirmaciones iniciales. Por esa razón, aún cuando al inicio vislumbraban la posibilidad de que fuera al menos candidato a una diputación federal, luego lo redujeron —en posibilidades— a una diputación local, que evidentemente no le interesó.

Fue así porque en el ámbito estatal los legisladores locales dejaron de tener fuero o inmunidad constitucional, que es lo que en realidad anda buscando Martínez Helmes mientras, —según él— se calma la tormenta por los saldos cuestionables de su rectorado. Por eso, quienes conocen sus movimientos vieron con sorpresa cómo inusitadamente abandonó el barco lopezobradorista para buscar cobijo en lo que queda del PT con el senador Benjamín Robles Montoya. Quizá ahí sí pueda comprar la candidatura a una diputación federal, con la que sueña. El problema es que, de acuerdo con el panorama actual, en el radar electoral el PT no aparece en ninguna posibilidad importante, y las pocas que queden serán asignadas en el sentido patrimonialista que siempre ha caracterizado a Robles Montoya.

NERVIOSISMO

Dicen que el ex Rector es, de hecho, uno más de los varios que andan muy preocupados, en la misma proporción que en sus épocas de bonanza, hicieron negocios millonarios con el Coco Castillo. Por eso, señalan, está también intentando la vía desesperada —e inútil— de hacerse aliado de Robles Montoya.