Una de las rutas más duras a través de las cuales el país debe demostrar que está cambiando, es la del choque entre las apariencias y los intereses políticos, y las disposiciones jurídicas. En muchos casos hemos visto cómo lo político no necesariamente es lo jurídico. Pero en pocos momentos lo habremos visto con tanta claridad como en la definición que tenga la abrupta destitución del Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, y su llamado al Senado —y a las instancias que sigan— para que lo restituyan.

En efecto, el pasado 20 de octubre Santiago Nieto Castillo, fue removido de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade), “por transgredir el Código de Conducta de la Procuraduría General de la República”. La decisión fue tomada por el encarado de la PGR y subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 30 de la Ley Orgánica de la dependencia.

“En esta fecha removió de su cargo al titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales. Lo anterior, toda vez que el referido servidor público transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta de la Procuraduría General de la República”, informó la dependencia. Agregó que de esta manera, la Procuraduría General de la República reitera su compromiso de vigilar que las actuaciones de los servidores públicos sean apegadas a la legalidad y ética institucional, así como a las disposiciones de la investigación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, protegiendo en todo momento los derechos humanos de la sociedad en su conjunto.

En respuesta a ello, Nieto Castillo, solicitó al Senado objetar la decisión de Elías Beltrán, quien lo destituyó el viernes de la semana pasada, al considerar que no se le concedió un debido proceso y que existen diversos problemas jurídicos en su remoción. Ante el requerimiento de Nieto al Senado, el encargado de la PGR dijo que la institución “no puede permitir errores”.

En un oficio enviado al presidente del Senado, Ernesto Cordero, Nieto Castillo expresó que Elías Beltrán le notificó personalmente su remoción con efectos inmediatos como titular de la FEPADE de la PGR, pero aseguró que no hubo un procedimiento en el cual se le informaran las razones por las que se le destituyó, ni se le dio la oportunidad de defenderse ni de presentar pruebas. “El acto en cuestión tampoco está debidamente motivado, en el sentido de que en él expresen las razones por las que se estableció que mi conducta pudo haber infringido algún ordenamiento. La fundamentación es deficiente, en razón de que los preceptos citados en su oficio no son aplicables a los hechos que vagamente se me pretenden aplicar”.

Nieto Castillo señaló que Elías Beltrán, quien notificó al Senado de su decisión el pasado 20 de octubre, es el encargado de despacho de la PGR, por lo que pidió a los legisladores que se analice si un funcionario que ocupa provisionalmente esa posición tiene las atribuciones suficientes para remover a un funcionario cuya designación fue hecha por el Senado.

Ante este cruce de argumentos hay varias cuestiones sustantivas: primera, que la PGR aún no es un órgano constitucionalmente autónomo; segunda, que, ciertamente, el Titular de la FEPADE ya había sido electo por el Senado, como una muestra del avance en la ruta de la autonomía, que se logrará al consolidar la Fiscalía General; tercero, que el cargo de Nieto Castillo seguía sujeto a la jerarquía normativa de la PGR; y cuarto, que el gobierno federal enfrenta tal nivel de desgaste que es casi imposible que, hoy, en la circunstancia actual, la ruta estrictamente jurídica prevalezca. Vale la pena una explicación mas amplia.

VICISITUDES LEGALES

La oposición por defecto que hoy enfrenta el gobierno federal es mayúscula. Por eso, inopinadamente todas las fuerzas opositoras cerraron filas con Nieto Castillo, al margen de cualquier consideración de índole jurídica, y de considerar si su destitución tuvo una causa justificada o si fue apegada a derecho o no. Ahora el PRI tendrá que defender la decisión del gobierno federal. pero en el cruce se tendrán que enfrentar —todos— a la justicia. ¿Por qué?

Porque el gobierno federal —a través de la PGR— puede estar segura que en estricto derecho la destitución de Santiago Nieto es sólida, a partir de que los transitorios de la reforma a la PGR establece que mientras ésta no evolucione en Fiscalía General, el Titular de la PGR puede destituir a los fiscales especializados aún cuando éstos hayan sido electos por el Senado, y no nombrados por éste. El problema es que en medio de eso se cruzan, primero, los intereses políticos; y segundo, se cruzan también la parte jurídica que finalmente tendrá que ser quien le dé luz a todo este entuerto.

En la parte política, el Senado podría restituir al titular de FEPADE pero también podría enfrentar una Controversia Constitucional por parte del Ejecutivo, vía —paradójicamente— la PGR. ¿Por qué? Porque posiblemente el Senado estaría excediendo sus funciones, y todo tendría que resolverlo la Suprema Corte, estableciendo cuáles son los linderos de los derechos de cada uno de ellos, y de fondo quién tiene la razón.

Otra de las vías posibles es que Santiago Nieto Castillo esté tratando de agotar el procedimiento ante el Senado, aunque lo pierda, para luego ir a alegar las violaciones a sus derechos fundamentales. En su declaración inicial dio luces al respecto, al considerar que no se le concedió un debido proceso y que existen diversos problemas jurídicos en su remoción. En el fondo, Santiago Nieto podría ir a alegar que fue víctima de un acto ilegal de privación, a partir de que no se le garantizaron los derechos contenidos en el artículo 14 constitucional.

Dicho precepto establece que “nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”.

Así, un acto inconstitucional de privación ocurre cuando a alguien se le anula la libertad, sus propiedades, posesiones o un derecho —ojo en esto último— sin que antes se haya seguido un procedimiento seguido en forma de juicio, en el que se le haya permitido ser escuchado, presentar pruebas y plantear alegatos antes de la resolución. Santiago Nieto estaría, pues, cumpliendo con los actos preparatorios para poder acudir legítimamente al juicio de amparo.

POLARIZACIÓN

¿Cuál sería el problema? Que, como lo dijimos al inicio de este apartado, en el fondo el gobierno federal sí podría tener la razón legal, a partir de las razones antes esgrimidas. ¿Lo crítico? La ilegitimidad del propio gobierno y la afición natural a la oposición que hoy como deporte practica una parte de la sociedad mexicana, al margen de las razones legales. Esto es gravísimo, pero es parte de la realidad polarizada y extremista que vive nuestro país.

La próxima integración del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, deben imperar los principios constitucionales por encima de cualquier interés o criterio político. Esto, a la luz de la praxis política parece algo redundante o bisoño, debiera ser en realidad el principal punto de referencia para un paso tan importante como este que tiene que ver con la fiscalización y la rendición de cuentas. No considerarlo, es tanto como convalidar el triunfo de la mezquindad sobre el mandato de las normas que nos rigen.

En efecto, existen varias cuestiones que deben ser consideradas en este proceso tan particular que viven las instituciones de Oaxaca. Una de ellas, es el hecho de que la conformación del Órgano Superior de Fiscalización constituye no sólo una tarea de orden político sino que es uno de los pasos fundamentales para la puesta en marcha del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.

Otra, radica en el hecho de que el OSFEO representa un órgano vital para la confianza de la ciudadanía porque será el encargado de llevar a cabo los procesos de revisión al ejercicio gubernamental; y otra, por demás importante, se encuentra en el hecho de que en la conformación y el funcionamiento del OSFEO quedará demostrada la voluntad del régimen por establecer nuevos parámetros para la rendición de cuentas en Oaxaca. Por eso hay que seguir de cerca este proceso, y exigir que se lleve a cabo conforme a lo que establece la Constitución del Estado.

¿De qué hablamos? De que, por un lado, el Órgano Superior de Fiscalización debe ser integrado en los términos de la Constitución, y no con base en criterios políticos. Al respecto, dice la Constitución en el artículo 65 bis —y esto bajo ninguna circunstancia debiera ser perdido de vista—: “Para ser Auditor se requiere contar con experiencia de cinco años en materia de control fiscalización, auditoria gubernamental y de responsabilidades…”. De este modo, queda claro que la Constitución exige que se cumplan todos esos parámetros, y no sólo uno o algunos de ellos, para poder ocupar el cargo de Titular del OSFEO, y resulta también cuestionable que la convocatoria no prevea ningún requisito que cumplir o que tiene que se deba acreditar en materia de responsabilidades de los servidores públicos, una omisión que incluso es inconstitucional.

Por eso, el Auditor Superior del Estado, o el Titular del nuevo Órgano Superior de Fiscalización, debe ser un verdadero experto en los temas que estaría destinado a conocer. En el ideal, debería existir un examen de oposición o de conocimientos, como un parámetro mínimo para que cualquier aspirante pudiera legitimarse en sus aspiraciones de convertirse en el titular del órgano fiscalizador, y luego demostrarlo a través de otros mecanismos técnicos.

Por esa razón —y así lo hemos apuntado en otros momentos en este espacio, y hoy lo subrayamos— resulta importante lo que decidan los diputados, más allá de la coyuntura política. El nuevo auditor debe ser un experto en fiscalización, pero además un conocedor de los temas de control, auditoría y los demás rubros que establece ya la Constitución como prerrequisitos para aspirar a la titularidad del nuevo órgano.

Ese debería ser uno de los puntos más finos de la actual discusión, y seguramente será uno de los temas por los que pasen los diputados, además de la autonomía y la independencia del poder público que cada uno de ellos demostrara. De no ser así, entonces se estaría en repetición del pasado, primero porque estaríamos frente a un Auditor —y sub auditores— electos bajo criterios políticos y no acorde a los principios de la Constitución.

Y segundo, porque estaríamos de nuevo en el riesgoso escenario de la conformación de órganos constitucionalmente autónomos —aunque de hecho el OSFEO sigue siendo un organismo del Poder Legislativo con autonomía técnica y de gestión— que en realidad son relativizados desde el poder a partir de la falta de experiencia, y de la poca consistencia técnica en la elección de sus integrantes.

ELECCIÓN TRASCENDENTE

Otra de las cuestiones que será definitoria del rumbo que desde el Ejecutivo y el Congreso le den al OSFEO, será su presupuesto. Para nadie es un secreto que la antigua Auditoría Superior del Estado, y el nuevo OSFEO, es el órgano de fiscalización que tiene más entes fiscalizables en el país, por el solo hecho de que Oaxaca tiene 570 municipios, además de todas las dependencias que integran los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, además de los órganos autónomos, y los entes públicos y privados que reciben recursos públicos.

En contraste con lo anterior, resulta que el órgano de fiscalización en la entidad es el que tiene el menor presupuesto asignado de todos sus pares en el país —antes incluso de que en 2014 le redujeran otros 18 millones de pesos a su presupuesto para la creación de un elefante blanco legislativo denominado Órgano Técnico de Fiscalización, que depende de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Congreso del Estado—.

Además, actualmente la ASE tiene menos de cien auditores —lo cual haría, en el mejor de los casos, seis auditorías por cada servidor público, y cada una de las revisiones lleva por lo menos dos meses de trabajo— y cada uno de ellos gana menos de 10 mil pesos al mes, por lo que técnicamente resulta imposible realizar una cobertura al menos digna, mínima y efectiva de la fiscalización establecida por la Constitución.

Por todo eso, aún cuando haya una correcta integración, si de todos modos el Estado no invierte lo necesario en el reforzamiento de las labores de fiscalización a través del rubro presupuestal, entonces todo lo que dice la Constitución sobre los fines que persigue la fiscalización superior, seguirá siendo una expectativa imposible de cumplir.

NOMBRES…

Por eso, en el primero de los rubros debe haber determinación y responsabilidad. De entre todos los nombres de quienes aspiran a conformar el nuevo órgano de fiscalización, son realmente contados los que verdaderamente cumplen con los requerimientos técnicos profesionales que establece la Constitución para todo aquel que desee integrar el nuevo OSFEO. El Congreso ya debería tener, a estas alturas, un balance serio de los aspirantes y sus antecedentes no políticos, sino técnicos y profesionales. Pues en realidad, de entre todos ellos, acaso el único que destaca notablemente por su larga carrera y preparación en temas de fiscalización, control y auditoría, es el contador público Ramón Icazbalceta Carrete, y quizá uno o dos más de la larga lista de aspirantes admitidos al proceso de integración del OSFEO. La medida de todo será la responsabilidad. Veremos pronto si los diputados están a la altura de lo que necesita Oaxaca.