+ Ciudadanos, aislados; sólo hasta que son afectados quieren solidaridad

Es muy grave que en Oaxaca, frente al problema magisterial, los ciudadanos estemos solos, aislados y disgregados. Esto es así, porque tal parece que además del grave problema que representa la inconformidad de los trabajadores de la educación, entre todos los sectores productivos y de la ciudadanía sólo nos estamos profesando mezquindad mutua. Es fuerte decirlo, y aceptarlo, pero tal parece que aparentamos que nos preocupan los problemas públicos, pero sólo cuando somos afectados. Cuando no, dejamos que esos asuntos públicos corran como si fuéramos ajenos a ellos.

En efecto, hoy la educación es ejemplo de esa mezquindad mutua entre ciudadanos, aunque claramente no es el único. Como ciudadanos, parecemos haber olvidado que los asuntos públicos tienen ese carácter —de “públicos”— justamente porque son los que nos involucran a todos por igual, independientemente de nuestra condición social, económica, política o intelectual. Si comprendemos a cabalidad dicho concepto, entonces entenderíamos también la existencia de una sociedad civil interesada por los problemas comunes, independientemente de si se ve o no involucrada su esfera personal, familiar o social.

El problema en Oaxaca es que, en los momentos más determinantes, esa sociedad civil parece reducirse a un espejismo. Entendemos que hay sociedad civil, pero resulta que sólo nos interesa que ésta se vea cuando se trata de la realización de labores sociales o de altruismo, o cuando en un profundo acto de mezquindad, los políticos aparentan convertirse en integrantes de la sociedad civil —esa masa amorfa tan escandalosamente mal comprendida en nuestra sociedad— para brindarse un rostro ciudadano, y así alejarse —también en apariencia— del mal fario de los partidos y de sus intereses… hasta conquistar un cargo público, y entonces olvidar el supuesto cariz ciudadano obtenido a través de la labor social interesada.

Fuera de esos supuestos, todo se reduce a la inexistencia de la sociedad civil organizada, y a la incapacidad de comprender que esa sociedad civil debería actuar independientemente de los intereses políticos, de las poses, y hasta de las necesidades exclusivas de los sectores vulnerables, para entender que esa sociedad civil —simplemente reducida al concepto de ciudadanía organizada— tendría que actuar frente a los problemas públicos. Sí, frente a esos problemas que son de todos, que afectan a todos, y que por eso requieren la atención de todos.

No existe en Oaxaca ejemplo de lo anterior, porque hasta las organizaciones altruistas tienen como límite los intereses de quienes los financian, las conveniencias de quienes las integran, y las posibilidades de obtener un lucro político. Y eso no sería problema, si en medio de todo eso no hubiera grandes problemas —como el magisterial— que nos afectan a todos independientemente de si somos maestros o no, si somos empresarios o no, o si enviamos o no a nuestros hijos a instituciones educativas del sector público.

NO HAY CIUDADANÍA

A los maestros les importa un carajo la ciudadanía, y eso mismo le sucede a la Iniciativa Privada, no respecto a los profesores, sino a la ciudadanía y los asuntos públicos. ¿De qué hablamos? De que vilmente, los trabajadores afiliados a la Sección 22 del SNTE aseguran que luchan por el pueblo de Oaxaca, cuando groseramente pelean por sus privilegios, por su “estabilidad” laboral, por la inaplicación de la evaluación a los docentes, y por la preservación del estado de cosas que los privilegia. ¿La educación pública, laica y gratuita que dice la Constitución? Esos postulados, frente a las escuelas cerradas, es evidencia de que les importa un comino.

Pero lo mismo pasa con la IP, que todos los días reclama a la Sección 22 por los daños que le ocasiona a la educación. Sin embargo, antes de que la 22 iniciara sus jornadas de protesta, ¿cuándo vimos a una iniciativa privada pujante, incidiendo en la discusión pública sobre la educación, haciendo ciudadanía, o preocupándose por el drama que viven cientos de miles de niños y jóvenes, a los que las acciones de lucha del sindicato magisterial les están cancelando la posibilidad de un futuro digno, y de posibilidades de desarrollo que al menos les permitan superar sus condiciones actuales? No los vimos nunca.

Y es que a todos debería preocuparnos lo que, finalmente, nos involucre directamente o no, nos afecta a todos. ¿No nos afecta el hecho de que, en general, Oaxaca tenga un problema por la deficiente educación que reciben o nuestros hijos, o los hijos del vecino, lo que provoca un problema generalizado de ignorancia, de incompetencia, de subdesarrollo, de marginación y de segregación? ¿No nos afecta a todos que haya niños que superan por inercia la educación básica, y que fracasan en la educación media superior, porque no saben leer y porque ni siquiera logran comprender los signos que casi mecánicamente aprendieron a traducir en palabras?

…Y TAMPOCO HAY FUTURO

Esos, finalmente, serán los ciudadanos de mañana. Serán los empleados de la IP. Serán la herencia del magisterio. Serán también las personas que supuestamente sacarán adelante a nuestro estado. ¿No es este, entonces, un problema generalizado? Por eso mismo debería preocuparnos a todos, siempre, y no sólo cuando nos afecta en el bolsillo, en las amistades o en los intereses.

+ Liberación de presos de la Coordinadora es una injerencia en Poder Judicial

Propios y extraños se dicen sorprendidos de cómo los dirigentes de la Sección 22 del SNTE, Rubén Núñez Ginez y Francisco Villalobos Ricárdez, recobraron tan rápido su libertad, a pesar de tener instaurados en su contra al menos cuatro procesos judiciales. Esa sorpresa pasará al estupor cuando el gobierno federal se vea obligado a explicar tanto el sentido de esas decisiones, como la influencia que tuvo el acuerdo en una mesa de negociación sobre los dictados de un Poder distinto al Ejecutivo, una vez que esta tormenta pase y el caso Nochixtlán pase al escrutinio internacional.

En efecto, con una decisión de esa naturaleza, México sufrirá una regresión democrática de cuando menos dos décadas, al dejar ver al mundo que en pleno 2016 el gobierno sigue utilizando las aprehensiones con fines políticos, y sigue influyendo en las decisiones del Poder Judicial. De ese tamaño es el problema. Por eso, es necesario comprender desde ahora qué ocurre frente a la liberación de los dos dirigentes de la Sección 22, y sobre todo qué tanto debe explicar el gobierno federal sobre esas aprehensiones.

Los hechos son los siguientes: la mañana del viernes 12 de agosto, Núñez Ginez y Villalobos Ricárdez obtuvieron su libertad luego de una estancia de alrededor de 24 horas recluidos en el penal de Ixcotel. El último mes lo habían pasado en Miahuatlán, a donde fueron trasladados luego del acuerdo entre la Secretaría de Gobernación y representantes de la Coordinadora que se sentaron a dialogar luego del desastre de Nochixtlán, el domingo 19 de junio, en el que resultaron muertas nueve personas y hubo casi un centenar de heridos por el enfrentamiento entre elementos federales e integrantes y simpatizantes de la Coordinadora.

Frente a esa sorpresiva liberación, el mismo viernes 12 la Procuraduría de Justicia de Oaxaca informó, mediante un comunicado, que con motivo de la solicitud de revisión de las medidas de prisión promovidas por los procesados (Núñez y Villalobos), en las causas penales del fuero común, “los Jueces Penales del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, declararon procedente la revisión solicitada por la defensa de los imputados, y en consecuencia modificaron la prisión preventiva dictada en contra de los citados procesados”.

En lugar de la situación de privación de la libertad impuesta a Rubén Núñez Ginéz y Francisco Manuel Villalobos Ricárdez —continúa el comunicado—, los jueces determinaron imponer algunas de las medidas previstas en el Código Nacional, determinando que pueden continuar su proceso en libertad, sin que esto los exima de responsabilidades. Los Jueces del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, determinaron imponer a los referidos, la presentación mensual ante el Juzgado de la causa que se les instruye, una garantía económica, así como la prohibición de participar en hechos masivos que tengan como propósito dar lugar a actos violentos.

Todo lo anterior —dice el boletín, y este dato resulta muy relevante— “en atención a la aplicación del artículo Quinto Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales …”.

INJERENCIA FEDERAL

No perdamos de vista una situación concreta: el aludido Quinto Transitorio del decreto por el que se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece la necesidad de revisión de todos los procedimientos judiciales para ajustarlos a la nueva norma. Esto significa, la posibilidad —y necesidad— de utilizar los nuevos parámetros legales para continuar los procedimientos judiciales que ya existían antes de la reforma.

Lo sorprendente es que en innumerables casos, la autoridad judicial se ha negado a beneficiar a los reos a través del llamado quinto transitorio, al argumentar que no existen ni la autoridad de supervisión de las medidas cautelares, ni tampoco los acuerdos y lineamientos su organización y funcionamiento.

Ese ha sido, esencialmente, el argumento por el que le han negado beneficios preliberatorios a muchísimos procesados que intentan acogerse a los principios del nuevo Código, pero es exactamente el mismo por el que la Procuraduría de Oaxaca dice que fueron dejados en libertad —en un aparente acto de garantismo, que no es sino el disfraz de la injerencia del Ejecutivo en las decisiones del Poder Judicial— Núñez y Villalobos.

Todo esto, en el fondo, deja en claro dos cuestiones: primera, que el gobierno federal encarceló y liberó a los dirigentes magisteriales por motivos políticos; y segundo, que para llevar a cabo esas dos maniobras manipuló averiguaciones previas, acuerdos judiciales, órdenes de aprehensión, autos de formal prisión, medidas penitenciarias, y beneficios preliberatorios, con tal de cumplir su cambiante agenda política relacionada con los dirigentes y el conflicto magisterial de Oaxaca.

¿CÓMO EXPLICARÁN?

No es tan longeva la disposición del Estado mexicano a permitir que organismos internacionales vigilen y den seguimiento a la situación de la justicia en el país. En este caso, aunque pareciera que se resarcieron al dejar en libertad a los dirigentes magisteriales, ¿cómo explicarán sus decisiones sucesivas? ¿Cómo explicarán su aprehensión a partir de la manipulación y la injerencia del Ejecutivo, y luego su liberación a partir de la utilización de criterios que son excepcionalmente heterogéneos? Hay miles de expedientes esperando —sin éxito— los beneficios de la aplicación del Quinto Transitorio. Núñez y Villalobos lo lograron pero a partir de una grosera manipulación. ¿Cómo lo explicarán eso a las misiones de observación internacional cuando, tarde o temprano, lo objeten?

+ Coordinadora reacciona hacia delante: liberan presos; aprietan protestas

Los grupos parlamentarios en el Congreso federal, o la Legislatura del Estado de Oaxaca, o la misma ciudadanía, deberíamos dejar atrás la parsimonia y exigirle al gobierno federal que deje de actuar discrecionalmente en sus negociaciones con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Los oaxaqueños, y los mexicanos, debíamos conocer con detalle qué plan, o qué derrotero siguen las negociaciones de Gobernación con el magisterio. Pues según parece, no terminan de comprender la dinámica magisterial, y al fortalecerlo, están llevando la reforma educativa, y el Estado de Derecho, a la quiebra.

En efecto, es alarmante cómo la Secretaría de Gobernación sigue cayendo en el garlito de ofrecer, y dar, muestras de distensión del conflicto magisterial, cuando es bien sabido que la Coordinadora es un movimiento que siempre reacciona hacia delante. ¿De qué hablamos? De que sólo en el último gran movimiento de esta tormentosa relación Gobernación-CNTE, el gobierno federal cumplió el acuerdo de dejar en libertad a los dos últimos líderes que aún estaban en prisión, y la Coordinadora reaccionó anunciando acciones que hablan de todo, menos de la distensión del conflicto.

Al contrario: la mañana del viernes, finalmente recobraron su libertad los secretarios General y de Organización de la Sección 22, Rubén Núñez Ginez y Francisco Villalobos Ricárdez, luego de haber permanecido en prisión durante dos meses, acusados de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, daños, lesiones y otros delitos del fuero local. La aprehensión de esos dos líderes, ocurridas los días 11 y 12 de junio en Salina Cruz y la Ciudad de México, fue lo que desató los bloqueos, el desastre de Nochixtlán, y esta historia de terror, amagues y sometimiento, que hoy presenciamos todos los mexicanos.

Frente a esa supuesta muestra de “buena voluntad” del gobierno federal hacia la Coordinadora, ésta reaccionó endureciendo sus posiciones: reiteró su exigencia de la abrogación de todo el entramado constitucional y legal que constituye la reforma educativa; la reactivación de los bloqueos carreteros y la toma de oficinas gubernamentales y comercios, que parecía haber cesado en los últimos días; la liberación de todos sus presos políticos, la reinstalación y el pago de salarios a todos sus trabajadores, la recontratación de los despedidos; la garantía de que no habrá descuentos o sanciones a quienes han participado en las movilizaciones y acciones de protesta.

Acordaron también —y este es un resolutivo que no había aparecido en sus documentos— su decisión de impedir la transmisión de poderes el próximo 1 de diciembre en Oaxaca; y la amenaza velada de no iniciar el ciclo escolar 2016-2017 si no se cumplen todas esas condiciones.

¿Qué significa todo esto? Que, según parece, las dádivas de Gobernación han servido de poco porque, de nuevo, la Coordinadora reaccionó duplicando sus amenazas y movilizaciones, y no aceptando que atraviesa por un proceso de distensión en el que, recibiendo las muestras de voluntad del gobierno federal, se supone que tendría también que responder bajo esa misma lógica.

NO ENTIENDEN OAXACA

Lo que parece, en todo esto, es que los funcionarios que negocian por parte de la Secretaría de Gobernación no conocen Oaxaca, y no entienden el drama que ha sido el gobierno de Gabino Cué: éste último, durante cinco años, se declaró aliado incondicional de la Sección 22; les concedió la no implementación de la reforma educativa en Oaxaca durante dos años (de 2013 a 2015); les ofreció aprobar su PTEO convertido en Ley Estatal de Educación (cosa que la 22 finalmente rechazó por los ajustes mínimos que le hizo el gobierno a su iniciativa); y al gobierno de Oaxaca nunca le pasó por la cabeza utilizar la fuerza pública en contra de quienes fueron sus aliados.

¿Cuál fue el resultado de esa política del gobierno estatal, frente al magisterio oaxaqueño, de dejar hacer, y dejar pasar? Más movilizaciones, más bloqueos, más chantajes y ningún avance ni en los temas políticos y de gobernabilidad medulares, y tampoco en lo referente a la educación. Durante esos primeros cinco años —hasta el 21 de julio de 2015, cuando el Gobernador extinguió el IEEPO bajo la hegemonía de la 22— no hubo ningún indicador de mejora en la gobernabilidad o en la educación. El magisterio siguió movilizándose, parando labores, protestando, exigiendo, demostrando su poder al gobierno para mantenerlo sometido; y mientras la educación —lo medular, se supone— no vio ningún avance derivado de esa política pro magisterial.

Ese es el destino manifiesto del gobierno federal, hoy que está implementando esa misma política frente al magisterio. La Coordinadora le añadió nuevas exigencias, nuevos acuerdos, y nuevas condiciones a su plan de acción, porque a partir de ello manifestarán que las muestras federales de voluntad son “mínimas e insuficientes”, y que necesitan más —más concesiones, más dádivas, más permisividad— para no llevar a cabo todo lo que ahora se proponen. Es decir, la libertad de Núñez y Villalobos, y todo lo que les han dado, fueron directo al cajón de la nada. Van por más, y eso es lo único que importa.

NO ES OAXACA: ES EL PAÍS

Esa gangrena hoy ya no es exclusiva de Oaxaca: aquí la situación es —relativamente— manejable: pero basta con voltear a ver el caso de Chiapas, donde la Sección 7 ya recuperó la autoridad educativa; en Michoacán, la Sección 18 va por el mismo camino. Y Gobernación está negociando la derogación de facto de la reforma educativa. Una pequeña gran historia de terror…

+ Reiterada crisis de legitimidad, se repite porque lo legal no es legítimo

Ayer La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó un amparo presentado por un grupo de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que impugnaba la ley que permite cesar a los docentes que no obtengan resultados favorables en las pruebas de permanencia. A pesar de este fallo, que avala la legalidad de la reforma educativa, resulta que de todos modos el gobierno federal sigue negociando la abrogación de facto de ese conjunto de leyes, abonando con ello a la preocupante brecha que existe en México entre lo legal y lo legítimo.

En efecto, en su resolución los ministros de la Primera Sala consideraron que la evaluación obligatoria que tienen que presentar los trabajadores del Servicio Profesional Docente, para permanecer en el servicio u obtener una promoción dentro del mismo, no tiene la naturaleza de una sanción administrativa, pues sólo se traduce en el cumplimiento de una condición para permanecer en el cargo.

Al revisar un proyecto del ministro Arturo Zaldívar, los integrantes de la Corte señalaron que el incumplimiento de las condiciones de permanencia en el empleo, como la acreditación de evaluaciones, da lugar a una consecuencia jurídica consistente en la terminación del nombramiento y la separación del Servicio Profesional Docente.

Todo ello, derivado de la disposición contenida en la Ley General del Servicio Profesional Docente, respecto a que todos los trabajadores del sistema educativo deben evaluarse luego del segundo año de haber obtenido su nombramiento definitivo. La Corte avaló lo dispuesto en la ley, en el sentido de que cuando un trabajador haya reprobado en tres ocasiones consecutivas la evaluación puede ser dado de baja del servicio sin responsabilidad para el patrón.

Con esta resolución, la Corte prácticamente cerró la posibilidad de que los trabajadores de la educación continúen argumentando, como mecanismo de defensa legal, que se violan sus derechos fundamentales al aplicarse las disposiciones contenidas en la reforma educativa. Este fallo, al final, tendrá que llevar a los profesores a buscar mecanismos de defensa en la vía laboral o administrativa (aunque ésta última vía también quedó muy maltrecha, al considerar la Corte que la separación del cargo no debe ser considerada como una sanción administrativa) para tratar de contrarrestar las disposiciones de ley, aunque finalmente —y ese es el efecto colateral, irremediable, que alimenta Gobernación con su grosera negociación con la Coordinadora— el camino idóneo terminaría siendo la defensa en las calles, o en la presión social como hasta ahora lo han hecho los docentes de Chiapas, Michoacán y Oaxaca.

ALIMENTAN LA ILEGITIMIDAD

Ante esta realidad, nos encontramos frente a un problema en el que los poderes federales no sólo actúan descoordinadamente frente a un problema no sólo legal, sino de gobernabilidad, porque mientras el Legislativo señala que las normas que emitieron son constitucionales, y el Judicial lo avala con sus resoluciones, el Ejecutivo las deja sin efecto gracias a las negociaciones que entabla con el propio magisterio en aras de mantener en banquitos la gobernabilidad nacional.

Así, resulta que independientemente de las resoluciones judiciales o de las posiciones que asuma el Congreso frente a la reforma educativa, los acuerdos parciales en las mesas de diálogo y las proclamas en contra de la reforma educativa, terminan triunfando porque los compromisos que valen son los que se hacen ante Gobernación, y no en lo que dicta la Corte o resuelve el Congreso federal. Y, de hecho, esto es así porque tanto la Coordinadora, como el poder público, enfrentan hoy una crisis profunda de legitimidad que hace irreconciliables sus posiciones, independientemente del contenido de las mismas.

En ese sentido —escribimos el 21 de julio en este espacio, y confirmamos hoy fehacientemente—, es evidente que el contenido de la reforma educativa es prácticamente imposible que cambie porque legalmente los poderes Legislativo y Judicial sostienen que la reforma educativa no enfrenta ningún problema de legalidad —de forma y de fondo— y que por esa razón hablar de reformas es tanto como el cumplirle un capricho a quienes no quieren modificaciones, sino la anulación de la misma.

En el otro extremo está la propia crisis de legitimidad de la Coordinadora Nacional, que insistentemente ha tratado de presentarse como la representación viva del pueblo ya no sólo de Oaxaca, sino de México. El magisterio disidente, aglutinado en la CNTE, ha tratado de llevar la presión a la consecuencia última de toda pretensión política: el cambio en el orden jurídico.

Particularmente, ellos quieren que se reforme una cuestión que les afecta en lo particular. Para ello han tratado de envolverse en el esquema de la representación popular. Sólo que esa representación está por mucho lejana de lo que verdaderamente pudiera catalogarse como un movimiento social de masas capaz de aglutinar la legitimidad como para una labor de esa naturaleza.

¿ACABAR CON LOS BLOQUEOS?

Osorio Chong, el titular de Gobernación, le dijo a los representantes de la Iniciativa Privada que va a terminar con los bloqueos de la Coordinadora. La pregunta es cómo. Pues hasta ahora les ha dado todo lo que han pedido, y hasta más, y de todos modos Oaxaca sigue ahogada bajo un sitio intermitente, y asolada por la inmovilidad económica. Todo, mientras la reforma educativa está casi capitulada en las negociaciones de la capital del país. Entonces, ¿así cómo?

+ La Reforma indígena será un gran pendiente de este régimen

Ni siquiera la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ha sido suficiente para que los poderes del Estado en Oaxaca hagan algún tipo de manifestación respecto a la “minoría” más grande de nuestra entidad: los pueblos y comunidades indígenas. A nadie en el gobierno estatal le interesa el tema; y en esas mismas condiciones se encuentran los poderes Legislativo y Judicial del Estado, que tampoco reflejan ningún tipo de preocupación —ni por la pose política— por ese sector poblacional, que representa a la inmensa mayoría de los oaxaqueños.

En efecto, ayer se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y de ello resulta primeramente relevante conocer que de acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal 2015 del Inegi, las entidades con mayor porcentaje de hablantes de lengua indígena con respecto al total de su población son: Oaxaca, con el 32.2 por ciento de su población total compuesta por indígenas; le siguen Yucatán 28.9% de su población, Chiapas con el 27.9 por ciento;, Quintana Roo, con el 16.6%; y Guerrero, con el 15.3 por ciento de su población total compuesta por indígenas.

A la par de ello, como datos generales es importante saber que Oaxaca representa una importancia particular, en términos políticos, porque la nuestra fue la primera entidad que llevó a su marco constitucional el reconocimiento de los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas. Este proceso de inclusión implicó el establecimiento del sistema de organización política en los pueblos, primeramente conocido como usos y costumbres y ahora denominado como sistemas normativos internos.

De hecho, Oaxaca fue una entidad vanguardista en ese sentido, porque la reforma en materia de derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas ocurrió con mucha anticipación (en 1996) a la reforma a la Constitución federal de 2001, que estableció una serie de derechos y programas de gobierno para los pueblos indígenas del país, pero abordando muy tímidamente lo relacionado con la capacidad de autodeterminación política de esas sociedades indígenas.

Así, al haber sido Oaxaca un estado de vanguardia en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, lo lógico sería esperar a que ese progresismo se quedara no sólo en la reforma constitucional local de 1996, sino que ello marcara el inicio de un proceso de evolución de las normas en la materia. En ese sentido, el gobierno de Diódoro Carrasco consideró como suficiente su aportación al haber impulsado tal reforma. La administración siguiente fue, en realidad, la primera que percibió y manejó políticamente esos primeros cambios asentados en la Constitución; y el gobierno de Ulises Ruiz fue totalmente omiso en el tema, porque pareció siempre que sus prioridades y problemas fueron otros.

Ante ese panorama, hubo una expectativa amplia de que la reforma indígena —concebida en Oaxaca como de “segunda generación”, ante la existencia de la primera gran reforma que estableció los usos y costumbres— llegaría a la par de la pretendida “Reforma del Estado”, cuestión que no ocurrió, bajo el argumento de que la reforma indígena tendría su propio espacio, atención e importancia tanto por parte del Congreso del Estado, como del gobierno estatal.

Nada ocurrió, y por eso nada dicen al respecto.

OMISIÓN TOTAL

Es tanto el desinterés del régimen estatal por el tema indígena, que por eso nunca tuvo interés en impulsar una verdadera reforma indígena. A estas alturas, es claro que ya no lo hará, pero con el añadido de que, hoy la Secretaría de Asuntos Indígenas —dependencia se supone que encargada de “organizar, promover, vigilar y ejecutar las políticas y acciones para el cumplimiento de las disposiciones constitucionales en materia indígena, tratados internacionales, la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca y demás ordenamientos jurídicos correspondientes”— ni siquiera tiene titular, y tampoco tiene perspectivas de que pueda hacer algo al final de un régimen que tuvo todo menos interés en dicho tema.

En ese sentido, una de las paradojas que revelan la poca capacidad de entendimiento de la importancia de este tema, fue la renuncia de Adelfo Regino Montes, que fungió durante más de cinco años como titular de la SAI sin ningún resultado destacable. Regino, ciertamente, se presentó siempre más como un aliado de las comunidades indígenas que como un servidor público. Sin embargo, ello no fue acicate para que impulsara políticas o propuestas más decididas a favor del sector, ni tampoco para que lograra una mayor atención tanto a la problemática indígena, como a las posibles perspectivas de solución a los temas que les interesan.

DESINTERÉS GENERALIZADO

Si eso pasó del lado del Ejecutivo, en el terreno del Legislativo y Judicial las cosas fueron tanto o más desalentadoras. En el Congreso, nunca hubo el menor viso de interés en la posibilidad de impulsar una reforma indígena que actualizara no sólo el marco político, sino todo el elenco de derechos de los pueblos originarios en la entidad. Y la gran obra del Poder Judicial fue crear una Sala Indígena, con los magistrados del Tribunal Electoral que se quedaron sin materia ante la reforma política nacional, pero sin establecerles un esquema digno de trabajo cuando menos para justificar el salario de magistrados que siguen cobrando los juzgadores que antes veían los temas electorales, y que ahora tiene el encargo del tema indígena, como si lo electoral y lo indígena fuera algo así como la misma cosa. ¿Qué hay en el fondo? Indolencia. Desinterés. Y silencio. En los tres poderes del estado con más indígenas en el país.

+ CNTE vs IP: enfrentados irremediablemente desde 2006

El paro general convocado para este día por diversos sectores productivos de la entidad, no sólo es reflejo de inconformidad, sino sobre todo de que en Oaxaca los diversos sectores de la sociedad siguen sin la menor posibilidad de comunicación y entendimiento. La polarización ha llegado a tal nivel, que por eso aún cuando se habla de un diálogo tripartita (magisterio, gobierno y sectores productivos), la constante es la beligerancia, el enfrentamiento y el egoísmo entre ellos.

En efecto, ante la falta de condiciones legales y jurídicas para que puedan llevar a cabo sus actividades, sectores productivos de la capital del estado anunciaron la realización de un paro general de labores este lunes. No es la primera vez que ocurre: en 2006, al menos en tres ocasiones hubo paros similares, pero en aquel tiempo impulsados por algunos grupos de empresarios —como los gasolineros— ante los daños ocasionados por el conflicto que entonces, igual que ahora, ahogaba a Oaxaca en la parálisis económica gracias a los disturbios y las acciones emprendidas por el magisterio y las organizaciones que acompañaban sus protestas.

En esta ocasión, según dijeron los gremios de empresarios que anunciaron el paro, las acciones buscan que se garantice el Estado de Derecho, el libre tránsito en todo el territorio y las suficientes garantías para poder seguir trabajando y evitar más pérdidas. Se comprometieron a que aún cuando no brindarán servicio al púbico, no dejarán de pagarles a sus empleados, pues el objetivo es que las autoridades confirmen que hay un hartazgo por este clima de ingobernabilidad provocado por el conflicto con la CNTE.

Este anuncio revela dos cuestiones fundamentales: primera, que ahora a diferencia de 2006, el gobierno federal y estatal olvidó que unos de sus principales aliados naturales eran los sectores productivos, y que era importante cuidar su relación con ellos; y sobre todo, se revela la inexistencia total de vasos comunicantes entre los grupos en crisis.

Por eso, este llamado de la Iniciativa Privada tiene como mensaje el reproche abierto no sólo a la Sección 22 y a la Coordinadora por sus acciones, sino también al gobierno federal que los dejó solos en este proceso de necrosis que vive Oaxaca. Incluso, hacia ambos —gobierno y CNTE— el mensaje de los empresarios parece también de reproche abierto al egoísmo con el que han manejado este conflicto, pues en éste cada uno ha visto por sus propios intereses pasando deliberadamente por alto que Oaxaca es mucho más que el gremio magisterial y el gobierno, y que hay muchos grupos que siguen sin ser considerados en este diálogo que debiera ser incluyente, y no degradante.

GRUPOS DESDEÑADOS

Durante el conflicto magisterial de hace una década, a pesar de todas las torpezas cometidas, el gobierno de Ulises Ruiz nunca dejó de percibir la importancia de tener de su lado por lo menos a las representaciones más importantes de los comerciantes y empresarios de la entidad. El gobierno de Gabino Cué, y mucho menos el federal, han tenido hoy esa sensibilidad y por eso el paro de labores de este día tiene como mensaje exhibir no sólo el rechazo a las acciones de la Sección 22, sino también a la indolencia y el egoísmo con los que el gobierno ha tratado a quienes mueven gran parte de la economía de la entidad.

Acaso muchos ya no lo recuerdan, pero en el 2006 los representantes de diversas organizaciones de empresarios, comerciantes, hoteleros y prestadores de servicios, se constituyeron en una especie de “emisarios civiles” del mensaje y la posición gubernamental, gracias a que, por cooptación o por atención, el gobierno de Ruiz siempre trató de tenerlos cerca, e incluso luego les dio posiciones gubernamentales, como fue el caso de José Escobar o Freddy Alcántara Carrillo, quienes luego de haber sido representantes empresariales de Oaxaca —en Coparmex y la Asociación de Hoteles y Moteles— pasaron a tener trato privilegiado por el gobierno, e incluso Alcántara luego fue nombrado subsecretario de Economía, en el último tercio del gobierno de Ruiz.

Sorprendentemente, en aquellos momentos la IP local cuestionaba la indolencia con la que el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada trataba el problema magisterial de Oaxaca, y repudiaba las acciones de la Sección 22, pero difícilmente se confrontó con el gobierno de Oaxaca. Incluso, también llegaron a parecer voceros oficiosos, o emisores del mensaje que el gobierno de Ruiz no se atrevía a dar, pero a lo que parecía que enviaba a los empresarios.

En este caso no existe ningún tipo de relación, y por eso el paro generalizado de la IP este día no sólo cuestiona las acciones de la Sección 22, sino también la pasividad e indolencia del gobierno —estatal y federal— que ahora olvidaron por completo incluir a quienes debieran ser coprotagonistas del diálogo por Oaxaca —y no las concertacesiones que ocurren entre Gobernación y la CNTE— que tampoco está ocurriendo.

ILEGITIMIDAD TOTAL

En este escenario crítico, algunos actores fundamentales deberían estar preocupados por fungir como árbitros, conciliadores, o vasos comunicantes entre los grupos en pugna. El diálogo entre Gobernación y la CNTE nunca fructificará en algo benéfico para Oaxaca. acaso será negociar la ley y dejar el pleito en un nuevo impasse hasta la siguiente crisis. ¿Dónde están Francisco Toledo, Alfredo Harp, o algunas otras personas con amplia legitimidad en Oaxaca, ya no para establecer una posición, sino para contribuir a la conciliación real entre grupos y ciudadanía que tanto se necesita en estos momentos?