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Si Seculta ya liquidó a la OSO, que también clausure el CIMO

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+ Oaxaca sigue sin proyecto cultural, y sin recursos para la gente


Es una triste noticia para Oaxaca, que la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta) haya decidido prácticamente liquidar a la Orquesta Sinfónica de Oaxaca (OSO), al concluir que no existen recursos económicos disponibles para continuar su operación. Ante tal decisión, y como una forma práctica de reencauzar su presupuesto, la secretaria Ana Vásquez Colmenares debería aprovechar para cerrar el también recién inaugurado Centro de Iniciación Musical de Oaxaca (CIMO). Sin proyecto cultural, y sin un derrotero más o menos claro para los músicos de carrera en Oaxaca, no sirve de nada la inversión pública en la formación de nuevos músicos.

En efecto, una nota del portal cultural Sucedió en Oaxaca daba cuenta ayer del triste final de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca. “Sin director, sin gerente, sin concertino, sin programa de trabajo 2017, sin presupuesto y sin 35 de sus principales atrilistas, contratados por honorarios para reforzar cada una de sus secciones, la Sinfónica de Oaxaca se encuentra materialmente desmantelada”, decía la nota firmada por Elisa Ruiz, mientras señalaba que el nuevo subsecretario de Seculta, Ignacio Toscano, se reunió con los integrantes de la Sinfónica para informarles que no había recursos para continuar con los trabajos de la OSO.

“A dicha reunión —dice la nota— asistieron todos los integrantes de la Orquesta, tanto los fijos como los de honorarios. Los primeros para solicitar su homologación de salarios con los de honorarios, y los segundos para revisar el tema de su recontratación, para lo cual, precisó la violinista Martha Moreyra, ellos tienen conocimiento de un fondo remanente para al menos dos meses de trabajo: enero y febrero. En respuesta, “Nacho” Toscano, les comentó que desconocía la existencia de tal fondo, y que luego de una revisión al tema se había concluido que el gasto de la Orquesta Sinfónica era excesivo”.

Según la información, en dicha reunión los músicos resaltaron los buenos resultados de la OSO en los últimos meses. Pues más allá de lo que se cuestione a la administración anterior, y de en ello resalten las deficiencias de Alonso Aguilar como titular de la dependencia, es claro que la Sinfónica tuvo resultados notables, como la reintegración completa del número de músicos que son necesarios para que una orquesta pueda considerarse como Sinfónica, además de haber realizado una temporada completa de conciertos en Oaxaca, un programa anual de trabajo en el país, y la presencia de un número muy importante de músicos invitados.

Evidentemente, la apuesta de Aguilar con la OSO fue por demás arriesgada, a partir de que el sostenimiento de una Orquesta Sinfónica representa una inversión importante de recursos, en una entidad que tiene una riqueza musical inmensa a través de las bandas de música de las comunidades, y de que también requiere inversiones permanentes para acercar la cultura a las regiones del estado.

No obstante, la OSO ha justificado siempre su existencia, a partir del funcionamiento del CIMO. Para cualquier industria cultural, pública o privada, siempre es necesaria la existencia de un centro de formación que la provea y nutra de nuevos talentos, para que a su vez, esa industria cultural tenga la capacidad de estimular la movilidad de sus integrantes. Así, se supone que el CIMO es el semillero de talentos de la Sinfónica y de las bandas de música de la entidad, las cuales tendrían que ser sendos escaparates para que sus integrantes lograran alistarse en orquestas o bandas de mayor envergadura, en México o el extranjero.

CIERREN EL CIMO

Evidentemente, el funcionamiento del CIMO, de la OSO, y de las bandas de música estatales, corresponde a una visión cultural específica, que ni es homogénea, ni tampoco es la única que existe en Oaxaca. Quizá la nueva Secretaria de las Culturas y Artes de Oaxaca tenga un nuevo proyecto cultural, o esté decidida a reformar desde sus cimientos la infraestructura y la visión de cómo se deben fomentar las actividades e industrias culturales en la entidad. El problema es que hasta el momento no ha establecido claramente los qués, y mucho menos ha dado pauta de los cómos.

En ese contexto, la posible desaparición de la Orquesta Sinfónica podría dar alguna pauta, que necesariamente tendría que venir acompañada de otras decisiones difíciles, como el cierre del CIMO. Es duro aceptarlo: pero al eliminar la única posible fuente de empleo y expresión de los niños y jóvenes que ahora se forman en el Centro de Iniciación Musical —y que lo hacen no por hobby, sino para llegar a ser músicos profesionales y para tener en eso una forma digna de vida—, es claro que el Estado tampoco debería realizar esa inversión y mejor canalizar los recursos a otras formas de formación cultural.

El problema es que seguramente lo que está pasando es que están decidiendo a ciegas sobre la Sinfónica, sin siquiera reparar en las implicaciones que tiene esa decisión, y en el enorme contrasentido que tendría para la administración actual, lucirse con un renovado Centro de Iniciación Musical que no sería sino una fuente de fuga de talentos no por circunstancias sino por obligación: si esos músicos no tienen aquí en Oaxaca un derrotero laboral, tendrían irremediablemente que emigrar para cumplir con el objetivo de su formación, que es integrar una orquesta o una banda del nivel para el que fueron formados.

¿Y ENTONCES, QUÉ CULTURA?

Si la visión cultural actual es esa, entonces el impulso tendría que ir hacia la cultura en las comunidades de Oaxaca. ¿Ya sabe entonces la Secretaria de las Culturas cuántas casas de la cultura hay, cuántas casas de pueblo; cuánto se necesita para dignificarlas; y cuál sería el impacto —positivo o negativo— para la cultura en la entidad?

+ UABJO: ¿hasta cuándo dejarán vivo el conflicto en Derecho?

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+ Tema de gobernabilidad estatal, no de autonomía universitaria


Uno de los temas ineludibles de la agenda política de 2017 en Oaxaca, es la atención y resolución, al más alto nivel, del conflicto por el que atraviesa la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UABJO. El tema es tan relevante, por lo sintomático que resulta de la situación política que prevalece en la Máxima Casa de Estudios. Ahí, el conflicto intrauniversitario están contenido circunstancialmente, y sólo falta algún motivo coyuntural para reactivarse. En el momento que vive Oaxaca, y el país, el dejar desatendido ese conflicto equivale convalidar la existencia de una bomba de tiempo de resultados impredecibles para la gobernabilidad de Oaxaca.

En efecto, en este inicio de año el país entero pasa por un momento crítico en cuanto a la gobernabilidad y la paz social. En ese contexto, es muy importante no generar —o nutrir— problemas añadidos a los que ya existen. En general, la ciudadanía se siente abandonada y agraviada no sólo por el gasolinazo, sino por varias situaciones del sector gubernamental que se han hecho públicas —bonos excesivos, aguinaldos estratosféricos, nombramientos controvertidos, verdades a medias, etcétera— y que reflejan una enorme contradicción entre lo que hacen y los sacrificios que le piden hacer a la población para ajustarse a las nuevas reglas de mercado en el sector energético, que impacta en todos los rubros de la economía.

Esa discordancia ha provocado enojo, malestar y desánimo; pero también ha sido el caldo de cultivo para el oportunismo que se ha manifestado a través de las protestas violentas, los saqueos y las amenazas, de las cuales hemos visto ya diversas expresiones en la última semana. Afortunadamente, hasta ahora los factores que en Oaxaca sirven de indicador para el termómetro social se han mantenido prudentes: por un lado, el gobierno estatal, el IEEPO, y el gobierno federal, han invertido tiempo y recursos valiosos para dialogar con la Coordinadora, y establecer un marco de entendimiento que permita márgenes de gobernabilidad para la entidad. Por eso, incluso frente al llamado ‘gasolinazo, la CNTE ha mantenido en Oaxaca una actitud prudente, que ha impedido la acción de grupos que se montan en sus protestas para generar disturbios.

El otro factor de ese termómetro social, es la Universidad. La UABJO, nos guste o no reconocerlo, refleja la mayor concentración de pluralidad y crítica dentro del sector educativo no controlado por la Coordinadora, y es también un reflejo del estado de ánimo colectivo de los oaxaqueños.

La diferencia entre la atención gubernamental que ha tenido el conflicto magisterial en el sector de la educación básica y media básica, y los problemas universitarios, es que los primeros han sido atendidos con prontitud; y el conflicto universitario continúa prácticamente al garete, esperando sólo alguna circunstancia para reactivarse. La situación real así lo indica, y por ello resulta grave la poca atención que se le ha puesto al emblema del conflicto universitario, que es la crisis de la Facultad de Derecho.

CONFLICTO LATENTE

El conflicto actual en la UABJO no inició cuando se realizó la elección de director de la Facultad de Derecho en noviembre pasado, sino que data de la solución de fuerza que aplicó el gobierno de Gabino Cué a la elección de rector, en el mes de mayo del año pasado. En aquella ocasión, la llamada ‘familia real’ —la que gobierna la universidad desde tiempos de Francisco Martínez Neri, que llegó a su clímax con Eduardo Martínez Helmes, y que busca perpetuarse a través del rectorado actual de Eduardo Bautista—, aplastó a todos sus opositores a través de una elección plagada de irregularidades, y que luego fue respaldada por el Gobierno del Estado, que lejos de buscar algún tipo de concertación intrauniversitaria, arrinconó a las expresiones perdedoras para afianzar el control de la administración universitaria a favor de la ‘familia real’.

La elección de la Facultad de Derecho fue algo así como el ‘segundo round’ de esa contienda. De nuevo, la familia real derrotó a sus opositores pero en una elección mucho más compleja y competida, y utilizando como principal maniobra para asegurar el triunfo, la descalificación del adversario principal de la contienda, el mismo día de la elección.

Eso dividió a la Universidad, y fue lo que a la postre provocó el enfrentamiento que derivó en la quema de la puerta lateral del Edificio Central Universitario. Aún así, el rector Bautista Martínez se ha negado a entablar cualquier tipo de diálogo con los grupos que buscan la fundación de una nueva Facultad de Derecho, e insiste en reducir una inconformidad que dividió a la escuela más grande de la UABJO, a las acciones de un grupo de agitadores.

En esas condiciones, lo único que queda claro es que la administración universitaria no tiene interés ni capacidad —ni legitimidad— para avenir una solución razonada a ese conflicto. Más bien, ha seguido presionando a sus adversarios al punto de tratar de ahogarlos, a pesar de la capacidad de convocatoria y resistencia que han demostrado.

PROBLEMA DE GOBERNABILIDAD

¿Van a esperar hasta que haya otro acto de provocación, de cualquiera de los bandos, para intervenir? ¿O van a seguir negando la existencia de una discordancia que tiene enconada a la Universidad desde hace casi un año, hasta que la presión sea incontenible y explote? Este es un tema del que no deben ser ajenos ni la administración de Eduardo Bautista, ni el Gobierno del Estado: al final, el día que haya otra crisis, otro incendio, o muertos, heridos o descalabrados, la opinión pública nacional sólo hablará de la negligencia del Rector, y de la desidia e incapacidad de quienes tienen bajo su responsabilidad la conducción de la política interna en el Estado.

Tras los saqueos por el gasolinazo, sólo hay diversas formas de oportunismo

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+ Ninguna revolución: sólo grupos de choque, desmovilizadores y pandillerismo


Luego del enfrentamiento entre la Policía Federal, e integrantes de la Sección 22 y organizaciones sociales en Nochixtlán, el 19 de junio, en varias regiones de la entidad ocurrieron saqueos a comercios y disturbios que son muy parecidos a los que estos días han venido ocurriendo en el centro del país, como aparente respuesta ciudadana a los “gasolinazos”. Ante los hechos de los últimos días hay desde quienes dicen que esas son expresiones genuinas del enojo popular, hasta quien habla de la infiltración del gobierno en las protestas, y quien dice que es el inicio de una revolución. En realidad, no hay más que oportunismo en diversas formas.

En efecto, llama la atención que cuando en junio del año pasado ocurrieron los saqueos a comercios en Oaxaca —muy parecidos a los de los últimos días en la capital del país y el Estado de México—, nadie responsabilizó al gobierno y rápidamente la Sección 22 se desmarcó de esas acciones, con lo que la autoría de los hechos quedó reducida a grupos que aprovecharon los enfrentamientos entre grupos, y la inacción de la autoridad, para perpetrar los asaltos a las tiendas de autoservicio.

La diferencia de entonces y ahora, es que hay quien trata de encontrar la autoría de los hechos en una nueva acción conspiradora. Pero queda claro que quienes saquean tiendas ni son gente enojada por el gasolinazo, ni es el gobierno infiltrando la protesta social, y mucho menos es el comienzo de una nueva revolución en México.

¿Qué pasó en Oaxaca? Que antes y después del enfrentamiento de Nochixtlán, el 19 de junio, en varias ciudades de la entidad organizaciones sociales y maestros tomaron el control de ciertas zonas para instalar bloqueos carreteros y barricadas. Eso no es la primera vez que ocurría en la entidad, y por eso todos lo asumimos con cierto entendimiento de lo que sucedía.

La diferencia vino cuando, en el Istmo de Tehuantepec, un grupo de supuestos manifestantes decidió ir más allá de los bloqueos y las barricadas, y tomaron por asalto particularmente tres tipos de comercios: una sucursal de una empresa que vende electrodomésticos (Coppel), algunas tiendas de abarrotes y servicios (Oxxo), y alguna sucursal de una cadena de refaccionarias y partes automotrices denominada Autozone.

Lo intentaron en una ocasión, y lograron introducirse y saquear por completo uno de los comercios. Como vieron que no hubo ninguna respuesta por parte de la autoridad —en esos casos, los cuerpos policiacos reciben la orden de acuartelarse, justamente para evitar roces o actos de provocación con los manifestantes— entonces decidieron replicar las acciones una y otra vez hasta que generaron una especie de tendencia, en la que esos comercios se volvieron los favoritos para la rapiña.

Así llegó el 19 de junio, cuando la Policía Federal se enfrentó a los inconformes en Nochixtlán, y esa misma tarde-noche marchó hasta la capital oaxaqueña. En Hacienda Blanca tuvo un nuevo enfrentamiento. Y una vez que las fuerzas federales ingresaron a la ciudad, de nuevo fueron saqueadas las sucursales de esos mismos comercios que los manifestantes hallaron tras el paso de las fuerzas federales en la zona de Santa Rosa Panzacola, y algunas del Centro Histórico —también de Coppel y Oxxo— hasta donde ya no ingresó el contingente de elementos federales.

OPORTUNISMO, NADA MÁS…

En aquella ocasión nadie supuso nada respecto a aquellos actos de rapiña. Todos lo tomaron como lo que fueron: acciones de oportunistas que aprovecharon el vacío de autoridad en la entidad, y el espacio de impunidad que implícitamente les abrió la inconformidad de la Coordinadora, para perpetrar actos que, como los de ahora, no tenían ninguna base de inconformidad social sino el solo aprovechamiento del momento de “euforia social” para cometer actos vandálicos protegidos por una masa amorfa que sabía que en ese momento podía incurrir en esos ilícitos, y que además lo hacía incluso replicando los comercios y las formas que días antes habían sido ensayadas en el Istmo para perpetrar los saqueos.

Por eso mismo, lo que ahora está pasando tiene las características que reducen a eso el supuesto nacimiento de una nueva revolución por el gasolinazo. Hay mucho oportunismo en México —social, y de partidos políticos— que exacerba el sentimiento natural de inconformidad de las personas por el alza de un producto esencial para la movilidad, como los combustibles.

Sin embargo, eso no es equivalente a la invitación al saqueo, sino que más bien es resultado de quien saca provecho del momento y de quien sabe que, también por el momento, difícilmente habrá una respuesta dura del gobierno. A esos grupos les queda claro que el gobierno difícilmente actuará con firmeza, porque está particularmente preocupado por la irritación social que provocó con el gasolinazo y no estaría dispuesto a que una acción de orden, además, fuera tomada como represión por alguno de los grupos que ya de por sí están estimulando la ira social.

ENOJADOS, PERO…

El enojo no necesariamente lleva a la violencia entre la gente común. Al ciudadano común, le enoja un incremento decretado por el gobierno, que mientras toma esas decisiones no da muestras de sensibilidad reduciendo los privilegios de la clase gobernante, o emprendiendo una verdadera lucha contra la impunidad y la corrupción, que ahogan al país. Eso enoja, sí, pero no es una carta de porte hacia el vandalismo. Éste más bien surge del oportunismo que siempre ha estado presente, y que lejos de reivindicar, desnaturaliza las expresiones de irritación social ante decisiones difíciles como la del gasolinazo.

Videgaray en SRE, reconocimiento de desvalorización de política exterior mexicana

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+ EPN se desentiende de que la política exterior es mucho más que la relación con EU


Ayer el presidente Enrique Peña Nieto oficializó el nombramiento de Luis Videgaray Caso como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y con ello demostró que el gobierno mexicano perdió ya la dignidad ante el inminente arribo de Donald Trump a la presidencia estadounidense, y que los principios de la política exterior mexicana —establecidos en la Constitución— pasarán a ser un instrumento decorativo ante la premura del Presidente mexicano por capitalizar el “buen tino” de Videgaray como visionario de la victoria de Trump cuando nadie lo creía posible. Quién sabe si sea un acierto para Peña, pero es una derrota más para México.

En efecto, al mediodía de ayer el presidente Enrique Peña Nieto anunció su decisión de nombrar a Videgaray como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en sustitución de Claudia Ruiz Massieu. En un mensaje transmitido por el canal de youtube de la Presidencia, Peña Nieto dijo que Videgaray deberá cumplir con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo relativos a la política exterior mexicana.

Lo instruyó a cumplir con la agenda de derechos humanos dentro y fuera del país, así como la relevancia de México a través de sus vínculos con los demás países del concierto internacional, particularmente en materia económica. Respecto al cambio de gobierno en Estados Unidos, el Presidente instruyó al nuevo Canciller a acelerar el contacto con la administración de Donald Trump, a fin de fortalecer los vínculos en materia de seguridad, comercio, migración e inversión.

Como marco de referencia, todos recordamos que Luis Videgaray se separó de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en septiembre del año pasado, luego de las presiones que se generaron sobre el gobierno mexicano ante la administración estadounidense del presidente Barack Obama, a raíz de la visita a México del entonces candidato presidencial republicano, Donald Trump; hoy, presidente electo de los Estados Unidos. En aquel momento, el gobierno estadounidense le recriminó al mexicano el haberle dado a Trump la calidad de Jefe de Estado cuando en realidad no era sino un político en campaña.

Además, en el gobierno estadounidense cayó muy mal el acercamiento discrecional que tuvo el gobierno de Peña Nieto como el Candidato Presidencial Republicano, cuando el propio gobierno federal estadounidense le había sugerido a su par, el gobierno mexicano, que le diera prioridad a la relación con la candidata oficialista (del Partido Demócrata) Hillary Clinton. Concretamente, el gobierno estadounidense se sintió burlado con las negociaciones secretas entre el gobierno de Peña Nieto y la campaña de Trump, y por eso después de la visita desde el gobierno estadounidense presionaron para que alguien pagara en México por el desaguisado.

El que pagó el costo de la visita fue justamente Videgaray, quien no tenía empacho en reconocer que según su perspectiva era esencial la relación con Trump como una cuestión de pragmatismo y estrategia política. Nunca consideró que la visita, en el momento en que ocurrió, había rebajado al gobierno mexicano, lo había involucrado en la campaña presidencial de otro país, y lo había sometido al escarnio de un hombre sin escrúpulos como el candidato Trump.

Hoy, en una circunstancia totalmente distinta a la de septiembre, Trump es presidente electo de los Estados Unidos, y el gobierno mexicano decidió que su único tema de política exterior es la nueva relación con el vecino del norte, por lo que restableció a Videgaray en el gabinete pero ahora como encargado de la cancillería.

VISIÓN REDUCCIONISTA

Es cierto que Estados Unidos es el principal socio comercial de México; que su principal proveedor y su principal comprador de bienes, servicios y manufacturas; es también cierto que la economía mexicana está íntimamente anclada a la estadounidense, y que en esta perspectiva los destinos de ambos están sellados en una relación que, para mal de México, tiene características de desigualdad en detrimento de nuestra economía.

Todo eso es cierto, como también lo es que la política exterior de un país va mucho más allá de la relación con una sola nación; y que resulta muy cuestionable que las decisiones de política exterior de un ente soberano se tomen en función de la relación con un solo país en detrimento del concierto internacional. Es, de hecho, como demostrarle al mundo entero que a México sólo le importa ya no Estados Unidos, sino Donald Trump, y que para ello está poniéndole un interlocutor de Estado sólo para que se dedique a él.

En este sentido, la Constitución mexicana establece como principios de la política exterior mexicana (artículo 89, fracción X) la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

¿Y ESOS PRINCIPIOS?

El gobierno de Peña Nieto demostró que esos principios generales son relativos cuando su objetivo es tratarle de demostrarle a México, y al mundo, que la decisión de invitar a Donald Trump en agosto del año pasado, luego de las amenazas y los insultos proferidos a diversas minorías estadounidenses —entre ellas la mexicana—, fue un acierto y no el error que todos vimos y consideramos. Esa es su lógica. Aunque para justificarla esté cometiendo un nuevo error al rebajar la política exterior mexicana al coqueteo estéril con un personaje sin escrúpulos.

Administradores: debe haber prácticas más transparentes para esa figura

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+ Problema vigente, por la discrecionalidad de su nombramiento y funciones


De acuerdo con la Secretaría General de Gobierno, al menos en 19 municipios de la entidad se deberá nombrar un administrador municipal ante los problemas políticos y post electorales, o porque en algunas demarcaciones no se pudo realizar la elección constitucional o comunitaria correspondiente. En ese marco, no es alivio ni el número de los ayuntamientos en conflicto, ni tampoco que ahora la facultad de nombramiento de los administradores esté en el ámbito del Poder Ejecutivo. Esto sigue siendo un problema porque se sigue procurando y sosteniendo la discrecionalidad en el nombramiento, y la indeterminación en las funciones y límites de esa figura legaloide de la estructura jurídica oaxaqueña.

En efecto, con el inicio del año ocurrió también el inicio de las funciones de las nuevas autoridades municipales en la entidad. En ese marco, la Secretaría General de Gobierno dijo que en 19 municipios de la entidad se nombrará administradores municipales. Alejandro Avilés, titular de la Segego, señaló que quienes funjan como administradores tendrán la encomienda de resolver la problemática en cada uno de esos municipios lo más pronto posible para que se puedan realizar las asambleas que mandatará el IEEPO y puedan elegir a sus autoridades; y dijo, según un comunicado emitido por la dependencia, que “próximamente se darán a conocer los nombres de las personas que ostentarán este cargo”.

En este marco, es necesario de entrada evitar la consideración de que el problema de los administradores está resuelto, porque ahora la facultad constitucional de designación se encuentra en manos del Poder Ejecutivo, y no del Congreso del Estado como en los años anteriores.

En realidad, el problema y la inquietud de esas 19 comunidades —así como de otras que eventualmente podrían sumarse a esa lista inicial de municipios en conflicto, y en la indefinición de sus autoridades constitucionales— radica no específicamente en el hecho del nombramiento de los administradores sino, por un lado, en la pésima fama de esa figura política; y, por el otro, porque al modificar las facultades relacionadas con la designación de los mismos, no se avanzó nada en la estabilización de la figura a través de reglas claras y equilibradas para su nombramiento y funciones ahora por parte del Ejecutivo.

Pues resulta que cuando esta facultad estuvo en el ámbito del Congreso local, hubo dos cuestionamientos de base que nunca fueron abordados por los legisladores: el primero, tenía que ver con el hecho de que el Congreso del Estado nunca estableció parámetros claros sobre qué requisitos debía cubrir aquel que quisiera ser nombrado como administrador municipal. En ese sentido, todo quedaba sujeto a los acuerdos e intereses de la Junta de Coordinación Política, que era quien discrecionalmente establecía la lista de los posibles administradores de los ayuntamientos en conflicto sin aclararle a las comunidades involucradas, ni a los diputados, y mucho menos a la ciudadanía, cuáles eran las consideraciones para esos nombramientos.

El segundo problema era todavía mayor: al inicio de la LXII Legislatura, el Pleno decidió, de forma inconstitucional, emitir un decreto por medio del cual facultaba a la Junta de Coordinación Política para llevar a cabo el nombramiento de los administradores. Esa delegación de facultades fue siempre inconstitucional —aunque ningún legislador la impugnó— porque la Constitución local establecía expresamente que debía ser el Pleno, y no la Junta, quien llevara a cabo las designaciones.

AHORA, LA MISMA

DISCRECIONALIDAD

Hoy la Constitución establece que es el Ejecutivo quien debe designar a los administradores municipales; la Ley Orgánica Municipal establece algunos criterios sobre su designación; y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo faculta a la Secretaría General de Gobierno para tramitar el nombramiento de los encargados de la Administración Municipal que designe el Gobernador del Estado (artículo 34, fracción XL).

El problema es que, a pesar de todo eso, sigue siendo un asunto en el que influye de manera determinante alguien que no entregó buenas cuentas en esa materia (Avilés, en su pasado como diputado local y principal decisor en la Junta de Coordinación Política); y que, estructuralmente, sigue siendo una cuestión inundada por la discrecionalidad y la aparente buena voluntad política del Ejecutivo que, a la luz de las circunstancias, resultan criterios insuficientes para generar certidumbre respecto a la confiabilidad y eficacia de quienes sean nombrados como administradores y, sobre todo, que éstos cumplan verdaderamente con la misión de encauzar los conflictos políticos en el corto plazo, y no ser —como hasta ahora— instigadores de la crisis para mantenerse en el cargo por todo un periodo constitucional, tal y como ha ocurrido en los últimos años con quienes han tenido esa responsabilidad.

INTERROGANTES

En el fondo, las interrogantes y los cuestionamientos sobre los administradores siguen siendo los mismos, a partir de que quienes fungieron en el trienio 2014-2016 ni avinieron arreglos entre las partes en los conflictos de las comunidades, ni tampoco fueron ejemplo de trabajo, cercanía, transparencia y pertenencia con la comunidad. No es alivio para nadie que ahora se diga que los administradores serán de la misma extracción política o partidista de la última autoridad electa; el problema no es que los nombre el Ejecutivo sino que lo haga en el marco de discrecionalidad, que no ha cambiado a pesar del vaivén de la atribución entre los poderes Legislativo y Ejecutivo estatal.

Colonizar a oposición en Oaxaca: ¿Por razones prácticas o por ego político?

alejandro

+ Controlan silenciosamente las dirigencias; ¿cuál es el objetivo de intentarlo?


Igual que en todo el país, en Oaxaca hay mal humor social y los partidos políticos, junto con el gobierno, tienen responsabilidad protagónica en ello. Dentro de sus movimientos, hoy lo que se observa en la entidad es el intento clarísimo del nuevo grupo gobernante por tomar el control de las principales fuerzas opositoras para generarle gobernabilidad y certidumbre al régimen. Una de las cuestiones que, en medio de todo eso, continúa siendo una interrogante es para qué quieren el control de la oposición, y cuál es el objetivo para el que serviría una oposición orgánica.

En efecto, Oaxaca vive momentos particularmente complejos, en los que ya nadie habla de las reformas para la pose democrática, sino en los que, más bien, todos buscan abonarle al sentido de eficiencia a sus tareas esenciales. El gobierno de Alejandro Murat, por ejemplo, no ha establecido líneas referentes a un nuevo entramado constitucional tendiente a la democracia participativa o representativa, derechos fundamentales o reconocimiento de minorías. En su practicidad, sabe que lo que los oaxaqueños están —estamos— esperando, son acciones concretas que demuestren que el Estado oaxaqueño existe, que hay también un gobierno capaz de cumplir con sus fines, y que esos fines están enfocados al cumplimiento de las funciones públicas del gobierno, y al bienestar de las personas.

Lo mismo ocurre con los diputados: las principales fuerzas en la LXIII Legislatura han rayado en la procacidad de ni siquiera haber establecido una ruta crítica de trabajo, o líneas generales de su quehacer legislativo para los dos años de la Legislatura. Ello puede ser leído en el sentido de que serán fracciones parlamentarias dispuestas a reaccionar a las necesidades del gobierno según vayan surgiendo —es decir, pragmatismo puro—; pero también de que no tienen una agenda concreta, porque asumen que Oaxaca en la actualidad no necesita tanto reformas aspiracionales, sino demostraciones concretas de trabajo conjunto para dinamizar las tareas y acciones públicas.

Y, de hecho, la única fracción parlamentaria que sí estableció una agenda inicial de trabajo fue la del PT, y ésta tiene —en concordancia con las necesidades visibles de la entidad— como contenido justamente un paquete de iniciativas de reforma que no pasan esencialmente por el tema democrático, sino por la búsqueda de modificaciones que faciliten algunos procesos de la vida cotidiana de las personas en la entidad.

Así, en esa combinación de necesidades, surge una pregunta que se irá respondiendo conforme transcurra el presente año: ¿Cuál será el papel de la LXIII Legislatura de cara no sólo al nuevo gobierno, sino a las necesidades visibles de Oaxaca? Pues, de hecho, vemos que a la generalidad de las personas hoy no les preocupa tanto el acceso a la vida democrática, como el colapso económico generalizado de la entidad; la parálisis en que Gabino Cué dejó sumida a la administración estatal; la falta de obra y resultados específicos; y la imposibilidad actual del gobierno para cumplir con sus fines.

Por eso, sin menoscabo del tema democrático, tal parece que hoy entre los oaxaqueños pululan también preocupaciones más básicas que, hasta ahora, no queda del todo claro cómo serán atendidas desde la esfera de la administración pública, y mucho menos cómo serán respaldadas desde la Legislatura del Estado.

INTERROGANTES

Por eso es vigente la interrogante de para qué busca el nuevo régimen la colonización de las fuerzas opositoras. En un sentido básico, se entiende que lo busca de inicio por el establecimiento de una nueva relación de poder, basada en el hecho de que el partido que gobierna toma también cierto control entre sus opositores para generar una convivencia relativamente armónica.

También se entiende que esa intención tiene como base generar condiciones de certidumbre y de gobernabilidad, a partir de que hay cierta injerencia —civilizada o no— en la vida interna de todos los partidos. Ese fue un aspecto que el gobierno de Gabino Cué nunca cuidó, y por eso sus más voraces verdugos fueron justamente los partidos que contribuyeron a llevarlo al poder. No obstante, junto a eso subsiste la pregunta de para qué quieren esa injerencia, si hoy lo que espera la ciudadanía ya no son demostraciones socarronas de fuerza, o de pericia maniobrera por parte del PRI con sus opositores, sino resultados concretos en las tareas de gobierno.

Por esa razón, habrá que ir observando si esos silenciosos asaltos que se orquestaron ya desde el PRI hacia el PAN, PRD y Morena, tienen como intención generarse un escenario favorable para la búsqueda de reformas que hagan más eficiente la función del gobierno y para que, como lo hemos apuntado en otros momentos en este espacio, juntos le permitan a Alejandro Murat tener la administración, la estructura gubernamental, las atribuciones, y el escenario político que Oaxaca necesita.

EFICIENCIA, NO SOBERBIA

Finalmente, es claro que mientras más transcurre el tiempo más importante se hace la eficacia en las tareas de gobierno para los fines electorales. Les guste o no a los ingenieros electorales del PRI, que creen que todo se gana o se pierde manipulando a clientelas, hoy lo que todos ellos deben buscar —para mantener el poder— es que el Gobernador pueda cumplir con sus fines, y el gobierno pueda mantener el mínimo de credibilidad y legitimidad necesarios frente a la ciudadanía. Son temas muy concretos. Y su reto será demostrar que para lograr eso, y no por arrogancia, están intentando colonizar a las fuerzas de oposición en Oaxaca.

Alza en gasolinas: la culpa es del prolongado rezago económico mexicano

gazo

+ Bajísimo poder adquisitivo se combina el mercado y la debilidad industrial


El gasolinazo no se hizo presente en la resaca por el inicio del nuevo año, sino que más bien fue el esbozo de los malos augurios colectivos desde finales del año que se fue. Todos, por igual, repudiamos al combustible como al peor de nuestros males, y junto con ello, al gobierno que nuevamente nos castiga con un alza de precios injusta, traicionera y egoísta, que además provocará una cascada de incrementos en productos y servicios, que será sólo proporcional a la disminución de la calidad de vida de la generalidad de las personas. ¿Este malestar es culpa del combustible, del gobierno, del Presidente, o de quién?

En efecto, ayer se consumó el incremento más elevado al precio de los combustibles en mucho tiempo, y muchos seguimos preguntándonos qué pasa con esto. En realidad, resulta relevante asumir que la culpa no es de la gasolina o el diesel en sí mismos, y que tampoco es sólo responsabilidad de Peña Nieto o de alguien en específico.

Esto, más bien, es el resultado de décadas de abandono al sector energético; de la debilidad fiscal del gobierno, que también desde hace décadas ha pospuesto la necesidad de afianzar las finanzas públicas; y del estado de devastación en que se encuentra la clase trabajadora mexicana, lo cual se refleja en el pobrísimo nivel adquisitivo de los salarios en nuestro país. Vale la pena repasar el punto para comprender un poco mejor el contexto en el que ocurre este incremento al costo de los combustibles, y sus razones e impactos en la economía de la mayoría de las personas.

En esto, lo primero que debemos asumir es que esto no es culpa de la gasolina, pero sí de quienes no priorizaron o permitieron el desarrollo de la industria energética nacional. Hoy revive aquel viejo binomio —que podría parecer un argumento retórico, pero que tiene una dosis amplia de realidad— relativo a la tragedia mexicana que significa exportar petróleo crudo para después importarlo transformado en combustibles.

Hoy, cuando este incremento al precio final está determinado por el alza en los precios internacionales de la gasolina y el diesel, quizá nos venga a la mente ese escenario en el que México hubiera podido procesar su propio combustible para convertirlo sin necesidad de comprarlo al exterior. Eso no ocurre. Y por eso revivir la discusión sobre las refinerías, y sobre la reforma energética —pero no la actual, sino la que debió ocurrir hace décadas en México para hacer sostenible la industria petroquímica del Estado— es algo que, aunque ya resulta irremediable, sí es factor para entender por qué todos hoy estamos padeciendo los estragos de una industria que fue prodigiosamente rentable en otros tiempos, pero que se dejó caer por diversos apetitos políticos.

¿Cuáles? Apetitos de quienes, desde el Estado, no previeron la necesidad de nunca dejar de invertir en la creación de infraestructura, como en quienes se opusieron a ese crecimiento a partir de dogmas casi decimonónicos, como el de la propiedad del Estado sobre los energéticos, bajo los cuales —no defendiéndolos, sino utilizándolos— impidieron el desarrollo de Pemex como cualquier otra empresa que debe reinvertir cierta parte de sus ingresos para seguir siendo viable y productiva en el mediano y largo plazo.

DRAMA PETROLERO

Otra de las verdades que apenas si se distinguen es que, fiscalmente, la renta petrolera se acabó, y por eso es casi imposible que el Estado mexicano toque los ingresos que percibe por los impuestos que aplica a los combustibles. ¿Qué significa que la renta petrolera ya no exista? Básicamente, que Pemex hoy es una carga y no una fuente de ingresos para el Estado. Es decir, vender petróleo dejó de ser negocio. Hoy, una parte de esos ingresos que se perdieron por la venta petrolera, están recuperándose con la venta de combustible al usuario final —que somos nosotros los ciudadanos.

A eso hay que agregarle otro factor: las finanzas nacionales son tan débiles que es imposible pensar en cualquier tipo de recorte a los ingresos. Antes, con el precio controlado del litro de gasolina, si ésta subía o bajaba significaba un impacto al intermediario, que era el Estado. Esto se volvió insostenible, y por eso el gobierno liberó el precio para que sea fijado por el mercado, dejando a salvo sus ingresos. Por eso fue tan significativo el incremento y por eso, con todo y el monumental costo político que eso significa, las finanzas nacionales ni pueden soportar la posibilidad de seguir subvencionando las gasolinas, y mucho menos pueden considerar la posibilidad de que éstas bajen de precio a partir de que el Estado sacrifique los impuestos que cobra por ellas.

SALARIOS Y GASOLINA

En todo esto, hay un último factor: el precio del combustible en México sigue siendo competitivo respecto al resto del mundo. Lo que no reconoce el gobierno es que lo que sí resulta una traición y un sacrificio enorme para el mexicano promedio, es la ridiculez del monto del salario mínimo. No importa cuánto cuesta el litro de combustible, sino cuánto hay que trabajar para ganar el dinero necesario para comprarlo, y proporcionalmente cuánto del ingreso total de una persona significa el costeo del combustible. Ahí es cuando todo se atora, y cuando queda claro que el problema no es nada más de la gasolina, ni de Peña Nieto, sino del modelo de irrealidades bajo las cuales se ha venido construyendo este país, que no deja de apretarse el cinturón de los sacrificios, a la par que desdeña el futuro hasta que llegan momentos como éstos.

Estados Unidos desconfía sobremanera de las autoridades mexicanas

donaldo

+ Contra la corrupción, impulsan figuras alternativas para controlarla


Para nadie es un secreto que la corrupción es, por mucho, uno de los principales problemas del Estado mexicano. Llega a tal nivel, que a gran escala las autoridades hoy son cuestionadas por los problemas de ilegitimidad que enfrentan. No sólo tiene que ver con las dádivas o con los actos indebidos, sino también con cuestiones como la persecución a la delincuencia organizada y todo el entramado institucional que se supone que soporta la actuación del Estado. En ese marco se inscribe la implementación del sistema Nacional Anticorrupción, pero también diversos intentos —y amagos— de la comunidad internacional para tratar de presionar al gobierno mexicano para que tome medidas más eficaces o, en otra vertiente, para tomarla ellos mismos a través del mecanismo implementado en Guatemala, por el que enjuiciaron al presidente Otto Pérez Molina.

En efecto, uno de los ejemplos de la presión internacional en contra de México por un acto que en el fondo entrañaba posibles actos de corrupción, fue la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, del Penal de Máxima Seguridad de El Altiplano, en 2015. Una vez que se supo que el capo criminal se había sustraído del centro penitenciario, de inmediato se habló de su capacidad operativa para lograr evadir el penal más vigilado del país, pero también de la posibilidad de que en su fuga hubiera servidores públicos involucrados tanto como posibles partícipes activos, como otros que hubieran colaborado con omisiones en el desempeño de sus funciones. Esto activó las alertas de Estados Unidos relacionadas con la corrupción, que ya tenían antecedentes por temas como Ayotzinapa o la casa blanca del presidente Enrique Peña Nieto.

De hecho, exactamente una semana antes de la reaprehensión del Chapo Guzmán, el icónico diario estadounidense The New York Times dedicó su editorial (4 de enero de 2016) a cuestionar la falta de transparencia del gobierno de México. En su texto, aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto “no será recordado como el líder transformador” que los mexicanos pensaron en la elección de 2012, sino como un político que “eludía a toda costa la rendición de cuentas”.

El Times hizo un recuento, de lo que consideró, han sido los sucesos que han sacudido a esta administración. “En el tiempo de Peña Nieto, el gobierno mexicano ha encubierto veloz y sistemáticamente horribles verdades y ha minimizado escándalos”. En el balance también se incluyeron “su casa blanca, la fuga de El Chapo y la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que al parecer fueron masacrados en Guerrero”, dijo.

TERQUEDAD

El editorial titulado México se resiste tercamente a rendir cuentas, también se refirió a la segunda fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, que escapó del penal de máxima seguridad de El Altiplano en julio pasado, y destacó el escepticismo de los mexicanos en torno a la versión oficial. El rotativo señaló que “lo más preocupante” es que el gobierno mexicano falló en investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014”. Y remataba con una exigencia bastante peculiar, dado el tono de sus afirmaciones. El Times remataba diciendo que “aún no es tarde para que el gobierno mexicano dé acceso libre a un equipo de investigadores internacionales”.

Para entender esta última exigencia —que constituía un mensaje político y público, de país a país— es necesario recordar lo que pasó en Guatemala con la estrepitosa caída del presidente Otto Pérez Molina meses antes de terminar su mandato, acusado de actos de corrupción justamente por un equipo de investigadores internacionales.

Como se debe recordar, formalmente, el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina fue acusado el viernes 21 de agosto por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala  de ser el líder de una red de defraudación aduanera conocida como La Línea.

Según lo que han informado diversos medios, el nombre de la red de defraudación, hacía alusión a un número de teléfono al que se podía llamar para negociar una alteración en los documentos de los cargamentos de mercadería importada, con el objetivo de pagar menos impuestos. Por el mismo caso guarda prisión la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, que en mayo se vio forzada a renunciar al cargo ante la contundencia de las pruebas en su contra. Todas las acusaciones las instauró una Comisión Internacional de Investigadores de la ONU por exigencia de diversas naciones, Estados Unidos entre ellas.

Esa Comisión Investigadora es la que después determinó responsabilidades en contra del propio presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, que se vio obligado a dejar el poder antes de culminar su mandato, y luego fue procesado y recluido por las acusaciones de corrupción instaurada en su contra.

PRESIÓN INTERNACIONAL

¿Qué relación tiene todo esto con el tema del Chapo? Casi nada: que Estados Unidos intentó formalmente presionar al gobierno mexicano para que aceptara la instauración de una comisión similar a la de Guatemala para que, entre otros casos, investigara —sin las ataduras y sin la subordinación al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto— la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. Si esa exigencia no hubiera tenido una respuesta del tamaño de la que se ofreció con la reaprehensión del Chapo, ocurrida también en enero, lo que se habría esperado es un incremento exponencial de la presión para que se llegara a integrar esa comisión. O, como se habla también ahora, del establecimiento de una Corte Internacional Anticorrupción con jurisdicción en México, como ya también se comienza a mencionar.

Sistema Anticorrupción sería insuficiente; ¿necesaria, Corte Internacional?

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SPCJN

+ El SNA aún no funciona y ya hay dudas sobre su implementación y eficacia


Una de las expectativas más importantes para el año que comienza, es que por fin pueda ponerse en funcionamiento el Sistema Nacional Anticorrupción, que fue establecido en la Constitución federal a mediados de 2016 y que representa el cambio funcional más importante de las últimas décadas en lo que se refiere al control del desempeño de los servidores públicos, en un tema tan delicado como el cumplimiento legal y honesto de sus funciones. Aunque hay expectativas, también hay voces que señalan que esto sería insuficiente. Y para ejemplificar sus dudas sobre el SNA, presuponen la necesidad de implementar medidas como una Corte Internacional Anticorrupción.

En efecto, el combate a la corrupción es hoy por hoy uno de los temas que más preocupa a la sociedad mexicana. Esto es consecuencia, por un lado, de la puja que existe entre diversos sectores sociales por el establecimiento de mecanismos que verdaderamente puedan incidir en la identificación, persecución y castigo de las personas que se exceden en sus atribuciones o que incurren en actos indebidos a partir de sus funciones como servidores públicos. Por el otro, este tema ha sido empujado por las clarísimas muestras de corrupción y conflicto de interés en que han incurrido servidores públicos al más alto nivel. La llamada ‘casa blanca’ del presidente Enrique Peña Nieto es muestra palmaria de lo anterior.

En ese sentido, el SNA es el resultado de esa puja ciudadana por el establecimiento de un sistema de combate a los actos de corrupción. Así, lo que comúnmente se conoce como Sistema Nacional Anticorrupción implicó la creación o modificación de: (1) la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, (2) la Ley Federal de Fiscalización y Rendición de cuentas, (3) la Ley General de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, (4) la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (5) la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, (6) el Código Penal Federal y (7) la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; además, obviamente, de las correspondientes reformas constitucionales que dieran certidumbre sobre todo ese mecanismo.

Así, en palabras de la investigadora Viridiana Ríos, la de 2016 podría ser la última ‘navidad feliz’ de los corruptos, porque en 2017 se tendría que haber ya puesto en marcha este mecanismo, que tiene su basamento en la participación de la ciudadanía en su implementación y funcionamiento.

“Lo que hace único al SNA, aprobado en 2016, no es sólo que surgió del clamor ciudadano (ya de por sí una gran innovación), sino que también será encabezado por un grupo ciudadano. El SNA está integrado por un grupo ciudadano (conocido como el Comité de Participación Ciudadana) y por seis instituciones públicas que ya se dedican a luchar contra la corrupción desde antes, pero que fueron reformadas para darles mejores y mayores facultades. Las instituciones son el Tribunal Federal de la Justicia Administrativa (antes Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, TFJFA), la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada Anticorrupción, el INAI y el Consejo de la Judicatura. El Comité de Participación Ciudadana constituye la posibilidad por parte de los ciudadanos de dirigir los esfuerzos contra la corrupción, ya que tendrá facultades de proponer políticas anticorrupción, metodologías e indicadores de evaluación y, sobre todo, vigilar el funcionamiento del SNA” (Excélsior 25.12.2016).

¿NO ES SUFICIENTE?

Una de las cuestiones que más inquietan, es la resistencia del propio Estado a entrar en una discusión seria sobre las necesidades de certeza en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción; de la forma en que éste mecanismo ‘baje’ a las respectivas legislaciones de las entidades federativas; y, sobre todo, que cuando se implemente resulte ser un mecanismo eficaz y no termine siendo una simulación o un mecanismo ‘domado’ por la partidocracia, como han terminado otros intentos importantísimos tales como la conformación de los órganos constitucionales autónomos, los tribunales de justicia y otros, en los que se supone que la probidad es el punto de referencia para su conformación, pero lo ha terminado siendo los intereses y necesidades de los propios partidos políticos, que más que autonomía han buscado protegerse justamente de acciones, mecanismos e instituciones que normen y vigilen su actuación.

En ese sentido, las medidas que importa el SNA pueden no ser cómodas para los partidos y para el propio gobierno, y de ahí surge la duda de si ese Sistema puede terminar siendo un intento que sucumba ante el poder de los partidos, y sus afanes porque en realidad e siga evadiendo de fondo la ley para mantener los privilegios y los espacios de poder que implican actos de corrupción.

DUDAS

Es por eso que, como abundaremos en la entrega siguiente, también han surgido voces que señalan, por ejemplo, la necesidad de implementar esfuerzos de mayor envergadura, tales como tribunales internacionales que se dediquen a combatir la corrupción al margen de las pasiones e intereses que eternamente tienen los partidos porque esto no ocurra. Un caso puede ser el guatemalteco, que incluso provocó la caída del presidente Otto Pérez Molina; pero otros, más avanzados incluso, refieren la creación de una Corte Internacional Anticorrupción. De ese tamaño es la desconfianza que despierta no el SNA, sino el poder corruptor de la clase política mexicana.

México ante la Corte Penal Internacional, ¿para qué?

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felical

+ Contrasentido, que FCH amenace a quienes demandan


Uno de los temas que dentro de algún tiempo volverá a dar de qué hablar, es la responsabilidad que habrá de enfrentar el Estado mexicano ante la Corte Penal Internacional. Esta es una historia que tiene aún muchas aristas pendientes y que pasan por la lucha anticrimen que ha dejado decenas de miles de muertos en méxico, sobre los cuales algún día tendrá que responder el Estado mexicano, independientemente de quién sea el Presidente, e incluso de las resistencias que pudieran presentar como en su tiempo lo hizo el Presidente Felipe Calderón Hinojosa.  

En efecto, fue a finales de 2011 cuando, en ese marco, el presidente Calderón cuando decidió anunciar públicamente, a través de un comunicado emitido por la Presidencia de la República, de la que él es titular, que exploraban todas las posibilidades de proceder judicialmente en contra de las de las de 28 mil personas que habían firmado la demanda presentada por el abogado mexicano Netzaí Sandoval ante la Corte Penal Internacional, para que investigara los posibles crímenes de lesa humanidad que se habían cometido durante los últimos cinco años de “guerra contra el crimen organizado” que encabeza el gobierno federal en contra de grupos criminales.

La gravedad de las amenazas no resulta específicamente de lo que se demandó ante la Corte Penal Internacional, sino de los efectos que esto tiene tanto en el corto, como en el mediano plazo, en nuestro país. Y es que, en efecto, la Corte Penal Internacional está facultada por el Estatuto de Roma para conocer de hechos en los que posiblemente se cometieron crímenes de lesa humanidad, y esa fue la razón por la que el personaje antes mencionado acudió ante ese tribunal para que iniciara una indagación al respecto.

Sin embargo, en ese punto inicial deben quedar varias cuestiones perfectamente claras. La primera de ellas, es que el hecho de que se haya presentado la denuncia ante la CPI, no necesariamente hace por sí mismo responsable al gobierno federal, o al Presidente de la República, de los hechos que se denuncian y de los delitos que se asegura que se han cometido.

La segunda cuestión, es que la demanda presentada también señala como posibles responsables a los presuntos líderes de varios grupos criminales que, al igual que el gobierno federal a través de sus agentes, también han contribuido al clima de violencia y muerte que impera en nuestro país.

Un tercer aspecto que debe considerarse, es que todo el escándalo surgió de la sola presentación de la demanda. De hecho, la CPI ni siquiera ha anunciado si admitió o no la demanda para darle la tramitación correspondiente; y bien a bien, no está claro que si los hechos que se describen en la demanda, en el contexto en el que vive nuestro país, sean necesariamente constitutivos de los delitos que el Estatuto de Roma faculta para conocer a la Corte Penal Internacional.

Sin embargo, sin tomar en consideración todo eso, el gobierno federal decidió amagar con “contrademandas” a todos los que se habían atrevido a señalarlo. Esto, desde todos los ángulos se presenta como un contrasentido. Esto porque su enojo equivale a negar lo que, en efecto, es público, y en lo que, también en efecto, todos los mexicanos conocen, padecen, y están por ello facultados para exigir explicaciones e incluso que tribunales establezcan si, a la luz del derecho, son legales las acciones del gobierno federal, o estas deben ser censuradas y castigadas con apego a la ley.

El asunto, contrario a lo que parece, no debiera ser visto sólo como una treta de los enemigos del Presidente o del partido al que él pertenece. En el fondo, todo esto debiera ser visto como una enorme oportunidad de poder conocer, en el mediano o largo plazo, qué es lo que hoy ocurre en nuestro país, y que por la razón que sea, no está siendo correctamente relatado o reseñado por quienes deben hacerlo.

VERDAD HISTÓRICA

Esto no debiera ser visto, pues, como una simple artimaña, sino como una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Fundamentalmente, de conocer qué ocurre hoy, frente a los diversos tipos de mordazas que privan sobre ciertos sectores de la población en nuestro país, justamente frente a la guerra contra el crimen organizado. Veamos si no.

La prensa, por ejemplo, está en buena medida, impedida hoy para relatar todo lo que ocurre respecto a la violencia y el accionar del crimen organizado. En amplias regiones del país, los periódicos, la prensa electrónica, radio y televisión, han sido brutalmente intimidadas y amordazadas —tanto por criminales, pero también por autoridades y poderes fácticos—para evitar que participen plenamente de la incidencia de hechos en los lugares en que desarrollan sus actividades.

Del mismo modo, en amplias regiones del país, las autoridades municipales y estatales han sido fuertemente reprimidas por bandas criminales, narcotraficantes, tratantes de personas, extorsionadores y secuestradores, para que éstas no actúen como deben, para que no den parte a otras autoridades sobre hechos que ocurren, o simplemente para que omitan “ver” hechos abominables que sí ven, pero que son realizados por poderes que rebasan sus capacidades de actuación.

SABER DE VERDAD

Ante todo esto, ¿cómo entenderemos, en el mediano o largo plazo, la verdad histórica de este tiempo? ¿Dejaremos que sean los vencedores quienes escriban la historia de este tiempo? ¿O nos limitaremos, como hasta ahora, a levantar los hombros en señal de resignación, y haremos sólo el recuento de lo que sabemos, pero no de todo lo que verdaderamente ocurrió?