+ La Reforma indígena será un gran pendiente de este régimen

Ni siquiera la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ha sido suficiente para que los poderes del Estado en Oaxaca hagan algún tipo de manifestación respecto a la “minoría” más grande de nuestra entidad: los pueblos y comunidades indígenas. A nadie en el gobierno estatal le interesa el tema; y en esas mismas condiciones se encuentran los poderes Legislativo y Judicial del Estado, que tampoco reflejan ningún tipo de preocupación —ni por la pose política— por ese sector poblacional, que representa a la inmensa mayoría de los oaxaqueños.

En efecto, ayer se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y de ello resulta primeramente relevante conocer que de acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal 2015 del Inegi, las entidades con mayor porcentaje de hablantes de lengua indígena con respecto al total de su población son: Oaxaca, con el 32.2 por ciento de su población total compuesta por indígenas; le siguen Yucatán 28.9% de su población, Chiapas con el 27.9 por ciento;, Quintana Roo, con el 16.6%; y Guerrero, con el 15.3 por ciento de su población total compuesta por indígenas.

A la par de ello, como datos generales es importante saber que Oaxaca representa una importancia particular, en términos políticos, porque la nuestra fue la primera entidad que llevó a su marco constitucional el reconocimiento de los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas. Este proceso de inclusión implicó el establecimiento del sistema de organización política en los pueblos, primeramente conocido como usos y costumbres y ahora denominado como sistemas normativos internos.

De hecho, Oaxaca fue una entidad vanguardista en ese sentido, porque la reforma en materia de derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas ocurrió con mucha anticipación (en 1996) a la reforma a la Constitución federal de 2001, que estableció una serie de derechos y programas de gobierno para los pueblos indígenas del país, pero abordando muy tímidamente lo relacionado con la capacidad de autodeterminación política de esas sociedades indígenas.

Así, al haber sido Oaxaca un estado de vanguardia en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, lo lógico sería esperar a que ese progresismo se quedara no sólo en la reforma constitucional local de 1996, sino que ello marcara el inicio de un proceso de evolución de las normas en la materia. En ese sentido, el gobierno de Diódoro Carrasco consideró como suficiente su aportación al haber impulsado tal reforma. La administración siguiente fue, en realidad, la primera que percibió y manejó políticamente esos primeros cambios asentados en la Constitución; y el gobierno de Ulises Ruiz fue totalmente omiso en el tema, porque pareció siempre que sus prioridades y problemas fueron otros.

Ante ese panorama, hubo una expectativa amplia de que la reforma indígena —concebida en Oaxaca como de “segunda generación”, ante la existencia de la primera gran reforma que estableció los usos y costumbres— llegaría a la par de la pretendida “Reforma del Estado”, cuestión que no ocurrió, bajo el argumento de que la reforma indígena tendría su propio espacio, atención e importancia tanto por parte del Congreso del Estado, como del gobierno estatal.

Nada ocurrió, y por eso nada dicen al respecto.

OMISIÓN TOTAL

Es tanto el desinterés del régimen estatal por el tema indígena, que por eso nunca tuvo interés en impulsar una verdadera reforma indígena. A estas alturas, es claro que ya no lo hará, pero con el añadido de que, hoy la Secretaría de Asuntos Indígenas —dependencia se supone que encargada de “organizar, promover, vigilar y ejecutar las políticas y acciones para el cumplimiento de las disposiciones constitucionales en materia indígena, tratados internacionales, la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca y demás ordenamientos jurídicos correspondientes”— ni siquiera tiene titular, y tampoco tiene perspectivas de que pueda hacer algo al final de un régimen que tuvo todo menos interés en dicho tema.

En ese sentido, una de las paradojas que revelan la poca capacidad de entendimiento de la importancia de este tema, fue la renuncia de Adelfo Regino Montes, que fungió durante más de cinco años como titular de la SAI sin ningún resultado destacable. Regino, ciertamente, se presentó siempre más como un aliado de las comunidades indígenas que como un servidor público. Sin embargo, ello no fue acicate para que impulsara políticas o propuestas más decididas a favor del sector, ni tampoco para que lograra una mayor atención tanto a la problemática indígena, como a las posibles perspectivas de solución a los temas que les interesan.

DESINTERÉS GENERALIZADO

Si eso pasó del lado del Ejecutivo, en el terreno del Legislativo y Judicial las cosas fueron tanto o más desalentadoras. En el Congreso, nunca hubo el menor viso de interés en la posibilidad de impulsar una reforma indígena que actualizara no sólo el marco político, sino todo el elenco de derechos de los pueblos originarios en la entidad. Y la gran obra del Poder Judicial fue crear una Sala Indígena, con los magistrados del Tribunal Electoral que se quedaron sin materia ante la reforma política nacional, pero sin establecerles un esquema digno de trabajo cuando menos para justificar el salario de magistrados que siguen cobrando los juzgadores que antes veían los temas electorales, y que ahora tiene el encargo del tema indígena, como si lo electoral y lo indígena fuera algo así como la misma cosa. ¿Qué hay en el fondo? Indolencia. Desinterés. Y silencio. En los tres poderes del estado con más indígenas en el país.

+ CNTE vs IP: enfrentados irremediablemente desde 2006

El paro general convocado para este día por diversos sectores productivos de la entidad, no sólo es reflejo de inconformidad, sino sobre todo de que en Oaxaca los diversos sectores de la sociedad siguen sin la menor posibilidad de comunicación y entendimiento. La polarización ha llegado a tal nivel, que por eso aún cuando se habla de un diálogo tripartita (magisterio, gobierno y sectores productivos), la constante es la beligerancia, el enfrentamiento y el egoísmo entre ellos.

En efecto, ante la falta de condiciones legales y jurídicas para que puedan llevar a cabo sus actividades, sectores productivos de la capital del estado anunciaron la realización de un paro general de labores este lunes. No es la primera vez que ocurre: en 2006, al menos en tres ocasiones hubo paros similares, pero en aquel tiempo impulsados por algunos grupos de empresarios —como los gasolineros— ante los daños ocasionados por el conflicto que entonces, igual que ahora, ahogaba a Oaxaca en la parálisis económica gracias a los disturbios y las acciones emprendidas por el magisterio y las organizaciones que acompañaban sus protestas.

En esta ocasión, según dijeron los gremios de empresarios que anunciaron el paro, las acciones buscan que se garantice el Estado de Derecho, el libre tránsito en todo el territorio y las suficientes garantías para poder seguir trabajando y evitar más pérdidas. Se comprometieron a que aún cuando no brindarán servicio al púbico, no dejarán de pagarles a sus empleados, pues el objetivo es que las autoridades confirmen que hay un hartazgo por este clima de ingobernabilidad provocado por el conflicto con la CNTE.

Este anuncio revela dos cuestiones fundamentales: primera, que ahora a diferencia de 2006, el gobierno federal y estatal olvidó que unos de sus principales aliados naturales eran los sectores productivos, y que era importante cuidar su relación con ellos; y sobre todo, se revela la inexistencia total de vasos comunicantes entre los grupos en crisis.

Por eso, este llamado de la Iniciativa Privada tiene como mensaje el reproche abierto no sólo a la Sección 22 y a la Coordinadora por sus acciones, sino también al gobierno federal que los dejó solos en este proceso de necrosis que vive Oaxaca. Incluso, hacia ambos —gobierno y CNTE— el mensaje de los empresarios parece también de reproche abierto al egoísmo con el que han manejado este conflicto, pues en éste cada uno ha visto por sus propios intereses pasando deliberadamente por alto que Oaxaca es mucho más que el gremio magisterial y el gobierno, y que hay muchos grupos que siguen sin ser considerados en este diálogo que debiera ser incluyente, y no degradante.

GRUPOS DESDEÑADOS

Durante el conflicto magisterial de hace una década, a pesar de todas las torpezas cometidas, el gobierno de Ulises Ruiz nunca dejó de percibir la importancia de tener de su lado por lo menos a las representaciones más importantes de los comerciantes y empresarios de la entidad. El gobierno de Gabino Cué, y mucho menos el federal, han tenido hoy esa sensibilidad y por eso el paro de labores de este día tiene como mensaje exhibir no sólo el rechazo a las acciones de la Sección 22, sino también a la indolencia y el egoísmo con los que el gobierno ha tratado a quienes mueven gran parte de la economía de la entidad.

Acaso muchos ya no lo recuerdan, pero en el 2006 los representantes de diversas organizaciones de empresarios, comerciantes, hoteleros y prestadores de servicios, se constituyeron en una especie de “emisarios civiles” del mensaje y la posición gubernamental, gracias a que, por cooptación o por atención, el gobierno de Ruiz siempre trató de tenerlos cerca, e incluso luego les dio posiciones gubernamentales, como fue el caso de José Escobar o Freddy Alcántara Carrillo, quienes luego de haber sido representantes empresariales de Oaxaca —en Coparmex y la Asociación de Hoteles y Moteles— pasaron a tener trato privilegiado por el gobierno, e incluso Alcántara luego fue nombrado subsecretario de Economía, en el último tercio del gobierno de Ruiz.

Sorprendentemente, en aquellos momentos la IP local cuestionaba la indolencia con la que el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada trataba el problema magisterial de Oaxaca, y repudiaba las acciones de la Sección 22, pero difícilmente se confrontó con el gobierno de Oaxaca. Incluso, también llegaron a parecer voceros oficiosos, o emisores del mensaje que el gobierno de Ruiz no se atrevía a dar, pero a lo que parecía que enviaba a los empresarios.

En este caso no existe ningún tipo de relación, y por eso el paro generalizado de la IP este día no sólo cuestiona las acciones de la Sección 22, sino también la pasividad e indolencia del gobierno —estatal y federal— que ahora olvidaron por completo incluir a quienes debieran ser coprotagonistas del diálogo por Oaxaca —y no las concertacesiones que ocurren entre Gobernación y la CNTE— que tampoco está ocurriendo.

ILEGITIMIDAD TOTAL

En este escenario crítico, algunos actores fundamentales deberían estar preocupados por fungir como árbitros, conciliadores, o vasos comunicantes entre los grupos en pugna. El diálogo entre Gobernación y la CNTE nunca fructificará en algo benéfico para Oaxaca. acaso será negociar la ley y dejar el pleito en un nuevo impasse hasta la siguiente crisis. ¿Dónde están Francisco Toledo, Alfredo Harp, o algunas otras personas con amplia legitimidad en Oaxaca, ya no para establecer una posición, sino para contribuir a la conciliación real entre grupos y ciudadanía que tanto se necesita en estos momentos?

+ PT y Morena ganaron a pesar de perder la elección

Un documento interno, elaborado por la Secretaría de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, pinta de cuerpo entero el panorama electoral en Oaxaca, junto con el desastre, y las traiciones entre partidos, que determinaron el resultado de los comicios del cinco de junio.

En efecto, sin un solo viso de autocrítica, el PRD reconoce que los verdaderos ganadores en Oaxaca fueron el Movimiento de Regeneración Nacional, y el Partido del Trabajo; que el mismo perredismo fue blanco de diversas traiciones que abonaron a la victoria electoral del PRI; y que, todo eso, es preámbulo de los movimientos que ahora mismo están ocurriendo en el Congreso para cambiar las relaciones políticas entre partidos y con el Ejecutivo.

Aunque es algo extenso, vale la pena conocer el análisis sobre los comicios de Oaxaca, realizado por la propia Secretaría de Elecciones del PRD. Incluso, vale la pena pasar por alto la poca seriedad del lenguaje utilizado y lo coloquial que de entrada pudiera parecer el contenido de dicho análisis.

Dice el documento: “Debido a que en este Estado [de Oaxaca] sólo participaron 153 de los 570 municipios en la elección municipal, no es posible hacer una comparación global de estos resultados con los de las otras elecciones. El PRD desciende 4.5 puntos porcentuales de 2013 a esta elección, mientras que la distrital y de gobernador se comportaron muy parecidas, tanto en votos absolutos como en el descenso porcentual que tuvieron, el cual fue fuerte, de más de 6 puntos.

“En este Estado el PAN tampoco pudo mantener su votación, como lo logró en la mayoría de las elecciones, en lo municipal baja solo 2 puntos, pero en lo distrital fueron 11 puntos y la de gobernador perdió́ 10 puntos, un muy fuerte retroceso. Pero el PRI, el ganador, también cayó estrepitosamente, en lo municipal 7 puntos, en lo distrital 11 y en la de gobernador 7.5. Fue Morena la que creció́, muy poco en lo municipal, apenas 1.5%, pero en la contienda distrital dio un brinco de más de 8.5% y en la de gobernador de más de 5.5%. Por lo tanto de los partidos grandes, todos decayeron excepto Morena.

“A los partidos “rémora” tampoco les fue bien, todos perdieron porcentaje, solo el PVEM creció́ escasas decimas de punto. Los independientes lograron también un modesto 4.7% en la elección municipal, en la distrital fueron marginales. Obviamente caso aparte es el PT, que se benefició de una escisión perredista, la cual lo hizo el partido más exitoso de la entidad, al crecer 7.5, 7.7 y 7.4 puntos respectivamente.

“Ya se sabe que las sumas aritméticas en lo electoral no necesariamente arrojan certeza, pero dan una pista del “hubiera”. Si se hubiera mantenido la Alianza original PRD- PAN-PT con un candidato de consenso, se hubiera vuelto a ganar la gubernatura y por mucho. El PRI no ganó, perdimos nosotros”. Esto último, vale la pena remarcarlo.

TRAICIONES MUNICIPALES

“En cuanto a la evaluación, el PRD tuvo un desempeño municipal contrastante, en 40 municipios tuvo de buen a excelente avance, 23 de los cuales resultaron en triunfo, mientras que en 66 perdió́ voto duro. Bajamos de 41 municipios ganados en 2013 a 32 en esta ocasión, aunque resalta que mantuvimos Juchitán, Pinotepa y Loma Bonita, recuperamos Xoxocotlán y Tehuantepec pero perdimos Pochutla, San Pedro Mixtepec y Tlaxiaco, en este ultimo sorprende lo mal que nos fue en el municipio pero lo bien que avanzamos en el distrito.

“En lo distrital hubo 6 distritos con avance, 4 de ellos con triunfo y 4 perdiendo voto duro, los 15 restantes se quedaron en diferentes grados de lo factible. Pasamos de tener 7 diputados de mayoría relativa a 4. El PAN también tuvo extremos, aunque no tantos con perdida de voto duro, 43 municipios en avance y 39 de perdida, pero distritalmente apenas logró 2 distritos con buenos resultados, el resto en lo factible por ello solo se quedó con 3 diputados de Mayoría Relativa.

“El PRI no tuvo un buen desempeño, 38 municipios con avance y 49 perdiendo voto duro, en lo distrital 5 con buena votación y el resto en lo factible, pero gracias a las razones
que ya se anotaron antes, a su alto voto histórico y a sus alianzas obtuvo más de la tercera parte de los municipios y 14 de los 25 distritos. Por supuesto a Morena le fue bien, 61 municipios con avance y solo 6 perdiendo voto duro. En lo distrital un asombroso avance en 24 distritos. Pero nuevamente se repite la historia, aun con esos buenos resultados solo triunfa en 12 municipios y en 4 distritos”.

¿Por qué es relevante este análisis? Primero, porque refleja, en un sentido alejado del triunfalismo propio de los partidos, la dimensión de los resultados electorales de Oaxaca en los comicios de junio pasado. La diferenciación de resultados, entre elecciones municipales, distritales y de Gobernador, en un solo municipio o distrito, por ejemplo, refleja el nivel de traiciones que dominaron la elección, y afectaron al perredismo.

LO QUE VIENE

En los corrillos de la política local, por ejemplo, se dice que Tomás Basaldú, que es presidente municipal de Pinotepa Nacional, y diputado electo, es el favorito del perredismo para presidir la bancada perredista en la LXIII Legislatura. La intención, aseguran, es afianzar la alianza con la fracción del PRI, para hacerle frente a la bancada de Morena. Esos serán los únicos tres partidos que integrarán la Junta de Coordinación Política. Lo paradójico es que, ganador y perdedor, hoy están aliados, primero para segregar a la representación legislativa del PT, y para contrarrestar a Morena. Quién sabe si lo logren.

+ Ninguna estrategia: economía local agoniza desde 2006

Es patética la posición del gobierno federal, que optando por el camino fácil asume que con el solo hecho de que se haya realizado la fiesta de los Lunes del Cerro en Oaxaca, y de que se hayan —medio— reabierto algunas de las vías de acceso a la capital oaxaqueña durante estas semanas. El problema de fondo no radica ahí, sino en que la economía local enfrenta una crisis que se arrastra desde hace una década, y que se acentuó por la imagen de ingobernabilidad y caos que, en gran medida gracias al gobierno federal, Oaxaca le ofrece al mundo.

En efecto, al iniciar la semana, el Consejo Coordinador Empresarial hizo un llamado a recuperar la paz, el respeto y la legalidad ante las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y demandó la actuación de todas las instituciones del Estado mexicano en la solución del conflicto. En voz de su presidente, Juan Pablo Castañón, el CCE consideró que se ha llegado a un punto inaceptable la disrupción en varias zonas del país de la legalidad, el orden y la paz pública por parte de la CNTE y otros grupos afines, y que en muchos casos persiguen intereses particulares.

Ya basta —señaló el CCE: los derechos y la seguridad física y patrimonial de ciudadanos y empresas no pueden ser moneda de cambio de ningún proceso de diálogo o negociación entre un grupo en particular y las instituciones del Estado (…)Nadie pide que se reprima la protesta, sino que se respeten los derechos de todos por igual y se proteja a la población”, subrayó el dirigente empresarial.

En su publicación La voz del CCE expresó que el diálogo debe prevalecer, pero no a costa de la ley, el orden y la tranquilidad pública, y menos aún si quien paga los costos y las pérdidas es la sociedad, son los ciudadanos. Y refirió que además de frenar cambios para que las nuevas generaciones tengan acceso a una mejor educación, en especial en algunas de las zonas más pobres, el conflicto genera afectaciones muy serias y cuantificables en diversas actividades y en el mismo ánimo de la población.

NEGACIÓN Y REPUDIO

¿Cuál fue la respuesta del gobierno federal, y sus aliados? Por un lado, la negación; y por el otro, el repudio. En el primero de los aspectos, el propio Miguel Ángel Osorio Chong señaló que “ha venido atendiendo las quejas presentadas por el sector empresarial”. He estado observando en estos últimos días —dijo en una entrevista radiofónica— el planteamiento del sector empresarial, con el que hemos venido platicando y con el que hemos venido avanzando.

Referente a los mensajes difundidos por los sectores productivos, el titular de Gobernación precisó que cuando se reunió con ellos y abordó el caso específico de Oaxaca… Les aseguré que estarían las condiciones para llevar a cabo la Guelaguetza, les aseguré que íbamos abrir los caminos y se cumplió, que íbamos a resolver el tema de los trenes, también se resolvió. La mayoría por diálogo y algunas, porque veo la exigencia como si no se estuviera haciendo, del uso de la fuerza pública para poder despejar caminos, carreteras o trenes”.

Así, no conforme con esto, el líder de los diputados federales del PRI, el mexiquense César Camacho Quiroz, dijo que la posición del sector privado, más que un planteamiento jurídico, se trata de una estrategia política.

En consecuencia, subrayó el legislador, le tocará a un juez resolver sobre este asunto, que es más bien deducir un planteamiento político, formular un planteamiento político, aprovechando una vía jurídica que pronto se resolverá. “Las reacciones que el sector empresarial tiene frente a acontecimientos concretos, no son asuntos sencillos de resolver, pero están avocadas las autoridades a que esto ocurra no solo en el marco de la ley, sino con el respeto de los derechos del resto de las personas que se ven afectados en su derecho al libre tránsito, en su derecho a dedicarse a la actividad comercial que más le convenga”, afirmó.

De verdad, los funcionarios federales y la gente del PRI —que acaban de ganar el gobierno de Oaxaca— siguen sin entender lo que ocurre en la entidad. Aquí, la crisis no se generó el 19 de junio cuando fue el enfrentamiento en Nochixtlán: de hecho, ese fue el mero pretexto que desató la furia y la podredumbre que estaba escondida desde hace una década. A partir de ese día, los comercios y empresas locales volvieron a sufrir, porque vienen arrastrando no sólo una crisis que tuvo su origen en el conflicto magisterial de 2006, sino también profundos daños económicos por los que hoy no han podido resistir ni un mes sin una actividad económica constante.

Pues resulta que cualquier empresa medianamente seria tiene ciertos activos para resistir las temporadas bajas. Para la gran mayoría de esos comerciantes, ese soporte quedó devastado en 2006, y nadie los resarció por las pérdidas sufridas en aquel entonces. De hace una década a la actualidad, no han vuelto a haber la misma ocupación hotelera, apenas si se lograron recuperar los asientos de avión ocupados —y ahora se volvieron a perder, quién sabe hasta cuándo—; la economía local ha crecido marginalmente. Y finalmente, en esta enfermedad crónica de la economía local, sólo hacía falta un cambio brusco de temperatura para que esa neumonía volviera.

¿EXAGERACIÓN?

Por eso es una protesta razonable la del sector privado en contra de un gobierno dispuesto a dejar que Oaxaca se pudra. No se trata de la carretera abierta o de los Lunes del Cerro: se trata de que Oaxaca se recupere de fondo de esta crisis que lleva una década.

+ Guelaguetza crítica; destinos turísticos, aislados. ¿Eso no es pudrirse?

Cuando luego del enfrentamiento de Nochixtlán, un periodista de la capital del país le preguntó al Secretario de Gobernación si con esa nueva negociación que se entablaría al más alto nivel con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se volvería a “joder” Oaxaca, Miguel Ángel Osorio Chong, lo negó categóricamente. Dijo que el diálogo iba a devolverle a la entidad la gobernabilidad y el orden que necesitaba. Hoy debería dolerle la cara de vergüenza, ante la realidad de que aún con el diálogo y la tolerancia demostrada, de todos modos sí se jodió Oaxaca.

En efecto, el 23 de junio –luego del desastre de Nochixtlán— el secretario Osorio Chong le dijo al periodista Joaquín López Dóriga que el mejor logro de la mesa de negociación que entablaron luego del enfrentamiento del domingo 19 de junio “es que haya agendado una nueva reunión para el siguiente lunes”. Luego de esa respuesta, llena de laxitud y ambigüedades, López Dóriga le soltó: “¿Va a dejar que se joda Oaxaca…?”. Y esta fue la respuesta de Osorio Chong:

—No, Joaquín, no. Nunca —respondió—. Ni Oaxaca ni ningún otro estado. Estamos en pleno respaldo a los gobiernos estatales para que la ciudadanía viva en la tranquilidad y en las libertades que nuestra Constitución determina. Nosotros vamos a seguir acatando esta discusión —la mesa con la Coordinadora—, es nuestra obligación y lo vamos a hacer de cara a la sociedad con mayores márgenes de transparencia para que puedan todos observar la acción, la actitud y la responsabilidad de este gobierno.

¿En verdad el gobierno federal no permitió que se jodiera Oaxaca? La respuesta a esa pregunta, surge de hacer un contraste simple con la realidad. Pues a simple vista pudiera parecer que, en efecto, Oaxaca no se jodió porque el problema magisterial no se profundizó al nivel que parecía luego del desastre que provocó el propio gobierno del presidente Enrique Peña Nieto —y la dependencia a cargo de Osorio Chong, de quien depende la Comisión Nacional de Seguridad, al implementar un operativo carente de planeación e información— al falla en su intento por despejar las vías de acceso a la capital oaxaqueña.

En ese sentido, luego del 19 de junio hubo quien dijo que se repetiría otro 2006, aunque claramente nadie tenía la fuerza como para generar un movimiento social de tales dimensiones. Por voluntad, la Sección 22 decretó un repliegue táctico, y la Coordinadora aceptó de inmediato el diálogo con Gobernación, porque ello significaba aprovechar la posibilidad de regresar a la negociación con el gobierno federal, gracias a lo que había ocurrido en Oaxaca.

En esa lógica, Gobernación consiguió cierto compás de tiempo en un conflicto que ya no escaló, pero no logró destrabar de fondo la crisis, ni preservar los derechos y las libertades que Osorio Chong le dijo a Joaquín López Dóriga. Es más, hasta el día de hoy, Segob ni siquiera ha logrado devolver la movilidad y la tranquilidad a los oaxaqueños para poder ofrecer los pocos servicios productivos que existen en la entidad. Y, en eso, las desangeladas fiestas de julio en Oaxaca demuestran que a pesar de las promesas del Secretario de Gobernación, la entidad sí va —como en el 2006— en una clara ruta de pudrición social y económica.

GUELAGUETZA, AGÓNICA

Con tal de hallar nota en Oaxaca, muchos medios de la capital del país se dedicaron semanas enteras a remarcar los bloqueos que existían en la entidad. Los oaxaqueños sabíamos que las condiciones en la capital eran relativamente “normales”, pero eso no fue suficiente para atraer al turismo que simplemente no llegó. En ese sentido, la Guelaguetza —y sus actividades periféricas— fueron la demostración fehaciente de que con todo y las promesas federales, Oaxaca sí se jodió. ¿Por qué?

Porque ninguno de los pocos sectores productivos de la entidad recibió el trabajo esperado para la temporada. Porque a pesar de las promesas de Osorio, de todos modos sigue siendo muy complicado acceder a la entidad; porque varias de las vías de acceso a los principales destinos turísticos siguen estando en entredicho; porque la relativa “normalidad” que vimos en celebraciones como la de los Lunes del Cerro, y otras actividades, fue brindada por la ciudadanía oaxaqueña que sí respondió al llamado de las festividades, y que suplió —al menos con presencia, aunque no con derrama económica— al turismo nacional e internacional que sólo llegó a cuenta gotas, y que sólo se decidieron a venir a quienes no les importó tener que lidiar con una tranquilidad a medias.

Ahora bien, y al margen de eso, nuevamente la iniciativa privada —que es de donde depende la mayoría de las fuentes de trabajo en la entidad— vive una situación igual de crítica, lo mismo por los bloqueos carreteros que por la falta de consumidores de servicios turísticos, e incluso porque la inmovilidad económica de algunos sectores primarios, termina ahogando a los que a su vez dependen de ellos. Y el problema es que a todo ese sector nadie lo reparará cuando termine —si es que algún día acaba— esta crisis.

NEGOCIAR LA LEY

El gobierno federal lo niega, pero claramente está negociando la ley con la Coordinadora. Ya sólo falta que liberen a Rubén Núñez Ginez y Francisco Villalobos, mientras todos los demás sectores claman la atención que no les ha dado el gobierno federal. La 22 sigue haciendo lo que les viene en gana: a placer bloquean calles, destruyen, obstaculizan y cierran carreteras. Con eso, jodieron la Guelaguetza. Y al pudrir la principal fuente de ingresos de miles de oaxaqueños, al menos en 2016 Gobernación y la 22 sí jodieron a Oaxaca.

+ Desacatan los mandatos judiciales; prefieren los intereses políticos

La semana pasada, la LXII Legislatura del Estado aprobó una enésima modificación al artículo 59 de la Constitución local, para devolverle al Ejecutivo del Estado la facultad de nombrar administradores municipales. Esta, que es una herramienta fundamental para la gobernabilidad —pero que había sido utilizada a discreción por el Congreso no para abonar a la pacificación de comunidades en conflicto, sino para ahondar sus diferencias— ahora deberá estar acotada por los (viejos y nuevos) parámetros establecidos por el Poder Judicial para poder demostrar el ejercicio democrático de esta controversial facultad.

En efecto, de alguna manera la figura jurídica del administrador municipal en Oaxaca, en muchos aspectos es idéntica al rocambolesco personaje de Damián Alcázar en la película La Ley de Herodes, llamado Juan Vargas. Éste, que es una autoridad municipal designada directamente desde la Secretaría de Gobierno, en los tiempos del presidente Miguel Alemán, tiene como característica el gobierno sin ley: Vargas no tiene recursos, pero desde el mismo gobierno le recomiendan “aplicar la ley” a todos los habitantes de la comunidad, para hacerse de dinero. Lo hace, pero de forma exagerada, a grado tal de que —en su visión desbocada— modifica todas las normas y gobierna a placer hasta que situaciones inesperadas, propias de una historia de película, lo llevan a cambiar su situación.

¿Por qué es similar el personaje de Vargas a la de los administradores municipales en Oaxaca? Básicamente, porque los administradores actuales carecen de marco jurídico de actuación; son autoridades únicas de un Ayuntamiento (no tienen cabildo); y sus fines son tan inexactos que lo mismo pueden llevar algún tipo de beneficio a la población que gobiernan, que cometer cualquier cantidad de latrocinios, impunemente. Como su actuación no está regida por un marco jurídico concreto, tienen mucha facilidad para ejercer recursos y facultades discrecionalmente, y finalmente no tener tampoco obligación de entregar cuentas de su actuación.

En ese sentido, la LXI Legislatura se dio, al inicio de la administración del gobernador Gabino Cué, la facultad de nombrar a los administradores. Casi al finalizar dicha Legislatura, reformaron el artículo 59 de la Constitución, para establecer que los administradores serían nombrados por el Ejecutivo. Sólo que un par de meses después, en diciembre de 2013, la entonces recién estrenada LXII Legislatura decidió hacer una contrarreforma para regresarse dicha facultad, con todas las implicaciones y cuestionamientos que eso tuvo.

VIOLACIONES CONSTITUCIONALES

Pues más allá de lo cuestionable que resultaba que los diputados reasumieran la facultad, para mantener una fuente de financiamiento a través de los administradores, también hubo resoluciones judiciales que reprobaban dicha facultad, a partir de que esa era una reforma que incidía profundamente en la vida y organización social y política de las comunidades indígenas de Oaxaca, sin que el Congreso los hubiere consultado antes de llevar a cabo dicha modificación constitucional.

Concretamente, un juez federal estableció (En el juicio de amparo número 183/2014, promovido por CEPIADET a través de una persona indígena zapoteca de Santa María Atzompa) que la reforma a la fracción XIII del artículo 59 de la Constitución del Estado, confrontada con el principio de autodeterminación de los pueblos indígenas, resulta contraria al texto constitucional y a las normas convencionales analizadas pues, en caso de que se actualice el supuesto normativo enunciado, será el Congreso quien designará a un administrador municipal, sin consultar previamente a la comunidad o pueblo, lo que indudablemente vulnera su sistema normativo interno o el régimen de usos y costumbres reconocido para los pueblos indígenas.

Incluso señala que el Congreso fue omiso hasta en el hecho de explicar las razones y fundamentos de esta decisión legislativa, pues sostiene que en la exposición de motivos de once de diciembre de dos mil trece, los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura, justificaron la reforma que constituye el acto reclamado basándose en los principios de la división de poderes, el régimen democrático del Estado de Oaxaca y de acuerdo a las atribuciones que les confiere el artículo 59, fracción XIII de la Constitución local para nombrar a los integrantes de los Consejos Municipales, lo que hicieron inexplicada (e inexplicablemente) extensivo a la designación de los administradores municipales.

Incluso, hoy que esta facultad regresó al Ejecutivo, tendrá que enfrentarse con un nuevo criterio establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que señala que los administradores municipales, además de ser miembros originarios de las comunidades en las que se les designa, deben estar totalmente desvinculados, y no tener conflicto de interés con las demás autoridades.

GOBIERNO RESPONSABLE

Evidentemente, la bancada saliente del PRI le regresó esta facultad al Ejecutivo como una forma de demostrar “lealtad” y brindarle herramientas político-jurídicas —que con toda mezquindad negó y administró durante los últimos seis años— al gobierno entrante para una mejor concertación de los conflictos sociales existentes en las comunidades. Lo que sería una paradoja es que alguno de los que hoy son diputados, terminara en la Secretaría General de Gobierno —desde donde se operará materialmente dicha facultad— pervirtiendo para su conveniencia, como lo hizo en estos últimos tres años, esa figura. Eso sí sería patético.

+ Radicales buscan devolverle al pueblo lo que, según, les fue arrebatado

El populismo del que tanto nos sorprendemos por los desplantes del candidato republicano, Donald Trump, ha hecho tanta mella entre los norteamericanos, como también lo ha hecho en México y en todas las naciones de América Latina que, en el hartazgo, terminaron dominadas por la demagogia. A la distancia parece que el fenómeno es más o menos el mismo: el fracaso de la moderación abre el camino a las expresiones radicales. Y por eso, al otro lado de la frontera norte tienen a Trump, pero aquí tenemos también nuestras versiones particulares.

En efecto, hace pocos días Trump fue ungido como candidato del Partido Republicano al gobierno de los Estados Unidos, y eso ocurrió en medio de una enorme crispación por los planteamientos lanzados por el empresario: según su visión, a los Estados Unidos debe regresar el gobierno de la mano dura contra las amenazas no sólo exteriores, sino de las minorías; se debe proteger el establishment que, según su visión, rompieron sectores poblacionales como los afroamericanos, los latinos y, particularmente, los mexicanos al demandar del Estado norteamericano derechos sociales y protección que no les corresponde porque no tienen la calidad de ciudadanos. Trump impulsa una fuerte visión proteccionista que en gran medida busca regresar al pasado.

No sólo México, sino el mundo, están sorprendidos por el fenómeno Trump porque éste representa no sólo valores retrógradas que comienzan por el desprecio a las minorías raciales y sociales (los afroamericanos, los latinos, los homosexuales, las mujeres, etcétera) pero que alcanzan su verdadera dimensión al plantear su visión de país. Esa sorpresa tiene como fondo el hecho de que hasta ahora Estados Unidos ha sido uno de los polos de la vanguardia social, y ha impulsado fuertemente valores de inclusión, tanto que por eso ya ocurrió lo impensable en otros tiempos: que hubiera un presidente de ascendencia afroamericana.

¿Dónde radica el éxito de Trump? En que, en gran medida, le está diciendo lo que la gente quiere escuchar. No a todos los sectores de la población, pero sí al más importante: al estadounidense promedio que trabajó, que se siente merecedor de los derechos de protección que le debe otorgar el Estado, y que se siente también amenazado y despojado por esas minorías que hoy también exigen protección social y que han provocado una disminución en la calidad de vida de ese sector mayoritario, al que podría ubicarse como el de “los blancos”.

Aunado a eso, hoy Estados Unidos vive las consecuencias de sus catástrofes económicas, en gran medida generadas por los gobiernos moderados que han intentado componer las cosas sin despojar a nadie, sino más bien generando un nuevo reparto. Por eso ese discurso golpeador busca regresar al pasado. Y por eso hay mucha gente que aunque públicamente no manifiesta su apoyo a Trump, en realidad sí estaría dispuesta a votar por él. Esta es una especie de voto de hartazgo y de enojo que, en gran medida, es similar al que permea hoy en países como el nuestro.

NUESTRO POPULISMO

Al final, políticos como Andrés Manuel López Obrador, en su propia circunstancia, también capitaliza políticamente el hartazgo de las personas. Hasta ahora, en México los gobiernos del PRI, PAN y de nuevo el PRI, han generado la situación actual: millones de pobres, un Estado en permanente crisis, la seguridad en vilo, y una incapacidad sobrada para entender, desde el Estado, cuáles son los problemas que la ciudadanía quisiera ver resueltos.

Aquí, nuestra propia versión del populismo se ha dedicado a reprochar todos esos fracasos, y ha buscado también aprovechar el desánimo de la ciudadanía sobre esos gobiernos (que, evidentemente no han logrado el cometido de bienestar que, según, se propusieron desde el inicio) que no generaron las respuestas suficientes; aunque en realidad lo hacen con un grado alto de incertidumbre respecto a si ellos habrían podido cambiar la situación si hubieran llegado al poder.

En el fondo esta situación lo que busca es capitalizar el fracaso sin generar de verdad una expectativa de una respuesta mejor a los fracasos vistos. En América Latina eso es lo que le abrió la puerta a gobiernos como el de Lula en Brasil, Chávez en Venezuela, Morales en Bolivia y varios otros que tienen un corte muy similar y que llegaron al poder no porque tuvieran una verdadera respuesta a sus problemas nacionales, sino simplemente porque le llegaron correctamente al discurso que la gente podría escuchar.

Al final, lo que parece es que Estados Unidos se está alineando a lo mismo que aquí vivimos desde hace tiempo: una realidad muy adversa, que no es totalmente responsabilidad del Estado, pero de la que sí paga el costo el gobernante en turno. Por eso, en su condición, el populismo en Estados Unidos habla de volver a segregar a las minorías, y en los países latinos habla de hacerle justicia a los pobres. Dos caras de una misma moneda.

OTRO GOLPE

El alza a los combustibles anunciado ayer por el gobierno federal es otra demostración de la compleja realidad, a la que debemos acostumbrarnos partiendo de una premisa: la renta petrolera se acabó, no existe y no volverá en mucho tiempo. Por eso los mexicanos tenemos que enfrentar situaciones como ésta. Preparémonos, además, para que en el mediano plazo se vuelva a plantear el establecimiento de IVA a alimentos y medicinas, y otras medidas que fracasaron en el pasado pero que no murieron. Es sólo cuestión de tiempo.

+ Gobierno federal no puede pactar; la clave está en el Congreso

Como si fuera una victoria total, ayer el Comité Ejecutivo de la Sección 22 en Oaxaca anunció que uno de los acuerdos con el gobierno federal es el establecimiento de una ruta, con el Congreso, para la abrogación de la reforma educativa; otro de los acuerdos anunciados es la liberación de “presos políticos” y la recontratación de todos los profesores cesados. Hemos visto cómo, para mostrar voluntad, el gobierno federal ha ido liberando a integrantes de la dirigencia magisterial detenidos en los últimos meses. ¿Pero qué alcances tienen en realidad esos dos acuerdos considerados por la 22 como relevantes para la distensión del conflicto de Oaxaca?

En efecto, ayer la Coordinadora anunció que Gobernación ofreció a la disidencia magisterial realizar los enlaces necesarios con el Poder Legislativo para la abrogación de la reforma educativa, punto central de sus movilizaciones en Oaxaca y otros estados donde tienen presencia. En un comunicado, la Comisión Política de la Sección 22 del SNTE informó los avances de la mesa de negociación con Segob en el que explican 7 puntos, en el que sobresale la devolución de las cuotas sindicales, canceladas por presuntos actos de corrupción de sus miembros.

La Sección 22 señaló que entre los avances se encuentra reinstalar a los maestros cesados y la liberación de los “presos políticos” en el tiempo acordado. Informó que sigue sobre la mesa de negociación el pago de los salarios retenidos a los maestros. En cuanto al tema de la construcción del proyecto educativo, se ha propuesto iniciar una serie de foros a partir del día 3 de agosto y se mantiene el rechazo al nuevo modelo educativo, y también anunció que a partir de mañana iniciará el proceso de reparación a los afectados por el enfrentamiento de Nochixtlán, el pasado 19 de junio.

De todo esto, resalta en primer término el acuerdo de la abrogación de la reforma educativa. ¿Qué les prometió el gobierno? Hacer los enlaces necesarios para que la Coordinadora dialogue con los diputados y senadores del Congreso de la Unión, lo recurrente a la reforma educativa. ¿Qué puede esperarse? Que, figuradamente, el gobierno federal lleve de la mano a los integrantes de la Coordinadora para que les expongan sus argumentos a los legisladores, y éstos decidan —a partir de la idea de soberanía, y del derecho a legislar (y no legislar) que les otorga la Constitución— si es posible que inicien un nuevo proceso legislativo ahora encaminado a sacar del orden jurídico federal las normas relacionadas con la reforma educativa.

¿ABROGAR Y LIBERAR PRESOS?

Idealmente, esto resulta posible. Pero es muy peregrina la idea de que el gobierno federal lleve de la mano a la Coordinadora con los diputados, y después les “ordene” a éstos últimos que abroguen la reforma educativa. Finalmente, el gobierno federal asumirá, por un lado, la autonomía y la soberanía que tienen los integrantes del Congreso para tomar sus decisiones; y por el otro, también permitirá que la Coordinadora encuentre a sus propios aliados y detractores dentro del Congreso.

Esto último no es menor. Porque desde hace años, la Coordinadora se la ha pasado llamando al voto de castigo en contra de partidos como el PRI, PAN, Verde y últimamente hasta del PRD. Su único aliado posible sería Morena, con la salvedad de que Morena tiene una bancada —en la cámara baja— de sólo 36 diputados (de un total de 500), y que en el Senado no tiene bancada; y con la otra cuestión aún mayor, de que el propio líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se ha pronunciado expresamente por la revisión de la reforma, pero no por su abrogación.

¿Qué le queda a la Coordinadora? Muy seguramente —y aún con toda la voluntad política del gobierno federal por ayudarlos a la abrogación de la reforma— ver cómo en el Congreso se frustra su intención abrogadora, porque los grupos parlamentarios le cobrarán las afrentas y el descrédito que les ha prodigado por décadas el magisterio disidente.

Ahora bien, ¿cómo liberarían a los “presos políticos” —incluyendo a los profesores acusados del secuestro de los niños Álvarez—? Habría que entender que la imposición de penas es propia del Poder Judicial —algo que no está en las manos del Presidente—; y que aún estándolo, la Constitución le otorga a las víctimas el derecho de objetar un posible desistimiento de la acción penal, si es que por esa vía el gobierno federal quisiera liberar a los presos del magisterio.

¿Por qué son importantes estos preceptos? Porque, por un lado, es evidente que la facultad de modificar o extinguir una pena resultante de un proceso judicial, no se encuentra en potestad del Poder Ejecutivo, salvo por el indulto que tiene derecho a otorgar el Presidente de la República según lo que dispone la fracción XIV del artículo 89 constitucional, a través de un proceso que también debe estar normado por la ley y que por ende no es gracia discrecional del Titular del Ejecutivo.

IMPUNIDAD

¿Qué tendría que hacer entonces el gobierno federal para liberar a los presos políticos de la Sección 22? Tendría que, a través de la PGR, desistirse de la acción penal. El problema es que intentar esa vía tampoco es una cuestión discrecional, ya que en la contraparte de ese derecho del Ministerio Público se encuentra también el derecho de las víctimas u ofendidos dentro de los procesos que se siguen a las personas que serían liberadas, a impugnar esas resoluciones y someter al escrutinio del Poder Judicial las decisiones tomadas en este caso por la PGR. Algo por demás complejo. Así que esta historia sigue con muchos capítulos por delante.