+ Gobierno y Expertos buscaban utilizarse; y la verdad, relegada

Aunque estruendosa, a nadie debería sorprender el retiro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pues así como ellos se fueron denunciando el grosero intento del gobierno federal por utilizarlos para legitimar sus investigaciones, a estas alturas también queda claro que su participación en la investigación siempre tuvo un ánimo opositor, y no colaborativo, con la investigación. En esa circunstancia, es claro que como ambos intentaron utilizarse, lo más sano era pactar el retiro en las condiciones que ocurrieron… Salvo por el hecho de que el destino de los normalistas —lo más importante de todo— sigue siendo una incógnita.

En efecto, el domingo el GIEI entregó su informe final, en el que más que resultados y sugerencias a la investigación, lo que hubo fue un claro intento por seguir desvirtuando los resultados —parciales— de la investigación realizada hasta ahora por la Procuraduría General de la República. Insistieron, por ejemplo, en que se continúe la línea de investigación del llamado “quinto autobús”, o que se esclareciera por qué el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, estuvo en el sitio donde se encontraron restos óseos de los normalistas, un día antes de la fecha en que se consigna la primera diligencia en ese sitio, dentro del expediente ministerial.

Ese fue, de hecho, el último intento que parece haber hecho el GIEI para abonar al descrédito de la investigación. En ese marco, pareciera que sus conclusiones y sus recomendaciones a la investigación, no eran tan relevantes como el hecho de demostrar que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está llevando a cabo una investigación deficiente, y que por tanto había que evidenciarla, descalificarla y, en general, exhibir al gobierno mexicano como encubridor de los verdaderos asesinos de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Lo interesante —y grave— en este asunto, es que hay una contra cara muy evidente: meses después de ocurrida la detención-desaparición de los normalistas a manos de elementos de la Policía Municipal de Iguala y Cocula, en Guerrero, el gobierno federal sabía que a priori su investigación estaba descalificada, y que por eso estaba en la necesidad de buscar el apoyo de expertos internacionales que legitimaran su investigación.

Fue por eso que invitó, tanto al GIEI como al grupo de expertos argentinos en anatomía forense —que han sido reconocidos por haber llevado a cabo las investigaciones sobre los desaparecidos durante la dictadura militar en los años setentas y ochentas, en aquel país. En la credibilidad y el trabajo de ambos grupos, el gobierno federal pretendía soportar sus propias investigaciones para lograr que la sociedad mexicana le diera crédito a los resultados de sus indagatorias.

Lo que nunca se dijeron abiertamente —porque ambas fueron siempre intenciones aviesas— era que ambos buscaban otros objetivos, políticos, diversos de los estrictamente pactados en el convenio de colaboración que signaron para su participación en las indagatorias.

PRESIONES INTERNACIONALES

No es extraño, por ejemplo, que el gobierno de los Estados Unidos haya presionado tanto al gobierno mexicano para la aceptación de una jurisdicción internacional para investigar y sancionar ciertas prácticas. En otros momentos apuntamos en este espacio que, por ejemplo, había una presión internacional fuerte sobre el gobierno de México para que aceptara la conformación de una comisión investigadora de la ONU, coadyuvante del Ministerio Público y con autonomía para el ejercicio de la acción penal —similar a la que funciona en Guatemala— para indagar asuntos de corrupción. El tamaño de esa presión, y de la resistencia del gobierno mexicano, puede verse en el hecho de que en Guatemala, esa comisión anticorrupción de la ONU, fue la que llevó a prisión al presidente Otto Pérez Molina.

Por esa misma razón, parece poco exacto creer que en realidad el malo de la película —para el gobierno federal— en este asunto es el secretario General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza. Quien quiso ver en él al supuesto artífice del empecinamiento del GIEI por oponerse a los resultados de la investigación del gobierno mexicano, en realidad le estaba dando una dimensión mucho mayor a lo que no deja de ser un chisme: que Álvarez Icaza es un conservador radical, que se fue de México enojado con el gobierno del presidente Peña Nieto, por haberle cerrado el camino en sus intenciones de ser presidente de la CNDH.

¿En dónde está el verdadero fondo? En el enojo del gobierno de Estados Unidos con el mexicano por su profunda incapacidad para combatir la corrupción y la impunidad. Esa molestia ya estaba antes de que ocurrieran las desapariciones de los normalistas de Ayotzinapa, y por eso ha sido insistente en la necesidad de que ocurra una intervención internacional a ciertas áreas del gobierno —procuración de justicia, combate a la corrupción, abatimiento de la impunidad, violaciones a derechos humanos, por ejemplo— para abatir la inercia que hasta ahora persiste en esos temas.

¿Y LOS DESAPARECIDOS?

Por eso, si al final el gobierno pretendía utilizar al GIEI para sus intereses particulares —legitimar su investigación—, el GIEI venía buscando presionar al gobierno y no necesariamente coadyuvar con la investigación. Lo único que sigue pendiente —nada menos— es saber qué pasó con los normalistas.

+ TEE: su decisión marca pauta de respeto a lo que diga la ciudadanía

Este sábado, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) resolvió que son legales las candidaturas de los tres principales contendientes a la gubernatura del estado. Esta decisión —salomónica para algunos, pero también necesaria para la democracia— establece un parámetro en el que ahora todos los abanderados de los partidos deben dedicarse a conquistar el voto de la ciudadanía. En el fondo, el mensaje es que los partidos y sus candidatos no deben seguir apostando a que ganar en los tribunales lo que no quieran —o puedan— conseguir de cara a la ciudadanía.

En efecto, el sábado el TEEO resolvió sendos recursos de apelación sobre el registro de los candidatos. En el caso del candidato de la coalición PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, el TEEO determinó que Alejandro Murat cumple con los requisitos de elegibilidad previstos la Constitución Política Federal y Local, así como con los requisitos previstos en el artículo 156, del CIPPEEO.

De acuerdo con información de Quadratin, en el caso del candidato por el PT, Ángel Benjamín Robles Montoya, los magistrados del TEEO declararon infundados los agravios al estimar que Robles Montoya no participó de manera simultánea en los procesos de selección de candidatos del PRD y PT. Lo anterior, debido a que ambos partidos firmaron un convenio para ir en coalición en la elección de Gobernador del Estado y el PT sólo emitió una convocatoria sin que llevara a cabo actos materiales de un proceso de selección interna de candidatos, ya que la selección del candidato a Gobernador del Estado se le delegó al PRD.

Por su parte, en el caso del candidato de la coalición “Con Rumbo y Estabilidad por Oaxaca”, José Antonio Estefan Garfías, el TEEO declaró infundados los agravios respecto a que utilizó recursos públicos en la precampaña y rebasó el tope de gastos. Específicamente, en relación a los actos anticipados de precampaña, el TEEO estableció que éste ya había sido sancionado; y por lo que respecta a la utilización de recursos públicos dicha conducta no le fue acreditada a su persona, toda vez que en las constancias, se advierte que en los Procedimientos Especiales Sancionadores respectivos, se determinó que los infractores de la normativa electoral fueron los ediles de Soledad Etla, Pinotepa Nacional, y Trinidad de Zaachila.

Así, lo que técnicamente hizo el Tribunal Electoral fue una especie de restablecimiento de las condiciones de igualdad en la que deben terminar de desahogarse las campañas, sin la limitación del cuestionamiento sobre la legitimidad de las respectivas candidaturas. Pues se supone que toda campaña —ésta no es la excepción— arranca con el impulso de las decisiones que toman los partidos al postular a sus candidatos, pero se resuelven con la decisión de la ciudadanía al elegir a uno de ellos para que ocupen las responsabilidades del Estado. En Oaxaca había un intento por tirar a los candidatos señalando vicios de origen, aunque evidentemente eso no era ni útil ni conveniente para la tímida democracia de nuestra entidad.

URNAS O TRIBUNALES

En la víspera del arranque de las campañas electorales, apuntábamos algo que vale la pena retomar. Es muy grave —señalábamos en nuestra entrega del 18 de marzo— que, de entrada, el ánimo de al menos dos de los tres aspirantes principales a la gubernatura sea el de descalificar a sus adversarios incluso antes de que inicien los trabajos de promoción del voto. Aunque pudieran existir causales aparentemente acreditadas para acudir a los tribunales, es clara la forma en que se revela un interés voraz ya no por ganar el voto ciudadano, sino por descalificar al adversario antes incluso de que comience la medición electoral, primero en las campañas, y luego en las urnas.

En el fondo, decíamos en esa ocasión, todos los candidatos enfrentan diversas situaciones comunes, que se resumen en el hecho de que como todos tienen cuestionamientos de fondo, todos pueden ser impugnados ante los tribunales. Y la defensa de uno, puede ser exactamente igual a la de sus pares. Así, si se exonera a uno implícitamente se hace eso mismo con todos, y ante el castigo, cualquiera de ellos podría utilizar exactamente el mismo argumento o defensa que el que pudiera usar cualquiera de sus adversarios. Por esa razón, la elección debe resolverse en las urnas y no en los tribunales, como tempranamente intentan hacerlo —en contra de sí mismos— algunos de los participantes en este proceso electoral.

Frente a todo esto, queda claro que la decisión tomada por el TEEO respecto a las tres principales candidaturas al gobierno de Oaxaca, pasa por la legalidad de las postulaciones de los partidos, pero también parece ser una decisión en la que influyó la racionalidad para considerar que, una vez salvados los parámetros legales fundamentales, todos deben hacerse a un lado de las ruidosas estrategias de descalificación previa, para ofrecerle a la ciudadanía las propuestas de gobierno en las que, lamentablemente, sigue habiendo un muy marcado ayuno de ideas.

ELECCIÓN UNIVERSITARIA

Esta semana será decisiva para el rumbo político de la UABJO: al finalizar la semana habrá formalmente candidatos, y entonces todo se cerrará a la disputa entre Eduardo Bautista, candidato de los Martínez, y Silviano Cabrera, que parece haber logrado capitalizar el agotamiento del abrahamismo. Ya lo veremos.