+ Por mezquindad, buscan a la derecha ¿o querrán aislarse?

El futuro de las fuerzas de izquierda en Oaxaca únicamente les pintaría bien si lograran conformar algún tipo de alianza. Hoy, ese sector de la política partidista se encuentra pulverizado y pareciera que hasta confrontado. En la medida que no logren ponerse a salvo de sus propias diferencias, y opten por la aglutinación, lo único que tendrán es el avasallamiento priista que, según parece, viene con todo a la reinstauración de algunas prácticas que se creerían desterradas.

En efecto, los dos primeros años de gobierno de Alejandro Murat Hinojosa serán determinantes para los años siguientes de la oposición. De todo esto, en el Congreso del Estado deberían generarse los contrapesos necesarios para que el juego democrático no vuelva a ser un caos —como ahora—, pero para que tampoco vuelva a ser el gobierno de uno, como en el pasado priista. Quienes tienen en las manos esa posibilidad son las fuerzas de izquierda, que hoy más que nunca deberían —en el ideal— dejar de lado sus mezquindades y aglutinarse para hacerle contrapeso al poder priista.

¿De qué hablamos? De que es casi un hecho que la LXIII Legislatura quedará integrada de la forma siguiente: el PRI tendrá 17 diputados; Movimiento de Regeneración Nacional tendrá nueve diputados; el PRD tendrá ocho legisladores; el PAN, 4, el Partido del Trabajo, tres, y Unidad Popular, uno. ¿Qué significa esto? Que, linealmente, el PRI tendrá la mayoría, pero con pocas posibilidades de construir en el corto y mediano plazo, si no teje una alianza sólida por lo menos con una de las fuerzas de izquierda, particularmente con el PRD o con Morena. En ambos casos, quedaría a muy pocos votos de la cifra mágica de 27, para lograr reformas a la Constitución.

Ese escenario es el menos complicado porque el PRI será también el gobierno y, dados los antecedentes, no sería raro que trabaran alianzas fácticas o con el PRD o con Morena a cambio del cogobierno (al respecto, hablamos ampliamente en nuestra entrega del 6 de septiembre: “¿Estará preparado el nuevo régimen para cogobernar con Morena?”) o de permitirles el acceso a recursos económicos o concesiones políticas, con tal de lograr la holgura requerida para la toma de decisiones en la relación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. Así pues, la relación de la connivencia parecería más simple de concretar, que la de una posible alianza entre las izquierdas.

Sí, porque de hecho existe la posibilidad —hasta ahora es una intención, aunque no descartable— de que antes de que termine la LXII Legislatura, que se encuentra bajo la hegemonía total no del PRI sino Alejandro Avilés, impulse la reinstauración de la figura de la Gran Comisión como órgano supremo de gobierno del Congreso del Estado. Razones hay de sobra: en la Legislatura siguiente el PRI tendrá una mayoría simple, pero a todas luces insuficiente para generar cualquier síntoma de gobernabilidad —o cuando menos estabilidad— en su relación con el Ejecutivo.

Además, si el PRI preside la Junta de Coordinación Política el primer año de la LXIII Legislatura, tendría que entregarle la presidencia de la Mesa Directiva a Morena, que sería quien le tomaría la protesta a Murat Hinojosa como gobernador del Estado. Este un escenario incierto, y sin mucha capacidad de negociación. Asimismo, Avilés ha fustigado lo suficiente a las demás fuerzas políticas como para dinamitar cualquier posible alianza que le permitiera tomar el control de los órganos de dirección en la Legislatura siguiente. Por eso la posibilidad de reinstaurar la Gran Comisión, y volver a los tiempos de la hegemonía priista.

JUNTAR A LAS IZQUIERDAS

No es buen signo que, en ese marco, el comisionado nacional del PT, Benjamín Robles Montoya esté anunciando que busca la posibilidad de una alianza con el PAN en la Legislatura siguiente. El movimiento sería simple: al tener el PAN más diputados que el PT (cuatro contra tres) entonces lo natural sería trasladar a uno, o todos sus legisladores, al panismo, para conformar una bancada.

Eso sería todo menos un movimiento simple: en sus condiciones actuales, la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que para conformar una bancada, todos sus integrantes deben ser de la misma filiación partidista. Así pues, Robles estaría buscando dejar sin representación a su propio partido, o disminuirla al máximo, con tal de no dialogar con las otras izquierdas y con tal de seguir en su lógica de dinamitar las representaciones progresistas para aliarse con el panismo, que tiene una ideología política opuesta a las de los partidos de izquierda.

¿Qué debiera ser lo natural? Que cuanto antes, el PRD buscara la posibilidad de conformar una agenda política común con Morena y con el PT para ser un contrapeso real al poder y la hegemonía que intenta reinstaurar el priismo. El asunto es de la mayor trascendencia porque no sólo se trata de los intereses pragmáticos o electorales en el corto plazo, sino de la conformación de un contrapeso efectivo a ese poder que intenta restaurarse en la fuerza y la dominancia que tuvo en otros tiempos.

LOS POLOS SE UNEN

¿Por qué tanto interés en pagar por adelantado lo relativo a la construcción y administración de Ciudad Administrativa? ¿Dónde quedaron aquellas promesas de transparentar el cochinero financiero —del que dimos cuenta ampliamente en este espacio, desde los tiempos de Ulises Ruiz— que implicó la construcción de esos complejos administrativos? ¿De veras es tal el ahorro? ¿O de ese tamaño fue el “arreglo”?

+ PRD, PT y Morena, se dicen fuertes pero reflejan debilidad

Es importante registrar los primeros movimientos de las fuerzas de izquierda de cara a la transición de poderes en la entidad. Aunque hay signos de sus intenciones, no ha quedado claro quién de ellos podrá asumir el liderazgo de la oposición en Oaxaca. No se trata sólo de querer sino, sobre todo, de poder político y de que quien lo logre, traiga a su favor los números y el respaldo político para conseguirlo. El signo distintivo es que hasta hoy ni el PRD, ni el PT, e incluso tampoco Morena, parecen tener lo suficiente para asumir ese liderazgo.

En efecto, faltan escasas seis semanas para que culmine la Legislatura actual, y asuman los nuevos diputados. Es un hecho que las dos bancadas principales serán la del PRI y la del Movimiento de Regeneración Nacional. Lo que hasta ahora sigue siendo una incógnita es qué pasará no con las bancadas sino con el liderazgo opositor, y de la izquierda. Hasta el momento no existen coordenadas específicas de ello. Por esa razón es importante registrar los movimientos que realicen las fuerzas de izquierda, y las intenciones que externen —y que denoten— de cara a la LXIII Legislatura y al gobierno de Alejandro Murat Hinojosa.

En ese sentido, vale la pena revisar los movimientos que hasta ahora están realizando en cada una de las izquierdas para ver, no lo que quieren, sino lo que pueden hacer. En el caso del PRD existe una lucha feroz, aunque hasta ahora poco registrada, por el relevo en la dirigencia estatal. En los documentos, Carol Antonio Altamirano sigue siendo el dirigente, aunque es evidente que ya sin ningún tipo de peso al interior del partido. Más bien, el futuro del perredismo se lo están disputando los grupos orgánicos perredistas contra el grupo del malogrado candidato perredista a la gubernatura, José Antonio Estefan Garfias, que pretende adueñarse de esa plataforma partidista como una tabla de flotación de lo que quede del grupo gobernante saliente.

En esa disputa, es importante registrar que a partir del 1 de diciembre tendrán que convivir no sólo ellos, sino también la operación política que seguramente intentará hacer el PRI para desarticular los esfuerzos de los grupos perredistas. ¿De qué hablamos? De que a nadie más que al nuevo grupo gobernante, le conviene que Estefan no se quede con el liderazgo del PRD. Permitirlo será tanto como legitimarlo como el heredero de la izquierda y del grupo perdedor en la contienda de junio pasado. Por esa razón, además de los esfuerzos que hagan los propios grupos al interior del PRD, también habrá que ver qué movimientos inducen desde el gobierno a partir de diciembre, para atajar las intenciones del ex Candidato a la Gubernatura.

Todos esos, son movimientos naturales que, finalmente, en donde impactarán será en la posibilidad de ser o no un verdadero liderazgo de la izquierda. Y, en eso, puede haber una victoria parcial al impedir que arribe a la dirigencia del PRD el grupo de Estefan —que además vendría impulsado por el panismo diodorista de Puebla, con otras intenciones—. Pero de no ser Estefan el próximo líder perredista, no habría una sola figura de altura para erigirse en el liderazgo opositor que naturalmente necesita Oaxaca.

LAS OTRAS IZQUIERDAS

Ayer, en conferencia de prensa, el senador Benjamín Robles Montoya hizo pública su intención de asumir el liderazgo de la izquierda. Dijo, por ejemplo, que “vamos a ser la única y verdadera oposición en Oaxaca que va a defender la causa del pueblo”,  no descartó la posibilidad de crear alianzas con la finalidad de no permitir “que el PRI apruebe leyes a conveniencia”.

En este sentido dijo que ya mantiene pláticas con otros dirigentes como la del PAN, entre otros institutos políticos, y dijo que estas acciones se suman a la que van a realizar con el proceso de entrega recepción, donde serán vigilantes que se cumpla con apego a la ley y transparencia y, en resumen, anunció que serán “una gran oposición” para Alejandro Murat y el PRI en la próxima Legislatura.

La única forma que tiene el senador Robles Montoya de cumplir con ese cometido será a través de su ariete en la LXIII Legislatura, Jesús Romero López, que será el diputado que encabece la representación del Partido del Trabajo. En esa lógica, la pregunta de fondo no radica en si Romero López podrá o no asumir alguna forma de liderazgo petista o de toda la izquierda en la entidad —de hecho, es de los que más experiencia política tiene de entre todas las izquierdas—, sino en si el mismo Robles Montoya estará dispuesto a seguirse ofreciendo como un kamikaze político dispuesto siempre a golpear, pero sin tener establecido un derrotero concreto, máxime cuando él es uno de los coprotagonistas de la pulverización de la izquierda como identidad política en Oaxaca.

¿Y QUÉ QUEDA DE MORENA?

Tienen una bancada importante pero en medio de un ayuno casi famélico de liderazgos políticos. Ninguno de sus cuadros políticos goza de referencia alguna en el radar político estatal. En el fondo, parece que su misma gloria es también su infierno: el liderazgo avasallador de Andrés Manuel López Obrador es el que hizo ganar al partido al margen de los candidatos. Eso llevará a muchos noveles políticos al Congreso local. Tan profunda es su carencia de cuadros, que en Oaxaca se reducen a dos, que no tienen responsabilidades concretas dentro de Morena: Salomón Jara y Flavio Sosa. Eso los deja en un claro titubeo a la hora de responder si alguno de sus diputados tendrá la posibilidad de asumir el liderazgo de la izquierda. Por eso, a pesar de todas las izquierdas son previsibles pocos, o nulos, liderazgos.

+ Oposición sistemática y gobierno cerrado, las constantes del caso

Hoy se cumplen dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y si hubiera que hallar las coordenadas constantes del caso éstas serían cuando menos tres: la primera, que la verdad sigue desaparecida junto con los normalistas; segunda, que lejos de abrir la investigación, el gobierno federal ha actuado como cómplice de los autores de esos crímenes; y tercera, que a la expansión de las interrogantes ha contribuido sobremanera la oposición sistemática de quienes paradójicamente exigen que se investigue y se conozca la verdad de los hechos.

En efecto, el 26 de septiembre de 2014 ocurrió la detención-desaparición de un grupo de 43 normalistas de Ayotzinapa, que había llegado hasta la ciudad de Iguala, en Guerrero, para realizar acciones de protesta. El alcalde de la población, José Luis Abarca Velásquez, ordenó a sus agentes de la Policía Municipal detener a los normalistas para que no sabotearan el acto del informe de actividades que ese mismo día rendía su esposa como presidenta del DIF Municipal. Los normalistas fueron atacados a balazos por los agentes municipales, luego fueron aprehendidos y entregados a un grupo criminal, que presuntamente los privó de la vida, quemó sus cadáveres y los esparció en un río de la zona de Cocula, en Guerrero.

Frente a esto, el gobierno federal ha actuado no como el primer interesado en el esclarecimiento de los hechos sino, en buena medida, como un cómplice. Aunque la mecánica lineal de los principales hechos ya se conoce —básicamente, lo que fue reseñado en el párrafo anterior— aún existen muchas interrogantes respecto a la posible participación de la Policía Federal, de integrantes del Ejército Mexicano; de la inacción de la PGR, que a pesar de tener denuncias sobre las posibles relaciones criminales de Abarca y su familia, nunca investigó; y de las complicidades que permitieron que esa familia fuera al mismo tiempo autoridad y controladora del crimen organizado en la región.

Esa es la razón por la que hoy la parte oficial de la investigación sigue siendo tan cuestionada. Inicialmente, al Presidente de la República se le recriminó no porque su gobierno tuviera responsabilidad directa en los hechos sino más bien porque pasó 10 largos días sin mencionar el tema —como si la desaparición sistemática de 43 estudiantes, fueran o no normalistas, a manos de la criminalidad, no fuera un asunto relevante— y porque cuando lo hizo, fue sólo para aislarlo como si eso fuera competencia sólo del gobierno estatal de Guerrero.

Hoy los cuestionamientos hacia el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto son otros: la PGR, que atrajo la investigación, ha contribuido sobremanera en la pérdida de credibilidad no ante los padres de los desaparecidos y los grupos de defensa de los derechos humanos que los asesoran, sino ante la ciudadanía en general. La investigación ha tomado cauces que abren las interrogantes de las que resuelven; y pareciera que el gobierno federal está decidido a que la investigación trascienda al sexenio —como pasa siempre en México— y se convierta en un problema para la próxima administración.

Nadie de ellos registra que la desaparición de los normalistas constituye un crimen de lesa humanidad, por la que tarde o temprano el Estado mexicano —no sólo el gobierno federal, o los estatales, sino todo el ente soberano que entendemos como Estado— tendrá que responder ante tribunales internacionales por la desaparición de los normalistas, por la participación y complicidad de agentes del Estado en esos hechos. Dichos agentes, para esos efectos, son los elementos de las policías municipales de Iguala y Cocula que participaron en los hechos.

OPOSICIÓN SISTEMÁTICA

En contraposición a esa postura está la de mucha gente, que lejos de asumir una postura razonable se ha dedicado a ejercer una oposición sistemática, como si eso contribuyera en algo a hallar a los responsables de estos hechos, y castigarlos de la forma en que merecen.

Lejos de posturas explicables, muchos grupos tomaron la bandera de los normalistas para generarle desgaste al gobierno del presidente Peña Nieto y, dos años después, queda claro que lo lograron a un nivel que quizá ni ellos mismos imaginaron. ¿Cuál es el problema? Que con ello ha logrado una ventaja para los grupos políticos que luchan por la presidencia en 2018 y que ven en el descrédito a Peña Nieto su carta de porte a la Presidencia. Pero en realidad con eso han contribuido en nada a las respuestas que muchos sí esperamos sobre lo que realmente ocurrió aquella noche en Iguala.

Al final, resulta muy mezquino pensar que la búsqueda de la verdad es un problema exclusivamente del gobierno, y que lo que la gente debe hacer es sólo exigir y oponerse. El Estado mexicano debe hallar la verdad. Pero los opositores por sistema en realidad no están preocupados por los normalistas desaparecidos sino por ayudar a construir un proyecto político a costa de las banderas de los desaparecidos.

Por eso, a dos años de distancia queda claro que la verdad y los normalistas siguen desaparecidos. Y que así como vamos no hay para cuándo se sepa exactamente quiénes, fueron, cómo ocurrieron los hechos, y hasta qué nivel de responsabilidad estatal hubo en realidad en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa.

¿BONO DE RETIRO?

¿Les espanta la liquidación de Enrique Ochoa Reza de la CFE? Volteen a ver a Oaxaca. Aquí, dicen, quieren cargar con todo antes del 30 de noviembre. Y contra todo pronóstico —porque del partido tricolor nadie ha dicho ni media palabra—, parece que ahí la llevan.

+ Pueden hostigarlos, reconstituirlos o ahogarlos económicamente

Más allá del discurso, hay coordenadas sustantivas que darán la pauta de qué tan comprometido con la rendición de cuentas, y con los equilibrios democráticos, estará el gobierno que asumirá el 1 de diciembre. Los órganos constitucionalmente autónomos constituyen un moderno y creciente contrapeso al poder público, y por eso lo que decida la nueva administración sobre ellos —al margen de sus titulares— será trascendental como señal de compromiso con la democracia.

En efecto, en las últimas semanas se ha incrementado la expectativa sobre qué decidirá el nuevo régimen sobre los órganos constitucionalmente autónomos, a partir de la idea de que como los actuales titulares fueron impuestos por el régimen saliente, el nuevo gobierno buscará la reintegración de esas instituciones —el órgano de transparencia, la Auditoría, la Defensoría de los Derechos Humanos, y la Comisión de Arbitraje Médico, que hábilmente ha procurado ser invisible en los últimos años— con personas afines al nuevo régimen. Esa idea no sólo es superficial sino también equivocada, porque si se supone que los órganos autónomos son contrapesos al poder público, resulta un contrasentido quitar a los “amigos” del régimen saliente, para imponer a los “amigos” del régimen entrante, y volver a minar la credibilidad y la legitimidad que tanto necesitan los gobiernos actualmente.

Más bien, en lo que la sociedad y la opinión pública deberían —deberíamos— estar más interesados es en los signos que lance el nuevo gobierno sobre las atribuciones, el presupuesto y los alcances de esos órganos autónomos para los siguientes años. Esto es mucho más importante que los titulares de los órganos, porque finalmente los limitados alcances que actualmente tienen esas instituciones no derivan de la fortaleza o debilidad de sus titulares, sino de las condiciones en que medio realizan su trabajo. ¿De qué hablamos?

De que, si revisamos uno por uno los órganos autónomos, podremos comprobar que sus limitaciones son estructurales y que el fondo de este asunto no está en quién encabece el órgano sino en qué alcances institucionales pueda tener cada uno de ellos. Por ejemplo, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha tenido un problema de fondo —en gran medida estimulado por su actual titular, Arturo Peimbert Calvo— por el asedio permanente de las organizaciones sociales que se asumen como garantes y únicas titulares y depositarias de los derechos humanos, y han desviado la labor del organismo defensor, a lo que ha contribuido ampliamente el propio Ombudsman que no parece comprometido con sus atribuciones sino con los compromisos con esas organizaciones.

ÓRGANOS DÉBILES

La Defensoría de los Derechos Humanos representa el menos complejo de los problemas que enfrentan los órganos autónomos. Ésta sí es débil en la misma dimensión de la falta de compromiso de su titular. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el Instituto de Acceso a la Información, y con la Auditoría Superior, con los que sí debe haber demostraciones sustantivas de compromiso por parte del nuevo gobierno si es que quiere dotarse de la legitimidad que hoy no tiene el gobierno saliente —y de la que también adolece el régimen federal—, y si quiere demostrar que tiene compromiso verdadero con el combate a la corrupción, con la rendición de cuentas y con el acceso a la información.

La cuestión es simple: ayer el titular del Instituto de Acceso a la Información, Francisco Álvarez Figueroa se lamentaba el regateo de recursos económicos de que ha sido blanco por parte de la Secretaría de Finanzas, que aún le adeuda recursos correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016, por un monto superior a los tres millones de pesos. También reveló que su presupuesto anual ha sufrido recortes y —lo obvio— que esos recursos son claramente insuficientes ante las obligaciones que le impuso a los órganos de acceso a la información la última reforma constitucional y la nueva Ley General de la materia.

Caso similar es el de la Auditoría Superior del Estado, que es el órgano de fiscalización que tiene el mayor número de entes fiscalizables en el país —entre entidades estatales, municipios y órganos autónomos son alrededor de 650 entes sujetos a revisión por parte de la ASE— pero al mismo tiempo es el órgano que tiene el menor presupuesto de entre todas las auditorías estatales, y la federal, en México.

Finalmente, la resistencia de los diputados a asignarle más recursos a la Auditoría —a pesar de que en los últimos seis años el presupuesto del Congreso se duplicó—, y el desinterés del gobierno estatal, han hecho que actualmente —y por un asunto de limitaciones estructurales— la ASE no pueda revisar, en números redondos, más que al 10 por ciento de todos los entes a los que cada año debería realizarles una auditoría, cuando lo correcto sería que anualmente revisara las cuentas de los 570 municipios, de todas las dependencias estatales y de los órganos autónomos estatales.

SIGNOS DE CAMBIO

Por eso, más que pensar en si el nuevo régimen releva, defenestra o sostiene a los titulares de esos órganos, en donde se verán sus verdaderas intenciones será en el tratamiento presupuestal, legal y político que le dé a esas entidades autónomas. Si los mantiene económicamente arrinconados, si no les procura un mejor horizonte como contrapesos del poder, y si continúa con la lógica de la debilidad que los ha caracterizado en los últimos años, es que de fondo nada cambiará. Pronto —en el proyecto de Presupuesto 2017— lo veremos.

+ Mujeres trabajadoras, blanco de ataques misóginos y de intolerancia

A pesar de que el lugar común dice que en Oaxaca todos los actores y grupos de la vida pública luchan por la democracia y los derechos, la realidad apunta en sentido contrario. Hemos sido testigos de ataques reiterados no sólo en contra de la legalidad y la convivencia respetuosa, sino del trabajo legítimo de las personas. En los casos más recientes, además, han sido mujeres el blanco de esos ataques, cometidos demagógicamente en nombre de la democracia.

En efecto, el primero de esos casos es el de nuestra compañera fotorreportera de TIEMPO, Citlalli Cid que el fin de semana fue atacada arteramente por un grupo de profesoras de la Sección 22 del SNTE cuando hacía su trabajo —es decir, tomaba fotografías— sobre el estado que guardaba el plantón magisterial en el Centro Histórico de la capital oaxaqueña. Ese grupo de maestras, intolerantes y arbitrarias, persiguió a nuestra compañera, que se guareció en una tienda de electrodomésticos ubicada en la primera calle de Guerrero, contigua al Palacio de Gobierno, y hasta ahí fue alcanzada por las “profesoras”, quienes la amenazaron, la vejaron y la obligaron a borrar su material de trabajo a la vista de elementos de seguridad pública, que ni por humanidad hicieron algo por proteger a la fotorreportera.

La respuesta de TIEMPO, con el respaldo solidario y necesario de un grupo amplio de medios informativos de la entidad, fue apenas proporcional a la agresión sufrida por nuestra compañera: dichos medios anunciaron su decisión de dejar de dar cobertura a las actividades de la Sección 22 del SNTE.

Y contrario a lo que dolosamente ha intentado argumentar la Sección 22 —que esa decisión atenta contra el derecho a la información de la ciudadanía—, ésta decisión de los medios oaxaqueños no sólo responde a la agresión sufrida por Citlalli Cid (incluso ni siquiera por el hecho de ser mujer, o porque las féminas que la agredieron no respetaron el estado de gravidez en que se encuentra, o porque lo hicieron en la vía pública, a plena luz del día y ante la mirada imperturbable de la autoridad) sino en realidad al hecho de que, mientras no existan garantías mínimas —de la autoridad, y de los mismos grupos de presión en su imperativo de comportarse en un marco mínimo de civilidad— para realizar la labor periodística, no vale la pena arriesgar la integridad física de los trabajadores de la información.

En ese sentido, la Sección 22 se ha mantenido en su actitud de no reconocer lo que ocurrió, y achacar la situación a un malentendido. No asumen con responsabilidad el hecho de que ellos mismos, con sus llamados a la censura y a la persecución de todos —medios informativos, incluidos— que no respaldan incondicionalmente su lucha, contribuyeron a crear esa actitud de intolerancia y de agresión en contra de todos los medios. Y esa actitud ha sido pareja: lo mismo han hecho contra representantes de medios que han tenido coincidencias con ellos, que con quienes han sido críticos con sus acciones y estrategias de lucha.

Por eso, al final esto no se trata de censurarlos o de castigarlos. Simplemente se trata de protegernos como gremio frente a su intolerancia y su vocación violenta.

VIOLENCIA ¿DEMOCRÁTICA?

Una situación más o menos parecida es la que el diputado y sedicente presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Gerardo García Henestroza, ha emprendido en contra de varias empleadas del Poder Legislativo. La agresión más conocida es la que emprendió en contra de la directora de Comunicación Social, Gisela Mónica Ramírez Hurtado para separarla de su cargo a través de maniobras abiertamente ilegales y violentas; y ayer, García Henestroza emprendió acciones similares en contra de la titular del Departamento de Recursos Humanos del Congreso, María de Jesús Mendoza Sánchez.

¿Cuál es la intención de García Henestroza? Según él, asumir plenamente la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Aunque en realidad lo que está haciendo se reduce a dos intenciones: primera, desviar la atención, a través de esos actos violentos, de la enorme crisis financiera que enfrenta el Poder Legislativo para tratar de obtener alguna ganancia del río revuelto; y segundo, demostrar que en el Congreso local no conocen los escrúpulos ni le temen al escrutinio ciudadano, porque ellos mismos se han encargado de denigrar a los órganos encargados de proteger los derechos humanos de las personas.

En el primero de los casos, García Henestroza pretende, a través de la persecución a Ramírez Hurtado —con la complicidad silenciosa de la bancada priista—, desconocer toda la carga financiera que institucionalmente tiene el Congreso con las empresas de medios en Oaxaca. Esas maniobras demuestran tener la intención de disponer de los recursos económicos que quedan, y que son para el pago de proveedores, para fines que no terminan de ser claros.

ARBITRARIO E INDOLENTE

Por eso mismo ayer emprendió el ataque en contra de la dirección de recursos humanos, y es posible que lo haga también con las demás áreas legislativas que cuentan con recursos económicos para el desarrollo de sus funciones. En el caso de Gisela Ramírez, el diputado García Henestroza ha desoído dos oficios consecutivos de medidas cautelares emitidos por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Se aprovecha de la debilidad de la defensoría, y demuestra que no le interesa en lo más mínimo los efectos de opinión que generen las arbitrariedades que está cometiendo. ¿Esa es la civilidad democrática de la que tanto hablan?

+ Improductividad, conspiraciones y traiciones, sello distintivo

La LXII Legislatura terminará en medio del enfrentamiento de la fracción panista, la hegemonía silenciosa de la bancada priista, y la desaparición material de todas las corrientes de izquierda. Al final, esta Legislatura, que tuvo como sello distintivo inicial la pluralidad, termina plegada oficiosamente, y por completo, a los intereses del gobierno electo, pero además olvidando que fue la ciudadanía, y no ellos, quien definió las características políticas de la presente Legislatura, que ellos ya dieron por descontadas.

En efecto, la actual Legislatura es muy singular dentro del proceso de alternancia de partidos en el poder público en Oaxaca, porque en ella hubo la representación de nueve partidos políticos. Otra característica particular fue que a pesar de esa enorme pluralidad de la representación, el modelo de organización interna de la Legislatura llevó a que sólo hubiera tres fracciones parlamentarias, y que los representantes de seis partidos políticos se quedaran sin voz y voto dentro de los órganos de gobierno del Congreso local. No obstante las anteriores, es claro que la característica más particular de esta Legislatura fue la combinación de inmovilidad, conspiraciones y traiciones, que es justamente como está cerrando sus trabajos la LXII Legislatura.

¿De qué hablamos? De que finalmente ni la pluralidad, ni el aparente control que por modelo se supone que ejercerían las bancadas grandes sobre las pequeñas —y sobre los diputados sin fracción parlamentaria—, fueron condiciones relevantes. Más bien, desde el inicio de la LXII Legislatura hubo una disputa permanente por los controles políticos, ya fuera al interior de las facciones políticas —en cada fracción parlamentaria había cuando menos dos grupos enfrentados—, y después trasladado a las disputas por los intereses políticos y económicos de todo el Congreso.

Primero fue la fracción del PRD, que a lo largo de la presente Legislatura ha tenido cuando menos tres coordinadores parlamentarios. Hubo una agria disputa entre los diputados del Sol Azteca que en gran medida tuvo que ver con la forma en cómo se repartían los recursos —opacos, discrecionales— que le eran entregados a la coordinación de la fracción parlamentaria.

Esa falta de consensos, y esos cuestionamientos internos, generaron al menos tres cismas distintos en la fracción, que inició con el fallecido Anselmo Ortiz como coordinador, luego pasó por Félix Serrano y, maltrechamente, está terminando con Jesús López Rodríguez, que carga con el peso de haber apoyado a Benjamín Robles Montoya en su malograda carrera por la gubernatura como candidato del Partido del Trabajo.

TRISTEZA PANISTA

Al interior del PAN las cosas no han sido muy distintas. Desde el primer día de la Legislatura, un grupo importante de diputados cuestionó la designación que hiciera el dirigente estatal, Juan Mendoza, en su marco de facultades, de la diputada Natividad Díaz como coordinadora de la fracción parlamentaria del PAN. Básicamente, los diputados alegaron desde entonces que eso contravenía a la democracia interna. Y aunque en varios momentos intentaron nombrar a Gerardo García Henestroza como su coordinador parlamentario, hasta hace pocas semanas pudo más la presión que ejercían en su contra desde la gubernatura, que sus intentos por llevar la democracia a la conformación de su bancada.

¿Qué pasó ahora, que sin más tumbaron a Natividad Díaz no sólo de la coordinación de su bancada, sino de la Junta de Coordinación Política que le corresponde al PAN presidir en este tercer año de trabajos legislativos? Que, como era de esperarse, desde la bancada priista decidieron mandarle un obús no a la diputada Díaz Jiménez, sino a la poca legitimidad que aún le queda al panismo como representación parlamentaria en la Legislatura siguiente.

Evidentemente, era de poca trascendencia pelear la coordinación de la bancada panista y la presidencia de la Jucopo, a escasos dos meses de que termine la Legislatura. Sin embargo, la intención de fondo fue generarle, desde el PRI, elementos de debilidad al PAN, que es el único grupo de varios diputados que no tendrá bancada en la LXIII Legislatura. Esa conjura en contra del panismo, fue orquestada desde el priismo con la complicidad de la bancada del PRD para mantener el oligopolio de las fracciones parlamentarias entre ellos, y para atajar lo que le queda de liderazgo a Mendoza Reyes, que siempre se lo debió al grupo gobernante que hoy está también en la agonía.

Acaso, es la fracción priista la que, a través de su coordinador, Alejandro Avilés Álvarez, ha logrado dividir a las fuerzas opositoras para que éstas no sean un obstáculo para los próximos dos años. Lo sorprendente en todo esto es que, a pesar de los enfrentamientos y las divisiones, en los diputados de todas las fracciones parlamentarias, y los que no tienen partido, hay un solo consenso: colaborar con el nuevo gobierno para demostrar disposición, y luego esperar que, después del 1 de diciembre, alguien se acuerde de ellos —oficialistas y opositores— y les permita no caer en el peor error de todo político, que es vivir fuera del presupuesto.

IMPUNIDAD

El subauditor de Fiscalización de la ASE, Ramón Icazbalceta, dijo ayer a un medio de la capital del país que hay desvíos detectados por casi cuatro mil millones de pesos. Eso no les preocupa a los diputados, que no avanzarán en las reformas anticorrupción porque tendrían que comenzar por transparentar el presupuesto del Congreso. ¿Así quieren no tener la peor reputación de entre los políticos en la entidad?

+ Ridículo que maestros se avergüencen de ser fotografiados en el plantón

La ciudadanía oaxaqueña merece saber, con detalle, cuál fue el contenido del acuerdo mediante el cual los verbeneros que llevan meses en el primer cuadro de la capital oaxaqueña, fueron desalojados de la zona, para reinstalarse impunemente la misma tarde del 16 de septiembre. Los oaxaqueños no merecemos ese nivel de burla tanto de profesores como de autoridades. Y por eso debía quedar claro cuál fue el contenido del acuerdo, y por qué la autoridad permitió que la Sección 22 retomara el zócalo para sus actividades comerciales.

En efecto, la historia de ésta última semana en Oaxaca es de una verdadera burla: al iniciar la semana pasada, el Ayuntamiento de Oaxaca, junto con la Policía Estatal, anunciaron un operativo para el desalojo de la Plaza de la Constitución y la parte de la Alameda de León que permanecía en manos de los comerciantes ambulantes protegidos de la Sección 22.

Según se informó, los verbeneros decidieron desalojar el área antes de ser echados por las fuerzas del orden, pero los integrantes de la Sección 22 que tenían ahí sus campamentos dijeron que no se moverían, y hasta quemaron basura y restos de las techumbres dejadas por los verbeneros, según en protesta por el desalojo. Por eso, las fuerzas municipales y estatales ingresaron al perímetro pero sólo para realizar labores de limpieza y no para recuperar un área que antes de eso ya había sido desocupada por quienes ilegalmente la mantenían en su poder.

Lo que ocurrió después es historia: se anunció que gracias a que la zona había sido despejada, habría ceremonia del Grito en el Palacio de Gobierno encabezada por el Gobernador del Estado, y desfile militar al día siguiente; previo a la ceremonia, la noche del 15, una marcha de la Sección 22 llegó hasta las inmediaciones del zócalo citadino e intentó ingresar a la plaza principal, bajo el argumento de que iban a impedir la realización de la ceremonia del Grito. Fueron replegados por elementos de la Policía Estatal, pero luego de un enfrentamiento que ahuyentó a todo aquel que tuviera ganas de acercarse a presenciar la ceremonia o para divertirse en alguno de los establecimientos de la zona.

Lo que ya no supimos fue qué pasó después: el 15 en la noche la propia Sección 22 lanzó advertencias en contra de la ciudadanía de que instalaría retenes y barricadas en distintos puntos de la entidad. Finalmente no lo hizo, y tampoco intentó boicotear el desfile militar que se realizaría la mañana del 16 de septiembre.

Pero la misma tarde de ese día, luego de que pasó la efervescencia y el temor por el enfrentamiento entre la policía y los profesores, y con toda la libertad del mundo —ya con la permisividad de la Policía Estatal, que ahora recibió la orden de no impedirles el paso cuando la noche previa sí los contuvo— los profesores de la Coordinadora y los verbeneros lisa y llanamente regresaron a ocupar las dos plazas principales del Centro Histórico de la capital, como si nada hubiera ocurrido.

¿Quién negoció? ¿Qué negociaron? Y sobre todo, ¿por qué esa enésima capitulación incondicional de la autoridad, ante las presiones de la Coordinadora?

SIMULACIÓN Y COMPLICIDAD OFICIAL

De entrada sería necesario que quedara claro quién negoció por parte del gobierno para la desocupación del zócalo. Porque esto resulta de la mayor importancia, ya que según los hechos este fue un absoluto acto de simulación que no benefició a nadie: la Sección 22 de todos modos boicoteó la ceremonia cívica de la noche del 15 de septiembre; el gobierno estatal se quedó con las ganas de “despedirse” civilizadamente de la ciudadanía; los comerciantes de la zona de nuevo vieron con tristeza cómo el radicalismo y la estupidez les ganaron la batalla en un día que preveían algún tipo de recuperación en sus actividades; y la ciudadanía, una vez más, vio frustrada la posibilidad de pasar una fiesta cívica en paz y alegría, como se supone que es la noche mexicana del 15 de septiembre.

Por eso, si todo fue una simulación, lo importante sería saber quién, y a cambio de qué, negociaron con la Sección 22 ese desalojo a medias, por tres días, del zócalo y la Alameda de León. Sería importante saber, incluso como un ejercicio de transparencia, qué se negoció y qué ofrecieron a cambio (dinero, impunidad, prebendas, etcétera) de que los profesores decidieran retirar “voluntariamente” a los verbeneros a los que ellos controlan y cobran derecho de piso, para que se realizara la ceremonia.

A estas alturas sería importante saberlo, al menos por dos razones: si hubo una negociación política, la que sea, queda claro que los propios profesores de la Coordinadora no la cumplieron; y segunda, cualquier cosa que se haya ofrecido, la que sea, para que se retiraran temporalmente, es a estas alturas una ofensa directa de la ya de por sí lastimada ciudadanía que ha visto cómo reiteradamente se negocia a sus costillas y todo el costo de esas negociaciones se le carga a la pérdida de derechos de la ciudadanía.

INTOLERANCIA

En ese mismo marco de impunidad se inscribe la artera agresión que recibió nuestra compañera fotorreportera Citlalli Cid, que fue intimidada sólo por hacer su trabajo. ¿Les da vergüenza que les tomen fotos a los monigotes que pierden el tiempo en el plantón? Vergüenza debería darles estar ahí, a la vista de todos, en una lucha que sólo lastima infinitamente a la gente. Nuestra solidaridad con Citlalli, y nuestro repudio más honesto y sincero a la brutalidad e intolerancia de los “democráticos” que con esos actos demuestran ser lo más retardatario y repugnante de la lucha social en Oaxaca.