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Clara, advertencia de la guerrilla sobre su presencia en el sureste

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EPR

+ Levantamiento en la región; hay mensajes de inminente actividad


Dos visiones polarizadas intentan analizar y hallar conclusiones sobre las constantes comunicaciones de grupos armados, respecto a la problemática magisterial que prevalece en el corredor del Pacífico Sur del país: unos, los que aseguran que grupos como el EPR son prácticamente lo mismo que la CNTE, y que por eso hay efervescencia frente a las circunstancias; y otros, que niegan tajantemente cualquier relación y desvían la atención frente a situaciones como la toma de control de las acciones de rebeldía por otras organizaciones, y el desplazamiento del magisterio en el liderazgo y la organización de las protestas. El análisis sustantivo, sin embargo, debe considerar otras cuestiones que hasta ahora parecen poco analizadas, y que son tanto o más relevantes que esas dos conclusiones primarias.

En efecto, este fin de semana el Ejército Popular Revolucionario dio a conocer un nuevo comunicado —han emitido cuatro en los últimos 15 días, algo muy inusual en organizaciones de esa naturaleza— en el que respalda las acciones magisteriales, y a la par de hacer advertencias al gobierno federal sobre la decisión del pueblo organizado de no rendirse, llama a ciudadanos y organizaciones a estar alertas para defender su dignidad frente a los embates de la oligarquía gobernante. Evidentemente, más allá de su lenguaje cotidiano, lo que verdaderamente debe llamar la atención de esos comunicados no son las advertencias sino los mensajes que se envían entre las organizaciones que participan —o que simpatizan— con la resistencia magisterial. ¿De qué hablamos?

De que, como lo apuntábamos en entregas anteriores, los grupos armados no actúan con base en los momentos históricos o en las fechas predestinadas, sino que más bien buscan aprovechar las coyunturas. Decíamos en aquella entrega (Al Margen xXXXXXX) que esa dinámica es la que marcó la participación de varias organizaciones armadas en el movimiento magisterial de 2006 en Oaxaca, cuestión que expresamente aceptó el EPR cuando un año después, denunció la detención-desaparición también en Oaxaca, de dos de sus integrantes. 2006 fue para ellos una circunstancia construida y aprovechada. Pero, en contraparte, en 2010 —cuando se pensaba que podía haber algún levantamiento por la llegada del ciclo centenario 1810-1910-2010, que marcaría la historia nacional— ninguna organización armada tuvo una actividad relevante.

Este es un elemento de análisis de gran importancia porque hoy lo que queda claro es que el EPR está llamando expresamente a la combinación de todas las formas de lucha. Esto significa que está impulsando una especie de “acuerdo” tácito de participación para que todas las organizaciones afines (armadas, gremiales, y de lucha social) utilicen sus propios mecanismos para llegar a un mismo fin: en primer término, la derrota del Estado en la implementación de las reformas “burguesas”; y en un plano más de fondo, la instauración de un nuevo régimen bajo los principios que ellos defienden.

Este planteamiento no es menor. Pues nuevamente Oaxaca representa esa posibilidad, y Nochixtlán marcó la definición de la coyuntura en la que varias de esas organizaciones —algunos grupos armados, gremios como el magisterio, organizaciones de lucha social, e incluso un partido político, por las simpatías que le ha profesado a este movimiento— pudieran estar dispuestas a ir tras ese objetivo.

CLAVES DEL LLAMADO

Vale considerar, dentro de todo este contexto, algunos elementos que son importantes. En su último comunicado, por ejemplo, el EPR apunta: “No son tiempos de desmovilización, de doblar banderas por temor a la represión, tampoco de rendiciones indignas ante el manotazo autoritario; la demanda popular de la abrogación de la reforma educativa no es de una minoría obcecada, sino de un pueblo que responde con resistencia y dignidad por la defensa de sus derechos (…) Todos debemos estar alerta y preparados para responder combativamente a la nueva escalada de represión; cada cual en su respectiva trinchera prepárese para nuevos combates populares. La consigna es, que la voluntad de combatir se exprese en la inagotable creatividad de nuestro pueblo en la lucha contra sus opresores”.

Esto significa, en términos muy llanos, que el EPR está convocado a esa unidad en torno a los objetivos planteados por la Sección 22 y la Coordinadora. De ahí frases como “cada cual en su respectiva trinchera prepárese para nuevos combates populares” o “que la voluntad de combatir se exprese en la inagotable creatividad de nuestro pueblo en la lucha contra sus opresores”. Con toda claridad, ese llamado es la combinación de formas de lucha. Es decir, que cada quien haga lo que pueda, por los cauces que prefiera, pero que todos juntos intenten llegar a los fines que finalmente les son comunes a todas esas organizaciones.

DEMOSTRAR PRESENCIA

Incluso, otro elemento que es necesario considerar es el relativo a sus comunicaciones. La constancia con la que han aparecido comunicados, desde distintas representaciones del EPR en el sureste del país, parece una forma de demostrar y advertir su presencia para la potencial conformación de un movimiento regional. En 2007, ante la detención-desaparición de sus dos militantes en Oaxaca, a través de comunicados el EPR hizo primero patente su actividad en diversos estados del centro y sureste del país, para luego adjudicarse las explosiones en ductos de Pemex en Guanajuato y Querétaro. Esos dos elementos demostraron su capacidad operativa. ¿Esos llamados actuales pueden considerarse una simple casualidad o una mera actividad retórica?

Suspensión de la evaluación docente: con ese acuerdo, perdimos todos

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OChong

+ ¿A EPN le cumplen maldición de aplicar evaluación sólo con policías?


Este fin de semana, el gobierno federal anunció la suspensión de la evaluación a profesores del sistema educativo oaxaqueño. Esto ocurrió luego de que el viernes el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, estableciera que el tiempo se había agotado, y que de no haber distensión a las protestas magisteriales, actuarían incluso utilizando la fuerza pública para liberar las vías de comunicación. Como si fuera magia, varios de los bloqueos carreteros cesaron, la fuerza federal no llegó a Oaxaca, y bajó el tono de las advertencias. El problema es que de nuevo, negociando, sacrificaron la evaluación y la condenaron a seguirla implementando siempre con resguardo policiaco.

En efecto, el sábado el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) informó que la evaluación docente programada para este fin de semana, se realizará hasta el mes de septiembre. Según una nota de Milenio, el vocero de la dependencia, Jorge Oropeza, dijo que esta evaluación estaba prevista inicialmente para realizarse este sábado pero que desde el mes de mayo, cuando los maestros instalaron el plantón en el centro de Oaxaca, se acordó posponerla hasta septiembre.

Frente a estas afirmaciones, la Sección 22 aclaró que en realidad la suspensión de la evaluación había ocurrido como parte de los acuerdos alcanzados en Gobernación, sobre los cuales no se había dado a conocer nada en los días previos. El Financiero tuvo acceso a fuentes magisteriales, quienes no sólo admitieron que el aplazamiento del examen fue resultado de una de mesa como parte de los acuerdos previos y a solicitud de la Sección 22, sino que también dieron a conocer cuáles habían sido esos cinco acuerdos sobre los que, ni ellos ni Gobernación, habían informado a la ciudadanía, como principio para distender el conflicto.

Estos acuerdos son los siguientes: 1. La salida de las fuerzas federales de Oaxaca 2. Negociación sin la presencia de Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, y Gabino Cué, gobernador de Oaxaca 3. La cancelación del examen del 2 de julio 4. La entrega de cheques de la quincena 11 a quienes retuvieron para notificarles la aplicación del examen 5. La suspensión de los procedimientos de rescisión para los mil 359 maestros que según la SEP acumularon 4 faltas y la reposición de los descuentos

Fuentes magisteriales que dieron esta información a El Financiero, dijeron que la primera petición se cumplió de manera parcial, pues sigue habiendo presencia de la Policía Federal, aunque en menor medida. El segundo punto se ha cumplido pues no han participado Nuño ni Cué, el tercer punto se dio este sábado, con la suspensión del examen, que incluye el de este 2 de julio que es parte de la primera etapa y el del 28 de noviembre, la segunda etapa.

Que, además, será a partir de hoy lunes que se inicie con el cumplimiento del cuarto y quinto acuerdo, que se dará con la liberación de los pagos. En su perspectiva, el diálogo no está cancelado pero en la medida que se dé el cumplimiento de esos cinco puntos, también el magisterio irá dando muestras de distención del conflicto.

¿LA EVALUACIÓN,

SÓLO CON POLICÍAS?

En noviembre del año pasado, el gobierno estatal y federal celebraron la primera fase de la evaluación docente, que se realizó en la sede de la Ciudad Administrativa y fue custodiada por más de diez mil elementos federales. La sección 22 de la CNTE trató de boicotear estos exámenes atacando los autobuses de los cuatro mil 100 aspirantes, de los cuales, sólo dos mil 100 presentaron la prueba.

La aplicación de aquella prueba con blindaje policiaco, y los recientes acuerdos entre la CNTE y Gobernación, confirman dos cosas: que en su visión cortoplacista, al magisterio sólo le importa que no ocurra la evaluación; y que el gobierno federal se está resignando a repetir, indefinidamente, el ejercicio de negociar, suspender y aplicar la evaluación con resguardo policiaco.

En el primero de los rubros, queda claro que la 22 sigue sin entender que su lucha tiene mucho más de fondo que el solo rechazo a la evaluación. Deben ver, por ejemplo, qué futuro tienen como organización, cómo podrán mantener la base social que tuvieron hasta hace poco tiempo gracias al terror disciplinario que aplicaban sobre sus agremiados; deben reconocer que mientras más tiempo pierdan en estas luchas parciales, más espacio pierden en los espacios educativos de decisión, en los que hasta hace poco tiempo eran nada menos que los amos y señores.

En cuanto a la resignación federal a la evaluación, es evidente su fracaso. En noviembre pasado (Al Margen 25.11.2015) apuntamos algo que, por lo que vemos, revela la derrota del Estado. Dijimos: El Estado debe asumir que no puede vivir cuidando con policías los procesos de evaluación de la educación. De hecho, los términos “educación” y “policías” resultan ser excluyentes, y por esa razón debe buscar cuanto antes la forma de dejar que las evaluaciones docentes tengan como contexto el resguardo policiaco y militar.

Si coyunturalmente es necesario utilizar a la fuerza pública, en el corto plazo debe establecer los canales de diálogo necesarios para que ese resguardo militarizado deje de ser necesario, y debe entablar el diálogo suficiente con sus adversarios para que sus respectivas luchas continúen por otras vías. De no hacerlo, entonces se constataría no sólo la sordera del aparato federal, sino también su incapacidad de generar más escenarios que los de la aplicación de la fuerza.

EPÍLOGO

Quizá haya calma ahora. Calma, sí, de aquí a septiembre. Y así, volver a empezar. De locos.

Federación piensa en el uso de la fuerza sin autoevaluarse

PF

+ PF es corresponsable del desastre en que se volvió Oaxaca


A pesar de las buenas intenciones iniciales frente al diálogo con la CNTE, la Secretaría de Gobernación rápidamente está virando el discurso hacia la posibilidad del uso de la fuerza. No es extraño, cuando desde el principio se sabía que cualquier posibilidad de diálogo con el magisterio disidente era tiempo perdido, por la inviabilidad de alcanzar acuerdos que significaran la negociación de la ley. Más bien, lo que resulta alarmante es que el gobierno federal vuelva a pensar en la aplicación de la fuerza pública, a menos de una quincena del desastre —en todos los sentidos— de Nochixtlán que, de nuevo, puso a Oaxaca en la picota de la crisis de gobernabilidad.

En efecto, desde el miércoles la Secretaría de Gobernación envió un primer mensaje en el que, en voz de Miguel Ángel Osorio Chong, vislumbraba que de fracasar el diálogo que están teniendo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y algunas otras organizaciones que encabezan los bloqueos en la entidad, cabría la posibilidad de los “desbloqueos”. Ayer, el Titular de Gobernación fue más específico al advertir que el diálogo no puede ser prolongado, y amagó con el uso de la fuerza para retirar los bloqueos que impiden el abasto de productos en los estados de Oaxaca y Chiapas.

Si bien tienen que ser escuchadas las exigencias de distintos grupos, dijo Osorio Chong, existe también otra parte que pide libertad para utilizar las vías de tránsito. “Hoy muchos miles de niños no tienen clases y alimentación. Nosotros tenemos un mandato de regresar a la normalidad y estamos abriendo los espacios, no se ha cancelado el diálogo, pero sí lo digo con toda claridad: tenemos que dejar, generar las condiciones, si no se dan éstas por vía del diálogo, entonces tenemos que actuar porque no pueden seguir las cosas, las condiciones, como hasta ahora están”, señaló.

Claramente, los mensajes que está enviando Gobernación son de previsión sobre el inminente uso de la fuerza pública. Ayer mismo, el presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth respaldó la posibilidad planteada por Gobernación, al afirmar que irremediablemente se debe hacer valer el Estado de Derecho cuando no existen las condiciones para lograr una solución por la vía del diálogo. Todo esto ocurre en el contexto de que la Coordinadora planteó como condición indispensable para continuar el proceso de negociación, que el gobierno federal acepte la abrogación —de jure, o de facto— de la reforma educativa, cuestión a la que el propio Titular del Ejecutivo se ha referido en sentido negativo.

De hecho, desde que iniciaron las rondas de diálogo en Gobernación, se preveía que la Coordinadora no cedería en sus exigencias, y que por su parte el gobierno federal tampoco accedería a dar marcha atrás a la reforma educativa, que hasta el momento ha sido el buque insignia de la implementación de las reformas estructurales del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Así, si el uso de la fuerza pública es la posibilidad irremediable para el restablecimiento de la libertad de tránsito en Oaxaca y Chiapas, lo primero que tendría que hacer el gobierno federal es reconocer el desastre que resultó el operativo de Nochixtlán no sólo para la fuerza pública federal, sino para la gobernabilidad del sureste del país. Una deficiente acción de fuerza está a punto de incendiar la pradera en el corredor del Pacífico Sur. Por eso, el volver a pensar en operativos debe pasar primero por el tamiz —y las responsabilidades— de Nochixtlán.

POLICÍA FEDERAL, EN ENTREDICHO

Sorpresas puede haber en contingencias, en hechos fortuitos y hasta en acciones espontáneas. En donde las sorpresas no son aceptables es cuando éstas sobrevienen —en apariencia— en actos calculados y planeados. Y una de las premisas fundamentales de toda fuerza de seguridad pública en la contención de disturbios y manifestaciones sociales, es justamente la previsión basada en información, en planeación y en la creación de escenarios.

Nada de eso ocurrió en Nochixltán. A decir del comisionado General de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, los 800 elementos estatales y federales que fueron al operativo del domingo 19 de junio, fueron “sorprendidos” por una turba de más de dos mil personas que salieron a defender el bloqueo en el entronque con la autopista Oaxaca-Cuacnopalan. Todo esto lo dijo el Comisionado como preámbulo a la cadena de medias verdades que ha venido ofreciendo sobre el operativo, sobre la presencia de elementos federales armados, sobre la balacera que se desató, y sobre las causas reales de este fracaso.

Todo eso, resulta ser causa sobrada —sobradísima— para que el Comisionado hubiera sido ya separado de su cargo, no como una concesión a las organizaciones que piden castigo a los responsables de las muertes (la renuncia o cese del Comisionado no ha sido parte de las exigencias) de los manifestantes en Nochixtlán, sino como una cuestión básica de responsabilidad por parte de la Secretaría de Gobernación, frente a un operativo que no sólo no logró sus fines, sino que provocó muertes (algo que se supone que no debe ocurrir cuando una policía es profesional en tareas de contención) e impactó directamente en la gobernabilidad, al provocar —por el fracaso del operativo— un efecto bumerang que puso de rodillas a amplios sectores de la población del sureste del país.

DUDA RAZONABLE

Por esas razones, el comisionado Galindo es insostenible. ¿Piensa el gobierno federal en volver a utilizar la fuerza, sin revisar ni reconocer sus fracasos?

Para actuar, los movimientos armados buscan coyunturas, no simbolismos

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EZLN

+ ¿Que si esperaban 2010 para la “revolución”? No: buscan la oportunidad


Una premisa básica para entender la relación que se presume entre el movimiento magisterial oaxaqueño y organizaciones armadas como el Ejército Popular Revolucionario, apunta a que, más allá de las especulaciones, los movimientos armados no tienen planteamientos ni estrategias lineales o previsibles. Más bien, los movimientos armados tienen como base de actuación, la organización de largo aliento, y el aprovechamiento de las coyunturas sociales. Actualmente, Oaxaca es un caldo de cultivo perfecto. Y por esa razón no sería rara su presencia en ellos.

En efecto, existen razones palmarias para hablar de la relación entre organismos de lucha social y movimientos armados. En el caso de Oaxaca, la Sección 22 ha encabezado no sólo la insurgencia y el movimiento magisterial desde principios de los años ochentas, sino que la pluralidad de sus corrientes —que van desde las más moderadas y priistas, hasta las más radicales— los ha llevado a generar sinergias con otras organizaciones que, teniendo fines similares, tienen métodos distintos de lucha. El innegable contacto social de unos y otros con los sectores sociales más marginados, hizo hasta natural dicho contacto. ¿De qué hablamos?

De que, por un lado, luego del periodo conocido como la guerra sucia de los años setentas, las organizaciones armadas —el EPR, entre ellos, aunque no es la única que existe en Oaxaca, y en el país— pasaron de ser movimientos rurales a organizaciones urbanas con presencia y base social en sectores marginales de las principales urbes.

Esos sectores marginales son los mismos a los que llegan los maestros, que en estratos como esos es donde también han tenido una presencia y una ascendencia social muy importante. En el fondo, esa relación magisterio-guerrilla parte de la conciencia y el contacto que cada uno de esos grupos, por su lado, tuvo con factores sociales lacerantes como la pobreza o la marginación de esos grupos de población, y de ahí la legitimidad de sus banderas de lucha.

Eso, en sus propias circunstancias, es lo que explica la existencia de históricos maestros-guerrilleros provenientes de sectores rurales, como Lucio Cabañas, o Genaro Vásquez, pero es también lo que actualmente explica la presencia de movimientos armados en zonas urbanas marginales, que son tanto o más pobres y marginados como históricamente lo fueron las poblaciones rurales del país, en las que germinaron los primeros brotes de insurgencia armada en el país, a partir de Rubén Jaramillo como referente de los movimientos armados posteriores a la Revolución Mexicana.

COMBINACIÓN DE FORMAS

En gran medida, esa relación —y ese trabajo de bases— tanto de los maestros, como de algunas organizaciones armadas, entre los estratos más marginados de la población, explica el respaldo espontáneo (al margen de la guerrilla) en las acciones de resistencia. Hay quien no puede entender por qué la gente sale a respaldar a los maestros cuando éstos ofrecen resistencia a la presencia policiaca, e incluso cuando llevan a cabo acciones de protesta que incluyen perturbaciones como el cierre de calle, los plantones, las marcas o, ahora, los cierres carreteros. Aún con esas molestias, hay gente que va a apoyarlos, que los provee de víveres, y hasta quien sale a resistir con ellos. Esa —sin que sea la única— es una causa razonable de ese apoyo aparentemente espontáneo.

Ahora bien, diversos movimientos armados ha manifestado, desde hace por lo menos una década, que ellos no esperan ni planean sobre los periodos históricos. Esto lo dejaron muy claro cuando en el umbral del 2010 hubo cierta expectativa de que esas organizaciones “despertaran” y organizaran una revuelta armada con las que iniciaron en 1810, y exactamente un siglo después. En aquellos momentos, dejaron en claro que para ellos los periodos históricos eran sólo referenciales, pero que ellos más bien trabajaban en la generación de las condiciones para una insurgencia con capacidad de cumplir sus objetivos políticos y militares.

Eso apunta a las coyunturas, y explica lo que ahora mismo podría estar ocurriendo en Oaxaca. En 2006, por ejemplo, hubo una presencia probada de integrantes de los movimientos armados que, en palabras del propio EPR —en un comunicado de junio de 2007, al que hicimos referencia textual en entregas anteriores—, participaron en la revuelta magisterial en su calidad de luchadores sociales. Esa es la muestra concreta de cómo intentan llevar a los hechos un planteamiento reiterado en sus comunicaciones sobre la necesidad de la combinación de todas las formas de lucha, para la defensa del pueblo.

Ese llamado a la unificación y combinación de luchas, al final, significa que buscan actuar en las coyunturas más que con simbolismos, y que están dispuestos a aprovechar todos los momentos en los que pueda haber condiciones adecuadas para la implementación de sus formas de lucha con las que, paralelamente, tienen organizaciones como el magisterio y sus aliados, y las que al mismo tiempo implementa la comunidad cuando hace patente su “mal humor social” frente a ciertas acciones gubernamentales. Por eso, las condiciones actuales que privan en Oaxaca, hacen posible la existencia de este coyunturas como esta.

DE LUTO

Con profunda pena, el autor de este espacio hace patentes sus más sentidas condolencias por el sensible fallecimiento del licenciado Rubén Vasconcelos Beltrán. Oaxaqueño ejemplar, universitario, cronista de la Verde Antequera y, sobre todo, pilar de una familia entrañable en nuestra ciudad. Respetuosamente. Descanse en paz.

S-22 y la CNTE no avanzarán mientras no negocien la reforma

Diálogo

+ Cualquier circunstancia, posibilidad para tumbar ley educativa


En realidad era muy previsible que el encuentro entre representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y el Titular de la Secretaría de Gobernación, arrojara resultados francamente intrascendentes para la paz y la gobernabilidad de Oaxaca. El único acuerdo concreto logrado en este segundo encuentro, es que el gobierno federal reciba a los familiares de las víctimas —muertos y heridos— del enfrentamiento de Nochixtlán. Por lo demás, los oaxaqueños podemos esperar sentados porque el gobierno federal anunció que la reforma educativa no está a discusión, y la Coordinadora no tiene otro tema en la agenda más que ese.

En efecto, la noche del pasado lunes se llevó a cabo una segunda mesa de trabajo entre representantes de la Coordinadora y el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El representante de mayor nivel por parte de la CNTE, fue dirigente de la Sección 7 del SNTE en Chiapas, Adelfo Alejandro Gómez. También participaron algunos integrantes de la de la Comisión Nacional de Mediación, que encabeza el sociólogo Miguel Álvarez Gándara. No hubo ningún acuerdo significativo salvo el encuentro que, según se acordó, sostendrán representantes de Gobernación con los familiares de las víctimas civiles del enfrentamiento de Nochixtlán.

Por lo demás, los avances no son mínimos sino nulos, y los oaxaqueños tendremos que asumir con serenidad esta realidad. Desde Canadá, el presidente Enrique Peña Nieto fue enfático en señalar que su administración no negociará ni la reforma educativa, ni la aplicación de cualquier otra norma jurídica, y esa es la razón por la que la mesa de trabajo del lunes no tuvo avances en cuanto a la distensión no del conflicto, sino de los actos de presión que la Coordinadora sigue ejerciendo en Oaxaca en contra de la ciudadanía.

Esta cancelación de facto del diálogo entre Gobernación y el magisterio, fue previsible desde el momento en que, luego del enfrentamiento del domingo 19 en Nochixtlán, la Secretaría de Gobernación legitimó a la Coordinadora como interlocutora por el conflicto magisterial en Oaxaca. Hasta el momento, los grupos magisteriales que han encabezado los encuentros con Gobernación, no han informado si en ese grupo de trabajo de la CNTE se encuentran representantes de la Sección 22 de Oaxaca, o si la Coordinadora está actuando con base en alguna directriz, “mandamiento” o planteamiento hecho por la sección gremial de Oaxaca.

Como nada de eso ha quedado claro, lo que parece es que entonces los muertos, los heridos y la crisis política generada por el desastre de Nochixtlán, es el elemento con el que ahora Gobernación, y la Coordinadora, van a trabar cualquier posibilidad de solución al problema real de los oaxaqueños —los bloqueos, el hostigamiento y un conflicto en manos de organizaciones radicales que ya rebasaron a la Sección 22 en el control de los bloqueos carreteros y las acciones de protesta—, por la voluntad de unos de poner como condición indispensable la negociación de la reforma educativa; y por la decisión de otros de negociar quién sabe qué, cuando saben que su interlocutor actual —legitimado por ellos— no tiene interés por los muertos o por la paz de Oaxaca, sino por conseguir la rendición federal en cuanto a la reforma educativa.

OPORTUNISMO FALLIDO

Desde hace dos años, en su calidad de movimiento social nacional, la Coordinadora ha buscado capitalizar diversos hechos para tratar de aterrizarlos en sus intentos de negociación de la reforma educativa. La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa fue un ejemplo de ello. Pues ante tal acontecimiento, la Coordinadora buscó llevar la protesta legítima de millones de personas por la detención-desaparición de los normalistas en Iguala —y por la grave situación que impera en cuanto a los derechos humanos en México—, a un plano en el que ellos pudieran negociar la reforma educativa con el gobierno federal.

No pudieron hacerlo, porque la naturaleza de los hechos ocurridos en Iguala —crímenes de lesa humanidad— fueron, en todos los sentidos, muy superiores a la demanda de la derogación de la reforma educativa. Por eso, en aquel momento no tuvieron oportunidad de incidir con su interés en las mesas de trabajo con los padres de los normalistas, que finalmente ponderaron sus demandas en temas de derechos humanos, investigación sobre los desaparecidos y exigencias sobre el castigo que deben recibir los responsables de estos hechos.

Paralelamente a ello, la Coordinadora ha buscado respaldo en ese tema a través del Movimiento de Regeneración Nacional, de Andrés Manuel López Obrador. Éste ha manifestado su respaldo total a la lucha magisterial contra la reforma educativa —en Oaxaca incluso prometió que si ganaba su candidato a Gobernador, devolvería el control de la educación a la Sección 22—; y a su vez la CNTE pretende militar activamente en Morena para reposicionar en la agenda nacional la abrogación de la reforma educativa. En ese escenario, es alarmante el error de Gobernación de volver a abrir ese tema como una forma de abordar el problema de Oaxaca.

DIÁLOGO SIN DERROTEROS

No calculan su negociación: ¿Si el gobierno federal concediera a la CNTE la abrogación de la reforma educativa, entonces ésta le “perdonaría” los muertos y los abusos cometidos por la Policía Federal en Nochixtlán? ¿Dónde está la Sección 22 en este proceso de supuesta “pacificación de Oaxaca”? Lo que queda es una gran incógnita, que no hace sino confirmar que este es un diálogo sin derroteros y que, con toda seguridad, Oaxaca sigue perfectamente enfilado hacia un callejón sin salida.

Algunos puntos para comprender la crisis magisterial en Oaxaca

Nochixtlán

+ Nochixtlán es consecuencia, no causa, de la zozobra en la entidad


Aunque parezca increíble, en Oaxaca hay muchas personas que desconocen las coordenadas esenciales que determinan el conflicto magisterial que mantiene en estado de sitio a varias regiones del Estado. Informar implica siempre ofrecer esos puntos esenciales que contextualizan una situación. De ahí el interés de ofrecer esta breve radiografía que, en alguna medida, explica lo que hoy ocurre en Oaxaca.

En efecto, resulta erróneo suponer que el conflicto magisterial brotó sólo de la intolerancia gubernamental, o de la sola voracidad o irracionalidad del magisterio oaxaqueño adherido a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Más bien, este conflicto es consecuencia del desinterés y la incapacidad gubernamental por ponderar a la educación pública sobre los cálculos y las conveniencias políticas de coyuntura. El poder político de la Sección 22 del SNTE, surgió y se consolidó al amparo del poder, y el cambio de circunstancia fue lo que generó esta crisis que hoy no tiene ni forma ni fin.

¿Por qué hablar del cambio de circunstancia? Porque el sindicato magisterial oaxaqueño ha sido siempre un factor real de poder en Oaxaca. Pero mientras hubo un poder político necesitado corporativismos aliados, el magisterio fue uno de los gremios alimentados y estimulados desde el poder, igual que muchos otros que fungían como satélites legitimadores del régimen de partido hegemónico.

Fue así como la Sección 22 se hizo del control total de la educación pública en Oaxaca. Esa circunstancia intentó cambiar en 2006, cuando el gobierno de Ulises Ruiz quiso quitarles ese control. Falló no sólo por la errónea acción policiaca emprendida el 14 de junio para desalojar el plantón magisterial del Centro Histórico de la capital de Oaxaca, sino sobre todo, erró al no considerar que durante largos años el magisterio había aquilatado su respaldo social, a partir de la identificación de su lucha gremial con eso que ahora el propio Presidente de la República definiría como el “mal humor social” de algunos sectores de la sociedad mexicana.

Y es que en Oaxaca, como en el país, ese “mal humor social” tiene como base la corrupción, la impunidad y la ineficiencia gubernamental, pero aquí remarcada por la pobreza, por el abandono y por la marginación que padecen a diario miles de comunidades indígenas y rurales a las que nunca llegó la justicia social ni las acciones por las que el Presidente dice que México está avanzando.

Por décadas, el magisterio oaxaqueño ubicó esos rezagos sociales como uno de los fundamentos de su lucha. Por eso, cuando en junio de 2006 el gobierno de Ruiz emprendió una acción de fuerza su contra, amplios sectores sociales salieron a respaldar la lucha magisterial, primero con la resistencia al desalojo policial, y después con amplias muestras de solidaridad que se reflejaron en un prologando conflicto social que rebasó por mucho a las acciones y demandas magisteriales.

En aquella crisis, el gobierno federal optó por cumplir íntegramente el pliego petitorio de la Sección 22. Gobernación, en los tiempos de Carlos Abascal como titular, cedió íntegramente a la demanda de rezonificación salarial de todos los integrantes de la Sección 22, y a mantener sin cambios las estructuras de poder que respaldaban a la Sección 22. Y por eso, una de las decisiones naturales de la Sección 22 fue la de respaldar a Gabino Cué como sucesor de Ruiz.

DIÁLOGO CANCELADO

En ese periodo ocurrió la reforma educativa impulsada por el gobierno federal. Éste ubicó como su adversaria a la profesora Elba Esther Gordillo Morales, sin darse cuenta que en realidad la CNTE —corriente política que aglutina a varias secciones sindicales del magisterio en las regiones centro y sureste del país— sería la principal opositora a la reforma. Esto era previsible, y explicable: junto con la lucha por su democracia interna, las secciones adheridas a la Coordinadora lucharon también por la preservación de sus condiciones laborales y salariales. Y la CNTE, no estaría dispuesta a perder lo que había ganado en más de treinta años de lucha.

Ese era uno de los aspectos medulares de la reforma educativa: eliminar los privilegios no ganados por competencias, y establecer parámetros mínimos a cumplir para conservar el empleo. Ahí se trabó la reforma educativa. Mediante la presión, la Coordinadora intentó vencer al gobierno federal. Llegado el momento, éste cerró la puerta del diálogo e incrementó sus medidas de presión a través de la extinción del IEEPO.

Mayo siempre ha sido complicado para Oaxaca. Y en este 2016 lo fue mucho más: en junio había elección de Gobernador, y la renovación del Congreso local y 153 alcaldías que se rigen bajo el sistema de partidos políticos. La Sección 22 emprendió acciones el 15 de mayo, en la conmemoración del Día del Maestro, que iban encaminadas al paro indefinido de labores. Aurelio Nuño anunció descuentos y despidos, que no arredraron a los grupos afines a la Coordinadora. Y 22 días después —el 12 de junio— el gobierno federal respondió aprehendiendo a los dos dirigentes más importantes de la Sección 22: Rubén Núñez y Francisco Villalobos Ricárdez.

INTOLERANCIA

Así fue como llegó el momento crítico de Nochixtlán. La Policía Federal anunció que rompería los bloqueos. El problema es que en la mixteca se encontró con la “capitalización” del mal humor social, a través de población que espontáneamente salió a resistir, comandada por grupos que sabían exactamente qué hacían. Por eso, este diálogo en Gobernación está marcado no sólo por la violencia sino también por la intolerancia. Eso mismo, dificulta las perspectivas de solución que, desde ayer y desde hace 36 años, han sido añoradas por quienes sólo esperan vivir en paz.

Crisis magisterial, por querer ahogar a la 22 sin válvulas de escape

CNTE

+ Estado: derrotado por “manotazos” y por torpeza en uso de la fuerza


A partir de hoy, el gobierno federal pondrá a prueba su capacidad de concertación no sólo para tratar de encauzar el problema magisterial de Oaxaca, sino sobre todo para resolver sus propias torpezas. Dos cuestiones que son fundamentales de considerar en esta circunstancia es, primero, la forma en cómo el Estado mexicano dejó en manos de Aurelio Nuño el control político de la educación en el sureste del país; y segundo, cómo la Comisión Nacional de Seguridad tuvo la capacidad de hacer escalar este conflicto a sus condiciones actuales.

En efecto, para hoy se tiene previsto un segundo encuentro entre integrantes de la CNTE, y el titular de la Secretaría de Gobernación, que hoy personalmente busca generar los cauces para una salida política al conflicto magisterial de Oaxaca, pero que amenaza —en buena medida por la torpeza federal— con contagiar a las otras entidades federativas en las que tiene presencia la Coordinadora, tales como Michoacán, Guerrero, Chiapas y algunas zonas del Estado de México y la propia capital del país. Aunque lógicamente hoy la atención se centrará en ver qué logran acordar con la Coordinadora, nadie debe dejar de ver cuáles fueron las causas de esta situación que —como hace 10 años— tiene a Oaxaca de rodillas.

Pues resulta que en el primero de los aspectos planteados en las líneas iniciales, debiera ser un tema de análisis profundo en el gobierno federal, la forma en cómo permitieron que desde la Secretaría de Educación Pública se fomentara una política de mano dura, que a la larga no fue sino una especie de peligrosa olla de presión para el magisterio oaxaqueño que derivó en los hechos de la semana pasada, que volvieron a enturbiar la situación política oaxaqueña pero ahora impactando directamente al gobierno federal por los resultados de ese pésimo cálculo y manejo político de la situación.

En ese sentido, desde antes de que ocurrieran los hechos de Nochixtlán, ya era previsible la explosión de la inconformidad magisterial por la cerrazón federal al diálogo, por el momento electoral que se vivía, y la posibilidad de una salida de fuerza, con los riesgos de gobernabilidad que esto implicaba.

Desde mediados de mayo (Al Margen 19.05.2016) apuntábamos que un escenario de alguna forma similar al actual, fue el que se vivió en el 2006, cuando un mal manejo político de una decisión bravucona del magisterio de la Coordinadora, desató un conflicto social y político de grandes magnitudes. Ocurrió, igual que ahora, en el contexto de una elección decisiva para las relaciones políticas e intereses del magisterio en general, y de la CNTE en particular, y frente a la tentación gubernamental de resolver por alguna vía de fuerza un problema que tiene diversas implicaciones violentas.

En el fondo, decíamos, no se trata de pensar en que el gobierno deba acceder a las pretensiones magisteriales o tolerarle sus bravuconadas. Más bien, lo que parece es que a partir de ahora la SEP, Gobernación y el gobierno de Oaxaca deberán enfrentar la situación con una dosis mayor de eficiencia y capacidad política, para que por un lado no deponga su promesa de no negociar con quienes abandonan las aulas; pero para que, en el lado opuesto, no acelere una solución de fuerza que pudiera resultar contraproducente para la ya de por sí tensa situación política que se vive en Oaxaca. Y en el país.

CRISIS, POR FALTA DE

CONCERTACIÓN POLÍTICA

Luego de la primera ronda de diálogo entre Gobernación y la CNTE, el miércoles Miguel Ángel Osorio Chong aseguró que la dependencia federal que encabeza “nunca se cansará de dialogar” con factores políticos referenciales, como la Coordinadora. Frente a esa aseveración, la interrogante que surge es ¿por qué entonces no se sentaron antes a negociar, y permitieron —por acción y omisión— que ocurriera el desastre de Nochixtlán el domingo 19 de junio?

Algo tiene que ser muy claro: el obligado permanente a la concertación es el gobierno, porque es quien también tiene a la mano la solución de fuerza, pero ésta debe ser la “ultima ratio” dentro de su espectro de posibilidades, y de su marco de atribuciones. Esa concertación debió redoblarse luego de la aprehensión de los dos principales dirigentes de la Sección 22, porque la respuesta magisterial no se haría esperar.

Fue por eso que el 14 de junio —cinco días antes de Nochixtlán— afirmábamos que era urgente no la fuerza, sino la concertación para encauzar esta crisis que ya se veía venir, y que era también por demás engañosa la “eficacia” que mostraba el gobierno en el manejo de este conflicto al solo aplicar medidas judiciales pero no políticas.

Finalmente, apuntamos, esta imagen de “eficacia” con la que intenta cubrirse el gobierno federal al detener por la vía fiscal a sus adversarios políticos, debería ser preocupante. Pues parece que sólo los mexicanos no nos damos cuenta de cómo se utilizan mecanismos legales para resolver conflictos de orden político. Aunque el gobierno tuvo éxito en aprehender a los líderes magisteriales, esto no es sino parte de un fracaso más grande en lo relativo a la capacidad de concertación y a la capacidad de operación política del Estado. No lo pudo resolver —nunca pudo— a la buena; ahora va a tratar de hacerlo a través de estas maniobras.

INEPTOS

No hay forma de que evadan errores de este tamaño: hoy la federación busca el diálogo y la concertación, pero luego de ocho muertos, de amplios sectores de la sociedad volcados en apoyo a un movimiento social lleno de claroscuros, y de tener —otra vez— a Oaxaca al borde del colapso. ¿Era necesario llegar a este punto?

El gobierno federal se equivoca al negociar con la Coordinadora

Diálogo

+ Es un claro error estratégico “confundir” al SNTE con la CNTE


El gobierno federal entró en un callejón sin salida al establecer diálogo al más alto nivel con representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, luego de los hechos —y las muertes— del domingo 19 en Nochixtlán, Oaxaca. Es así porque, por la fuerza y por sus propios errores, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto relegitimó no sólo a sus adversarios, sino a quienes tienen de rodillas —y en total suspenso la reforma educativa— a todo el sureste del país. Nada bueno se puede esperar de ese diálogo cuando, para manejar su crisis, el gobierno dio todo sin pedir a cambio el cumplimiento de condiciones mínimas de entendimiento a sus contrapartes.

En efecto, la tarde del miércoles se llevó a cabo una mesa de trabajo entre el Secretario de Gobernación, y representantes de algunas secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación identificadas con la Coordinadora. En apariencia, la intención del gobierno federal era establecer vasos comunicantes con el magisterio disidente, para darle cauce a la problemática que existe en Oaxaca. Pero pareciera que en una táctica de ingenuidad —o de torpeza— infinita, para controlar una situación específica el gobierno federal no dio uno, sino varios pasos en reversa, en el manejo político de la educación en el país.

¿Por qué? En primer término, porque la Secretaría de Gobernación está relegitimando no a la Sección 22, sino a la CNTE como movimiento nacional. Éste, que parece un asunto de semántica SNTE-CNTE, en realidad tiene mucho de fondo. La razón, para cualquiera que esté medianamente enterado de la estructura magisterial, es evidente: el SNTE es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y a éste pertenecen las 61 secciones sindicales que existen en el país, incluyendo a la Sección 22, que no es la única en Oaxaca ya que también tiene reconocimiento pleno la Sección 59.

La CNTE, por su parte, es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que surgió a finales de los años setentas como una forma de articulación de varias de las corrientes contrarias al grupo dominante del SNTE. Como su nombre lo indica, la Coordinadora surgió para aglutinar y organizar a varios grupos en el sureste del país; y una vez que ocurrió la insurgencia magisterial de Oaxaca en 1980 —en la que los profesores oaxaqueños se rebelaron a las prácticas antidemocráticas del SNTE, al exigir y lograr su derecho de elegir libremente a sus propios representantes sindicales— la Sección 22 se identificó políticamente como parte de la Coordinadora.

De ahí que resulta un claro error ubicar como “Sección 22 de la CNTE” a la que en realidad es una más de las 61 representaciones sindicales del SNTE, además de que, orgánicamente, la Coordinadora no tiene secciones y tampoco tiene 22 o más, como para que el sindicato magisterial pudiera ser válidamente denominado como “Sección 22 de la CNTE”.

LEGITIMACIÓN EQUIVOCADA

Comprender cabalmente esta cuestión es importante al menos por tres razones:

Primera, que para la implementación de la reforma educativa —y todos sus efectos—, el gobierno federal interactúa con dos bloques: uno, que es inmensamente mayoritario y que pertenece al SNTE en unos 27 estados del país, y el otro, que son los maestros adheridos a la Coordinadora, que sólo tienen presencia en unas cinco entidades federativas;

Segunda, que si bien la Coordinadora es un movimiento regional en el sureste de la República, ésta tiene su propia agenda en cada entidad federativa esencialmente porque cada sección sindical en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas tiene su propia relación e intereses con los ámbitos de gobierno con los que interactúa.

Todo esto es relevante por la tercera razón, que se enumera a continuación: el choque entre la Policía Federal y el magisterio ocurrió en Oaxaca, con profesores y grupos políticos y de lucha social locales. Aquí, todas las acciones de protesta las emprendió la Sección 22 sin ayuda de las demás secciones magisteriales del país. Es duro afirmarlo, pero realmente quien sufrió los agravios de la brutalidad policiaca, y quien a su vez debe enfrentar las consecuencias de lo ocurrido el domingo 19 en Nochixtlán, es únicamente la Sección 22 sin la presencia de las demás representaciones de la Coordinadora porque éstas no eran parte de las acciones de lucha del magisterio oaxaqueño.

Así, considerando cada uno de esos puntos se puede llegar a una primera conclusión: que el gobierno federal se equivocó escandalosamente al sentarse el miércoles con una representación en pleno de la Coordinadora. Osorio Chong debió establecer diálogo con los directamente involucrados de la Sección 22 del SNTE.

No hacerlo, relegitimó a un movimiento político que ha demostrado reiteradamente no tener la posibilidad de alcanzar acuerdo alguno en el marco de la civilidad; esa relegitimación resulta, de sí, un agravio para todas las secciones magisteriales del SNTE que han actuado con institucionalidad en la implementación de la reforma educativa, y a las que ahora les están demostrando que es más premiada la dureza que la disciplina; y además, lejos de resolver el problema de Oaxaca, la interlocución con la CNTE es una garantía de inestabilidad por el dominio que tienen algunos grupos radicales de los liderazgos de la Coordinadora.

PLIEGO VORAZ

¿Que por qué afirmar todo lo anterior? Porque el gobierno federal no sabe por dónde abordar el problema, y porque la CNTE ya estableció coordenadas básicas de entendimiento —un abultado, insultante y retardatario pliego petitorio— sin ceder nada a la ciudadanía oaxaqueña que está —ésta sí— colapsada por el prolongado estado de sitio que nos impusieron como medida de fuerza.

EPR-Magisterio en Oaxaca: coyunturas, el verdadero riesgo

Guerrilla

 

+ Nochixtlán: ¿qué presencia hubo de movimientos armados?


Es aventurado asegurar al aire que existe una relación orgánica entre la Sección 22 del SNTE y el Ejército Popular Revolucionario; sin embargo, lo que sí es posible afirmar es que, históricamente, las coyunturas políticas y sociales sí han paralelizado la lucha de esos dos grupos que, teóricamente difieren en el método, pero que tienen una clara identidad en los fines perseguidos. Todo esto quedó demostrado el domingo en Nochixtlán, y por eso —tratando de alejarnos del argumento fácil y los maniqueísmos— resulta muy importante analizar esta compleja vertiente del conflicto magisterial en Oaxaca.

En efecto, el 19 de junio hubo un enfrentamiento violento que, de acuerdo con versiones tanto de la policía como de los grupos en resistencia, tuvo dos momentos: el primero ocurrió cuando la Policía Federal dialogó con los integrantes de la Sección 22, y éstos accedieron a la apertura de la misma; y el segundo ocurrió unas tres horas después, cuando otro grupo de personas arribó hasta donde estaban los elementos federales y comenzó un feroz enfrentamiento que arrojó ocho muertos, más de un centenar de heridos, docenas de detenidos, y la reactivación de un conflicto que no parecía tener la posibilidad de retomar las dimensiones nacionales que tuvo hace una década.

En este sentido, llama la atención la coincidencia que existe en las versiones sobre ese segundo momento del enfrentamiento del domingo en Nochixtlán, pues en éstas se clarifica la idea de que no eran integrantes de la Sección 22 quienes encabezaron el enfrentamiento, y se refuerza con cuestiones como que a) ninguno de los caídos fue de la Sección 22; b) que la PF no realizó aprehensiones significativas en el lugar de los hechos; c) que no existen registros audiovisuales del enfrentamiento desde la trinchera de los inconformes; d) que los resultados de la refriega revelan un nivel de violencia —al grado del uso de armas de fuego— no visto ni en los peores momentos del 2006; y e) que hay registros —poco claros— sobre el respaldo que organizaciones como el EPR habría manifestado ante el inminente enfrentamiento magisterial con las fuerzas de seguridad.

RELACIÓN HISTÓRICA

Frente a todo esto, hay que considerar algunos elementos que resultan fundamentales para tener un panorama claro sobre esa relación no sabemos si orgánica, pero sí coyuntural, entre organizaciones como el EPR y los sectores más radicales de la Sección 22 del SNTE.

Primero. En otros momentos, el EPR reconoció que integrantes de su organización participaron en el conflicto magisterial de 2006. El 12 de junio de 2007 —18 días después de la detención-desaparición de los líderes eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, en Oaxaca— la Comandancia Militar de Zona del EPR en el estado de Hidalgo dijo, en un comunicado, lo siguiente:

“La detención-desaparición de nuestros compañeros Edmundo y Raymundo [inicialmente identificaron a Gabriel Alberto Cruz Sánchez con el nombre de Raymundo Rivera Bravo] se da en el contexto de la militarización y opresión política que ejerce el Estado mexicano en contra del pueblo de Oaxaca y sus organizaciones sociales y populares. Ellos como otros de nuestros militantes participaron desde la base en el movimiento magisterial-popular de Oaxaca motivados por su conciencia de clase y alta sensibilidad humana. Ese sería el único ‘delito’ por el cual se efectuó su ilegal detención y se les impone un castigo de lesa humanidad”.

Ese reconocimiento expreso de la presencia del EPR en el movimiento magisterial ocurrió en el contexto de la desaparición de los dos eperristas en la secuela del conflicto popular de 2006 en Oaxaca. Antes, entonces y después, tanto el EPR como otras organizaciones armadas saludaban el movimiento magisterial por su capacidad organizativa y su importancia en la defensa de diversas causas sociales.

Reiteradamente, varias organizaciones armadas argumentaban sobre la validez de todas las formas de lucha para derrotar a la oligarquía gobernante. Y en ese contexto, el EPR también previó, en un comunicado emitido por el Comité de Prensa del EPR el 11 de junio, ocho días antes del enfrentamiento de Nochixtlán, los mecanismos de lucha que debían considerarse, y que coinciden con el resultado, y los métodos utilizados en ese choque violento.

“Ante la amenaza de la escalada represiva ingenuo sería no tomar medidas de protección individual y colectivas; los símbolos de la resistencia –capucha, paliacate, pasamontañas, el machete, el palo…- son necesarios y constituyen necesidad política para elevarlos como parte de la autodefensa de las masas, que de la creatividad de éstas surjan las formas organizativas para generalizar la autodefensa armada del pueblo. En esta cruzada represiva del régimen ninguna lucha puede dejarse sola, es momento de forjar con mayor apremio la unidad popular con la generalización de las acciones políticas de masas como expresión concreta de la solidaridad política”.

Particularmente, dicho comunicado fue difundido por varios medios pero no aparece en el registro de comunicaciones eperristas del respetado Centro de Documentación de los Movimientos Armados. Ello deja cierta duda sobre la autenticidad del comunicado, aunque en realidad sí resulta muy coincidente con la forma y el mensaje difundido en otras de sus comunicaciones.

COYUNTURAS

Es aventurado asegurar que integrantes de la Sección 22 también lo son del EPR. Pero lo que sí queda claro es que existe plena identidad de lucha entre ellos, que se manifiesta en coyunturas como la que actualmente vive Oaxaca. La realidad y sus saldos no dejan duda de ello.

Oaxaca, 2006 y conflicto magisterial: 10 años son nada

Oaxaca 2006

La ciudadanía, de nuevo en medio de un conflicto añejo


En Oaxaca no sólo se enfrentan maestros e integrantes de organizaciones sociales contra el gobierno: también se enfrenta la ciudadanía entre sí, en medio de un recurrente clima de polarización por la crisis magisterial. Es uno de los tantos efectos colaterales que tiene esta lucha, de la que parece haberse entendido muy poco, pero que pone a flor de piel los traumas históricos de la sociedad oaxaqueña.

En efecto, el 15 de mayo pasado, la Sección 22 del SNTE decretó un paro indefinido de labores que, desde su inicio, radicó siempre en un bien esquematizado calendario de pequeños actos de hostigamiento. Un día cerraron el Palacio de Gobierno; otro cerraban carreteras; al día siguiente iban a bloquear centros comerciales; y otros, iban a plantarse afuera de las oficinas de las delegaciones del gobierno federal en la capital de Oaxaca.

Las exigencias eran más bien abstractas: pedían diálogo con el gobierno federal para “revisar” la reforma educativa; pedían diálogo con el gobierno de Oaxaca para definir “la situación del IEEPO”. Eran cuestiones tan imprecisas, que en sí mismas atajaban cualquier posibilidad de interlocución y les permitían continuar con su calendario de actividades.

¿A dónde querían llegar? Para responder esta pregunta, hay que considerar varias cuestiones: primera, que en junio —el día cinco— había jornada electoral; segundo, que lo que se renovaba era la gubernatura del Estado; tercero, que se cumplía el primer decenio —el 14 de junio— del desalojo que desató la crisis popular de 2006; cuarto, que desde hace casi un año, había una renuncia total del Estado federal, y del gobierno oaxaqueño, a dialogar con ellos. Por todo eso, en esta ocasión la Sección 22 buscaría tener una presencia particularmente importante, en sus ya conocidas protestas anuales.

Esos eran los puntos de su agenda. Y ya siendo razones suficientes para agotar su calendario de acciones de protesta, el gobierno les “regaló” la causa del encarcelamiento de sus dos líderes más visibles (Rubén Núñez, y Francisco Villalobos, secretario General y de Organización de la Sección 22), cuestiones que ocurrieron entre el 12 y el 13 de junio pasado. A Villalobos lo detuvieron en Salina Cruz, y unas horas después aprehendieron a Núñez a bordo de un taxi, en la Ciudad de México.

¿APRENDER? DE LOS ERRORES

Esto los hizo virar de los pequeños actos de hostigamiento a las acciones multitudinarias. El gobierno federal quizá supuso que con sus dos líderes en prisión, había golpeado a la Coordinadora en su línea de flotación: craso error suponer que la CNTE —un movimiento de casi cuarenta años de existencia, siempre en resistencia al Estado— fuera tan ingenua como para entregarle realmente el liderazgo a esos dos dirigentes visibles. Por eso, con una capacidad sorprendente, la Sección 22 se reagrupó y en menos de 24 horas emprendió acciones de protesta, ya no en la capital oaxaqueña, sino en el escarpado interior del Estado.

Ahí quedó claro que el magisterio sí había aprendido de sus errores: sus anteriores protestas —todavía las del año pasado, cuando intentó boicotear las elecciones federales y fue disuadida rápidamente por elementos federales que arribaron previo a la jornada electoral para restablecer el orden— las centró en la capital y fue derrotada incluso sin violencia. Por eso ahora dispersaron sus acciones en al menos cuatro de las ocho regiones del Estado.

Con eficiencia y disciplina, instalaron bloqueos en la región del Istmo: en Zanatepec —en los límites con Chiapas—; Ciudad Ixtepec, Juchitán y Salina Cruz; en la mixteca, instalaron un bloqueo total en el cruce de la carretera federal y la súper carretera (ambas comunican a Oaxaca con la Ciudad de México); también instalaron bloqueos en la Costa y en la Sierra Sur de Oaxaca.

Primero, encapsular a la capital de Oaxaca frente al posible arribo terrestre de fuerzas federales, como ocurrió el año pasado; y segundo, presionar al gobierno federal a través del bloqueo a instalaciones estratégicas (la refinería “Antonio Dovalí Jaime”, que se encuentra en Salina Cruz, es la más grande del país) para orillar al Estado o a la fuerza, o al diálogo.

El gobierno federal eligió el uso de la fuerza. En Oaxaca es bien conocido el respaldo social no a las acciones magisteriales, sino a la resistencia. Por eso, ante la presencia federal, el refuerzo a los bloqueos fue casi generalizado: maestros que llevaban varios días ahí, ciudadanos que espontáneamente salieron a respaldarlos, y también integrantes de organizaciones sociales —desde campesinos hasta grupos muy radicales— que llevaron directamente al enfrentamiento.

Sólo a partir de ese coctel explosivo puede entenderse el resultado: corporaciones policiacas que, indolentes, no calcularon lo que iban a enfrentar, frente a grupos de diversas naturalezas dispuestos a resistir, a enfrentar y a llegar a las últimas consecuencias.

La Sección 22 ha demostrado no necesitar a Rubén Núñez o a Francisco Villalobos. Sin ellos, y a través de este mecanismo duro, lograron abrir el diálogo —cerrado desde el 21 de julio de 2015, cuando la SEP y el gobierno de Oaxaca le requisaron el IEEPO a la Sección 22— al más alto nivel. Gabino Cué busca una tabla de salvación política, que le permita llegar al final de su administración, el 30 de noviembre.

10 AÑOS SON NADA

Días sombríos para Oaxaca. Semanas de incertidumbre, motivadas no sólo por los imprevisibles resultados de la combinación de la dureza oficial y el radicalismo magisterial, sino también por el aturdimiento de la ciudadanía de estar nuevamente en medio de una crisis social, que ya habíamos vivido, que ya conocemos, y que con su rostro más funesto nos está demostrando que cuando no se aprenden las lecciones, diez años son poco menos que nada.