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El desafío de la Coordinadora es un asunto serio

S22

+ Estado, ¿pierde ante dilema de actuar o negociar?


Contra los pronósticos, ayer un grupo de profesores de la Sección 22 del SNTE —cabeza de playa de las acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación—, cumplió su tercer día consecutivo de paro de labores, y a partir de hoy el Estado mexicano se enfrentará a la disyuntiva de despedirlos, de tolerarlos en silencio, o de cumplir sus demandas. No es un reto sencillo. A partir de este jueves, serán cruciales las acciones y las decisiones que se tomen frente al desafío de la Coordinadora.

En efecto, ayer profesores disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) retaron al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, a que “desde hoy envíe a ese ejército de 26 mil maestros que dice tener para sustituirnos (…) ya los están esperando los padres de familia para decirles que ninguno de ellos entrará a las escuelas”, afirmaba José González Figueroa, quien fungía como vocero improvisado de la Coordinadora.

Éste individuo, además, lanzó una advertencia que, dadas las circunstancias, no debería pasar inadvertida para el gobierno federal no por su riesgo, sino por el arrojo a la amenaza —y al arrojo, en una vertiente superior— que demuestran los profesores. Según una nota de La Jonrada, el vocero de la CNTE afirmaba: “si Nuño Mayer se atreve a cesar a casi 25 mil docentes en paro estará creando un verdadero ejército de maestros que acudirán ante la SEP a exigir su derecho a un trabajo digno, a no vivir en permanente psicosis laboral y su incansable persecución administrativa. Si los da de baja, vendremos a exigir nuestros derechos y será él quien no dure ni un día en su cargo”.

¿Qué significa esto? Que, de entrada, los profesores que respondieron al llamado del paro de la Coordinadora sí están dispuestos a ensayar nuevas formas de lucha, a partir de poner a prueba al sistema. Ellos —como lo dijo Rubén Núñez, y como lo están repitiendo en la Ciudad de México— están dispuestos a ver si el gobierno federal les aplicaría la ley. Legalmente esto puede ocurrir a partir de hoy jueves, cuando se rebase el umbral de las tres inasistencias consecutivas. Y a partir de ahora el gobierno federal tendría que valorar las medidas que tome, considerando que cualquiera por la que opte representa un grado distinto de complejidad que deberá enfrentar.

CALLEJÓN SIN SALIDA

Ayer en su columna de Excélsior, el investigador en temas educativos Carlos Ornelas, resumía con precisión este dilema al que se enfrentará el gobierno federal a partir de hoy, cuando se vea obligado a tomar alguna acción para enfrentar este abierto desafío de la Coordinadora y su paro indefinido de labores.

El gobierno enfrenta un dilema —apuntaba el investigador—: si la SEP, siguiendo la letra de la ley, destituye a, digamos, cinco mil maestros, le redituará bonos en credibilidad ante ciertos sectores. Pero esa acción rigurosa provocará descalabros a las escuelas. Los simpatizantes de la CNTE dirán que este hecho lastima a alumnos y padres de familia. Pero los críticos de la Coordinadora argüirán que los estudiantes y sus familias son agraviados por maestros irresponsables que, cuando no hacen huelga, de igual manera no trabajan.

“Los días que restan de esta semana serán cruciales. Si el gobierno deja impunes a los docentes que paren por más de tres días, la ceremonia de Los Pinos no le redituará. Le irá peor si acepta negociar en la Secretaría de Gobernación. Si consiente la instauración de una mesa de entendimiento, significará el final de la carrera política del secretario Nuño.

“También dará alas a la CNTE para seguir bregando contra la reforma constitucional y la evaluación docente. Tomará aire e insistirá en la asignación de plazas en automático a los egresados de sus normales y, ¿por qué no?, que persista le herencia y venta de plazas. Si hay despidos masivos, los disidentes representarán sus papeles de víctimas. Ahora sí, parafraseando a Saddam Hussein, la movilización de esta semana es la madre de todas la batallas.”

A esas afirmaciones habría que agregar otras, que son de particular importancia en Oaxaca: un escenario de alguna forma similar al actual, fue el que se vivió en el 2006, cuando un mal manejo político de una decisión bravucona del magisterio de la Coordinadora, desató un conflicto social y político de grandes magnitudes. Ocurrió, igual que ahora, en el contexto de una elección decisiva para las relaciones políticas e intereses del magisterio en general, y de la CNTE en particular, y frente a la tentación gubernamental de resolver por alguna vía de fuerza un problema que tiene diversas implicaciones violentas.

En el fondo, no se trata de pensar en que el gobierno deba acceder a las pretensiones magisteriales, o tolerarle sus bravuconadas. Más bien, lo que parece es que a partir de ahora la SEP, Gobernación y el gobierno de Oaxaca deberán enfrentar la situación con una dosis mayor de eficiencia y capacidad política, para que por un lado no deponga su promesa de no negociar con quienes abandonan las aulas; pero para que, en el lado opuesto, no acelere una solución de fuerza que pudiera resultar contraproducente para la ya de por sí tensa situación política que se vive en Oaxaca. Y en el país.

POCOS, ¿PARA QUÉ?

Las autoridades se ufanan que sólo alrededor del 10 por ciento de la membresía sindical atendió al paro. Ese porcentaje, sin embargo, significa un llamado de casi 10 mil personas. ¿Qué ocurriría con esos 10 mil —que estarían decididos a perder su empleo— causando desmanes? Eso cambia la perspectiva. No lo perdamos de vista.

Matrimonio igualitario: las tres tristes paradojas de Oaxaca

Boda Gay

+ EPN federaliza, nuevamente, asuntos de incumbencia estatal


Oaxaca enfrenta una triple paradoja en cuanto al reconocimiento de la diversidad en las relaciones de las personas: la primera, es que nuestra entidad tiene un gobierno aparentemente de izquierda, pero que ha resultado ser abrumadoramente conservador de cara en las que sustantivamente tendría que demostrar su vocación progresista; la segunda, que Oaxaca sentó el precedente nacional sobre el llamado “matrimonio igualitario”; y tercera, que por enésima ocasión el gobierno federal pretende “federalizar” una cuestión que debió ser propia de las entidades federativas, pero que por negligencia o atavismos muchas de ellas se negaron a enfrentarla. Ese es el panorama real, más allá de la retórica, del reconocimiento a la diversidad en las personas.

En efecto, ayer el presidente Enrique Peña Nieto  firmó una serie de iniciativas para garantizar en todo el país el respeto al derecho a un matrimonio sin discriminación y para derogar o modificar cualquier norma con contenido discriminatorio en las leyes del país. Asimismo, el mandatario anunció varias acciones para reforzar el acceso de la comunidad de la diversidad sexual a sus derechos.

En ese aspecto, el Ejecutivo federal firmó una iniciativa de reforma al artículo 4 constitucional para incorporar con toda claridad el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que todas las personas puedan contraer matrimonio sin discriminación alguna. Detalló que de esta forma quedaría explícito el matrimonio igualitario en la Constitución como lo ha determinado la Corte y como ya ocurre en varias entidades federativas, no así en Oaxaca.

“Sin embargo no puede haber en nuestro país quienes en algunos estados y entidades tengan ciertos derechos y en otros no. Se trata a final de cuentas de asumir este reconocimiento, insisto, sobre el que ya hay jurisprudencia de la SCJN y hoy corresponde emprender esta iniciativa para realmente enmarcarlo en la Carta Magna como un derecho”, precisó el Mandatario. El Presidente firmó además una iniciativa de reforma al Código Civil Federal para asegurar el matrimonio igualitario a fin de que pueda realizarse sin discriminación alguna entre personas mayores de 18 años acorde con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

¿Por qué es relevante todo esto? En un primer aspecto, porque es claro que ante la pasividad y los atavismos sociales de varios estados del país, ayer el gobierno federal le arrebató otro tema en el que no tenía por qué meterse, pero que lo hizo para aprovechar la oportunidad —política, y quizá hasta electoral— que esto representa. Es creciente la comunidad mexicana que exige cambios en la regulación sobre la convivencia y las relaciones entre las personas —el reconocimiento del matrimonio igualitario en todo el país, como cúspide esas exigencias.

Sólo que los gobiernos estatales han declinado —en su mayoría— la posibilidad de establecer una postura y reformas sobre ese tema, y por eso hoy una variedad enorme entre estados que aceptan o rechazan el matrimonio igualitario, como reflejo (aparente) de los dilemas morales de sus respectivas sociedades. Oaxaca se encuentra en el pináculo de esa situación, por ser la entidad sobre la que se estableció la jurisprudencia sobre la constitucionalidad del matrimonio igualitario.

GOBIERNO CONSERVADOR

Oaxaca presume de tener un gobierno de izquierda, y sin embargo tanto el Ejecutivo como el Congreso de Oaxaca litigaron hasta la última instancia la pervivencia de la figura que establece que el matrimonio es un contrato civil que se celebra entre un solo hombre y una sola mujer. Fue una pareja —dos mujeres que querían contraer matrimonio— la que en Oaxaca inició el proceso de reconocimiento de su derecho a casarse. Solicitaron la celebración del matrimonio ante la Dirección del Registro Civil, y ésta les negó dicha posibilidad, alegando lo que establece el artículo 143 del Código Civil de Oaxaca.

De ahí se fueron a un amparo, que esas dos personas ganaron en primera instancia, pero que fue recurrido en todas sus instancias por el gobierno de Oaxaca que se resistía a reconocer el derecho que tenían a contraer matrimonio en las mismas circunstancias que un hombre y una mujer, bajo la protección constitucional de no ser discriminadas por su cuestión de su preferencia sexual. Finalmente, el asunto llegó a la Suprema Corte, que ratificó el fallo dictado de origen por un juez federal con sede en Oaxaca, y ello sentó un precedente para que otras parejas homosexuales solicitaran ese mismo amparo a partir del mismo argumento y lograran la posibilidad de casarse.

Luego de docenas de casos, la Corte emitió una declaratoria general de inconstitucionalidad no sólo respecto al Código Civil de Oaxaca, sino para cualquier otro del país que estableciera que el matrimonio es un contrato que se celebra entre un hombre y una mujer, estableciendo que debe entenderse que éste se realiza entre “dos personas”, siendo irrelevante si éstas son varones o mujeres.

OPORTUNISMO

Sí, la decisión presidencial de tomar estas iniciativas para legislarlas a nivel federal puede ser visto como un acto de oportunismo. Pero es tal, frente a la resistencia y el silencio de los poderes estatales. El matrimonio es una figura regulada por los estados, que ahora tendría un lineamiento constitucional general.  ¿Es una intromisión? Posiblemente, sí. Pero también es resultado de la inactividad y los atavismos demostrados por los estados para modernizar sus respectivas legislaciones.

¿Qué características debe reunir una encuesta seria?

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IEEPCO

+ ¿El IEEPCO está regulando quién publica encuestas?


Es grave la incertidumbre que priva en el escenario político estatal por la difusión inopinada de encuestas de opinión sobre los candidatos a la gubernatura. Es grave porque, como ciudadanos, estamos más supeditados a la incertidumbre que a la responsabilidad de quienes difunden estudios de opinión. Esta se ha convertido en una práctica más de propagandismo electoral, que de seriedad respecto a los resultados que se difunden. Por eso vale la pena conocer y considerar algunos elementos que debieran ser fundamentales para dar crédito o no a las encuestas que recurrentemente se difunden, a la par de preguntarnos qué papel está jugando la autoridad electoral en todo este asunto.

En efecto, en las últimas semanas hemos visto cómo arreció la práctica de la difusión espontánea de encuestas por parte de algunos candidatos y, aparentemente, de algunos medios de comunicación. La intención clara de esas publicaciones ha sido la de generar la percepción de que tal o cual candidato a la gubernatura es quien lidera las preferencias electorales, independientemente de que eso sea cierto o no. Eso, de entrada, ya marca un problema grave porque se supone que las encuestas sirven para conocer qué tendencia lleva la opinión ciudadana sobre un tema, pero no para ser un elemento de propaganda electoral.

Lo grave es que eso es justamente lo que ha ocurrido cada vez con mayor recurrencia: los candidatos o partidos se han dedicado a pagar la realización y difusión de encuestas como un elemento más de propaganda electoral. De cara a todo eso, vale la pena retomar algunos puntos fundamentales señalados por el director de la casa encuestadora ARCOP, Rafael Giménez, quien en una entrevista que le concedió a Quadratin Oaxaca, señala qué distingue a las encuestas serias de las propagandísticas, y qué consideraciones debemos tener los ciudadanos para darle crédito a esas encuestas.

De entrada, dice Giménez, que en 2010 comenzaron a fallar fuertemente las encuestas, porque los estrategas electorales comenzaron a ver la necesidad de difundir encuestas no reales, sino a favor de un candidato en específico. Esta fue la génesis de las encuestas a modo, que buscan un efecto propagandístico y no el reflejo de un escenario electoral.

Asimismo, Giménez asegura que una encuesta tiene un costo promedio de unos 250 pesos por cuestionario. Esto significa, dice, que será una encuesta levantada, con supervisión y que cuente con todos los elementos que generan certeza sobre la opinión ciudadana recabada, además de dejar una ganancia a la casa encuestadora.

El problema, dice, es que hoy existen agencias que cobran entre 380 y 500 pesos por cuestionario, porque de antemano saben que el resultado de la encuesta ya no será una herramienta para conocer la opinión de la ciudadanía, sino que más bien lo están vendiendo como un mecanismo publicitario a favor de algún partido o candidato. Todo esto, los partidos y candidatos lo saben, y aún así van y contratan a esos encuestadores que tienen como fondo servir como herramienta de campaña.

ENCUESTAS ¿SERIAS?

Por eso, una pregunta que hoy se hace la ciudadanía es cómo leer e interpretar correctamente una encuesta, considerando que hoy no son mecanismos concretos de medición sobre un escenario electoral, sino que pueden ser una herramienta propagandística de algún partido.

Al respecto, dice Rafael Giménez que una de las peores prácticas de las encuestadoras en México, es que casi nunca dejan en claro quién paga la encuesta. Es decir, si quien financió la medición es un partido, un medio de comunicación, un candidato, etcétera. Como no hay información al respecto, lo único que queda, dice, es inferir que el financiador de la encuesta es quien aparece a la cabeza de los resultados, y eso no genera certidumbre: al contrario. Genera más duda porque no hay certeza sobre el origen y la intención de dicha encuesta.

Una de las prácticas que tampoco queda muy clara es cuántos medios de comunicación —locales o de la capital del país— tienen la capacidad de llevar a cabo y financiar sus propias encuestas. Giménez asegura que dentro de los pocos medios de información que sí tiene prestigio en sus mediciones es Reforma.

Todos los demás medios sólo difunden encuestas que otros realizan, casi siempre mediando entre ello un pago por parte del sujeto interesado en la difusión de la encuesta de opinión. Por eso, dice, hay que tener particular atención en la forma en cómo se asumen los resultados difundidos por los encuestadores y por los medios que reflejan esos números, y que a veces dan como propia la intención de la encuesta, cuando generalmente no tienen capacidad financiera y de infraestructura para llevar a cabo ese tipo de mediciones.

En Oaxaca hay cierta idea de quién puede ir a la cabeza en las encuestas, a partir de cuántos de los encuestadores más serios han difundido resultados más o menos parecidos. El resultado global de esa práctica se verá, en un primer momento, a la luz del resultado de la elección; y en un segundo momento, será también revelador el cruce de resultados y predicciones con el saldo final de los comicios del mes próximo.

¿Y EL IEEPCO?

Luego de todo esto, una pregunta esencial es dónde está el IEEPCO respecto a todas esas encuestas de las que no sabemos bien a bien su origen, metodología, intención de propagandismo electoral, y fuente de financiamiento. Queda claro que la autoridad electoral nuevamente se queda corta y revela su incapacidad para cumplir con las funciones que le fueron encomendadas.

UABJO: ¿Bautista está preparado para ser un “Rector fachada”?

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+ Los Martínez no quieren compartir: van a imponer su cacicazgo


Aunque formalmente Eduardo Bautista Martínez asuma este día como rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, debe estar en el entendido que será una autoridad que firme, pero no que mande, en la Máxima Casa de Estudios. Él es un resultado íntegro del cacicazgo liderado por Abraham Martínez Alavés, quien llegó al límite de imponer a un rector fachada ya no para compartir su poder, sino para camuflar la autoridad fáctica que pretende ejercer —ahora sí— a plenitud en la universidad de los oaxaqueños.

En efecto, el viernes hubo una elección de Estado en la UABJO, que se reflejó en diversos elementos que ahora serán determinantes en el rectorado de Eduardo Bautista Martínez. Si éste tiene la capacidad y sensibilidad para entender el escenario al que se enfrenta, entonces deberá considerar algunos elementos que serán un parte aguas de su ejercicio de cuatro años como rector de la Máxima Casa de Estudios, en unas condiciones particularmente complejas. Veamos.

  1. Eduardo Bautista Martínez es consecuencia de una elección escandalosamente fraudulenta. Su triunfo se enfrenta al cuestionamiento de origen de un evidente fraude electoral en el que no sólo tienen que ver las acciones relacionadas con la compra o coacción del voto —que fueron denunciadas oportunamente por sus adversarios políticos— sino también con acciones como el ‘inflado’ y el ocultamiento del padrón electoral. A tanto llegó la manipulación del resultado que, por ejemplo, en resultados como el de la Facultad de Derecho hubo más de cinco mil votos ejercidos, cuando en realidad esa escuela sólo cuenta con una población estudiantil y académica de alrededor de tres mil 500 personas. Ella situación inexplicable, se replicó en varias escuelas y facultades, y sólo encuentra una explicación en una clarísima manipulación del resultado que no apunta sino al fraude electoral.
  2. Bautista tendrá un rectorado particularmente supeditado a demasiados ‘liderazgos’ que a partir de hoy irán a cobrar sus dividendos. Para lograr su triunfo, Abraham Martínez Alavés se vio obligado a pactar con un grupo demasiado extenso de liderazgos universitarios —más amplio que en cualquier otra elección— para poder retener la rectoría. Ahora tendrá que pagarle, con posiciones y recursos de la Universidad, a grupos incompatibles entre sí que querrán compartir el poder. El problema no será para los Martínez —Abraham, y su ‘familia real’— sino para Eduardo Bautista, que tendrá un gabinete no plural, sino internamente irreconciliable. Ahí no habrá política que logre conciliar intereses tan heterogéneos como los que permitieron su arribo a la rectoría. Pero esa será su realidad.
  3. Bautista enfrentará un cacicazgo totalitario. ¿De qué hablamos? De que, a estas alturas, los Martínez ya no permiten ningún titubeo: o Eduardo Bautista se convierte en un rector incondicional de sus intereses, o será defenestrado a una figura meramente decorativa que servirá para cubrir las formalidades. Aquí lo hemos dicho: desde hace tiempo, los Martínez olvidaron sus tres postulados fundamentales (Democracia, Unidad y Diálogo) para establecer un régimen en el que nadie tiene el derecho del disenso. Ello provocó los rompimientos dentro de su propio grupo —de los cuales ya vimos algunos rasgos en este proceso electoral— y serán un factor al que se deba enfrentar Bautista Martínez cuando se enfrente a la disyuntiva de ejercer su autoridad, o supeditarse a los intereses de quienes lo llevaron al poder.

NUEVA —E INDESEABLE— ÉPOCA

De cara a otras circunstancias, las tres reseñadas hasta el momento, parecen lo de menos. ¿Por qué?

  1. Eduardo Bautista será un rector fachada. Sí, fachada de los Martínez y sus intereses. A ellos ya no les interesa algún valor académico sino el control de la Universidad. Ellos llegaron al clímax de su poder presencial con el rectorado de Eduardo Martínez Helmes, y ahora van por la manipulación. Bautista les servirá como fachada para el ensanchamiento de sus intereses y sobre todo para la permanencia al costo que sea. En el fondo, los Martínez le apuestan a la continuidad del grupo que encabeza el Gobierno del Estado; pero, como plan B, el gobierno actual los ve como la tabla de salvación de su régimen.
  2. Bautista inaugurará el tiempo de los ‘facilitadores’ universitarios, que replicarán la forma de hacer negocios y mantener intereses en el gobierno estatal. En los últimos cuatro años, hubo cierta moderación en los Martínez —Abraham y familia— porque la cabeza del grupo estaba en el poder. Ahora actuarán tras bambalinas, en la misma dinámica en la que Jorge Castillo Díaz —su aliado en el Gobierno del Estado— ha sido un ‘facilitador’ de los negocios e intereses inconfesables. Eduardo Martínez sería, en esta dinámica, una especie de ‘espejo’ de esa forma de “facilitar” acuerdos —sin ninguna responsabilidad ya legal o política, porque éstas ahora serán de Eduardo Bautista— a costa del presupuesto y la estabilidad universitaria.

PERIODO DE CRISIS

Por todo ello, no es exagerado suponer que la Universidad entrará en un periodo de turbulencia que sólo tendrá sosiego en la medida en que se entienda que estos ya no son tiempos para el ejercicio de un poder omnímodo como el que, en su embriaguez de poder, pretender seguir encabezando los Martínez, ahora desde la posición que mejor conocen: las sombras. El manotazo, y la escandalosa forma de manipular la elección de Rector, tendrá irremediablemente sus consecuencias. No tardará mucho en que las veamos.

¿Por qué los candidatos evitan hacer compromisos claros?

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+ Evadir la realidad y acudir al lugar común: vía de engaño


En este proceso electoral es tan importante la campaña que realizan los candidatos a Gobernador, como la que realizan quienes aspiran a ocupar un cargo de carácter legislativo o municipal. Lo es por razones políticas, ya que se supone que deben ser éstos quienes hagan el trabajo territorial que materialmente no puede hacer su candidato a Gobernador, pero también porque se supone que ellos son quienes tienen más al alcance las soluciones que, en teoría, después gestionarían ante el Gobierno del Estado. ¿Por qué evaden la responsabilidad de las propuestas serias, e intencionalmente apuntan al engaño o, al menos, al lugar común?

En efecto, ejemplos de lo anterior hay por doquier y basta ver las campañas a cargos legislativos, para corroborar el grado de irresponsabilidad que existe en quienes aspiran a formar parte del Congreso local. Para empezar, debemos preguntarnos si alguno de los diversos candidatos a las 25 diputaciones por mayoría, ha cuando menos esbozado alguna propuesta razonable, dentro de las funciones que realiza un diputado al margen de ser “gestor” de sus comunidades. La respuesta, obviamente, es que en ese rubro hay un silencio alarmante.

Pues resulta que los aspirantes a las diputaciones locales se han encargado únicamente de replicar lo bueno o malo que dice el candidato de su partido o coalición a la gubernatura, sin preocuparse por generar una ruta de trabajo propia. De hecho, en campañas en las que se renueva al mismo tiempo los poderes Ejecutivo y Legislativo, hay la “costumbre” de que los candidatos a diputados se monten —literalmente— en la campaña del candidato a Gobernador, y que naveguen únicamente con los recursos —económicos y hasta argumentativos— de la campaña que ellos consideran como principal, sin preocuparse por hacer algo más que le dé contenido a su propio trabajo proselitista.

Eso no existe, y por eso vemos que hoy la propaganda de todos los candidatos a cargos legislativos, se limita a rostros, colores y eslóganes. En ninguno hay alguna propuesta legislativa concreta, y de hecho quienes sí se decidieron a hacer alguna propuesta, lo hicieron con tal nivel de extravío que hasta parece intencionado: prometen, por ejemplo, agua potable, seguridad o empleo, como si el trabajo de un legislador fuera ese y no, como dice la Constitución, participar en la propuesta, discusión y elaboración de leyes.

¿Por qué no proponen? Afirmar que es así “porque no saben” resulta una respuesta limitada. Más bien, evitan proponer porque en realidad lo que no quieren es comprometerse en ningún sentido con la ciudadanía a la que según quieren representar. Eso es lo que parece encontrarse en el fondo de este aparente ayuno de ideas, que está bien cimentado en la demagogia y en la evasiva de cara a los ciudadanos.

EVASIVAS

Apuntábamos hace apenas unos días, que hay un nivel de demagogia alarmante en las campañas proselitistas, como la de los candidatos que con propuestas “genéricas” (agua potable, drenaje, seguridad) evaden entrar a las cuestiones de fondo que atañen a los municipios. ¿Para qué hablar de “luz eléctrica” cuando lo que le preocupa a la ciudadanía son los giros negros, la inseguridad, o la corrupción y la opacidad?

Las campañas en municipios como Santa Lucía del Camino son ejemplo perfecto de ello. Pues resulta que candidatos como Raúl Cruz González, del PRI, decidieron caminar con una retórica de evasivas y propuestas demagógicas, dejando intencionalmente de lado los problemas que de verdad le preocupan a la ciudadanía de ese municipio, que ha sido catalogado como el patio trasero de la capital oaxaqueña.

¿De qué hablamos? De que Cruz  —aunque los candidatos de otros partidos andan por las mismas— en estos casi quince días de campaña, ha evitado por completo hablar de la herencia, que él representa, del gobierno de Galdino Huerta Escudero, pero también de los verdaderos problemas que sufre ese municipio, los cuales son más viejos y más visibles que la chabacanería que ambos representan de la “clase política priista” en los municipios conurbados a la capital.

Pues resulta que, por un lado, el gobierno de Huerta es un ejemplo de voracidad, discrecionalidad y agravios a la ciudadanía. Sus recurrentes líos judiciales con su propio cabildo, su empecinamiento por exprimir a los giros blancos, y callar frente a los giros negros; las afrentas que cometió en contra de las pocas fuentes de trabajo que existen en esa localidad, y la inoperancia total de un gobierno que nunca pudo tapar un bache, pero sí creó fuentes de riqueza con sus multas, operativos y clausuras. En esas condiciones, por más propuestas que haga, Raúl Cruz lleva ese legado a cuestas, del cual no sólo no se deslinda sino que evade y calla.

En esa lógica, su “estrategia” ha sido la de las supuestas propuestas. ¿Cuáles? Las des siempre: agua potable, drenaje, luz eléctrica y todos los lugares comunes que alcancemos a imaginar. El problema es que con eso evade hablar de lo que a la gente le preocupa: la inseguridad, el narcomenudeo, los giros negros, los abusos cometidos desde el Ayuntamiento, entre muchos otros temas de los que intencionalmente busca no hablar, para evitar comprometerse.

DIÁLOGO DE SORDOS

Por eso, las campañas son algo así como la torre de Babel en la que todos hablan pero nadie se entiende. Unos hablan de lo que la gente no necesita, y ésta espera que los políticos les digan lo que nunca estarán dispuestos a abordar y menos comprometerse. He ahí, dos ejemplos.

Sección 22 iría al paro como forma de acción electoral

SXXII

+ Presencia en procesos democráticos ha sido permanente


A pesar de las señales de fuerza que han enviado el gobierno de Oaxaca y la Federación, la Sección 22 ha reiterado sistemáticamente su determinación de ir al paro indefinido de labores, a partir de la próxima semana. El anuncio parece estrujante de cara a la nueva realidad de la entidad en materia educativa. Pero no sorprende nada si se mira desde la lógica del proceso electoral que, además, está a muy pocos días de definirse. Al final, la Sección 22 es uno de los grupos de presión más determinantes que existen, y en esa lógica era de esperarse su participación política —a su forma— en los comicios oaxaqueños.

En efecto, luego de la aprehensión del líder regional de la Sección 22 en el Istmo de Tehuantepec, Heriberto Magariño López, reapareció el secretario General del magisterio en Oaxaca, Rubén Núñez Ginez. Lo hizo, en una declaración atípica, no para denunciar el hostigamiento de que los ha hecho blanco el gobierno federal, o para reprocharle a la administración de Gabino Cué Monteagudo por lo que ellos pudieran calificar como una traición. Incluso, Núñez no apareció para anunciar acciones en respuesta a la aprehensión de su dirigente regional.

Más bien, Núñez Ginez retomó la escena nacional (a través de una entrevista que ofreció al periódico El Universal) para deslindarse —otra vez— de Andrés Manuel López Obrador y para reiterar la decisión de ir al paro indefinido de labores. En ese sentido, vale la pena releer algunas de sus declaraciones. Núñez dijo, por ejemplo, que “por el acuerdo y la caracterización, es un paro nacional indefinido y unitario, es decir, cabemos todos los simpatizantes de la CNTE, todos los maestros que si no militaban en la coordinadora y se ven afectados por la reforma educativa, se van a sumar a la lucha”.

A la pregunta de qué rol juega la Sección 22 en el actual proceso electoral, Núñez dijo: “el Congreso Político extraordinario abordó el tema de la coyuntura electoral y uno de los puntos que avaló el movimiento fue que no coincidimos en que los mismos compañeros estén dando su voto a los partidos que firmaron el Pacto por México, no sólo en Oaxaca, sino todo el país, porque el pacto afectó a todos los estados”. Junto a esto, dijo que el domingo 15 definirán la sede de su plantón masivo (el zócalo de la Ciudad de México, a las afueras de la Secretaría de Gobernación o en el Monumento a la Revolución). Pero toda su declaración redunda en el tema electoral y en el estallamiento del paro indefinido de labores.

¿Debiera sorprender? A la luz de la reforma electoral, sí, porque este es el más claro desafío del magisterio disidente aglutinado en la Coordinadora —cuya cabeza de playa sigue siendo, indiscutiblemente, la Sección 22 del SNTE— a los amagues hechos por la Secretaría de Educación Pública y el gobierno de Oaxaca, en el sentido de que aplicarán la ley a todo aquel maestro que falte tres días a sus labores docentes en un lapso de treinta días, y que no habrá tregua ni trato diferenciado para los profesores faltistas con los que, además, ninguna instancia del gobierno federal ni de Oaxaca tiene interlocución o mesas de diálogo.

PARTICIPACIÓN ELECTORAL

No obstante, si todo este asunto es visto desde la lógica de que la Sección 22 es un grupo de presión muy importante para la gobernabilidad del Estado; y de que, a su forma, siempre ha participado en los procesos electorales —máxime en los que se elige Gobernador— estatales, entonces a nadie debería sorprender su anuncio de que en esta ocasión también participarán a través de un paro indefinido de labores y, posiblemente, en un plantón representativo en la entidad.

Según su propia lógica, el magisterio oaxaqueño considera que bajo ninguna circunstancia puede sustraerse de una dinámica política tan trascendente, como la de un relevo en la gubernatura. Quienes asumen equivocadamente que su participación en el proceso electoral ocurre en el activismo, omiten ver que en realidad la participación de la Coordinadora se da a través de sus propios medios. Eso tiene que ver no con la promoción específica a algún candidato, sino más bien en las acciones de repudio a las fuerzas políticas con las que no comulgan.

Hoy en Oaxaca tienen un escenario atípico porque, según las propias palabras de Núñez Ginez ayer en El Universal, la Coordinadora no avala ningún pacto con los partidos que firmaron y apoyaron el Pacto por México —élite de donde emergió la reforma educativa, y todas las demás reformas estructurales— pero que tampoco está con López Obrador. Y aunque este último deslinde parece más testimonial que de convicción, en realidad parece que por primera vez los profesores de la Coordinadora se quedaron sin candidato, a pesar de que abanderados como José Antonio Estefan Garfias han prometido diálogo —que hoy no existe entre el gobierno de Oaxaca y la Sección 22— y la posibilidad de reabrirles la puerta de la institucionalidad, que siguen teniendo cerrada.

PONER A PRUEBA EL SISTEMA

También es clara la intención de poner a prueba el sistema. Sí, ese sistema que ya aplicó una evaluación pero que en Oaxaca no ha arrojado ningún resultado contundente respecto a los profesores oaxaqueños que se resisten a la evaluación educativa. En ese aspecto, no ha quedado claro cuál ha sido el derrotero de la autoridad. Ahora la Coordinadora va a ver qué tan posible puede ser que haya un despido masivo. No lo creen. Por eso van a comprobarlo… si es que en realidad sí estalla el paro indefinido a partir del domingo 15.

Respuesta federal es contundente frente a amague de paro indefinido

Heriberto

+ Liderazgos regionales, mecanismo de presión contra paro indefinido


Ayer fue aprehendido otro dirigente regional de la Sección 22 del SNTE, como medida de presión frente al anuncio hecho por la dirigencia magisterial, de que a partir de la semana próxima podría estallar otro paro indefinido de labores. Esta es una más de las acciones que buscan servir como golpes desmoralizadores en contra del magisterio, que hoy por hoy no ha podido articularse para responder como lo habría hecho en otros tiempos, y que quién sabe si logre concretar su amenaza del cierre de escuelas.

En efecto, de acuerdo con información de Quadratin, Heriberto Magariño López deberá responder por la presunta comisión de los delitos de robo calificado, tentativa de homicidio, lesiones calificadas, ante un juez federal con sede en la Ciudad de México. según la información, Magariño López fue puesto a disposición de un juez federal por su probable responsabilidad en la comisión de delitos del fuero federal y en cumplimiento a una orden de aprehensión.

Además, cuenta con diversas averiguaciones previas y una orden de aprehensión en Oaxaca por la presunta comisión de los delitos de robo calificado, tentativa de homicidio y lesiones calificadas en contra de un particular, así como por daños al equipamiento urbano y robo específico de vehículos en perjuicio del gobierno estatal, entre otros. La detención del líder magisterial en la región del Istmo de Tehuantepec, dice un comunicado del Gobierno de Oaxaca emitido al respecto, forma parte de un conjunto de 26 órdenes de aprehensión en contra de integrantes del magisterio oaxaqueño, que están vigentes para su cumplimentación.

Todo esto ocurre frente a una amenaza reconfirmada de la Sección 22. Pues desde el 12 de abril pasado, maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunciaron que iniciarían un paro indefinido de labores a partir del próximo 15 de mayo en Oaxaca y en estados con presencia de la CNTE. En aquella ocasión, el dirigente de la Sección 22, Rubén Núñez Ginez dijo que ante la “cerrazón” de los gobiernos estatal y federal, se iniciaba un plan de movilizaciones y se declaraba el inicio de la jornada nacional de lucha, que culminaría con el paro indefinido a partir del 15 de mayo.

Para reafirmar su plan, este fin de semana la Asamblea Estatal acordó realizar una marcha el próximo domingo 15 de mayo, a partir de las 9 de la mañana del crucero de Viguera, con destino al Zócalo de la ciudad de Oaxaca, para iniciar con un paro indefinido de labores.

El acuerdo para realizar la movilización emanó de la Asamblea Estatal del magisterio que se realizó este sábado en auditorio “Enedino Jiménez” del hotel magisterial. Para la concentración, el Comité Ejecutivo convocó la participación del 80 por ciento de la membresía de este sindicato; mientras que el 20 por ciento restante se trasladará a la Ciudad de México para marchar e instalar el plantón nacional. De acuerdo con los delegados de este gremio, la demanda es una mesa de negociación con los gobiernos federal y estatal para tocar los temas pendientes del magisterio como pagos retenidos y la libertad de presos políticos, entre otros.

Ante este anuncio, el gobierno federal decidió anexarle otro “preso político” a la demanda de los profesores democráticos que, además, no han logrado entablar la mesa de diálogo que largamente han exigido a los gobiernos estatal y federal.

GOLPES DESMORALIZADORES

A propósito de la detención de Aciel Mendoza Sibaja, tesorero de la Sección 22, apuntábamos en este espacio algunas consideraciones que hoy se reafirman con la aprehensión de Heriberto Magariño. Todo parece tener una razón, apuntamos el 26 de abril: ahogar a la Sección 22. En junio del año pasado les cortaron su fuente de financiamiento formal, y a la par de ello le congelaron su salario a todos los trabajadores que se encuentran comisionados a labores sindicales. Si ese fue el primer paso, el siguiente era cortarle las fuentes de recursos extraordinarios para que la dirigencia tuviera menos capacidad de movilización.

En el fondo, todo esto parece el preámbulo para una medida de la que aún se ha hablado poco pero que ya no tarda mucho en anunciarse: la implementación de una nueva jornada de evaluación a trabajadores de la educación en la entidad. En otras entidades, la CNTE ha tratado de implementar medidas de boicot a las evaluaciones. Pero en el caso de Oaxaca, intentan que los maestros aún identificados con las causas de la Sección 22 sigan desgastándose en la exigencia de otras cuestiones, y que además sigan resintiendo los efectos del ahogamiento de sus más importantes fuentes de financiamiento.

Hoy, a la distancia, sabemos que la estrategia de desmovilización y desmoralización magisterial no tiene que ver con la evaluación —que realizaron recientemente, aún a escondidas de la Coordinadora— sino con la amenaza del paro indefinido que ya está a sólo días de que se materialice.

POLÍTICA MAGISTERIAL

Al interior del sindicato magisterial hay también mucha política. ¿Alguien ha sabido algo, por ejemplo, de los llamados “pozoleros” de la región de la cuenca del Papaloapam? Según las comunicaciones oficiales luego de la aprehensión de Magariño apuntan a la existencia de mandatos de aprehensión en contra de líderes de valles centrales y otras regiones, que no pasan por los grupos que fueron afines al evielismo. ¿Será que con ellos también hubo operación cicatriz?

La sucesión en la UABJO es operada desde el gobierno

Helmes

+ Helmes entrega el poder a cambio de una subsecretaría


Esta será la semana que defina el rumbo de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. La carrera por la rectoría rebasó por mucho el mero interés universitario, y hoy se encuentra instalada en el intento abierto de generar una extensión del gobierno estatal en la administración universitaria. El rector saliente, Eduardo Martínez Helmes, ha recibido ayuda oficial para hacer declinar a algunos de los competidores de su candidato, y podría también recibir algún tipo de premio político si logra que su grupo retenga la rectoría por cuatro años más.

En efecto, la Universidad es caja de resonancia de lo que ocurre en Oaxaca, y a partir de eso podemos entender esta competencia por la rectoría, que ocurre a menos de un mes de que ocurran los comicios estatales. En ese sentido, el rector Martínez Helmes está buscando la forma no sólo de transmitirle el poder universitario a alguien de su grupo político, sino también de preservar las relaciones —y los intereses— de poder que estableció con gente cercana al gobierno estatal. Estas cuestiones resultan determinantes para entender a qué nivel tratarán de llevar la batalla electoral en los días próximos.

Martínez Helmes, está tratando de retener el poder, más allá de las razones que pudieran considerarse como “naturales”. En un primer plano, dentro de la Universidad es bien sabido que enfrenta un grave problema de comprobaciones ante la Auditoría Superior de la Federación, por una suma superior a los 50 millones de pesos sólo del ejercicio presupuestal de 2013. A partir de eso, se puede entender que Martínez Helmes no sólo quiera heredarle el poder a alguien de su grupo por una cuestión de naturaleza, sino porque ello le garantizaría ciertas comodidades en la comprobación de los recursos que hasta ahora aparecen como faltantes.

No obstante, hay más. Martínez Helmes entabló relaciones de intereses económicos con gente cercana al gobierno estatal y, se dice, que juntos han aprovechado sus responsabilidades y presupuesto para generarse beneficios particulares. Sólo de esa manera puede entenderse que, por ejemplo, al ex dirigente del STAUO, Amilcar Sosa Velasco lo hayan “convencido” desde el gobierno estatal no sólo de abandonar la postura crítica que era bien conocida en contra del rector Martínez Helmes y su familia, sino incluso de declinar en sus aspiraciones políticas a favor del candidato de la rectoría, Eduardo Bautista Martínez.

¿Cómo lo lograron? Fuentes de la propia universidad afirman que fue determinante la intervención del operador financiero del gobernador Gabino Cué, Jorge Castillo Díaz, quien habría llevado hasta la Ciudad de México a Sosa Velasco para manifestarle su interés porque se sumara al trabajo político de Eduardo Bautista, el candidato del Rector.

¿Cuál habría sido el mecanismo de “convencimiento”? Primero, ofrecerle el pago de un bono de actuación por una cantidad superior a los cinco millones de pesos. Segundo, “recordarle” la existencia de varias órdenes de aprehensión libradas en su contra. Y, tercero, el amague con hacerlas efectivas de no cumplir con sus pretensiones.

Sólo así se puede entender la forma en la que Sosa Velasco dejó atrás todas sus convicciones y, sin el menor pudor, fue a levantarle la mano al candidato de la familia Martínez y a “sumarse” al trabajo del grupo político del que por años —y hasta un día antes— fue su crítico más puntilloso.

PREMIO A HELMES

Toda esa dinámica tiene un punto más, del que también se habla ya en la Universidad: de consumarse una sucesión provechosa para los intereses de la familia Martínez (Eduardo Martínez Helmes, el rector; su padre, Abraham Martínez Alavés, líder del grupo político; y todo el clan familiar que ocupa diversas responsabilidades en la administración universitaria), el rector Martínez Helmes sería premiado al menos con una subsecretaría en el gobierno estatal.

De hecho, esa sería la forma de permitirle una salida digna del cargo y enrolarlo en una dinámica política distinta, para permitirle crecimiento más allá del ecosistema universitario. Dicho cálculo, tendría como base que también el grupo gobernante actual lograra también perpetuarse en el poder a través de su candidato, José Antonio Estefan Garfias, y entonces así mantener, primero, el control universitario —presupuestal y político— a través de un rector fachada en la figura de Eduardo Bautista; segundo, la ruta para que Martínez Helmes creciera políticamente, por primera vez fuera de la UABJO; y tercero, tener a salvo la conveniencia de los negocios y la facilidad de las comprobaciones.

Al final, por eso es tan claro por qué el gobierno está fungiendo como facilitador en la negociación con los adversarios políticos del rector Eduardo Martínez Helmes. La Universidad pretende ahora ser vista como una extensión del gobierno, aunque eso ponga nuevamente en la picota una discusión —aparentemente superada— sobre la autonomía universitaria. Al final, por sobrevivir, los Martínez pretenden entregar nada menos que el mayor baluarte moral de la Universidad, con tal de no perder el poder.

PORRISMO

De hecho, aseguran que ayer en el edificio central de Rectoría, hubo una especie de pase de lista entre diversos dirigentes porriles, a quienes ya les comenzaron a suministrar recursos económicos como preparativo para el robo de urnas, el día de la jornada electoral universitaria. Ahí, uno a uno, desfiló la crema y nata del porrismo para estar listos para lo que pueda ofrecerse el viernes.

Urgente, dar por terminada polémica por legitimidad de candidatos

Alejandro

+ Guerra de lodo convertida en guerra de odio; son pequeños Trump


 

Qué bueno que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, diera por terminada la disputa legal por la legitimidad de los candidatos a la gubernatura en Oaxaca. Una vez que el asunto legal quedó definido, es importante que la guerra de lodo, convertida en guerra de odio, entre los candidatos, también se modere. ¿No ven que lo que menos necesitamos los oaxaqueños es más confrontación entre nosotros, y que tampoco necesitamos que las ambiciones políticas suplan la decisión de la ciudadanía frente a un proceso electoral como el que ocurre en la actualidad?

En efecto, la tarde del pasado miércoles el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó, por unanimidad, que Alejandro Murat Hinojosa se encuentra plenamente legitimado como candidato a la gubernatura de Oaxaca por la coalición PRI-PVEM. También, dicho tribunal estableció un criterio claro definitivo sobre la candidatura de Ángel Benjamín Robles Montoya por el Partido del Trabajo, en la que estableció que no había ilegalidad en su postulación.

En el primero de los casos, la Sala Superior del TEPJF ratificó, por unanimidad, la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca al considerar que “ser hijo de padre o madre oaxaqueño (ius sanguinis) es suficiente para cumplir con los requisitos establecidos”. El máximo órgano electoral explicó, en una tarjeta informativa emitida para clarificar los alcances de su fallo, que “considerar válida sólo la ciudadanía de los nacidos y de los residentes implicaría restringir indebidamente el derecho a ser votado del ciudadano hijo de padre o madre oaxaqueño, de ahí la importancia de realizar una interpretación pro persona para potenciar el derecho a ser votado y el principio de igualdad en la participación dentro de los procesos comiciales.”

El Tribunal Electoral reconoció la oportunidad e importancia de la interpretación pro persona de derechos realizada por el Tribunal local “a efecto de considerar nativo del estado de Oaxaca por tener la calidad de ciudadano oaxaqueño a Alejandro Ismael Murat Hinojosa, y así tener por acreditado tal requisito previsto en el artículo 116, fracción I, de la Constitución Federal, para contender al cargo de Gobernador de esa entidad postulado por la Coalición Juntos Hacemos Más en el proceso electoral ordinario local 2015-2016″.

En el caso de Robles Montoya, la Sala Superior también refrendó lo que desde el primer momento dictaminó el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en el sentido de que la candidatura de Robles Montoya no era inconstitucional porque el ex perredista nunca incurrió en el supuesto prohibido por la ley, de participar simultáneamente en los procesos de designación de candidatos de dos partidos políticos.

Más bien, reconoció la Sala Superior, Robles Montoya sí participó en el proceso perredista, pero no así en el del PT, porque éste definió su candidatura después que el PRD y lo hizo a través de un mecanismo en el que hubo una designación pero sin realizar ningún tipo de competencia entre sus militantes o simpatizantes por dicha candidatura.

QUE HABLEN LOS VOTOS

Hemos advertido el riesgo que implica la tentación de algunos partidos por litigar en los tribunales lo que no quieren dirimir en las urnas, con votos. Esa tentación ha tenido como finalidad el tratar de sacar de la competencia electoral a uno o más de los aspirantes, pero no a través de la descalificación democrática, sino de la previa. Ésta vía la han buscado insistentemente a través de la acción en los tribunales.

De hecho, si repasamos la historia del presente proceso electoral encontraremos que el único candidato que no intentó esa vía fue Alejandro Murat, pero que tanto José Antonio Estefan Garfias como Benjamín Robles Montoya maniobraron de todas las formas posibles para sacarse a sí mismos de la contienda, y también de eliminar a Murat que es —o debiera ser— el auténtico adversario común de sus respectivas candidaturas. Con este fallo, el tema legal quedará superado, aunque no así la campaña de odio ampliamente desplegada, que también debiera frenar para dar paso a otro tipo de argumentos. ¿De qué hablamos?

De que durante casi toda la primera mitad de la campaña, hubo una verdadera guerra generadora de odio en el único espacio que ha escapado de la dieciochesca regulación de las autoridad electoral: el espacio virtual y las redes sociales. Ahí se desató una guerra feroz por descalificar a los candidatos respecto a su origen, su aspecto o su supuesta “clase social”. Según los abanderados, ésta era una forma de ganar terreno en la lucha electoral. Sin embargo, lo único que consiguieron fue revivir el viejo esquema del clasismo que ha sido tan traumático para los mexicanos, aderezado con otro ingrediente aún más indeseable: la xenofobia.

El gran mensaje del tribunal electoral, es que todos están legitimados para participar; que paren las campañas de odio, y que todos se preparen para la expresión ciudadana traducida en votos. Así debió ser desde el inicio. Muy a pesar de los propios candidatos.

LA FAMILIA REAL

Eduardo Bautista insiste en que su perfil académico lo avala como candidato a Rector, y no se equivoca. Justo por ese perfil, y por su nula experiencia política, es que su tío Abraham Martínez Alavés, lo eligió como posible sucesor. Pretende extender su maximato, ahora con su sobrino al que, con ayuda del gobierno, ahora pretende utilizar como Rector fachada. Abundaremos.

¿En Oaxaca nadie va a hacer propuestas anti corrupción?

 

+ El SNA es un tema toral; ¿en Oaxaca a nadie le importa?


Llama la atención la laxitud que existe en el discurso relacionado con propuestas, de los abanderados a la gubernatura del estado. En algunos temas, esa vaguedad parece estar determinada por la incapacidad de esbozar todo un programa de gobierno en apenas unos días de campaña. Pero en otros casos, la generalización de las propuestas —y hasta la omisión de algunos temas— parece más bien un acto deliberado. Eso es lo que parece ocurrir respecto al combate a la corrupción, tema del cual nadie ha hablado de verdad en este periodo de campañas en Oaxaca.

En efecto, los candidatos a la gubernatura podrán decir misa para justificarse, pero lo cierto es que ninguno le ha entrado al tema del combate a la corrupción en Oaxaca, ni siquiera como tema marginal. Eso resulta extraño, y en cierto modo hasta sospechoso, porque resulta que el eje —negativo— de las campañas de los tres principales aspirantes a la gubernatura se basa justamente en señalamientos mutuos de corrupción —ninguno con pruebas, hasta ahora— y en llamados, primero, respecto a que perseguirán a los corruptos y, segundo, a que la ciudadanía debe no votar por quienes han incurrido en esas prácticas.

De hecho, uno puede hacer un juego de nombres respecto a todos los candidatos, y resulta que de todos modos los señalamientos y los llamados electorales sobre la corrupción, son exactamente los mismos. Lo que no vemos por ningún lado son las propuestas para enfocar sus ofrecimientos, a pesar de que buena parte de las campañas giran alrededor de esos señalamientos, como por ejemplo los relacionados con los presuntos actos de corrupción cometidos por “operadores políticos” del gobierno estatal.

Hay datos que son más concretos, sobre los cuales nadie ha dicho nada en esta campaña. Por ejemplo, apenas en enero (TIEMPO, 5 de enero, página 4) el titular de la Auditoría Superior del Estado, Carlos Altamirano Toledo, alertó de un presunto quebranto financiero superior a los cuatro mil millones de pesos por parte de las actuales autoridades municipales que a fin de este 2016 concluyen su encargo, en caso de que los diputados de la LXII Legislatura estatal no hagan las reformas jurídicas necesarias a la Ley de la Auditoría. Dijo que ese quebranto se cometió en gran medida porque al entregar el cargo, las ex autoridades municipales no dejaron archivos ni realizaron ningún tipo de proceso de entrega-recepción con quienes los relevaron.

En ese sentido, el Titular de la ASE previno que este tipo de situaciones podría volverse a repetir en caso de que la LXII Legislatura estatal no lleve a cabo una serie de reformas jurídicas para impedir que las actuales autoridades municipales incumplan con la entrega de la documentación respectiva que consiste en expedientes técnicos, facturas, comprobantes fiscales entre otros.

¿En qué tendrían que consistir esas reformas si se supone que recientemente los diputados de la LXII Legislatura local realizaron modificaciones a la Constitución para establecer el sistema anticorrupción en concordancia con las reformas federales ocurridas también en 2015? Esa es una pregunta que nadie ha querido contestar en medio de las campañas, en las que paradójicamente uno de los temas que más han utilizado los partidos y sus candidatos, es justamente el de los señalamientos de corrupción como base para descalificar al adversario y promover, implícitamente, el voto a su favor.

TEMA EVADIDO

Oaxaca tiene un problema constitucional grave respecto al combate a la corrupción, y eso es algo que no pueden seguir evadiendo los candidatos a la gubernatura. Lo apuntamos hace meses y el panorama sigue siendo exactamente el mismo: Además de que en la reforma del 30 de junio de 2015 a la Constitución local para dizque establecer el sistema anticorrupción, no se eliminaron los principios de anualidad y posterioridad en la fiscalización superior, hay otros elementos que también son un foco de impunidad para los corruptos.

Por ejemplo, en el sistema de responsabilidades que estableció la reforma federal anticorrupción resaltan dos cuestiones: primera, la inclusión de las responsabilidades administrativas de particulares y por supuesto, las sanciones que el Tribunal de Justicia Administrativa podrá imponer, y que por ejemplo va desde la inhabilitación para la participación en procedimientos de adquisiciones, hasta la eventual promoción de responsabilidades penales. Esto existe en la Constitución Federal, pero inexplicablemente no fue incluido en la reforma anticorrupción a la Constitución del Estado.

De hecho, en la reforma constitucional federal, se hace una variación sustancial de la concepción y la naturaleza jurídica de lo que conocíamos como Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al denominarlo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, e imponer a las entidades federativas la obligación de contar con un órgano similar, dispone que éste debe contar con características particulares establecidas en diversos preceptos de la Constitución.

¿“LAGUNA” LEGAL O LLAVE DE IMPUNIDAD?

El problema es que en Oaxaca lo que se estableció fue un tribunal “contencioso administrativo y de cuentas” que hasta en la denominación es discordante con lo que dispone la norma federal, y que en el fondo también enfrenta el problema de no contar con las atribuciones que el Sistema Nacional Anticorrupción establece para esos órganos de justicia a nivel local. A ello hay que agregar el drama de la auditoría desdentada que tiene Oaxaca. De todo eso deberían hablar quienes aspiran a gobernar Oaxaca a partir de la promesa de honestidad. ¿Qué esperan?