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En Oaxaca, la ruta por la alianza pasa por el chantaje a partidos

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+ PAN-PRD van por negociaciones ¿y por colonización del priismo?

 

El proceso para elegir a los candidatos a Gobernador por los distintos partidos en Oaxaca, está íntimamente ligada con lo que ocurre en el contexto nacional. Nuestra entidad, pues, no es una ínsula. Por eso es importante entender no sólo la ruta que siguen los institutos políticos en la entidad, sino verla también de cara a lo que ocurre en otros procesos electorales estatales (12) que están corriendo en paralelo al de Oaxaca. El PAN y PRD están ensayando rutas poco ortodoxas y eso podría también contaminar los procesos internos del priismo en la entidad.

En efecto, en Oaxaca cada partido aparenta tener su propia ruta para la definición de sus candidatos. Eso es algo sólo aparente. Pues aunque en el PRI hay formalmente tres aspirantes a la candidatura (Alejandro Murat, Eviel Pérez Magaña y Alfonso Gómez Sandoval Hernández), y en el PRD la definición es una moneda al aire entre Benjamín Robles Montoya y José Antonio Estefan Garfias, lo que verdaderamente ocurre, es que esta competencia tiene otros factores que deben ser también considerados.

Uno de ellos, del que se habla hoy con insistencia, es el del intento de algunos grupos al interior del PRI por generar la idea de que la lucha irremediable entre dos de sus aspirantes, debe abrir la ruta de un tercero. Esa idea, diseñada con perversidad e impulsada por el ex gobernador Ulises Ruiz dentro del PRI, tendría como intención abrir la puerta de la candidatura a otros personajes de poco peso electoral —en su mayoría, emergentes que hasta ahora ni siquiera aparecen en el radar real de los posibles candidatos del PRI—, para que ello le sirviera de trampolín a una victoria de cualquier otro partido en la contienda electoral —independientemente del efecto político regional que esto tendría—.

Quienes impulsan esa ruta, saben que eso les resulta conveniente porque eso impediría la posibilidad de arribo al poder de sus adversarios dentro del mismo PRI, y por esa razón insisten en barajar nombres de personajes que aún tendrían que crecer muchísimo para poder ser competitivos electoralmente. Una de las cosas que llama la atención de esa estrategia de impulsar a un tercero, es lo mucho que eso le convendría al grupo gobernante y lo poco conveniente que ello sería para el aspirante favorito del ulisimo en Oaxaca. En el fondo, esa parece una ruta que no busca el poder sino la impunidad.

Alrededor de eso lo que se ve es una negociación en la que intentarían sacrificar al propio Eviel Pérez Magaña, que ha sido impulsado durante años por el ulisismo pero que ahora sería un vehículo de negociación para las nuevas intenciones de sus impulsores. No parece haber otra razón por la que ahora, con la ayuda de otros políticos que intentan también por sus propios intereses incidir en la definición priista de su candidato a Gobernador, están tratando de descarrilar no sólo a los dos aspirantes más posicionados, sino la posibilidad de que el PRI pueda recuperar la gubernatura en 2016.

DIÓDORO Y TLAXCALA

Frente a todo eso hay que ver no sólo en el contexto el nombramiento del ex gobernador Diódoro Carrasco Altamirano como secretario General de Gobierno en Puebla, sino también lo que ocurre en la definición política en su vecino estado de Tlaxcala.

En Puebla, como es sabido, el gobernador Rafael Moreno Valle tiene la firme intención no sólo de sembrar a su sucesor en el gobierno estatal, sino además generar una tendencia regional favorable. Por esa razón, el PAN apretó la definición de su candidato común en Tlaxcala, tratando de obligar a que el PRD se sume a su abanderada, y no a que el PAN siguiera la definición perredista como inicialmente se pensaba.

Esto último puede ser indicativo para lo que pudiera ocurrir en definiciones como la de Oaxaca. ¿Por qué? Porque todos sabían que el PAN era fuerte en Puebla y que por eso el Gobernador —no el PAN— iba a elegir al candidato a Gobernador de la coalición entre esos dos partidos. Lo que no sabían es que desde Puebla, el PAN iba también a ensayar la maniobra de apretar al PRD en la negociación por la candidatura —razón por la cual, el líder nacional perredista, Agustín Basave, hasta amagó con dejar la dirigencia— y que algo similar podría terminar ocurriendo en Veracruz. En ninguna de esas dos entidades el PAN es un factor determinante, aunque sí es lo suficientemente necesario como para que no terminen perdiendo juntos, PAN y PRD, frente al PRI.

Así, el PAN parece estarle hallando la medida a sus coaliciones con el PRD. Y aunque aquí todavía no hay una definición concreta sobre su candidato, en el fondo esa podría ser la estrategia para cerrar la candidatura a favor del abanderado que quiera el gobierno, con el apoyo de Puebla: que el PAN deje su cómoda posición de secundar al PRD en la coalición en Oaxaca, como lo habían pactado inicialmente, y obligue a que ésta se defina por un candidato en específico a partir del amague de que, o es ese candidato (el que impulse el PAN, también respaldado por el grupo gobernante), o no se formaliza la coalición electoral, y ambos partidos pierden el gobierno de Oaxaca.

Es imposible desligar la influencia que tiene el ex gobernador Carrasco en el grupo gobernante local; tampoco se puede pasar por alto el hecho de que, como aspirante a la candidatura por el PRD, Estefan es la pieza de Carrasco en la contienda interna de la coalición en la entidad, y que es quien también aglutina a la gran mayoría de los intereses del grupo gobernante; y que Puebla quiere sumar a Oaxaca para el proyecto presidencial de Moreno Valle, en el que ya está trabajando su Secretario General de Gobierno.

Como factor, Puebla ya parece estar incidiendo en las definiciones políticas de nuestra entidad. Y frente al desastre y los desencuentros —irremediables, esos sí— al interior del PRD, este podría ser el camino no sólo para remediar la trifulca, sino también para ungir al abanderado más conveniente para el sector que tenga la mayor astucia y capacidad de operación política en este proceso.

 

ROBLES, EL PERDEDOR

Si esa estrategia se consolida, el más perjudicado sería el senador Robles Montoya, que si bien tiene la venia de la dirigencia perredista, tendrá en contra a este conjunto de factores que serán de un peso relevante en la definición de la candidatura por la coalición y que, en su propio contexto, parecen estar descarrilando al perredismo en una entidad que parecían tener segura, como Tlaxcala.

UN MILLÓN EN EL OBSERVATORIO

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Por Carlos R. Aguilar Jiménez.

 

          Un millón es mil veces mil y en una estimación numérica y evaluación relativa pero muy aproximada se trata de una cantidad impresionante, que considerando el promedio de visitantes diarios durante los 43 años de servicios proporcionados por el Observatorio Astronómico Municipal de Oaxaca, incluyendo visitas escolares, asistentes a observaciones telescópicas de eclipses, cometas, lluvias de estrellas, ocultaciones o alineaciones planetarias, contando la participación de aficionados a las ciencias del cosmos y cientos de miles de visitantes espontáneos en festivales astronómicos, aniversarios y conmemoraciones especiales, se calcula que en este año 2016 los asistentes al observatorio llegarán al millón de visitas.

Observatorio
Se premiará al visitante número 1,000,000,

           Un millón de visitantes es un número o símbolo indicador de toda ocasión o actividad especial  y específica que este próximo sábado 10 de febrero, en  ocasión del cuadragésimo tercer Aniversario del Observatorio Astronómico, será festejada con el “Fandango Astronómico del Millón” homenaje que ya prepara y organiza el H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, la Secretaría de Desarrollo Humano y Dirección de Cultura y Espectáculos, instituciones municipales responsables del funcionamiento y tareas de las instalaciones astronómicas de Oaxaca, que desde hace más cuatro décadas, luego de haber sido inauguradas en 1973 como un regalo y muestra de buena voluntad entre pueblo y pueblo, entre la ciudad Hermana de Palo Alto California en EU y Oaxaca, se han destacado como el referente único e impar en Oaxaca para la observación y estudio de fenómenos celestes, impartiendo conferencias, talleres de ciencia, cursos de cosmografía y múltiples actividades enfocadas a la divulgación y enseñanza de la astronomía, entendida como una ciencia fundamental para comprender ¿cómo es que estamos aquí, de dónde venimos y hacia dónde vamos?. Será el próximo sábado 13 de febrero con Luna creciente el día en que se reconozca al visitante un millón con cómputo numérico que iniciará con los visitantes al observatorio desde el día lunes 1 de febrero, cuando se comenzarán a entregar sobres cerrados con un número progresivo a partir del número 999400, que sucesivamente y según el promedio de visitantes diarios desde hace 43 años, llegará al total de un millón el día de la celebración, premiándose al visitante un millón con un reconocimiento oficial y regalos.  

En Oaxaca, la impunidad de los ediles va para largo

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Carlos Toledo

+ Reforma anticorrupción, aquí fue una tarea a medias

No extraña que el titular de la Auditoría Superior del Estado, Carlos Altamirano Toledo, denuncie que las actuales autoridades municipales en Oaxaca podrían cometer un quebranto general al erario de unos cuatro mil millones de pesos. Esa, dice, es una cifra similar a la que los ediles del trienio 2011-2013 dejaron de comprobar ante el órgano de fiscalización. La razón de que no sea raro el señalamiento es que, a pesar de la supuesta “reforma anticorrupción” a nivel local, las leyes en Oaxaca continúan estimulando la protección a los servidores públicos corruptos.

En efecto, Altamirano alertó de un presunto quebranto financiero superior a los cuatro mil millones de pesos por parte de las actuales autoridades municipales que a fin de este 2016 concluyen su encargo, en caso de que los diputados de la LXII Legislatura estatal no hagan las reformas jurídicas necesarias a la Ley de la Auditoría. Dijo que ese quebranto se cometió en gran medida porque al entregar el cargo, las ex autoridades municipales no dejaron archivos ni realizaron ningún tipo de proceso de entrega-recepción con quienes los relevaron.

En ese sentido, el Titular de la ASE previno que este tipo de situaciones podría volverse a repetir en caso de que la LXII Legislatura estatal no lleve a cabo una serie de reformas jurídicas para impedir que las actuales autoridades municipales incumplan con la entrega de la documentación respectiva que consiste en expedientes técnicos, facturas, comprobantes fiscales entre otros. ¿En qué tendrían que consistir esas reformas si se supone que recientemente los diputados de la LXII Legislatura local realizaron modificaciones a la Constitución para establecer el sistema anticorrupción en concordancia con las reformas federales ocurridas también en 2015?

Esas reformas tendrían que comenzar no sólo por establecer y reglamentar con precisión el deber de las autoridades municipales (entrantes y salientes) de realizar los actos de entrega-recepción respectivos, o de mantener archivos como propiedad del Ayuntamiento; este asunto debía más bien partir de la necesidad de revisar a fondo el recién instaurado sistema estatal anticorrupción para que funcione correctamente, y para que deje de seguir sirviendo como la puerta de entrada a la impunidad para los ediles corruptos. ¿De qué hablamos?

De que, por ejemplo, en la reforma publicada en mayo pasado a la Constitución federal, en la que se estableció el Sistema Nacional Anticorrupción, se establecieron modificaciones importantes a los principios que rigen la fiscalización superior. Básicamente se eliminaron los principios de anualidad y posterioridad. Esto significa que a partir de ahora se podrán auditar legalmente ejercicios previos al inmediato anterior, cuando ahora únicamente es posible auditar el ejercicio anterior al año corriente.

El principio de posterioridad consiste en que sólo se pueden revisar periodos concluidos pero no el del año que está corriendo. Al eliminarse estos dos principios se abre la puerta para que la ASF audite libremente ejercicios de varios años atrás al actual, y que también pueda hacerlo respecto del año corriente.

Lo relevante es que ese modelo es el establecido para que sea adoptado por las auditorías estatales, con un añadido: el SNA ancla la decisión de iniciar una investigación —federal, estatal o municipal— a más elementos que la sola voluntad del gobierno federal, de los gobernadores o de las legislaturas locales.

El pequeño gran problema de esta reforma es que cuando fue traspalada al ámbito local, el Congreso local hizo —para variar— un desastre deliberado acaso para seguir protegiendo a las autoridades municipales que siguen sin la necesidad de cumplir con sus obligaciones relacionadas con la fiscalización. Básicamente, el Congreso de Oaxaca no eliminó del orden jurídico local los principios de anualidad y posterioridad para el ejercicio de la fiscalización superior, y entre otras fallas notables, tampoco abordó la transformación que impone la reforma constitucional federal para los tribunales administrativos.

FALLAS LEGISLATIVAS

Además de que en la reforma del 30 de junio de 2015 a la Constitución local para dizque establecer el sistema anticorrupción, no se eliminaron los principios de anualidad y posterioridad en la fiscalización superior, hay otros elementos que deben ser tomados en consideración. Por ejemplo, en el sistema de responsabilidades que estableció la reforma federal anticorrupción resaltan dos cuestiones: primera, la inclusión de las responsabilidades administrativas de particulares y por supuesto, las sanciones que el Tribunal de Justicia Administrativa podrá imponer, y que por ejemplo va desde la inhabilitación para la participación en procedimientos de adquisiciones, hasta la eventual promoción de responsabilidades penales. Esto sí existe en la Constitución Federal, pero inexplicablemente no fue considerada en la reforma constitucional local.

Asimismo, en la reforma constitucional federal, se hace una variación sustancial de la concepción y la naturaleza jurídica de lo que conocíamos como Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y al denominarlo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, e imponer a las entidades federativas la obligación de contar con un órgano similar, éste debe contar con características particulares establecidas en diversos preceptos de la Constitución. El problema es que en Oaxaca lo que se estableció fue un tribunal “contencioso administrativo y de cuentas” que hasta en la denominación es discordante con lo que dispone la norma federal, y que en el fondo también enfrenta el problema de no contar con las atribuciones que el Sistema Nacional Anticorrupción establece para esos órganos de justicia a nivel local.

ASE, CHIMUELA

Finalmente, la ASE enfrenta un problema mayor que también tiene sus implicaciones en la ley actual: la Auditoría no puede ejercer acción penal, así que debe realizar sus auditorías y entregárselas a un agente del Ministerio Público. En gran medida, depende de la atención y destreza que éste último le ponga al expediente, que éste puede o no prosperar. Y luego, además, debe convencer al Juez hasta para que libre la orden de aprehensión correspondiente. Y la ley está tan a favor de la delincuencia oficial, que la misma ASE quiere a ex autoridades corruptas aprehendidas únicamente para que los demás vean cuál puede ser su suerte. En el fondo saben que, salvo que sea un asunto político, difícilmente pisarían una prisión, y que de hacerlo sólo sería momentáneamente.

 Figura del Municipio, otra vez en entredicho por la inseguridad

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Mando unico

+ La política debe dejar de hacer rehén a sociedad y Constitución

Es probable que dentro de poco tiempo se retome la discusión relacionada con el posible establecimiento del Mando Único Policial en el país. Esa fue una propuesta que hizo el presidente Enrique Peña Nieto en noviembre de 2014, luego de la crisis generada por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, dos meses antes. Cuando se anunció la propuesta, los legisladores decidieron que esa sería una propuesta que no discutirían al calor del momento, y por eso la dejaron prácticamente al último en la atención del llamado “decálogo” presidencial. Sólo que en ese reposo se atravesó Morelos.

En efecto, ayer dábamos cuenta de cómo en la entidad morelense hay una crisis enorme generada por las brutales demostraciones de inseguridad que existen en sus municipios por la incapacidad de las autoridades de cumplir con su misión, pero que esa crisis también tiene otras facetas más bien relacionadas con las reyertas entre funcionarios, que impactan en la seguridad pública.

Incluso apuntábamos que lo ocurrido en Morelos abonará a la idea de que las corporaciones de seguridad pública municipales en el país, deben desaparecer porque no cumplen con las funciones y las finalidades para las que fueron creadas, y que en su lugar deben integrarse sólo treinta y dos corporaciones policiacas estatales (y que de hecho, en ese contexto, podría también comenzar a hablarse de una sola Policía Nacional). Es decir, cumplirle su propuesta al Presidente, aunque ello implique pisotear el ya de por sí maltrecho federalismo que ejercemos en el país, y sobre todo seguir mermando la figura del municipio.

El daño a la figura del municipio, es evidente. Lo que está ocurriendo —y lo ocurrido recientemente en Morelos sólo lo confirma— es que a nadie parece preocuparle el franco deterioro en que se encuentra la figura del municipio libre en el país, y no necesariamente por lo que pudiera implicar respecto a sus potestades constitucionales sino a su capacidad operativa para cumplir con su propósito de proteger y servir a la ciudadanía en un tema tan sensible como el de la seguridad pública. Parece, pues, que en cualquiera de sus escenarios posibles, pierde. ¿Por qué?

Porque en sus condiciones actuales, el municipio es quien tiene la mayor carga relacionada con la seguridad, pero es también quien menos margen de acción tiene para responder a las necesidades que le impone su propio contexto. El municipio es, de hecho, el ámbito de gobierno más cercano a la ciudadanía; es el que tiene la mayor proximidad social, y es sobre quien recaen las primeras peticiones y exigencias de seguridad cuando ocurre un hecho relevante, o cuando la ciudadanía toma conciencia de a quién puede pedirle primero (porque es el que está más cerca) que atienda un problema de inseguridad a su alrededor.

Si todo eso no es suficiente, resulta que además los municipios del país son los que tienen mayores estreches presupuestales, y por ende son quienes menos posibilidad tienen de atender las exigencias de seguridad de sus ciudadanos. El caso de Cuernavaca revela que sus supuestas potestades constitucionales en materia de seguridad están en los hechos supeditadas no sólo a lo que establecen los modelos policiales estatales o el federal, sino también a los caprichos, los chantajes y los intereses de esos ámbitos de gobierno que, dicen, son “superiores” jerárquicamente al municipio.

El otro camino que pueden tomar los municipios del país, evidentemente, es el planteado por el presidente Peña Nieto. Es decir, que los municipios sean relevados en las tareas de seguridad por las policías estatales, y que así se constituya un mando único pero no como un esquema de coordinación, sino básicamente como la absorción y la unificación de todas las policías municipales de una entidad federativa, en una sola corporación estatal que ejerza el mando policial.

¿Y SI DESAPARECE EL MUNICIPIO?

Pareciera que, en ese contexto, la intención de los gobiernos estatales y el federal se centra en que el municipio desaparezca como figura política, y sea relevada por una figura meramente administrativa que —ésta sí— esté supeditada al mandato de cualquiera de los otros dos ámbitos de gobierno. Cada vez eso parece algo más evidente, aunque sería una verdadera tragedia para el federalismo mexicano, que en buena medida se materializa en la existencia de la figura municipal.

¿Por qué? Porque la figura del municipio está planteada básicamente bajo la lógica de que éste es el ámbito de gobierno que tiene más cercanía con la ciudadanía, que entiende mejor sus problemas, y que por ende es quien puede atenderlos de mejor manera, para luego buscar la coordinación con el gobierno estatal, y el federal, para que atienda los asuntos que escapan de su capacidad de respuesta.

En el caso de la seguridad pública, por ejemplo, no se trata sólo de entender al municipio sólo como el ámbito de gobierno más débil sino como el que debería ser el protagonista principal de la atención a ese rubro. Pues quizá si hablamos de los municipios urbanos o de las grandes ciudades, sería algo engañoso hablar de una verdadera proximidad social. Pero si hablamos de que la gran mayoría de los más de dos mil quinientos municipios del país son pequeñas demarcaciones, en las que se supone que debiera existir contacto y conocimiento permanente entre la ciudadanía y las personas que tienen como encargo su protección de la delincuencia, entonces se podría tomar conciencia de la necesidad de tomar un camino que no fuera necesariamente encaminado a la desaparición de la figura municipal, sino a su fortalecimiento.

Lamentablemente, los hechos recientes no abonan a esa idea y más bien parecen justificar la intención de centralizar la seguridad pública y sacarla del ámbito municipal. Esto, finalmente, podría ser sólo la punta de lanza para que después se hagan “demostraciones” similares respecto a temas fiscales, de atención de servicios públicos y demás… todas encaminadas a la constatación de que el municipio no puede cumplir con sus atribuciones y entonces pensar, “justificadamente”, en su desaparición.

LA TRAICIÓN

Ulises Ruiz prepara la traición a su propio “tiburón”. Es el principal impulsor de la idea de que debe haber un “tercero en discordia” en la contienda interna del PRI para la definición de la candidatura a Gobernador. Una intención sin derrotero ni éxito visible, igual que las últimas batallas en las que se ha enfrascado el cuestionado ex Mandatario.

Crisis de seguridad en Morelos: ¿Hasta cuándo la indefinición?

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Temixco

+ Es culpa de la delincuencia pero también de la ineptitud oficial

Los hechos de este fin de semana en el estado de Morelos constituyen un llamado fuerte de atención sobre la forma tan poco seria en la que se toman las tareas de seguridad pública. En un solo fin de semana, el gobierno de aquella entidad demostró su incapacidad de entender el imperativo de ofrecer condiciones mínimas de seguridad a sus ciudadanos, y ello resultó en dos hechos que deben ser analizados a fondo: el asesinato de la Alcaldesa de Temixco; y la toma de control, por parte del Ejército, de las labores de seguridad pública en la ciudad de Cuernavaca. En ambos hechos hay un grado alto de responsabilidad —por omisión— del gobierno de Graco Ramírez Garrido. Y ello debe ser un espejo para todas las entidades federativas.

En efecto, con el inicio de 2016 hubo relevo de autoridades municipales en Morelos. En Temixco, asumió como alcaldesa Gisela Mota Ocampo, y en Cuernavaca, el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo. Mota Ocampo, de filiación perredista, fue asesinada la mañana del sábado por un comando a las afueras de su domicilio. Según la información, luego de los hechos, alrededor de las 7:30 horas, el Mando Único estatal desplegó un operativo para dar con los responsables y, tras una persecución por la colonia Primavera,  al menos dos sicarios fueron muertos y tres detenidos por la policía municipal.

En lo que corresponde a la ciudad de Cuernavaca, en vísperas de la toma de posesión del polémico Cuauhtémoc Blanco Bravo como alcalde, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal acudió a las instalaciones de la Policía Municipal de la capital para desarmar a los elementos. La razón que ofreció el Comisionado de la Policía Estatal, era que como el nuevo Alcalde había adelantado su intención de no renovar el convenio para la aplicación del Mando Único Policial en ese municipio, entonces el gobierno estatal debía recoger todo el armamento y equipos que anteriormente había otorgado a la Policía Municipal.

Así, al asumir el cargo municipal, Blanco tenía una policía desarmada y, por ende, una ciudad a merced de la delincuencia que prácticamente podría hacer lo que le viniera en gana ante la incapacidad operativa de su corporación. La salida que encontró el nuevo gobierno de Blanco Bravo fue solicitar al Ejército que tomara el control de la seguridad pública en tanto se resolvía la diferencia con el gobierno de Graco Ramírez Garrido por la aplicación del Mando Único Policial.

Así, en estas dos historias hay un común denominador que no habría por qué tener relación con la seguridad pública, pero que ha sido determinante: la insistencia del gobierno de Graco Ramírez por condicionar o retirar el apoyo en cuanto a la seguridad, a partir de definiciones políticas. Pues para nadie es un secreto que, por ejemplo, tiene una diferencia política abismal no con Cuauhtémoc Blanco, sino con sus impulsores políticos.

Cuernavaca era un espacio importante que Graco Ramírez quería conquistar electoralmente hablando, pero que le fue arrebatado por la popularidad desbordante del ex futbolista y el manejo eficaz que hicieron sus impulsores políticos, de su popularidad para ganar abrumadoramente los comicios municipales en la capital morelense. Al haberle ganado éste la alcaldía, el gobernador Graco Ramírez impulsó diversas medidas para entorpecer su toma de posesión, la integración de su equipo de trabajo, e incluso el control de la seguridad pública por parte de Blanco. Pero el problema es que en ese afán no sólo dejó desprotegida —aún más— a la sociedad de aquella ciudad sino que además reveló su empecinamiento por llevar a otras arenas —en este caso la de la seguridad— un asunto de disputas políticas con partidos y servidores públicos.

Algo similar ocurrió en el caso de Temixco, donde también eran públicas las diferencias que había entre el gobierno estatal y la alcaldesa. Básicamente, el diferendo se centraba en las simpatías políticas al interior de las tribus perredistas y respecto a sus posturas frente a Andrés Manuel López Obrador. Así, por esas diferencias hubo también impacto negativo en la coordinación entre corporaciones policiales; y esa inestabilidad, en el fondo, fue la que permitió que terceros vieran la oportunidad de atentar en contra de la alcaldesa que apenas iba a cumplir su segundo día en dicho cargo.

EL MANDO ÚNICO

Ahora bien, uno podría preguntarse qué tiene que ver un asunto aparentemente doméstico de Morelos, con lo que puede estar ocurriendo con la seguridad pública en todo el país. Aunque no lo parezca, tiene que ver mucho: los hechos de este fin de semana en Morelos marcarán, irremediablemente, la integración de la agenda pública de la seguridad pública para todo el país en 2016, y serán también el primer gran referente de este año sobre lo que debe hacerse y las medidas legislativas que deben tomarse.

Así, resulta que el problema está en que esos hechos lo que parecen demostrar es el acierto de la intención del presidente Enrique Peña Nieto, involuntaria y torpemente respaldadas por el gobernador Graco Ramírez: lo ocurrido en Morelos abonará a la idea de que las corporaciones de seguridad pública municipales deben desaparecer porque no cumplen con las funciones y las finalidades para las que fueron creadas, y que en su lugar deben integrarse sólo treinta y dos corporaciones policiacas estatales.

Incluso, en ese contexto, tampoco sería raro que se comenzara a hablar de la conformación de una sola Policía Nacional, que absorbería todas las funciones de seguridad pública en el país, borrando de un plumazo el federalismo y las potestades y responsabilidades que la Constitución de la República le da a los gobiernos estatales y municipales actualmente. Todos sabemos que la intención del gobierno federal es recentralizar todas las funciones que pueda.

AYUDA INVOLUNTARIA

Y el problema es que los hechos de Morelos parecen revelar que, en efecto, es necesario que “papá gobierno federal” tome el control ante el desastre que resulta de las disputas por motivos políticos entre los gobiernos estatales y sus municipios, que impactan en la seguridad pública y en el bienestar de todos los ciudadanos. En el fondo esa es la percepción a la que contribuye el torpe gobierno del perredista Graco Ramírez Garrido, y que finalmente puede terminar impactando en un tema tan sensible como el del federalismo —que debe mejorar, pero también subsistir— en materia de seguridad pública en el país.

Estos son los deseos de Al Margen para el año 2016

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AM FelizAño

+ Cambios sencillos pero muy significativos para todos

Este año que inicia, estos son algunos deseos que ojalá se materialicen, para bien de nuestra sociedad doméstica, y de nuestro país: deseamos que la sociedad asuma el rol protagónico que juega en nuestra democracia; que el gobierno se tome en serio la urgencia de cumplir con las expectativas que generó en los tiempos electorales; deseamos que los partidos que están en vísperas de disputarse el poder en el proceso electoral que está en puerta, traten a la ciudadanía como mayores de edad y no como retrasados mentales; deseamos que haya un compromiso genuino por hacer de Oaxaca un mejor lugar para vivir; que la Sección 22 asuma su nueva realidad, pero que al mismo tiempo las autoridades educativas dejen de lado la idea de que están haciendo un excelente trabajo; es de esperarse que haya una gobernabilidad sostenida por el trabajo eficaz del gobierno, y no sólo por palabrerías que no redundan en nada; deseamos que en cada comunidad, en cada distrito, y en todo el estado, se lleve a cabo en paz todo el proceso electoral, y que el día de los comicios todo ocurra con calma; deseamos que no haya violencia en las comunidades indígenas; que éstas dejen de ser presa de políticos convenencieros y corruptos que sólo quieren servirse de ellas; queremos que en 2016 no haya un solo administrador municipal; queremos que no haya una sola arbitrariedad en los comicios que se desarrollan bajo el sistema de usos y costumbres; deseamos, asimismo, que no haya una sola manifestación de provechos indebidos por parte de quienes han también medrado con el costumbrismo para acendrar cacicazgos y cotos de poder. Deseamos ver a un Congreso del Estado pendiente y activo, capaz de resolver la parte que le corresponde de los múltiples retos que tiene Oaxaca; en 2016 queremos ver ya, por fin, una Ley Estatal de Educación; queremos también un Congreso que deje de ser cómplice de la corrupción, de la opacidad y de la discrecionalidad que lastima y corroe el ejercicio público; deseamos poder ver un Congreso en el que salgan las cuentas del ejercicio de su propio presupuesto, y en el que haya por fin diputados dispuestos a hacer su labor y no sólo a presentar legislativas como si fueran tortillas de máquina para aparentar que cumplen con su trabajo; queremos ver a diputados comprometidos con sus funciones y ya no a líderes camerales, de fracciones parlamentarias y de órganos de representación legislativa que más bien parecen integrantes de una mafia, y no representantes de la ciudadanía ante los poderes públicos; queremos ver a un gobierno estatal haciendo algo de lo mucho que le dijo a la ciudadanía que haría y no ha cumplido; queremos ver a una contraloría estatal persiguiendo de verdad ya no sólo a los corruptos del pasado, sino también a los del presente, y también quisiéramos verla —aunque no ocurrirá— previendo y cerrándole la puerta a la corrupción desde su origen; quisiéramos dejar de ver a funcionarios de alto nivel, estatales, incurriendo en aberrantes conductas tipificadas como conflicto de interés, y seguir tan orondos defendiendo sus intereses desde la arena pública, como si heredarles beneficios fuera un deber de la sociedad por sus “servicios prestados”; quisiéramos ver también un poder judicial comprometido con sus funciones, ejerciéndolas como un órgano de impartición de justicia de avanzada y no como el poder juzgador tercermundista que sigue siendo por su falta de presupuesto, de compromiso y de capacidades; quisiéramos ver a funcionarios judiciales comprometidos con su deber de cumplir con su trabajo más que con la ignominia de la burocracia; quisiéramos ver jueces locales con capacidad de negarse libremente a fungir como jueces de consigna, y no padecer ningún tipo de consecuencia; quisiéramos ver a unos magistrados estatales haciendo algo más que el triste papel que juegan de comparsa del titular del Poder Judicial en turno; aspiramos a ver que haya menos gente inocente en las cárceles, y más culpables de la comisión de delitos tras las rejas; quisiéramos también ver que las organizaciones sociales de verdad bajan a las comunidades los recursos que gestionan ante el gobierno; quisiéramos ver al gobierno auditando de verdad a esa caterva de líderes sociales corruptos que medran con los beneficios para las comunidades pero que las siguen teniendo en la más agobiante pobreza; quisiéramos no seguir viendo que la capital oaxaqueña se llena de marchas, de plantones y de manifestaciones por asuntos que son meros chantajes; quisiéramos ver también el fin de la connivencia entre quienes se oponen al desarrollo del estado y quienes ocupan esa bandera como un chantaje; en 2016 quisiéramos ver un verdadero desarrollo social y humano y no el clientelismo que promueven los funcionarios estatales encargados de esa labor para luego utilizarlo en los procesos electorales; quisiéramos ver que, por fin, hay gente comprometida en los partidos políticos; quisiéramos ver un oficialismo convencido de la actuación del gobernante y con capacidad de defenderlo de todas formas posibles; quisiéramos ver —más allá del proceso electoral, que es una verdadera verborrea sin sentido— a partidos jugando un papel inteligente y capaz como fuerzas de oposición, criticando, señalando y proponiendo alternativas para que le vaya bien a Oaxaca; y quisiéramos ver una sociedad más pujante, menos resignada, más despierta, más dispuesta a exigir los resultados que se le prometieron y por los que votó; quisiéramos ver a una sociedad menos dispuesta a seguir siendo comparsa de lo que los partidos y sus intereses quieren; quisiéramos ver al menos un poco menos de hambre y marginación en los pueblos de Oaxaca; quisiéramos ver más acciones encaminadas a atender a los niños de la calle, a la gente que trabaja en las esquinas o los semáforos porque no tiene una oportunidad digna de trabajo; quisiéramos ver a las instancias encargadas de la función social del gobierno hacer su trabajo para equilibrar las disfuncionalidades que generan a gente que no tiene ni para comer ni una forma digna de vivir o trabajar; quisiéramos ver medicamentos en los hospitales; quisiéramos ver a funcionarios más sensibles a las tareas que le corresponda atender; quisiéramos ver a los oaxaqueños más felices pero también más despiertos y más atentos a su realidad; queremos, como todos, un porvenir de felicidad, de salud, de trabajo. Queremos mucho. Sí. mucho, que quién sabe si se cumpla. Pero más queremos mandarles un fuerte abrazo en estas primeras horas de 2016.

Error, pontificar la evaluación como un medio de mejora educativa

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Evaluación-Docente

+ Al margen de la política y el sindicato, hay mucho que debe mejorar

Como en los asuntos públicos el diálogo sin matices sólo nos lleva a la intolerancia y la demagogia, es necesario asumir que existen muchos temas en los que hay todavía un largo trecho por recorrer antes de que pueda hablarse de mejora o de verdadera eficacia. Eso ocurre claramente en todo lo relacionado con la aplicación de la evaluación docente, que fue uno de los grandes temas del año que está por terminar, y que debe ser vista en su dimensión más justa no como la panacea, sino como el inicio de un camino que tiene mucho por rectificar.

En efecto, en noviembre pasado se aplicó la primera evaluación a docentes oaxaqueños, y aunque fue un logro que se realizara, objetivamente hablado es menester también reconocer que se hizo en las peores condiciones imaginables. ¿Por qué? No sólo porque esa primera evaluación se aplicó en medio de un fuerte operativo de la Policía Federal y porque hubo un intento serio de la Sección 22 del SNTE o de conseguir un boicot real a la aplicación del examen, o cuando menos de generar la violencia suficiente —o heridos y muertos— que nublaran el panorama que la SEP y el gobierno de Oaxaca tenían respecto al éxito de la encomienda.

El problema de fondo radica en algo que hasta ahora se ha mencionado muy poco: ¿Cómo se aplicó la evaluación? Ésta, para empezar, se aplicó en una especie de zona de sitio, generada por la misma incertidumbre que existía por la posible violencia del choque entre policías y profesores. Pero además, el sitio era poco “amigable” para la aplicación de una evaluación, básicamente por su improvisación y porque ni siquiera era el espacio adecuado para un ejercicio como éste.

La prueba se aplicó en el estacionamiento de Ciudad Administrativa, que está muy lejos de ser un sitio espacioso hasta para acomodar los vehículos oficiales y de los pocos servidores públicos que ahí laboran con autorización para utilizar uno de sus limitados cajones de estacionamiento. Esto lo dizque “resolvió” la SEP y el IEEPO habilitando módulos y enlonados como salas de evaluación, y acomodando cientos de computadoras portátiles en grandes tablones en los que si mucho había unos veinte centímetros de espacio entre máquinas. Ahí sentaron a los profesores y les aplicaron esa polémica primera evaluación docente.

¿Qué pensaría cualquiera de los maestros evaluados, si a los que hubieran sentado de esa forma fueran sus propios alumnos? Seguramente habrían dicho que eso era inaceptable comenzando por la altísima posibilidad que había de que los evaluados “se dieran copia”. Al haber tan poco espacio entre evaluados, era casi imposible que uno no viera la prueba y las respuestas de sus compañeros de junto. Además de que esa no era la condición digna ni esperable para un ejercicio que para la autoridad educativa es uno de los más importantes de los últimos tiempos.

EVALUACIÓN, A EMPELLONES

En el caso de Oaxaca, hubo quien no presentó la prueba por lealtad a su sindicato; otros más por haber padecido actos intimidatorios de sus propios compañeros; y mucho más porque no pudieron llegar o porque no pudieron completar el registro o cumplir las condiciones —por cuestiones meramente técnicas— para poder acceder al examen.

Aunque pudiéramos pensar lo contrario, ninguna de estas vicisitudes fue propia o exclusiva de Oaxaca. Resulta ser que esta fue una constante que ahora la autoridad educativa debe remediar si lo que quiere es demostrar que, en efecto, las evaluaciones son algo serio que va evolucionando. Y esto debe comenzar por hacer de la evaluación un asunto serio y no sólo parte de un discurso político.

En ese sentido, el investigador Ángel Díaz Barriga (http://educacion.nexos.com.mx/?p=85) recogió diversas inquietudes de los propios profesores –que no son de Oaxaca, y que no traen la carga “ideológica” de la Sección 22, pero que también se resisten a la evaluación— que vale la pena repasar: “Entre los problemas técnicos se puede mencionar un examen de conocimientos que no necesariamente evalúa el desempeño, unas guías de examen que no reflejan ni los contenidos, ni la bibliografía del plan de estudios de la escuela normal. Un examen que no da elementos para medir el desempeño de los docentes frente a sus alumnos. Una solicitud de evidencias con un lenguaje poco académico. Subir ‘evidencias del mejor alumno y del alumno más deficiente’, cuando la psicopedagogía ha mostrado que cada alumno tiene procesos de desarrollo y de conocimiento particulares.

“Por otra parte, a mi Facebook me llegaron más de 50 casos de docentes que plantean lo que está pasando. Un profesor claramente dijo que rechazaba ser evaluado, pero todos los demás ofrecieron argumentos dignos de ser pensados. La mayoría manifestó que hay una serie de irregularidades en el manejo de la información y en la convocatoria al examen. Expresaron que no identifican el correo electrónico al que tienen que mandar la información, hay errores en el envío de la CURP, cuando solicitan información los mandan de un lugar a otro, sin que se resuelvan sus dudas con claridad. La diferencia entre la información que les llega a su correo y la entrega de las claves para acceder a internet es notoria; hay profesores que trabajan en escuelas de contextos desfavorecidos que manifiestan no contar con internet de forma habitual, utilizan la expresión “el INEE piensa que nos podemos conectar en cualquier momento”, hay desconfianza en el manejo de sus contraseñas, pues además de ser entregadas de manera tardía, los funcionarios locales tienen acceso a esas claves, es decir, hay desconfianza hacia el sistema de evaluación establecido. Finalmente, la mayoría de profesores que cuentan sus experiencias tienen que realizar traslados de siete a ocho horas de su lugar de trabajo al lugar para la realización del examen/evaluación”.

EL VACÍO

Todos estos, abunda el investigador en dicho texto, son argumentos razonables y atendibles en un contexto real, para hacer de la evaluación algo verdaderamente serio y más allá de las resistencias por las que se ha caracterizado el sindicato magisterial en estados como el nuestro. Lo que llama la atención es que en el discurso de la Sección 22 no exista ninguno de esos argumentos, y que todo se centre en una resistencia estéril a una evaluación que ellos mismos desconocen y rechazan pero por el temor a un mal resultado, y no a la mala planeación de las prueba de evaluación educativa.

El reto de la ciudadanía es generar conciencia sobre sí misma

almargenoaxaca
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Sociedad

+ Independientes y un mejor sistema electoral, no sirven sin eso

 

Casi al finalizar el año, una reflexión es obligada: el sistema político y democrático está cambiando en el país, pero se ha hecho muy poca conciencia de la necesidad de que también nosotros como ciudadanía pasemos por un proceso —profundo— de transformación sobre la importancia de nuestra participación en política. No se trata del común “empoderamiento”, sino de la toma de conciencia específica de la importancia que tenemos en el juego democrático, y del uso de la independencia y la capacidad de determinación que se supone que el sistema democrático nos exige.

En efecto, resulta que durante mucho tiempo hemos venido —como sociedad— exigiendo que el sistema político cambie: lo hemos exigido, por ejemplo, para que el voto universal, libre, secreto y directo, tenga en realidad el valor que debe tener de cara a la democracia representativa. Exigimos también, y ya lo logramos, que haya pluralidad política en la integración de los órganos de representación popular y en los gobiernos federal, estatales y municipales.

Hoy, resulta que quedó atrás —ya como una leyenda indeseable— eso de que el partido en el poder ganaba todo. Lo que no hemos podido erradicar, y nos sigue haciendo mucho daño, es la forma en cómo el sistema democrático continúa ocupando al ciudadano como un instrumento legitimador de su poder, y no como el punto de referencia de lo que se debe hacer para satisfacer las exigencias ciudadanas para tener un mejor país. En eso estamos atorados los ciudadanos y pareciera que estamos también en una ominosa zona de confort en la que voluntariamente queremos permanecer.

¿Por qué? Porque a pesar de que el sistema político ha cambiado profundamente en las últimas décadas, los ciudadanos seguimos secundando las mismas prácticas de un pasado que se supone que queremos erradicar. Por ejemplo, nos asumimos como una sociedad en evolución, pero de entrada seguimos siendo blanco fácil de la política-jingle: esa que está hecha para hacerse “pegajosa” en el ánimo de la ciudadanía, y que sólo tiene por objeto que una frase o un nombre se quede en la conciencia como primera inducción del voto. Al final, no sabemos qué más hay detrás del jingle y tampoco nos ofrece ninguna certeza. Pero mucha gente, muchísima, decide su voto —aunque parezca increíble— a partir de qué candidato tiene el jingle más pegajoso.

Otro de esos ejemplos ominosos, es la persistencia de la compra-venta del voto, o también de las cargadas. ¿Qué no se supone que somos ciudadanos conscientes de lo que vale nuestro voto, y de la importancia de definirlo en función de cuestiones objetivas, y no de lo que le conviene a algún político o grupo?

La “cargada”, tan particular tradición de la era priista, hoy se ha tratado de repetir en prácticamente todos los partidos políticos. En el fondo, a muchos les molesta que ahora en los institutos políticos haya competencia interna y que haya también diversidad de aspirantes a un mismo cargo o candidatura. ¿A quién le caería bien que los partidos continuaran siendo verticales, con decisiones omnímodas y sin derecho al llamado “pataleo”, como en el pasado?

Eso, hay muchos que no lo ven, y que de hecho siguen añorando a las clientelares y anticuadas “cargadas”. Hay otros que las siguen festinando únicamente por sus conveniencias personales. Pero hay muchos más que en el fondo las siguen atendiendo por una cuestión de práctica común o de predisposición que los lleva a unirse a una cargada sin siquiera tener bien claro por qué.

LOS “NUEVOS TIEMPOS”

Hoy el país se enfrenta a nuevos tiempos. Esa nueva realidad nos ha traído una diversidad de figuras jurídicas que requieren una mejor y más robusta ciudadanía. Vayamos a algunos ejemplos contantes y sonantes: derivado de la polémica por el lugar donde se construiría el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, muchos ciudadanos exigieron que se realizara un plebiscito, aunque lo que de hecho se hizo fue una consulta ciudadana que aunque no tenía efectos vinculantes, sí sería un referente de lo que la ciudadanía opinaba y demandaba respecto a ese asunto. Se esperaba una participación nutrida pero…

Resultó que de las 213 mil boletas que se mandaron a imprimir —para igual número de habitantes del municipio de Oaxaca de Juárez, que es a donde se circunscribiría la consulta ciudadana— sólo participaron unos veinte mil. Unos 12 mil 134 votos fueron a favor de la construcción del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca en el cerro del Fortín; mientras que sólo 5 mil 220 sufragios votaron en contra de la edificación. También se dio a conocer que 4 mil 172 boletas fueron anuladas por irregularidades.

¿Qué resultó? Que la “participación ciudadana” —esa por la que se supone que tanto hemos luchado en las últimas décadas en México— fue de sólo el diez por ciento de la población en el centro urbano que se supone que es el más poblado, activo, despierto y participativo de toda la entidad, por ser el que mejor nivel social tiene y por ser quien tiene mayores oportunidades de acceso a educación, a información y a discernimiento en temas como éste.

En esas condiciones, es evidente que la ciudadanía es la gran derrotada de ejercicios como éste. ¿Qué evolución podemos esperar en temas como las candidaturas independientes, si en ejercicios tan simples como el del CCCO fracasamos estrepitosamente, como quedó demostrado en los resultados de la consulta realizada el pasado mes de octubre?

Lejos de cualquier otra consideración, esto debe ser preocupante para nosotros mismos, porque entonces significa que seguimos siendo unos ciudadanos inmaduros, menores de edad, e incapaces de generar una mejor situación de la que tenemos. Si quieremos de verdad hacer funcionales los cambios que se procuran en nuestra Constitución y las leyes, esto tiene que pasar irremediablemente por la construcción de una ciudadanía más madura, menos proclive a la negociación de su voto, y más consciente de su importancia individual en el proceso de construcción de nuestro país.

ALARMA

Es verdaderamente alarmante el número de accidentes carreteros que han ocurrido en los últimos días en Oaxaca. La Policía Federal y las corporaciones locales deben reforzar la vigilancia, no para hostigar al automovilista sino para prevenir que esa cifra —de por sí alta— continúe aumentando durante los últimos días de esta temporada vacacional.

En México, ¿puede ser alternativa la segunda vuelta?

almargenoaxaca
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Ernesto Zedillo Greeting People Outside PRI Headquarters

+ Paradoja: Tener pluralidad… que no nos llevó a nada

 

Hay quienes aseguran que buena parte de la inmovilidad institucional que existe desde hace una década en el país, tiene que ver con el planteamiento constitucional actual de la pluralidad política. En 1997 el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, y lo más cerca que ha estado de recuperarla, es en la actual Legislatura federal, en la que tiene 237 diputados. El problema es que en todo ese periodo, ninguna fuerza política ha conseguido esa ansiada mayoría absoluta en las cámaras federales, y a la distancia ese ha sido uno de los problemas principales de nuestra democracia, que aunque funcional y relativamente confiable, sigue siendo incapaz de generar las mayorías y los acuerdos que puedan dejar satisfecha a la ciudadanía.

En efecto, tendríamos que comenzar por preguntarnos cuál es la razón de esta pluralidad inerte. Y resulta que, como antecedente, debemos recordar que en 1997 el gobierno federal era priista, y las fuerzas de oposición tomaron el control de la Cámara de Diputados, oponiéndose por primera vez a algunas decisiones trascendentales del Presidente de la República que, en otro momento, se habrían convertido en ley gracias a su mayoría de legisladores. En 2000, el gobierno federal pasó a manos del PAN, pero éste no tuvo la posibilidad ni de interactuar estratégicamente con el Congreso, y tampoco de conseguir la mayoría de diputados y senadores, como para poder consolidar más rápidamente el proyecto democrático —si es que existía— del foxismo.

Esa pluralidad ha sido constante desde entonces, como también lo ha sido la falta de acuerdos. Esto ha sido, en buena medida, gracias no sólo a las torpezas del Presidente en turno, sino también a la visión que en su momento tanto criticó el PRI al gobierno federal, pero de la que también se ha valido. Los tricolores, como en otro momento los perredistas, se dedicaron a anteponer en el Congreso, el interés de sus grupos, al nacional. Por eso, más allá de las discusiones de corto plazo, hoy podemos ver que México no ha resuelto (del modo que sea) la gran mayoría de sus problemas de fondo, y mucho menos ha logrado una efectiva transición democrática que logre pasar de las llamadas “reformas estructurales” al cambio del modelo con el que se ejerce la democracia.

Esa pluralidad que no tiene derroteros claros sigue revelando facetas que hasta ahora eran desconocidas. De hecho, como lo dice la doctora Jacqueline Peschard (http://eluni.mx/1koKdJ8), el rasgo distintivo de las elecciones de 2015 fue la dispersión del voto que derivó en la disminución de la fuerza de los tres principales partidos políticos (PRI, PAN y PRD) que ahora apenas concentran 60% de los votos, así como en el crecimiento del número de partidos con registro, de siete a nueve. Es cierto que el PT recuperó su registro, gracias a la sentencia del Tribunal Electoral que permitió que su votación no considerara sólo las elecciones ordinarias, como dice la Ley General Electoral, sino que también sumara los votos de las extraordinarias en un distrito de Aguascalientes, pero al final el sistema de partidos quedó compuesto por sólo dos partidos con 20% o más de los votos, con tres partidos medianos (entre 7% y 11% de los votos) y cuatro partidos pequeños.

Además, la presencia de candidatos independientes tanto en las elecciones federales de medio periodo, como en las locales de 17 entidades federativas, ahondaron la dispersión de la oferta política. De cara a la elección de 2018, este fenómeno puede llevar a que se gane la Presidencia con menos de 30% de los votos, o sea, con una reducida legitimidad de origen.

PENSAR EN LA SEGUNDA VUELTA

La segunda vuelta —que en algunos países como argentina es conocida como “balotaje”— es el mecanismo que en un sistema presidencial con multipartidismo, permite que el Presidente gane con una mayoría absoluta. La gran ventaja es que en la primera ronda pueden participar todos los contendientes, mientras que en la segunda, sólo compiten los dos punteros y el ganador tendrá una legitimidad reforzada. La gran limitante de esta fórmula es que no garantiza que el partido del Presidente cuente con mayoría en el Congreso para facilitar el despliegue de sus políticas públicas.

En ese sentido, la doctora Peschard afirma que algunas experiencias recientes muestran cómo las segundas vueltas pueden producir muy diferentes resultados, dependiendo de la reacción de los aparatos partidarios. Así, en las elecciones presidenciales de 2015 de Guatemala, tanto la primera como la segunda vueltas favorecieron a Jimmy Morales, un candidato proveniente del mundo del espectáculo, cuyo partido apenas tiene 7% de los escaños en el Congreso. Ganó el voto de protesta en contra de los partidos tradicionales, pero la dificultad para ejercer el gobierno está presente.

En las recientes elecciones argentinas, la segunda vuelta significó un vuelco, porque ganó el candidato del segundo lugar en la primera vuelta. Sin embargo, el partido liberal del nuevo presidente Mauricio Macri sólo tiene minoría en el Congreso, lo cual lo obligará a negociar con las fuerzas opositoras. El escudo de una presidencia con mayoría absoluta no resuelve el problema del gobierno dividido.

No obstante esos resultados aparentemente contradictorios, democráticamente hablando, es evidente que algo que resulta muy necesario es que el poder se ejerza con legitimidad. Pues a pesar de que el presidente Enrique Peña Nieto ganó con una mayoría relativamente holgada, también lo es que su gobierno debe enfrentarse —como en su momento lo hizo el de Felipe Calderón— a un cuestionamiento de fondo relacionado con su falta de legitimidad y con la existencia de una oposición que cuando menos duplica el porcentaje de votos —y de preferencias— con las que éste llegó al gobierno.

MECANISMO POSIBLE

Al final, no se trata de decir que el sistema electoral simplemente no sirve, sino de encontrar salidas alternas. Con todos sus cuestionamientos posibles, es evidente que la segunda vuelta pudiera ser un mecanismo posible para reforzar esa legitimidad que está perdida y quizá hasta para darle cierto cauce a la pluralidad que, según sus resultados, tampoco ha servido para mucho, porque los desencuentros entre partidos —y el poco respaldo ciudadano a los acuerdos que éstos alcanzan— siguen siendo por mucho superiores a lo que se puede decir de nuestra democracia no como un mecanismo para ganar elecciones, sino para dar certidumbre a la población a partir de su sistema electivo.

Gobiernos de coalición: La distancia entre México y España

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Mariano Rajoy

 

+ México no apuesta al parlamentarismo: se queda a la mitad

Ahora mismo en España priva un estado de incertidumbre sobre qué pasará con el gobierno de aquella nación. Como bien se sabe, el 20 de diciembre se realizaron elecciones generales en las que se eligió a los integrantes del Congreso de los Diputados. El resultado de esos comicios es inédito porque ninguno de los partidos consiguió la mayoría necesaria para encabezar el gobierno. A partir de ello se habló de una crisis constitucional, pero también se ha visto el intento de los partidos de formar un gobierno de coalición que le dé estabilidad al régimen español. Ello debe servirnos de punto de referencia sobre lo que deberíamos entender por gobierno de coalición en México, a partir de la pésima idea que tenemos de ello.

En efecto, En las elecciones del domingo 20 de diciembre, el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy obtuvo 123 escaños de los 350 con los que cuenta el Congreso de los Diputados, un resultado que deja al partido lejos de la mayoría de 176 necesaria para gobernar. El PP pasó de haber logrado en 2011 la mayoría absoluta, a depender de otras fuerzas políticas para seguir en el poder. Y, tras esos resultados, no se descarta que la segunda formación más votada, el Partido Socialista Obrero Español —que con 90 escaños obtuvo su peor resultado en unas elecciones generales— intente gobernar creando una coalición con los partidos de izquierda —como Podemos, tercero en la contienda— y las formaciones nacionalistas.

¿Por qué para los españoles es tan complejo este resultado? Ello debemos entenderlo a partir de la forma en cómo se establece su gobierno. En México parecemos muy acostumbrados a la pluralidad de fuerzas políticas en el Poder Legislativo, porque nosotros tenemos un régimen de tipo presidencial, en el que la estabilidad del Titular del Poder Ejecutivo no depende directamente de la conformación del Congreso, pues de hecho el Presidente puede pasar todo su mandato teniendo minoría en el Legislativo —o aún no teniendo, como pudiera ser el caso de un candidato independiente— y ello no significa que en algún momento se viera obligado a dejar su gobierno, o no poder refrendarlo. Esto es porque en el régimen presidencial los poderes están más desligados, cuestión que no ocurre en un sistema parlamentario como el español.

Allá las cosas funcionan de forma distinta. En el régimen parlamentario la estabilidad del gobierno depende lo que ocurra en el Congreso, ya que de la conformación de éste es como se da la integración del gobierno. En términos simples, el gobierno emana del Congreso y esa es una de las claves importantes de la crisis española. Pues resulta que cuando un partido logra mayoría absoluta en el Congreso, tiene capacidad de establecer un gobierno sin necesidad de pactar con las fuerzas opositoras. Esto es lo que había pasado hasta ahora en España.

La diferencia con los comicios del pasado 20 de diciembre, respecto a todo el pasado de España como una democracia, es que si bien el partido en el gobierno mantuvo su mayoría en el Congreso, ésta ya no es una mayoría absoluta como requería para refrendar por sí sola al Presidente.

Por eso se abre la interrogante de si el Partido Popular podría pactar un gobierno de coalición con el PSOE, o si por el contrario, éste último partido podría conformar una coalición con las otras minorías para tratar de alcanzar el número de diputados necesarios para formar una mayoría absoluta, y así deshacer la mayoría que tiene el PP formando ellos un gobierno de coalición, y convirtiendo a una mayoría débil en una minoría, frente a —valga la expresión— un conjunto de minorías unidas.

Hasta ahora no hay consenso sobre qué pasará con el gobierno español. Mientras, el PP sostiene que no permitirá que se ponga sobre la mesa la posibilidad de que Mariano Rajoy deje la presidencia del gobierno, y los demás partidos continúan también en su polémica particular respecto a cómo pueden hacer para entender el mensaje de la ciudadanía y la posible conformación de una coalición. En el fondo, todos entienden que los dos caminos posibles son o el gobierno de coalición, o una posible repetición de los comicios. Lo primero significaría un avance democrático, y lo segundo un fracaso del sistema por la incapacidad de los partidos de procesar correctamente el mandato de la ciudadanía.

COALICIONES PATITO

En México, como apuntábamos en líneas anteriores, rige el sistema presidencial en el que la estabilidad del Poder Ejecutivo no depende del Congreso ni de sus mayorías o minorías. Sólo que en el intento de hacer reformas “democráticas” se estableció en la Constitución de la República los posibles gobiernos de coalición, en los que se supone que puede haber consensos entre fuerzas políticas con el Ejecutivo pero sólo para el nombramiento de algunos funcionarios, y sin un esquema concreto que hiciera dependiente del cumplimiento de los objetivos de la coalición, la estabilidad del propio gobierno.

En ese sentido, el artículo 89 de la Constitución federal dice que es facultad del Presidente,  “en cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. El convenio establecerá́ las causas de la disolución del gobierno de coalición”.

SÓLO APARIENCIAS

Luego, en otros artículos establece la facultad del Senado de aprobar el nombramiento de diversos funcionarios cuando se trate de gobiernos de coalición. El problema es que esos gobiernos de coalición no reflejan un posible cambio de régimen, de presidencial a parlamentario, sino que simplemente generan una apariencia de equilibrios democráticos que en realidad no se podrían conseguir porque finalmente el gobierno de coalición en México no tiene la naturaleza que sí tiene en los regímenes parlamentarios, en los que existen las mociones de censura (una especie de advertencia política) cuando el Congreso o Parlamento considera que no se están cumpliendo los objetivos del gobierno de coalición, o la figura del “retiro de la confianza” que opera cuando definitivamente la representación popular considera que debe dejar de fungir el gobierno en turno, y conformarse uno nuevo que sí cumpla con sus expectativas, justamente porque de éste depende la estabilidad del régimen.

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Columna Al Margen. Autor: @ortizromeroc. Espacio para la reflexión y el análisis político. #Oaxaca #AlMargenMX.

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