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El régimen hoy paga el costo de conformar un gobierno de parcelas

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Murat-Cue

+ Derrota, efecto de permisividad e impermeabilidad ante corrupción


Es simple y reduccionista creer que el resultado de los comicios en Oaxaca, es consecuencia de un pleito entre familias, e incluso entre facciones políticas. Aunque es innegable la existencia de esos factores en los saldos electorales, lo que es claro es que el gobierno estatal fue derrotado no sólo por Alejandro Murat y el PRI, sino también por su delirante incapacidad de entender y asumir lo que los oaxaqueños esperaban de él. En ese análisis, más que en el pleito de cacicazgos, se puede encontrar la lógica del voto ciudadano y de la reprimenda social que éste selló en sus boletas electorales.

En efecto, a la hora de la comida de ayer era ya posible ver un resultado prácticamente final de la elección de Gobernador: Alejandro Murat terminó aventajando a José Antonio Estefan Garfias por un margen decimalmente superior a siete puntos. Esto no sólo selló la victoria electoral del Abanderado priista sino que también complicaba muchísimo la viabilidad de cualquier recurso legal para impugnar el resultado de la elección. Asumiendo esto último, muchos comenzaron a buscar explicaciones, y por mucho la respuesta fácil apuntó al pleito eterno entre grupos políticos. Hay algo de eso. Aunque en realidad la mayor parte de la derrota se explica en no haber entendido los enojos —vistos como el resultado de la esperanza defraudada— de la ciudadanía.

¿De qué hablamos? De que en realidad los oaxaqueños libres —los que no son parte de una estructura electoral, y que deciden su voto en función de su decisión propia— definieron el sentido de su sufragio en función de lo que esperaron y no recibieron, y de lo que exigieron al gobierno que combatiera, pero éste no lo hizo. A partir de eso puede entenderse este resultado, que no sólo habla de un ganador contundente sino también de una sociedad polarizada y dividida que votó en diferentes vertientes al buscar formas alternativas de castigar/premiar según la visión propia con la que analizaron el escenario electoral.

En esa lógica, es evidente que al margen de los números, es claro que la mayoría de los ciudadanos castigó al candidato de la coalición PAN-PRD no específicamente por pertenecer a un linaje o jerarquía política, sino más bien por ser el candidato del régimen que no le cumplió las promesas planteadas, y que abusó de la impermeabilidad en la que basó su ejercicio público.

Es evidente que a cinco años y medio de gestión, Gabino Cué Monteagudo enfrenta todo tipo de cuestionamientos por la insatisfacción ciudadana sobre su gobierno. Pues no se trata de que, en rubros como la obra o los beneficios sociales, no haya hecho nada, sino que más bien no llenó la expectativa que él mismo generó cuando fue candidato.

En otros rubros como la corrupción, la ciudadanía asumió también que el Gobernador quedó mucho a deber no sólo por no haber perseguido y castigado con energía —como lo prometió— a los funcionarios corruptos del anterior régimen, sino porque hoy se considera que también toleró actos de corrupción dentro de su propio gobierno. El aura de impunidad con que, de cara a la ciudadanía, se conducen ex funcionarios como Netzahualcóyotl Salvatierra, Germán Tenorio Vasconcelos o Jorge Castillo Díaz, son ejemplos palmarios de cómo también los electores castigaron no al candidato, sino al gobierno del que emanó.

TOMAR NOTA

Por esa razón, si alguna tarea debió comenzar desde ayer el virtual Gobernador Electo, es la de enfrentar esos cuestionamientos ciudadanos justamente para no tropezar con la misma piedra. Más allá del pleito entre gens o grupos políticos, lo que es evidente es que el electorado oaxaqueño castigó los excesos cometidos desde el poder, y que esos excesos se reducen a temas muy concretos que ahora deberá enfrentar el nuevo gobierno para ganar la legitimidad que —es necesario decirlo— le fue regateada en las urnas.

En ese sentido, Oaxaca vivió una elección, sí, competida, pero con un resultado endeble que ahora deberá ser reforzado con acciones concretas. Ninguno de los candidatos a la Gubernatura obtuvo al menos una votación cercana a la que se obtuvo hace seis años. Gabino Cué ganó la elección de 2010 con más de 700 mil votos. Hoy nadie consiguió esa cifra por haber sido una elección de tercios; pero eso mismo refleja el hecho de que la ciudadanía buscó diversas opciones para tratar de resolver su propio dilema sobre el sentido de su voto, y que finalmente hubo un resultado pero menos sólido que el de hace seis años.

Por eso Alejandro Murat debe trabajar a fondo en el combate a la corrupción, y en el establecimiento de medidas de control para quienes integren su gobierno. Él no está en condiciones de simular —como lo hace ahora el gobierno federal, en contubernio con los dos principales partidos de oposición— que atiende el reclamo ciudadano sobre la corrupción y la impunidad; y tampoco estará en condiciones de pretextar sobre la falta de resultados en su gobierno y en los compromisos que asumió de frente con la ciudadanía.

APRENDER DEL PASADO

Se trata, en buena medida, de eso; pero no sólo de que Murat tome nota, y vaya a resolver los temas que no pudo enfrentar el gobierno saliente. Se trata, más bien, de asumir que Oaxaca sí se puede incendiar —ya ocurrió en 2006— cuando el hartazgo ciudadano llega a ciertos límites. La endeble legitimidad que dejaron las urnas, es el primer indicador de que se debe aprender del pasado; que no debe ganar la soberbia, ni creer que lo difícil era ganar la elección. Lo realmente complejo será gobernar. El reto de verdad, apenas viene.

El día después de los comicios: que nadie abuse de las expectativas

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Oaxaca

+ Oaxaca enfrenta retos que no merecen el oportunismo del ganador


Al margen de quién haya sido el ganador de la jornada electoral de ayer, lo que a todos nos debe quedar claro es que, para los siguientes seis años, Oaxaca necesita un gobernante responsable y serio que comience por aprender de los errores de quienes ejercen, y han ejercido el poder en la entidad. La ciudadanía no merece seguir viviendo en medio de la demagogia, del discurso fácil y de las promesas inalcanzables. Eso debe comenzar desde hoy, y por ello es fundamental distinguir esos retos primarios que tendrá quien resulte ganador de esta contienda electoral.

En efecto, es evidente que para los partidos y candidatos, lo primero que debe quedar claro es que la contienda electoral terminó ayer, y que hoy lo que sigue —y regresa al foco de la atención— son los problemas de Oaxaca. Hay quien falsamente supone que todo se reduce a los procesos electorales, y que un gobierno se trata sólo de ganar o perder en las urnas. Quien da por válido ese análisis limitado, deliberadamente deja de ver que más allá de los resultados y los comicios, lo que hay son problemas y realidades que deben ser enfrentados no con estructuras electorales, sino con trabajo de gobierno y con visión de Estado. A partir de hoy, eso es lo que debe contar para Oaxaca. ¿De qué hablamos?

De que, en primer término, el ganador de la jornada comicial de ayer domingo, debe asumir desde hoy que su oferta de trabajo frente a la ciudadanía oaxaqueña —ayer concluyó su faceta de electorado— debe estar alejada de las expectativas fantasiosas y que más bien debe tener apego a la realidad y lo que se puede hacer en las tareas de gobierno. Hace seis años aprendimos todos la dura lección de las promesas irrealizables, que fueron hechas en medio de la borrachera democrática del triunfo electoral. En 2010, Gabino Cué como gobernador Electo prometió a los oaxaqueños una larga lista de asuntos que al cabo del tiempo terminaron por no ocurrir.

¿Olvidamos ya esas promesas? Vale la pena repasar algunas. Pues Gabino Cué prometió, por ejemplo, ir en contra de todos los actos de corrupción por los que fue cuestionado su antecesor, Ulises Ruiz, y por los que de hecho perdió los comicios de 2010. Cué dijo en aquel momento que iría en contra de todas las personas que se habían excedido en el ejercicio de sus funciones. Pero a seis años de distancia quedó claro que nada de esto ocurrió no sólo por la incapacidad de los servidores públicos de esta administración para acreditar los actos ilegales cometidos por los funcionarios del gobierno anterior, sino también por la falta de voluntad para verdaderamente hacerlo.

Hace seis años, Gabino Cué prometió que Oaxaca abatiría sus márgenes de pobreza, marginación e inmovilidad económica. Nada de esto ocurrió en la medida que había sido prometido. Y lo grave en esto, no es que en Oaxaca no haya habido obras o trabajo de gobierno; más bien, el problema fue que en su momento el Gobernador Electo hizo promesas muy superiores a lo que su gobierno, o cualquier otro, podría cumplir. Y por eso, para la ciudadanía nunca fue suficiente el poco o mucho trabajo de gobierno realizado, porque siempre se esperó mucho más, de lo materialmente posible.

GANAR CON RESPONSABILIDAD

Es claro que si es responsable y claro de sus tareas por venir, el ganador de los comicios de ayer domingo apenas si tendrá tiempo para festejar su triunfo, y después tendrá que ponerse a trabajar con todo denuedo para conformar los planes y programas de gobierno con los que ejercerá su mandato a partir del 1 de diciembre. Oaxaca es todo menos un día de campo; y sus problemas merecen a un ganador responsable y claro de lo que a partir de ahora le corresponde hacer.

Por ejemplo, de entrada toda la estructura gubernamental necesita pasar por un proceso profundo de revisión y reestructuración institucional. Siempre fue evidente que esta administración saliente tuvo muchos problemas de funcionamiento, derivado de que su estructura fue pensada —si es que realmente fue producto de la razón— siempre en función del pago de las parcelas políticas a los partidos aliancistas. Siempre fue común ver que el gobierno funcionaba en bloques, y que siempre estaban enfrentados unos con otros. ¿La razón? Que las dependencias gubernamentales fueron entregadas con criterios eminentemente partidistas. Y que eso generaba un enfrentamiento y una medición de fuerzas constante entre sus titulares e integrantes.

Otro de los problemas estructurales que debían comenzar a revisar desde hoy, es el hecho de que el gobierno estatal funcionó, durante estos casi seis años, a partir de una lógica de no “repetir” los modelos de las administraciones anteriores. Al pensar de esa forma poco estructurada, crearon verdaderos Frankensteins que sólo demuestran esa inoperancia. Dependencias como la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, el Coplade testimonial, la exorbitante Subsecretaría de Planeación de Finanzas, o la Secretaría del Trabajo, fueron resultado de esa lógica en la que se crearon dependencias pensando en cómo desaparecer las estructuras anteriores, pero sin considerar que lo creado podía resultar peor que lo que tanto repudiaban.

¿VACACIONES? EN 2022

Sí. Aunque haya un resultado contundente de la jornada electoral, nadie debe pensar en “vacaciones” o “descanso”. El ganador debe ponerse a trabajar. Y los derrotados también. Oaxaca necesita, con urgencia, a la oposición firme y congruente que hasta ahora no ha existido, y que más bien se dedicó, de tiempo completo, a ser pelele del poderoso en turno.

La zona metropolitana sigue siendo un asunto relegado

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+ Municipios problemáticos: no tienen un remedio cercano


Es preocupante la forma en que la discusión pública sobre la capital oaxaqueña y sus municipios aledaños, fue tan anodina y evasiva a lo largo de la campaña electoral que terminó hace dos días. Aunque hubo mucho ruido, lugares comunes y promesas demagógicas, los habitantes de este sector —que debía ser considerado desde hace mucho como una auténtica zona metropolitana— nuevamente nos quedamos esperando por lo menos algún esbozo de la indispensable integración de los problemas y las soluciones que, al menos parcialmente, debieron plantear todos aquellos que aspiran a gobernar los más de 20 municipios que constituyen esa zona.

En efecto, es lamentable la forma en cómo las campañas electorales en el ámbito municipal fueron ruidosas y llenas de apariencias, pero con una total carencia de propuestas integradoras, y capacidad de planteamiento de los problemas reales que enfrenta este conjunto de municipios, cuyas dolencias no terminan donde los límites territoriales de cada demarcación. Oaxaca y sus municipios conurbados enfrentan profundos problemas comunes. Pero nadie se atrevió, o quiso, hablar de ellos. Y es entendible: hoy es claro que ninguno de los políticos que aspiran a ser gobernantes, tiene ánimos de hacer compromisos más allá de las conveniencias electorales.

En ese sentido, resulta que Oaxaca de Juárez enfrenta importantes problemas que esperan una solución integral, y que van desde el ambulantaje hasta el manejo de la basura, o la contaminación ambiental, que nadie sabe en qué estado se encuentra. La capital está —literalmente— pegada a por lo menos veinte municipios con los que comparte otros problemas como la inseguridad, la gobernabilidad, la salud y la proliferación de flagelos sociales que van desde el narcomenudeo hasta los abundantes giros negros.

En ese escenario, quienes aspiran a ser gobernantes del municipio de Oaxaca de Juárez, se limitaron a hablar de las “grandezas” de la ciudad, ignorando —deliberadamente— que la capital es mucho más que el Centro Histórico o el Patrimonio Cultural de la Humanidad, y que un verdadero ánimo de generar un gobierno de avanzada, tendría que pasar por la toma del liderazgo para articular acciones con las autoridades de todos los municipios conurbados, con el objeto de abatir problemas concretos con la colaboración y las acciones de todos. Lejos de eso, el ánimo fue el de seguir viendo a la capital de Oaxaca como una ínsula, en la que los problemas son manejables y en los que nadie más que una solitaria autoridad municipal tiene injerencia.

LOS CONURBADOS, PEOR

Oaxaca de Juárez tiene vecinos incómodos como Santa Lucía del Camino, Santa Cruz Xoxocotlán, y varios otros que no son sino focos de problemas, que tampoco tienen para cuándo solucionarse.

En Xoxo, por ejemplo, hay un verdadero flagelo en las autoridades municipales salientes, que no sólo pervirtieron el sentido de comunidad que había en ese municipio —eso lo transformaron en bailes populacheros— sino que además le han venido trasladando a Oaxaca de Juárez muchos de los asuntos que ellos no pueden resolver.

Xoxocotlán es el municipio dormitorio más importante de la capital. Pero lejos de vislumbrar soluciones concretas a sus propios problemas, se ha dedicado a trasladarle esos costos —ambulantaje, inseguridad, giros negros, autotransporte anárquico, etcétera— a una capital que ya de por sí está abrumada por tantos asuntos —propios y ajenos— que no tiene capacidad de enfrentar.

El caso de Santa Lucía del Camino es peor. Galdino Huerta Escudero resultó ser peor gobernante que Omar Blas, Alejandro Díaz o Pedro Cabañas, porque cada uno de ellos al menos encubrió su corrupción en la aparente ingobernabilidad que había en sus gestiones. Huerta, lejos de ellos, asumió el poder repartiendo prebendas, pero todas las hizo con cargo a la ciudadanía, y a las pocas fuentes de empleo y economía que existen en esa demarcación. Por eso, a plena luz del día y a la vista de todos, Huerta dedicó su gestión a exprimir, esquilmar y agraviar a la ciudadanía con un gobierno que, además, se dedicó a seguir promoviendo la existencia de giros negros. Al final, parece que todas las maniobras con las que Huerta se enfrentó con la ciudadanía, no fueron sino la fachada para entregar el municipio a quienes promueven todo tipo de vicios.

¿Qué solución posible hay? Raúl Cruz González divagó durante toda su campaña para terminar evadiendo los temas torales de ese municipio. Tanto silencio apuntó siempre a la convalidación —y la continuación— de las grotescas prácticas inauguradas por Huerta. Y los demás candidatos no hicieron sino una triste exposición de su falta de compromiso con la ciudadanía a la que pretenden representar, y de los problemas que tendrán que enfrentar de ganar los comicios de este domingo.

Al final, de nuevo la idea de que la capital debe verse como una auténtica zona metropolitana seguirá esperando quién sabe hasta cuándo. No hay visos de que algo de eso pueda ocurrir. Y más bien tenemos que prepararnos para dos años más —o cinco— de que las autoridades administren los problemas que no pueden ni quieren resolver.

HOSTIGAMIENTO

¿No lo recordamos? El año pasado, en vísperas de la jornada electoral federal el gobierno federal decidió el envío de 15 mil elementos federales para dispersar a los maestros, que tenían tomada la Terminal de Abasto y Reparto de Pemex, en El Tule. Ahí comenzó el proceso que culminó en la confiscación del IEEPO a la Sección 22. En esa perspectiva, las actuales son sólo patadas de ahogado magisteriales. Bien vale la pena no olvidar.

¿A alguien le sorprende en Oaxaca la barbarie magisterial?

Pelonas

+ Tribunal popular de 2006: muestra de que la ley no se respeta


A pesar de lo abrumadoras que puedan parecer, las imágenes de un grupo de profesores chiapanecos simpatizantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, vejando y rapando a siete directivos por tacharlos de “traidores”, resultan ser casi cotidianas si se observan en el contexto de la lucha magisterial —y la abominable permisividad oficial— en entidades como Oaxaca. Aquí no sólo han ocurrido vejaciones como las perpetradas en el llamado “tribunal popular” instalado por la Sección 22 y la APPO en el 2006, sino muchas otras que nunca fueron sancionadas por la subordinación del gobierno a los excesos magisteriales.

En efecto, el pasado martes seis maestros —dos mujeres y cuatro varones— que ocupan cargos directivos fueron trasquilados en la ciudad de Comitán, en Chiapas, por integrantes de organizaciones campesinas, quienes los hicieron caminar descalzos y les colocaron cartulinas con leyendas como traidores a la patria y charros. Según la información, el supervisor de la zona 006, Armando Castellanos Aguilar, uno de los afectados, quien lleva cerca de 50 años en el magisterio, relató que durante hora y media fueron agredidos verbalmente y acusados de ser charros.

El docente explicó que había acudido a Comitán, donde está la sede de la supervisión a su cargo, para recoger documentación que le entregarían directores de escuelas con datos de profesores que no están de acuerdo con el apoyo al paro de labores del magisterio en protesta contra la reforma educativa. Agregó que luego llegaron dos maestras y tres profesores que le entregarían los documentos, porque la supervisión está cerrada. A uno de los compañeros, que está en la Coordinadora, lo cachetearon y le dijeron barbaridades.

Detalló que posteriormente los obligaron a quitarse los zapatos y los llevaron caminando más de dos kilómetros por el bulevar Belisario Domínguez, hasta la central de abasto, para que nos viera la gente. Una vez que llegaron a la central, les dijeron: Descansen, maestros, en las bancas.

“Lo que querían era que nos sentáramos para que nos quitaran el cabello”, dijo, cuestión que ocurrió a la vista de cientos de personas —representantes de medios de comunicación, incluidos— que fueron testigos de este acto de barbarie que luego fue difundido en medios informativos de la capital del país, y que por primera vez motivó reacciones de indignación por parte de sectores de la sociedad, el gobierno federal y hasta el sindicato magisterial, que rechazaron dicha práctica.

¿De verdad le queda a la sociedad no oaxaqueña, sino mexicana, indignarse hasta ahora por esos actos de barbarie cometidos por profesores y/o integrantes de organizaciones sociales, en contra de personas? Eso mismo ha ocurrido en Oaxaca docenas de veces, a la vista del público, a plena luz del día, y frente a las cámaras y micrófonos de los medios informativos —nacionales e internacionales— sin que alguien se inmutara por actos tan inadmisibles como los que vimos el martes pasado.

DOBLE MORAL

Particularmente, el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, emitió un enérgico comunicado a propósito de los hechos de Comitán, en el que luego de condenar los actos de barbarie de la CNTE, “a los políticos, intelectuales y líderes de opinión que respaldan a la Coordinadora, el SNTE, representante legal y legítimo de los trabajadores de la educación, los convoca a que asuman una posición pública sobre estos actos”.

¿Por qué llamarlos a asumir una postura pública sobre esos actos? Porque justamente son ellos, junto con el silencio cómplice del gobierno, quienes no sólo han permitido, sino que han convalidado y justificado esas acciones cometidas durante mucho tiempo por el magisterio de la Coordinadora. Para refrendar tales prácticas, esos políticos, líderes de opinión e intelectuales han acudido a los falsos argumentos del comunitarismo, de la democracia popular y hasta de que eso es una consecuencia natural ante la cerrazón del gobierno a concederles sus exigencias o, en este caso, a instalar la mesa de diálogo con la administración federal, que en este caso es su principal demanda.

En 2006, por ejemplo, la APPO y la Sección 22 instalaron en el zócalo de la capital oaxaqueña un tribunal popular en el que, en más de una ocasión, vejaron de esa misma forma a varias personas al acusarlas de cualquier cantidad de “faltas” o actos de traición, como si ese solo hecho les diera el derecho y la legitimidad para llevar a cabo ese tipo de prácticas.

Recordemos: en 2006 ¿quién se indignó, quién se sintió ofendido por esa “barbarie” o por ese tipo de prácticas abominables por parte de un movimiento popular que era respaldado por todos aquellos que, en la visión más estrecha e ignominiosa que se pueda uno imaginar, asumían que sólo las autoridades violan derechos humanos, y que por ende esos actos eran “otra cosa” pero no las evidentes transgresiones a la dignidad y los derechos fundamentales de aquellas personas que en aquellos años —en muchos episodios— fueron blanco de la irracionalidad de los que, como ahora, en nombre de la lucha popular cometían actos indecibles contra los ciudadanos? Ojalá respondieran aquellos que sólo guardan silencio.

SILENCIO

En silencio estaremos tres días luego del ruidero que fueron las campañas. Ruido estéril en el que apenas hubo algunos destellos de propuestas, pero muchos más candidatos cobardes que decidieron cobijarse tras las “campañas grandes” de Gobernador. ¿Servirá este periodo? El ciudadano, convertido en elector, tendrá la palabra.

Terminan las campañas, y la guerra de lodo, intacta

Redes sucias

+ Necesitamos más propuestas y menos confrontación


Hoy terminan las campañas y el resultado es, a pesar del endurecimiento de las normas, una feroz guerra de lodo, en medio de una enorme aridez de propuestas y civilidad por parte de partidos y candidatos. Ante resultados de esta magnitud, habrá que preguntarse qué tan útiles pueden ser las reformas legales sucesivas cuando no existe responsabilidad por parte de quienes ponen en marcha los mecanismos electorales, y quienes participan en ellos. Junto a ello, habrá también que ver que la transformación de la guerra electoral apenas si es el preludio de lo que será el proceso electoral para renovar los poderes Ejecutivo y Legislativo federal, dentro de sólo dos años.

En efecto, el proceso electoral de Oaxaca no se puede ver como una arena aislada, sino como parte importante del proceso electoral más amplio y trascendente, previo a los comicios presidenciales de 2018. En el país se juegan doce gubernaturas, y de ellas sólo en dos existe una competencia electoral moderada por tener un ganador enfilado. En las otras diez gubernaturas que están en juego —Oaxaca entre ellas—, hay una enorme lucha entre varios partidos por lograr el triunfo en los comicios de este domingo. Esa competencia trajo consigo una guerra sucia que, a estas alturas —y de cara a las nuevas reglas electorales, que se supone que en gran medida fueron hechas para evitar estas situaciones— parece irremediable.

¿De qué hablamos? De una realidad palmaria y preocupante: que la guerra sucia entre partidos y candidatos, que tanto se ha tratado de inhibir con el endurecimiento sucesivo de la reglamentación electoral, sólo se trasladó de arena: pasó de los medios tradicionales y de las tácticas a ras de suelo, a la incontrolable arena virtual. Para todos es común encontrar en las redes sociales al mayor escenario de la disputa entre candidatos y partidos, pero fundamentalmente en cuanto a campañas negras.

Ese —que es un espacio por naturaleza incontrolable— se volvió el escenario de todos los denuestos, descalificaciones y “filtraciones”, que antes se daban a conocer a través de la radio o la televisión, e incluso a través de panfletos que se mandaban a imprimir para dar a conocer masivamente una historia oculta, un “escándalo” o la filtración de una conversación privada cuya grabación habría sido obtenida por medio de escuchas ilegales.

El asunto no es menor: en gran medida, las dos últimas grandes reformas político electorales nacionales tuvieron como finalidad acotar esos espacios, pero sólo trasladaron el denuesto a la arena virtual. Pues resulta que, dejando tuncas esas reformas, los partidos y candidatos nunca asumieron que la parte subjetiva del éxito de esas reformas, radicaba justamente en evitar la posibilidad de trasladar de espacio los ataques por los que fue prohibida la publicidad comprada con recursos privados en radio y televisión, para la difusión de campañas negras.

Hoy, por eso, vemos que en las redes sociales más populares hay una guerra feroz, todavía más agresiva que cualquiera que se hubiera podido ver en los mejores tiempos de la radio o la televisión como vehículos de transmisión de esas descalificaciones; y con un mayor grado de accesibilidad dado que la compra de pautas y espacios en redes sociales es tan penetrante e influyente como en su tiempo fueron los medios electrónicos, pero a un precio que ni siquiera es comparable con lo que costaba inundar de spots la radio y la televisión, cuando los partidos, los candidatos, y los particulares, tenían acceso a la compra de espacios para fines electorales.

ESTREMECEDOR PRELUDIO

Hoy nadie tiene empacho en recibir —con gusto y morbo— la filtración de conversaciones telefónicas obtenidas por medios ilegales. A nadie le sorprende que las redes sociales estén inundadas de “anuncios sugeridos” en los que el contenido son audios o video que abiertamente buscan descalificar a un candidato, a través de la agresión, la burla, la discriminación, la segregación o la calumnia. ¿Ese es, al final, el resultado de las complejas y costosas reformas políticas, y las transformaciones que han sufrido todas las instituciones electorales del país? Parece que sí.

El problema es que todo esto es preámbulo de la elección presidencial que, si algo extraordinario no ocurre, terminará desarrollándose en los mismos términos —y más agresivos— que los comicios que hemos visto hasta ahora. Lejos de suponer que aquella será una elección menos agresiva, en realidad debe verse que en los comicios estatales los “incentivos” —es decir, los intereses— son relativamente pocos frente a todo lo que representa la presidencia del país. Por esa razón, lo que más puede esperarse es que ésta sea apenas una competencia preparatoria de la ferocidad que habrán de tener los comicios federales de 2018.

AUTORIDAD FICTICIA

Y por si algo hiciera falta, habrá que irle exigiendo al Instituto Nacional Electoral, que asuma con responsabilidad la monserga que ha sido, para todos, la titubeante actuación del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, ahora dependiente de la autoridad nacional electoral: como nunca antes, hoy vemos una autoridad electoral que se desacredita con sus errores, que trastabillea hasta cuando no hay conflicto, y que ha sido una entidad incapaz de estar a la altura de la demanda de estabilidad y certeza que tanto le urgen a este lastimado proceso electoral que hoy llega a su fin.

CNTE sí va con Morena: los radicales oficializaron su alianza

CNTE

+ Protestas de S22, una pantalla; van por “abrogación de la ley”


Ayer, la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) difundió en su página oficial un documento en el que pide orientar el voto hacia Morena el próximo 5 de junio. Este hecho no sólo confirma la alianza tácita que habían mantenido con Andrés Manuel López Obrador, sino sobre todo pone en evidencia la desesperación de la dirigencia magisterial por la poca participación en sus protestas de cara a la jornada electoral, y su decisión de no seguir cuidando las apariencias ante la demagógica oferta que el tabasqueño vino a hacerles a Oaxaca en los albores de la campaña electoral.

En efecto, ayer mediante un comunicado en el sitio web cencos22oaxaca.org, la Sección 22 del SNTE estableció que darán el voto de castigo a los partidos que firmaron el Pacto por México y que avalaron las reformas estructurales. En dicho documento, reconocen en Morena el partido que ha planteado el apoyo total al magisterio, no solamente a la Sección 22, si no al magisterio nacional.

Del mismo modo establecen “el rechazo total a las reformas estructurales y en especial a la mal llamada reforma educativa”, e instruye a su base “tener cuidado con el cinismo de los partidos que hoy en la coyuntura electoral pretenden con sus declaraciones confundir al gremio magisterial y a la ciudadanía, dando un falso respaldo al movimiento”. Y acuerdan brigadas en cada uno de los 37 sectores y con anticipación al 5 de junio, “llegar a cada delegación y centro de trabajo para orientar el voto por el partido que se ha comprometido con el magisterio y el pueblo”.

¿Qué les prometió Andrés Manuel López Obrador? Si recordamos, el 21 de marzo pasado el tabasqueño firmó con maestros de la CNTE —sin la presencia de la dirigencia seccional— un convenio para ir juntos en contra de las reformas estructurales, principalmente la Educativa. Obrador dijo en aquella ocasión, que este acuerdo “es para fortalecer la educación pública de Oaxaca”. Asimismo, lamentó que el Gobierno de Oaxaca “quiera implementar una Reforma Educativa sin el consenso de los maestros”, y dijo que de ganar Morena la gubernatura “se va a detener por completo la injusta campaña de desprestigio en contra de las maestras y los maestros (…) y Oaxaca dejará ser un escenario de conflicto y será laboratorio para la educación en el país”, remató.

AMLO dijo que el actual convenio buscará llevar un programa de transformación social y educativa para los oaxaqueños; que buscarán desde el Gobierno del Estado impulsar una nueva ley apegada al PTEO y buscarán la cancelación de la reforma educativa en Oaxaca.

Asimismo dijo que crearía la Secretaría de Educación Pública, que será dirigido por un personaje nombrado por una terna que presentará el magisterio y que tendrá como requisito que sea originario de la entidad y con una licenciatura en pedagogía o en escuela normal. Resaltó que de llegar a la gubernatura será el cese a la represión, además de que se pagarán los sueldos a los profesores y se buscará la libertad de los presos políticos. Pero, eso sí, este convenio tuvo como objetivo principal votar por los candidatos de Morena el próximo 5 de junio.

A la distancia, es evidente a la luz de las promesas del tabasqueño, de la deslucida protesta magisterial, y de la incapacidad para generar la exigida mesa de diálogo con el gobierno federal, a la CNTE no le quedaba más que oficializar su alianza con López Obrador. Ahora faltará ver —según su convocatoria real— qué capacidad tendrá para acercarle votos a los candidatos de ese partido.

PROTESTAS SIN CONVOCATORIA

Estábamos acostumbrados a ver a un movimiento magisterial de masas, con miles de personas protestando disciplinadamente, y a muchas más respaldado al movimiento magisterial desde distintos ámbitos. Hoy, frente a sus protestas (aparentes), debemos preguntarnos por qué más del 95 por ciento de las escuelas están abiertas; por qué los estudiantes normalistas no están “coberturando” las movilizaciones magisteriales, y por qué la CNTE decidió romper con sus principios rectores para “orientar” abiertamente el voto magisterial hacia el Movimiento de Regeneración Nacional.

La respuesta es simple: a pesar de la presencia que están tratando de demostrar en Oaxaca es evidente que la lucha magisterial atraviesa por una seria crisis de convocatoria y de capacidad de presión, que se ve reflejada en lo representativas —testimoniales— que han sido sus movilizaciones más recientes, y de la baja convocatoria que han logrado para cumplir con el programa de acción que se propuso la Coordinadora para esta jornada de protestas.

Pues resulta que, en solitario, la CNTE se resiste a reconocer que ahora no han podido convocar a todas sus bases tradicionales; que, en efecto, la reforma educativa les arrebató el control administrativo y económico de los docentes; que los normalistas —que eran cabeza de playa de sus protestas— ahora están ausentes porque asumieron que no tienen otro camino para obtener un empleo, que reconocer las nuevas reglas; y que, en última instancia, hoy ya no tienen otra forma de presionar al gobierno federal para que instale la mesa de negociación sino a partir de la decisión (electoral) de la alianza con López Obrador.

APUESTAS

Morena en Oaxaca apuesta a tener una bancada que logre superar al PRD, y que sea el contrapeso de la izquierda al siguiente gobierno; la Sección 22 quiere su mesa de diálogo. Ayer, AMLO fue el oportunista; hoy, la CNTE parece que pasó de tiburón a rémora de sus nuevos aliados formales.

Terminación anticipada de mandato: nuevo revés de la Corte

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+ LXII Legislatura tropieza de nuevo con sus excesos y errores


Nuevamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enderezó un revés a la LXII Legislatura del Congreso local, al declarar inconstitucional la figura de la terminación anticipada de mandato de los ayuntamientos regidos por el régimen de sistemas normativos internos. Esa decisión la tomaron los ministros al corroborar que el Congreso no consultó de manera previa a municipios de poblaciones indígenas sobre ese apartado, relativo a la Asamblea General Comunitaria.

En efecto, de acuerdo con la información los ministros de la Corte invalidaron el artículo 65 Bis de la Ley Orgánica Municipal, la cual sólo tendrá efecto en los municipios que promovieron las controversias, ya que no se alcanzaron los ocho votos que establece la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la declaratoria de inconstitucionalidad tenga efectos generales. No obstante, esto representa un precedente sobre la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y exhibe —otra vez— al Congreso por su desaseo y falta de cuidado al emitir normas contrarias a la Constitución. Pues resulta que, por unanimidad, los ministros consideraron que para la aprobación de los preceptos antes mencionados, el Congreso oaxaqueño no respetó el derecho de consulta previa varios municipios indígenas.

Ahora bien, como antecedente vale la pena recordar que el año pasado en la reforma político-electoral se estableció la figura de la terminación anticipada de mandato, en el artículo 113 de la Constitución local. Dicho artículo establecía que la reglamentación de esa figura estaría contenida en la Ley Orgánica Municipal. Sólo que, deliberadamente, los legisladores locales metieron esa figura en la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales (LIPPEO) que en octubre de 2015 fue declarada inconstitucional por la Corte. Luego de esto, la Legislatura local reformó la Ley Orgánica Municipal para establecer ahí la terminación anticipada de mandato.

¿Qué decía el texto de la LIPPEO? El artículo 282 establecía que para la terminación anticipada del mandato de un ayuntamiento indígena había que recorrer un largo e intrincado camino legal, y cumplir un conjunto complejo de requisitos ante el Tribunal Estatal Electoral (TEE), únicamente para que éste autorizara la celebración de la asamblea en la cual se decidiría, mediante votación de las dos terceras partes del total del padrón de ciudadanos del municipio o comunidad, si se declaraba la terminación anticipada del mandato de sus autoridades. El resultado de dicha asamblea debía ser revisado por el TEE, quien resolvería la procedencia de la determinación y, en caso de tratarse de municipios, lo remitiría al Congreso.

Únicamente en este punto, el Congreso conservaría la facultad de continuar nombrando a los administradores municipales y autorizando la celebración de nuevos comicios. Pero básicamente perdía todo el control respecto al manejo político de los conflictos municipales, entregándolo al TEE, cuyos integrantes ya no serán designados por el Poder Judicial del Estado, sino por el Senado, y por ende ya no responderían a los intereses del régimen o los diputados en turno, y tampoco estarían sujetos a sus conocidas medidas de presión o chantaje.

FALLO TRASCENDENTE

Esta resolución es trascendente, a pesar de que los ministros ni siquiera entraron a la revisión del fondo del asunto. ¿Qué regula el artículo 65 bis, que fue declarado inconstitucional? Dicho numeral, establece que la terminación anticipada procederá únicamente cuando lo solicite el 30 por ciento del número de integrantes de la Asamblea que eligió a las autoridades, y no el 20 por ciento del total de la ciudadanía reconocida conforme al sistema normativo del municipio.

Es decir, que el Congreso redujo drásticamente el número de personas que se necesitan para pedir la revocación, para establecer que se necesita únicamente un porcentaje del número de personas que participaron en la Asamblea, independientemente de que éstas hubieran participado o no en la asamblea electiva.

Otra diferencia notable es que eliminaron completamente la participación del TEE, para remitirla al IEEPCO. Ahora será éste, y no el Tribunal y su nueva autonomía, quienes substanciarán el procedimiento y declarar su procedencia para que se realice la Asamblea.

Todo ese procedimiento, sin embargo, no sirve para decidir la terminación anticipada. Ésta únicamente ocurrirá cuando el Congreso determine, por mayoría simple, emita un decreto declarando la terminación anticipada. Y entonces sí, el Congreso nombrará al administrador municipal y —cosa que no ocurre hoy en día— “autorizará” al IEEPCO a que convoque a la Asamblea para elegir a sus nuevas autoridades.

EL CONGRESO, DE NUEVO EXHIBIDO

Es una pena que esta Legislatura esté teniendo tantos desencuentros con la Suprema Corte. En lo que va de la LXII Legislatura, el Alto Tribunal les declaró inconstitucional la reforma sobre la residencia mínima para ser candidato a Gobernador; sacó del orden jurídico prácticamente toda la legislación secundaria de la reforma electoral; declaró también inconstitucional la Ley del Consejo de Sistemas Electorales Indígenas; y ahora ocurre esta nueva declaratoria. Lo más alarmante es que nadie en el Congreso asume su responsabilidad. Ni quienes tienen el deber técnico de cuidar la constitucionalidad de lo que legislan, y ya ni pensar en quienes tienen algún tipo de responsabilidad política. Vergonzante.

Sistema Nacional Anticorrupción duerme, y a Tenorio lo exculpan

Germán Tenorio

+ Ocupan mismo mecanismo con que URO exculpó a sus funcionarios


Mientras la legislación reglamentaria del Sistema Nacional Anticorrupción chapalea en el fango legislativo federal, en Oaxaca pareciera que el grupo gobernante tiene prisa por comenzar a vacunar con impunidad a sus integrantes acusados de corrupción. A eso apunta la prisa por exonerar, a priori, a Germán Tenorio Vasconcelos, de cualquier quebranto cometido durante su gestión como titular de los Servicios de Salud de Oaxaca. En realidad, están utilizando una vía muy parecida a la que el ulisimo ocupó para dejar tranquilos a varios de sus funcionarios.

En efecto, ayer TIEMPO daba a conocer que tanto la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, como la propia Secretaría de Salud, emitieron sendos documentos a través de los cuales liberan de toda responsabilidad o faltante en la dependencia durante el tiempo en que fungió como Secretario de Salud y Director de los Servicios de Salud de Oaxaca.

En el primero de los documentos —de los cuales ayer daba cuenta este diario—, la Contraloría reconoce que sobre Tenorio Vasconcelos no existe ninguna inhabilitación para el desempeño de cargos públicos de carácter estatal. Ello se refuerza con un segundo documento, emitido por Hugo Alberto Espinosa Morales, subdirector General de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Oaxaca, mediante el cual hace constar que Tenorio Vasconcelos no tiene adeudo o faltante alguno relacionado con recursos financieros y patrimoniales durante el tiempo que ostentó los cargos antes descritos en los Servicios de Salud.

¿Qué indican estos dos documentos? La certeza jurídica —que no legitimidad— de que para el gobierno de Oaxaca, Tenorio no tendría responsabilidad alguna por la cual responder ante alguna instancia administrativa o judicial, de entrar su gestión a una verdadera revisión. Esto no significa que, en los meses o años siguientes, no se le pudiera iniciar algún procedimiento sancionador. Pero esos dos documentos sí son elementos importantes a su favor para establecer que, independientemente de cualquier revisión, a él ya se le habría liberado de responsabilidad por su desempeño como servidor público.

¿Qué intentan hacer? Algo muy parecido a lo que, en su momento, hizo el gobierno de Ulises Ruiz con la gran mayoría de los funcionarios de su administración, que manejaron recursos económicos sensibles y que, de una u otra forma, habrían podido tener un destino distinto al que originalmente le habría sido asignado.

En su momento, el gobierno de Ruiz, con la colaboración incluso de las instancias de fiscalización, habrían emitido documentos más o menos similares de reconocimiento de no adeudos o faltantes a favor de distintos funcionarios, con los que ya no hubo posibilidad de continuar los procedimientos administrativos en su contra por el supuesto “saqueo” que luego acusó Perla Woolrich como titular de la Contraloría estatal.

CON LA LEY A FAVOR

Respecto al enriquecimiento ilícito, el Código Penal establece sanciones importantes que, sin embargo, ni a los “saqueadores” de Ulises Ruiz se les pudo aplicar. ¿Qué dice? El artículo 217 bis A señala que comete el delito de enriquecimiento ilícito el servidor público, que con motivo de su empleo, cargo o comisión, por sí o por interpósita persona, aumente su patrimonio, sin que pueda justificar la procedencia lícita del mismo, respecto de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño.

Incluso, como aparente señal de dureza, el precepto señala: “respecto de los bienes que se acredite que fueron obtenidos de manera ilícita, serán decomisados a favor del Estado y pasarán a formar parte del fondo para la procuración de justicia y administración de justicia por partes iguales”.

¿Cómo se le podría aplicar una sanción —necesaria, aunque surrealista— como ésta, a un funcionario como Germán Tenorio, sobre quien el Estado oaxaqueño ya no tiene ninguna presunción ni investigación en curso respecto a presuntas conductas indebidas en su desempeño como servidor público, y al que incluso ya le extendió documentos que materialmente le servirán como una especie de “finiquito” y de liberación de toda responsabilidad en su desempeño?

Todo esto cambiará cuando entre en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción, que pretende establecer parámetros distintos, se supone que más estrictos, para revisar el desempeño de los servidores públicos, así como lo relacionado con la situación de su patrimonio.

El pequeño gran problema es que, como si todo esto fuera una gran burla para los ciudadanos, los partidos y los diputados —alentados por quienes se resisten a que este sistema tome forma y colme la demanda de los ciudadanos de no más impunidad frente a la corrupción—, la legislación reglamentaria del Sistema Nacional Anticorrupción está verdaderamente atorada en las cámaras federales, y como ésta no existe, hasta ahora las entidades federativas tampoco tienen puntos de referencia para comenzar a delinear cómo serían sus propios sistemas estatales en la materia.

¿Al final qué queda? Impunidad por todos lados, y ex funcionarios felices porque no tendrán que rendir cuentas por su desempeño como servidores públicos.

¡REPRESIÓN!

Es lo que quisieran gritar los menguados profesores de la Sección 22 que aún protestan en Oaxaca. No lo tendrán. La —aparente— tolerancia excesiva que ayer les tuvo la Policía Federal es una muestra clara de ello. Buscan provocar y hacerse presentes de cara a los comicios del 5 de junio. Eso explica todo.

Los partidos ¿apuestan a la judicialización de la elección?

Partidos políticos

+ En pragmatismo, no es tan malo construir “un cochinero”


En este último tramo de la campaña, y de cara a la jornada electoral, los ciudadanos vemos con cierto asombro cómo algunos partidos están preparando varios escenarios alternos al del resultado electoral. Uno de los que preparan —y lo anuncian— es el de la judicialización del resultados electoral; pero hay otros que ya piensan en organizar un cochinero para apostarle a entrampar la elección. Debe haber mucha atención frente a esos signos alarmantes y amenazadores para nuestra incipiente democracia.

En efecto, entramos ya en el último trecho del proceso electoral. El próximo 1 de junio —dentro de sólo seis días— terminarán las campañas, y vendrá el periodo de veda que no es sino la antesala de la jornada electoral. Siendo esto inminente, llama mucho la atención cómo desde el propio sistema de partidos se están comenzando a elaborar las líneas discursivas que escucharemos en las semanas siguientes, y que tienen que ver con las denuncias de abusos, de utilización indebida de todo tipo de recursos, y de intervenciones indebidas del sector público en las campañas y a favor de tal o cual candidato. Esta perspectiva no es fortuita: más bien, tiene que ver con la posible preparación del enrarecimiento postelectoral.

Pues resulta que para cualquier ciudadano medianamente interesado en cómo se han desarrollado las campañas electorales, es evidente que —de nuevo— los partidos están rasando los límites de la legalidad en el desarrollo de sus campañas pero que, todos, ya pasaron desde hace mucho tiempo todos los umbrales de la legitimidad política. Los hechos de los últimos días así lo demuestran: hay una guerra feroz, descarnada e inhumana en redes sociales entre todos los candidatos; y, acaso como nunca, unos y otros han echado mano de recursos tecnológicos para convertir en un auténtico chiquero, el estrecho contexto en el que la ciudadanía participa del proceso electoral… simplemente como espectadora.

Específicamente, estas campañas electorales han estado marcadas no por las propuestas y ya ni siquiera por el trabajo proselitista de los candidatos a distintos cargos de elección popular, sino que más bien ha estado inundada de ataques, de filtraciones de conversaciones telefónicas obtenidas y difundidas ilegalmente; todos los candidatos —cada uno según sus posibilidades— le ha apostado fuertemente a la promoción de campañas negras, al denuesto del adversario y a la demostración de cuán corrupto es el otro. En el fondo, más bien todos juntos han contribuido con denuedo a  demostrar cuán impresentable es toda la política actual.

Empero, ese no es el problema, sino el escenario que le depara al proceso electoral. ¿Qué buscan? Al parecer, todos esos elementos son el preámbulo a la táctica que más de uno intentará. ¿Cuál? No la de ganar, sino de enturbiar la jornada electoral. ¿La intención? Lograr, en el mejor de los casos, la anulación del proceso electoral… y que no haya un ganador.

APUESTAS DE RIESGO

No es una buena noticia cuando los partidos políticos comienzan a hablar de la judicialización del proceso electoral. No es bueno, cuando hablan de eso en boca propia, o cuando lo denuncian del adversario. Al final de cuentas, toda judicialización implica el no reconocimiento del resultado electoral, la inconformidad, y el riesgo —importante o no— de que pueda venirse abajo todo el proceso, con el resultado de la elección como “premio” principal.

Por ejemplo, el martes el dirigente nacional del PRD, Agustín Basave, estuvo en el Senado de la República para solicitar la intervención política de la Comisión Especial de Seguimiento de los Procesos Electorales, que presidente el diputado perredista Guadalupe Acosta Naranjo. “Es una intervención política —reconoció Basave—, cuidando que las elecciones no se nos vayan a desbordar, ya hay muchos incidentes, eso es lo que vine a hacer y por eso hablé con el diputado Guadalupe Acosta Naranjo. Durango, Oaxaca, Veracruz, Quinta Roo, Tlaxcala, Tamaulipas, son los que vemos como ‘focos rojos’, probablemente Zacatecas, también. Pero, tenemos ya muchos  reportes y ya muchas denuncias en varios de estos estados”.

En esa misma lógica, hace dos días Santiago Creel afirmaba en Oaxaca que el PAN no le apuesta a alentar la judicializar; sin embargo, advirtió que en Acción Nacional no van a permitir que se burle un solo voto y “también estamos denunciando las intervenciones ilegales que ocurren a lo largo y ancho del país, particularmente la ocurrida en Oaxaca con una bodega llena de despensas porque todo eso ensucia la elección”.

En el bando contrario, están las declaraciones que han realizado en la Ciudad de México varios integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en esa misma lógica. ¿Qué significa? Que al margen de quién lo protagonice, todos ven un “cochinero” inminente, del cual uno de ellos podría salir ganador al enturbiar el proceso, deslegitimar el resultado y, en el último de los casos, conseguir que se repita el proceso electoral. ¿Quién puede ser? Cualquiera. Lo importante —y terrible— es que los que perderíamos, por partida doble, seríamos los ciudadanos.

INSISTENTES

Los profesores de la Sección 22 que no dejan de buscar la posibilidad de una respuesta gubernamental a su paro —testimonial— de labores. Por eso han buscado cerrar carreteras, comercios y oficinas públicas. Buscan coronar su papel de grupo de presión, con el que participan en cada proceso electoral. Difícilmente, en este caso, lograrán su cometido.

UABJO: Helmes sigue siendo Rector; Bautista, entre dos fuegos

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+ Martínez Neri chantajeó para ganar la mitad de la administración


Desde el arranque de su gestión, Eduardo Bautista está prácticamente solo en la rectoría de la UABJO. Al verse obligado a ceder posiciones administrativas a los factores de poder que permitieron su arribo al máximo cargo universitario, Bautista no logró acomodar a ninguno de los que pudieran considerarse como sus aliados. Por eso, a partir de ahora vivirá entre el fuego cruzado de los ex rectores Eduardo Martínez Helmes y Francisco Martínez Neri, y con la espada de Damocles pendiendo permanentemente sobre su gestión. Vale la pena revisar por qué.

En efecto, ayer en un comunicado, la administración universitaria anunció que el rector Bautista hizo los primeros nombramientos. Según la información, como secretaria General fue ratificada la maestra Leticia Mendoza Toro; como secretaria Particular, fue designada María del Refugio Caballero Merlín; como abogado General fue nombrado Héctor López Sánchez; como Contralor fue designado el contador Hilarino Aragón Matías, y el arquitecto Enrique Mayoral asumirá el cargo de Secretario Técnico.

Asimismo, se anunció que el doctor Aristeo Segura Salvador fue confirmado en la Secretaría de Planeación; que Amilcar Sosa Velasco es el nuevo Secretario Administrativo, y que la contadora Esther Jiménez Ochoa será la nueva encargada de la Secretaría de Finanzas. Para todo aquel que conozca los intríngulis universitarios, es evidente que cada uno de esos nombres revela la magnitud y el resultado de la negociación que debió entablar —con el respaldo oficial— el ex rector Martínez Helmes para permitirle el arribo a Bautista, pero también el peligro que ronda sobre él por el cruce de intereses incompatibles.

En ese sentido, de entrada se confirma lo que apuntamos en este espacio el pasado 16 de mayo, cuando apuntamos que Eduardo Bautista tendría un rectorado particularmente supeditado a demasiados ‘liderazgos’. Para lograr su triunfo —apuntamos entonces—, Abraham Martínez Alavés se vio obligado a pactar con un grupo demasiado extenso de liderazgos universitarios. Ahora tendrá que pagarle, con posiciones y recursos de la Universidad, a grupos incompatibles entre sí que querrán compartir el poder. El problema no será para los Martínez —Abraham, y su ‘familia real’— sino para Eduardo Bautista, que tendrá un gabinete no plural, sino internamente irreconciliable. Ahí no habrá política que logre conciliar intereses tan heterogéneos como los que permitieron su arribo a la rectoría. Pero esa será su realidad.

Todo esto se confirma a partir del evidente reparto que hicieron de la administración universitaria. ¿De qué hablamos? De que, para generar estabilidad, Eduardo Martínez Helmes pactó con Francisco Martínez Neri —y su nuevo aliado, Rafael Torres Valdés— la entrega de al menos cinco de las posiciones clave de la administración universitaria. Por la sola ascendencia de los nombres, es claro que las secretarías Académica, de Finanzas, de Planeación y la Administrativa, además de la Contraloría, fueron cedidas a Martínez Neri. Helmes, a su vez, sólo se habría quedado con la Secretaría Particular de la Rectoría, y con la posición del Abogado General.

¿Por qué es relevante esto?

AYUDA OFICIAL

En primer término, resalta el chantaje del que Neri hizo objeto a Martínez Helmes, pero con el que terminará siendo su cómplice, o su socio. ¿Por qué? Porque a partir del millonario quebranto financiero que tiene la Universidad —unos 250 millones de pesos, por lo menos— Neri habría exigido posiciones a cambio de no atizar las revisiones que realiza la Auditoría Superior de la Federación a las cuentas universitarias.

Neri, no lo perdamos de vista, es coordinador de la bancada perredista en la Cámara de Diputados, y la ASF es el órgano técnico de fiscalización de la Cámara baja, y por ende un órgano dependiente de San Lázaro. Así, la negociación habría sido “posiciones de control, a cambio de impunidad”. Cuestión a la que claramente cedió Martínez Helmes, aunque hipotecando el futuro de su sucesor.

En la otra parte de la negociación, Helmes se quedó con posiciones clave dentro de la Universidad, como lo es el cargo que él mismo ostentó durante dos rectorados: la Secretaría Particular, que es la puerta de entrada —y la garantía de control— de cara al Rector. Así, Helmes tendrá la certeza de conocer cada movimiento de Bautista.

Todo esto —y la denodada negativa a entablar diálogo con Silviano Cabrera y Miguel Ángel Reyes Franco— fue avalado por el gobierno estatal, que en esta ocasión no entabló diálogo a través de la Secretaría General de Gobierno sino que, por órdenes de Jorge Castillo Díaz, habría actuado a través de la Fiscalía General del Estado —llevando además de por medio, la amenaza de la integración de averiguaciones previas en contra de los inconformes con el resultado de la elección.

FUTURO INCIERTO

Sí, futuro incierto para el atribulado Eduardo Bautista, que no sabe en la que se metió. En la administración universitaria está en medio de dos fuegos: el de Martínez Neri que tiene en sus manos dos terceras partes de la estructura administrativa; y el de Martínez Helmes, que conservará espacios de control político y económico como la Dirección de Redes. No podrá aliarse más con uno que con otro; si lo hace con uno, será blanco del otro. Por eso, a menos que demuestre las virtudes políticas que aún pudiera tener escondidas, no tiene hacia dónde moverse. Y por eso mismo no le quedará más que ser un “Rector fachada”.