+ Si hubo violaciones de procedimiento deben impulsar acciones legales

Dolidos porque pasaron por encima de sus “posiciones ideológicas”, varios diputados de la LXII Legislatura han acusado inconstitucionalidad de la recién aprobada Ley Estatal de Educación, pero nada han dicho sobre qué acciones constitucionales tomarían para combatir esas presuntas irregularidades. No distinguen, o no quieren hacerlo, entre las posibles inconstitucionalidades y sus desacuerdos personales, o las poses que intentan tomar frente a sus clientelas.

En efecto, ayer ya en la resaca del albazo, diputados como Jesús López Rodríguez o Rafael Arellanes Caballero, de los grupos parlamentarios del PRD y PT, respectivamente, descalificaron la ley educativa argumentando que ésta era inconstitucional. Sólo que los argumentos no les alcanzaron para explicar las razones de esa idea sobre la inconstitucionalidad y, sobre todo, para poder establecer una distinción clara entre lo que puede y no ser inconstitucional, y lo que se encuentra en el ámbito de sus desacuerdos personales o de sus posiciones políticas.

Por un lado, López Rodríguez, acusó que hubo faltas al procedimiento legislativo, y señaló que “diputados del PRI, PAN, MC, PUP y un independiente, aprobaron en penumbras la ley educativa”. Para López, la nueva ley educativa atenta contra el pueblo de Oaxaca. Y acusó también que la totalidad de las y los diputados del PRD no fueron convocados a la sesión del pasado sábado, por lo que “responsabilizó” a los diputados que se prestaron a traicionar al pueblo de Oaxaca.

Evidentemente, la postura de López tiene varios aspectos francamente contradictorios. Por un lado, no explica en qué consisten esas inconsistencias que hacen inconstitucional dicha reforma. De hecho, prefirió afirmar que la ley educativa atenta contra el pueblo de Oaxaca, como si esa consideración subjetiva fuera suficiente para ubicar a una norma en el campo de la inconstitucionalidad.

Con ello —e incluso aceptando que los legisladores de su bancada no fueron convocados— no prueba inconstitucionalidad alguna, pues la “traición al pueblo” no es una violación constitucional, y tampoco podría probar que el Congreso sesionó sin el quórum necesario. La única ruta que le quedaría es la de apelar, ante los tribunales de la Federación y no ante los medios de comunicación, que hubo violaciones al procedimiento legislativo. El problema es que sobre ese aspecto sustantivo, el diputado López Rodríguez no ofreció luz alguna como para suponer que considera la posibilidad y los argumentos para presentar una Acción de Inconstitucionalidad.

¿ACTUARÁN?

Junto a López Rodríguez están las consideraciones del diputado petista Arellanes. Éste fue más específico en sus comentarios, pero no por ello más certero. Arellanes calificó dicho acto legislativo como “ilegal” y como “arreglada la sesión” en la que se aprobó la Ley Estatal de Educación, “porque además se coartó la libertad de expresión de los legisladores locales”.

Afirmó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) nunca dio cuenta con la notificación de la resolución de la controversia constitucional dictada por la Corte en torno a la reforma educativa. Acusó también que la Mesa Directiva nunca señaló fecha y hora para la celebración de una sesión extraordinaria “en la cual se ponga a consideración la resolución de la Corte”, y tampoco convocó a sesión extraordinaria para legislar y emitir la regulación estatal en materia educativa y en la cual se les permita a cada uno de los Diputados presentes fijar su postura respecto al tema, ya sea a favor o en contra.

¿Atina en algo? Parece que no. Veamos: en nuestra entrega de ayer apuntábamos que uno de los escenarios posibles, es que los diputados que sesionaron la noche del sábado hubieran solicitado que a una iniciativa recién presentada se le diera el tratamiento de “obvia resolución”, que según el artículo 55 de la Constitución local permite que una iniciativa se vote sin la necesidad de discusión, y sin la existencia de un dictamen. En el caso opuesto, bien pudo haberse aprobado el dictamen correspondiente vía fast track con la anuencia de los diputados presentes. En tal virtud, no habrían violaciones a la libertad de expresión de nadie.

Además, frente a una resolución de la Corte, ni la Mesa Directiva ni la Jucopo tenían que dar cuenta de nada a nadie. Los mandatos judiciales son vinculatorios en sí mismos, y causan efectos en automático. Por eso, es una patraña suponer que alguno de esos órganos legislativo le tenía que “comunicar” a sus integrantes el mandato y los efectos de la resolución emitida por la Corte.

Quizá Arellanes medio atina en algo: habla de las irregularidades en la convocatoria a la sesión del sábado pasado. En ello se encuentra una veta importante que podría ser explotada en una Acción de Inconstitucionalidad. El problema es que, de nuevo, el Legislador falla al afirmar que es una “sesión extraordinaria”. No puede serlo porque ésta ocurrió dentro del periodo ordinario de sesiones, por lo que la convocatoria a dicha sesión no requiere de los mismos requisitos que cuando se convoca a una sesión extraordinaria, que recibe ese nombre justamente porque ocurre fuera del periodo de sesiones.

PALABRERÍA

Los diputados inconformes deben dejar de lloriquear y, si tienen convicciones, deben ir a la Suprema Corte. A nadie le sirven sus lamentos y derrotas, si éstos no vienen acompañados de acciones que demuestren sus supuestas convicciones. Para mal de todos, nada asegura que lo hagan.

+Norma educativa, atorada; compromisos, incumplibles

Con seriedad, Alejandro Avilés Álvarez debía considerar la posibilidad de solicitar licencia a su cargo de diputado local, para dedicarse de lleno a su labor como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Más allá de los egos y los ánimos de concentración de poder, es claro que sus dos responsabilidades actuales son incompatibles, y que el compromiso con su partido y su candidato debieran estar por encima de los temas coyunturales. Hay varias razones que debería considerar. Y de hacerlo, Avilés tendría que dejar, o el PRI, o el Congreso.

En efecto, el pasado sábado Avilés fue ungido como dirigente priista, en un acto tan subrepticio que no fue sino hasta algo natural en su personalidad como político. Al mismo tiempo, Avilés ocupa una diputación local, es coordinador de su bancada en el Congreso local, y además es integrante de la Junta de Coordinación Política, en una LXII Legislatura que se ha caracterizado por su complejidad e inoperancia. En eso, sin embargo, no radica el imperativo de abandonar su cargo, sino en el hecho de que la misma campaña lo está poniendo en una especie de callejón sin salida. ¿De qué hablamos?

De que en el Congreso están atorados varios temas que son fundamentales para Oaxaca y también para la campaña priista que ahora él conduce formalmente como dirigente del PRI. El más trascendente de esos temas es el relacionado con la reforma educativa, que sigue atorada en el recinto legislativo y que, según parece, no tiene forma de remediarse en el futuro cercano.

Es evidente que Avilés no es el único responsable de ese atorón —al final, la responsabilidad política se prorratea entre todos los líderes de los grupos parlamentarios—, pero sí recae en él la responsabilidad de la inmovilidad de su bancada. Sea como sea —incluso con la resistencia de la totalidad de las fuerzas de izquierda— el PRI sí podría conseguir los votos suficientes para la emisión de una Ley Estatal de Educación que llevara a Oaxaca a superar el problema político-constitucional en el que se encuentra actualmente por la no armonización de las normas educativas.

En ese sentido, una salida provisional —que no ha aportado Avilés, con toda su experiencia política— podría ser la emisión de una ley educativa de transición hacia el siguiente régimen; pero con la suma de sus votos, y de algunos diputados de otras fuerzas que sí apoyarían una norma definitiva, el PRI podría conseguir los 22 votos que necesita —ellos tienen 18, y sólo necesitarían cuatro, que sí pueden conseguir— para lograr la aprobación de dicha norma. Evidentemente, no lo hacen, porque no quieren pagar el costo político de provocar a la Sección 22. Pero al no hacerlo le trasladan el problema al siguiente gobierno, que probablemente encabece el actual candidato de su partido.

VER AL FUTURO

La ley educativa es sólo el más visible de varios problemas que enfrenta la LXII Legislatura en general, pero que recaen en Avilés en su doble papel de dirigente priista y de coordinador de su bancada en el Congreso local.

El lunes, por ejemplo, el propio abanderado priista a la gubernatura, Alejandro Murat, anunció en el noticiario radiofónico del periodista Humberto Cruz, que solicitará a los diputados en funciones, que aprueben una reforma a la legislación local que establezca un Sistema Anticorrupción más robusto, y que establezca entre sus disposiciones iniciativas como la llamada “3de3”, para que todos los servidores públicos en su administración, tengan el deber de presentar sus declaraciones patrimonial, de impuestos y de posible conflicto de interés.

Frente a esto, si Avilés ha demostrado que a pesar de haber estado supuestamente de lleno en su actividad parlamentaria, no fue capaz de sacar varias iniciativas de ley que finalmente le habrían servido mucho más a la próxima administración del gobierno estatal —en la que el PRI tiene importantes posibilidades de ganar—, que a la actual que prácticamente va de salida. ¿Qué podría decir Avilés a su favor, frente a un planteamiento tan concreto como el anunciado el lunes por el Candidato a Gobernador del PRI, pero unos resultados legislativos que son en general tan pobres como los de la LXII Legislatura?

De hecho, en las democracias maduras ha ido creciendo la idea de la incompatibilidad natural y política entre los cargos legislativos, y los de orden político. Esto debería acentuarse en escenarios en los que ambas responsabilidades revisten tantos problemas y asuntos pendientes —como es el caso de Oaxaca— como para que una sola persona tenga ambos deberes y de entrada no exista la certeza de que habrá de dedicar todo su tiempo y capacidades a uno solo de ellos.

Así, por una cuestión de congruencia y responsabilidad con las tareas que le han sido encomendadas, Avilés tendría que definir con seriedad cuál de ellas quiere y puede cumplir, y cuáles debe delegar a otros personajes de la política estatal y de su partido, para que le den seguimiento al trabajo legislativo que finalmente habrá de beneficiar a su partido y a la entidad.

DEMOSTRAR RESPONSABILIDAD

Este tendría que ser un momento decisivo, en el que un personaje tan polémico y cuestionado como Alejandro Avilés diera muestra de seriedad y madurez, y asumiera la actividad política más allá de las coyunturas o de lo que puede resolver sólo en el corto plazo. No hacerlo puede provocarle, al final, más pérdidas que beneficios no a él, sino a su partido y su candidato.