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PVEM vs Fepade: que la escoria de unos no disculpe la de los otros

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+ El fiscal cuestionado debe irse; también deben sancionar los excesos


Hace dos semanas la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), dependiente de la PGR, presentó ante un juez conclusiones acusatorias sobre la comisión de delitos por parte de Arturo Escobar y Vega, durante el pasado proceso electoral federal, por su actuación como responsable de la comunicación social del Partido Verde Ecologista de México durante ese periodo. Días después, un diario de la capital del país reveló que el titular de la Fepade había sido asesor de la fracción perredista en el Senado. Es cierto que esto puso en entredicho la actuación del fiscal de delitos electorales; ¿pero ello debe terminar disculpando a Escobar y al Partido Verde de sus tropelías durante las campañas?

En efecto, a Escobar y Vega —que al darse a conocer que la Fepade había solicitado una orden de aprehensión en su contra, se separó el cargo de Subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación— se le imputó el delito previsto en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que castiga a quien destine o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato o partido cuando exista una prohibición legal para ello. Escobar, en aquel momento, se dijo inocente frente a tal acusación. Y ayer se dio a conocer que el juzgado federal al que la Fepade le había solicitado el obsequio de la orden de aprehensión, negó la posibilidad de librar dicho mandato judicial.

¿Qué significa esto? Que ahora mismo está ocurriendo una doble estrategia para disculpar al Verde de los excesos cometidos durante la reciente campaña electoral federal, y provocar una clarísima cortina de humo para que todas las arbitrariedades cometidas queden impunemente en el olvido. ¿De qué se compone dicha estrategia? Por un lado, de exaltar el error —evidente e imperdonable— cometido por el titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, de omitir el trabajo jurídico que había realizado con partidos políticos al presentar su intención de convertirse en titular de dicha fiscalía; y por el otro, del claro contraataque del Verde para victimizarse no por las acusaciones formuladas por la Fepade, sino a partir de la afrenta que ahora tienen con Nieto Casillo.

En un escenario como éste es indispensable no perder de vista los hilos conductores de los dos problemas, que son paralelos pero no similares: por un lado está la situación del Verde durante el periodo de campañas. Si hubo un partido político que quebrantó de forma vil y grosera toda la nueva legislación federal en materia electoral, éste fue el PVEM, que lo mismo utilizó información disfrazada en medios de comunicación, que contrató a personas influyentes en redes sociales (deportistas, artistas, “twitstars” y demás) para que hicieran campañas —positivas y negativas— según los intereses del verde.

Al Partido Verde se le sancionó con multas que llegaron a rebasar incluso su presupuesto anual por las claras contravenciones a la ley electoral; pero esto parecía poco importante frente a la clara intención de dicho partido de convertirse en el complemento impresentable del PRI para la composición de la LXIII Legislatura federal.

El Verde, de hecho, nunca se arredró con las multas y tampoco limitó sus estrategias de campaña, a pesar de que se le documentó el uso indebido de recursos públicos, la compra disfrazada de espacios en medios de comunicación, los llamados “cineminutos” en algunas cadenas de cines, la utilización indiscriminada de redes sociales y el uso de dádivas directas y abiertas al público para que votaran por ese partido.

Incluso, luego del proceso electoral se solicitó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que contemplara la posibilidad del registro por sus violaciones abiertas y sistemáticas a la ley electoral. El INE no lo consideró, permitiendo que fuera el Verde quien le hiciera la campaña sucia al PRI para mantener, juntos, la mayoría en la cámara baja en la segunda legislatura del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

LAS PIFIAS DE NIETO

El pasado 4 de diciembre, el periódico El Universal reveló que Santiago Nieto Castillo laboró por más de un año como asesor del grupo parlamentario del PRD en el Senado, información que omitió declarar dentro del currículum que por ley tenía que entregar para ser nombrado titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

De inmediato, la dirigencia del Partido Verde —que ya lo había acusado de actuar por consigna, sin reconocer sus excesos— de inmediato se le abalanzó para acusarlo de conflicto de interés y, en resumen, exigir su renuncia a la titularidad de la fiscalía. Apenas cinco días después parece estar resultado que el Partido Verde y Arturo Escobar fueron “blancas palomas”, y que el verdadero malo de esta trama es el fiscal Nieto Castillo.

Básicamente, parece que la intención es la siguiente: que Santiago Nieto se quede con todo el precio del desprestigio por esta última situación, para que así el Verde pueda pasar de acusado a acusador, y pueda colocar en el banquillo de los acusados a aquellos que intentaron llevarlos ante la justicia. Evidentemente, el fiscal Nieto Castillo es responsable de no haber declarado la totalidad de sus empleos y referencias laborales anteriores, para demostrar que no tenía los vínculos que le impidieran ser el revisor de la actuación de partidos y candidatos durante el proceso electoral. Pero si esto no resultó así, y Nieto sí incurrió en conflicto de interés, nada nos debiera llevar a suponer que ello en automático disculpa al Partido Verde de sus excesos.

La intención es tal. El Verde busca ahora, apenas dos semanas después de ser acusado de incurrir en delitos electorales, en víctima de las consignas de otros partidos, para así dejar escondida —al menos para quienes tienen memoria corta— la realidad de que ellos han sido los mayores infractores de las normas electorales, y los que más se han burlado del sistema electoral sólo para hacerle el trabajo sucio al PRI, que silenciosamente abona al sostenimiento de esa impunidad.

UN MITO URBANO

Por cierto, ¿alguien sabe de la existencia del Partido Verde en Oaxaca, y su supuesta fuerza electoral? ¿Hay alguien que pueda afirmar que está en condiciones de decir que vio a ese partido en nuestro estado, o que al menos sabe de su paradero?

Oaxaca no debe ser cementerio del “efecto cucaracha”

 

 

Reten

+ Autoridades, obligadas a dejar la sorna y la confianza


Aunque las autoridades estatales han tratado de disimular la criminalidad que asola a la entidad, existen regiones del territorio oaxaqueño en las que la delincuencia organizada opera con toda normalidad. A la par de ello, esa misma confianza gubernamental ha permitido que otras regiones se hayan convertido en algo así como “el patio trasero” de las bandas criminales que operan en otras entidades del país. Debe abandonarse la confianza, porque buena parte del problema de la inseguridad tiene que ver con eso, y no con el efecto de la criminalidad en otras regiones del país.

En efecto, en los últimos años las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, han achacado la criminalidad a dos cuestiones que hoy en día ya son simples lugares comunes. Por un lado, aseguran que en Oaxaca ocurren hechos relacionados con delincuencia organizada por la misma razón por la que ocurren en otras entidades: por la fuerza que tienen las organizaciones criminales y por sus amplias redes de operación; por otro lado, han asegurado que es imposible reducir la criminalidad a cero, y por eso ven con cierta normalidad la incidencia delictiva en la entidad. ¿Es eso real?

Para entenderlo hay que entender el fenómeno de la delincuencia organizada en el país. Por ejemplo, en Veracruz hay una importante actividad de la criminalidad, por la misma razón que ésta existe en otros lugares como Michoacán o Colima. En gran medida, la incidencia delictiva tiene que ver con la existencia en esos lugares de los principales puertos mercantes de entrada al país. Al ser éstos sitios por donde ingresan personas, armas y sustancias atractivas para el crimen organizado, ellos se vuelven lugares de fuerte presencia criminal, que por el mismo efecto de la guerra contra el crimen organizado hace algunos años dejaron la sola actividad del narcotráfico, para involucrarse en cuestiones como la trata de personas, el narcomenudeo, la extorsión, el cobro de piso, y las demás que hoy es ampliamente conocido que realizan.

Ahora bien, si esos lugares son atractivos para la criminalidad por los puertos, hay otras regiones que son conocidas como “corredores”, y que no son sino las regiones, zonas, carreteras y hasta entidades federativas por donde se transportan todos los “productos” con los que comercia la delincuencia organizada. Por eso, los corredores que van de la región golfo al norte del país, y las que siguen rutas por el centro de la República, o las del Océano Pacífico hacia los Estados Unidos, son de las que también tienen una incidencia criminal alta.

Así, los grupos delincuenciales protegen sus rutas y sus “corredores”, así como sus respectivas zonas de la frontera norte por donde cruzan sus mercancías hacia la Unión Americana, porque esas son zonas cruciales para sus actividades. Ello permite entender con facilidad que esas regiones sean de amplia incidencia delictiva y que constantemente se encuentren en disputa entre organizaciones criminales que ya no sólo tienen a las drogas como su único negocio, sino que lo diversificaron hacia una serie de actividades en las que la violencia y la impunidad son la moneda de cambio.

 

EL CASO OAXACA

Ahora bien, ¿por qué Oaxaca no es tan atractivo para la delincuencia organizada “nacional”? Parece que por una razón simple: que al menos para el trasiego y la comercialización a gran escala, nuestra entidad no representa ni un mercado importante, ni un lugar insalvable de paso. Esto se entiende a partir de que distintas drogas o llegan al país por rutas que no son las terrestres y que tampoco pasan por la entidad, o de que éstas se producen en laboratorios clandestinos que no necesariamente tienen un asiento importante en la entidad.

A partir de eso puede entenderse que Oaxaca nunca ha figurado dentro de las grandes estadísticas nacionales relacionadas con las actividades criminales, y que —utilizando el lenguaje policiaco, tan común en este país actualmente— tampoco sea una “plaza” en disputa por algunos grupos. Ello no quita que haya presencia de delincuencia organizada o que en la entidad no haya un problema por el trasiego o venta al pormenor de sustancias prohibidas. La diferencia radica en que, hasta ahora, la entidad no ha sido una “plaza” importante de paso como sí lo son la mayoría de las entidades del norte del país, o como ocurre con sitios en los que la venta al consumo de sustancias prohibidas representa un negocio verdaderamente importante.

Esto nos lleva a otra cuestión: ¿Por qué en Oaxaca existe presencia criminal, no únicamente en lo relacionado con las actividades relacionadas con la producción, transportación o venta de droga al menudeo? Esto ocurre, básicamente, por la permisividad que hasta han mostrado las autoridades relacionadas con este asunto, y con la falta de acciones verdaderamente coordinadas no sólo para perseguir lo relacionado con las drogas, sino para ir en contra de todas las demás actividades que tienen que ver con delincuencia organizada. Por eso, en varias regiones de la entidad ocurren secuestros, extorsiones, cobros de piso y diversas actividades ilegales que aunque no tienen que ver con las drogas sí son actividades que lastiman drásticamente a la sociedad.

Lo peor es que esa permisividad, convertida luego en impunidad, se vuelve un problema mayor para la entidad, ya que por eso Oaxaca es una especie de “patio trasero” de las actividades delictivas de otras entidades. El caso más concreto es el de Veracruz, en donde la fuerte presencia criminal arroja violencia en diversos tipos, y Oaxaca resulta ser el receptáculo libre de esa violencia.

 

DIME CON QUIÉN TE JUNTAS…

Sobre el relevo de ministros en la Corte, el periodista Darío Celis (http://bit.ly/1SN7C2M) apuntaba un dato por demás interesante: el aspirante a Ministro, Javier Laynez Potisek, siendo procurador fiscal de la Federación, encargado de perseguir la evasión fiscal, hizo la presentación del libro Epítome Fiscal 2008, de editorial Porrúa, de la autoría de uno de los principales precursores de esquemas fraudulentos de outsourcing, llamado Sergio Castro López. De acuerdo con información del SAT —dice Celis—, Castro López ha evadido a través de sus esquemas, más de 50 mil millones de pesos en impuestos y actualmente es buscado por la Interpol, ya que tiene varias órdenes de aprehensión y diversos procedimientos penales por delitos de defraudación fiscal. Este es un caso evidente de conflicto de interés que habrá de pesarle al aspirante a ministro.

¿Por qué PRI no quiere que se regulen las candidaturas comunes?

Dip PRI

+ Los diputados exigen con razón; el problema es que la falla es suya


 

Mediante un comunicado, la diputada local priista María del Carmen Ricárdez Vela, aseguró que “por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (Ieepco) debe regular las candidaturas comunes”. Según la Legisladora, esto rompería con los principios de certeza y legalidad que deben regir los procesos electorales, a pesar de que fue el Congreso quien generó el vacío legal que, de hecho, inutilizó las nuevas figuras electorales establecidas en la Constitución local. ¿Hay más razones, además de las legales, por las que el PRI quiere que no se utilice la figura de las candidaturas comunes?

En efecto, de acuerdo con la diputada Ricárdez Vela, su exigencia de que no se reglamenten las candidaturas comunes por la autoridad electoral ocurre en atención a los lineamientos que el OPLE-Ieepco ha estado emitiendo “a consecuencia del proceso electoral 2015-2016” (sic). Según el comunicado emitido por la fracción del tricolor en el Congreso local, la legisladora priista propone “que la Legislatura del Estado exhorte a esta institución electoral para que no regule las candidaturas comunes”.

Por lo tanto, dice la diputada Ricárdez, “el OPLE-Ieepco deberá realizar su función electoral, en los términos que establece la Constitución [federal], la LGIPE, la Ley General de Partidos Políticos, la Constitución Local, el CIPPEEO y los lineamientos que al efecto tenga emitido el INE, en lo que resulte pertinente para la organización, desarrollo, vigilancia y calificación de las elecciones locales”.

Y sostiene que para el proceso electoral 2015-2016, el IEEPCO únicamente podrá establecer las reglas que hagan efectivo el derecho de participación de los partidos políticos, en la modalidad de coaliciones totales, parciales o flexibles, más no en la de candidaturas comunes, toda vez de que esta forma de participación no se encuentra regulada y desarrollada en ninguna de las disposiciones generales y locales aprobadas, tanto por la legislatura federal como local.

A pesar de esas consideraciones, la postura planteada por la diputada Ricárdez es insostenible. Lo es porque si bien no hay reglamentación aplicable en lo que se refiere a las candidaturas comunes, lo cierto es que esa figura ya se encuentra en la Constitución local y ella no fue declarada inconstitucional en la sentencia emitida por la Corte en la Acción de Inconstitucionalidad 53/2015 y sus acumuladas. De hecho, lo que existe es un vacío que no impedirá a los partidos políticos llevar, incluso a los tribunales, su derecho a utilizar una figura establecida en la Constitución, así como el deber de la autoridad electoral de proveer lo necesario para hacerla operante.

De hecho, el problema de fondo en este asunto no radica sólo en si el IEEPCO tiene o no facultades reglamentarias para emitir un reglamento que haga operable una figura establecida en la Constitución, sino sobre todo en el hecho de que la abrumadora decisión tomada por la Suprema Corte, de expulsar del sistema jurídico oaxaqueño todo el contenido de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca, dejó un enorme hueco que ahora no puede ser solventado por la LXII Legislatura —la responsable de haber cometido errores en el procedimiento para aprobar esa norma— y sobre el cual tampoco existe claridad de si el OPLE-IEEPCO tiene facultades reglamentarias.

Pues resulta que en medio de todos los matices se encuentra el hecho de que, por un lado, ni el mismo PRI tiene claro si es el IEEPCO, o el Consejo General del INE, quien pudiera tener la facultad de reglamentar esta figura, en una circunstancia tan particular como la que enfrenta Oaxaca.

En el otro extremo está el intento del órgano electoral de cumplir con lo que marca la Constitución. Por eso, ante el vacío, lo que terminará ocurriendo es la judicialización del proceso electoral, a partir de que hay enormes lagunas legales, y de que no existe claridad sobre quién, cómo y con qué alcance la autoridad electoral (recordemos que ya es una sola, el INE, que tiene alcances nacionales). Esa incertidumbre se la debemos agradecer a la LXII Legislatura, que no deja de hablar de legalidad y de grandes hombres, pero que resulta ser la provocadora de esta incertidumbre, que es lo único seguro para este proceso electoral.

 

¿POR QUÉ FRENAR LAS CANDIDATURAS COMUNES?

Aquí dijimos (Al Margen 07.10.2015) por qué las candidaturas comunes eran una tentación para los partidos, y por qué entre las fuerzas coaligadas había tanto interés porque dicha figura se aprobara. Según el numeral 1 del artículo 299 de la inconstitucional LIPEO oaxaqueña, las candidaturas comunes constituyen una forma de participación y asociación de los partidos políticos con el fin de postular candidatos en las elecciones a Gobernador, a diputados por el principio de mayoría relativa y a Presidentes Municipales; según el numeral 2 del mismo artículo, “se entiende por candidatura común cuando dos o más Partidos Políticos, registren al mismo candidato, fórmula o planilla de candidatos, en la elección de que se trate”. ¿Dónde estaba el truco?

En que esa figura de las candidaturas comunes dejaba al total albedrío de los partidos políticos fijar a sus candidatos según su propia geografía política, sin necesidad de poner en riesgo otros distritos. Según esta disposición no había más límite para la postulación de una candidatura común que el candidato estuviera de acuerdo, y que se fijaran ciertas condiciones de gastos de campaña y de plataforma política de los partidos postulantes, pero sin establecer ninguna condición sobre en cuántos distritos o ayuntamientos podría hacerse, ni el porcentaje respecto al total de distritos o ayuntamientos en juego que debieran cubrirse.

 

PÉRDIDA

Las candidaturas comunes eran la oportunidad perfecta para afianzar las fortalezas de cada partido, y minimizar sus pérdidas donde fueran débiles, con el añadido de que esto también generaría un impacto fuerte en comicios donde al mismo se definen la gubernatura, las diputaciones locales y las alcaldías. Por eso, las candidaturas comunes fueron las “letras chiquitas” de la malograda reforma electoral a favor de la coalición. Cuando esto fue declarado inconstitucional, la afectada fue la coalición. Por eso tanto interés del PRI en que esta figura no opere en estos comicios, pues ello implicaría reinstalar una ventaja para sus competidores, que ellos ya creían cancelada.

Oaxaca en contexto nacional: ¿por qué los partidos no se definen?

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Oaxaca

 

+ En el contexto electoral, ¿por qué puede ser importante Oaxaca?


Entramos en el proceso electoral, y en Oaxaca muchos creemos que las definiciones nacionales se juegan aquí. ¿Qué tan cierta es aquella vieja idea de que nuestra entidad es una especie de “caja de resonancia” de lo que ocurre en el país, y que por esa razón el gobierno y los partidos políticos estarían obligados a darle la mayor importancia a las definiciones políticas en nuestra entidad? Debemos considerar la importancia real que tiene Oaxaca en el contexto nacional, para poder entender también sus procesos políticos y las definiciones electorales que están en puerta.

En efecto, la semana pasada vimos cómo ocurrieron diversas renuncias de personajes que aspiran específicamente a convertirse en candidatos a la gubernatura del estado. La separación del cargo de Alejandro Murat Hinojosa marcó el banderazo de inicio del proceso político para la sucesión, y detrás de ésta vinieron otras dos dimisiones que también deben ser entendidas en tal contexto. Por un lado, el senador Eviel Pérez Magaña, y por el otro el titular de la Secretaría General de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval, formalizaron su participación en el proceso de designación del próximo candidato a gobernador por el PRI.

Las lecturas de esos hechos, en su mayoría, han sido excluyentes. La impermeabilidad de los grupos políticos ha impedido entender el momento por el que atraviesa Oaxaca a partir de una visión de conjunto. Pareciera, pues, que el PRI oaxaqueño es en realidad cuatro o cinco partidos políticos distintos, que tienen menos afinidades entre ellos que respecto a las fuerzas políticas contrarias. Sólo a partir de eso puede entenderse que la semana pasada haya sido álgida en señalamientos y escollos entre los diversos grupos priistas, básicamente porque cada grupo habría querido que su candidato fuera el único en separarse del cargo, y por ende el “elegido” fácticamente para la candidatura.

No habría podido ocurrir eso, porque además de que el PRI es un partido plural, una decisión de tal magnitud debe tomarse en consideración al contexto político que ocurre en el país. ¿Cómo se vería el PRI ungiendo a un solo candidato desde el primer momento, al margen de la competencia, sin pataleos de los demás, sin oposiciones internas, y sin un proceso interno real o simulado? Esencialmente, esto acercaría la decisión de ese partido a las prácticas totalitarias del lopezobradorismo. Por eso puede entenderse que aún con los matices que puedan ponerse, desde la capital del país el PRI está alentando la posibilidad de una competencia interna por la candidatura a Gobernador de Oaxaca, y está atajando la posibilidad de imponer un solo liderazgo.

Hay más razones para alentar la competencia. ¿Cuánto desgaste podría llevarse un solo candidato, al que le faltan seis meses de trecho político, y en el que todos los días estaría sujeto, como un blanco perfecto, a todo tipo de tiroteos políticos y señalamientos, y descalificaciones, de todos sus adversarios? Evidentemente, esa sería una mala estrategia que, según se ve, el PRI está intentando atajar a partir del aliento a la competencia entre candidatos.

En el fondo, el PRI intenta cuidar en el contexto nacional, el relativo prestigio y la imagen democrática que con trabajo y errores ha venido construyendo. Es cierto que Oaxaca es importante, pero no como para que el partido del Presidente se juegue su desgastado bono democrático en el cumplimiento de una estrategia que no es productiva, ni es democrática, ni es “políticamente correcta” o bien aceptada entre la ciudadanía que espera todo, menos el regreso de un partido vertical y autoritario, que no ha podido darle a la ciudadanía la estabilidad, la paz y el crecimiento, como para pedirle a cambio el monopolio de la democracia representativa, como era en el pasado.

¿Y EL PAN Y PRD?

Este escenario, del PAN y PRD solos o por separado, es mucho más interesante. El PRD, por ejemplo, está lejos de poder cumplir caprichos. El PAN se encuentra en una situación también bastante compleja en su contexto nacional. Sólo que en el caso de Oaxaca saben que si no caminan juntos la derrota será común para los dos. Por esa razón, van a buscar generar el mejor consenso posible, a partir o de las encuestas, o de la postulación de un candidato con un bono democrático potencial.

¿De qué hablamos? De que difícilmente habremos de ver que el PRD nacional, o el PAN, o ambos, se replieguen al capricho de un Gobernador. Ambos partidos tienen como imperativo la urgencia de triunfos electorales, y de retener los estados en donde ya gobiernan. Tal es el caso de Oaxaca. ahí tendrá que haber una negociación mayor para establecer un candidato que puede ser competitivo, pero que además pueda ser bisagra entre todas las fuerzas políticas que intentarán integrar, primero la campaña, y después un potencial gobierno.

Esto significa un reto mayor por varias razones. En el PRD no se van a arriesgar a postular a un candidato en Oaxaca o Puebla, que no tenga al menos posibilidades de crecimiento electoral; sólo que tampoco postularán a alguien que pretenda convertirse en un pequeño mesías amparado por su supuesto crecimiento electoral, y que sólo pretenda utilizar a los partidos como comodines para acceder a la candidatura, y después olvidarse de ellos.

Este es el panorama que pone en entredicho particularmente las aspiraciones del senador Benjamín Robles Montoya. Éste, ciertamente, es quien tiene el mejor escenario electoral si únicamente se analiza el contexto estadístico, pero no el político. Pues el problema que enfrenta, y que conforme transcurre el tiempo se vuelve insalvable, es que lejos de ser un posible candidato integrador, cada vez lanza mensajes más acendrados de exclusión al interior de las fuerzas que podrían integrar la coalición.

UN TERCERO

Otro mensaje específico es la poca identidad que tiene con las fuerzas electorales por las que pretende postularse. El senador Robles no ha sido exitoso en generar las sinergias necesarias para no terminar dando la idea de que los utilizará como trampolines para después gobernar solo. Esos son factores que tempranamente juegan en su contra. Faltará ver qué tanto puede revertirlos en los pocos meses que les quedan de margen, a todos, para definir su rumbo a los comicios de junio próximo. Esos elementos mantienen también abierta la puerta para un posible “tercero en discordia”. Éste será quien logre integrar los intereses del gobierno saliente con los de los partidos. No lo descartemos.

La tenencia se va por ser un impuesto costoso e inviable

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+ Nunca lo pudieron legitimar con alguna contraprestación


Aunque no lo acepta públicamente, con la eliminación de una franja importante del impuesto a la tenencia y uso de vehículos, el gobierno de Oaxaca está reconociendo tácitamente el fracaso de su política de continuar cobrando ese impuesto impopular, costoso y rechazado por parte de los contribuyentes oaxaqueños. Esto ocurre en año electoral, aunque resulta ser más trascendente por lo económico que por lo político.

En efecto, hace algunos días se anunció que el Ejecutivo local, al confeccionar la ley de ingresos del año siguiente, incluyó en el paquete económico 2016 el cobro de un peso por concepto de tenencia vehicular. Esta medida aplicará para vehículos con un precio de factura por debajo de los 250 mil pesos, sin importar su marca, modelo o año de fabricación. El secretario de Finanzas de la entidad, Enrique Arnaud, presentó la semana pasada la propuesta del ejecutivo local de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, donde destaca la reducción en el costo del impuesto vehicular. Con este descuento, explicó, se recaudarán alrededor de 100 millones de pesos menos que en otros años.

Cuestionado sobre el hecho de que el descuento coincida con que el año que entra se llevarán a cabo elecciones en el estado, Arnaud se limitó a responder: “No le puedo decir si lleva un mensaje (esta medida) político-electoral”, pero recordó que el paquete económico también incluye un aumento del uno por ciento en el Impuesto sobre la Nómina, que ahora será del 3% del salario del trabajador. Con este aumento, recalcó, se recuperarán los 100 millones que dejarán de percibirse por tenencia, y se recaudarán 100 millones más.

¿Qué significa esto? Que luego de cinco años de intentarlo, el gobierno de Oaxaca finalmente reconoció que el cobro de la tenencia vehicular no era viable por la sencilla razón de que los contribuyentes oaxaqueños nunca respondieron al llamado de cumplir con este impuesto, y porque el gobierno nunca encontró un mecanismo eficaz para conseguir que por la vía de la coacción se obligara a la ciudadanía a pagar en la entidad el emplacamiento de sus vehículos. Esto era, de forma anunciada, un fracaso que sólo intentó disimular el gobierno estatal.

En ese sentido, los oaxaqueños debemos tener presente la historia trastabillante de la tenencia como impuesto estatal. Pues resulta que por disposición de una reforma ocurrida en 2007 a la Ley de Coordinación Fiscal federal, se estableció que a partir del 1 de enero de 2012 el gobierno federal dejaría de cobrar el Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos, como gravamen federal, y lo dejaría a la libre determinación de las entidades federativas para que cada una de ellas decidiera si continuaba aplicando su cobro pero ahora como gravamen de tipo local.

Cuando eso ocurrió, en Oaxaca la administración del gobernador Gabino Cué anunció que mantendría este gravamen, fundamentalmente por dos razones: primera, porque la recaudación estatal es de por sí mínima frente a la dependencia que tiene el gobierno estatal de los ingresos que cada año se transfieren a la entidad a través del Presupuesto de Egresos de la Federación. Sobre eso, la Secretaría de Finanzas sostenía que la recaudación estatal no podía darse el lujo de perder un impuesto como ese, debido a que esos recursos eran necesarios para acceder a más dinero del presupuesto federal.

El segundo argumento versaba sobre la imposibilidad de eliminar dicho impuesto, debido a que la administración anterior había llevado a cabo un proceso de bursatilización de recursos comprometiendo los ingresos por concepto de derechos vehiculares a cambio de obtener préstamos para la construcción de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial, y para otras inversiones. Así, decían, eliminar el impuesto a la tenencia de vehículos era imposible.

IMPUESTO RECHAZADO

El problema es que nunca dieron una alternativa a los particulares, ni establecieron incentivo alguno para motivar a que éstos continuaran pagando la tenencia, aún cuando en varias entidades federativas vecinas el cobro de dicho impuesto había sido ya eliminado. ¿Qué hicieron en Oaxaca? Que a partir de 2012 el gobierno inició una agresiva campaña para el cobro de dicho impuesto. Finanzas comenzó a enviar requerimientos a los domicilios advirtiendo a los tenedores de vehículos registrados en sus archivos, que de no pagar se les impondrían todavía más gravámenes, por concepto de multas y recargos.

A la par de ello, la Dirección de Tránsito, y la Policía Estatal, iniciaron operativos de verificación de la documentación de los vehículos. Así, sacando automóviles de circulación, y asustando a los contribuyentes, intentaron mantener la recaudación que tenían cuando la tenencia era un impuesto federal. Pero lo único que consiguieron fue fracasar estruendosamente.

Fue así, primero porque no tuvieron claridad ni ganas de convencer al contribuyente de que pagar ese impuesto en Oaxaca era benéfico para la economía gubernamental pero también para gozar de mejores derechos como ciudadano. Pero fracasaron también porque la misma regulación federal que rige el tránsito de vehículos, no prohíbe —porque es una garantía constitucional, de las más importantes— que un automotor circule libremente por una entidad federativa distinta a la que registró su emplacamiento, y el cobro de los derechos vehiculares.

Además, nunca pudieron hacer ese impuesto socialmente amigable, porque ni siquiera las vialidades mejoraron. Y es que las calles de Oaxaca, que son la banda de rodamiento por la que transitan los vehículos de motor por los que el gobierno estatal nos cobra un impuesto altísimo, se encuentran parcialmente destruidas. Eso no es privativo de la capital oaxaqueña sino que más bien se replica en prácticamente todas las ciudades de importancia en la entidad, y no se diga en las carreteras que están bajo la tutela estatal.

¿AÑO ELECTORAL?

Eliminar la tenencia, sin embargo, ya no parece algo tan atractivo como hubiera podido serlo en años anteriores. Todos los que tienen vehículos que pagan una tasa relativamente alta de impuestos, han preferido emplacar sus vehículos en otras entidades federativas. Eso no va a cambiar. Quienes tienen vehículos de menor precio, tampoco tienen un incentivo real —alguna mejora por pagar ese impuesto en Oaxaca— como para dejar sus placas foráneas y regresar a las locales. Y lo realmente fuerte está en el impuesto sobre nóminas, que lastimará la economía de los empleadores… en año electoral. ¿Entonces?

En el PRI, convención de delegados significa una definición a legitimar

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+ PAN y PRD sólo entrarán en la ruta de no hacer gobiernos de coalición


La tarde del martes, el Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca estableció que la elección de su candidato a Gobernador será a través de una convención de delegados. Al mismo tiempo, los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática no hallan la forma de legitimar la ruta que seguirán para conformar una nueva alianza electoral para 2016. En nuestra entidad esas son definiciones esenciales que desde ahora marcarán el rumbo de la sucesión gubernamental.

En efecto, el martes el Consejo Político del PRI en Oaxaca aprobó el método de convención de delegados para elegir al candidato a la gubernatura del Estado para el Proceso Electoral del 2016. Los priistas refrendaron los principios de equidad, objetividad, transparencia y unidad para la elección de los aspirantes a los puestos de elección popular. Y también establecieron un mecanismo diferenciado (entre la convención de delegados, y las postulaciones directas de candidatos) para la definición de quiénes serán sus abanderados a las diputaciones locales, y las presidencias municipales.

Básicamente, lo relevante de esa sesión de Consejo Político, es lo tocante a la definición de cómo elegirán a su candidato a Gobernador. ¿Por qué? Porque según lo establecen los estatutos de ese partido, bien pudo haber una contienda interna abierta; bien pudo haber sido el Comité Ejecutivo Nacional quien decidiera la postulación del candidato; y también estaba en el catálogo de posibilidades la de la Convención de Delegados, que fue la finalmente establecida. Esto apunta, a pesar de todo, a que no habrá sino la construcción de una sola precandidatura, y la legitimación política de esa sola candidatura, previamente decidida en los altos círculos del priismo, pero pasada por la formalidad democrática de la Convención de Delegados.

Ahora bien, en este contexto resulta necesario saber cómo se integra una convención de delegados. Sobre esto, dicen los estatutos del PRI (artículo 184) que las convenciones de delegados deberán conformarse de la siguiente manera: I. El 50% de los delegados estará integrado por: a) Consejeros políticos del nivel que corresponda, consejeros políticos del nivel inmediato inferior y consejeros políticos de los niveles superiores que residan en la demarcación (en este caso, los consejeros políticos estatales y nacionales del PRI que residan en Oaxaca). b) Delegados de los sectores y organizaciones electos en sus asambleas respectivas, en proporción a su participación en el Consejo Político del nivel correspondiente; y II. El 50% restante serán delegados electos en asambleas electorales territoriales.

¿Qué significa esto? Que aún cuando hablen de democracia y de una competencia pareja entre todos los aspirantes a la gubernatura, en realidad todo se definirá a partir de que, desde ahora, toda la estructura priista trabajará para la conformación de una convención de delegados que responda al interés de quien será el próximo candidato a Gobernador. En un asunto como éste no hay democracia participativa ni deliberativa, porque más bien la tradición priista apunta a que las asambleas de delegados se construyen para legitimar decisiones y no para que sean los representantes del priismo los que libremente decidan a su candidato.

Así, pues, dependerá de quién conforme la asamblea, y escoja a los delegados, el rumbo que ésta tome en la definición de su candidato. Pudo haber sido una elección interna, en la que los aspirantes hicieran precampaña y en la que al final hubiera una elección abierta a toda la militancia. No ocurrió así. Y eso refuerza la idea de que finalmente el Presidente de la República (en su vieja calidad del “primer priista del país”) ya escogió a su candidato, y ahora las formas estatutarias trabajarán para legitimarlo como abanderado.

LA COALICIÓN, REVUELTA

Al mismo tiempo, el PAN y PRD luchan por conseguir la legitimidad que les permita formalizar una nueva coalición en Oaxaca. En esta lógica, el presidente del PRD, Agustín Basave ha señalado que la estrategia de alianzas para enfrentar al PRI en las urnas “será asumida en breve por el Comité Ejecutivo Nacional, con pleno respeto a quienes se oponen a la alternativa de un bloque opositor”. No obstante, mientras hace esta mueca de respeto a las definiciones internas de su partido, sostiene reuniones con Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, para negociar la conformación de esa alianza.

Según Basave, el sentido de las alianzas electorales es “detener la restauración autoritaria, que está en marcha en el país y que el PRI impulsa”, y ha explicado que se trata de “alianzas amplias, de amplio espectro, en las que no hay nada decidido”. Y el problema es que, como él mismo reconoce, “no ha votado el Comité Ejecutivo Nacional; no hay todavía estados específicos (en los que irían juntas las fuerzas políticas participantes). No hay nada. Hay la intención de formar bloque opositor, reconoce Basave.

En este sentido, puede ser que la coalición se integre al menos para el caso de Oaxaca, pero lo cierto es que no se puede esperar mucho de ella. Como ocurrió en el 2010, los partidos coaligados tienen como objetivo de fondo la meta coyuntural de no permitir el avance electoral del Partido Revolucionario Institucional, pero sin reparar en que una alianza electoral convertida en un gobierno de coalición, pero sin plan o programa, se reduce a una repartición de espacios y parcelas de poder, pero no a un gobierno funcional que responda a equilibrios repartidos entre distintas fuerzas políticas.

Y nuevamente, como en el pasado, esas fuerzas están haciendo el trabajo de encontrar el argumento adecuado para legitimar las alianzas: el PRD apela a la competitividad que necesita recuperar; y el PAN alude su fobia histórica al PRI. ¿Por qué esto lo están decidiendo en la Ciudad de México? Porque conformar las alianzas en las entidades federativas, al menos en el PRD es una atribución del Consejo Nacional, y no de los consejos estatales como pudieran seguir creyendo algunos.

NÚMEROS

Según el PRI, la meta para los comicios del próximo año son: 810 mil votos, es decir el 57 por ciento de los sufragios del día de la elección, para poder ganar la gubernatura. Otros aspirantes, en otros partidos, hablan de la necesidad de captar una cifra cercana al millón de votos para ganar holgadamente. ¿Quién de ellos estará más apegado no a lo deseable, sino a lo posible?

Inminente definición en el PRI apresurará la ruta de la coalición

A Murat

 

+ Partidos deberán dejar en ensimismamiento y activar sus tácticas


La renuncia a la dirección general del Infonavit del priista Alejandro Murat Hinojosa, tendrá efectos inmediatos no sólo al interior de su partido, sino en todas las fuerzas políticas que buscarán la gubernatura del estado el año siguiente. Este hecho constituye nada menos que el banderazo de salida de la sucesión en el gobierno de Oaxaca. habrá que observar con detalle los pasos siguientes de todas las fuerzas políticas, que abruptamente tendrán que dejar la zona de confort para activar sus estrategias rumbo a junio de 2016.

En efecto, la noche del lunes se dio a conocer la renuncia de Murat Hinojosa a través de las redes sociales. El periodista Joaquín López Dóriga anunció la dimisión alrededor de las 20 horas del lunes, y desde ese momento se esperaban algunas reacciones, particularmente de otros actores dentro del Revolucionario Institucional, que habían manifestado su voluntad de buscar la candidatura a Gobernador por ese partido. En lo inmediato no hubo ninguna reacción. Pero sí se apresuró la ruta para la legitimación del proceso interno del priismo local para definir sus candidaturas.

Ayer mismo se le dio forma a la reunión del Consejo Político Estatal del PRI, en el que se hicieron algunas definiciones importantes. Se delineó, por ejemplo, la ruta para que sea una convención de delegados lo que defina la candidatura al gobierno estatal, y se establecieron los mecanismos y algunos detalles de cómo se desenvolverán algunas definiciones relacionadas con las diputaciones locales y las alcaldías, que también estarán en juego en la misma jornada electoral. Aún no es tiempo formal para el establecimiento de nombres. Pero la renuncia en solitario —y sin aspavientos de los otros sectores priistas— de Murat Hinojosa, fue de entrada un mensaje bastante claro de cuál será la ruta que pudiera tomar la sucesión dentro del priismo.

Llama la atención, sin embargo, que junto a eso hay otras definiciones —en otros partidos— que también habrían de apurarse si se constata la ruta del priismo con Murat Hinojosa, que desde la noche del lunes es el único aspirante franco a la gubernatura estatal, en un panorama atiborrado de aspirantes pero ausente por completo de determinaciones sólidas. Básicamente, los partidos que han manifestado su voluntad de volver a ir en coalición a los comicios de 2016 tendrán que dejar el marasmo y establecer rutas específicas para el desahogo de sus candidaturas. ¿De qué hablamos?

De que en Oaxaca, por primera vez en los comicios jugará la variable de la posibilidad de acceder a las candidaturas independientes; y que en los respectivos partidos que integran la coalición, no existe ninguna definición concreta sobre quiénes son sus posibles candidatos, y cuál será la forma de definir su rumbo. La primera de estas cuestiones será determinante para apurar el proceso de las segundas, debido a que como no hay definiciones más de uno pretendería buscar una candidatura independiente si es que alguno de los partidos de la coalición, o toda, decide no brindarle su candidatura.

En las semanas siguientes, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca emitirá las reglas bajo las cuales habrá de regirse el proceso de la postulación de candidatos independientes en la entidad. Este proceso tendrá que desahogarse a más tardar en el mes de enero de 2016. Por eso es poco probable que después de esas fechas los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática aún no hayan perfilado a quien será su abanderado.

GUERRA EN LA COALICIÓN

Nada ni nadie ha podido detener al senador Benjamín Robles Montoya en su definición de repudiar al grupo político que lo encumbró. Éste, que tiene como único respaldo las encuestas que le dan ventaja sobre los demás posibles abanderados de la coalición PAN-PRD, ha tratado de desmarcarse del régimen saliente a través de una ruta que puede ser un verdadero camino de terracería: ha señalado a sus ex correligionarios, ha cuestionado a su Jefe Político, ha machacado tardíamente la corrupción, e insiste en establecer una postura crítica, que más bien ha rayado en la soberbia.

Evidentemente, lo que intenta es generar una distancia, aunque por nada más que un cálculo electoral hacia el año próximo. A la par de ello, hay otros actores y otros grupos que intentan capitalizar la ascendencia del Gobernador del Estado en las cúpulas nacionales del PAN y PRD, para tratar de ubicarse en un mejor escenario para la obtención de la candidatura. Todo esto se ha enredado por la falta de claridad en las definiciones del PRD, que con su nuevo dirigente nacional, Agustín Basave, se ha pronunciado por recuperar la competitividad electoral pero no ha establecido rutas específicas para definir a sus candidatos en la mayoría de las entidades donde habrá comicios en 2016.

¿Qué es lo previsible? Que luego de la definición en el PRI, Robles Montoya trate de presionar para apurar la definición de la candidatura a Gobernador, a través de la exigencia de que el PRD cumpla su palabra de preferir la competitividad de sus cuadros, sobre el fiel de la balanza de los gobernadores en esas definiciones. Quién sabe si lo logre, porque la pulverización del perredismo nacional, y su incapacidad de generar posturas serias y consistentes, dificultan la posibilidad de contar con una previsión específica de lo que puedan finalmente decidir, en un panorama nacional tan descompuesto como en el que ahora se encuentran.

Mientras, sus competidores internos (el diputado federal José Antonio Estefan Garfias, en específico) tratarán de capitalizar las indefiniciones del perredismo, y no desperdiciarán ninguna posibilidad de seguir generando la percepción de que la balanza podría definirse a su favor. En Morena, al final, podrían no haber sorpresas en la definición de una candidatura propia a la gubernatura. Y los partidos minoritarios tratarán de amalgamarse o con el PRD, o con Morena, básicamente para no perder el registro que una de las recientes sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantuvo en tres por ciento, y no en dos como ellos lo habían decidido por ser partidos políticos de integración indígena.

¿MÁS RENUNCIAS?

Es muy probable que las haya pero no en el contexto electoral sino en la reconfiguración del régimen de cara a su último tramo de gestión. Sería interesante ver si alguien decide una ruta libre. Pero la conocida verticalidad del PRI inhibe las sorpresas.

Abraham Martínez, ¿hasta cuándo será el dueño de la UABJO?

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UABJO

 

+ Imponer a Reynel significará el fin de su cacicazgo universitario


 

Es una paradoja que una universidad aparentemente democrática como la UABJO, tenga un dueño absoluto en la persona del ex rector Abraham Martínez Alavés. Éste, que ha sido un cacique universitario desde hace varias décadas, en los últimos doce años ha demostrado una capacidad aparentemente inagotable de poner rectores. Lleva tres al hilo. Y la corona de su nepotismo es su hijo, el ahora rector, Eduardo Martínez Helmes. ¿Podrá Abraham Martínez repetir su hazaña por cuarta ocasión consecutiva?

En efecto, lo que ocurre en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca es sintomático de los cacicazgos que ahogan a Oaxaca. Desde hace décadas, Abraham Martínez Alavés ha sido un personaje determinante en la política universitaria, pero con el inicio del nuevo siglo encumbró su poder encumbrando a tres rectores consecutivamente. Martínez fue quien en 2004 marcó la ruta para que un deslucido candidato a Rector, proveniente de la escuela de contaduría, fuera rector. Ese personaje era Francisco Martínez Neri, quien a pesar de haber iniciado su campaña a la rectoría con 40 personas, en el camino se encontró con la coyuntura de la disputa por el poder universitario entre los viejos cacicazgos, pero sobre todo con la decisión de cortar el ascenso de Leticia Mendoza Toro, la viuda de otro líder universitario, Nahúm Carreño Vásquez, muerto una década atrás en la explanada de la rectoría, en Ciudad Universitaria.

Francisco Martínez Neri comenzó siendo un rector ninguneado por el poder de Abraham Martínez, hasta que intentó sacudírselo. No lo logró, gracias al control y a las parcelas que el ex Rector había creado al amparo del poder justamente para ungir a Neri. Ambos se distanciaron. Sólo que Martínez Alavés mantuvo los principales cotos de porrismo y votos (las escuelas preparatorias, que entonces eran muy numerosas, junto con algunas facultades grandes como la de Derecho), y por esa razón pudo imponer a Rafael Torres Valdés como rector, a pesar de haber luchado contra una alianza política en la que iban juntos el rector Martínez Neri, y los grupos —ahora divididos— del STEUABJO, con la ex rectora Mendoza Toro a la cabeza.

Durante todo ese tiempo, Abraham Martínez Alavés mantuvo dos posiciones clave para la política universitaria: a su hijo Abraham como director de redes y sistemas de la Universidad; y a Eduardo, como secretario Particular del Rector en turno. Con esos dos elementos mantenía buena parte del control que necesitaba. Con Eduardo tenía perfectamente controlada la política interna universitaria; y con Abraham mantenía a salvo el control y la permanencia de los grupos que, al margen de su desempeño académico, indefinidamente podían seguir siendo parte de la Universidad al mantenerles su registro y vigencia de derechos como alumnos. A la par de ello, esas dos vías de control —sumadas a una pléyade de funcionarios nombrados directamente por Alavés, como un rector de facto durante 12 años— le permitieron poner a un tercer rector. Martínez Alavés no tuvo empacho en enviar a Eduardo como candidato. Y ganó.

Esto ha significado la gloria y el infierno del clan Martínez Helmes, en la que Abraham Martínez Alavés ha fungido como un verdadero paterfamilias decidiendo la sucesión del poder en base a sus intereses. La gloria porque aún cuando el ex Rector ha sido una de las figuras de poder más determinantes en las últimas tres décadas en la UABJO, en los últimos doce años ha vivido su mejor época como cacique universitario.

Pero su infierno, porque ese mismo empecinamiento por el poder cortó la cadena natural de relevo en los liderazgos universitarios. Es eso, y no la suerte, lo que hoy en día ya no garantiza que Martínez Alavés gane, por cuarta ocasión consecutiva, la rectoría universitaria.

 

DEGRADACIÓN UNIVERSITARIA

Cuando Abraham Martínez Alavés decidió que su propio hijo fuera candidato a Rector, propios y extraños se ofuscaron con esa demostración de fuerza, que para él era natural: siendo Martínez Alavés dueño de la Universidad, lo predecible era que decidiera la sucesión del poder a través de una demostración de fuerza, liderazgo y control. Eso pasó con Eduardo Martínez, que a pesar de todos los cuestionamientos, es un personaje que sabe que la estabilidad de su poder está en el control interno del que él es cancerbero.

El problema es la sucesión. Abraham Martínez ya parece haberse decidido por el gris y cuestionado director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Reynel Vásquez Zárate. Éste es un personaje surgido no de las filas políticas, sino de las incondicionalidades, de Abraham Martínez Alavés. Gracias a su control político, lo impuso como director de la Facultad de Derecho pasando por encima de varios liderazgos naturales.

Y según parece, está decidido a impulsarlo como su candidato a Rector. ¿Cuál es el problema? Que al igual que con Eduardo, a Reynel se le acusa de porro, de extensión de Abraham, y de obedecer ciegamente sus designios. ¿Cuál es la diferencia? Que Reynel no se apellida Martínez Helmes, y que aún cuando parece ser el espécimen mejor acabado de la cantera abrahamista, no es reconocido sino como un simple alfil del ex Rector, manejador de porros, y administrador de la Facultad de Derecho, pero que no tiene capacidad política alguna y que, en esencia, no es sino un ejecutor de la política universitaria que ha mantenido el poder en los últimos años.

¿Cuál es el escenario? Martínez Alavés va a utilizar su control universitario para preservar el poder. De eso no queda duda. El problema es que el liderazgo que impulsa está lejos de ser una figura capaz de sostener el poder que pretenden entregarle. Quizá tenga mejores cuadros, pero Abraham prefiere la incondicionalidad aunque ésta lo lleve a la ignominia. Así es el poder universitario. Aunque en la coyuntura de la sucesión gubernamental en la entidad, no haya nada escrito, ni escenario previsto, que le garantice seguir siendo el dueño de la UABJO por cuatro años más

 

SIN FUTURO

Hace dos años, el 17 de diciembre de 2013 aquí escribimos: “ninguno de ellos (los integrantes del grupo de Abraham Martínez) se ha puesto a pensar qué hará Eduardo Martínez Helmes en unos años, cuando luego de ser Rector no pueda regresar a la Secretaría Particular para seguir ejerciendo el poder que hasta ahora vigila y ejerce. ¿Qué hará su grupo político con él? ¿Y qué será él en realidad para el grupo que lo ha llevado hasta donde está?” Esa interrogante sigue vigente.

+ La evaluación, entre policías e irracionalidad, es un fracaso general

Evaluación Docente (12)

+ Sección 22 repudia a sus cuadros preparados; se queda con escoria


En las condiciones en que ocurrió la primera jornada de evaluación docente de este fin de semana, nadie puede decir que fue un triunfo o un hecho histórico. No puede decirlo la Sección 22, que a pesar de la trifulca que fue a armar a las inmediaciones de Ciudad Administrativa no pudo demostrar su vieja y conocida capacidad de convocatoria para una cuestión tan vital como el boicot al primer acto de implementación en Oaxaca de la reforma educativa; y tampoco puede decirlo el gobierno, que a pesar del enorme gasto y los esfuerzos realizados, sólo pudo aplicar la evaluación a seis de cada diez profesores convocados.

En efecto, este fin de semana ocurrió la primera evaluación docente que, a decir del propio gobierno estatal, sólo le fue aplicada a alrededor del 60 por ciento de la población magisterial convocada para ese efecto. Días antes el gobierno federal, a través de la SEP, había advertido que para resguardar la aplicación de la prueba a los docentes oaxaqueños habría una fuerza de alrededor de 10 mil efectivos, entre elementos estatales y federales. La CNTE reafirmó su decisión de emprender el boicot. Y el sábado las cosas ocurrieron tal y como se habían planeado. No obstante, hay que ver lo que está más allá de eso.

Pues por un lado, se confirmó la previsión de que la aplicación de la evaluación docente en Oaxaca sería una de las más costosas hasta ahora aplicadas, no únicamente por el monto económico que se utilizó en la organización propiamente del evento, sino por el enorme costo económico que implicó la movilización de fuerzas policiacas de los ámbitos estatal y federal, así como por el marcado ausentismo que hubo en la aplicación de la prueba. No existe una cifra totalmente consensada sobre el costo final de la prueba. Pero de las previsiones, puede inferirse que al sólo haberse aplicado al 60 por ciento de la población convocada, el costo por examen debió subir a casi el doble de las proyecciones realizadas.

Esto es una derrota, que aunque parcial, debe dejarle enseñanzas al gobierno estatal. Es evidente que esta era una evaluación que revestía un enorme grado de complejidad no únicamente por su organización, sino por la resistencia de la dirigencia magisterial a asumir su nueva realidad. En ese sentido, debe considerarse todo lo hasta ahora hecho para corregir fallas y ubicar la forma más precisa en la que podrá aplicar la evaluación. Pues si vemos este ejercicio como una cuestión periódica, en sus condiciones actuales no habrá presupuesto, ni capacidad institucional que soporte la realización de exámenes como los de este fin de semana.

Deben buscarse, entonces, mecanismos alternos para la aplicación de los mismos. Y sobre todo debe asumirse que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca necesita realizar un trabajo más firme, y a ras de suelo, de concientización a los propios profesores sobre sus derechos y deberes laborales, y sobre la influencia que sigue teniendo —o que perdió— el sindicato respecto a su estabilidad laboral, y prestaciones. En el fondo, el IEEPO también debe estimular a quienes sí hicieron la prueba, ya que ellos constituyen la primera gran escisión de la Sección 22, a la que ahora deben promover para el cambio institucional de fondo que requiere la educación de Oaxaca.

LA 22, SIN RUMBO

En ese contexto, el secretario general de la sección 22 (que es cabeza de playa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), Rubén Núñez, anunció que la asamblea estatal del gremio decidirá las sanciones que alcanzarán aquellos profesores que “traicionaron” al movimiento y se presentaron el examen de servicio profesional docente.

Luego de concluir su jornada de protesta, indicó que el boicot de la disidencia magisterial fue un éxito, toda vez de que muy pocos de sus integrantes acudieron al llamado de los gobiernos federal y estatal. “Al examen fue gente del Ieepo, los espurios de la sección 59 y, obviamente, algunos compañeros de la 22 que de manera sorpresiva los trajeron; sin embargo, la mayoría de los notificados de la 22 marcharon con nosotros y no acudieron al llamado de las autoridades (…) vamos a valorar (las sanciones), nosotros no tenemos un recuento exacto”, dijo.

Esto significa mucho más de lo que parece. Pues finalmente, de cara a la evaluación, la Sección 22 decidió darle completamente la espalda, y repudiar, a sus cuadros preparados. Apuntábamos hace apenas unos días (Al Margen 23.11.2015) que en los últimos años el radicalismo de la Sección 22 los llevó a distanciarse de sus cuadros preparados. Es un error pensar, decíamos, que todos los que esencialmente coinciden con los planteamientos políticos de la CNTE, se resisten a la evaluación. Por naturaleza, el magisterio es un gremio plagado de pluralidad y diferencias.

Esto hace que así como existen trabajadores de la educación comprometidos con la lucha magisterial y dedicados de lleno a ella, también existan profesores que estando comprometidos con las causas de la CNTE también estén preocupados permanentemente por prepararse, por incrementar su nivel de formación, y por tener un mejor desempeño en su labor docente. Para muchos, esa búsqueda constante de preparación tiene como objetivo incrementar su salario y prestaciones. Y en ese contexto, no temen un proceso de evaluación, independientemente de su origen o de si esto pone o no en duda sus coincidencias ideológicas o políticas con su sindicato.

¿Qué ha hecho la 22? Todo, no para estimularlos, sino para alejarlos. En los últimos años, la tendencia marcada por el sindicato magisterial fue la de excluir a todos aquellos que no coincidieran a pie juntillas con sus parámetros de radicalidad y compromiso con la lucha política. Por eso hubo —como una verdadera tendencia— una marginación de quienes provenían del normalismo académico, o de quienes ascendieron salarialmente y en jerarquía a través de su desempeño. Los “favoritos” eran los que estaban inopinadamente en la lucha sindical, los que anticipadamente se oponían a los nuevos estándares o a cualquier cambio, y a los que demostraran más radicalidad. Y salvo excepciones, preparación y radicalidad eran condiciones excluyentes en las filas sindicales.

RADICALISMO CONFIRMADO

Aplicar sanciones a quienes fueron a la evaluación, significa dar la espalda a cualquier cuadro preparado. La Sección 22 está confirmando su vocación de quedarse con sus incondicionales. Aunque sean lo menos, y los más impresentables.

¿Qué tipo de diálogo pretende el gobierno federal con los maestros?

 

Aurelio Nuño M

+ Además de inaceptable, militarizar evaluación es una táctica errónea


Ayer el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, afirmó que el Gobierno Federal está listo para transitar por el camino que los maestros disidentes deseen: el diálogo o la firmeza en la aplicación de la ley. Esto, en el contexto de la aplicación de la primera evaluación a los profesores oaxaqueños, que será vigilada por alrededor de 10 elementos de corporaciones policiacas de los tres ámbitos de gobierno en la entidad. ¿Es en verdad una buena estrategia cerrar de esa forma el diálogo, amagar con la aplicación de la fuerza, y utilizar la intimidación como forma de aceptación de la reforma educativa?

En efecto, el secretario Nuño Mayer expresó ayer que la gran mayoría de los mentores están dispuestos al cambio, y apuntó que la resistencia se centra en los liderazgos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que no quieren el cambio. Hay dos caminos, dijo, y ellos tienen la opción de escoger por cualquiera de ellos: el de mantener escuelas sin clases y querer presionar a los maestros que sí se quieren evaluar. Si persisten en este camino se van a encontrar un gobierno muy firme en la aplicación de la ley. Pero existe otro camino, es el camino de que acepten la reforma educativa y caminemos juntos”, expresó.

¿De verdad está el gobierno federal en la posición de condicionar de esa manera el diálogo con la Coordinadora magisterial? Evidentemente, las posiciones de la CNTE no han sido precisamente amigables y de hecho pareciera que el gobierno está respondiéndole a las secciones sindicales radicales con la misma moneda de la política que ellos han ejercido durante años para presionar al Estado mexicano al diálogo. No obstante, es claro que ni el secretario Nuño Mayer, ni el gobierno federal, entienden que ellos no son un grupo de presión más, ni una organización que se dedica a la industria del chantaje, sino que son nada menos que el Estado mexicano ejerciendo sus potestades, pero en el marco de un estado democrático.

¿Qué significa esto? Que en una sociedad civilizada, como la que se supone que somos, el Estado no le puede responder de forma iracunda a un grupo de presión. Dicho de otro modo, no está en condiciones de aplicar una política como la demostrada por el Titular de la SEP porque eso significaría la institucionalización, la aceptación —y quizá hasta una “constitucionalización” fáctica, por la búsqueda de una forma legal para legitimar la fuerza— del “plata o plomo”, que es tan conocido entre las organizaciones que desarrollan actividades lucrativas y que tienen como elemento de coacción a la amenaza.

Evidentemente este tipo de cuestiones no pueden pasar inadvertidas, máxime cuando lo que está en juego es no sólo la evaluación educativa sino las demostraciones de que el Estado tiene los elementos —todos— para hacerle frente a este tipo de situaciones, pero de la forma más civilizada posible y no únicamente utilizando la política del sometimiento o la trifulca.

Esto demuestra la incapacidad y la ineptitud de las instancias federales encargadas de la gobernabilidad, y la urgencia por aplastar un movimiento con el que, les guste o no, tendrían que aprender a convivir aún en la subsistencia de las nuevas circunstancias impuestas a los trabajadores de la educación con la reforma educativa.

En ese sentido, preguntémonos: ¿en un Estado democrático deben o no existir las voces disidentes? ¿En un Estado democrático, el gobierno está o no obligado a convivir y tolerar a todas las expresiones, aún las más radicales?

Evidentemente, todo esto tiene límites. Pero bajo ninguna circunstancia podríamos negar el derecho de subsistencia a la CNTE equiparándola al extremismo o al terrorismo. Esas son las formas de lucha que cualquier Estado —democrático o no— combatiría. Pero fuera de ellas, se supone que el Estado debe buscar la forma —porque por eso es el Estado— de convivir, y no de aplastar, a los grupos organizados que no están de acuerdo con sus políticas, con su régimen o quizá sólo con el gobernante.

TÁCTICA IMPRÁCTICA

Lo apuntábamos hace apenas unos días, y hoy reiteramos esta duda genuina: ¿Qué va a pasar después de la evaluación de este fin de semana? Porque si algo queda claro, dijimos en nuestra entrega del 25 de noviembre pasado, es que no habrá posibilidad, ni una sola, de que cada evaluación que se realice en las entidades federativas “problemáticas” como Oaxaca o Michoacán, sea resguardada por miles de elementos policiacos, o amenazadas por profesores iracundos que se oponen a la implementación de la reforma educativa.   Evidentemente, tanto el Estado, como los profesores de la CNTE, deberán buscar sus respectivos cauces de entendimiento y lucha, para darle viabilidad de mediano plazo a sus derroteros, y para no anclarse a un escenario que en sí mismo no tiene futuro.

Evidentemente, el mismo Estado ha demostrado que su capacidad de movilización está siendo costosa no sólo en términos políticos, sino que también le está generando una fuerte presión al presupuesto federal destinado a la seguridad pública. ¿Qué revela todo esto? Que además de ser una táctica políticamente inviable la de militarizar las evaluaciones, e insistir en su llamado al “plata o plomo” frente a la CNTE, la SEP está optando por una estrategia que también es poco práctica, de muy corto alcance, y muy costosa para las arcas federales y para las mismas fuerzas federales que están haciendo una abierta labor de contención política y no las tareas de seguridad pública para las que fueron creadas.

Por esa razón resulta hasta machacón el cuestionamiento sobre la urgencia de ubicar rutas alternas a la de la presión actual que ejerce la SEP. Ésta, en el mejor de los casos, debe ser una política momentánea, únicamente utilizada como una especie de “botón de pánico” frente a las circunstancias. Al final, si el gobierno federal no establece los cauces necesarios para entablar un diálogo útil con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, dentro de muy poco tiempo su táctica actual se desfondará y terminará ocurriendo un efecto rebote, de consecuencias muy lamentables para la educación pública en nuestro país.

LOS MÁS CONTENTOS…

Son los empleados del gobierno estatal, que desde ayer tienen días de descanso obligatorio. Al menos los que laboran en Ciudad Administrativa, que toda la semana estuvo ya resguardada y confinada, y que —dicen— este fin de semana será un verdadero bunker.