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AMLO revela el oportunismo de ir por lo que queda de la Sección 22

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+ Propuestas desorbitadas: devolver a S22 control educativo en Oaxaca

Ayer el líder nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, vino a Oaxaca a tratar de rescatar lo que queda de la estructura electoral de la Sección 22 del SNTE. Sin la presencia de la dirigencia formal del magisterio, pero sí con toda la estructura de su partido en la entidad, López Obrador prometió devolverle a los profesores la rectoría de la educación, e impulsar una ley educativa estatal acorde con el PTEO de la CNTE. Este es un acto vil de oportunismo que, además, intenta nuevamente engañar y sorprender a los propios integrantes del magisterio oaxaqueño.

En efecto, ayer López Obrador firmó con maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación —sin la presencia de la dirigencia seccional— un convenio para ir juntos en contra de las reformas estructurales del presidente Enrique Peña Nieto, principalmente la Educativa. López Obrador dijo que este acuerdo “es para fortalecer la educación pública de Oaxaca”. Asimismo, lamentó que el Gobierno de Oaxaca “quiera implementar una Reforma Educativa sin el consenso de los maestros”, y dijo que de ganar Morena la gubernatura “se va a detener por completo la injusta campaña de desprestigio en contra de las maestras y los maestros (…) y Oaxaca dejará ser un escenario de conflicto y será laboratorio para la educación en el país”, remató.

Al respecto, AMLO dijo que el actual convenio buscará llevar un programa de transformación social y educativa para los oaxaqueños; que buscarán desde el Gobierno del Estado impulsar una nueva ley apegada al Plan para la Transformación Educativa de Oaxaca (PTEO) y buscarán la cancelación de la reforma educativa en Oaxaca.

Asimismo informó que se creará la Secretaría de Educación Pública, que será dirigido por un personaje nombrado por una terna que presentará el magisterio y que tendrá como requisito que sea originario de la entidad y con una licenciatura en pedagogía o en escuela normal. Resaltó que de llegar a la gubernatura será el cese a la represión, además de que se pagarán los sueldos a los profesores y se buscará la libertad de los presos políticos. Pero, eso sí, este convenio tendrá como objetivo principal votar por los candidatos de Morena el próximo 05 de junio.

Evidentemente, con todas esas promesas lo que busca López Obrador es alimentar una clientela política, y una estructura electoral, que por el momento se encuentra desarticulada y que, por su misma circunstancia, se encuentra totalmente alejada del momento electoral que vive Oaxaca.

En ese sentido, llama la atención las desorbitadas promesas lanzadas por el tabasqueño, en el sentido de que, por ejemplo, crearán una ley acorde al PTEO. Ese es un vil engaño, pues tanto la iniciativa de ley que envió el gobernador Gabino Cué al Congreso hace casi dos años —en agosto de 2014—, como la planteada por la propia Sección 22, eran la transcripción fiel del Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca, con la diferencia de que el gobierno estatal no puede comprometerse a seguir ofreciendo estímulos económicos al magisterio, en paralelo a los que ya establece la federación.

¿Qué de diferente podría tener esa promesa de López Obrador a los profesores oaxaqueños? Básicamente, ninguna. Más allá de la demagogia de su retórica, y de lo aventurado de sus promesas, queda claro que el tabasqueño no tiene más camino que tratar de captar a la estructura de voto magisterial con la estratagema de la reivindicación de su lucha y del cumplimiento de sus demandas, a pesar de que todas y cada una de ellas a estas alturas constituyen hechos consumados que sólo con una reforma nacional tendrían la posibilidad de revertirse.

LUCHA ELECTORAL

En los últimos meses, la Sección 22 se ha seguido manifestando de forma intermitente, aunque sus demandas son muy focalizadas: una de ellas, consiste en la instalación de la mesa de diálogo con el gobierno estatal; y la segunda, en la exigencia de libertad inmediata e incondicional de los profesores que fueron detenidos el año pasado en el marco de la expropiación del IEEPO a la Sección 22.

Y una tercer demanda tiene que ver con el repudio a los anuncios federales de que existen más órdenes de aprehensión en contra de profesores que han participado en acciones sindicales que han derivado en violencia, o  en contra de profesores que retuvieron bienes propiedad del IEEPO, como vehículos y oficinas luego de que se les ordenó entregarlas a la autoridad educativa el año pasado.

¿Qué tiene de particular este conjunto de demandas?, nos preguntábamos en este espacio hace casi un mes (Al Margen 01.03.2016), cuando fue notoria la incapacidad del magisterio oaxaqueño para articularse respecto al proceso electoral que, para entonces, ya había arrancado. Y respondíamos: Que ninguna de esas demandas trae aparejada, ni implícitamente, la intención de participar o incidir en el proceso electoral, y ni siquiera de constituir una señal de que tienen al menos la intención de tener algún tipo de presencia en éste.

Parece que, en realidad, la Sección 22 enfrenta uno de sus escenarios más adversos al sólo poder demostrar desarticulación, baja convocatoria y, además, una circunstancia en la que el gobierno federal le cambió por completo los factores y las variables de negociación, al pasar del sostenimiento de la paz social y la gobernabilidad en Oaxaca (lo que negociaban todavía el año pasado al más alto nivel), a la demanda actual, casi implorada, de que establezcan una mesa de diálogo con el gobierno estatal.

OPORTUNISMO

Al final, esa desarticulación explica que, según el olfato político de López Obrador, este sea el momento de signar un pacto con el magisterio oaxaqueño. Según su lógica, a la 22 le falta un líder que los articule. Por eso la presencia en Oaxaca del tabasqueño, buscando capturar a la clientela política magisterial. Así, buscará llevarlos al escenario del activismo electoral a favor de su candidato. El problema es que Salomón Jara no tiene una sola posibilidad de ganar la gubernatura. Y como partido, Morena tampoco tiene posibilidad de concretar una bancada importante en la LXIII Legislatura del Congreso local. Por eso sus promesas son tan aventuradas: porque no las va a cumplir. Lo que sí va a lograr es el margen de votación para mantener su registro. Vilmente, pues, los va a utilizar. Es lo que mejor sabe hacer.

La memoria de Juárez paga las inconformidades sociales

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+ Hemos desvalorizado la grandeza y el legado de Juárez

En la historia y la memoria nacional, el personaje más grande que existe es el licenciado Benito Juárez García. Aunque son grandes próceres, ni el cura don Miguel Hidalgo y Costilla, ni José María Morelos y Pavón, ni algún otro personaje de la historia mexicana, tiene o tendrá nunca la estatura moral y política de Juárez. El problema es que tal parece que en la actualidad hemos desvalorizado el legado político juarista, y por eso en Oaxaca —y en el país— pasamos esta fecha casi inadvertidamente y, de hecho, la hemos convertido en un espacio de protestas y no de conmemoración al mexicano más trascendente no sólo para nosotros, sino para el derecho y la comunidad internacional.

En efecto, el 21 de marzo es día feriado en México y no porque sea con motivo del inicio de la primavera. Cada día como hoy se conmemora el natalicio del licenciado Benito Juárez García, el indígena oaxaqueño que en tiempos de un clasismo y racismo galopante, se abrió paso entre todas las mujeres y hombres de poder en nuestro país, para establecer las directrices no sólo de lo que debía ser un Estado soberano, sino de la independencia continental frente a las potencias europeas.

En ese sentido, vale la pena salir del lugar común de la historia del niño indígena que huyó de Guelatao cuando se quedó dormido y perdió a sus ovejas, para entender en un sentido más amplio la grandeza de Juárez. La primera, fue la de haber logrado culminar estudios universitarios en tiempos en que éstos estaban reservados únicamente para la comunidad eclesiástica y para las clases sociales acomodadas.

En el México donde nació Juárez prácticamente toda la población era analfabeta, y quienes hablaban una lengua indígena estaban doblemente aislados. Primero por no saber español y después por no saber leer y escribir. Si remontar esas situaciones hizo a Juárez un personaje distinguido de las demás personas en Oaxaca, sus capacidades intelectuales y políticas fueron determinantes para defender las ideas republicanas —muy recientes en aquellos años— y sentar las bases del Estado contemporáneo que todavía hoy funciona en México bajo sus lineamientos.

Juárez era, en ese sentido, un liberal equilibrado aunque su verdadero rasgo distintivo estaba en su capacidad de entender qué necesitaba el país y el constitucionalismo, por encima de sus prejuicios personales o de sus posturas como político. Él entendió que la Iglesia debía estar separada del Estado, y por eso impulsó las llamadas “leyes de reforma” que le arrebataron a la iglesia las potestades relacionadas con la vida civil de las personas, y la limitaron en su capacidad de intervenir en los asuntos políticos del país.

Había para entonces muchos que pensaban que esas decisiones eran necesarias; pero no había tantos dispuestos, como él, a aplicar esos principios para poder iniciar un verdadero proceso de liberalización del Estado de las exigencias y dogmas políticos implantados por la Iglesia para mantener el control de los asuntos públicos. Juárez fue quien tomó esa pauta, que hasta la actualidad sigue rigiendo la actuación de las personas que detentan el poder político en México, y que no deja de ser punto de referencia para la sana distancia que deben tener el poder político y el poder religioso de nuestro país.

SEGUNDA INDEPENDENCIA

No es raro que muchos estadounidenses piensen que la independencia de México se conmemora el 5 de mayo de cada año. En muchas ciudades de aquel país, realizan fiestas, celebraciones y conmemoraciones en las que genuinamente sostienen que ese día fue determinante para la independencia de nuestro país. Aunque erran en la fecha y el momento político, en el fondo no están tan equivocados. ¿Por qué?

Porque si bien nosotros en México ubicamos al 5 de mayo como el día de la batalla de Puebla, en realidad lo que muchas veces no vemos en toda su magnitud es que esa fue una victoria icónica sobre el invasor francés, que a México venía de paso en su intento por lograr la conquista del territorio estadounidense.

Por eso, aunque esa no fue ni la primera ni la única batalla entre México y Francia, y aunque de hecho se cuentan más derrotas del ejército mexicano a manos de los franceses, que los triunfos nacionales sobre los europeos, el 5 de mayo es una especie de declaración de principios sobre la independencia no de México, sino de América, frente a las potencias europeas que entonces eran las más dominantes bélicamente hablando.

Pues resulta que Francia no únicamente aprovechó la debilidad institucional de México para tratar de establecer un imperio dependiente de ellos, sino que además buscaba la forma de aprovechar la guerra de secesión que estaba ocurriendo en los Estados Unidos en aquellos mismos años, para invadirlos e iniciar una segunda época de expansionismo europeo sobre las nuevas naciones en el nuevo mundo.

En ese sentido, Juárez fue el icono del fin de esos ánimos expansionistas, al resistir el largo asedio de los franceses que respaldaban el imperio de Maximiliano de Habsburgo; al llevar a cuestas el gobierno republicano en un éxodo de varios años, en el que la única finalidad era que no perdiera vigencia el constitucionalismo y la existencia del Estado mexicano como ente soberano; y finalmente, al ser quien de manera formal derrotó al imperio de Maximiliano, y expulsó definitivamente, y para siempre, los ánimos expansionistas de las potencias europeas en nuestro continente.

Por eso Juárez fue nombrado Benemérito de las Américas. Porque a él se le reconoce la estatura del hombre de Estado que era necesario en aquellos tiempos, y la capacidad de lograr la superposición del Estado, por encima de los intereses de distintos tipos que lo amenazaban. Después del intento de Francia por invadir México, y la resistencia de Juárez hasta lograr su expulsión, para luego restaurar el gobierno republicano en nuestro país, no volvió a haber otro intento expansionista de Europa sobre América. Por eso el reconocimiento a Juárez y por eso la necesidad de valorar siempre su legado político y su existencia como el más universal de los mexicanos.

RUDEZA

Ya en la actualidad no hay forma de pensar en una conmemoración solemne para Juárez. El acto cívico en Guelatao se convirtió en una afrenta anual entre el gobierno y los grupos disidentes. ¿Es necesaria tanta rudeza en el marco de la conmemoración del natalicio de ese gigante oaxaqueño?

¿Por qué apostar a que la elección oaxaqueña termine en Tribunales?

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EsGar

+ Arranque judicializado, muestra de indolencia frente al voto ciudadano

 

Por unanimidad, anteayer la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el candidato a gobernador de la alianza PAN-PRD en Oaxaca, José Antonio Estefan Garfias, cometió actos anticipados de campaña y deberá ser sancionado por ello. Si la apuesta de todos los candidatos es la judicializar la elección estatal, entonces deberían comenzar por explicarle al ciudadano cuáles son sus razones para menospreciar la voluntad de esa manera.

En efecto, según se informó en los medios estatales y de la capital del país, con ese fallo el TEPJF echó para atrás la resolución del Tribunal Estatal Electoral, que negó esos actos y exoneró al aspirante de la coalición “Con Rumbo y Estabilidad para Oaxaca”, luego de analizar que la colocación de espectaculares en diversos puntos de la ciudad no eran motivo de difusión de alguna propuesta o llamado al voto.

De acuerdo con el dictamen de la Sala Superior, Estefan Garfias, siguió una ruta de promoción personal, primero como diputado federal, después como precandidato a Gobernador del PRD y luego con el registro como candidato. “Se advierte la concurrencia de elementos suficientes de que se tuvo el propósito de promocionar anticipadamente el nombre e imagen del ciudadano mencionado, por tanto se propone que la responsable emita otra resolución en la que determine la acreditación de la infracción y su responsabilidad”, subraya. Y en el fallo, el Tribunal remata: la sanción al aspirante a gobernador debe ser “proporcional a la falta cometida, para lo cual deberá analizar (el Tribunal local) el catálogo de sanciones aplicables y observar el postulado de gradualidad de las mismas”.

¿Qué significa todo esto? Que aunque formalmente las campañas proselitistas arrancan en los primeros días del mes de abril, la guerra en los tribunales electorales ya comenzó y, al ritmo que lleva, es muy probable que ahí mismo termine. En ese sentido, es muy grave que, de entrada, el ánimo de al menos dos de los tres aspirantes principales a la gubernatura sea el de descalificar a sus adversarios incluso antes de que inicien los trabajos de promoción del voto. Aunque pudieran existir causales aparentemente acreditadas para acudir a los tribunales, es clara la forma en que se revela un interés voraz ya no por ganar el voto ciudadano, sino por descalificar al adversario antes incluso de que comience la medición electoral, primero en las campañas, y luego en las urnas.

En esa lógica, resulta hasta paradójico que hoy en día tanto Estefan como el candidato del PT, Benjamín Robles Montoya, sostengan de cara a la ciudadanía que una de sus principales herramientas políticas consiste justamente en las impugnaciones. En un primer momento, Estefan Garfias y el PRD anunciaron que impugnarían la postulación de Robles por haber participado en el proceso interno de ese partido para luego brincar al PT, pero también que presentaría recursos legales en contra de Alejandro Murat por lo relacionado con el cumplimiento del requisito de la residencia mínima en el estado de Oaxaca. Es paradójico, básicamente, porque resulta que ahora Estefan es el primero que se encuentra en la posición de defender su candidatura frente a los recursos legales interpuestos por uno de sus adversarios.

Del mismo modo, el caso de Robles es también sintomático. Éste no sólo anunció, sino que impugnó llanamente el procedimiento y la asamblea en la que el Consejo Estatal del PRD postuló a Estefan. Y aunque no se ha referido específicamente a la posibilidad de impugnar el proceso interno del PRI, es claro que la rudeza con la que inició su campaña no sólo no descarta, sino que alimenta la idea de que tendría también una estrategia de ataque a su contrincante priista (que es nada menos que el adversario a vencer ante la fractura de la izquierda oaxaqueña) para tratar de cancelar su postulación como candidato.

RETO A LOS TRIBUNALES

Frente a esta guerra declarada, los tribunales en materia electoral (el local y el federal, por igual) tienen ante sí la disyuntiva de convertirse en la arena de las discrepancias en detrimento de la democracia representativa, o de permitir que los abanderados ocupen los márgenes y los sótanos de la ley para excederse sin ninguna sanción por sus conductas. El asunto es más trascendente de lo que a simple vista parece.

¿De qué hablamos? De que, en primera instancia, los candidatos y los partidos políticos parecen estar optando por el camino fácil de resolver en los tribunales lo que no quieren enfrentar en las urnas. Ninguno de ellos parece entender que sus respectivas candidaturas comparten debilidades comunes —casi naturales— que ahora deben dirimir en el trabajo político y no ante los tribunales.

De hecho, de ser rigoristas y cerrados en los criterios, los tribunales locales o de la federación deberían estar en la necesidad de cancelar no sólo las candidaturas de ellos, sino la de prácticamente todos los contendientes en todos los procesos electorales, por la sencilla razón de que no existen los abanderados ni los partidos inmaculados, o las campañas pulcras en las que no existan los deslices y las transgresiones a las normas y principios que rigen los procesos electorales.

No es así, aunque por otro lado ello no debe significar que entonces los tribunales y los órganos electorales permitan todas las transgresiones por el solo hecho de no caer en los rigorismos electorales. En esa medida, lo que queda es la exigencia de la capacidad de la auto regulación, y de la altura de miras para asumir que —ante sus debilidades y cuestionamientos comunes— ahora los partidos y sus candidatos deben privilegiar al voto ciudadano como referencia fundamental de su trabajo político.

CUESTIONAMIENTO COMÚN

En el fondo, todos enfrentan diversas situaciones comunes, que se resumen en el hecho de que como todos tienen cuestionamientos de fondo, todos pueden ser impugnados ante los tribunales. Y la defensa de uno, puede ser exactamente igual a la de sus pares. Así, si se exonera a uno implícitamente se hace eso mismo con todos, y ante el castigo, cualquiera de ellos podría utilizar exactamente el mismo argumento o defensa que el que pudiera usar cualquiera de sus adversarios. Por esa razón, la elección debe resolverse en las urnas y no en los tribunales, como tempranamente intentan hacerlo —en contra de sí mismos— algunos de los participantes en este proceso electoral.

El reto de “ir juntos” está roto para la coalición en Oaxaca

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VOTO

+ Fuga de votos es fundamental para el futuro de los partidos

Esta elección en Oaxaca será particular por la existencia de una competencia entre tres, y no entre dos como comúnmente ocurría. La ruptura al interior del grupo gobernante generó un espacio de riesgos y oportunidades que ahora debe ser analizado en un contexto cuidadoso. No sólo se trata de ver quién gana, sino cómo lo hace. Y ahí estará buena parte de la clave de la gobernabilidad para los años siguientes.

En efecto, hasta ahora el único partido que no ha resentido ninguna fractura importante es el Revolucionario Institucional. Acaso dos o tres de sus candidatos a las alcaldías o las diputaciones locales, son los que en algún momento estarían en posibilidad de brincar hacia otra fuerza política en busca de oportunidades. El problema real se encuentra en la atomización de las fuerzas que estuvieron acumuladas hasta hace relativamente poco tiempo en la coalición PAN-PRD-PT que quedó definitivamente rota cuando el PRD resolvió postular a José Antonio Estefan Garfias y el senador Benjamín Robles Montoya decidió romper para buscar otras oportunidades de postulación.

¿Por qué es un problema? Lo es, en el corto plazo, por la dispersión que esa ruptura generará en la votación estatal. Y después será un factor muy importante de riesgo para la gobernabilidad del Estado. Vale la pena analizar y entender este asunto en cada una de sus vertientes. Vayamos, pues, por partes.

En 2010 la votación se resolvió en la competencia entre los candidatos de la coalición PRI-Verde y de la alianza PAN-PRD-PT. El entonces senador Gabino Cué Monteagudo rebasó al abanderado priista, Eviel Pérez Magaña por un margen amplísimo que nunca dejó lugar a la duda sobre la legitimidad de su triunfo. A pesar de haber sido una votación de alta concurrencia, y de crecimiento electoral para todos los partidos, los márgenes de votación no fueron sobresalientes en ningún sentido. El abstencionismo, pues, también jugó su papel pero no al grado de poner en riesgo la certeza sobre el resultado de la elección. ¿Qué puede pasar ahora?

El escenario se centrará en una competencia ya no entre dos, sino entre tres. El PRI-Verde buscará alimentar su voto duro y no es de dudarse que utilice sus esquemas tradicionales de movilización electoral. La cuestión novedosa vendrá en la forma en cómo muevan a sus estructuras electorales los dos bloques en que se dividió la votación entre las fuerzas de izquierda. El gobierno estatal, a través de sus partidos aliados y de su candidato, jugará a la movilización a la que estamos acostumbrados.

Pero el ingrediente adicional será la forma en cómo Robles Montoya busque movilizar a sus propias estructuras y las direccione en un rumbo que no es el de ninguna de las otras dos fuerzas. Ello podría generar un resultado competido pero aderezado por la abstención, y al dividirse en tres, provocar una situación de poca legitimidad para el ganador, independientemente de que quien se alce con el triunfo sea cualquiera de los tres candidatos.

¿Por qué acudir a este escenario? Primero, porque es uno de los más probables que ocurra. Pero también porque ello ameritará un trabajo de legitimación política, y de acuerdos, que necesariamente tendrá que pasar por la búsqueda de consensos entre todas las fuerzas participantes en esta contienda independientemente de quién gane, o quién pierda, y de cuál sea la conformación de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado.

TIEMPO DE ACUERDOS

Hay cuestiones que ya son previsibles. Una de ellas, fundamental, es que a diferencia de casi todos los demás procesos electorales locales, ahora el que gane no ganará arrasadoramente, y que quien pierda no se irá a su casa sólo con la derrota y las manos vacías. Es muy probable que quien gane, lo haga con escaso margen de votación favorable, y que la votación conjunta de los que pierdan, rebase por mucho la cantidad de votos de quien se alce con el triunfo.

Esa misma situación, plantea otro escenario por demás interesante: ningún partido tendría una mayoría definida en el Congreso local, y ni siquiera eso: es posible que ninguno de los partidos repita sus conformaciones de legisladores actuales, y entonces lo que se incrementará será la pluralidad de fuerzas en el Poder Legislativo. Hoy en día, por ejemplo, la alianza PRI-Verde en la LXII Legislatura tiene 18 diputados; el PRD tiene 10 y el PAN tiene 9, con la situación de que todos los partidos minoritarios (Nueva Alianza, Social Demócrata, Partido del Trabajo, Unidad Popular, Movimiento Ciudadano) tienen un diputado cada uno.

Es probable que por la atomización de votos, el PT pudiera crecer en su número de curules, pero restársela directamente tanto a la alianza PAN-PRD como a la PRI-Verde, con lo que cada uno de ellos tendría bancadas más débiles, en beneficio de una tercer bancada que, casi seguro, tampoco sería lo suficientemente fuerte como para lograr hacer un contrapeso en un escenario político tripartita.

¿Qué retos implica eso? Que, según lo visto, la pluralidad en el Congreso local no ha sido sinónimo ni de trabajo ni de eficiencia, pero sí para más o menos permitir la gobernabilidad al Ejecutivo local. La situación inédita estaría en el hecho de que al acentuarse esa pluralidad, todos perdieran márgenes de control y todo eso fuera en detrimento de quien ejerciera como Titular del Poder Ejecutivo. Por eso, en el fondo, tendría que haber un ejercicio de equilibrio de fuerzas, de negociación, de consenso y de tolerancia, para poder no sólo permitir que el Ejecutivo gobierne, sino también para no sumir al Congreso en una situación de más parálisis que dañe a Oaxaca.

Al final, parece que de forma obligada, los que ganen y los que pierdan en estos comicios estatales, tendrán que buscar la forma de ensayar, al margen de quién gane y quién pierda, los verdaderos gobiernos de coalición. Está muy visto que los gobiernos de parcelas son infuncionales, paralizantes y la mayoría de las veces contrario al interés de las personas.

CAMPAÑAS DE ODIO

No se trata de las campañas que buscan generar el odio en el adversario, sino las que se hacen desde el odio y el rencor al adversario. En Oaxaca comenzamos a ver ese tipo de campañas que tienen como sello la revancha abierta entre grupos políticos. ¿Tiene eso algún futuro entre la ciudadanía? Lo dudamos. Sembrar vientos siempre hace cosechar tempestades. ¿Lo entenderán quienes le apuestan a ese sentimiento que la sociedad rechaza?

Oaxaca: vamos de nuevo al proceso para elegir ediles, y no avanza el SNA

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SNA

+ Combate a la corrupción debe partir de los municipios, no de la federación

Estamos a pocas semanas de que arranquen de nuevo las campañas para elegir autoridades municipales en Oaxaca, y es preocupante que no exista prácticamente ningún avance en la implementación del sistema anticorrupción. Preocupa no sólo por la parálisis del Congreso del Estado para hacer su trabajo, sino sobre todo porque mantener la legislación estatal tal y como se encuentra ahora, significa mantener una enorme puerta abierta a la corrupción y la discrecionalidad entre las autoridades municipales que no siempre están comprometidas con la honestidad y el trabajo a favor de sus comunidades.

En efecto, en Oaxaca parece que vivimos en un círculo vicioso, en el que no puede haber un mayor ejercicio de transparencia y fiscalización de los recursos que reciben las autoridades municipales, porque la gran mayoría de éstas sigue sin respetar las disposiciones relacionadas con la entrega de cuentas a la instancia fiscalizadora del Congreso del Estado. Como ello no ocurre, entonces la Auditoría Superior del Estado se ve en gran medida imposibilitada de hacer una revisión integral de las cuentas públicas municipales. Y ello genera un primer vacío de corrupción que, lamentablemente, tampoco se llena con el trabajo de rectificación legislativa que debieran estar haciendo los propios diputados locales.

En ese sentido, resulta que la Cuenta Pública es un documento fundamental para la rendición de cuentas, porque es nada menos que el informe que los Poderes, Municipios y Entidades Públicas Estatales y Municipales, presentan sobre su gestión financiera ante este Congreso, con el objetivo de verificar los resultados obtenidos en los programas aprobados para cada ejercicio fiscal, así como para comprobar la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos durante un ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año.

Por eso, si la Cuenta Pública es un documento esencial para corroborar cómo se ejercieron los recursos públicos durante un ejercicio anual, la falta de cumplimiento de este deber genera un verdadero estado de indefensión tanto para las autoridades fiscalizadoras, como para la ciudadanía, porque entonces no es posible saber con exactitud qué se hizo con los recursos asignados.

Así, la única certeza que existe, en ese escenario, es que dichos recursos sí fueron gastados. Y lo más preocupante es que esas mismas lagunas han permitido que esa falta de cumplimiento en las obligaciones de las autoridades municipales, no pueda ser objeto de sanciones directas, en los ámbitos administrativos o penales.

¿Por qué prevalece la impunidad? Porque los señores diputados no han mostrado ningún interés en arreglar las deficiencias que presentan las normas estatales vigentes en la actualidad, y que son conocidos y plenamente identificados prácticamente desde el momento en que se emitió la Ley Orgánica Municipal, hace ya varios años. Lejos de tratar de enmendar las normas, para evitar que estas lagunas legales continúen generando “fugas” que son directamente traducibles en corrupción, se han dedicado a mantener y acrecentar la connivencia con las autoridades municipales corruptas.

Sólo así puede entenderse que, lejos de tratar de reforzar a los órganos de fiscalización de la entidad, hayan venido demostrando una voluntad sostenida por debilitarlos y un desinterés hasta sospechoso por no hacer las modificaciones que requiere la ley para cerrar la puerta a la corrupción galopante y la impunidad que priva en esas cuestiones. Son contadas las autoridades municipales que han pisado la prisión por actos de corrupción directamente imputables a su gestión como concejales. Y en la mayoría de los casos la autoridad fiscalizadora ha dado esos golpes más con una intención mediática que con la certeza de que de verdad podrá procesarlos. Esa es una tragedia.

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN “MOCHO”

A nivel federal, todavía no existe una legislación secundaria que haga operativo el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que resultó de una reforma a la Constitución federal realizada hace casi un año. Como el SNA no tiene aún forma legal, sólo existen los elementos constitucionales que, por el mismo mandato de la reforma, debieron ser reflejados en las constituciones locales.

En el caso de Oaxaca ya se creó un sistema anticorrupción pero no con los alcances que el mismo Ejecutivo proponía para hacer más ágil y posible la presentación ante la justicia de las autoridades municipales y estatales corruptas. De hecho, tal pareciera que en el fondo se sigue procurando la debilidad estructural de la Auditoría Superior del Estado, a la que no se le han brindado las atribuciones necesarias para ser ésta misma quien tenga la posibilidad de iniciar acciones penales —una cuestión que claramente debe ser discutida, por los alcances que representa y el doble filo que en un momento pudiera constituir como una herramienta de amedrentamiento político— en contra de las autoridades sobre las que tenga información sobre actos indebidos, y tampoco se ha hecho una adecuación correcta de los principios que establece el SNA a nivel nacional.

En ese sentido, la eliminación de los principios de anualidad y posterioridad en el ejercicio de la fiscalización son fundamentales para un mejor trabajo de cualquier auditoría del país, que ahora ya no debe esperar a la fiscalización de ejercicios concluidos, y tener sólo un año de plazo para revisar las cuentas municipales…

Pero todo se queda en un problema casi tan grave como la antigua existencia de esas limitantes, como lo es el hecho mismo de que cada año la ASE en Oaxaca tiene menos recursos para realizar auditorías. Ese es un problema material de gran calado, que ni el gobierno ni el Poder Legislativo han querido enfrentar, porque pareciera que es una forma de mantener de fondo la debilidad del órgano fiscalizador.

ASE, DÉBIL

La Auditoría Superior sólo puede revisar anualmente a unos 100 municipios, de los 570 que existen. Es así porque ni poniendo a todos sus empleados, a todos, a hacer una auditoría por municipio, por empleado, le alcanzarían para cubrir el universo de entes auditables que tiene ante sí. Todo eso parece que nadie lo ve. Pero es una cuestión que mientras no se resuelva, seguirá generando una puerta abierta a la corrupción, que cada año deja enojados —e indefensos, para variar— a miles de oaxaqueños frente a sus autoridades municipales.

Si hay conflicto en la UABJO, los Martínez no tendrán el control

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+ Consejo Universitario dividido, decisiva para crisis universitaria

La división del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, podría ser un factor clave de la pérdida de control del grupo que aún tiene en su poder la Máxima Casa de Estudios. Vale la pena recordar otros ejemplos de cómo esa instancia universitaria ha sido clave cuando los grupos dominantes están resueltos a no perder la médula de su poder. No es el caso de la UABJO, en la que el grupo de Abraham Martínez Alavés deja ver que tiene mermada la mitad de la base sobre la que debiera descansar su hegemonía política.

En efecto, el pasado viernes se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Consejo Universitario de la UABJO, que había sido cancelada a principios de la semana pasada. La novedad fue que se instalaron dos sesiones paralelas. Una, la oficial, convocada por el rector Eduardo Martínez Helmes, en la que lograron un apretadísimo quórum legal para funcionar, y que fue instalada en la Escuela de Bellas Artes. La otra, convocada por sus grupos opositores, que sesionó en la facultad de Arquitectura de Cinco de Mayo, no consiguió reunir el número decisivo de consejeros para declarar su legalidad, pero sí dio muestras claras de cuál puede ser el destino del Consejo si las cosas continúan la ruta de descomposición que llevan hasta ahora.

¿De qué hablamos? De lo que apuntamos en esta columna el lunes 29 de febrero. ¿Por qué hablar del Consejo Universitario?, nos preguntábamos entonces. Y decíamos que la discusión sobre el futuro político inmediato de la Universidad pasa irremediablemente por el Consejo, porque una cosa es ganar los comicios y otra mantenerse a flote ya en el cargo de Rector.

En otras experiencias, abundábamos, se vio que aún derrotando electoralmente a un cacicazgo universitario, es posible que éste sobreviva. El caso de Carlos Briseño en la Universidad de Guadalajara, es paradigmático de cómo el grupo del dueño de esa universidad pública, Raúl Padilla, sobrevivió a un Rector ya en funciones, que desde el poder pretendía ponerle fin a su cacicazgo. En esa experiencia, el control de Padilla sobre el Consejo Universitario de la UdG fue determinante para mantener a flote su poder, aún sumergido en la ignominia.

¿Qué pasó en esa Universidad? Que el grupo de Padilla impulsó a Carlos Briseño como su candidato a rector. Sólo que una vez estando ya en el cargo, Briseño desconoció al padillismo y denunció abiertamente los amplios visos de corrupción, discrecionalidad y antidemocracia que prevalecían en esa casa de estudios —la segunda más importante del país— todo para mantener a flote el poder de Raúl Padilla que, guardadas las diametrales proporciones, es un personaje que mantiene aún hoy un cacicazgo en su universidad, en una situación más o menos parecida a la de Abraham Martínez Alavés en la Universidad de Oaxaca.

esencialmente, Briseño pugnaba por la apertura de la Universidad a la transparencia, a la democracia y a la disolución de los cacicazgos que intentaran someter la rendición de cuentas y los procesos de esa universidad, a la prevalencia de un grupo político. Eso significaba asestarle un golpe en la médula al poder de Padilla, que se ha sostenido en esa universidad gracias justamente a que, a cambio del sostenimiento de su poder, ha manipulado los recursos económicos, humanos, culturales y patrimoniales de esa universidad para repartirlo entre diversos sectores de catedráticos, universitarios, líderes políticos y alumnos.

CRISIS

¿Qué ocurrió ante ese planteamiento? Que Briseño, en un intento de desmantelamiento del poder de Padilla, comenzó un rápido proceso de desmantelamiento de la estructura administrativa de la Universidad que aún respondía al padillismo. A éste mismo lo destituyó como director del Centro Cultural Universitario, e intentó quitarle de las manos el poder que significa la organización de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el encuentro cultural anual más importante de México organizado por la UdG, en gran medida para el lucimiento y legitimación cultural y política del padillismo como poder cacique en esa universidad.

El revire del padillismo ante todas esas acciones, vino justamente a través del Consejo Universitario. El 29 de agosto de 2008, Carlos Briseño Torres fue destituido de la Rectoría por el Consejo General Universitario, por incurrir en faltas “graves”. Esas faltas graves no radicaron nunca en una malversación o en alguna transgresión a la legislación universitaria.

Su falta grave fue justamente tratar de desmantelar el poder de un cacique que, a pesar de todo, nunca perdió el control del Consejo Universitario y lo utilizó —enlodado y chapoteando en la ignominia, como un último recurso para mantener su poder— para quitar del camino a un Rector que denodadamente intentó generar un nuevo panorama para esa universidad.

Briseño intentó defenderse ante la justicia de la Unión, que por meros cálculos —derivados del evidente desinterés del gobierno federal del presidente Felipe Calderón por la vida pública de las universidades públicas nacionales— decidió no alimentar un conflicto político en la segunda universidad más relevante del país. Así, en reiteradas sentencias el Poder Judicial de la Federación avaló la sustitución de Briseño por Marco Antonio Cortés Guardado. Y finalmente Briseño decidió quitarse la vida en noviembre de 2009.

¿Por qué reseñar toda esta historia? Porque en alguna medida parece que el grupo de Martínez Alavés le apuesta al sostenimiento de un cacicazgo similar al de Padilla en la UdG. La diferencia está en que, con todo lo cuestionable que puede ser, Padilla ha sabido mantener su poder aún en la pudrición. Y pareciera que a los Martínez Helmes se les está agotando la posibilidad de mantener a salvo a los grupos que los han respaldado.

MAL PRESAGIO

No es menor el hecho de que a duras penas hayan juntado al número mínimo de consejeros el viernes para instalar su Consejo Universitario, luego de un sonoro intento fallido. A estas alturas ni ellos mismos tienen la certeza de que su conformación de apoyo permanecerá, y mucho menos ante el empecinamiento de impulsar a un evidente líder porril como su candidato a la rectoría, pasando por encima de la opinión y el interés de prácticamente todos los demás grupos, propios y extraños, dentro de la Universidad.

Vivimos dos realidades: la que vemos y la que aparentamos

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Pope Francis passes Mexico's flag as he arrives to lead general audience in St. Peter's Square at Vatican

+ ¿Por qué persistir en negar lo evidente y cubriendo lo real?

 

Uno de los señalamientos que casi cualquier extranjero nos hace a los mexicanos, es que en lo excesivamente ceremoniosos que estamos acostumbrados a ser en nuestro trato cotidiano, solemos esconder muchas de las cuestiones que deberían aflorar en realidad al margen de tanto escarceo. Parece que eso mismo nos ocurre en el ámbito público: el gobierno todo el tiempo habla de avances y logros, pero no puede explicar por qué razón persisten los mismos flagelos sociales de siempre. Y al contrario: nos pide austeridad, solidaridad y entendimiento, pero no explica por qué seguimos teniendo una clase política tan llena de privilegios. Este es un problema que rebasa por mucho lo anecdótico. Y debiéramos reparar más en él.

En efecto, hace un mes que vino el papa Francisco a México, el gobierno y algunos sectores de la población católica se esmeraron en presentarle al Pontífice una realidad que en México no existe, y que aunque no engañaba a nadie, todos prefirieron ocultarla u omitirla. ¿De qué hablamos? De que, por ejemplo, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto cabildeó hasta el final para que el Papa evitara referirse a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, o se abstuviera de visitar alguno de los municipios de Guerrero o Michoacán que representan la verdadera situación del Estado fallido en México.

¿Qué buscaba el gobierno federal? Ocultarse —porque no se lo escondían al Papa, que conoce perfectamente la situación del país— una realidad que ellos quieren evadir pero que, como no pueden, prefieren omitir para que no les represente el trauma que debiera ser para un gobierno que no puede hacer ni lo mínimo por mantener el vigor que la soberanía y el Estado de Derecho debieran dictarle. Algo muy similar pasó con los migrantes, con la pobreza, con la exclusión de los indígenas y hasta con la intención de que el Papa no tuviera ni el más mínimo acercamiento con la población. Aislándolo, el gobierno pensó que podía cambiar la realidad. Al final, no hizo sino —una vez más— engañarse a sí mismo.

Algo similar pasó con los sectores de la grey católica que querían una visita excepcional del Papa a México. ¿Qué hicieron? Organizaron —mal— todo tipo de eventos para llevar, como borregos, a sus feligreses a ellos. Nunca consideraron que la mejor forma de acercar a la población al Jefe de la Iglesia Católica era concientizando e invitando, no “movilizando”. Por eso, todos los que quisieron eso, vieron como un fracaso que el zócalo de la capital del país no estuviera a reventar cuando el Papa fue a Palacio Nacional.

En ese momento, quizá los organizadores extrañaron las estrategias de movilización de los partidos políticos mexicanos, que logran atiborrar de gente cualquier evento independientemente de su contenido o finalidad. Así, como la intención era demostrar una apariencia, y no convencer, su resultado fue doblemente fallido porque ni pudieron conseguir lo que buscaban, y también generaron conciencia en la población en general para que acudiera libremente a presenciar alguna de las actividades en las que participaría el papa Francisco.

Acaso ello representa la parte menos grave del problema que enfrentamos los mexicanos al estar excesivamente preocupados por las apariencias. En el fondo, eso mismo parece mantenernos en un complejo estado de pasmo frente a circunstancias que para otra sociedad, más despierta, serían inadmisibles.

CLAROS Y OSCUROS

Por ejemplo: el gobierno en Oaxaca afirma diariamente que concreta acciones para vivir mejor, aunque en realidad todos resienten un complejo problema de inmovilidad económica que se resiente hasta en el gobierno. Ahora mismo, por ejemplo, hay cientos de trabajadores en todas las dependencias estatales que no han cobrado un peso por concepto de salario desde el mes de diciembre pasado.

Esa situación, evidentemente, es apenas un pequeño botón de muestra de los miles de proveedores, de todos los niveles, que se quejan por la falta de pago, por los retrasos, por el desconocimiento de deudas y por lo que ellos creen que es ineficiencia de la Secretaría de Finanzas, que parece no saber qué hacer con esta situación. ¿Eso es muestra de desarrollo? Y lógicamente, la realidad frente a las interrogantes no alcanza para una posible respuesta afirmativa.

Algo muy similar ocurre cuando el gobierno llama o advierte la austeridad. Reiteradamente, el gobierno a todos los niveles le pide a la población que entienda diversas situaciones: una de ellas, general, es la presión histórica a la que han sometido al salario mínimo en México que, de verdad, no alcanza ni para lo indispensable y aún así el gobierno dice que es lo que nos conviene para mantener la estabilidad. Otra es la verdadera estrategia de terrorismo que soterradamente ha mantenido la autoridad fiscal del país en contra de los mismos contribuyentes cautivos que siempre pagan impuestos y a los que cada año se les cobra más. Hacienda ha sido muy eficaz para cobrarle a los mismos a pesar de que alrededor de la mitad de la población sigue en la informalidad y al margen de cualquier forma del pago de impuestos.

¿Qué hay frente a eso? Una clase política que asume que las cosas van muy bien y que entonces merecen séquitos interminables de colaboradores, lujos de todos tipos pagados a través de los gastos de representación; libertad total para realizar todo tipo de negocios al amparo de sus responsabilidades públicas, y hasta tolerancia para un trato diferenciado cuando se trata de perseguir las responsabilidades y los posibles actos de corrupción. Oaxaca no es excepción. Pero lamentablemente este es un problema nacional que, aunque está ahí, a la mayoría de nosotros ya nos parece tan normal que entonces lo tomamos con relativa calma y no con la importancia que debiera corresponder.

Al final los mexicanos deberíamos dejar de ser tan ceremoniosos y evasivos con nuestra propia realidad, y dedicarnos un poco más a lo que nos corresponde. Parte esencial de esa correspondencia debiera estar en dejar de mirar hacia otro lado frente a los problemas, y abordarlos de frente, como lo hacen quienes de verdad quieren cambiar la situación en la que viven.

DIVISIÓN

Ahora en la UABJO hay dos consejos universitarios y sólo va a faltar que haya dos procesos electorales paralelos. ¿Ese es el control que presume el Rector, y que le ayudan a cuidar hasta con la policía? Más bien, las señales de agotamiento, siguen subiendo. Mucha precaución.

Transporte: ¿Por qué no permitir que llegue Uber a Oaxaca?

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Uber

+ Rechazo implica condenarnos todos al atraso y al mal servicio

Ayer los taxistas de la capital oaxaqueña salieron a protestar en contra de la próxima introducción del servicio tipo Metrobús, así como por la posibilidad —un rumor— de que se podría realizar una reforma a la Ley de Transporte para permitir el funcionamiento de sistemas de transporte colectivo utilizados a partir de tecnología de geoposicionamiento global. Aunque la protesta pudiera ser entendible a partir de la lógica de la protección de los intereses gremiales, desde la ciudadanía debiera exigirse el rompimiento de los monopolios para conseguir la nada sencilla posibilidad de un mejor servicio al usuario.

En efecto, desde el día previo el gremio del transporte concesionado de la capital oaxaqueña anunció una protesta en contra del llamado Metrobús (que en Oaxaca recibirá el nombre de SitiBus) y también contra servicios como Uber. Los líderes del taxismo citadino exigen una mesa de diálogo con el gobernador Gabino Cué Monteagudo para exponer su inconformidad  para que se autorice el servicio de taxis Uber por considerar que se trata de una competencia desleal.

De entrada anunciaron que no bloquearían las vialidades de la capital oaxaqueña. Sin embargo, también advirtieron que lo harían, en los principales cruceros, si no eran atendidas sus demandas. Un par de horas después establecieron una mesa de trabajo con la Secretaría General de Gobierno, y alrededor del mediodía anunciaron que retirarían su concentración de unidades en el Centro Histórico luego de alcanzar acuerdos preliminares con la dependencia que encabeza Carlos Santiago Carrasco.

Hasta ese punto, pareciera que los taxistas locales tienen alguna motivación legítima para protestar en contra de sistemas como Uber que, en definitiva, los superarían desde el inicio tanto en precio como en calidad del servicio. En lo que corresponde al SitiBus, la protesta del taxismo citadino más bien parece un apoyo a su oligopolio hermano del transporte urbano y suburbano, que también se vería involucrado en una nueva dinámica de competencia y mejoramiento del servicio, a la que hasta ahora se han resistido a partir de su sola capacidad numérica y de presión al gobierno estatal.

Ahora bien, en varias de las ciudades más importantes del mundo, Uber significa la ruptura de un paradigma, pues es un servicio de transporte de pasajeros, que sin tener una concesión de taxi, proporciona un servicio eficiente, cómodo, seguro y confiable, que además ofrece al usuario un ahorro de alrededor del 50 por ciento del costo respecto al transporte tradicional, y condiciones de servicio que no podría prestar el sistema de transporte concesionado.

Frente a Uber, y frente a los sistemas de transporte que buscan romper inercias, habría que preguntarse: ¿Lo correcto es cerrar el mercado para evitar la competencia, o meter a todas las modalidades de servicio en un proceso de modernización para que puedan competir?  Esta pregunta, y el ejemplo de Uber, son de alguna manera equiparables a lo que ocurre en Oaxaca frente a la posibilidad del establecimiento del sistema Metrobús. En la Ciudad de México, por ejemplo, hay una fuerte oposición al servicio que presta Uber, porque el transporte concesionado tradicional de pasajeros considera que éste genera una competencia desleal al no haber pasado por el paso de la obtención de las licencias que son requeridas a taxis, microbuses y autobuses para prestar ese servicio, y que además tienen un costo económico importante. Basado en ello, el transporte tradicional dice que Uber genera competencia desleal.

¿COMPETENCIA DESLEAL?

En paralelo, en el escenario local, los transportistas han rechazado la posibilidad de que se instale en Oaxaca un servicio de Metrobús, porque —aseguran— va a afectar al sector y  provocará la pérdida de al menos 20 mil empleos que general; y porque sólo se va a dar beneficios a los empresarios que cuentan con mayor poder adquisitivo, ya que no se ha tomado en cuenta a todo el sector. Frente a estas dos posturas, vale la pena preguntarse si los argumentos de unos y otros son válidos, y entonces lo correcto debiera ser que todos los usuarios del servicio de transporte público —autobuses, colectivos, taxis de sitio— tuviéramos que atenernos al servicio deficiente que presta el servicio concesionado.

Pues queda claro que, por ejemplo, en el caso del servicio de taxis que existe en la ciudad de México, éste es un servicio que adolece de todas las deficiencias que podamos imaginar. Es un servicio que por décadas se ha caracterizado por ser ineficiente, costoso, peligroso y poco confiable. Es común que todo aquel que visita la Ciudad de México sin conocer la ciudad, y aborda un taxi, lo menos que puede esperar es que el conductor de la unidad lo lleve a dar un recorrido innecesario sólo para hacer avanzar su taxímetro, aprovechándose de que el pasajero no tiene idea de cuál es la ruta idónea para llegar a su destino; y en el peor de los casos, debe también esperar a ser timado o asaltado dentro de la misma unidad. Algo más o menos parecido ocurre con el servicio de transporte público concesionado en una ciudad como la nuestra. Los autobuses de pasajeros son auténticas chatarras andantes, que además de ser contaminantes y peligrosas, implican toda clase de riesgos para los usuarios.

Pues resulta que los conductores de las unidades tienen nula capacitación en cuanto a las reglas mínimas de tránsito que rigen las calles y los cuidados que deben tener al conducir esas unidades; también son ignorantes de las reglas mínimas de trato al usuario, y de las normas de protección que deben guardar para mantener a salvo a las personas que transportan. En fin, todo se adereza con un servicio costoso que además no retribuye al usuario por la alta tarifa que paga.

QUE HAYA COMPETENCIA

Los oaxaqueños debemos apostar a que haya competencia. Puede entenderse que el pulpo camionero, o los taxistas, defiendan sus intereses y a su gremio frente a las nuevas modalidades de competencia. Pero ese, con respeto lo afirmamos, es problema de ellos. Nosotros como ciudadanos debemos exigir calidad, eficiencia, seguridad, comodidad, y no resignarnos a la condena de un mal servicio sólo porque a ellos les puede afectar la competencia. Esa posibilidad es simplemente insostenible. Por eso, frente a los nuevos sistemas, lo más sano y conveniente es que todos se pongan a competir, traten de mejorar y no nos conviertan a los ciudadanos en rehenes de su ineficiencia y resistencia al cambio.

UABJO: ¿por qué era tan importante controlar la Comisión Electoral?

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Martinez Helmes

+ Con esas acciones, los Martínez reconocen tácitamente falta de control

Para muchos sigue siendo una interrogante por qué repentinamente, el martes se desató la violencia en la Máxima Casa de Estudios. Anteayer, dos grupos se enfrentaron en el recinto donde se celebraría una sesión extraordinaria del Consejo Universitario. Aunque la causa aparente del zafarrancho era el conflicto que persiste en la Escuela de Ciencias por la designación de su Director, en realidad la crisis de fondo se explica en el intento del rector Eduardo Martínez Helmes de darle un albazo a los demás grupos de la Universidad, en la designación de los integrantes de la Comisión Electoral.

En efecto, hace dos semanas apuntábamos en este espacio que un punto neurálgico del control político de la Universidad, se centra en el Consejo Universitario. Decíamos, de hecho, que de acuerdo con la Ley Orgánica de la UABJO, el Consejo Universitario es la máxima autoridad en materia legislativa universitaria, académica, jurisdiccional y electoral en los casos de su competencia.

Repasando la Ley respectiva, el artículo 34 establece que dicho Consejo se integra por el Rector, que será́ su Presidente y tendrá́ solo voto de calidad para el caso de empate. Por el Director, por un profesor y dos representantes alumnos de cada Facultad o escuela; por el Director y un consejero investigador de cada Instituto de Investigación. Así́ como la representación de los trabajadores administrativos que equivaldrá́ al cinco por ciento del total de los representantes de los sectores académico y estudiantil, los que se elegirán de manera proporcional entre los organismos sindicales existentes.

¿Por qué hablar del Consejo Universitario?, nos preguntábamos en aquel momento. Y entonces planteamos un aspecto que paulatinamente cobra mayor relevancia: Porque una cosa es ganar los comicios, y otra mantenerse a flote ya en el cargo de Rector, lo cual aplica desde el momento mismo de su toma de protesta como tal. Y según las maniobras actuales del grupo del rector Eduardo Martínez Helmes, resulta que ellos están particularmente interesados en mantener el control político de la Universidad aún quebrantando los principios básicos de la equidad, desde la médula. En ese sentido, la Comisión Electoral juega un papel clave en esta situación y por eso el interés inusitado del Rector por asestarle un albazo a todos sus oponentes. ¿De qué hablamos?

De que la Comisión Electoral juega un papel clave en cada sucesión universitaria, porque como lo establece la propia Ley Orgánica de la UABJO, ésta es la encargada de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en lo que concierne en la elección del Rector. La Comisión Electoral es integrada por el Rector, por el Secretario General de la Universidad; por cuatro representantes del sector académico; cuatro representantes del sector estudiantil, y dos representantes de los trabajadores administrativos, todos ellos miembros del Consejo Universitario, dice el artículo 45 de la Ley, además de dos representantes de cada uno de los candidatos.

En ese sentido, la Comisión Electoral tiene una importancia determinante en cada proceso electoral, porque al ser todos sus integrantes miembros del Consejo Universitario, termina siendo esta Comisión ante quien materialmente toma protesta cada nuevo Rector, en cumplimiento al mandato de la Ley Orgánica, de que la unción formal en dicho cargo ocurra ante el Consejo Universitario.

EL DESCONTROL

Volvemos a la pregunta inicial: ¿Por qué si el rector Eduardo Martínez Helmes dice tener el control total del Consejo Universitario, pretendió asestar este certero albazo? Lo hizo porque en realidad no detenta ya el poder que presume, y porque tampoco tiene la capacidad de permitir que se conduzca un proceso en el que del Consejo Universitario emanen figuras hacia la Comisión Electoral, que no le sean incondicionalmente afines. El albazo, en ese sentido, es una premonición de una elección álgida. Por eso el intento descarado —aunque fallido— de concretarlo.

Para entender lo anterior, es también necesario considerar una cuestión de hecho: en cada elección de Rector, es justamente al seno de la Comisión Electoral en donde, la noche de la jornada electoral, se negocia entre los grupos universitarios —y el gobierno estatal, que siempre es quien da el verdadero voto de calidad en este proceso— para establecer la nueva configuración universitaria que regirá los años siguientes.

Ahí es donde cada Rector ha negociado los espacios que le cede a la oposición para dotar de gobernabilidad y equilibrios a su gestión. Y por eso mismo, era un espacio clave que pretendía tener bajo su control el rector Martínez Helmes, —según su lógica— para no perder la ventaja en una posible negociación del resultado la noche de la elección universitaria.

En ese sentido, quienes conocen y han vivido dichos procesos saben que la Comisión Electoral es fundamentalmente un espacio de negociación que, en la medida que se cierra y se abre, permite la concurrencia de los distintos grupos dentro de la Universidad. Sólo que en un escenario como el actual, el empecinamiento por mantener el control de dicha Comisión más bien se explicaría en un intento de reventar la jornada electoral —en el escenario de la derrota de los Martínez—; o de intentar una toma de protesta fast track, sin negociación y con manotazos —como es la nueva práctica de Abraham Martínez Alavés— en el caso de ganarla por un margen estrecho de votos favorables.

Al final, si de verdad hubiera control, no tendrían por qué hacerle pasar estos tragos amargos a la Universidad, que recuerdan sus peores años y que la ubican en el espacio de la barbarie y las obsesiones, que la gran mayoría quisiera ver desterrado. Por esa razón, todo apunta a que en realidad el actual grupo en el poder universitario ya resiente una merma importante en su poder, y por eso estas maniobras desesperadas para tratar de controlar lo que aún creen que tienen en sus manos.

BORDEAN AL CONGRESO

Luego de la contradictoria experiencia de que la LXII Legislatura no ratificara a Aida Valencia Ramírez como titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, el Ejecutivo estatal tomó una vía alterna: ante la renuncia de José Zorrilla a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, optó por nombrar una titular encargada: Ángela Hernández Sibaja, que al tener ese estatus “provisional”, no tendrá que pasar por los trámites y caprichos legislativos. Ver para creer.

UABJO: soberbia de los Martínez revienta Consejo Universitario

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Sesión UABJO

+ Intentaron madruguete en la conformación de Comisión Electoral

 

Ayer la violencia regresó a la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca y, como era de esperarse, la causa fue el arranque subrepticio, pero fracasado, de la sucesión de Rector. Una sesión —a hurtadillas— del Consejo Universitario terminó en gases lacrimógenos, jaloneos y amenazas no sólo por la efervescencia natural del relevo en la rectoría, sino sobre todo por la forma en cómo el grupo del rector Eduardo Martínez Helmes pretende seguir pisoteando a los demás grupos universitarios.

En efecto, en las primeras horas de la tarde de ayer fue noticia la suspensión violenta de una sesión de Consejo Universitario que se realizaría en la Facultad de Ciencias de la Educación, en la máxima casa de estudios. De entrada, llamó mucho la atención que una sesión de Consejo Universitario no pudiera llevarse a cabo, ya que al menos en los tres últimos lustros no se recuerda que algún acto porril o de grupos políticos hubiera derivado en la suspensión de una sesión, del máximo órgano de dirección de la universidad oaxaqueña.

Si eso llamó la atención, lo que sí provocó verdadera alarma fue que esa suspensión hubiera ocurrido en medio de un acalorado acto violento, en el que dos grupos llegaron al punto del enfrentamiento. En redes sociales, casi de inmediato circularon videos en los que se apreciaba a un grupo de estudiantes y profesores encarando a algunos integrantes del Consejo Universitario, y a otras personas —luego se supo que éstos eran policías vestidos de civil, y grupos porriles afines al rector— intentando detener a quienes llegaron a impedir que se concretaran los trabajos del Consejo Universitario.

En la respuesta a la pregunta de qué ocurriría en esa sesión, puede entenderse el acto violento, y la desorbitada respuesta de la Rectoría que exacerbó la violencia. Básicamente, eran dos puntos los que se tratarían en esa sesión: uno, era la instalación de la Comisión Electoral, que sería la encargada de conducir los trabajos técnicos rumbo a la elección del sucesor del rector Martínez Helmes.

Otro punto que se trataría en esa sesión, sería el relacionado con la problemática que ha prevalecido desde hace varias semanas en la Escuela de Ciencias, producto de que la rectoría impulsó el desconocimiento de las autoridades legítimamente electas por la comunidad universitaria. El ingrediente subjetivo que hacía falta para terminar en este desastre, se centra nada menos que en el hecho de que hoy en día ni en el mismo Consejo Universitario existe un respaldo a las acciones del grupo político que comandan los Martínez Helmes. Todo eso se combinó para terminar en violencia. ¿Qué ocurrió?

Primero, que dicha sesión de Consejo Universitario, con carácter de extraordinaria, fue convocada a espaldas de varios grupos políticos. Esos grupos a los que no se les convocó ni se les avisó anticipadamente de dicha sesión, son justamente los que en otros tiempos fueron parte del clan de los Martínez, pero que paulatinamente se fueron alejando por la intolerancia y las exigencias de sumisión incondicional por parte de Abraham Martínez Alavés, padre del actual rector y “líder moral” de dicho grupo.

Así, si esa ya era una razón suficiente para una sesión de Consejo convulsa, el asunto que tratarían era determinante: el grupo de los Martínez Helmes quería conformar una Comisión Electoral sólo con integrantes afines a ellos. Por eso no convocaron a los demás grupos, que de todos modos se enteraron y decidieron acudir. Ello se combinó con el hecho de que maestros y alumnos de la escuela de Ciencias se enteraron que también en esa sesión tratarían su problemática, y pretendieron acudir para ser escuchados en sus demandas de respeto a la elección de su director. Así, esas dos situaciones se conjuntaron, pero se encontraron con la situación de que los grupos porriles y de seguridad del Rector —comandados por el cuñado del rector, Helios Zárate Ramírez—, trataron de sellar el recinto donde se llevaría a cabo la sesión.

Ahí inició la trifulca: los asistentes alegaron, con razón, que por disposición expresa de la Ley Orgánica de la Universidad, todas las sesiones de Consejo Universitario deben ser públicas. La negativa y la reiteración a permitirles el acceso, derivó en el enfrentamiento que terminó en el hecho de que la seguridad del rector lanzó gases lacrimógenos y hubo un enfrentamiento violento, como hace mucho tiempo no se veía en la Máxima Casa de Estudios, en el desarrollo de una sesión del Consejo Universitario para la elección de una Comisión Electoral.

DOBLE DISCURSO

Esta situación puso en claro que, entre varias otras cosas, la ahora conocida como “la familia real universitaria”, es decir, el grupo de los Martínez Helmes, sigue emprendiendo acciones de desesperación para mantener un poder que no supieron alimentar con trabajo y tacto político. Evidentemente, esa sesión de Consejo Universitario bien se pudo haber llevado a cabo en otro momento, porque hasta hace relativamente poco tiempo gozaban de un consenso amplio al interior del ese órgano colegiado. Lo perdieron al empecinarse en querer heredar el poder sin limitaciones de pudor y sentido político. Y por eso hoy enfrentan una situación que está en vías de alcanzar la situación de incontrolable.

En ese sentido, la familia del rector reiteradamente exige que existan condiciones democráticas para llevar a cabo los procesos políticos de la universidad. Sólo que actos como éstos dejan en claro que el discurso se aleja cada vez más de la realidad; pues aunque exigen el cumplimiento de condiciones para una competencia electoral que quieren aparentar como equitativa, ellos pretenden tomar burdamente la delantera a sus adversarios a través de maniobras como ésta.

Evidentemente, los Martínez no han logrado su cometido, no sólo por la pluralidad de corrientes políticas dentro de la universidad, sino también por el consenso —cada vez mayor— entre sus grupos contrarios, de ya jubilar al actual grupo en el poder y darle paso a una nueva etapa en la Universidad.

RETUMBOS POLÍTICOS

Como siempre, lo que pasa en la UABJO es sintomático de lo que viene para Oaxaca. Parecen dos caras de un mismo escenario, que ojalá no se enturbie más: efervescencia, enrarecimiento, competencia feroz, intentos de albazo, reacomodos interminables. Meses álgidos le esperan a Oaxaca.

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Columna Al Margen. Autor: @ortizromeroc. Espacio para la reflexión y el análisis político. #Oaxaca #AlMargenMX.

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