+ IEEPO, un desastre que sigue sometido, y en el limbo jurídico

Si los diputados locales y el Director del IEEPO tuvieran algo de prudencia política, y vergüenza, ante los nulos resultados mostrados en el ámbito educativo, tendrían que haber evitado la comparecencia de Moisés Robles Cruz ante la LXII Legislatura. El funcionario no tenía aspecto relevante alguno que informar; y los legisladores carecen de toda legitimidad y calidad moral, política —y hasta administrativa— para exigir cuentas frente a un incumplimiento jurídico que, esencialmente, pasa por su falta de voluntad para discutir la norma estatal en materia educativa.

En efecto, si las comparecencias de funcionarios ante el Poder Legislativo tiene la falla de origen de no ofrecer la certeza de que luego de la evaluación algo mejore, en casos como el de la insistencia de los legisladores porque compareciera el Director del IEEPO en las circunstancias actuales, parece un desatino mayúsculo.

Esa obstinación multiplica las sospechas naturales de que las comparecencias sirven en realidad como mecanismos de presión y chantaje entre legisladores y funcionarios, pero además revela que hoy en día los diputados no tienen el menor pudor por mandar a comparecer al titular de una institución a la que ellos mismos no le han dado las herramientas jurídicas para transformar el estado de cosas del rubro que pretenden “evaluar”, e incluso se han dedicado a evadir toda discusión que implique la situación magisterial en el estado.

Esa es la historia recurrente de la LXII Legislatura frente al tema educativo. Ellos, de hecho, entre los pendientes que heredaron de la Legislatura anterior, se encuentra uno que es relevante: la postura institucional de la Legislatura del Estado de Oaxaca, que en su momento exigió el artículo 135 de la Constitución de la República respecto al proceso de reforma constitucional en materia educativa.

Si lo recordamos, desde principios de 2013 el Congreso del Estado debió emitir su postura respecto a la reforma constitucional federal, pero no lo hizo calculando que eso les evitaría un conflicto con la Sección 22, y que a su vez la aprobación del nuevo contenido constitucional por la mayoría de las Legislaturas estatales, haría innecesaria la emisión de una declaratoria a favor o en contra por parte del Congreso de Oaxaca. Por eso en aquel momento evitaron hacerlo. Pero hoy, casi dos años después siguen sin entrar a la discusión de esa cuestión.

Y si todo eso resulta ya de por sí grave, lo es mucho más que casi un año después de que debieran haber concluido —también por un mandato de la Constitución y las leyes de la República— el proceso de adecuación de la legislación estatal al nuevo marco federal en materia educativa, en Oaxaca aún no se haya modificado ni una coma a la legislación educativa. ¿Por qué no lo han hecho? Porque indebidamente, el Congreso y el gobierno de Oaxaca se doblegaron —el 10 de marzo de 2013— ante la presión de la Sección 22, al acceder a firmar una declaración política en la que voluntariamente se obligaban a impulsar, respaldar y aprobar sólo las normas que propusiera la Sección 22 del SNTE.

Aunque a la distancia el costo político de la firma de esa declaración política se la ha llevado el Gobernador del Estado, es evidente que sólo la mitad de ese descrédito debiera recaer sobre él, pues la otra mitad se encuentra en el Congreso, que en su momento también firmó la declaración política y permitió que su facultad soberana de legislar fuera pisoteada por la presión y el chantaje de la Sección 22 del SNTE.

ROBLES ES IRRELEVANTE

La sola lógica nos lleva a concluir que cuando en cualquier actividad los procesos no cambian, no hay razón válida para suponer que los resultados sí sean distintos. Eso es lo que pasa en el IEEPO, frente a las nuevas reglas educativas y a los “resultados” que se supone que los diputados locales le habrían ido a exigir al director Moisés Robles Cruz. Pues en esencia las reglas federales cambiaron, y por ende la federación relevó al Estado en el ejercicio de ciertas atribuciones; pero el marco jurídico-político de actuación del Director del IEEPO sigue siendo exactamente el mismo, porque el Congreso de Oaxaca no le ha restado u otorgado nuevas atribuciones.

Frente a esa realidad, era un desatino mayúsculo que los legisladores llamaran a comparecer a Robles, porque él como titular del IEEPO sigue siendo tan irrelevante e inmóvil como en su momento lo fueron Manuel Antonio Iturribarría Bolaños Cacho, o como antes lo fue Bernardo Vásquez Colmenares Guzmán… y como también lo fueron todos los demás directores que pasaron por el IEEPO sin capacidad de cambiar el rumbo de hegemonía y control total del sector educativo, que tiene desde hace más de dos décadas la Sección 22 del SNTE.

Sólo así puede entenderse que Robles haya ido a hablar de lo que todos ya sabemos: que el IEEPO es tierra de nadie; que su estado financiero es devastador; que no hay control ni siquiera sobre los rubros fundamentales relacionados con la docencia y con el manejo administrativo de la institución; y que —como siempre ha ocurrido con la Dirección del IEEPO— no puede tener el control de lo que hacen o dejan de hacer los agremiados a la Sección 22 del SNTE, ni siquiera para descontarles cuando deciden no ir a clases.

Por todo ello, queda claro que nada de esto debió ocurrir, pero que ocurrió porque los legisladores locales siguen enloquecidos y desbocados ejerciendo sin ningún control —ni prudencia, ni pudor— las facultades que la ley les da para “evaluar” a la administración pública. Ellos, por vergüenza y débito mínimo ante la ciudadanía, debieron primero hacer algún tipo de manifestación o posicionamiento relacionado con la armonización de la legislación educativa —que no han hecho— para después querer conocer qué avances ha tenido el IEEPO en los últimos doce meses.

No lo hacen, porque los diputados están convencidos que no le deben nada nadie, ni tienen por qué rendirle cuentas a nadie, y que eso incluye a la ciudadanía. El problema es que al estar dominados por sus desvaríos, no se dan cuenta que se terminan revolcando en sus propios cuestionamientos.

PF Y LAS CASETAS

Hay quienes se escandalizan, pero lo cierto es que sólo por mantener el principio de autoridad, el Estado —federación, estados y municipios— no debían permitir la toma de casetas de peaje por grupos de presión. Ese tendría que ser sólo un principio. El problema es que aquí el Estado de Derecho nos gusta sólo para lo que nos conviene.

+ El modelo, contrario a resultados de usos y costumbres

Preocupa mucho que en Oaxaca los poderes Ejecutivo y Legislativo sigan perdidos en la discusión de temas banales, y pongan tan poca atención a otros que siendo torales, siguen intactos. Uno de ellos es el de la adecuación de las normas estatales a las federales en el marco de la propuesta presidencial de la desaparición de las policías municipales, y el establecimiento de una policía estatal única en cada entidad federativa. ¿Qué perspectiva tiene el gobierno, el Congreso, y los propios Ayuntamientos, frente a un tema que no parece ser del todo útil para una entidad como la nuestra.

En efecto, a estas alturas, es evidente que el gobierno federal debe responder a una pregunta en específico ante su propuesta de unificación de las policías municipales en una sola corporación estatal, en entidades como la nuestra donde existen municipios de usos y costumbres: ¿Cómo harán transitable su reforma si dichas comunidades prefieren continuar con sus propios esquemas de seguridad? Y, sobre todo, y a la luz de las cifras, ¿bajó qué argumento desaparecerán a las policías municipales en esos municipios donde los propios indicadores revelan que sí cumplen con su cometido, y sí logran satisfacer la ansiada percepción de seguridad que no se logra en la mayoría de las regiones del país?

Pues resulta que en el marco de su plan para el rescate del Estado de Derecho, a finales de noviembre pasado el presidente Enrique Peña Nieto propuso desaparecer a las corporaciones policiacas dependientes de los municipios en México, y crear en su lugar una sola corporación policiaca estatal por cada entidad federativa. La propuesta recibió los aplausos de los presentes, quizá porque entre la concurrencia no había quien tuviera una visión distinta de la presidencial, o porque en ese momento nadie tomó en cuenta que México no es un país homogéneo, y que por eso aquí la igualdad se funda justamente en el reconocimiento constitucional de las distintas minorías étnicas que existen en el territorio nacional. Esas minorías también tienen derechos. Y es ahí donde —como lo apuntábamos en nuestra entrega del 2 de diciembre pasado— se ve el primer gran choque entre la propuesta presidencial y la realidad. ¿De qué hablamos?

De que según la propia Constitución, y las leyes federales, hoy en día la seguridad pública es una función a cargo de los tres órdenes de gobierno indistintamente. Esto significa que en las tareas relacionadas con la seguridad pública la Constitución no establece marcos de subordinación ni de sujeción de un ámbito de gobierno hacia otro, sino que establece una clara relación de coordinación entre ellos, para las distintas tareas que se establecen en la última parte del artículo 21 constitucional.

Frente a todo esto, la propuesta de crear Policías Estatales únicas y desaparecer las policías municipales, en realidad parece como la “evolución” del mando único y su consolidación en una sola fuerza. El problema es que no en todos los estados de la República existen corporaciones policiales municipales más o menos unificadas, y tampoco en todas las entidades federativas existen autoridades municipales uniformes, regidas únicamente por las normas emanadas del proceso legislativo, que no tomen en cuenta la costumbre o desarrollen su gobierno en base a sus sistemas normativos internos. Ese es el caso de Oaxaca, pero también de varias otras entidades federativas en donde el reconocimiento de sus pueblos originarios obligadamente llevaría esta discusión a otros ámbitos.

¿Cuáles? Los de la necesidad no sólo de que los Poderes Federales impongan a los pueblos determinaciones que involucren la desaparición de sus policías municipales —o de las corporaciones tradicionales de seguridad que existen en muchas comunidades, y que no son precisamente policías municipales, sino cuerpos de topiles, vigilantes, y demás—, sino que éstos tengan la posibilidad de participar en ese tipo de decisiones. Todo esto se agrava ante el hecho de que las cifras revelan que los esquemas de seguridad pública en municipios regidos por el sistema de usos y costumbres es más eficaz que los de los demás municipios en México.

LAS CIFRAS

México Evalúa (http://bit.ly/1Eng58y) ofrece algunas cifras que revelan la necesidad de que la reforma en materia de seguridad pública en municipios regidos por el sistema de usos y costumbres, pase necesariamente por la consideración de la realidad. Tomando como base a nuestro estado, hace revelaciones importantes.

Dice, por ejemplo, que a partir del análisis de cifras puede apreciarse que las mayores divergencias entre municipios con partidos políticos y de usos y costumbres están asociadas a la actividad de los cárteles de droga, específicamente, con pandillas o la venta y uso de armas de fuego. También se observa, dice México Evalúa, una menor percepción de los delitos de prostitución y secuestros en municipios de usos y costumbres. En cambio, no se ven diferencias significativas en cuanto a consumo de alcohol y drogas, robos o piratería, lo cual implica que las comunidades con usos y costumbres no están exentas de tener este tipo de problemáticas sociales.

Otro indicador revelador, es que a nivel estado no hay diferencia en las percepciones de inseguridad entre individuos de los municipios con usos y costumbres (75.3% se siente inseguro) y los regidos por partidos (75.4%). Sin embargo, a nivel de colonia, solamente un cuarto de los individuos que viven en municipios de usos y costumbres (25.1%) se sienten inseguros, mientras que esa proporción es de dos quintas partes (42.6%) en los regidos por partidos. Conforme más se extiende la jurisdicción política, más inseguros se sienten los oaxaqueños regidos bajo el sistema de usos y costumbres.

LECCIÓN INATENDIDA

Una de las conclusiones más notables a las que llega México Evalúa con este análisis realizado en Oaxaca, es que la labor policial en los municipios regidos por usos y costumbres ha permitido que las conductas delictivas relacionadas con el narcotráfico sean mucho menos frecuentes y los ciudadanos se sientan más seguros. Los cuerpos policiales municipales de usos y costumbres, con su enorme complejidad, diversidad y presuntamente debilidad, pueden ofrecer lecciones importantes sobre cómo crear una comunidad política, una República, donde nos sintamos más seguros y confiados de nuestra policía. El pequeño gran problema es que esta discusión simplemente no existe en la escena pública de nuestro estado.

+ Juego perverso, tomar sólo la mitad de los problemas 

Si la toma del zócalo por ambulantes, auspiciados por la Sección 22, es en sí misma una desgracia, lo es mucho más que el gobierno federal —que es el nuevo negociador e interlocutor con el magisterio— no asuma la responsabilidad de enfrentar este problema y todos los demás que siguen congelados en su ruta negociadora. Reiteradamente, la Secretaría de Gobernación se ha ufanado de ser la nueva conductora de la relación con la CNTE; pero parece que sólo lo ha hecho a medias, en lo que le preocupa, y con una enorme indolencia respecto a todos los oaxaqueños.

En efecto, es público y notorio que hoy la relación con el magisterio democrático la lleva el gobierno federal, y que el centro de esa relación se encuentra en los salarios como herramienta de negociación frente a sus movilizaciones. Concretamente, la Secretaría de Gobernación estableció una ruta negociadora con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que lo que busca evitar es que sus movilizaciones vuelvan a llegar a la Ciudad de México, o se enreden —todavía más— con los problemas políticos que existen en Michoacán y Guerrero, y particularmente con el de los normalistas desaparecidos.

Ese “interés” del gobierno federal por conducir la relación con la Sección 22, y por cumplirle todas sus exigencias —incluidos sus caprichos—, es lo que explica que en mesas de negociación haya decidido darle todas las concesiones que ellos exigían: la garantía de sus salarios íntegros, el establecimiento de un mecanismo enredado y burocrático que desalienta la posibilidad de que se les descuenten salarios cuando incumplen sus deberes, y sobre todo la inclusión de alrededor de 14 mil “trabajadores” en la nómina magisterial federal, que hasta hace unos meses no existían pero que aparecieron por decisión política de la CNTE —porque constituye la subsistencia de su primera línea de movilización política y choque.

Una de las cuestiones que hasta hoy no ha quedado del todo clara —no al menos en Oaxaca— es a cambio de qué, el gobierno federal le extendió un cheque en blanco al magisterio democrático de nuestra entidad. Pues parece —y así lo hemos apuntado en este espacio— una claudicación total del Estado mexicano en la implementación de la reforma educativa, el hecho de que contra todas sus promesas de aplicar la ley, le haya decidido dar todo a los democráticos, e incluso prometerles que a ellos los dejará fuera de la reforma educativa.

La lógica, en este sentido, nos lleva a pensar que el gobierno federal decidió negociar con la CNTE y la Sección 22 en base a su propia agenda política y de riesgos, y que en base a ella vio como una salida “aceptable” acordar con el magisterio la contención de sus inconformidades en el ámbito local de Oaxaca, para evitar que éstas se enredaran de más con las de otros conflictos políticos paralelos al magisterial, y provocaran un coctel nocivo para la gobernabilidad y la estabilidad del gobierno federal.

El problema es que esta agenda no sólo no parece tomar en cuenta interés alguno a favor de Oaxaca, sino que de hecho lo que parece estar haciendo es intentar sepultar o arrinconar el movimiento magisterial en nuestra entidad, para que ahí se desfogue y se contenga al mismo tiempo, evitando las mezclas y “contaminaciones” con otros líos en un año electoral como 2015.

Esta parece una decisión pragmática, y quizá hasta eficaz, aunque sólo en el corto —cortísimo— plazo. ¿Por qué? Porque la lógica del magisterio en sus negociaciones siempre es la de ir adelante. Por eso en un año posterior no se permite acordar un pacto a cambio de menos de lo que recibió el año previo. Por eso sus pactos políticos son siempre perecederos en el corto plazo. Y por eso la idea de darles todo siempre resulta un mal negocio, porque el magisterio nunca puede ver sus logros como hazañas sino como actos de justicia que no alcanzan a revindicar sus causas.

Por eso si el gobierno federal pactó con la 22 la inaplicación de la reforma educativa y el sostenimiento de sus privilegios, a cambio de no perturbar más la gobernabilidad y la estabilidad del régimen presidencial a lo largo de 2015, quizá en el corto plazo esté resolviendo un problema, aunque a costa de perjudicar profundamente a Oaxaca, y de abrir un frente mayor (en su propio perjuicio) para los años siguientes.

EL ZÓCALO, SÍMBOLO DE INDOLENCIA

Ayer, frente a la nueva ocupación del zócalo citadino, el presidente Municipal, Javier Villacaña Jiménez, anunció que buscaría a los interlocutores necesarios para poder despejar el área. Remarcó —y eso es algo muy importante— que este no es un problema de ambulantaje sino un asunto político que necesita ser resuelto por los tres ámbitos de gobierno en conjunto. Sólo que ese llamado no encontró eco ni en el Gobierno del Estado —que en los hechos está completamente rebasado—, y mucho menos en el gobierno federal, al que le interesa que el magisterio no le provoque líos “nacionales” aunque esto implique la destrucción de Oaxaca.

La cuestión es bastante compleja, porque la Sección 22 ya mostró sus cartas: aceptó todos los beneficios y prebendas que le dio Gobernación, pero anunció que mantendrá su plantón rotativo en el Centro Histórico de Oaxaca, que abonaría al regreso de los ambulantes como elemento de “cobertura” a su plantón; y que incluso hoy lunes llevaría a cabo nuevas acciones masivas de protesta. Esto significa que buscarán sostener el ritmo de sus movilizaciones aquí en Oaxaca, a cambio de no ir a la Ciudad de México.

Lo trágico es que, en estas circunstancias, es inútil lo que los gobiernos municipal y estatal puedan hacer, porque este es un tema federal, en el que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está sacrificando a Oaxaca a la vista de todos. Ya demostró que no le importó poner la gobernabilidad estatal como moneda de cambio para sus intereses. Y con su silencio y su desinterés por atender la problemática local que trae aparejada su negociación nacional con la Sección 22, lo que demuestra es que —una vez más— lo que menos le importa es qué pase con nuestra ciudad.

LOS POZOLEROS

Estamos en las semanas de la “informitis”. A todos les da por informar algo, aunque sean los logros de otros. ¿Habrá hablado el senador tuxtepecano del PRI de la relación de él y su grupo político con los temidos “pozoleros” de la Sección 22? Porque si algo ha hecho por Oaxaca, eso ha sido abonar a sus problemas.

+ PGJE, PGR y Policía Estatal callan ante ilegalidad

La comparecencia ante el Congreso del Estado del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alberto Esteva Salinas, revivió varias de las cuestiones que siguen pendientes de ser respondidas, y que el olvido parece que está a punto de perdonar. Los diputados le cuestionaron su insensibilidad e incapacidad para enfrentar los problemas que tiene la dependencia que encabeza, y los problemas que provocó con los policías. Pero a Esteva nadie le preguntó qué pasó con las órdenes de aprehensión que tenía pendientes, y tampoco cómo logró conseguir una nueva carta de antecedentes penales distinta a la que inicialmente se le había extendido.
En efecto, ni los coyunturales ni los de fondo son temas menores. Ayer durante su comparecencia ante la LXII Legislatura, Esteva fue duramente increpado por los diputados locales, quienes abiertamente lo invitaron a que renunciara a su cargo. Lejos de cualquier defensa, todos le reprocharon su incapacidad para enfrentar, manejar y resolver las diferencias que tiene con un grupo importante de elementos de la Policía Estatal, y para asumir el mando policiaco que se supone que debiera tener, y que por razón de esos mismos conflictos hoy se encuentra depositada de facto en la Secretaría General de Gobierno.
Por si eso no fuera suficiente, al recinto legislativo entraron a protestar elementos de la Policía Estatal que aseguraron no haber recibido aún ninguno de los beneficios pactados desde septiembre pasado con la SSP para levantar su plantón. Los elementos, que forcejearon con la seguridad del Congreso, hicieron su manifestación y luego continuaron viendo la comparecencia como si nada ocurriera.
Este hecho es llamativo porque resulta que hoy los elementos estatales que fueron a protestar, son los mismos que consiguieron que Esteva no pudiera ingresar, desde aquel entonces, al Cuartel General de la Policía Estatal, al que hoy sólo puede acceder el Comisionado. En ese contexto, que los elementos le fueran a protestar al propio Congreso es una muestra de la falta de control y capacidad política que tiene Esteva para manejar una situación como esa.
Todo esto provocó lo que bien podría calificarse como una “tormenta perfecta”. Esteva no pudo defender las cifras sobre la inseguridad, y lo más acertado que alcanzó a decir es que hay otras entidades que enfrentan problemas de delincuencia mayores a los de nuestro estado. Poco o nada pudo decir frente a los señalamientos por el crecimiento de las cifras de secuestro, homicidios dolosos, extorsiones y varios otros de los que diariamente se duele la ciudadanía oaxaqueña, y de la que los diputados fueron portavoces.
Por eso, si en la coyuntura Esteva salió pésimamente librado —a estas alturas es impresentable, y sólo se sostiene en el cargo por una decisión política de mantenerlo ahí— nadie se acordó de preguntarle qué ocurrió con uno de los temas cruciales relacionados con su arribo a la SSP, y que tiene que ver con su famosa carta de antecedentes penales, que luego simplemente le corrigieron como si fuera una simple carta de presentación.

EL MISTERIO DE LA CARTA
Con fecha 27 de diciembre de 2013, la propia SSP, a través de la Dirección Jurídica y mediante oficio número SSP/PE/DJ/23860/2013, hizo saber que Esteva tenía una carta de antecedentes penales. Ese fue el documento que conocieron inicialmente los diputados locales, justo el día en que Esteva había acudido al Congreso —ya con el nombramiento del Gobernador en la mano— para cumplir con el requisito constitucional de la ratificación en su cargo.
“Se encontró —decía ese primer documento, cuya copia aún hoy puede ser fácilmente consultada y ubicada en internet—: Orden de aprehensión emitida el 6 de mayo de 2003 en el proceso 151, por violación a la ley de Amparo y orden de Aprehensión en el proceso 29 del Juzgado 7º Penal del Reclusorio Norte, con estatus vigentes a ejecutar por la Procuraduría General de la República”, se leía en el oficio, firmado por el comisionado Roberto César Alfaro Cruz.
La supuesta filtración de ese documento, fue la razón para que el Gobernador cesara a Alfaro Cruz. El Comisionado de la Policía Estatal fue sustituido —al día siguiente de la difusión de los antecedentes penales de Esteva— por Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla; y hace poco más de un año, el lunes 30 de diciembre de 2013, Esteva fue ratificado por el Congreso de Oaxaca, al presentar una nueva carta de no antecedentes penales, firmada por el nuevo funcionario y sin los hechos delictivos mencionados en el oficio.
Hoy, frente a todo eso, no están de más algunas preguntas: ¿Qué pasó con las órdenes de aprehensión que se supone que estaban pendientes de cumplimentar?; si Esteva es un hombre apegado a la ley, ¿cómo consiguió que Plataforma México, y los demás archivos que se consultan para conocer si una persona tiene o no antecedentes penales, pudieran modificar sus datos de forma tan rápida?; si no fue así, ¿entonces le expidieron un documento con datos falsos sólo para salvarlo de la situación y asegurarle su arribo al cargo?
Los diputados, y la sociedad, debían hoy estar preocupados por conocer cuál fue la historia real detrás de la eficientísima corrección de datos que logró Alberto Esteva Salinas, y si en ello hubo apego a la ley o se cometieron delitos. De esto debía dar cuenta la PGR, la PGJE, y el mismo Comisionado Víctor Alonso, que hoy podría estar encubriendo ese conjunto de hechos, por un erróneo sentido de la institucionalidad hacia su cargo y hacia sus superiores jerárquicos. Sobre todo esto no ha habido una sola referencia. Pero debiera ser uno de los temas cruciales sobre el cuestionado titular de la SSP en Oaxaca.

LAS FOTOMULTAS
El programa de las llamadas fotomultas impulsado por el Ayuntamiento citadino, no parece un proyecto ideado para utilidad de las finanzas públicas —estatales y municipales— en Oaxaca. ¿Por qué? Porque aquí, por razón del elevado costo de la tenencia, circulan más vehículos con placas foráneas, que locales. Si la fotomulta sólo podrá aplicar para las placas de Oaxaca —porque la multa se enviará por correo al domicilio registrado al momento de la expedición de la lámina—, entonces el programa no parece tan atractivo como forma de recaudación y control del tránsito, y más bien es una invitación abierta a que haya más (aún más) fuga de contribuyentes de las arcas estatales, hacia los atractivos subsidios y las placas de otras entidades, a las que no les podrían aplicar las sanciones de la fotomulta.

+ Reto de SEP: sujetar protestas a lo que dice la ley

Bravucones, los integrantes de la Sección 22 del SNTE señalan categóricos que no permitirán que por movilizaciones como la de ayer miércoles —en la que pararon las actividades en las 14 mil escuelas de la entidad— no permitirán que la SEP les aplique los descuentos correspondientes por el día de inasistencia a sus centros laborales. Frente a esto, la autoridad educativa federal tiene dos retos: por un lado, demostrar que —como lo dice— aplicará cada una de las nuevas reglas establecidas en la reforma educativa; y, por el otro, lograr que los maestros ajusten sus inconformidades a las formas y mecanismos que establece la ley.
En efecto, ayer los integrantes de la Sección 22 llevaron a cabo un paro general de labores en el marco de lo que ellos mismos denominaron como “Primera jornada nacional de lucha de la CNTE en 2015”, y que consistía, según la convocatoria, en la “liberación” de casetas, toma de gasolineras, aeropuerto, transnacionales y la terminal de autobuses. El vocero de la 22, Mohamed Otaqui dijo que a pesar de estas acciones, la SEP no aplicará descuentos porque las mesas de negociación continúan, por lo cual los aspectos de esta ley (la reforma educativa) quedan sin efecto para esta entidad.
Esto significa, en términos sencillos, que las protestas de la Sección 22 continuarán obedeciendo a una lógica eminentemente política; y que el magisterio no tiene ninguna disposición para ajustar sus inconformidades a la ley, y tampoco permitirán los efectos que debiera tener el abandonar todos, todas las aulas, por uno o varios días para realizar movilizaciones o marchas, simplemente porque ellos —y quizá esa sea la realidad— asumen que la reforma educativa no se aplicará en Oaxaca.
Y es que parece que los oaxaqueños ya lo olvidamos por completo, pero en un verdadero Estado de Derecho los maestros tendrían plenamente justificados sus paros de labores siempre que se tomaran el tiempo de ajustar su calendario político a lo que marca la ley. ¿De qué hablamos?
De que la Sección 22 tiene la “costumbre” —permitida por todos los gobiernos desde hace décadas— de realizar sus movilizaciones y abandonar las aulas sin padecer consecuencia alguna. Las razones y las “autorizaciones” que reciben para cumplir su calendario de movilizaciones y protestas, han sido históricamente de tipo político, en el mejor de los casos.
En todos los demás, el magisterio ha asumido a plenitud que ellos tienen superioridad numérica frente al gobierno, y que su disciplina y capacidad de movilización es suficiente para no pedir ningún tipo de autorización a la autoridad para realizar sus protestas, y tampoco dar pie a que la autoridad cumpla su deber de aplicar las sanciones que corresponderían en derecho a quienes faltan a laborar a sus centros de trabajo.
Así, lo que históricamente hemos visto es que los profesores lo mismo paran sus labores un día para realizar una marcha, movilizaciones o una simple reunión sindical, que semanas completas para llevar a cabo plantones, movilizaciones en Oaxaca y la Ciudad de México, o simplemente paros indefinidos de labores en protesta por la resistencia de la autoridad a cumplir alguna de sus demandas.
¿Dónde queda entonces la ley? Es lo que muchos nos hemos preguntado desde hace tiempo; pero ahora mucho más frente a la nueva legislación en materia educativa que se supone que normaría todo esto que hacen los maestros para alejarse de sus deberes.

DERECHOS Y DEBERES
Es indiscutible el derecho que tienen los profesores, y todas las personas, para protestar por lo que consideran que les afecta o agravia. El de la protesta es un derecho constitucionalmente consagrado, que no tiene más límites que el del uso de la violencia como amenaza a la autoridad para que lleve a cabo lo que los manifestantes exigen.
No obstante, no se debe confundir ese derecho a la protesta, con otras prerrogativas y deberes que tienen los integrantes de la Sección 22 y todos los mexicanos, que no pueden eludir por el simple hecho de pertenecer a un gremio multitudinario, y que tampoco se debiera seguir utilizando como sustituto de las reglas que rigen la relación laboral, y la negociación de condiciones de trabajo y salario, entre trabajadores y patrones.
Hablamos, en concreto, de las reglas que debieran regir la huelga, por ejemplo, para cuando los maestros quisieran exigirle a su patrón —el gobierno federal o estatal, según fuere el caso— el cumplimiento de demandas laborales legítimas. Tan hemos olvidado que esto debería ser el marco de referencia para las acciones gremiales del magisterio, que por eso ya nunca lo consideramos como parte de la discusión entre lo que los maestros exigen y el gobierno otorga.
Aquí, por ejemplo, es tradición que el magisterio entrega su pliego petitorio al gobierno estatal en su tradicional marcha del 1 de mayo, y que a partir del día 15 del mismo mes se dice listo para recibir una respuesta. El gobierno responde y negocia con el sindicato, pero en una mesa de diálogo político y no siguiendo, en ninguna de sus fases, las reglas del emplazamiento, la negociación y el estallamiento de huelga que establecen las leyes laborales vigentes, independientemente de que aunado a ello pudiera existir un mecanismo específico en las leyes que rigen la relación laboral entre los profesores y el Estado.
Nada de esto se realiza, porque todo se hace a través de un manejo político. Esta tradición fue establecida desde que surgió el movimiento magisterial, y por eso las discusiones de los pliegos petitorios y el cumplimiento de las demandas salariales o de condiciones de trabajo —y hasta políticas— pasa por los requisitos naturales de todo patrón que negocia con un sindicato legítimo que cuenta con una mayoría reconocida y la legitimación por parte de las autoridades laborales.

EL RETO DE LA SEP
Y aunque pareciera que se pide un imposible al tratar de ubicar el derecho del trabajo como marco referencial para las protestas de la Sección 22, es claro que si el gobierno federal quiere marcar una diferencia y dejar constancia de que se aplica la reforma educativa, tendría que comenzar a orillar al magisterio a que proteste en el marco de la ley, a que exija según las reglas establecidas para todos los trabajadores, los sindicatos y los patrones, y que aplique sanciones cuando no se realicen las manifestaciones conforme a esos principios.

+ En Oaxaca no afecta la crisis, sino los intereses locales

Contrario a lo que pudiera pensarse, en Oaxaca la izquierda no está en crisis. En la entidad, ni el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ni el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tienen otra cosa de qué preocuparse, más que de negociar correctamente sus intereses con el régimen gobernante. Es una paradoja de la transición democrática, pero aquí parece que no importan las crisis políticas ni los escándalos mediáticos, e incluso tampoco lo que la opinión pública diga. Aquí las elecciones se resuelven con ingeniería electoral, que el régimen —a pesar de su aparente puritanismo— ha demostrado que sabe operar muy bien.
En efecto, en los últimos meses hemos visto cómo la izquierda en México se derrumbó. La combinación de factores que ocurrió en Guerrero con los normalistas desaparecidos, tiró de inmediato al gobernador Ángel Aguirre Rivero, pero justo detrás de él hizo sucumbir a los partidos de izquierda.
Razones hubo de sobra: en el lado del PRD, éste partido intentó negociar con el régimen presidencial la continuidad de Aguirre en la gubernatura a pesar del escándalo y de las evidencias de su colusión con el crimen organizado. Por si esto fuera poco, pronto salieron a la luz las intenciones perredistas de impulsar al edil de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, como candidatos a una diputación federal, y a la alcaldía de Iguala, respectivamente. Ante las evidencias, la puesta en evidencia, y el escándalo, el PRD reculó y se escondió de una crisis en la que lo primero que quedó demostrado es que tiene hoy más vínculos con la criminalidad que con los ciudadanos.
Algo más o menos similar pasó con Morena, de Andrés Manuel López Obrador. Casi inmediatamente de desatado el escándalo por los desaparecidos, salieron a relucir los vínculos entre Lázaro Mazón —secretario de Salud del gobierno de Aguirre— con Abarca, y la relación política de ambos con AMLO. Contra todo lo que pudiera esperarse, el tabasqueño no se deslindó públicamente de Abarca sino hasta varias semanas después, cuando éste ya se encontraba desaparecido. Y de Mazón —que también es señalado por tener vínculos con la delincuencia organizada en Guerrero— AMLO nunca se deslindó, aún cuando el propio peso del escándalo público propició que éste se separara de su cargo en el gobierno guerrerense, incluso antes de que Ángel Aguirre dejara la gubernatura.
Todo esto generó una expectativa, que es la peor para la izquierda: en la gran mayoría de las entidades del país comenzó a sospecharse —y luego se constató a partir del resultado de las encuestas realizadas después del mes de septiembre de 2014— que la izquierda en el país tendría una caída estrepitosa. Las razones son visibles: Morena y el PRD quedaron en medio del escándalo de los desaparecidos, de la colusión entre la delincuencia y la política, y de la insistencia por postular a personajes impresentables lo mismo por ser ineptos que corruptos; o por tener estas dos “cualidades”, además de la de ser al mismo tiempo autoridad y capo criminal.
Todo esto tiene en vilo al PRD y Morena que, juntos, hicieron quedar muy mal parada a la izquierda en México. Esta circunstancia, por ejemplo, es la que en parte orilló al senador Armando Ríos Piter, a declinar la candidatura perredista al gobierno de Guerrero —lo cual hizo en medio de otro escándalo por acusar al perredismo de querer obligarlo a trabar un pacto de protección para el gobernador con licencia Aguirre Rivero—; y es lo mismo que está provocando que en todo el país se reconsidere el potencial castigo que hoy pudieran tener los partidos de izquierda frente a esos escándalos.
Hay quien habla ya del triunfo del abstencionismo, o la masificación del voto nulo en los comicios de junio próximo, ante la incapacidad del PRI y PAN por sostener —al igual que la izquierda— su legitimidad ante los electores. Pero, ¿esa realidad (o apariencia bien fundada) nacional, será la misma que en Oaxaca?

EL CASO LOCAL
Antes de que ocurriera todo el escándalo por los desaparecidos y por el descrédito que hoy pesa sobre la izquierda en el país, en Oaxaca ya era visible que el futuro de la izquierda estaría determinado en gran medida por los intereses del régimen. Ya hace varios meses, apuntábamos (ver Al Margen 11.09.2014) que en los cálculos estatales debía considerarse esencialmente la dirección hacia donde el régimen gobernante decidiera orientar el trabajo electoral que, según ha demostrado en los últimos procesos electorales en los que ha barrido al PRI en la entidad, sabe hacer muy bien.
La cuestión concreta se ubicaba desde entonces en si el Gobierno del Estado asumiría que sus lealtades e intereses principales deben seguir concentradas en el PRD, o si es el momento en el que Gabino Cué debía retribuir a AMLO el respaldo político que éste le dio por mucho tiempo para la construcción de su proyecto político. Hoy sabemos que, a la par de ello, se encuentran los intereses del régimen por construir su propia trascendencia política en Oaxaca, y por comenzar a blindar a personajes clave del régimen estatal, construyéndoles una ruta hacia las diputaciones federales.
Hoy todo esto está a la vista. A finales del año pasado, el régimen tomó el control del PRD a través de Carol Antonio Altamirano, no sólo para garantizar la lealtad hacia el régimen saliente sino también para generar el escenario electoral del perredismo en la entidad; y siempre se vio que Morena sería el partido de las lealtades del régimen al haberse integrado únicamente con personajes incondicionales de AMLO como Salomón Jara, y con la anuencia de varias de las tribus perredistas que transfirieron parte de su representación al nuevo partido.

¿Y LOS ELECTORES?
Con toda esa combinación de factores, por supuesto, nadie le apuesta la simpatía de los ciudadanos, al voto razonado o mucho menos al libre albedrío para que cada quien decida su voto. Aquí a lo que se está apostando es a un triunfo robusto de la izquierda, sin importar todos los negros antecedentes nacionales de la izquierda. ¿Cómo? A través de la movilización, de la ingeniería electoral y de las prácticas que ya conocen bien para ganar elecciones. Lo que está en juego es la trascendencia del régimen. Y frente a la debilidad común del perredismo y Morena, la fortaleza del régimen es un respiro que estarán dispuestos a compartir a cambio de ceder una, varias o todas las candidaturas en los comicios venideros.

Las normas, intrincadas; instituciones débiles

Aunque la Auditoría Superior del Estado (ASE) dice que el número de auditorías y recursos revisados a los Ayuntamientos oaxaqueños constituyen una cifra sin precedentes, en realidad la sociedad oaxaqueña debiera estar preocupada. No se trata sólo de los ediles corruptos que para impedir la revisión de sus actos, esconden, sustraen y destruyen los archivos municipales, sino sobre todo de que la ciudadanía exige honestidad y castigo a la corrupción pero a cambio de ello el Estado le ofrece normas inoperantes e instituciones incapaces de cumplir con esa misión. Ese es el caso oaxaqueño.
En efecto, en su portada de ayer lunes TIEMPO daba cuenta de dos notas relacionadas con este tema. En la primera de ellas, la principal, informaba que la ASE detectó que al revisar el ejercicio 2013 de los municipios de la entidad, un total de 232 ex presidentes municipales robaron documentos comprobatorios y contables por más de 4 mil millones de pesos para evadir la rendición de cuentas sobre su ejercicio.
En la otra, daba cuenta que al ex edil de la capital, Luis Ugartechea, la propia Auditoría le observaría un monto de hasta 300 millones de pesos por irregularidades cometidas sólo en el ejercicio 2013. Aunque es una buena noticia que la ASE esté intentando castigar a las ex autoridades corruptas, no lo es tanto que intente hacerlo en condiciones tan estructuralmente adversas. Los oaxaqueños debiéramos exigir cambios de fondo en algunas cuestiones, que saltan a la vista, y que vale la pena revisar.
Primero, al informar sobre el programa anual de auditorías del ejercicio 2013, la ASE afirmó que logró realizar 105 auditorías a igual número de municipios, los cuales en conjunto ejercieron alrededor de 5 mil millones de pesos de un total de 13 mil 287.9 millones de pesos, que recibieron los municipios del Estado y la Federación para su funcionamiento. En términos de cobertura, dice la ASE, la fiscalización correspondiente a este informe abarcó el 38 por ciento de los recursos y el 18 por ciento en cuanto al número de municipios.
Según la ASE, esto significa un hecho “sin precedentes en la historia de Oaxaca”… que en realidad no debiera tenernos tan contentos. ¿Por qué? Porque sólo basta ver las cifras antes citadas en una perspectiva distinta: si en la entidad hay más de 630 entes —entre dependencias del gobierno estatal, municipios, paraestatales y organismos autónomos— que reciben recursos públicos para su funcionamiento, entonces tendría que ser deber del órgano fiscalizador, auditar todos los años el funcionamiento de cada uno de esos entes.
Eso es lo que marca la lógica. ¿Por qué no ocurre? Porque en los hechos, el Estado oaxaqueño —los Tres Poderes— no ha tenido la disposición suficiente de dotar a la Auditoría Superior de los recursos económicos necesarios para cumplir con ese cometido. Por esa razón, la ASE debe circunscribirse a hacer una especie de sorteo o insaculación de los entes a los que va a auditar, y a establecer “reglas” a partir de las cuales lleva a cabo revisiones o a los entes que tienen un gasto público anual superior a cierto parámetro, o a los que enfrentan reiteradas denuncias sobre corrupción, o los que realizaron obras o acciones que requieren una especial atención.
Sin embargo, al final lo único que queda claro es que a la ASE no le alcanzan sus recursos —y los periodos marcados por la ley— para poder auditar a todas las dependencias gubernamentales estatales y municipales que manejan recursos públicos, y que sí debieran estar sometidas a un proceso permanente de revisión de su actividad y el manejo de su presupuesto.
Incluso, teniendo como marco de referencia lo dicho en líneas anteriores, resulta una pésima noticia que en una entidad en la que se transfieren 13 mil millones de pesos a los municipios sólo se hayan podido revisar alrededor de 5 mil. Esto es apenas alrededor de dos quintas partes del presupuesto total ejercido, lo que implica que en los 8 mil millones de pesos que se quedaron sin revisar pudo también haber ocurrido todo tipo de quebrantos que fueron tácitamente aceptados y “perdonados” por la ley y las instituciones. Esto debiera tenernos verdaderamente indignados.

LIMITANTES DE LA LEY
Podría ser tomado como una buena noticia que el año pasado se realizaron 110 auditorías. El problema es que los otros 520 entes auditables en el Estado se quedaron fuera de toda revisión, y no sólo eso: como dos de los principios que rige a la fiscalización superior son los de anualidad y posterioridad, ello significa que lo que no se revisó en 2014 del ejercicio anterior, ya no podrá ser revisado.
Esta es una especie de “bendición”  de impunidad para todos los que cometen actos de corrupción, y tienen el beneficio de no haber sido alcanzado por las revisiones de la Auditoría. E incluso, quienes sí son revisados y se les encuentran irregularidades, todavía tienen la posibilidad de solventar la aplicación o ejercicio de recursos que fue irregular, y una vez que esto queda saldado todavía tienen varias oportunidades para defenderse antes de que se les llegue a determinar una responsabilidad firme.
No es raro escuchar a personas que dicen que de todos modos la fiscalización es un gasto oneroso que no lleva a nada, porque sostienen que menos del cinco por ciento de las ex autoridades puede ser procesada a partir de los actos de corrupción o desvíos que se les comprueban. Incluso sostienen que a pesar de todo pueden dormir tranquilos. ¿Por qué pasa eso?
La respuesta está en que la ASE sólo puede determinar el quebranto e imponer sanciones administrativas y económicas; pero para que un acto de corrupción pueda ser castigado con penas corporales (prisión), las revisiones de la ASE deben ser sometidas a la consideración del Ministerio Público, que es quien debe integrar los datos en una averiguación previa. Este es otro problema porque no siempre los Agentes del Ministerio Público tienen el grado de especialización suficiente como para consignar su averiguación ante un juez, y que éste libre las órdenes de aprehensión para sujetar a las ex autoridades a un proceso penal.

¿LÍO SIN REMEDIO?
Hay quien, demagógicamente, dice que la solución a esto es darle más facultades a la ASE. En realidad, lo que debiera haber es voluntad por parte de los Poderes del Estado para dotar al órgano fiscalizador de fuerza institucional y capacidad presupuestal para cumplir con sus funciones. No lo hace, porque no quiere un ente fiscalizador robusto. Y eso lo termina haciendo cómplice de los corruptos.

Gobierno evade y espera que la solución llegue sola

Una pregunta que sigue latente en el panorama local y nacional, es qué rumbo lleva el movimiento popular que, se supone, encabeza —y debiera encauzar— la inconformidad nacional. A diferencia del pasado, la apuesta del gobierno federal es únicamente la de apostar a que la crisis se diluya por el solo paso del tiempo, y que al final sea la dinámica y los problemas cotidianos los que permitan “superar” la crisis de los desaparecidos. Esta es una apuesta tibia frente a un país en el que sólo el gobierno no entiende que Ayotzinapa no fue la causa de fondo, sino el detonante de un conjunto de situaciones que ya estaban ahí.
En efecto, en los últimos meses hemos visto cómo el gobierno federal comienza a claudicar en todas sus posiciones políticas. El Pacto por México, por ejemplo, fue ideado como un instrumento político que le diera cauce a las reformas. Era, en esencia, un pacto entre partidos para hacer funcionar al Poder Legislativo en ciertos temas. Y una vez que el acuerdo fue firme, entonces se le dotó de contenido político, intelectual y hasta ideológico. El producto del Pacto fueron las reformas educativa, política, de telecomunicaciones, fiscal, energética y de transparencia. Todo eso salió a pedir de boca. Sin embargo, esa misma situación habría que verla hoy a la luz de la crisis.
El resultado de esa visión nos llevaría irremediablemente a corroborar que el gobierno hizo muy bien su trabajo en esa primera parte de las reformas, pero que lo está haciendo mal en el proceso de la implementación. La muestra de ese fracaso es la puesta en marcha de las nuevas reglas en materia de educación. El gobierno federal anunció que se acabarían todos los vicios y cuestionamientos sobre el manejo administrativo de la educación. Pero a la vuelta de un año (y teniendo como marco la crisis de los desaparecidos, su pérdida de legitimidad, y la intensificación de las movilizaciones magisteriales) terminó pactando con sus adversarios para inaplicar la reforma en varios estados de la república.
¿Qué significa esto? En términos sencillos, es la claudicación de la reforma educativa, pero en medio de un escenario que es mucho más complejo. El gobierno federal, en realidad, intentó quitarse de en medio a uno de los principales protagonistas de las protestas por los desaparecidos en Iguala. El problema es que el costo que pagará el gobierno por equivocarse de grupo y de solución, será particularmente alto no sólo para ellos sino para el país.
Las razones están a la vista: pactar con la CNTE la inaplicación de la reforma educativa no resuelve las demandas del magisterio disidente del sureste del país; del mismo modo, ese pacto no va a generar desmovilización porque las causas de los maestros de la CNTE y la de los desaparecidos formalmente no son las mismas; este fue un pacto a favor de la nada porque pactar con la CNTE no significa que ésta se convierta en aliada del gobierno federal, o que vaya a generar un ambiente de concordia entre el gobierno y los grupos que protestan en su contra.
A lo mucho, lo que va a pasar es que habrá un periodo relativamente corto de paz, y que después todo regresará a la misma situación de siempre: un magisterio pujante, eternamente inconforme, exigente de respuestas y soluciones que el gobierno no le podrá dar, y dispuesto a continuar eternamente en la movilización como forma de presión —y de evasión— para no cumplir con las responsabilidades para las que fueron contratados.

LA CRISIS DE FONDO
El gobierno federal no conseguirá nada pactando con la CNTE, porque la Coordinadora no es representativa de un sector amplio de la población, sino que junto con sus causas legítimas tienen también muchos intereses económicos, políticos y gremiales que los hacen ser frontales en sus métodos de lucha. Son, en buena medida, oportunistas que están aprovechando una crisis que tiene mucho más de fondo. ¿Cuál es?
La crisis de fondo no tiene que ver sólo con los desaparecidos. De hecho, Ayotzinapa no constituye el fondo de la inconformidad nacional, sino más bien fue el detonante de una inconformidad que no solamente incluye el rechazo a los excesos de la fuerza pública o a su responsabilidad por la violencia en el país, sino que también pasa por el prolongado periodo de crisis económica que ha padecido la población, aderezado por la pobreza y marginación crecientes, y las pocas expectativas de que algo distinto ocurra en los próximos meses, o años, para aliviar esa situación.
El problema es que la inconformidad corre en dos bandas que parecen ser paralelas y distantes, pero que fácilmente pueden confundirse. En una de las bandas está la inconformidad liderada por la CNTE y otras organizaciones, que envueltos en la bandera de los desaparecidos y la violencia en el país, están yendo a negociar con Gobernación la satisfacción de sus propias demandas. El ejemplo perfecto de ello es la Coordinadora, que ya fue a pactar sus necesidades a cambio de desmovilizarse, como si ellos aglutinaran a la conciencia nacional o fueran representantes genuinos del movimiento popular.
En la otra banda se encuentra la gente, que está legítimamente indignada, y que exige cambios. A raíz de los desaparecidos ha habido todo tipo de manifestaciones de rechazo a la violencia, y de exigencia de justicia, y la presentación con vida de los desaparecidos. El problema es que esa gente inconforme se diluye frente a los grupos organizados, e incluso rechaza ser confundida como simpatizante de la Coordinadora o alguno de los otros grupos que están abrazando la protesta para satisfacer sus propios intereses.
Al final, el gobierno se está equivocando porque apuesta a pactar con los primeros, y desoír a los segundos. Esto significa que el gobierno federal pactará lo que sea necesario con todos los grupos que le están haciendo presión hoy en día, y resolverá sus problemas de corto plazo, aunque en la perspectiva amplia esto constituya la claudicación en la voluntad de cambio. Lo preocupante es que con esta solución los problemas seguirán ahí, latentes, y quizá haya que esperar un nuevo detonante para ver si entonces las cosas cambian.

LOS DISTRACTORES
El gobierno federal le apuesta a que la gente olvide. Sí, por eso el Presidente no anunció grandes cambios y tampoco pretende ir a fondo para combatir la corrupción y los excesos institucionales. Más bien esperan que las elecciones y los problemas cotidianos diluyan la inconformidad y hagan que la población regrese a donde estaba antes de Ayotzinapa. Se equivocan. Pero esa es su apuesta.

+ El mal ejemplo ahora será la constante de grupos

El arreglo al que llegó —en nombre del gobierno federal— el subsecretario de Gobernación Luis Miranda, con la Sección 22 del SNTE, no sólo implica la claudicación federal respecto a la reforma educativa, sino que constituye una pauta ominosa para que a partir de ahora todos los grupos de presión busquen satisfacer sus intereses por la vía de la movilización, el chantaje y los perjuicios a la sociedad. En esta puja —que perdió el gobierno federal— no tendrán que entregar los salarios, prestaciones y prebendas al magisterio, sino que también entregaron la potestad soberana y el Estado de Derecho a los poderes fácticos.
En efecto, anteayer el gobierno federal informó que la Secretaría de Gobernación había llegado a un arreglo con los profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que a su vez son cabeza de playa de la CNTE. Éste grupo de presión —que tiene presencia en varias entidades del sureste del país— fue el principal opositor de la reforma educativa, que desde el inicio se propuso su abrogación. Con el arreglo conseguido no lograron la abrogación como término jurídico y constitucional, pero sí lo consiguieron en la vía de los hechos. ¿Por qué?
Porque como lo apuntábamos en nuestra entrega de ayer jueves, la Sección 22 y Gobernación acordaron “normalizar” los pagos atrasados a los más de tres mil profesores afectados por la transferencia de la nómina educativa entre el gobierno estatal y el federal, así como que los integrantes de la 22 cobren de la manera tradicional a través de un comprobante de pago, con talón de cheques y por medio de la nómina de la CNTE.
Otro de los puntos —fundamental en este acuerdo, y que explica en gran medida la derrota y rendición total del gobierno federal ante la Sección 22 y la Coordinadora— es que Gobernación reconoció plenamente la nómina del IEEPO, que aglutina a 81 mil 300 integrantes, lo que contrasta con el censo de docentes que tiene la SEP en Oaxaca, con un total de 67 mil 408 docentes.
La aceptación del gobierno federal de esta parte del acuerdo es importante porque representa el reconocimiento de 13 mil 800 trabajadores de la educación que no existían en el recuento de la SEP, y por tanto implica el otorgamiento fáctico de ese mismo número de plazas al margen de cualquier evaluación, concurso, oposición o demás, que era una de las finalidades de la reforma educativa.
Incluso, un punto más que revela que la intención del gobierno federal por implementar correctamente la reforma educativa no fue sino una mera bravuconada, es el referente a que a pesar de lo que ahora dice la Constitución y la legislación federal en la materia, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda seguirán pagando los salarios a los maestros paristas y a todos aquellos que falten a clases, mientras no haya una solicitud de los gobiernos de los estados para que esas dependencias procedan a hacer descuentos.
Con la suma de todo esto, no debe ya quedar ninguna duda de que el gobierno federal ya liquidó su reforma laboral, al menos con los estados de la República en los que la CNTE tiene una presencia determinante. Y si tomamos en consideración que una parte de la reforma tenía como destino el desmantelamiento del poder corporativo de Elba Esther Gordillo —a quien metieron en la cárcel incluso antes de que esa norma se consolidara— como dirigente magisterial; pero que el otro extremo de la reforma iba encaminado a tratar de controlar a la Coordinadora, que ejerce un poder verdaderamente hegemónico no sólo en el manejo educativo, sino que también tiene en sus manos la gobernabilidad y la estabilidad política de las entidades federativas en las que tiene sometidos a los gobiernos locales.

LA GOBERNABILIDAD, EN VILO
Antes el gobierno federal había pactado con el Sindicato Mexicano de Electricistas el fin de sus protestas. Ellos, como bien debemos recordar, comenzaron sus jornadas de lucha cuando el gobierno del presidente Felipe Calderón decretó la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, en octubre de 2009.
Desde entonces, el SME había realizado todo tipo de jornadas de protesta, pero sorpresivamente el año pasado Martín Esparza, último secretario General de ese organismo, anunció que habían llegado a un acuerdo con el gobierno federal, que la base del acuerdo era la recontratación de todos los trabajadores que se habían negado a su liquidación, y que daban por terminadas sus protestas.
Vista en perspectiva, es exactamente la misma ruta que siguió el gobierno federal con la Coordinadora para tratar de desactivar sus protestas, con el añadido de que la CNTE es un organismo de carácter nacional —mientras el SME tenía base social real sólo en el Distrito Federal y algunas zonas del Estado de México—; que a diferencia del SME, la CNTE es un organismo vivo; y sobre todo, que hay una distancia enorme entre las formas y estrategias de lucha del SME y la CNTE, y que ésta última ha demostrado reiteradamente que sus conquistas son tomadas no como triunfos, sino como “deudas” del Estado parcialmente cumplidas con ellos, que ameritan continuar luchando para conseguir más.
Por todo eso no es un buen ejemplo el que dio el gobierno federal en el arreglo anunciado con la CNTE. No, porque es la pauta clarísima para que todos los demás poderes fácticos —Telmex, Televisa, Telcel, los partidos políticos, etcétera— a los que el gobierno del presidente Peña Nieto anunció que acotaría con sus reformas estructurales, para que en el momento en que lo deseen organicen una turba y con ello sea suficiente para detener los efectos de las modificaciones constitucionales, únicamente para que ellos continúen gozando del estado de cosas a favor que habían tenido históricamente, y que según se terminaría con estas reformas.

LA DICTABLANDA
Incluso, esto tampoco parece una de esas modificaciones graduales que son tan características del sistema político mexicano. Una cosa es una implementación paulatina y otra cosa dar marcha atrás, como en este caso lo está haciendo el gobierno federal frente al poder de la CNTE. Por eso, queda claro que si hoy deciden irse los maestros del plantón en el zócalo, y concluir sus manifestaciones, será únicamente de manera momentánea. Ya los veremos regresando en mayo a sus movilizaciones anuales, y en los próximos meses estallando paros y plantones por las más variadas causas. Con esos antecedentes, sólo será cuestión de tiempo.