+ La autoridad debe anticiparse y ofrecer alternativas a la ciudadanía
Seguramente ya se nos olvidó. Pero nos quedan sólo dos o tres semanas de tranquilidad —cuando mucho— antes de que los concesionarios del transporte público en Oaxaca vuelvan a salir a las calles a exigir el aumento a la tarifa, luego de que hace dos meses la autoridad los convenciera de posponer la exigencia hasta después de los comicios. Faltan 10 días para ello. Y lo único cierto es que la autoridad sigue sin ofrecer alternativas no a los concesionarios, sino a la ciudadanía.
En efecto, el pasado 31 de marzo, en las redes sociales comenzó a circular un documento interno de la Cooperativa Choferes del Sur, en el que se anunciaba que había quedado “confirmado y en firme” el aumento de la tarifa. En dicho documento, también daba la indicación a todos los concesionarios para que “pasaran a recoger los tarjetones indicativos de la nueva tarifa” para colocar en las unidades del transporte urbano, y que se informara a los conductores que evitaran la confrontación con las personas que, por lo abrupto del anuncio, no llevaran el dinero completo para pagar la nueva tarifa de siete pesos. Incluso decía que “gracias a Dios” se había hecho posible el incremento a la tarifa.
Ante el intento de albazo de los concesionarios, ocurrieron dos cosas: primero, la Secretaría de Vialidad y Transporte del Gobierno del Estado tardó casi 24 horas en desmentir que había dado su anuencia para el incremento; y ante el silencio sospechoso de Sevitra, fue el propio Titular del Ejecutivo quien, a través de la vocería estatal, se deslindó abiertamente de haber apoyado el alza a la tarifa. La respuesta de los concesionarios fue la de salir en protesta a bloquear calles, avenidas y accesos a la capital oaxaqueña, argumentando que ese era un acuerdo tomado con el secretario del ramo, Carlos Alberto Moreno Alcántara, y que la negativa del Gobernador a reconocerlo constituía una traición al gremio del transporte concesionado.
La crisis duró tres días, y fue sólo después de que una comisión de transportistas se entrevistó con el gobernador Gabino Cué, que se logró el acuerdo de realizar un estudio de factibilidad sobre el posible incremento a la tarifa y sus consecuencias, así como de revisar todo el asunto hasta tres meses después. El plazo fatal, aunque no lo dijeron, era el de pasar el umbral de la jornada electoral del siete de junio, que está a 10 días de cumplirse.
Seguramente los concesionarios están esperando cumplir su parte del acuerdo, en aras de que la contraparte oficial haga lo mismo. El gobierno estatal, mientras se ha dedicado a torear los problemas que existen en otros sectores, y a hacer los preparativos para los comicios. Nadie parece haberse acordado, ni tomar en cuenta, que en el centro de esta discusión debiera estar el ciudadano de a pie, a quien no le han ofrecido ninguna alternativa posible, y sobre el que tampoco se han tomado la molestia de considerarlo.
Simplemente dejaron que el tiempo y la inercia social de la entidad —y la ramplona euforia por el proceso electoral— dejaran atrás el asunto. El problema es que los concesionarios no tardarán mucho en volver a intentar que les sea autorizado un incremento, o de nuevo tratarán de hacerlo de motu proprio, para luego pelear con la autoridad para que lo avale. En esa lógica todos pretenden continuar trepados en la dinámica del pésimo servicio, y del alto costo de la tarifa ofertado al usuario —como un verdadero castigo— a cambio de nada.
¿Qué de verdad no hay alternativa para el transporte público en Oaxaca?
LAS ALTERNATIVAS
La Ciudad de México tiene tantos o más problemas de movilidad que Oaxaca, pero esto es por sus dimensiones y no sólo por la calidad del transporte público que ofrece a la ciudadanía. Tienen transportes como el Metro o el Metrobús, que a un precio similar o menor al que existe en Oaxaca, ofrece un servicio monumentalmente más eficiente que el desordenado y arcaico transporte público de la entidad.
Y no. No se trata de comparar a la capital de Oaxaca con la Ciudad de México. La zona metropolitana de Oaxaca quizá alcanzaría a ser equivalente a una o dos delegaciones de la capital del país, y por ende sus problemas no son comparables. Más bien, de lo que debiera tratarse es de captar soluciones a problemas equivalentes. Y si algo se ha intentado en esa y otras ciudades, y en algunas se ha logrado con éxito, es ordenar lo que ya tienen para hacerlo más eficiente.
Eso es en lo que nadie piensa en Oaxaca. Resulta que aquí desde antes que se creara la Secretaría de Vialidad y Transporte, ya se hablaba de diagnósticos muy concretos respecto a los problemas que presenta el transporte público, y las vías para solucionarlos. Hasta hoy, nadie ha querido tomar la iniciativa para emprender la nada sencilla labor de iniciar la revisión integral de cómo funciona el transporte público en la capital oaxaqueña y la zona conurbada, y comenzar a establecer nuevas reglas de funcionamiento, nuevas rutas y nuevas condiciones de servicio.
En esas resistencias, son los concesionarios los primeros en resistir. Y lo hacen por una razón que es de todos conocida: ellos quieren mantener el estado de cosas, en el que gozan de todos los privilegios, no son molestados por autoridad o disposición alguna, y cada que el negocio se hace menos rentable, exigen incrementos a la tarifa para solventar su ineficiencia. Por eso no quieren nada que tenga que ver con el reordenamiento. Y por eso siempre anteponen el argumento de que primero les autoricen el incremento a la tarifa para que después ellos vean si le entran o no al reordenamiento del transporte.
El problema es más complejo de lo que parece. Hay total oposición al Metrobús pero tampoco quieren ser ellos parte de la alternativa. A todas luces se ve que el transporte público en sus condiciones actuales no es rentable, ni viable, ni atractivo para la ciudadanía. Pero sólo se ha pospuesto la discusión, hasta que cualquier día de estos, luego de los comicios, vuelva a explotar como una crisis, y cause nuevos perjuicios a la ciudadanía.
¿Y LOS DOS MILLONES?
Lo cuentan los propios concesionarios del “pulpo camionero”: que en marzo, cuando acordaron con Moreno Alcántara el incremento a la tarifa, los concesionarios hicieron una “vaquita” de 2 millones de pesos para —práctica común— “apaciguar” a los grupos porriles que seguro les tomarían camiones. El incrementó se cayó. Pero dicen —con genuino pesar— que ese dinero no tuvo “v” de vuelta.
