Columna Al Margen

Sistema anticorrupción: ¿Por qué Oaxaca no muestra interés?

almargenoaxaca

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abril 30, 2015

+ El combate, a nivel local, debe iniciar por las leyes municipales

El “anticorruptómetro” es una iniciativa de varias organizaciones civiles, encabezadas por México Cómo Vamos, que está haciendo un esfuerzo importante por clarificar qué entidades de la República han mostrado interés por avalar la recién aprobada reforma a la Constitución de la República que contiene el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Hasta ayer, 12 entidades ya habían dado su aval a la modificación constitucional. Oaxaca no estaba, ni estará, entre los estados que hagan posible la mayoría necesaria para consolidar el Sistema. Aquí están tan despreocupados que por eso no han hecho nada para perseguir la corrupción, comenzando por las autoridades municipales.

En efecto, en su nota principal de ayer miércoles, TIEMPO daba cuenta de cómo en Oaxaca existe un problema estructural a través del cual las autoridades municipales pueden ejercer su cargo no sólo sin rendir cuentas, sino sin padecer consecuencias jurídicas por ello. La presidenta de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura estatal, Leslie Jiménez Valencia dijo que a la fecha alrededor de 500 presidentes municipales no han presentado su Cuenta Pública 2014, y acusó que las autoridades municipales aprovechan las lagunas jurídicas que tiene la Ley Orgánica Municipal de Oaxaca, para no cumplir con esta obligación.

Y es que, como bien lo afirmaba la diputada Jiménez Valencia, la Cuenta Pública es el informe que los Poderes, Municipios y Entidades Públicas Estatales y Municipales presentan sobre su gestión financiera ante este Congreso, con el objetivo de verificar los resultados obtenidos en los programas aprobados para cada ejercicio fiscal, así como para comprobar la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos durante un ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año.

Por eso, si la Cuenta Pública es un documento fundamental para corroborar cómo se ejercieron los recursos públicos durante un ejercicio anual, la falta de cumplimiento de este deber genera un verdadero estado de indefensión tanto para las autoridades fiscalizadoras, como para la ciudadanía, porque entonces no es posible saber con exactitud qué se hizo con los recursos asignados. La única certeza que existe, en ese escenario, es que dichos recursos sí fueron gastados. Y lo más preocupante es que esas mismas lagunas han permitido que esa falta de cumplimiento en las obligaciones de las autoridades municipales, no pueda ser objeto de sanciones directas, en los ámbitos administrativos o penales.

¿Por qué prevalece la impunidad? Porque los señores diputados no han mostrado ningún interés en arreglar las deficiencias que presentan las normas estatales vigentes en la actualidad, y que son conocidos y plenamente identificados prácticamente desde el momento en que se emitió la Ley Orgánica Municipal, hace ya varios años. Lejos de tratar de enmendar las normas, para evitar que estas lagunas legales continúen generando “fugas” que son directamente traducibles en corrupción, se han dedicado a mantener y acrecentar la connivencia con las autoridades municipales corruptas.

Sólo así puede entenderse que, lejos de tratar de reforzar a los órganos de fiscalización de la entidad, hayan venido demostrando una voluntad sostenida por debilitarlos y un desinterés hasta sospechoso por no hacer las modificaciones que requiere la ley para cerrar la puerta a la corrupción galopante y la impunidad que priva en esas cuestiones. Son contadas las autoridades municipales que han pisado la prisión por actos de corrupción directamente imputables a su gestión como concejales. Y en la mayoría de los casos la autoridad fiscalizadora ha dado esos golpes más con una intención mediática que con la certeza de que de verdad podrá procesarlos. Esa es una tragedia.

BOQUETES LEGALES

De los cientos de munícipes que no rinden cuentas en los términos que señalan las leyes, no han sido ni diez quienes en los últimos años han pisado la cárcel por eso. Ello, a pesar de que en Oaxaca existen casos tan evidentes como los de varios ex ediles que en sólo tres años se hicieron millonarios, y que además no han tenido empacho en presumir públicamente su riqueza y su corrupción, e incluso retar abiertamente a las autoridades estatales para que los persigan. ¿Por qué no han podido hacerlo de manera efectiva?

Porque resulta que las normas estatales vigentes les brindan a los ediles amplísimas posibilidades de corregir sus cuentas; porque, además, la Auditoría Superior del Estado no tiene capacidad humana, técnica y financiera para revisar exhaustivamente ni siquiera a un tercio de los entes auditables en un año en Oaxaca (que son más de 600); y porque además en los demás órganos de justicia no existe el grado de especialización requerido para poder afianzar los procedimientos que se inician en contra de las autoridades municipales corruptas.

Pues como la Auditoría Superior no tiene facultad de ejercer la acción penal de manera directa, tiene que acudir ante la Procuraduría General de Justicia del Estado para que sea ésta quien integre las averiguaciones previas correspondientes y, en base a los datos que le entregue la auditoría, pueda someter a la consideración de un juez los expedientes para intentar que éste obsequie una orden de aprehensión. Además, ninguno de los delitos que se pueden configurar por esta vía, es grave.

Así que a lo que se ha dedicado la ASE en los últimos años (y hasta eso, sólo para que le tengan algo de miedo… y quién sabe si lo haya logrado) es a integrar averiguaciones, aprehender a las autoridades estatales corruptas, llevarlas a los separos a que les tomen la foto correspondiente y finalmente esperar el momento en que paguen una fianza o consigan un amparo ante la deficiente integración del expediente con el que se le acusa. Esa es la triste historia del combate a la corrupción municipal en Oaxaca.

En mucho, están involucrados los diputados. Por eso no sorprende, nada, que frente a la posibilidad de contribuir a la elevación del Sistema Nacional Anticorrupción (siendo parte de los primeros 17 estados que deben darle su aval a la reforma) como norma constitucional, ellos simplemente prefieran que otras entidades lo hagan.

CORRUPCIÓN ESTATAL

En eso seguramente estamos muy bien. Según Perla Woolrich no hay ni un solo corrupto. Aunque nos parezca sorprendente, eso es lo que indican sus resultados como —según— “zar anticorrupción”.

Dirigente del Sindicato de burócratas se revela como agente patronal

almargenoaxaca

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abril 29, 2015

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+ No quiere bases, justifica bajo incremento; ¿anunciará fin del gremio?

Vale la pena releer las aseveraciones de Felipe Noel Cruz Pinacho, dirigente del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca, en el marco de las inconformidades que generó el acuerdo al que llegó con el gobierno estatal sobre el incremento salarial a la burocracia estatal. Las explicaciones que ofrece a sus agremiados, y a la ciudadanía, podrían entenderse, y hasta justificarse, si vinieran del sector patronal. Pero es inaudito que desde el propio sindicato, y en voz del dirigente, se intenten sostener argumentos abiertamente contrarios al interés de los trabajadores.

En efecto, en entrevista con TIEMPO, Cruz Pinacho sostuvo argumentos que no son inauditos en sí mismo, pero que sí son impropios de un dirigente gremial. Dijo, por ejemplo, que “las negociaciones con el gobierno estatal no fueron fáciles” debido a los ajustes presupuestales previstos a partir de este año. Reconoció además que “al sindicato de burócratas no le conviene aceptar más basificaciones, porque los trabajadores propuestos para obtenerlas son quienes laboran mediante contrato-contrato otorgado por directores administrativos del gobierno estatal, el cual controla la bolsa de trabajo. Únicamente estaríamos otorgando bases sindicales al personal de confianza del gobierno estatal, con lo que se reducen cada vez más nuestras condiciones de trabajo”, señaló.

Incluso dijo que a pesar de que con el aumento del 4.2 por ciento directo al sueldo base y 2.8 por ciento por concepto de Previsión Social Múltiple, el ingreso es 2.9 por ciento menos que en el 2014, cuando se obtuvo un aumento del 8.9 por ciento, “el incremento que tendrá cada trabajador es superior al de otros años”…algo inexplicable por donde se le quiera ver, pero suficiente como para ser esgrimido por el Secretario General del STPEIDCEO.

¿Por qué son insostenibles sus aseveraciones? Porque se supone que en cualquier lógica gremial, hasta en la más simple de la agrupación más pequeña, el sindicato está siempre para defender los intereses de los trabajadores y no para justificar las insuficiencias del patrón. Sin embargo, el solo hecho de que Cruz Pinacho salga a justificarse diciendo que las negociaciones con el gobierno fueron “muy difíciles”, es en sí misma una referencia por lo menos de una profunda debilidad que, además, incluye el intento por justificar tanto su fracaso en las negociaciones, como la victoria patronal.

Pues resulta que según la lógica de Cruz Pinacho, su gremio tendría que ser “comprensivo” con los problemas financieros que tiene el gobierno. Nadie le explicó que los problemas económicos del patrón son (aunque parezca una verdad de Perogrullo) problemas del patrón, y que su papel como dirigente sindical no se encuentra necesariamente en justificar o atender a esas estrecheces económicas, sino en luchar ante todo por las mejoras a su gremio.

Seguramente tampoco nadie le dijo que toda lógica sindical, hasta la más básica, siempre tiene como premisa la de hacer progresivas sus conquistas. Por eso, los argumentos sobre la dificultad de la negociación con el patrón más bien se presentan como un intento franco por justificar su sometimiento a la parte patronal, y su temprano fracaso como dirigente gremial.

¿NO MÁS BASES?

Si todo lo anterior lo revela como un dirigente poco entendido de sus funciones y fines, su argumento relacionado con su disposición a que ya no se otorguen más basificaciones, es verdaderamente inaudito. ¿Por qué? Porque todos los trabajadores basificados del gobierno estatal, o cuando menos una amplia mayoría, accedieron a una plaza definitiva luego de haber ocupado una plaza de confianza.

Esa es la ruta que marcó el mismo gobierno desde hace décadas, y que unilateralmente fue cerrando a través de figuras laborales alternas como los contratos por tiempo determinado, los honorarios asimilables a salarios y, más recientemente (y por lo que pesan importantes acusaciones sobre el secretario de Administración, Alberto Vargas Varela, que tiene amplia relación con fiscalistas como Sergio Castro y Eligio Hernández Carrillo), a través de la oficialización del llamado outsourcing, como forma de contratación sin posibilidad de acceder ya no a una base, sino a un contrato con prestaciones.

En ese escenario, es patético lo que está haciendo Cruz Pinacho. Al aceptar que “al sindicato de burócratas no le conviene aceptar más basificaciones, porque los trabajadores propuestos para obtenerlas son quienes laboran mediante contrato-contrato…”, lo que está haciendo es aceptar de facto las formas alternas de contratación que vulneran los derechos de los trabajadores e inhiben toda posibilidad de que pudiera acceder a una plaza definitiva, como la que ellos gozan.

Y si eso fuera poco, el dirigente Cruz Pinacho tendría que responderle otra pregunta a sus agremiados: ¿bajo qué razonamiento, el dirigente de un sindicato querría que su gremio fuera cada vez más pequeño, si lo que justamente hace fuerte a un sindicato es su capacidad numérica y la integración periódica de más agremiados?

Finalmente, lo que parece es que Cruz Pinacho es un agente del Estado dentro del gremio, que hoy está haciendo todo para minarlo desde dentro. O pareciera que es tan ingenuo que no ha terminado de entender qué rol le toca jugar dentro de la relación gobierno-trabajadores. O lo que podría estar ocurriendo es que ni siquiera es capaz de encontrar una forma decorosa para tratar de justificar su repliegue frente a la fuerza que le ha demostrado el gobierno, y contra la que no quiere o no puede luchar.

No parece haber más explicación. Pero si los burócratas tienen dignidad y visión de futuro, lo menos que deberían hacer es obligarlo a que rinda cuentas, y a que demuestre que verdad tiene algo de vocación sindical. Frente a estas aseveraciones, el incremento salarial obtenido —y por lo que está de veras enojada la burocracia del gobierno estatal— parece ser lo de menos. En realidad estas cuestiones relacionadas con la contratación y con la falta de entendimiento de su papel, pueden poner en riesgo mucho más que el tres por ciento de incremento salarial, que perdieron (y quizá para siempre) en esta negociación anual.

EL PLIEGO PETITORIO

Ahí viene la Sección 22 con su pliego petitorio. ¿Qué exigirán? Sería bueno —aunque improbable— que el gobierno comenzara por transparentar el contenido de las demandas magisteriales.

Burócratas: el incremento y la inconformidad, eran previsibles

almargenoaxaca

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abril 28, 2015

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+ Gobierno colonizó a burócratas; dirigencia paga apoyo oficial

En el gobierno estatal deben estar felices, aunque la felicidad les durará muy poco. El viernes lograron un acuerdo con la dirigencia del sindicato de burócratas, que representa un ahorro sustancial para las finanzas estatales. El problema es que si lo que querían era tener por largo tiempo a una dirigencia sindical a modo, y a su servicio, entonces erraron la estrategia de sostenimiento y legitimación de sus agentes colonizados, y por un raquítico dos por ciento, los obtusos estrategias del gobierno anularon la posibilidad de entrar a la reforma (urgente) de la burocracia en Oaxaca.

En efecto, el viernes el secretario general del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO), Felipe Noé Cruz Pinacho, confirmó el incremento del 7 por ciento logrado con el gobierno del estado. Reconoció, además, que éste no se consultó con las bases y dijo que si bien “esas prácticas de consultar a las bases se daban con anterioridad (…) se debe dejar claro que el Comité ejecutivo, de la mano con la comisión negociadora, tiene la facultad resolutiva y no consultiva”, remató.

Tanto la decisión, como la actitud soberbia del dirigente, encendieron a las bases del sindicato, que desde el mismo viernes activaron protestas en contra de su dirigencia. La primer molestia de los agremiados, es el incremento alcanzado, el cual es mucho menor a los conseguidos en toda la última década por las tres dirigencias sindicales que han negociado anualmente con el gobierno estatal.

La segunda molestia de los sindicalizados, radica en la incapacidad de la dirigencia para imponerse en una negociación más productiva con la contraparte patronal. Ahí quedaron confirmadas todas las acusaciones relacionadas con que el gobierno había apoyado a la planilla blanca —de la que emanó Cruz Pinacho como dirigente— y de que ese apoyo había sido a cambio de tener, valga la expresión, un sindicato blanco.

Y es que resulta que, como lo apuntaba el fin de semana el periodista Cuauhtémoc Blas en su columna Crónicas de la Ínsula, los aumentos de sueldo han venido a la baja en detrimento de los trabajadores desde Adán López Cruz (7.1 %), Joel Castillo (9%), Víctor Bustamante (9%), Juan Rosas (8.9%) y al actual Cruz Pinacho (7%), el más bajo. “Es la peor negociación de la historia”, es lo que han referido los sindicalizados ante el anuncio del incremento, y es lo que se refleja en la comparativa de números y porcentajes alcanzados en los últimos años.

En medio de esa inconformidad, el mismo viernes surgieron los argumentos que intentaban defender la decisión del dirigente Cruz Pinacho, aunque sin reparar en que al usar esos argumentos a quien en realidad estaban justificando era a la parte patronal, y eso no ayudaba a la aceptación de esta nueva realidad sindical. Quienes defendían el incremento, decían que era producto de la nueva realidad nacional, en la que la caída en los precios del petróleo y los recortes federales recién anunciados, afectaban las finanzas estatales.

Eran, en resumen, exactamente los mismos argumentos que ha esgrimido el gobierno en su intento por explicar la crisis financiera que vive, y los constantes préstamos que en los últimos años ha solicitado que el Congreso local le autorice.

Lo más curioso de todo, es que cada uno de esos argumentos ha sido, para el gobierno y ahora para el sindicato, ampliamente rebatibles, ante el hecho de que ninguno de los anuncios de recortes federales ha implicado disminución a los recursos que se transfieren a las entidades federativas (lo que se recortó fue en gastos de infraestructura y obra); y ante la realidad de que, al esgrimir esas justificaciones, la dirigencia del STPEIDCEO se reveló como un apéndice más del gobierno en turno, que ahora trabaja y sirve para sus intereses. Esa es una doble derrota que, por haber cometido este error elemental de cálculo, tendrá que sortear el cuestionado Secretario de Administración, Alberto Vargas Varela, ante la necesidad (ya cancelada) de continuar dando pasos en el replanteamiento de la relación del gobierno con la burocracia.

SINDICATO SOMETIDO

El gobierno estatal, vía la Secretaría de Administración, apoyó abiertamente a la planilla blanca para que pudiera ganar las elecciones, en diciembre pasado. Lo hizo hasta el nivel del desaseo y la ignominia total. Y la intención que se veía, desde entonces, era (como pretende siempre todo patrón que lidia con una organización de trabajadores) tener a un sindicato aún más afín a los interés oficiales. Lo lograron a plenitud en diciembre. Pero ya fallaron en la posibilidad de plantear una estrategia de “colaboración” (colaboracionismo) de largo plazo. ¿Por qué?

Porque la dirigencia Cruz Pinacho llegó no sólo con más la mitad de la burocracia en contra (que fue la que votó por otras planillas), sino también con un profundo cuestionamiento por el apoyo oficial que recibió. Por eso, si él y el gobierno hubieran tenido una estrategia verdaderamente inteligente para manejar esta relación, lo primero que debieron haber hecho fue demostrar que con este nuevo dirigente, los trabajadores tendrían más beneficios, para después (en el mediano plazo) ir replanteando la relación a partir del cobro de los favores hechos en campaña para que Cruz Pinacho ganara.

Sin embargo, la realidad es que todos optaron por el camino fácil, y terminaron desperdiciando los pesos, por cuidar los centavos. Su gran estrategia radicó en marcar desde el inicio del destino de la nueva relación gobierno-sindicato, y sólo están consiguiendo que todos los antiguos adversarios de la planilla blanca, que no son pocos, se unan para una segunda andanada de inestabilidad.

El motivo, evidentemente, se los regalaron con este pingüe (para los burócratas, que desde hace años no habían obtenido menos de un 8.9% de incremento salarial) incremento. Y con ello cancelaron cualquier posibilidad de continuar replanteando la relación del gobierno con los trabajadores, a quienes ya alertaron (con evidencias) del charrismo de su dirigencia, y a quienes ahora tendrán encima todo el tiempo para evitar un nuevo albazo.

FRACASO TOTAL

Cuando llegó Vargas Varela a la Secretaría de Administración dijo que su meta era lograr la profesionalización de la burocracia. Pronto se le olvidó tal objetivo. De hecho, su mejor logro era éste, de tener una dirigencia sindical subordinada. Lástima (para él) que le haya durado tan poco…

Demagogia disfrazada de democracia: nuestra tragedia, se repite

almargenoaxaca

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abril 27, 2015

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+ Candidatos sin propuesta, sin vocación, y dispuestos a “la maña”

Como si fuera un viejo ejemplo del lugar común del lobo envuelto en piel de oveja, la vida política del país continúa instalado cómodamente en un estado de demagogia apenas disfrazado de democracia. Llevamos casi un mes de campañas electorales, y resulta que a todos —partidos, candidatos y hasta un sector amplio de la sociedad— ya se nos olvidaron todos los agravios, la indignación y los problemas por los que casi todo el tiempo nos quejamos, para abrirle paso a esa supuesta “fiesta democrática” que no es sino un engaño generalizado. ¿Por qué insistimos en seguir engañándonos nosotros mismos?

En efecto, hace apenas seis meses el país atravesaba por un estado de indignación sin precedentes. En apenas ocho semanas pasamos de la cómoda situación de tener un gobierno que creía tener todo bajo control, a una situación crítica en la que se conjuntó la detención-desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, con las revelaciones sobre la procedencia de la casa blanca de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, y los amargos anuncios sobre la caída de los precios internacionales del petróleo, junto con el augurio de la nueva realidad económica del país, en donde —según la propia versión oficial— el tiempo de las “vacas gordas” había terminado.

Esta conjunción de hechos generó una ola de indignación y expresiones de hartazgo, que no habíamos visto en los últimos años en México. Ocurrieron marchas multitudinarias, manifestaciones pacíficas y violentas, expresiones de rechazo y agravio y, sobre todo, llamados por doquier a que la partidocracia tenía que procurar un cambio de fondo en el estado de cosas.

Concretamente, la sociedad mexicana dijo, con toda la razón, que México no aguantaría más y que por esa razón éste tenía que ser el momento de los cambios. Por eso, frente a las manifestaciones de inconformidad, a mediados de noviembre salió el presidente Peña Nieto, más titubeante que nunca, a anunciar cambios institucionales para combatir la corrupción, para generar certidumbre a la sociedad sobre las tareas y acciones del gobierno, y para recuperar la credibilidad que se había visto menguada por la impunidad y por las revelaciones de corrupción al interior de su gobierno.

El problema es que a seis meses de esos anuncios, toda la inconformidad aparenta estar decantada y diluida, y la ruta a seguir parece ser la de hacer como que nada pasó, primero para no satisfacer las exigencias que hasta hace poco se veía que estaban frescas en el ánimo nacional; y segundo, para no procurar una mejor democracia para nuestro país. De hecho, las promesas presidenciales hechas en noviembre quedaron en simples llamados a misa; los partidos políticos no tuvieron ninguna disposición a los cambios de fondo, y lo que hasta ahora han aprobado no resultan ser sino remedos de lo que la sociedad les exigió.

Y por si eso fuera poco, resulta que no sólo no aprehendieron los llamados de la ciudadanía a la congruencia y al cambio, sino que decidieron recetarle una dosis burlona de viejas prácticas. Quizá por eso hoy en las campañas pareciera que simplemente nada cambió, y que vieja demagogia disfrazada de democracia sigue tan viva como en sus mejores años.

NADA CAMBIA

Hay todo un menú de agravios, que hoy a nadie le importa, y por eso nada de eso se aborda en las campañas. “¿Para qué?”, pensarán, “si ese es un problema de otros”, rematarán, para esquivar el tema entre sus electores. Pues según partidos y candidatos, lo que hoy quiere la gente es fiesta, mentiras, promocionales y algún regalo para llevarlo a votar. “La gente tiene hambre”, pensarán. Y para eso irán a ofrecerles una despensa, un lunch, una tarjeta telefónica o algún programa social, para llevarla a la casilla el día de los comicios, y asegurarse que voten por ellos.

Eso resuelve el día, pero no los problemas. Para los políticos en campaña eso es lo que vale. Por eso se empecinan en seguir honrando las viejas prácticas electorales sin entrar de fondo a los temas que le preocupan al país, y sin hacer una sola propuesta sobre lo que se pudiera hacer para dar los siguientes pasos en las aspiraciones democráticas.

Sólo que esos anhelos están más cargados de entredichos que cualquier otra situación que pudiera pensarse. Hoy la misma gente no quiere recordar los cuestionamientos. Y también prefiere subirse al carro de las campañas. Y ver si les toca una gorra, un llavero, una foto con el candidato, o cuando menos una promesa irrealizable que le permita irse contento a su casa, a seguir viviendo en la misma adversidad de siempre.

Para eso están hechas las campañas. A cada candidato, y a cada partido, el propio sistema le otorgó sus tiempos en radio y televisión, para que a través de ella difundan la imagen que quieren ofrecer al electorado. Las campañas a ras de tierra sirven para que el contacto directo con el ciudadano se dizque afiance. Pero nada los obliga a actuar con seriedad, a proponer lo que se necesita, a ser no sólo promotores de una imagen, sino concientizadores sobre la realidad nacional y sus necesidades. No. Más bien, el objetivo es exactamente el opuesto: mientras el elector cuestione menos, y “le entre más” a la campaña, los candidatos están más contentos.

Es terrible, pero en ese escenario nada más podemos esperar. Queda claro que no hay voluntad de cambio. No hay voluntad por ser congruentes con el país. No hay disposición para hacer algo distinto. Por eso la indignación se quedó en el pasado y hoy lo único que importa es la fiesta supuestamente democrática. Lo que sigue, en las semanas por venir, es comprar los votos, afinar las estructuras electorales, sacar de sus madrigueras a los ingenieros electorales, y aprestarse a ver cómo una vez más la elección se gana o se pierde según haya sido el dinero invertido, y por cómo se haya hecho conciencia entre el electorado. Es, pues, la demagogia que cada vez ocupa un disfraz peor, pero sigue cumpliendo con su cometido de hacer creer —porque así queremos nosotros— que es una “democracia de avanzada”.

POCO CREATIVOS

¿A quién se le habrá ocurrido honrar a la Fuerza Aérea Mexicana cambiándole el nombre a una calle? Habría sido más honroso abrir una nueva vialidad, o pavimentarla, o reacondicionarla, o hacerla útil a la ciudadanía, y a partir de eso hacer un homenaje. Lo hecho, más bien parece caravana con sombrero ajeno, con una calle que ya era bonita de por sí, y a la que no necesitaron hacer más que cambiarle el nombre…

¿Cuándo tendrá Congreso ganas de revisar figura de administradores?

almargenoaxaca

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abril 24, 2015

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+ Es urgente que se ponga remedio a este asunto que sólo da problemas

Son ya varias las ocasiones en las que habitantes del municipio de San Antonio de la Cal se enfrentan violentamente, derivado del conflicto que genera la permanencia del administrador impuesto por el Congreso a la comunidad, ante la imposibilidad de la celebración de los comicios ordinarios. Eso mismo ha ocurrido en varias otras comunidades que tienen un encargado de la administración municipal. ¿Cuándo se dignarán los diputados a atender este asunto, y a obligar a los administradores a que avengan, y no confronten, a las comunidades para que su situación política se normalice?

En efecto, cuando en enero del año pasado se anunció el nombramiento de 15 administradores municipales, a través de un acto ilegal de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura local, el diputado Alejandro Avilés (coordinador de la bancada priista y entonces presidente de la Junta), aseguraba que “nombrar a los administradores de 12 municipios por parte del Congreso, y a otros tres que están pendientes, es coadyuvar a la estabilidad política y a la gobernabilidad democrática del estado”.

Luego decía que “en todos los casos los nombramientos de los administradores fueron producto de un estudio minucioso de perfiles y de un ejercicio mesurado y de amplio consenso entre las distintas fuerzas parlamentarias”. Y finalizaba diciendo lo siguiente: “concluye un proceso de revisión y selección de quienes a juicio del Poder Legislativo conducirán mejor el destino de los municipios asignados, y que no podían continuar sin una autoridad legítimamente constituida, quienes tienen la encomienda de crear las condiciones necesarias para que la comunidad elija a sus autoridades municipales”.

En aquellos momentos, y como para justificar tanto la cuestionable reforma constitucional con la que se dieron la facultad de nombrar a los administradores, como el grosero reparto de municipios en conflicto entre las fracciones de PAN, PRI y PRD para el nombramiento de administradores municipales, todos los involucrados aparentemente conminaban a los recién designados administradores a que en un plazo de noventa días, generaran las condiciones sociales y políticas necesarias para que se llevaran a cabo los comicios, y la situación se normalizara con la toma de protesta de las nuevas autoridades legítimamente electas.

15 meses después no sólo los administradores municipales no han cumplido con la misión de avenir a la población en conflicto en cada una de esas comunidades para la realización de comicios, sino que hoy en día en varios de esos municipios la violencia ha resurgido y ha generado situaciones potenciales de violencia, que en cualquier momento podría derivar en enfrentamientos, muertos y heridos, como ya ocurrió en otros momentos.

Uno de los casos más recientes se dio recientemente, cuando dos habitantes de San Antonio de la Cal que participaban en el conflicto por el poder municipal resultaron con lesiones durante una riña ocurrida la noche del miércoles. Los grupos antagónicos en este municipio, ubicado en el Valle Central de Oaxaca, se enfrentaron después de las 8 de la noche en la calle Los Pinos, en la quinta sección.

En el lugar había una reunión con el administrador municipal Noé Lagunas y ciudadanos de San Antonio de la Cal, misma que irrumpió otro grupo de personas, identificadas con Carlos García, alcalde municipal, armados con palos. Por la mañana del miércoles, un grupo de pobladores de San Antonio de la Cal bloqueó con basura y camiones la carretera federal 175 y retuvo a 2 personas. Su demanda es que se realicen elecciones en el municipio, donde por las diferencias internas se nombró a un administrador municipal.

Por la mañana del miércoles, un grupo de pobladores de San Antonio de la Cal bloqueó con basura y camiones la carretera federal 175 y retuvo a dos personas (un automovilista que presuntamente se enfrentó con los manifestantes por el cierre de la carretera, y otro individuo que habría sido identificado como elemento de la Policía Estatal. Ambos, nada tenían que ver con el conflicto principal). Su demanda es que se realicen elecciones en el municipio, donde por las diferencias internas se nombró a un administrador municipal.

ADMINISTRADORES DE CONFLICTOS

En el último año los administradores municipales —que por muy caricaturesco que parezca, son la representación viva del personaje de Juan Vargas, personalizado por Damián Alcázar en la película La Ley de Herodes— han sido noticia en Oaxaca por ser los protagonistas y no los amigables componedores de los conflictos. En casi todos los casos, los administradores se han aparecido como parte instigadora de los conflictos municipales, evidentemente en aras de que éstos no se resuelvan y por ende no existan las condiciones para su remoción.

¿Dónde quedó aquella promesa de que los administradores municipales sólo durarían en sus cargos 90 días, y que en ese periodo habría posibilidad de resolver los conflictos en los municipios para dar paso a los anhelados comicios? Quedó, en un espacio de olvido, que fue reemplazado, por un lado, por las conveniencias propias de quienes están a favor de continúen los conflictos, y por el otro, por quienes simplemente no tienen interés en el tema y por eso les termina dando lo mismo que los administradores continúen, sean removidos, o incluso la figura jurídica sea reemplazada por otras que le den más funcionalidad a la posible solución de los conflictos políticos que existen en los municipios.

Como nada de eso no pasa, y los administradores municipales siguen accediendo a los recursos de los municipios que les encomendaron, y continúan —a partir de eso— enredando los problemas sociales, entonces lo que sí se puede prever es que ninguno de los conflictos tenga solución y que, por el contrario, su presencia sea garantía de la persistencia de la conflictividad por asuntos postelectorales.

AMARGO ANIVERSARIO

Quién sabe si sea por voluntad o desidia de alguien en específico, pero Oaxaca celebra su cumpleaños cada vez en peores condiciones. Ahora recibe su 473 aniversario en medio de caos, violencia, espacios públicos arrebatados por organizaciones sociales, pactos ignominiosos entre la autoridad y los grupos del ambulantaje, y un cúmulo cada vez mayor de problemas no resueltos. Qué pena que las autoridades apuesten a la resignación de la ciudadanía, y claudiquen en su deber —y promesa— de intentar sentar al menos las bases de una mejor ciudad.

Fortalecer el Estado de Derecho: urgente ante nuevo “efecto cucaracha”

almargenoaxaca

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abril 23, 2015

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+ Oaxaca tiene un problema de orden, que no debe seguir menospreciando

La reciente aprehensión de los más importantes capos del narcotráfico y la delincuencia organizada en México, augura tiempos distintos para la criminalidad en el país. Según expertos, México comenzará la transición de las grandes organizaciones criminales —que se encuentran en proceso de extinción— a las pandillas regionales. Esa es la experiencia de otros países, y es lo que ha buscado el gobierno federal con el desmantelamiento de las organizaciones criminales. El problema es que dicha transición implica retos enormes para los gobiernos estatales. Muchos más, en entidades como la nuestra en donde hay serios problemas para mantener el orden público.

En efecto, en las últimas semanas el gobierno federal detuvo a los líderes de varias de las organizaciones criminales más importantes del país. Hace un año detuvo a Joaquín Guzmán Loera, y desde entonces le ha venido asestando golpes a prácticamente todos los cárteles criminales en el país, que operan desde el centro al norte del país. La intención que tiene el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto —y que a pesar del supuesto cambio de estrategia criminal, es la misma de su antecesor, el presidente Felipe Calderón— es la de desmantelar las organizaciones para decantarlas en pandillas u organizaciones locales, en las que pueda haber un manejo más eficaz y “cercano” de los problemas y las actividades en las que esos grupos pudieran estar más involucrados.

Es evidente que cuando eso finalmente ocurra, el gobierno federal dirá que ha gado pasos sustanciales en la guerra contra el crimen organizado, y que por fin va ganando. Sólo que la otra parte de ese discurso, de la que se ha hablado poco y a la que se le ha dado una importancia mínima, es el reto que tendrán que enfrentar los gobiernos estatales para ser ahora ellos quienes persigan y contengan a esas —relativamente hablando— “mini” organizaciones criminales que ya no podrán tener una operación nacional o regional, sino únicamente en ámbitos territoriales determinados.

De hecho, hasta ahora lo más que se ha llegado a plantear es que a partir de una reforma constitucional federal se decrete la desaparición de las corporaciones policiacas municipales, y toda la fuerza pública en las entidades federativas se concentre en policías estatales que —según el modelo— tengan mayor capacidad operativa y de contención de los delitos y las actividades que se les encomienden.

Lo interesante de esto, resulta del hecho de que el problema de la criminalidad no es sólo una cuestión de policías y ladrones, sino que involucra una serie de circunstancias que tienen que ver tanto o más con el orden y el Estado de Derecho. Se supone que en un clima de legalidad, la autoridad tiene la capacidad de hacer el orden público cuando éste se ve trastocado; pero sobre todo, los mismos ciudadanos tienen la noción y convencimiento de que deben respetar voluntariamente ese orden público, y no traspasar las barreras que establece la ley para la convivencia entre ciudadanos.

Esa es una noción que en Oaxaca no existe. Y si ese es un problema común y persistente de nuestra sociedad, todo se agrava con el hecho de que el gobierno no parece tener una preocupación de fondo por hacer que prevalezca el orden público cuando organizaciones o grupos de espontáneos la rompen.

Ese clima de desorden parece propicio para que esas otras organizaciones (las de narcotraficantes y criminales) que buscan, o comenzarán a buscar espacios “adecuados” para realizar sus actividades ilícitas, vean en escenarios locales con un Estado de Derecho débil, la posibilidad perfecta de asentar sus nuevos centros de operaciones.

LA AMENAZA

Al anunciar la conformación del Frente Democrático Popular, el diputado local del PRD, Jesús López Rodríguez, aseguró que el crimen organizado no sólo se ha infiltrado en los gobiernos y partidos políticos, sino también en las organizaciones sociales (Nota Principal. Noticias 21.04.2015). No queda claro cuál es la intención de fondo del Legislador local al hacer este señalamiento, pero lo que sí es evidente es que la laxitud tanto del gobierno como de las organizaciones frente al Estado de Derecho, son una invitación franca a que otro tipo de organizaciones (las criminales) se asienten en la entidad.

Por eso mismo, como lo hemos apuntado en otros momentos en este espacio, debiera ser prioritaria la discusión de fondo entre el gobierno, legisladores y ciudadanía sobre el futuro de la seguridad pública en nuestra entidad. La propuesta del gobierno federal de crear policías estatales únicas, de desaparecer a las corporaciones municipales, y de crear un nuevo modelo policial en las entidades federativas, es un tema de la mayor relevancia estatal y nacional, pero máxime en un estado como el nuestro que concentra un mosaico de problemas y complejidades sociales que debieran motivar una visión más seria del asunto.

Oaxaca ya tiene un problema grave al no poder aplicar seriamente el Estado de Derecho a todos los que lo quebrantan; tiene otro problema al no tener funcionarios resueltos a cumplir con su labor, para demostrar que en la entidad hay gobierno por encima de las organizaciones sociales; y por si fuera poco, tiene un problema más al no tener legisladores responsables y dedicados a encarar los problemas no sólo que le preocupan a la ciudadanía, sino que son prioritarios para la seguridad general del Estado.

Si aún esto no es un problema, dentro de algún tiempo lo será. Qué grave será que todos decidan esperar hasta entonces para ver qué acciones emprenden, porque lo que sí es evidente es que esta cuestión está “cantada” y dibujada desde ahora, y bien podrían dedicarle tiempo y esfuerzos institucionales, antes que seguir en las discusiones bizantinas y los cálculos políticos que no abonan en nada a la entidad.

LOS ADMINISTRADORES MUNICIPALES

El Congreso del Estado y el Organismo Público Local Electoral del INE no tienen interés alguno en resolver un problema que en cualquier momento se puede convertir en un asunto de Estado. Por todos lados donde hay administradores municipales persisten las inconformidades y las posibilidades de violencia, sin que autoridad alguna se interese en revisar de fondo cómo resolver ese asunto. los diputados no tienen prisa: el negocio de los administradores es jugoso, y no querrán perderlo. ¿Y la autoridad electoral, y el gobierno estatal, cuándo harán lo que les toca? Ojalá no esperen a que corra (más) sangre para entenderlo.

Amparo de Mexicanos Primero, referente para fin de negociaciones con CNTE

almargenoaxaca

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abril 22, 2015

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+ Es indispensable conocer los alcances que tiene negociación Segob-magisterio

A lo largo de la semana, en este espacio hemos repasado algunos de los mecanismos legales que eventualmente podrían ser utilizados para contrarrestar los efectos de la posible emisión de una ley educativa en Oaxaca, hecha a modo o de la Sección 22, o según los parámetros del gobierno estatal, pero que no contara con la plena certeza de todos los sectores políticos, de que es una norma apegada a los nuevos principios en materia educativa que establece la Constitución federal. En este repaso, vale la pena voltear hacia un amparo que ya fue admitido, en este rubro, a una organización civil que está en desacuerdo con la persistencia de la negociación política por encima de las competencias en el ámbito educativo.

En efecto, Aprender Primero, el brazo jurídico de Mexicanos Primero, presentó una demanda de amparo en contra de funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), el Gobernador Gabino Cué, funcionarios de la Secretaría de Educación Pública y del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), por avalar acuerdos contrarios a las leyes educativas vigentes, especialmente en contra del servicio profesional docente y la evaluación educativa.

De esta manera, según una nota difundida por el sitio web especializado en temas educativos educacionfutura.org (que puede ser consultada en http://bit.ly/1DKDvmh), Mexicanos Primero pidió al Poder Judicial de la Federación que “intervenga en salvaguarda del derecho a la educación de las niñas, niños y jóvenes de Oaxaca, y para que establezca el mandato de responder adecuadamente a la petición presentada respecto a los integrantes de la Sección XXII que participaron en las negociaciones y en las marchas de febrero pasado”.

Asimismo, Mexicanos Primero solicitó en febrero pasado información para conocer los fundamentos de derecho, motivos, términos, condiciones y costos al erario público de las negociaciones con la CNTE, así como el nombre del personal en funciones docentes que participaron en las manifestaciones del 9 al 11 de febrero; de quienes participaron en la mesa de negociación con la Segob y la copia de las minutas, acuerdos firmados.

Posteriormente, Mexicanos Primero envío una carta al Secretario de Gobernación, en la que se solicitó “dejar sin efectos cualquier acuerdo celebrado entre esa dependencia, la SEP, el gobierno de Oaxaca y la Sección XXII, al considerar que dichos pactos son ilegales”. Semanas después la Segob respondió, a través de un oficio firmado por el subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda, en el cual afirma no tener conocimiento, ni registro de las personas que participaron en las negociaciones, ni en las marchas afirmó que no había costo, ni incumplimiento o violación de la ley vigente.

Mexicanos Primero explica que en el amparo que interpusieron señalan que “es absurdo que la autoridad no sepa con quién se reúne, y que es obligatorio que en sus respuestas a los ciudadanos deba fundar y motivar, refiriendo hechos reales y verídicos”. También se señala que en la minuta de la reunión sostenida el 10 de febrero pasado, firmada por el Subsecretario Miranda, el Gobernador de Oaxaca, el Director del IEEPO y el Director General de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP con integrantes de la CNTE “indebidamente se avalan y hacen vigentes acuerdos previos que son ilegales”.

Algunos de los acuerdos incluyen la promoción de docentes por buen desempeño, que el diseño de la evaluación sea realizada por los maestros, que no se despida a maestros que no sean evaluados o con malos resultados. Todos los acuerdos ratificados en 2015, implican un incumplimiento de las leyes en vigor. Tras las declaraciones en la prensa, la organización señala que hay un doble juegos por parte de los funcionarios locales y federales “o bien pretenden engañar a los miembros de la CNTE, con promesas que no se podrán cumplir, o bien pretenden engañar a los ciudadanos, ocultando o justificando incumplimientos de la ley”.

LA RUTA JURÍDICA

Evidentemente, este asunto no encaja específicamente en una posible defensa en contra de la emisión de una ley educativa, pero sí es un referente fundamental. ¿Por qué razón? Porque resulta que a Mexicanos Primero ya le admitieron un amparo por la posible negociación de canonjías políticas entre la Secretaría de Gobernación, el gobierno de Oaxaca y los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en el que el punto central en donde se fija la litis, radica justamente en el menoscabo al derecho a la educación pública de calidad.

Así, el argumento para plantear posibles amparos en contra de una posible ley educativa inconstitucional, o de posibles actos que menoscabaran los principios contenidos en la Constitución federal, sería más o menos el mismo: que tanto la ley, o los actos, serían violatorios del derecho a la educación de calidad, y del esquema de evaluación y competencias que ahora establece la Constitución como mecanismo para que los maestros accedan a plazas, permanezcan en ellas, y mejoren sus condiciones laborales.

En todo esto, es indispensable considerar que hoy el amparo ya no es una acción eminentemente personal. Justamente, Mexicanos Primero consiguió la admisión del amparo que referimos en párrafos anteriores, gracias a una nueva figura contenida en la Ley de Amparo, denominada “interés legítimo”. Éste interés ya no necesita suponer que ha ocurrido un agravio personal y directo, sino que basta con que los integrantes de una colectividad sostengan que un acto o ley perjudica el interés social o los lesiona como sociedad. Todo esto es suficiente para que el juez de amparo admita a trámite la demanda de un juicio de garantías, y esté en posibilidad de entrar al estudio del fondo del asunto para hacer un control constitucional.

En este escenario, las asociaciones de padres de familia, los comités de escuela, o casi cualquier tipo de unión de interesados en presentar un amparo en contra de la no aplicación de la ley educativa, o de la posible contradicción de ésta con la Constitución, podría hacerlo. Esta es otra veta que no puede dejar de considerarse, hoy que los legisladores locales dicen que ya existe un dictamen con posibilidades de ser sometido al Pleno de la LXII Legislatura para que finalmente emita una ley educativa.

IMPUNIDAD

Vehículos destruidos, personas agredidas, un elemento de la Policía Vial con lesiones graves. ¿Y todo va a quedar en la impunidad? Increíblemente, es lo que parece.

PRI sí podría presentar una acción de inconstitucionalidad por ley educativa

almargenoaxaca

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abril 21, 2015

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+ Sería paradójico que los supuestos defensores de la ley fueran aliados de S22

Ante la posibilidad de que ya exista un dictamen sobre las iniciativas de ley educativa que han sido presentadas ante la LXII Legislatura, y que ese dictamen provoque nuevas acciones legales por parte de los poderes públicos involucrados en su creación, promulgación o implementación, vale la pena analizar los escenarios. Hay uno muy particular, que es el incluye la posibilidad de que todo termine en medio de una controversia constitucional. Vale la pena revisarlo, porque en él, quizá el PRI termine en una alianza rara con sus adversarios.

En efecto, el fin de semana el diputado Félix Serrano Toledo (presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local) dijo en una entrevista con TIEMPO que la posibilidad de contar con un dictamen definitivo y consensado sobre la reforma educativa, estaba trabada porque la fracción priista se había cerrado al diálogo. “Nos hemos entrampado en temas de índole político con respecto a la ley educativa que nos han impedido trabajar con las comisiones unidas para un dictamen conjunto; existen 2 dictámenes, uno que lo firmarían siete y otro que lo firmarían ocho, pero esos tampoco han pasado al pleno”, explicaba, al tiempo de ubicar al PRI como responsable de este excesivo retraso legislativo.

De esa declaración, puede inferirse que el PRI se ha negado a participar en la discusión de las comisiones unidas que tienen la encomienda de emitir un dictamen final, porque esas comisiones pretenderían dictaminar favorablemente, o la iniciativa presentada por la Sección 22, o la presentada por el Titular del Poder Ejecutivo, con las que no están de acuerdo porque aseguran que cualquiera de las dos viola los preceptos de la Constitución federal relacionados con la nueva ley educativa.

De esas dos propuestas, la Sección 22 rechaza la presentada por el Gobernador, porque dice que es su iniciativa, pero mutilada. Y si las comisiones unidas llegaran a dictaminar favorablemente la propuesta de la Sección 22, entonces estaríamos en un escenario de más visos de inconstitucionalidad, porque se supone que lo que el Ejecutivo le mutiló a la iniciativa de los maestros era justamente lo que a su juicio podría generar algún viso de inconstitucionalidad. En cualquiera de los casos, ambas son propuestas que el PRI rechaza, y eso es lo que no debemos perder de vista.

Tomemos como posibilidad que luego de una operación política el Ejecutivo logre un consenso con la Sección 22, y con las fracciones del PAN y PRD, y con los diputados del PDS, Panal, PUP y PT, y logre sobradamente la mayoría de 22 votos que necesita para aprobar la nueva ley educativa. En este escenario, lo natural sería que el PRI presentara algún tipo de acción legal para tratar de revertir esa ley, con la que dice no estar de acuerdo —pero con la que también coincidiría con la Sección 22 en rechazar—. ¿Qué acción legal tendría a la mano? La respuesta está en la acción de inconstitucionalidad.

Según la fracción II del artículo 105 constitucional, las acciones de inconstitucionalidad que tienen por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución, y el órgano facultado para resolverla es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este caso, el inciso d) de ese precepto dispone que dicha acción puede ser intentada “por el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano”.

Así, esta sería la herramienta de control constitucional idónea que tendría la fracción parlamentaria del PRI para defenderse de un posible mayoriteo respecto a la ley educativa… aunque con ello terminaría defendiendo implícitamente las posiciones de la Sección 22, que se supone que no tiene ningún punto de coincidencia con el priismo local o nacional. Veamos.

DEFENSA IMPLÍCITA

Como el Congreso del Estado de Oaxaca está integrado por 42 legisladores, sólo se necesitaría el apoyo de 14 de ellos para hacer procedente la acción de inconstitucionalidad. La fracción parlamentaria del PRI no tendría problema en conseguirlo, ya que tiene 17 integrantes que, se supone, apoyarían esa acción, independientemente de los legisladores de oros partidos que eventualmente pudieran coincidir con ellos.

El efecto que tiene la acción de inconstitucionalidad es la de dejar sin efectos la norma que fue declarada inconstitucional, aunque para conseguirlo necesita una mayoría calificada de entre los ministros (ocho votos, cuando menos). Así, lo que parecería es que los legisladores priistas habrían de ir a combatir en tribunales la acción de una mayoría que sin embargo es inconstitucional. Esa acción, que es el mecanismo de defensa de las minorías, buscaría tirar dicha norma —que salvo que fuera la iniciativa de la Sección 22 convertida en ley—, también sería rechazada implícitamente por el magisterio democrático.

Las razones de unos y otros, evidentemente, parecen ser distintas. El problema es que los maestros no parecen tener clara una ruta posible en esta vertiente, y de evitar la fracción del PRI la acción de inconstitucionalidad, resulta que el Procurador General de la República también está facultado para presentar dichas acciones en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano.

En el fondo, lo que sigue quedando claro y perfectamente reiterado es que Oaxaca tiene todavía un trecho largo por recorrer en la posibilidad de solucionar —al menos en la ley— el problema que tiene con las normas educativas, y que esas paradojas raras son las que en el último de los casos terminarían hermanando a los adversarios históricos, y llevándolos implícitamente a luchar en la misma trinchera. Insistimos, esos son escenarios. Pero son más posibles de lo que parece. Y aún falta revisar la vía de amparo, como el que recientemente presentó Mexicanos Primero. Aún hay más vetas jurídicas abiertas en torno a este caso.

VIOLENCIA

Es insostenible que hechos de violencia como los ocurridos ayer entre taxistas de la CROC y la CNP, ocurran ante la contemplación y permisividad de las autoridades. ¿Alguien sabe a qué se dedica el flamante nuevo Secretario de Seguridad Pública, que no tiene ni el valor civil de dar la cara a la sociedad por la violencia que permite, y por los hechos que no evita ni en contra de sus elementos?

La Ley Educativa no resolverá el problema, sólo lo cambiará de manos

almargenoaxaca

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abril 20, 2015

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+ Congreso, lleno de pretextos para evadir un camino que tiene más retos

Según el presidente de la Comisión Permanente de Educación en la LXII Legislatura estatal, el diputado perredista, Jesús López Rodríguez, está “listo” el dictamen de la nueva Ley Estatal de Educación para ser presentado al Pleno. Dice, sin embargo, que ese dictamen enfrenta varios problemas relacionados con el consenso entre las fracciones parlamentarias. Y lo que no reconoce —o no quiere hacerlo— es que una vez que se apruebe la ley educativa, ellos mismos seguirán teniendo muchos problemas que deberían enfrentar desde el dictamen, y no en posteriores amparos o controversias constitucionales, que ya están anunciadas.

En efecto, según el diputado López Rodríguez, que el dictamen no ha podido ser llevado a la agenda legislativa debido a que “no tenemos mayoría ni en comisiones unidas y estamos entrampados legalmente”, dijo en una nota publicada por TIEMPO en su edición del pasado sábado. En este sentido el presidente de la Jucopo, Félix Serrano Toledo, acusó como responsable del retraso legislativo a la fracción parlamentaria del PRI, “que solo ha buscado valer su propio interés político”.

Dijo además —y hay que ver con cuidado esta explicación— que “nos hemos entrampado en temas de índole político con respecto a la ley educativa que nos han impedido trabajar con las comisiones unidas para un dictamen conjunto; existen 2 dictámenes, uno que lo firmarían siete y otro que lo firmarían ocho, pero esos tampoco han pasado al pleno”, explicó Serrano Toledo.

¿Qué significa esto? Que en realidad no hay un consenso total respecto a lo que pueda ocurrir con la nueva ley educativa, y que el diferendo es por cuestiones políticas que, según las propias explicaciones ofrecidas por el Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), no han pasado por ningún tema técnico, y tampoco por el tamiz de la posible constitucionalidad y convencionalidad de los dictámenes, que son cuestiones fundamentales que los propios legisladores tendrían que estar resolviendo de antemano para no generar un Frankenstein legislativo que en el futuro inmediato le siga dando problemas a la entidad con el manejo educativo.

Y es que resulta que lo único que se puede explicar —en caso de que sea cierto lo que dice Serrano Toledo— es que la fracción priista es quien no quiere participar en las discusiones, que además no quiere firmar ninguno de los dictámenes y que por ende no hay un consenso. Concretamente, se habla de conveniencias, pero no de una oposición basada en la improcedencia o inviabilidad de los proyectos de ley que están contenidos en los dictámenes.

Así, lo que podría ocurrir es que, de llegar uno de los dos dictámenes al pleno legislativo para su aprobación, la LXII Legislatura sólo transformaría el problema que hoy tienen los diputados por la falta de ley, en uno de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de normas. En uno de los frentes estaría el propio gobierno federal atacando la constitucionalidad de la ley educativa aprobada en Oaxaca a través de una nueva controversia constitucional; y por el otro, se hallarían con la propia Sección 22 que intentaría recurrir o a amparos, o a pactar con el régimen que una minoría legislativa (sería paradójico que esa minoría fuera priista) atacara la nueva ley mediante una Acción de Inconstitucionalidad. Las rutas ya están marcadas.

Y el problema es que el Congreso parece no alcanzar a prever ninguna de esas dos posibilidades.

ACCIONES VENIDERAS

Si el Congreso emite una ley educativa, la que sea, entonces en automático provocará el sobreseimiento de la controversia constitucional que el gobierno federal presentó hace casi un año en contra del Poder Legislativo de Oaxaca, ya que ésta tenía por objeto combatir la omisión legislativa. Es decir, que habiendo ya una ley no habría materia para continuar ese juicio.

¿Qué pasaría? Que, seguramente, de inmediato el gobierno federal trataría de ir a combatir los posibles preceptos que pudieran ser considerados como inconstitucionales. Eso lo haría a través de una nueva controversia constitucional, ya no atacando la omisión de emitir la ley, sino el hecho de que su contenido no se ajusta a lo que establece la Constitución de la República. Ello sería, de entrada, un cuestionamiento de fondo al trabajo legislativo del Congreso de Oaxaca, que es el responsable de emitir una norma apegada al orden constitucional, y que entonces se reputaría que no cumplió con dicha encomienda.

Ahora bien, en otro frente, paralelo a éste, los integrantes de la Sección 22 —profesores de ascendencia indígena, que demostraran pertenecer a una etnia, por ejemplo— buscarían que se declarara inconstitucional la ley emitida, a partir de un argumento que hoy es ampliamente aceptado por los tribunales federales de control constitucional: se dolerían contra la ley, en la vía de amparo, porque ésta no pasó por el consenso de los pueblos indígenas. Esto porque el derecho a la consulta (establecido en el Convenio 169 de la OIT) dispone que se debe consultar a los pueblos indígenas cuando se tomen medidas legislativas que incidan en su vida cultural, social o política, y en este caso el Congreso no lo hizo.

La Sección 22 ya tiene perfectamente delineada esta ruta. Ellos fueron quienes hicieron los 37 foros regionales, y fueron quienes supuestamente generaron el consenso que tiene el proyecto de ley que está reflejado en los dictámenes del Congreso local. Lo interesante es que en este caso ellos mismos están reconociendo que su trabajo no sería válido, y hasta pareciera que por eso delinearon una ruta de trabajo aparentemente equivocada en la forma del consenso, para luego tener las bases para ir a combatir el contenido de la norma (que no se ajusta a sus intereses) a través de un mecanismo como éste.

Incluso cabría la posibilidad de que una minoría legislativa pidiera la revisión constitucional de la ley educativa. Esa es una arista interesantísima que vale la pena ser analizada por separado, en nuestra entrega de mañana.

SEDESOL

Los funcionarios federales encargados del trabajo social deberían tener más cuidado en su función. El delegado de Sedesol en Oaxaca (que es hermano del Secretario de Organización del CEN del PRI) organiza eventos, en tiempos electorales, a los que viene la secretaria Rosario Robles, y en los que sienta en primera fila a candidatos a diputaciones federales por ese partido. ¿De plano es tanta la desesperación? ¿O es que se les agotó la prudencia y el pudor? Son preguntas.

Federalismo en México: es urgente reconocer que vamos muy mal

almargenoaxaca

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abril 17, 2015

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+ Entidades federativas: Sí a Conago constitucional… ¿y qué más?

Recientemente, la Conferencia Nacional de Gobernadores planteó una propuesta de reforma a la Constitución federal, para elevar a rango constitucional ese organismo de diálogo e intercambio entre mandatarios estatales. Aunque la propuesta parece positiva para el fortalecimiento del intercambio y los equilibrios entre los ámbitos de gobierno estatal y federal, sería necesario que junto con esa propuesta se hablara de otras que, en paralelo, equilibraran también el poder e influencia de los Gobernadores y que fortaleciera rubros como el de la rendición de cuentas.

En efecto, Gobernadores de seis estados y el Jefe de Gobierno capitalino presentaron la semana pasada una propuesta para que a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se le reconozca como institución. Ello, en el Título Quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refiere a los estados de la Federación y del Distrito Federal. En nombre de la Conago, su presidente, Mariano González Zarur, gobernador de Tlaxcala, hizo la propuesta ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, quienes únicamente se limitaron a señalar que dicha propuesta tendrá que ser socializada entre los integrantes del Congreso de la Unión, y sometida a un dictamen de las comisiones de estudio legislativas que correspondan.

Y es que en un primer plano, elevar a rango constitucional la Conago, parece algo necesario, aunque evidentemente lo primero que tendría que ocurrir es el establecimiento de una reglamentación específica, con fuerza de ley —no necesariamente constitucional—, que normara y formalizara los trabajos de ese espacio de diálogo e intercambio entre gobernadores, que hoy está dotada únicamente de fuerza política derivada del peso específico de sus integrantes, pero que en términos llanos carece de vida propia.

Sólo que incluso en este escenario hay cuestiones de hecho que deben ser tomadas en cuenta. Una de ellas fundamental, se centra en el hecho de que hoy los gobernadores de las entidades federativas no necesariamente son un ejemplo de equilibrio de poder y de ejercicio democrático de sus funciones. De hecho, son de las figuras más cuestionadas por la forma en que han utilizado a su conveniencia la laxitud que existe en la relación entre los poderes federales y los locales, así como la ausencia de funciones de control más estrictas entre ambos.

Ello, evidentemente, ha generado más desequilibrios que avances en cuanto al ejercicio de las funciones públicas de los gobernadores, y ha generado también cuestionamientos que no han sido lo suficientemente atendidos por quienes tienen la encomienda de ajustar las leyes a la realidad nacional. Por eso los Gobernadores en general hoy parecen pequeños virreyes que al no tener contrapesos externos —desde los poderes federales— y tener al mismo tiempo dominado su escenario interno —pues en México todos los gobernadores son más fuertes por definición frente a los demás poderes estatales— pueden lo mismo cumplir cabalmente con sus funciones que sobrepasar, a plena luz del día, sus funciones para neutralizar cualquier viso de oposición.

PROBLEMA DEL FEDERALISMO

El federalismo mexicano está trazado por dos rutas paralelas. Una es la del llamado federalismo disfrazado de centralismo; y el otro es el del llamado “feuderalismo”. Ninguno de los dos es parte de una democracia y un gobierno saludable como al que se supone que aspiramos los mexicanos.

El federalismo centralizado es nocivo porque éste sólo ha atendido a la concentración del poder por parte del Ejecutivo Federal, en detrimento de las entidades federativas. Esta forma fáctica fue la que predominó durante toda la época del priismo hegemónico, y sólo fue desterrada políticamente (pues en los asuntos fiscales del país, el federalismo sigue siendo tan débil, que por eso la federación continúa cobrando casi la totalidad de los impuestos que generan ingresos a las arca nacionales) luego de la alternancia de partidos del año 2000.

Por su parte, el feuderalismo es lo contrario. Este tiene que ver con las libertades excesivas que consiguieron los ejecutivos de los estados luego de la alternancia de partidos del año que comentamos. A través de esa figura también fáctica, las entidades se convirtieron en territorios que sólo dependen de la federación en términos del ingreso, pero que se resisten a rendir cuentas como deberían, y en los que los gobernadores dedican gran parte del tiempo a frivolidades, a tratar de entrometerse en los asuntos políticos que no son de su incumbencia, y a traficar con los recursos económicos que debieran estar destinado al desarrollo de las entidades que gobiernan.

En esa lógica, hasta hoy no había existido una definición clara sobre si los gobernadores priistas seguirían asumiendo sus libertades como hasta ahora; tampoco ha habido definiciones de si el nuevo Presidente buscará convertirse en el hombre fuerte de su partido no sólo en el ámbito federal sino también en los estados gobernados por las siglas que él representa; o si finalmente terminarán compartiendo un poder en el que todos se respetan a partir de la dinámica de no tocarse ni cuestionarse.

Ese parece ser el mensaje que está enviando la Conago al Presidente de la República, cuando el portavoz de la propuesta de constitucionalizar a ese organismo, viene de un Gobernador emanado del PRI. Parece, pues, que la idea es que México continúe con ese federalismo chueco con tal de que los poderes tanto del Presidente como de los Gobernadores entren en colisión.

Hoy en día, el Presidente lo que menos necesita es entrar en una ruta de choque con los mandatarios estatales. Y éstos parecen estar aprovechando la ocasión para fortalecerse ya no sólo en los hechos, sino ahora también en la Constitución. Ojalá esto no sea la creación de un Frankenstein que convierta en juez y parte a los gobernadores, y que no incremente sus capacidades sino su poder corruptor. No hay razón para pensar que algo así no pudiera ocurrir.

¿PROHIBIDO?

Algunas voces, como la del panista Juan José Rodríguez Pratts, reiteradamente se han pronunciado en contra de la legalización de la Conago, bajo un argumento que aunque puede ser rebatible, sí tiene lógica. Dice que ello sería inconstitucional, bajo la premisa de que el artículo 117 señala que “los Estados no pueden, en ningún caso: Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las Potencias extranjeras”.

Al MarganColumna

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