Gobierno evade y espera que la solución llegue sola

Una pregunta que sigue latente en el panorama local y nacional, es qué rumbo lleva el movimiento popular que, se supone, encabeza —y debiera encauzar— la inconformidad nacional. A diferencia del pasado, la apuesta del gobierno federal es únicamente la de apostar a que la crisis se diluya por el solo paso del tiempo, y que al final sea la dinámica y los problemas cotidianos los que permitan “superar” la crisis de los desaparecidos. Esta es una apuesta tibia frente a un país en el que sólo el gobierno no entiende que Ayotzinapa no fue la causa de fondo, sino el detonante de un conjunto de situaciones que ya estaban ahí.
En efecto, en los últimos meses hemos visto cómo el gobierno federal comienza a claudicar en todas sus posiciones políticas. El Pacto por México, por ejemplo, fue ideado como un instrumento político que le diera cauce a las reformas. Era, en esencia, un pacto entre partidos para hacer funcionar al Poder Legislativo en ciertos temas. Y una vez que el acuerdo fue firme, entonces se le dotó de contenido político, intelectual y hasta ideológico. El producto del Pacto fueron las reformas educativa, política, de telecomunicaciones, fiscal, energética y de transparencia. Todo eso salió a pedir de boca. Sin embargo, esa misma situación habría que verla hoy a la luz de la crisis.
El resultado de esa visión nos llevaría irremediablemente a corroborar que el gobierno hizo muy bien su trabajo en esa primera parte de las reformas, pero que lo está haciendo mal en el proceso de la implementación. La muestra de ese fracaso es la puesta en marcha de las nuevas reglas en materia de educación. El gobierno federal anunció que se acabarían todos los vicios y cuestionamientos sobre el manejo administrativo de la educación. Pero a la vuelta de un año (y teniendo como marco la crisis de los desaparecidos, su pérdida de legitimidad, y la intensificación de las movilizaciones magisteriales) terminó pactando con sus adversarios para inaplicar la reforma en varios estados de la república.
¿Qué significa esto? En términos sencillos, es la claudicación de la reforma educativa, pero en medio de un escenario que es mucho más complejo. El gobierno federal, en realidad, intentó quitarse de en medio a uno de los principales protagonistas de las protestas por los desaparecidos en Iguala. El problema es que el costo que pagará el gobierno por equivocarse de grupo y de solución, será particularmente alto no sólo para ellos sino para el país.
Las razones están a la vista: pactar con la CNTE la inaplicación de la reforma educativa no resuelve las demandas del magisterio disidente del sureste del país; del mismo modo, ese pacto no va a generar desmovilización porque las causas de los maestros de la CNTE y la de los desaparecidos formalmente no son las mismas; este fue un pacto a favor de la nada porque pactar con la CNTE no significa que ésta se convierta en aliada del gobierno federal, o que vaya a generar un ambiente de concordia entre el gobierno y los grupos que protestan en su contra.
A lo mucho, lo que va a pasar es que habrá un periodo relativamente corto de paz, y que después todo regresará a la misma situación de siempre: un magisterio pujante, eternamente inconforme, exigente de respuestas y soluciones que el gobierno no le podrá dar, y dispuesto a continuar eternamente en la movilización como forma de presión —y de evasión— para no cumplir con las responsabilidades para las que fueron contratados.

LA CRISIS DE FONDO
El gobierno federal no conseguirá nada pactando con la CNTE, porque la Coordinadora no es representativa de un sector amplio de la población, sino que junto con sus causas legítimas tienen también muchos intereses económicos, políticos y gremiales que los hacen ser frontales en sus métodos de lucha. Son, en buena medida, oportunistas que están aprovechando una crisis que tiene mucho más de fondo. ¿Cuál es?
La crisis de fondo no tiene que ver sólo con los desaparecidos. De hecho, Ayotzinapa no constituye el fondo de la inconformidad nacional, sino más bien fue el detonante de una inconformidad que no solamente incluye el rechazo a los excesos de la fuerza pública o a su responsabilidad por la violencia en el país, sino que también pasa por el prolongado periodo de crisis económica que ha padecido la población, aderezado por la pobreza y marginación crecientes, y las pocas expectativas de que algo distinto ocurra en los próximos meses, o años, para aliviar esa situación.
El problema es que la inconformidad corre en dos bandas que parecen ser paralelas y distantes, pero que fácilmente pueden confundirse. En una de las bandas está la inconformidad liderada por la CNTE y otras organizaciones, que envueltos en la bandera de los desaparecidos y la violencia en el país, están yendo a negociar con Gobernación la satisfacción de sus propias demandas. El ejemplo perfecto de ello es la Coordinadora, que ya fue a pactar sus necesidades a cambio de desmovilizarse, como si ellos aglutinaran a la conciencia nacional o fueran representantes genuinos del movimiento popular.
En la otra banda se encuentra la gente, que está legítimamente indignada, y que exige cambios. A raíz de los desaparecidos ha habido todo tipo de manifestaciones de rechazo a la violencia, y de exigencia de justicia, y la presentación con vida de los desaparecidos. El problema es que esa gente inconforme se diluye frente a los grupos organizados, e incluso rechaza ser confundida como simpatizante de la Coordinadora o alguno de los otros grupos que están abrazando la protesta para satisfacer sus propios intereses.
Al final, el gobierno se está equivocando porque apuesta a pactar con los primeros, y desoír a los segundos. Esto significa que el gobierno federal pactará lo que sea necesario con todos los grupos que le están haciendo presión hoy en día, y resolverá sus problemas de corto plazo, aunque en la perspectiva amplia esto constituya la claudicación en la voluntad de cambio. Lo preocupante es que con esta solución los problemas seguirán ahí, latentes, y quizá haya que esperar un nuevo detonante para ver si entonces las cosas cambian.

LOS DISTRACTORES
El gobierno federal le apuesta a que la gente olvide. Sí, por eso el Presidente no anunció grandes cambios y tampoco pretende ir a fondo para combatir la corrupción y los excesos institucionales. Más bien esperan que las elecciones y los problemas cotidianos diluyan la inconformidad y hagan que la población regrese a donde estaba antes de Ayotzinapa. Se equivocan. Pero esa es su apuesta.

+ El mal ejemplo ahora será la constante de grupos

El arreglo al que llegó —en nombre del gobierno federal— el subsecretario de Gobernación Luis Miranda, con la Sección 22 del SNTE, no sólo implica la claudicación federal respecto a la reforma educativa, sino que constituye una pauta ominosa para que a partir de ahora todos los grupos de presión busquen satisfacer sus intereses por la vía de la movilización, el chantaje y los perjuicios a la sociedad. En esta puja —que perdió el gobierno federal— no tendrán que entregar los salarios, prestaciones y prebendas al magisterio, sino que también entregaron la potestad soberana y el Estado de Derecho a los poderes fácticos.
En efecto, anteayer el gobierno federal informó que la Secretaría de Gobernación había llegado a un arreglo con los profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que a su vez son cabeza de playa de la CNTE. Éste grupo de presión —que tiene presencia en varias entidades del sureste del país— fue el principal opositor de la reforma educativa, que desde el inicio se propuso su abrogación. Con el arreglo conseguido no lograron la abrogación como término jurídico y constitucional, pero sí lo consiguieron en la vía de los hechos. ¿Por qué?
Porque como lo apuntábamos en nuestra entrega de ayer jueves, la Sección 22 y Gobernación acordaron “normalizar” los pagos atrasados a los más de tres mil profesores afectados por la transferencia de la nómina educativa entre el gobierno estatal y el federal, así como que los integrantes de la 22 cobren de la manera tradicional a través de un comprobante de pago, con talón de cheques y por medio de la nómina de la CNTE.
Otro de los puntos —fundamental en este acuerdo, y que explica en gran medida la derrota y rendición total del gobierno federal ante la Sección 22 y la Coordinadora— es que Gobernación reconoció plenamente la nómina del IEEPO, que aglutina a 81 mil 300 integrantes, lo que contrasta con el censo de docentes que tiene la SEP en Oaxaca, con un total de 67 mil 408 docentes.
La aceptación del gobierno federal de esta parte del acuerdo es importante porque representa el reconocimiento de 13 mil 800 trabajadores de la educación que no existían en el recuento de la SEP, y por tanto implica el otorgamiento fáctico de ese mismo número de plazas al margen de cualquier evaluación, concurso, oposición o demás, que era una de las finalidades de la reforma educativa.
Incluso, un punto más que revela que la intención del gobierno federal por implementar correctamente la reforma educativa no fue sino una mera bravuconada, es el referente a que a pesar de lo que ahora dice la Constitución y la legislación federal en la materia, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda seguirán pagando los salarios a los maestros paristas y a todos aquellos que falten a clases, mientras no haya una solicitud de los gobiernos de los estados para que esas dependencias procedan a hacer descuentos.
Con la suma de todo esto, no debe ya quedar ninguna duda de que el gobierno federal ya liquidó su reforma laboral, al menos con los estados de la República en los que la CNTE tiene una presencia determinante. Y si tomamos en consideración que una parte de la reforma tenía como destino el desmantelamiento del poder corporativo de Elba Esther Gordillo —a quien metieron en la cárcel incluso antes de que esa norma se consolidara— como dirigente magisterial; pero que el otro extremo de la reforma iba encaminado a tratar de controlar a la Coordinadora, que ejerce un poder verdaderamente hegemónico no sólo en el manejo educativo, sino que también tiene en sus manos la gobernabilidad y la estabilidad política de las entidades federativas en las que tiene sometidos a los gobiernos locales.

LA GOBERNABILIDAD, EN VILO
Antes el gobierno federal había pactado con el Sindicato Mexicano de Electricistas el fin de sus protestas. Ellos, como bien debemos recordar, comenzaron sus jornadas de lucha cuando el gobierno del presidente Felipe Calderón decretó la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, en octubre de 2009.
Desde entonces, el SME había realizado todo tipo de jornadas de protesta, pero sorpresivamente el año pasado Martín Esparza, último secretario General de ese organismo, anunció que habían llegado a un acuerdo con el gobierno federal, que la base del acuerdo era la recontratación de todos los trabajadores que se habían negado a su liquidación, y que daban por terminadas sus protestas.
Vista en perspectiva, es exactamente la misma ruta que siguió el gobierno federal con la Coordinadora para tratar de desactivar sus protestas, con el añadido de que la CNTE es un organismo de carácter nacional —mientras el SME tenía base social real sólo en el Distrito Federal y algunas zonas del Estado de México—; que a diferencia del SME, la CNTE es un organismo vivo; y sobre todo, que hay una distancia enorme entre las formas y estrategias de lucha del SME y la CNTE, y que ésta última ha demostrado reiteradamente que sus conquistas son tomadas no como triunfos, sino como “deudas” del Estado parcialmente cumplidas con ellos, que ameritan continuar luchando para conseguir más.
Por todo eso no es un buen ejemplo el que dio el gobierno federal en el arreglo anunciado con la CNTE. No, porque es la pauta clarísima para que todos los demás poderes fácticos —Telmex, Televisa, Telcel, los partidos políticos, etcétera— a los que el gobierno del presidente Peña Nieto anunció que acotaría con sus reformas estructurales, para que en el momento en que lo deseen organicen una turba y con ello sea suficiente para detener los efectos de las modificaciones constitucionales, únicamente para que ellos continúen gozando del estado de cosas a favor que habían tenido históricamente, y que según se terminaría con estas reformas.

LA DICTABLANDA
Incluso, esto tampoco parece una de esas modificaciones graduales que son tan características del sistema político mexicano. Una cosa es una implementación paulatina y otra cosa dar marcha atrás, como en este caso lo está haciendo el gobierno federal frente al poder de la CNTE. Por eso, queda claro que si hoy deciden irse los maestros del plantón en el zócalo, y concluir sus manifestaciones, será únicamente de manera momentánea. Ya los veremos regresando en mayo a sus movilizaciones anuales, y en los próximos meses estallando paros y plantones por las más variadas causas. Con esos antecedentes, sólo será cuestión de tiempo.

+ Ruta del dinero explica resistencia a auditoría

Si algo debe fundamentar la necesidad de una reforma constitucional para hacer una nueva Auditoría Superior del Estado, eso es la resistencia abierta y velada de los diputados locales por abrir al Congreso a la fiscalización a la que pretende someter a los demás entes públicos. Debe predicar con el ejemplo. El problema es que en los poderes del Estado en Oaxaca no existen ni los controles ni el pudor frente al repudio ciudadano.

En efecto, ayer TIEMPO daba cuenta de que los diputados locales bloquearon la revisión que la Auditoría Superior del Estado había previsto al Congreso dentro de su programa anual de auditorías, luego del escándalo permanente que los propios legisladores habían protagonizado en los últimos años por el manejo discrecional —y la presunta malversación— de los más de 600 millones de pesos anuales que constituyen el presupuesto del Poder Legislativo. De acuerdo con lo publicado, la ASE dejó pendiente la revisión, a pesar de que ésta había sido una promesa pública del auditor Carlos Altamirano Toledo, y de que los diputados de la LXII Legislatura se habían dicho dispuestos a la revisión del último año de ejercicio de la diputación anterior.

Resulta que la LXI Legislatura terminó en medio de un escándalo —aunque hoy vemos que el primer año de ejercicio de la actual Legislatura rebasó por mucho la corrupción de sus antecesores— marcado por la opacidad en el manejo de su presupuesto, y por el evidente enriquecimiento y los beneficios indebidos de los que fueron objeto sus integrantes. Cuando concluyó la LXI Legislatura, diversos sectores de la ciudadanía se dijeron inconformes y por eso exigieron una revisión de lo ejercido.

Así, en un primer momento la LXII Legislatura dijo que abriría su administración a la revisión de la ASE. El problema es que, como lo apuntamos en nuestra entrega del 10 de febrero del año pasado, dentro del Congreso pudo más el arreglo discrecional entre quienes eran en ese momento coordinadores parlamentarios del PRI y PRD que el escándalo por el evidente manejo indebido de los recursos públicos, y por eso Anselmo Ortiz y Alejandro Avilés pactaron la permanencia de toda la estructura administrativa que tuvo a su cargo los recursos en la LXI Legislatura, a cambio de compartir los beneficios de ese manejo discrecional que ya quedó en evidencia de dos de los tres coordinadores parlamentarios de la Legislatura —depósitos millonarios realizados a cuentas bancarias personales de Alejandro López Jarquín y Francisco García López, del PRD y PRI, respectivamente— que antecedió a la actual.

Al parecer, apuntamos desde entonces, los diputados Anselmo Ortiz y Alejandro Avilés tratarán de capitalizar lo más posible (quién sabe para beneficio de quién, a aparte de ellos) el estruendo causado por las evidencias de corrupción y enriquecimiento indebido, y buscarán aprovechar el río revuelto, y el problema que eso genera entre los grupos perredistas, para seguir teniendo ventaja en la discrecionalidad que ahoga al Congreso del Estado.

Hoy podemos ver que esa discrecionalidad fue estimulada con creces: por un lado, en la LXII Legislatura ya brotaron innumerables evidencias de las enormes sumas de dinero que se manejan en efectivo —con todas las dudas que conlleva el hecho de que el manejo de dinero en efectivo denota opacidad plena—.

Y por el otro, los diputados decidieron cerrarle la puerta a la revisión que realizaría la ASE, seguramente no tanto porque quisieran proteger a los integrantes de la Legislatura anterior —aunque en ello pudo haber también un acuerdo político con el Gobierno del Estado, ya que varios de los que fueron diputados ahora son funcionarios estatales— sino más bien porque permitir la revisión, constituiría el “mal ejemplo” para que cada año la ASE quisiera auditarlos.

UNA AUDITORÍA DE PAPEL

A pesar de la supuesta transición democrática que se vive en Oaxaca, la Auditoría Superior del Estado es un remedo de lo que debería ser. Aunque el Ejecutivo prometió que establecería los mecanismos efectivos de fiscalización, y para eso envió una iniciativa que reformaba —y, sobre todo, reintegraba— la Auditoría Superior, aunque al final no propuso que se le dieran mayores alcances o fuerza institucional de las que ya tenía.

Por su parte, al aprobar sus nuevas reglas constitucionales y legales, el Congreso local tampoco le procuro mayores facultades, o recursos económicos; no le brindó una estructura burocrática de carrera que garantizara un nivel constante de actualización y mejoramiento de sus procesos administrativos; y por si fuera poco no le dio las herramientas para que la ASE se ganara la confianza frente a la ciudadanía, y con ello tuviera mayor legitimidad, basada en sus resultados.

Como todo eso no fue suficiente, en 2014 el Congreso creó otro elefante blanco al aprobar la creación de un órgano técnico de fiscalización, a cargo de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior, que encabeza el diputado Adolfo Toledo, que en esencia representa un incremento de burocracia que opera sin marco legal y hasta hoy sin resultados tangibles. Así, por un acuerdo político la Legislatura le creó al diputado Toledo su estructura burocrática, pero con recursos que le quitó a la ASE.

Eso no tendría mayor problema, si no fuera porque ya de por sí la Auditoría Superior opera con fuertes limitaciones económicas, que sólo le permiten revisar anualmente al 10 por ciento de los entes auditables del Estado; y que frente a los posibles quebrantos la misma ley no le da facultad para procurar una persecución judicial efectiva a los responsabilidades.

En esas condiciones, ¿cómo querer tener una Auditoría capaz de revisar ya no digamos que al Congreso, sino a muchas de las corruptas autoridades municipales, que a la vista de todos se burlan de la ciudadanía con sus excesos, con su impunidad, con sus nulos resultados, y con su nulo temor a las consecuencias que puedan tener sus desvíos de recursos.

Así, si la corrupción es institucional y estructural, entonces no habría por qué extrañarse que los diputados se resistan públicamente a la revisión, para preservar el millonario negocio anual que tienen en las manos.

¿MAESTROS?

Coincidimos con quienes piden que a los integrantes de la Sección 22 ya no se les llame “maestros” o “profesores”. Nadie encaminado al bien, y ni siquiera por una causa legítima, tiene justificación para romper y destruir. Ayer dieron una más de sus acostumbradas muestras de irracionalidad al causar destrozos y desmanes en la capital oaxaqueña.

La creación de “frentes comunes” para atajar la postulación de algunos personajes como candidatos del PRI a varias diputaciones federales en Oaxaca, sólo revela el avanzado estado de descomposición de la civilidad al interior de ese partido, y la inutilidad de todos los remedios que le han tratado de dar a los permanentes enfrentamientos, y a las feroces disputas por los ansiados cargos públicos. Lo que ocurrió ayer fue sólo un paso más en la ruta crítica de ese partido.

En efecto, la tarde de ayer se realizaría en la sede del PRI estatal una más de las fases en el proceso de selección de algunos de sus candidatos a las diputaciones federales por el método de convención de delegados. Como desde la semana pasada uno de los eternos grupos en disputa, filtró información falsa de que el Comité Nacional de ese partido ya había “palomeado” a los once futuros candidatos —y que la mayoría de los beneficiarios eran de ese grupo—, todos los demás aspirantes se dijeron burlados y amenazaron con boicotear el proceso, creando frentes de promoción al voto de castigo, y otros más amagaron con renunciar al PRI. Los hechos ocurridos la tarde de ayer, en los que unos porros llegaron a vandalizar la sede priista en aras de que se suspendieran los trabajos que se realizaban, es apenas una muestra de ello.

Lo cierto es que esa filtración de las supuestas decisiones del CEN del PRI, sólo fue una de las prácticas acostumbradas por el grupo del ex gobernador Ulises Ruiz, tratando de influir en las designaciones a partir de la inconformidad, el desánimo y la idea de que él se había impuesto en el reparto de candidaturas. Esa estrategia de echar a pelear a todos los que aspiraban a un cargo, para desgastarlos, y después facilitar la toma de una decisión, fue común durante su gobierno. Y eso fue lo que de nueva cuenta puso en práctica con resultados que, si bien eran los esperados, hoy tienen el efecto adicional de exhibir como incompetente a la dirigencia del partido en Oaxaca.

Pues en otra circunstancia, parecería inconcebible que al interior de un partido que se supone que se caracteriza por la institucional, ocurrieran hechos como los que hemos venido viendo. Se supondría que la dirigencia estatal del PRI, respaldada por su comité nacional, y acatando sus directrices, tendría que haber llevado a cabo el proceso de selección de sus candidaturas a partir de una eficiente operación política. Ello no existió. Y por eso estamos viendo una nueva trifulca en la que todos se sienten traicionados y burlados, pero a la vez todos se sienten con el derecho de cuestionar las decisiones y a su dirigencia.

En todo esto, una pregunta que hoy —al margen de fobias o simpatías— todos los interesados debieran hacerse es ¿dónde está el dirigente estatal, Héctor Anuar Mafud Mafud, que no atina a conseguir el único fin para el que fue designado como líder priista? Pues si recordamos, por estos mismos meses de 2014 hubo una fuerte disputa entre varios personajes y grupos al interior del PRI, para ver quién resultaba ungido como Dirigente.

Mafud ganó esa partida gracias a que era quien —según— generaba menos fricción en la relación necesaria entre los dos Jefes Políticos del tricolor en la entidad (los dos ex Gobernadores) y era quien podía —según, también— generar los consensos entre la militancia, para evitar más rupturas luego de la gran derrota electoral de 2010, y las subsecuentes de 2012 y 2013. Ese era, pues, su gran objetivo. Hablar con todos, conciliar con todos, revitalizar las estructuras partidistas y generar las condiciones para que el CEN decidiera quiénes serían sus siguientes candidatos a cargos de elección popular.

EL FRACASO DE MAFUD

En esta condición, Mafud Mafud debió haber impedido cualquier intento de insubordinación entre militantes y aspirantes a las diputaciones federales. No lo hizo, porque como no tiene influencia real sobre los actores determinantes de su partido —varios de ellos ni siquiera lo escuchan, y él no tiene paciencia para promover el consenso—, tampoco está en condiciones de llamarlos al orden, serenarlos, y establecer una margen mínimo de respeto a las reglas necesarias para el desarrollo del proceso de selección de sus candidatos.

Todo esto, además del caos que es hoy —como siempre, pero también como se supone que ya no debía de ocurrir al contar ese partido con un dirigente supuestamente consensado entre los factores decisivos del PRI— el proceso interno de selección de sus candidatos, revela que Mafud no ha hecho su trabajo, y que por eso anda buscando justificaciones frente a todo lo que está ocurriendo.

En estas condiciones, sólo faltaría escucharlo decir que una vez más —y como siempre— tendrá que ser el CEN del PRI, o el Presidente Nacional de su partido, o el propio Presidente de la República, quien deba venir a Oaxaca a poner orden entre los aspirantes a cargos públicos, e implícitamente a resolver el caos que él no contribuyó a resolver, y que sí estimuló con su indolencia, su apatía y su falta de iniciativa para realizar el trabajo que le fue encomendado.

Hoy, por ejemplo, el “borregazo” que fue la filtración de una supuesta lista de candidatos “palomeados” para las diputaciones federales por el PRI, es un golpe contra Mafud, que él mismo debiera considerar como “fuego amigo”. ¿Por qué? Porque el ulisismo, voraz y bribón como todos saben que es, decidió echar por delante esa lista para tratar de que el desánimo “bajara” a varios de los posibles candidatos (que en su lista ficticia no eran los elegidos), y para que el enojo los llevara a cometer actos que luego justificaran la decisión de sacarlos de las candidaturas.

Lo que el ulisismo no calculó, es que esta lista era un golpe bajo para el dirigente que ellos mismos contribuyeron a poner en el PRI. La lista filtrada, y la afirmativa ficta que trajo aparejado el silencio del CDE, fue el golpe que necesitaba Mafud para quedar como una caricatura de sí mismo. Pues ello demostró que la dirigencia ni opera políticamente y tampoco decide; que son los dos o tres personas, desde la Ciudad de México, quienes resuelven, y que todo lo que ocurre aquí es una simulación para justificar la “democracia priista” en la que, sin embargo, no se ve ni se escucha a nadie.

¿QUÉ SIGUE?

Hoy existe una disputa, que no conoce reglas, por las candidaturas en los distritos que se definirán a través de la convención de delegados. Y faltan las definidas por designación directa. Ese será otro caos. Todo está anunciado.

Lío por nómina, justificación para acatar reforma

Este fin de semana fue de nueva cuenta un martirio para la ciudadanía, y todo por una enésima resistencia (simulada) de la dirigencia de la Sección 22 del SNTE, a aceptar un paso más en la implementación de las nuevas reglas federales en materia educativa. Es una resistencia simulada, primero porque la dirigencia seccional llamó a sus bases a no recibir su primer quincena de enero, cuando los principales dirigentes ya lo habían hecho; y segundo, porque en la protesta y los acuerdos se esconde la aceptación silenciosa de la reforma federal.
En efecto, desde la semana pasada la dirigencia de la Sección 22 se dijo en alerta ante el anuncio del IEEPO, de que a partir de la primera quincena de enero asumía la responsabilidad del pago de la nómina educativa en Oaxaca, y no hasta el mes de marzo como inicialmente se había anunciado. Aún cuando el anuncio conllevaba un conjunto de buenas noticias para todos los trabajadores de la educación, la 22 insistió en ver lo negativo esencialmente por el cambio de institución bancaria, de Santander a Bancomer.
¿Por qué buenas noticias? Porque en su comunicado del siete de enero, el IEEPO anunció que “el Gobierno Federal absorbe la nómina integrada con los derechos y prestaciones logrados por los trabajadores de la educación, con la carga presupuestaria que implica el paso de la zona económica dos a la tres, además del reconocimiento de días adicionales, donde se incluyen bonos y aguinaldo”.
Es decir, con esta aseveración quedaban desmontados todos los argumentos con los que el sindicato magisterial asustó a sus agremiados, y con lo que los hizo participar en las largas jornadas de protesta que han realizado, relacionados con el hecho de que el gobierno federal no reconocería las conquistas salariales, el escalafón, y las prestaciones obtenidas por el magisterio en sus negociaciones anuales con el Gobierno del Estado, paralelas a las que el gobierno federal realizaba con el SNTE.
Pues fuentes del propio sindicato, sostenían este fin de semana que la razón concreta por la que el Comité Seccional decidió movilizar a sus bases, tiene su origen en el cambio de institución bancaria encargada del pago. Pues si de entrada tomamos en consideración que el manejo de la cuenta bancaria de la nómina educativa implica el manejo de 17 mil millones de pesos anuales, entonces podemos comenzar a dimensionar el tamaño de los intereses que se encuentran involucrados en el cambio de institución bancaria encargada de manejar estas cuentas de la nómina educativa.
Concretamente, señalaban que una de las razones por las que la Comisión Política de la Sección 22 se inconformó, e insistía con particular vehemencia que el Banco Santander siguiera siendo el responsable de la nómina educativa, se centraba en que la cúpula sindical quería preservar los “acuerdos” que históricamente ha tenido con esa institución bancaria.

LAS INCONGRUENCIAS
Fuentes del gobierno estatal, sostienen que hasta la tarde del pasado viernes, había cobrado su pago bajo la nueva modalidad, alrededor del 75 por ciento de los 81 mil trabajadores de la educación en Oaxaca; asimismo, señalaban que al margen de las negociaciones entre el gobierno y la 22, y las movilizaciones del fin de semana, de todos modos hoy lunes se normalizarían las operaciones relacionadas con el pago de nómina, con todo y los talones de pago, que era otra de las inconformidades del magisterio.
Sostienen además que las incidencias relacionadas con errores en pagos, o con trabajadores a los que no se les expidió su cheque, fueron menores al uno por ciento. Aún así, la 22 decidió tomar esa cuestión marginal (que quedó refrendada en la minuta firmada la noche del sábado entre el gobierno y la 22) como una bandera para tener una justificación más de sus movilizaciones.
Otra de las incongruencias de la Sección 22, es que el propio gobierno estatal aseguraba desde antes de que esto ocurriera, en que los pagos se procesaron tal y como los puso en la mesa la Sección 22, con base en su llamado “plantilleo”, que ahora con dicha protesta querían desconocer.
Y un aspecto fundamental, es que ocho de los quince integrantes de la Comisión Política de la Sección 22, que desde el miércoles pasado habían exigido a sus bases no cobrar, ya habían cobrado sus quincenas. Su salario, aseguran, fue depositado en sus cuentas de Santander desde el jueves 8 de enero. Y entre los que llamaban a no cobrar, pero con su quincena en la bolsa, se encontraban el propio Núñez Ginez y Francisco Villalobos, entre otros.
¿Qué es lo más contradictorio de este asunto? Que el sábado la dirigencia de la Sección 22 firmó una minuta de trabajo con el gobernador Gabino Cué, en la que éste se compromete a pagarle a los trabajadores que no hubieren recibido su cheque ahora emitido por la Federación, y a gestionar mesas de trabajo con el gobierno federal para que los cheques traigan su talón de pago, como tradicionalmente ocurría.
Esto esconde un hecho trascendente: al aceptar esto, la 22 está también acatando los términos de la reforma educativa. Esa que tanto ha combatido. Así, como lo dijimos hace meses, quedó demostrado que la llamada armonización de la legislación estatal en materia educativa no era indispensable, que de todos modos las nuevas reglas se estarían aplicando a partir del primer día del año, y que esa era una de las grandes apuestas del gobierno estatal para lavarse las manos frente al magisterio por el cambio de régimen jurídico a partir de 2015.
Al final, a quienes les queda el cuestionamiento más de fondo —y las alas críticas de la Sección 22 así se lo han venido reprochando a la dirigencia desde hace meses— es que sus supuestas acciones en defensa de los derechos de los trabajadores hayan sido meramente testimoniales y simuladas. Si vemos en perspectiva todo lo que ha pasado en los últimos dos años, podremos corroborar que desde que se aprobó la reforma constitucional a los artículos 3 y 73 en materia educativa, hasta este paso dado sorpresivamente por el gobierno federal, todas las batallas las ha venido perdiendo un magisterio que a su interior se encuentra cada vez más desgastado, desacreditado, deslegitimado y desarticulado.

LAS SOSPECHAS
Sí, es cada vez mayor el grado de sospecha de que en el fondo la 22 ha sido como un “tronco” del box: esos que su único fin es mantenerse de pie para aguantar la golpiza, pero que de antemano están destinados —y así lo aceptan— a perder la pelea.

+ Candidatos ciudadanos, ahogados por partidos

Si en el PRI es escandalosa la forma en cómo los mismos políticos de los dos grupos predominantes intentan tener la capacidad de reciclarse y volver, en cada proceso electoral, a intercambiar posiciones políticas, algo muy similar ocurre en el PAN y PRD. En estos partidos, en la elección federal que se avecina, están pasando por sus propios procesos internos los cuales, en el fondo, son muy similares —y cuestionables— que los de los priistas.
En efecto, determinados por los tiempos que marca la ley para el inicio de los procesos de selección de quienes serán sus candidatos, todos los partidos están ya metidos en el arranque de sus procesos internos. En el PRI, afirmábamos en nuestra entrega de ayer jueves, hubo ya toda una pléyade de personajes que decidieron brincar, abiertamente, de las diputaciones locales, las delegaciones federales y algunos cargos administrativos, para tratar de ser candidatos. En las determinaciones que ya se infieren al interior de ese partido, no habrá una sola cara nueva: todos los que ya manifestaron su aspiración, y que se convertirán en candidatos, son personas que han ido brincando de cargo en cargo, y que ahora harán lo mismo.
Esta práctica es harto cuestionable, pero no es privativa del PRI. ¿Qué pasa en los otros partidos importantes? En el PAN, por ejemplo, también están ya trabajando para conformar las listas de quienes serán sus precandidatos. Hay varias “sorpresas” que —como en el PRI— parten justamente de corroborar que las mismas personas pretenden brincar de un cargo a otro, sin detenerse a pensar si sus resultados o su capacidad avalan la nueva responsabilidad a la que aspiran.
En la inscripción del panismo para las diputaciones federales de mayoría, vemos varios rostros conocidos. Por el distrito que incluye a la capital oaxaqueña (el octavo, federal) ya se inscribió el diputado local Sergio Bello Guerra, que llegó a la Legislatura local como candidato de representación proporcional, y eminentemente gracias a la amistad que tiene con el dirigente nacional con licencia, Gustavo Madero Muñoz.
¿Qué puede presumir de trabajo legislativo? Nada. ¿Puede decir que representa los factores de poder de la clase empresarial oaxaqueña? No. ¿Tiene el respaldo de un sector importante de la ciudadanía? Tampoco. Más bien, como ya se siente dentro de la clase panista dominante, ahora pretende embarcarse en una aventura sin siquiera haber cumplido la primera mitad del periodo para el que fue electo como diputado local. Es decir, no tiene méritos sino ambiciones.
Algo muy similar ocurre con otros personajes como el diputado Gerardo García Henestroza, la diputada Remedios Zonia López, o la regidora Marlene Aldeco Reyes Retana, que también se inscribió en el proceso para la elección de candidatos. Los dos primeros son parte del mismo cuestionamiento global que pesa sobre todos los integrantes del Congreso local, maximizado por el hecho de que salvo destellos de participación importante, ninguno de ellos se ha destacado por grandes logros o para el Congreso, o para las comunidades que representan. Más bien, legisladores como Zonia López se han caracterizado por los escándalos, la improductividad y la intención de ser diputado únicamente por supervivencia pero sin demostrar un ápice de compromiso.
Mención especial tiene Marlene Aldeco, que ha sido una de las más grandes beneficiarias de la práctica de los chapulines, en los últimos años. Ha sido dos veces diputada local, y dos veces regidora, en la última década. Su primera diputación fue por la vía de la representación proporcional, y la ocupó por el extinto Partido Convergencia, de donde brincó al PAN para luego ser regidora en la capital oaxaqueña, y después diputada local por el distrito de Miahuatlán.
En esa zona, hubo una queja recurrente de la población porque, como diputada, Aldeco nunca regresó a comunidad alguna a gestionar o atender demandas sociales, y tampoco reconoció la representación que ostentaba de esa zona. Finalmente, en el proceso electoral del año pasado fue postulada nuevamente como candidata a Regidora por Oaxaca de Juárez, y hoy —como nadie le cuestiona que por su chapulinismo no tenga pertenencia ni identidad en una zona definida— pretende ser candidata a diputada federal por el distrito VIII.
Este caso es muy parecido al de Alejandra García Morlán, que nunca ha participado en una elección abierta, pero ya fue también regidora y diputada local. Ella se inscribió para ser candidata en esta elección federal intermedia, pero de la tercera circunscripción plurinominal.

LAS TRIBUS PERREDISTAS
Entre los perredistas pasa más o menos lo mismo, sólo que con sus variantes. De la tribu de los López, resulta que todos quieren ser candidatos pero ya no de la región de la que son oriundos (Juchitán de Zaragoza), sino por el distrito de Oaxaca Centro. En la lista de registrados como precandidatos ya aparecen los nombres de Lenin López Nelio López, Pavel López Gómez, y quizá también intente ser candidato Jesús Romero López, ahora que se vio frustrada su intención de ser dirigente estatal del PRD.
En el Istmo de Tehuantepec la tribu que domina es la de los Serrano Toledo. Rosendo es diputado federal plurinominal, y Félix es diputado local de mayoría relativa por el distrito V de Ciudad Ixtepec, y no sólo eso: también es coordinador de la bancada perredista en la LXII Legislatura local y Presidente de la Junta de Coordinación Política. En este contexto, la hija de Rosendo, Aleida Tonelly Serrano Rosado, fue diputada local plurinominal en la anterior Legislatura, y se manejó como posible candidata a la Presidencia Municipal de Ixtepec (cuestión que finalmente no ocurrió); por ello, no sería nada raro que ella apareciera como una de las candidatas plurinominales de la llamada tribu de “los chendos” en este proceso electoral federal, ya que entre ellos es práctica común y aceptada postular a hijos, primos, “juanitas”, compañeras sentimentales y demás.
No debiera extrañar que en este proceso Hugo Jarquín, con su tribu ahora bien ubicada, también imponga a sus candidatos, y que lo mismo hagan otros como Raymundo Carmona Laredo en Pochutla. Y así, cada uno por su lado.

¿Y LA CIUDADANÍA?
Es la gran ausente. El país vive una crisis de legitimidad sin precedentes. Pero parece que la partidocracia en Oaxaca no lo registra. Estos impresentables “chapulines” son muestra exacta de ello.

+ Avidez por los cargos; nulo débito a los electores

Con la llegada del mes de enero arrancaron también unas efervescencias electorales que en Oaxaca no vienen acompañadas de ningún tipo de cuestionamiento sobre los antecedentes y las formas de quienes aspiran a un cargo público. En cada uno de los partidos, las candidaturas a diputaciones federales están siendo ofertadas y repartidas según los criterios e intereses políticos particulares. Y la gran mayoría de quienes aspiran son simples “chapulines” —que van de cargo en cargo, con el mismo discurso estéril de siempre— que no parecen tener ningún temor a un cuestionamiento de la ciudadanía (que parece no existir).
En efecto, ayer por ejemplo en el PRI se llevó a cabo el registro de quienes aspiran a una diputación federal en cinco de los once distritos electorales federales; esta misma semana se dio a conocer que la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional dio su anuencia para que el ex titular de Sinfra, Netzahualcóyotl Salvatierra López, compita para conseguir la candidatura a una curul por el principio de representación proporcional. Y esto se cerrará una vez que se oficialicen algunos cambios más en la administración estatal, y se integre la lista de quienes buscarán una candidatura por el Partido de la Revolución Democrática.
El discurso, y la historia, son los mismos de siempre. En las dirigencias partidistas se dirá que los procesos de selección serán transparentes, respetuosos y equitativos aunque la realidad indique que todo responderá a los mismos intereses y prácticas cupulares de siempre. Y los aspirantes a una candidatura dirán que cuentan con el aval de su trabajo, y que sus aspiraciones políticas son legítimas y razonables. Pero todo esto ocurrirá de cara a una sociedad que parece no tener ningún cuestionamiento sobre las prácticas partidistas o sobre los aspirantes, y que con ese silencio avala las ambiciones de quienes no parecen ser más que simples e impresentables “chapulines”.
Y es que es bien conocido que en políticas son conocidos como “chapulines” aquellos que van —o intentan ir— brincando de un cargo a otro, como si los espacios públicos fueran parte de un proceso de acumulación, o como si todo se redujera a no perder los privilegios de los cargos públicos.
Pues al hacer una revisión de esas listas de aspirantes en los partidos, podremos corroborar que muchos de ellos encajan con toda perfección en dicha definición, porque hace apenas dos años varios de esos personajes eran los mismos que exigían ser considerados para la asignación de las delegaciones federales, y otros ya ocupaban alguna responsabilidad como servidores públicos.
Otros, incluso, tienen apenas un año desempeñándose como legisladores locales, y aunque son integrantes de una Legislatura improductiva y que demuestra muy poca preocupación por lo que le ocurre a la mayoría de las personas, asumen que por el solo hecho de ser diputados locales ya son líderes y jefes políticos de la región que representan, y que por ese solo hecho —y sin que medien resultados corroborables, o tiempo razonable para cumplir los compromisos que en otro momento hicieron con sus electores para llegar al cargo que hoy ostentan— ya son merecedores de una nueva candidatura.
¿Cómo explicar, por tanto, que personajes como David Mayrén, Beatriz Rodríguez, Antonio Amaro, Heliodoro Díaz Escárraga, Marco Antonio Hernández, Sofía Castro, Manuel García Corpus; todos ellos priistas, delegados federales con menos de dos años en funciones, y con una larga carrera de pasos sincrónicos entre el servicio público y los cargos legislativos, hoy pretendan una vez más convertirse en candidatos por el solo hecho de ser “políticos”.
Y pasa más o menos lo mismo con María Luisa Matus, Juan José Moreno Sada, Yolanda López, Fredy Gil Pineda Gopar y Emilia García —además de los que resulten—, que apenas si alcanzan a completar un año como legisladores locales, y que parecen querer llevar como respaldo y bandera de campaña, el escasísimo trabajo que han realizado en este corto periodo como diputados locales.

NETZA Y MAOH
Hace seis años, se criticó duramente —y con toda la razón— al entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz por haber movido cielo, mar y tierra para que su Secretario de Finanzas pudiera aspirar a convertirse en diputado federal. Ruiz había dispuesto que Miguel Ángel Ortega Habib (MAOH) tuviera a su “juanita” que le guardara la curul en San Lázaro, para que éste contara con inmunidad constitucional una vez que dejara su cargo y asumiera como diputado federal.
Esa maniobra se le complicó a Ulises Ruiz, porque a la par de ello estalló el escándalo de las y los diputados federales que solicitaban licencia tan pronto como asumían el cargo, para que ascendieran a dicha posición sus suplentes, que eran los reales beneficiarios de los espacios; y porque en ese mismo tiempo también estalló el escándalo de Rafael Acosta Ángeles, Juanito, a quien López Obrador puso como candidato a delegado en Iztapalapa únicamente para allanarle el camino a su candidata, que era Clara Brugada.
Y si algo le faltaba, además del escándalo que ya era que en Oaxaca había una versión propia de los “Juanitos”, con Ortega y Margarita Liborio (suplente y propietaria de una diputación federal plurinominal), hubo un cuestionamiento y una negociación fallida entre éstos para permitir el arribo de Ortega. Quizá hubiera podido pasar, pero MAOH se hizo verdaderamente impresentable cuando se reveló que familiares directos suyos habían sido detenidos por autoridades federales por poseer alrededor de mil 200 millones de pesos de procedencia no comprobada.
Todo esto sirve para ilustrar una postal actual: Salvatierra, uno de los funcionarios más cuestionables de la administración actual, está ahora buscando ser candidato a diputado federal plurinominal por uno de los partidos aliancistas (el PAN). Salvatierra no es político. No lo ha sido. De hecho, nunca lo fue. Pero sí dejó tras de sí una estela enorme de cuestionamientos y acusaciones de corrupción, que hoy son contenidos por el mismo gobierno para el que trabaja, pero que no tardará mucho antes de que las evidencias se desborden.

¿CHAPULINES O LANGOSTAS?
O quizá también sea que Salvatierra quiere andar en la misma ruta marcada por el secretario de Salud en el gobierno de Ruiz, Martín Vásquez Villanueva. A éste no lo han alcanzado las investigaciones sobre su desempeño en SSO porque ha ido siempre tras el manto del fuero, primero local, y ahora federal para evadir posibles responsabilidades.

Congreso legisla sin considerar derechos humanos

Un juez federal declaró inconstitucional una de las poquísimas normas aprobadas por la LXII Legislatura en su primer año de ejercicio, y que es a la vez la reforma que más interés revistió para los integrantes de la Junta de Coordinación Política. La norma declarada inconstitucional, es la que en diciembre de 2013 devolvió al Congreso la facultad para nombrar administradores en los municipios que por presentar conflictos políticos no pudieron llevar a cabo elecciones. Más allá del desacato a esta sentencia —que es la ruta previsible que tomarán los diputados— vale la pena conocer los razonamientos de esta trascendental resolución judicial.
En efecto, el juez quinto de Distrito del décimo tercer circuito judicial federal (el que corresponde al Estado de Oaxaca) declaró inconstitucional el decreto número cinco de doce de diciembre 2013, mediante el cual la LXII Legislatura reformó la fracción XIII del artículo 59 de la Constitución local. Fundamentalmente, el juez federal consideró que hubo violaciones graves al procedimiento legislativo, al pasar por alto que el establecimiento de dicha disposición vulneraba los derechos a la consulta y a la libre determinación que tienen reconocidos los pueblos indígenas en todo el país tanto por la Constitución como por convenciones internacionales. ¿De qué hablamos?
De que, en primer término, los pueblos y comunidades indígenas tienen reconocido el derecho a la libre determinación de acuerdo con el artículo 2 de la Constitución de la República. Ese derecho implica que los pueblos indígenas tienen el derecho a hacer uso de sus propias instituciones y métodos de elección de autoridades. Concretamente, la fracción III del apartado A de dicho artículo señala que los pueblos indígenas tienen autonomía para elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno; cuestión que, señala, no se respetó al realizar esta reforma.
Esta primer cuestión, se entrelaza con el derecho a la consulta a los pueblos indígenas, que si bien no se encuentra en el texto constitucional, sí es parte del marco jurídico nacional en virtud de que se encuentra reconocido en un tratado que fue firmado y ratificado por México. Este derecho, como lo hemos apuntado en otros momentos, está contenido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
Dicho instrumento (artículo 6, inciso a) señala que los Estados parte se comprometen a consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Esta cuestión, junto con el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, fueron esenciales para esta declaratoria de inconstitucionalidad realizada por un tribunal de control constitucional del Poder Judicial de la Federación.

VIOLACIONES CONSTITUCIONALES
Dice en primera instancia el Juez federal, que la reforma a la fracción XIII del artículo 59 de la Constitución del Estado, confrontada con el principio de autodeterminación de los pueblos indígenas, resulta contraria al texto constitucional y a las normas convencionales analizadas pues, en caso de que se actualice el supuesto normativo enunciado, será el Congreso quien designará a un administrador municipal, sin consultar previamente a la comunidad o pueblo, lo que indudablemente vulnera su sistema normativo interno o el régimen de usos y costumbres reconocido para los pueblos indígenas.
Incluso señala que el Congreso fue omiso hasta en el hecho de explicar las razones y fundamentos de esta decisión legislativa, pues sostiene que en la exposición de motivos de once de diciembre de dos mil trece, los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura, justificaron la reforma que constituye el acto reclamado basándose en los principios de la división de poderes, el régimen democrático del Estado de Oaxaca y de acuerdo a las atribuciones que les confiere el artículo 59, fracción XIII de la Constitución local para nombrar a los integrantes de los Consejos Municipales, lo que hicieron inexplicada (e inexplicablemente) extensivo a la designación de los administradores municipales.
Frente a todo esto, el juez federal hace notar que en ningún punto del proceso legislativo se hace notar que el Congreso haya consultado previamente a los pueblos indígenas sobre la intención de realizar esta reforma. Y aún cuando sostiene que la consulta no es parte formal del proceso constitucional de creación de una norma, sí señala que tanto el artículo 2o constitucional, en el que se establecen todas las prerrogativas a favor de los pueblos indígenas, como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, establecen la obligación de convocar a los pueblos indígenas en el momento en que se emita una legislación que de alguna manera afecte sus competencias, cuestión que no ocurrió pero que sí debió realizarse.
Así, dice, si la autoridad legislativa no realizó la consulta previa a que se refiere el artículo 2o de la Constitución federal, así como el artículo 6°, Apartado 1, inciso a), del Convenio 169 de la OIT en el proceso de reforma del numeral impugnado, constituye una omisión formal y sustancial trascendental, pues soslaya los requisitos de procedibilidad legislativa para la reforma de la norma, que se integran por el texto constitucional y las normas convencionales analizadas, sin las cuales dicha reforma no puede considerase válida, al haber sido creada en demérito a los principios democráticos consagrados en la Constitución de la República.

CONGRESO ¿ACATARÁ LA SENTENCIA?
En base a todos esos argumentos, el juez federal sostiene que el artículo 59 fracción XIII es inconstitucional. Y manda tanto al Legislativo como al Ejecutivo para que, por un lado, dejen sin efectos todos los actos relacionados con ese proceso legislativo; y por el otro, para que cuando realicen de nuevo la modificación a ese precepto, lo hagan previa consulta a los pueblos indígenas de Oaxaca. Puede preverse que nada de esto hagan los diputados, pues los administradores ya nombrados deben continuar en sus funciones hasta en tanto se realice correctamente la reforma. No ocurrirá. Esto último es lo que más le conviene a los diputados.

+ No agravia solvencia económica sino ostentosidad

Si Heliodoro Díaz Escárraga, o su hijo, fueran empresarios o beneficiarios de un premio de la lotería, nadie les cuestionaría un acto de frivolidad, por muy excesivo y pedante que éste fuera. Sólo que como no son empresarios, ni personas acaudaladas, y tampoco se les conoce otra actividad para ganarse la vida más que el servicio público y los proyectos políticos, una broma —cierta o falsa— sobre la adquisición de un vehículo de lujo, fue suficiente para que ambos fueran exhibidos y defenestrados de las responsabilidades administrativas que ostentaban.

En efecto, el 22 de diciembre pasado, en su cuenta de Facebook el hasta entonces empleado federal, Heliodoro Díaz Escárraga, posteó una foto de su hijo aparentemente conduciendo un vehículo Porsche color amarillo. En la leyenda que acompañaba la imagen, el priista hacía alusión a que ese automóvil era “su regalo” de Santa Claus, y que lo cuidara. De inmediato, capturas de pantalla de esa imagen comenzaron a circular en redes sociales, y al día siguiente esta información fue retomada por un diario de circulación nacional, que manejó dicha nota en portada. Esto generó un escándalo que rebasó por mucho la broma por la que aparentemente inició este asunto.

En un inicio, Díaz Escárraga afirmó que no era dueño del Porsche, que no se lo había regalado a su hijo; que éste simplemente se había fotografiado en el vehículo como anécdota, y que todo era producto de una broma. Sin embargo, un día después se hizo oficial la separación del cargo que éste ostentaba, y también del cargo del subdirector jurídico de Liconsa, que ocupaba su hijo Heliodoro Díaz Aguirre. A ellos la frivolidad, fuera cual fuera, les cobró una costosa factura. ¿Por qué?

Porque los Díaz Escárraga, como muchísimas otras familias de políticos en Oaxaca son plenamente identificadas. Además, porque se conoce perfectamente que el centro de sus actividades es la actividad del servicio público y porque, también se supone —aunque de forma muy relativa— que el servicio público debe estar regido por lo que en algún tiempo se conoció como la “justa medianía”. Es decir, vivir en condiciones de dignidad pero alejados de lo ostentoso, y de lo que no pudiera explicarse a partir de los ingresos obtenidos en su actividad, porque se supone que justamente la actividad pública permite ingresos para vivir en condiciones dignas, pero no de privilegio.

Ese es el primer parámetro que no entendieron los Díaz Escárraga, a pesar de la experiencia que se supone que tienen en la conducción de su vida pública. Pues aún siendo una broma, es imposible suponer que alguien que trabaja para el gobierno pueda ganar lo suficiente como para tener un vehículo que rebasa por mucho la capacidad adquisitiva de la gran mayoría de la población.

E incluso, aún teniendo la capacidad económica para comprar dicho vehículo —derivada de sus ingresos como funcionario—, de todos modos el agravio subsiste por la falta de prudencia y la contradicción que genera la suntuosidad en la conducción de su vida privada, de personas que se supone que trabajan para atender problemas sociales de la población que no tiene un ingreso seguro, ni casa propia, ni una subsistencia asegurada, y ni siquiera lo suficiente para poder hacer tres comidas al día.

LA PURGA

Al final, esta pareció ser una purga más que generan los errores que cometen quienes no son importantes para un proyecto político. Pues a pesar de lo cuestionable que resulta, cuando en nuestro estado y país han ocurrido conflictos de esta naturaleza en personas que son sustantivas para una institución o para un esquema de gobierno, el ventarrón es soportado y finalmente la responsabilidad subsiste sobre el escándalo. No obstante, en este caso parece que los Díaz Escárraga se quedaron atrapados en el escándalo y fueron víctima de los mecanismos por los que llegaron a las responsabilidades de las que fueron defenestrados.

Por un lado, Heliodoro Díaz Aguirre era subdirector jurídico de Liconsa, gracias a que el director General de esa empresa de participación estatal, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, fue compañero diputado de Díaz Escárraga en la LX Legislatura. Ahí ocurrió lo que casi siempre termina pasando: que como parte de sus “negociaciones políticas”, un político pacta con otro ciertos apoyos políticos, a cambio de la incorporación de uno de los suyos en un área de responsabilidad administrativa.

En este caso, a cambio de la incorporación de su hijo, pero al margen de la capacidad, la experiencia y la idoneidad para ser nombrado en el cargo que ostentaba. Esa fue la forma en que incorporaron a Liconsa a Díaz Aguirre. Y de no haber sido por el escándalo del Porsche, nadie habría cuestionado —incluso, nadie se habría enterado— que esa área de responsabilidad era ocupada por alguien que no necesitó demostrar capacidades o superar a otros funcionarios y/o profesionistas para ostentar dicha responsabilidad, sino simplemente un acuerdo —o favor— entre dos personas.

Algo parecido pasaba con Díaz Escárraga, que también ocupaba un alta responsabilidad pública y que también llegó a ésta gracias a un conjunto de acuerdos políticos. ¿Qué experiencia habría podido demostrar Díaz Escárraga para ocupar la responsabilidad de coordinador regional que ostentaba, si la designación en ese cargo se hubiera hecho estrictamente a partir del perfil profesional y experiencia, en igualdad de circunstancias para todos los participantes, y en el que él hubiera participado no como un ex diputado federal o un político oaxaqueño de carrera, sino como un ciudadano más?

Al final, lo que parece es que un escandalo de esos sirvió, primero para demostrar que la frivolidad sí tiene su costo para quien incurre en ella —así sea en tono de broma—; pero también para recordarnos a todos (y ese es el mensaje más importante, aunque ha sido poco atendido) que del servicio público se deben desligar la política y los acuerdos poco transparentes, que permiten la designación en cargos públicos de personas que la mejor carta que tienen es política y no de idoneidad para las responsabilidades que les serán conferidas.

RIQUEZA ESCONDIDA

Si el mecanismo de la declaración patrimonial de verdad funcionara —partiendo del supuesto de que los servidores públicos declararan todos los bienes que son de su propiedad y de sus parientes directos—, ¿cuántos escándalos como estos habría? Seguramente nos faltarían días del año, y espacios en la prensa, para revelarlos (y escandalizarnos).