+ Momento crítico debe cambiar ruta de parches

En México debemos comenzar a considerar en serio la posibilidad de llamar a un Congreso Constituyente para que redacte una nueva Constitución. Son varias las circunstancias que hacen evidente esta necesidad, aunque ninguna otra es del tamaño de la crisis que hoy en día vive el Estado gracias a la corrupción, a la impunidad y a la ingobernabilidad que se ha promovido y tolerado desde el propio gobierno. Si el orden debe cambiar desde las bases, entonces es apremiante que dejemos de hacerle parches a la ley y vayamos a una revisión a fondo del texto constitucional.

En efecto, estamos a menos de tres años de que nuestra Constitución federal cumpla 100 años, y es bien sabido que de entonces a la fecha se le han hecho más de 600 modificaciones; que su contenido ha sido modificado sustancialmente en casi todos sus artículos; que si bien se han reforzado aspectos como el de los derechos fundamentales, también ha habido una carrera permanente porque cada gobierno deje huellas de sus particulares programas o intereses políticos en la Constitución. Y sobre todo, hoy es claro que la Constitución ha sido constantemente adecuada a la circunstancia, pero que ésta no siempre ha sido normada de manera eficaz por el mandato constitucional.

Ese es uno de los grandes problemas que tiene nuestra Constitución: que frente a cada circunstancia se piensa en “cirugías mayores” que terminan siendo mamotretos ante la imposibilidad de discutir de fondo los temas que son fundamentales. Si hacemos un análisis de las reformas por periodo presidencial, fácilmente podremos corroborar que cada Presidente ha tratado de salvar su circunstancia política, y ha intentado pasar a la historia como un demócrata o un reformador, pero a costillas de una Constitución que por tener tantos rostros, parece que está acabando por perderlos todos.

Vayamos a dos ejemplos. Durante su gestión, el presidente Felipe Calderón reformó 110 de los 136 artículos que tiene la Constitución. Las modificaciones o adiciones fueron de lo más variado. Cada una de ellas —aunque no en conjunto— dependieron de la circunstancia o el asunto que debía salvar, y que demagógicamente se abordaba partiendo de reformas a la Constitución. Pero esas modificaciones no respondieron a un programa concreto de adecuación de la Constitución, a partir de una visión de conjunto o de un verdadero proyecto de Estado. Cada reforma tenía su propio origen y finalidad, que no necesariamente era concordante con las demás.

Ahora bien, hasta el pasado 7 de julio, el presidente Enrique Peña Nieto había reformado 66 artículos de la Constitución, en cinco paquetes de reformas —energética, fiscal, de telecomunicaciones, de transparencia y educativa— que hoy en día vemos que tampoco han resuelto los temas que preocupan al ciudadano de a pie, y que de nuevo parecen ser la materialización del programa político de un partido en el gobierno.

¿De qué hablamos? De que ninguna de esas modificaciones —que han implicado modificar casi la mitad de todo el texto constitucional— ha aliviado las preocupaciones ciudadanas. Eran, concretamente, el programa de reformas del gobierno para darle viabilidad a un proyecto político que, demagógica y deliberadamente, ellos pretenden hacernos creer que es un proyecto de nación.

Pero tan no han resuelto los problemas que preocupan a la gente —como en su momento no lo hicieron las reformas a 110 artículos de la Constitución durante la gestión del presidente Calderón— que por eso hoy las exigencias son las mismas de antes: combate frontal a la corrupción, a la impunidad, a la violencia, a la ineficacia gubernamental, y a la ingobernabilidad. Esos temas siguen sin ser discutidos, y la autoridad sigue sin ofrecer una respuesta a la ciudadanía dentro del ámbito de sus atribuciones y de las instituciones existentes. Pero como en México la Constitución tiene la culpa de todo, entonces la receta que continúan aplicando los gobiernos es reformar en lugar de actuar, a ver si con eso se olvida o se lava la responsabilidad por lo que, en el terreno de los hechos, no se quiere o se puede realizar.

RESPUESTA INÚTIL

Hace dos semanas, el Presidente respondió a la exigencia de justicia, con una nueva promesa de acciones… una vez que se hagan reformas a la Constitución. Sí: que el programa de rescate del Estado de Derecho nuevamente pasa —según el gobierno federal— por la realización de una nueva “cirugía mayor” a la Constitución, como si no hubieran sido suficientes las modificaciones que hasta ahora se le han realizado.

La idea es, otra vez, que la Federación absorba facultades antes depositadas en estados y municipios; y que las que en otros tiempos fueron facultades “metaconstitucionales” del Presidente, ahora se institucionalicen para que el Ejecutivo federal ahora sea constitucionalmente más fuerte que los estados y los municipios del país.

Esto no puede seguir así. No, porque los mexicanos parecemos continuar jugando ese amargo juego de evadir la realidad, y tratar de que otros —la Constitución— paguen por los deberes que todos nos rehusamos a asumir. Y si se supone que hay temas en los que todos estamos de acuerdo porque son normas fundacionales de nuestra nación (los derechos humanos, la forma de gobierno, la división de poderes, el federalismo, y algunos otros… se supone), entonces lo que habría que discutir es la necesidad de hacer una nueva Constitución, en donde se plasmen todas esas aspiraciones y aspectos sustanciales de nuestra organización, y se eliminen las tentaciones de seguir elevando a rango constitucional los experimentos o los programas partidistas que se intentan plasmar en el texto fundamental, como si con eso solo se resolvieran mágicamente los problemas nacionales.

Vivimos hoy un momento inédito en la vida nacional. Debemos pensar, por eso, en escenarios que de verdad sirvan para revitalizar el imperio de la ley. ¿Por qué no buscar el refrendo nacional de una nueva Constitución, que se aleje de las frivolidades y los programas partidistas, y que de verdad refleje el ánimo de esos millones de personas que hoy no se sienten respaldados, incluidos y tutelados por ese documento, que se supone que justo para eso fue creado?

RATIFICACIONES

El peor escenario es seguir en la simulación, como la que constituyen mecanismos inútiles como el de la ratificación de los secretarios del gobierno estatal por el Congreso. Ello engloba todo un mar de contradicciones que perviven con el aval de diputados y gobernantes. Abundaremos.

+ Elección descuidada: riesgosa para muchos

Dentro de una semana ya estará resuelta la elección del nuevo dirigente del sindicato de burócratas en Oaxaca. Sin embargo, lo que priva hasta el momento es una abierta intervención de manos oficiales en un curioso conflicto interno en el que los disidentes resultaron ser los oficialistas, y en donde el gobierno dejó de ser un factor de equilibrio para convertirse en instrumento de la impericia de algunos de los funcionarios involucrados en este asunto.

En efecto, hoy la competencia real al interior del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca se libra entre dos grupos: el que tiene el respaldo del actual dirigente, Juan Rosas, y el que ha sido el grupo dominante al interior del gremio por más de una década. El primero de los grupos está agrupado en la Planilla Blanca; y el segundo en la Planilla Roja. Sólo que mientras éste último grupo ha mantenido cierta constancia en su integración, y tiene un liderazgo visible, los blancos en realidad son una rara suma de disidencias que hoy, en sus incongruencias, tiene un apoyo oficial que —para variar— no lleva ningún rumbo, y sí muchos riesgos. ¿De qué hablamos?

De que los blancos son producto de un fenómeno raro al interior de ese gremio. Juan Rosas llegó a la dirigencia sindical gracias al apoyo de los mismos que hoy integran la planilla roja, y específicamente del ex dirigente Joel Castillo Pérez. Sólo que una vez siendo Secretario General del STPEIDCEO, Rosas renegó del liderazgo que lo llevó a esa posición, y para tratar de generar su propio grupo decidió coquetear con todos los hatos disidentes al interior del sindicato, que históricamente habían sido opositores a su grupo originario. Así, vendiéndoles la idea de abanderar a esas minorías, las sumó a su estrategia de renegar de sus antiguos aliados. Y luego, ya metido en el proceso de sucesión de la dirigencia sindical, exigió el apoyo del Gobierno del Estado para fortalecer sus posiciones.

¿Qué resultó? Que gracias a ese apoyo franco de la Secretaría de Administración, el nuevo grupo de Juan Rosas comenzó a recibir beneficios; sólo a partir de ese apoyo pudieron hacer ofrecimientos a personajes relativamente importantes dentro del sindicato, para recibir apoyos concretos a cambio de involucrarse en el proyecto de Rosas. Concretamente, hoy se sabe que gracias a ese respaldo oficial, la Planilla Blanca se encuentra en posibilidad de ofrecer contratos y hasta basificaciones, a cambio de apoyo a ese grupo. Y ya comenzaron a hacerlo.

Y es que al interior mismo del Sindicato sostienen que después de abortar el trabuco de Unidad Sindical, y evitar una desbandada total, los manejadores de la Planilla Blanca comenzaron a cooptar a cuanto “líder de opinión” de entre los mismos burócratas, se cruzaba en su camino. Un ejemplo de esto, aseguran, es el ingenuo secretario de la Comisión Electoral, Samuel Juárez Lucas, delegado sindical en el Sistema DIF, a quien la Planilla Blanca se ufana de haber “comprometido” con su causa gracias al contrato que le acaban de otorgar a su hermana Nelly Juárez Lucas, en la Secretaría del Trabajo.

Otro “líder” al interior del sindicato a quien los blancos dicen haber logrado cooptar, es Ignacio Cruz, del Instituto Catastral, a quien aseguran haber conseguido la basificación de su hija, Tania Cruz. Incluso, otra sencilla forma de tirar el presupuesto —quién sabe si con la venia de la Secretaría de Administración—, es basificando a personal de la Procuraduría, con cargos de policías ministeriales a través de su gestor Armando Rodríguez; o mejor aún, otorgando bases a personal de lista de raya, como la esposa de Eleazar Pascual.

En esa lógica, aseguran que la peor barbarie en que han incurrido los blancos para tratar de fortalecerse de cara a la elección del próximo 10 de diciembre, es la basificación de personal que, contando con todas sus facultades físicas e intelectuales, los han hecho pasar como discapacitados. Existe una lista de personas a las que les fueron otorgado beneficios sindicales a través de esta vía, sin —afortunadamente— tener alguna discapacidad física o intelectual.

DERROCHE, SIN RUMBO

Como puede verse, este conjunto de prácticas y ofrecimientos de cooptación constituye un enorme derroche para tratar de apuntalar a la planilla blanca, a partir del apoyo abierto de funcionarios del gobierno estatal. El problema es que nadie tiene la certeza de que dicho apoyo pueda verdaderamente retribuir en un resultado favorable para la planilla a la que apoya Juan Rosas, primero porque a pesar de ser la suma de varias expresiones al interior del sindicato, ninguna de ellas tiene una presencia importante entre los agremiados; y segundo porque el manejo político que ha tenido Rosas ha sido espectacularmente deficiente.

Y es que parece que en todo esto, Rosas —apadrinado, como lo dijimos aquí mismo el 20 de octubre, por el director del Cobao, Germán Espinosa Santibáñez— no parece haber considerado que el gremio de los burócratas está conformado por grupos que, en su mayoría, responden más a la confianza e identidad con algún grupo, que con una cargada o un proyecto político. Pues al margen de los partidismos, no parece haber generado ninguna confianza al interior del sindicato el hecho de que, desde el inicio, quienes respaldaron a la planilla blanca dejaran ver que esto era únicamente un paso para abonar a la construcción de un proyecto político, dentro de un partido, y rumbo a una elección estatal.

Finalmente lo que parece quedar claro es que nadie tuvo que desacreditar a los blancos: eso lo hicieron ellos mismos al tener un Secretario General carente de todo sentido de la estrategia, y al contar con el respaldo de funcionarios del gobierno estatal que a pesar de tener todo el poder para construir una candidatura fuerte, sólo han venido demostrando incapacidad e impericia para dar rumbo y proyección a su proyecto político, y un claro desconocimiento de la forma en cómo se determina el sindicato de burócratas. En esas condiciones, el resultado de esta elección es previsible, y no será favorable para los otrora disidentes, que luego devinieron en oficialistas, y que hoy se presentan como la planilla blanca.

NO HAY CAMBIOS

Hubo, dicen, sólo una rotación de nombres en las áreas de gobierno estatal. Pero los cambios anunciados fueron otro ejemplo más del gatopardo. Sí: que todo cambie para que siga igual. Tan simple como eso.

La Federación claudica: Guerrero es el indicador

Hasta hace pocas semanas no aparecía entre los escenarios posibles que el gobierno federal claudicara ante el poder fáctico que constituye la disidencia magisterial del sureste del país. La detención-desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y el enojo nacional producto del conjunto de acontecimientos de los últimos setenta días cambiaron las variables, y pareciera que hoy el camino trazado lleva una ruta que, entre sus muchos efectos, va a sepultar a Oaxaca. Ello contradice el discurso oficial. Pero es más fuerte lo que parece que lo que se dice.
En efecto, desde hace varios días se enviaron señales en el Congreso local que de sigue latente la tentación —o la indicación— de ceder ante las exigencias de la Sección 22 del SNTE. El viernes pasado, diputados locales de varias fracciones sostuvieron un encuentro con representantes del magisterio, en el que el argumento fue uno solo: la exigencia abierta de la 22 para que los legisladores no consideren ninguna otra propuesta, y aprueben la iniciativa de Ley Estatal de Educación que ellos les entregaron en agosto pasado.
Sobre esta propuesta hay mucho ruido, pero un total ayuno en cuestión de análisis de fondo. Se dice, por ejemplo, que la propuesta elaborada en conjunto por el gobierno estatal, el Congreso y la 22 es el PTEO hecho iniciativa de ley; se dice también que esa propuesta promueve la evasión del sistema de evaluación a los maestros establecido en la legislación federal; se dice que se contrapone a la Constitución federal; y, en resumen, se dicen muchas cosas negativas de la propuesta. Pero sólo se dicen.
¿Cuál es la realidad? Que hasta hoy el Congreso no tiene un diagnóstico de fondo de cuál es el estatus de constitucionalidad real de las propuestas presentadas tanto por el Ejecutivo como por la Sección 22 del SNTE. De hecho, en la reunión antes señalada entre diputados y representantes de la Sección 22, fue patética la postura del presidente de la Comisión Permanente de Educación, el diputado Jesús López Rodríguez, de no tener claro ni siquiera cuál de las propuestas era la presentada por el magisterio y cuál la del Gobernador. Mucho menos sabía si alguna de ellas, o ambas, o ninguna, tiene en realidad —y al margen de fobias y filias respecto al magisterio— visos de inconstitucionalidad.
Uno de los temas más ruidosos, pero muy poco analizados, es el del establecimiento de un mecanismo de evaluación, en ambas iniciativas. El ruido —y la ignorancia— han apuntado a que ese mecanismo de evaluación busca evadir las disposiciones federales. Sin embargo, quien lee y comprende bien lo que dice la ley, puede comprobar que la ley federal y la estatal se refieren a evaluaciones distintas. ¿De qué hablamos?
De que mientras la legislación federal se refiere a la evaluación de los docentes, las dos propuestas de Ley Estatal de Educación (la del Gobernador, y la de la 22) se refieren a la evaluación de los programas de estudio. A esto nos referimos en nuestra entrega del 14 de agosto, cuando señalamos que lo que dispondría la ley educativa estatal, de ser aprobada cualquiera de las dos propuestas, son sólo procesos de “evaluación” no vinculatorios, que no deciden ni influyen sobre el ingreso, promoción, permanencia y remoción de los docentes, y que más bien van enfocados a crear una “cultura de la evaluación” a través de trabajos colectivos —según— de reflexión y mejora sobre lo ya realizado, que a simple vista, dijimos entonces, parecerían más una terapia de grupo que un verdadero proceso de evaluación del desempeño del magisterio.
Por esos mismos días, y habiendo ya analizado las propuestas, dijimos el 19 de agosto que en realidad el único viso de inconstitucionalidad llana que tenía la propuesta de la Sección 22, era el contenido del artículo 16 transitorio —que fue eliminado en la propuesta que finalmente envió el Ejecutivo al Congreso, y que junto con la supresión de una disposición que establecía el deber del Ejecutivo de estimular económicamente a los mentores oaxaqueños, fue lo que encolerizó al magisterio y provocó que ellos fueran al Congreso a entregar la misma propuesta pero que incluía las disposiciones eliminadas por el gobierno—, que disponía la obligación de contratar automáticamente a los casi 950 normalistas que recién egresaron de las 11 normales del Estado.

CONTRATACIÓN AUTOMÁTICA ¿VA?
Ayer, en su columna Estrictamente Personal, el periodista Raymundo Riva Palacio escribía, en relación a la posible autorización de la contratación automática de los normalistas en Oaxaca, lo siguiente: “En Oaxaca, [el subsecretario de Gobernación] Luis Miranda ya dispuso que avancen las instituciones estatales para entregarle formalmente el poder a la Sección 22 de la CNTE (…) ahora, Miranda aceleró la solución final. La semana pasada instruyó a las autoridades en Oaxaca a que aprueben la ley educativa que presentó la Sección 22. De una vez por todas, que la CNTE se apropie de la Reforma Educativa en los términos que desee”. Según Riva Palacio —y esto es evidente—, esto significaría la claudicación del Estado mexicano frente a la implementación de la reforma educativa.
Al final, esta versión viene a darle coherencia a todo lo que se ha dejado ver en el Congreso local: que las fracciones parlamentarias estarían dispuestas a aprobar la propuesta de Ley Estatal de Educación que presentó la Sección 22, porque es la que dispone la contratación automática de los normalistas, pero con la venia de Gobernación.
Esto, aunque no es propiamente un tema de fondo, sí sería el reconocimiento de que el magisterio venció al Estado. Pues, de hecho, toda la reforma educativa se hizo con la intención justamente de frenar la ausencia de mecanismos de control que permitían que el magisterio fuera juez y parte en la administración de la educación pública en el país.

PANORAMA DESOLADOR
No es para menos. Ayer mismo, Javier Solórzano decía en La Razón —y en concordancia con Riva Palacio— que Guerrero anda sobre los pasos de Oaxaca, y que pareciera que ahí a la ciudadanía no le queda más que irse acostumbrando a vivir en medio de la anarquía que provoca un gremio sin contrapesos ni límites. Qué tragedia para el sureste del país, que mientras el Presidente anuncia programas de rescate (las zonas económicas preferenciales) para Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, también le entrega la gobernabilidad a quienes desde ahora serán los enemigos de esos proyectos. Es continuar en la apuesta por el repudio al sureste del país.

+ Protesta: útil sólo para exigir; inútil, cuando afecta

México entró ya a un estado de conciencia que está llevando a diversos sectores sociales a manifestarse de una forma que hasta ahora no había sido vista. Pero mientras la sociedad despierta y se empodera, existe una intención clara de los sectores que han tenido a su favor el estado de cosas por canalizar toda la inconformidad sólo hacia las calles. Cada mexicano debía tomar conciencia de que no sólo en las calles se protesta, sino que lo importante es exigir y canalizar la exigencia hacia cambios concretos.

En efecto, llevamos casi 70 días desde que ocurrió la detención-desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y no ha habido un solo día en el que no se cuente una manifestación más de repudio por ese hecho. A la par ocurrió la revelación de la ostentosa mansión de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, y todos presenciamos el estado de shock en el que entró el gobierno federal por no poder explicar la procedencia de esa propiedad valuada en casi 90 millones de pesos.

Ello abrió una discusión que hasta ahora estaba reprimida: el de la urgencia de establecer mecanismos de control al poder público, frente a las tentaciones de la corrupción. Y a esa inconformidad se le vinieron a sumar todos los factores sociales y económicos adversos del país, que sólo estaban esperando el momento y la coyuntura perfecta para emerger de las clases populares, donde se encontraban arrinconados.

Esa suma de factores es la que hace perfectamente explicable y legítima la inconformidad de los mexicanos. Pues no hay un solo mexicano razonable que pueda decir que está a favor de la colusión o el sometimiento de las autoridades con cárteles criminales; no hay un solo mexicano que pueda decir que acepta que en los municipios, en los gobiernos estatales, y hasta en distintas áreas del gobierno federal, haya o pueda haber funcionarios que tienen relación con criminales y continúan sin ser molestados. No hay, no puede haber, un mexicano medianamente razonable que pueda decir y argumentar que está a favor de las violaciones —por acción u omisión— a los derechos humanos de las personas, que comete la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

Pero así como no hay —ni puede haber— un solo mexicano razonable que pueda ver o justificar legítimamente un acto abominable como la detención-desaparición de los normalistas, tampoco puede haber gente que se diga a favor de las desigualdades sociales; que pueda aceptar y convalidar el contraste que genera la excesiva riqueza de unos, frente a la dolorosa pobreza y marginación de la mayoría.

Del mismo modo, no puede haber quien se diga a favor de que en este país exista una casta de privilegiados que, recibiendo favores oficiales, se ha enriquecido ilimitadamente al margen de las reglas mínimas de la regulación, de la competencia o de la subsistencia mínima del interés público por encima de los planes de negocio de las empresas que encabezan.

Incluso, no puede haber alguien razonable en este país que acepte o convalide —incluso militando o simpatizando con el mismo partido del Presidente o el Gobernador en turno— que la corrupción sea hoy en día la moneda de cambio en este país; o que celebre —sin colusión de por medio— que existen gobiernos que se dicen legítimos pero que lo consiguieron gracias a la ayuda de los votos comprados; o que se dicen honestos aún cuando existen clarísimos indicios (la Casa Blanca, es un ejemplo, pero no el único) de que trafican con influencias, con favores, con contratos, con obras, con fondos y con apoyos electorales, para poder llegar al poder.

¿Cómo poder estar a favor de todas esas aberraciones de nuestro sistema? Evidentemente, no hay forma. Pero al margen de eso, lo importante es que tomemos los caminos eficaces para combatir esos flagelos.

LAS CALLES, INÚTILES

Hasta la semana pasada, el país llevaba sesenta días volcado en una protesta sin precedentes, y aún así el Presidente presentó un decálogo de propuestas que no sólo no dejó satisfecho —ni alivió— a nadie, sino que vino a demostrar que el régimen gobernante continúa viviendo en el mismo mundo de soberbia y fantasía en el que están seguros que de todos modos, hagan o lo que hagan —y omitan lo que omitan—, no va a pasar nada.

Todo esto se hizo evidente cuando propusieron un conjunto de recetas viejas, parciales, llenas de rencor y aversión a la forma de gobierno y la división de poderes, y sin capacidad de enfrentar verdaderamente los problemas más apremiantes del país. Si esto no fuera suficiente, el gobierno federal no demostró un ápice de autocrítica ni de capacidad analítica frente al enojo genuino entre millones de mexicanos, que no son alentados ni por el PRD ni por AMLO ni por nadie para protestar, sino que verdaderamente están molestos por ese conjunto de situaciones insostenibles, en las que unas son responsabilidad de quienes intentan doblegar al Estado, pero muchas otras tienen su origen en la corrupción institucionalizada que los gobernantes de los últimos tiempos se han resistido a erradicar.

Frente a todo eso, ¿qué hace el Estado? Alienta silenciosamente que todos salgan a las calles a protestar, a ver si con el desgaste y la continuidad, se cansan y dejan de protestar. A la par de ello ha promovido el enrarecimiento y la vandalización de las protestas, para desacreditarlas. Y quizá no pase mucho tiempo antes de que cree algún Frankenstein social para tratar de desmovilizar —como ya lo ha hecho antes— a esas miles de personas que hoy están saliendo a las calles día a día para protestar por lo que ocurre en el país.

Frente a todo debían existir otros intentos, igual de fuertes, pero menos vulnerables, para tratar de cambiar el estado de cosas. La situación del país no está como para solamente utilizar la vía de las calles —que es la más sencilla, pero también la más manejable y la menos capaz de cristalizarse en una exigencia concreta canalizada a su vez en una propuesta— y dejar en la incertidumbre el éxito de las inconformidades.

EL PAÍS DEBE CAMBIAR

Eso es irremediable. El problema es que hasta hoy la única propuesta que existe —y que es deficiente, cuestionable, parcial, incompleta, y hasta podríamos decir que inútil— para enfrentar la crisis, es la del presidente Peña Nieto. ¿Quién más ha alzado la voz? ¿Cuál de las demás protestas se ha traducido en propuestas? A todos nos indigna Ayotzinapa. Pero eso es intrascendente si no viene acompañada de propuestas de cambio para un mejor país.

Aunque parece un asunto muy local de una entidad como Oaxaca, el gobierno federal debería responder a una pregunta en específico ante su propuesta de unificación de las policías municipales en una sola corporación estatal, en entidades como la nuestra donde existen municipios de usos y costumbres: ¿Cómo harán transitable su reforma si dichas comunidades prefieren continuar con sus propios esquemas de seguridad?
En efecto, como bien sabemos la semana pasada el presidente Enrique Peña Nieto propuso desaparecer a las corporaciones policiacas dependientes de los municipios en México, y crear en su lugar una sola corporación policiaca estatal por cada entidad federativa. La propuesta recibió los aplausos de los presentes, quizá porque entre la concurrencia no había quien tuviera una visión distinta de la presidencial, o porque en ese momento nadie tomó en cuenta que México no es un país homogéneo, y que por eso aquí la igualdad se funda justamente en el reconocimiento constitucional de las distintas minorías étnicas que existen en el territorio nacional. Esas minorías también tienen derechos. Y es ahí donde se ve el primer gran choque entre la propuesta presidencial y la realidad. ¿De qué hablamos?
De que según la propia Constitución, y las leyes federales, hoy en día la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo.
Esto significa que en las tareas relacionadas con la seguridad pública la Constitución no establece marcos de subordinación ni de sujeción de un ámbito de gobierno hacia otro, sino que establece una clara relación de coordinación entre ellos, para las distintas tareas que se establecen en la última parte del artículo 21 constitucional. Asimismo, en la mayoría de las leyes de las entidades federativas se establecen esos mismos marcos de coordinación entre estado y municipios —no podría ser de otra forma, si la Constitución federal ya establece ese deber— pero además ya existen los llamados “mandos únicos” a través de los cuales el Gobernador del Estado tiene la facultad de disponer de las corporaciones municipales cuando la necesidad lo amerite.
Frente a todo esto, la propuesta de crear Policías Estatales únicas y desaparecer las policías municipales, en realidad parece como la “evolución” del mando único y su consolidación en una sola fuerza. El problema es que no en todos los estados de la República existen corporaciones policiales municipales más o menos unificadas, y tampoco en todas las entidades federativas existen autoridades municipales uniformes, regidas únicamente por las normas emanadas del proceso legislativo, que no tomen en cuenta la costumbre o desarrollen su gobierno en base a sus sistemas normativos internos. Ese es el caso de Oaxaca, pero también de varias otras entidades federativas en donde el reconocimiento de sus pueblos originarios obligadamente llevaría esta discusión a otros ámbitos.
¿Cuáles? Los de la necesidad no sólo de que los Poderes Federales impongan a los pueblos determinaciones que involucren la desaparición de sus policías municipales —o de las corporaciones tradicionales de seguridad que existen en muchas comunidades, y que no son precisamente policías municipales, sino cuerpos de topiles, vigilantes, y demás—, sino que éstos tengan la posibilidad de participar en ese tipo de decisiones, y que vean satisfecho el derecho a la consulta que tienen a su favor según la legislación internacional que México ha aceptado como parte de su marco jurídico.

DERECHO A LA CONSULTA
El 5 de septiembre de 1990 el Estado mexicano ratificó la adopción del contenido del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, conocido popularmente como Convenio 169 de la OIT. Los derechos que contiene ese tratado son fundamentales frente a una decisión de esta magnitud en nuestro país. ¿Por qué?
Porque, concretamente, lo que busca el Convenio 169 es establecer medidas tendientes a garantizar el derecho de los pueblos indígenas —como entes colectivos— a mantener su integridad y formas de organización en los países donde se encuentran. Por eso, teniendo como marco la pluralidad de sistemas jurídicos —como en el caso de México— que pueden convivir en el mismo tiempo y espacio, dicho tratado establece los mecanismos a través de los cuales los pueblos indígenas sean respetados, considerados y tomados en cuenta en las decisiones que los involucran.
Concretamente, el artículo 6 del Convenio 169 establece que al aplicar las disposiciones del dicho Tratado, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;
b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente (…) en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; y que las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas (Apartado 2).

PROPUESTA, A DEBATE
Este tema será fundamental: como la desaparición de las policías municipales también involucra a pueblos indígenas en varias entidades del país, éstos tienen el pleno derecho a ser consultados, por ser esa una potencial medida legislativa susceptible de afectar directamente su modo de vida y sus disposiciones. Por esa razón, si esa iniciativa prospera será sólo a través de la consideración de la opinión de las propias comunidades que exijan ser tomadas en cuenta. Esa es la parte de la representación nacional que hoy no tiene ninguno de los partidos políticos. Cientos de pueblos indígenas en México no están dispuestos, ni tienen por qué oponerse irracionalmente, pero tampoco aplaudirle inopinadamente al Presidente aún en su propio detrimento. Ya lo veremos en su momento.

+ EPN no ve quién la hizo, sino quién se la paga

Dos de los aspectos más debatidos de las propuestas presentadas la semana pasada por el presidente Enrique Peña Nieto para recuperar el Estado de Derecho en México, es el de la creación de una ley contra la infiltración de las autoridades municipales por la delincuencia organizada, y la desaparición de las Policías Municipales para dejar sólo 32 policías estatales. Aunque parecen medidas de urgencia frente a la grave situación de violencia, en realidad también debe debatirse —y quizá hasta combatirse— ese nuevo y marcado embate presidencial al agonizante federalismo mexicano.
En efecto, el pasado jueves, el presidente anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales, para que la federación asuma el control de los servicios municipales o se disuelva un ayuntamiento cuando existan indicios que está involucrada con la delincuencia organizada. Además explicó que se propondrá la creación obligatoria de policías estatales únicas en todos los estados de la República. “Pasaremos de mil 800 policías municipales débiles a 32 sólidas corporaciones de seguridad estatal que sean más confiables, profesionales y eficaces”, dijo el Presidente.
¿Qué resalta de todo esto? Que, de nuevo, el gobierno federal pretende pasar por encima de los procedimientos ordinarios establecidos para el control recíproco de los ámbitos de gobierno, sin siquiera haberlos puesto en marcha; y porque además, en ese intento termina desacreditando a la autoridad federal, que es la que ha fallado de extremo a extremo en el ejercicio de sus atribuciones relacionadas con la delincuencia organizada y su penetración no sólo en las autoridades de muchísimos municipios del país, sino con toda la población. Vale la pena entender este asunto en una perspectiva amplia.
En primer término, el Presidente anunció una iniciativa de ley que, como lo apuntamos en líneas anteriores, buscaría o tomar el control de los servicios municipales, o desaparecer un Ayuntamiento, frente a indicios de que existen nexos con la delincuencia organizada. Eso pudiera sonar bien. El problema es que para una y otra posibilidad ya existen mecanismos establecidos en leyes vigentes, que son desacreditados por el gobierno federal sin antes haberlos puesto a prueba.
Esto porque la desaparición de ayuntamientos ya existe en las Constituciones estatales (en nuestra Constitución el procedimiento se encuentra en la fracción IX del artículo 59), e incluso también en la mayoría de los estados del país ya hay normas específicas que establecen los casos en los que el Gobernador puede asumir tareas como las de seguridad pública en los municipios de la entidad que gobierna, y también para normar el llamado mando único, que hoy pretende elevarse de nivel para desaparecer a las Policías Municipales y crear una sola corporación en cada entidad federativa.
En el caso de nuestra Constitución, por ejemplo, dice la fracción VII del artículo 113 dispone que “la Policía Preventiva Municipal estará al mando del Presidente Municipal, en los términos de la Ley de Seguridad Pública y reglamentos correspondientes. Aquella acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público”.
Frente a todo esto, sólo hay dos caminos posibles para que pudiera ser funcional la ley contra la infiltración de autoridades municipales que propone el Presidente, para tener el efecto de asumir los servicios públicos o desaparecer un Ayuntamiento. El primero de esos caminos, es que el procedimiento de esa norma pase por la desaparición de poderes establecida en las Constituciones locales (lo que no sólo no facilitaría el proceso, sino que le pondría más trabas, haciéndolo más largo y complejo). Y el segundo, es que el gobierno federal decrete la eliminación o modificación de las facultades que tienen los Congresos locales para desaparecer los Ayuntamientos, lo cual sería la antesala para el establecimiento de un Estado unitario, y la disolución del federalismo mexicano.

DEL MICHOACANAZO A IGUALA
La falta de autocrítica institucional del gobierno federal se refleja en esas iniciativas, que intentan que se olviden los dos extremos del fracaso federal en el ejercicio de sus atribuciones respecto a la delincuencia organizada. En uno de los extremos se encuentra el llamado “michoacanazo”, y en el otro la impunidad total del Edil de Iguala, hasta el momento en que ocurrió la detención-desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. ¿De qué hablamos?
De que el “michoacanazo” implicó el ejercicio excesivo de las atribuciones federales sobre la delincuencia organizada, y por esa razón fueron a detener a casi treinta alcaldes del estado de Michoacán por posibles vínculos con la delincuencia organizada, y el posterior fracaso federal al no poder demostrar ante los tribunales federales que sus acusaciones eran ciertas. Un año después todos Alcaldes señalados estaban en libertad, y lo que quedó fue el cuestionamiento a las arbitrarias autoridades federales, que acusaban y se excedían sin justificación ni sustento.
Pero el otro extremo es Iguala. Ahí, existían al menos tres investigaciones federales en contra de José Luis Abarca Velásquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa por sus nexos con bandas criminales, y nadie hizo nada. La investigación de delitos relacionados con delincuencia organizada es una facultad federal (artículo 73 fracción XXI de la Constitución de la República); y si la PGR no hizo nada en contra de Abarca Velásquez y su esposa sino hasta después de la desaparición de los normalistas, fue por ineptitud, por indolencia o por complicidad con los criminales. En uno y otro caso, el gobierno federal ni siquiera intentó echar mano de los mecanismos ordinarios para la desaparición de Ayuntamientos al enfrentar esas situaciones. ¿Por qué ahora sí querría hacerlo?

FACULTADES A DEBATE
Es cierto que deben tomarse medidas excepcionales para combatir este mal que tiene de rodillas al país. Sin embargo, no es con atropellos o con venganzas a la forma de gobierno que ha mantenido el país por casi dos siglos, como va a resolverse este problema. Las iniciativas hasta hoy presentadas deben ser debatidas a fondo y en esto no debe haber partidismos ni sometimiento. Si las entidades federativas aún existen, deben oponerse con toda firmeza a estos embates que no resolverán de fondo los problemas actuales del país.

+ Paradoja, generada por el reino de partidocracia

La crisis generada por la detención-desaparición de los normalistas en Iguala puso en entredicho la eficacia del Estado, pero también en vilo la legitimidad de los partidos políticos, y por ende a la democracia representativa. Este es un signo crítico de retroceso que hoy se ve agravado ante el mutismo y la incapacidad de los institutos políticos por demostrar que están a la altura de las circunstancias. La renuncia al PRD del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas es un signo de ello. Pero no el único.

En efecto, México vivió un quiebre sin retorno a partir del 26 de septiembre. Antes de esa fecha, la partidocracia mexicana en pleno había alcanzado los acuerdos más importantes de las últimas dos décadas, que se tradujo en un conjunto de reformas constitucionales en diversas materias. Hasta ese momento, la partidocracia estaba segura de ser depositaria de la representación nacional. Pero los hechos de Iguala cambiaron las variables de la legitimidad democrática, que hoy en día los partidos políticos por un lado, y el Estado por el otro, se niegan a reconocer y enfrentar.

La situación es excepcionalmente grave. Iguala vino a demostrar, en el campo del Estado, que el Estado de Derecho ha sido una especie de mito genial sobre el que se justificó la cimentación del actual sistema político, aunque en realidad no existe. Esto quedó claro no sólo por la escandalosa subordinación de las autoridades municipales de Iguala y Cocula al crimen organizado, sino también —y sobre todo— por la incapacidad de los otros dos ámbitos de gobierno (el estatal de Guerrero, y el federal) de asumir que las desapariciones constituían una responsabilidad de Estado que debía enfrentarse como tal desde el primer momento.

Este conjunto de circunstancias dinamitó la legitimidad del Estado mismo, que hoy no sabe cómo responder frente a las nuevas condiciones del país, y canalizar las exigencias de justicia que hace la sociedad. Lo más preocupante de todo esto, es que han pasado dos meses desde las detenciones-desapariciones de Iguala, y ni el Estado tiene una respuesta contundente sobre el paradero de los normalistas, ni ha podido ver tampoco que no es a lo inconformes a los que debe hoy combatir, sino a las causas (la impunidad, las injusticias, la desigualdad, etcétera) que provocaron esas protestas.

Si eso es preocupante, lo es todavía más que en ninguno de los tres ámbitos de gobierno exista por lo menos una noción general de qué debe hacerse para recuperar la legitimidad que perdió el Estado por su inacción frente a los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Iguala, sino que tampoco haya idea de qué hacer para enfrentar las causas de fondo que provocaron los narcomunicipios y narcoestados que hoy innegablemente existen en el país.

Hasta hoy —y contrario a lo que el Presidente había dicho en meses recientes— la única solución que parece ver el gobierno federal para enfrentar la crisis de Iguala, son los pasos siguientes al proceso de recentralización a los que han sido proclives en otras reformas. Las acciones que pretende tomar para modificar el esquema de las policías municipales, estarían encaminadas a quitar facultades a los ayuntamientos para entregarlas —como siempre— a la federación.

Quién sabe si esto resuelva de fondo el problema de la connivencia de policías y autoridades municipales con delincuentes. Pero lo que sí se puede prever es que esto no le dará legitimidad a un Estado que hoy enfrenta un profundo descrédito frente a la sociedad mexicana, y particularmente frente a las generaciones más jóvenes, que no ven ningún punto de coincidencia entre un quehacer público plagado de vicios, errores y cuestionamientos, y un sector poblacional que no sólo es ajeno a esas prácticas —incluso hasta puede ser víctima de ellas— sino que espera algo distinto de su gobierno.

LEGITIMIDAD EN CRISIS

La crisis de los normalistas puso también en un grave cuestionamiento a los partidos políticos. Las tres principales fuerzas políticas creían, hasta antes de Iguala, que podían gobernar el país como plenos depositarios de la representación popular, sin ningún contrapeso. Con esa suficiencia hicieron las reformas estructurales que emanaron del Pacto por México. Pero los normalistas vinieron a decirles que la partidocracia tenía que comenzar a segmentarse para tomar en cuenta de un modo distinto a la ciudadanía. Y entonces el problema para los partidos se centró no en lo que ya habían hecho, sino en lo que tendrían que hacer para enfrentar la crisis. Y ahí han fallado gravemente.

El PRI, por ejemplo, no ha alcanzado a articular una defensa creíble del gobierno federal emanado de su partido. Su dirigencia nacional —y eso se ha replicado en sus órganos de dirección estatales y municipales— no ha podido o querido dar la cara por el Presidente, y tampoco ha sido capaz de hacer otra cosa que no sea repetir el mismo discurso político, y las excusas, que nadie cree. Nadie en ese partido ha sido capaz de la autocrítica y tampoco de impulsar propuestas para reformar al poder o a las instituciones del Estado. Su respuesta —y lo mismo ha hecho el PAN— ha sido el silencio total desde hace más de sesenta días.

El caso del PRD es todavía peor. Ahí, sus élites continúan aferradas a la determinación de sostenerse en sus cargos al precio que sea. Han asumido discretamente la responsabilidad que implica el haber impulsado a gente como José Luis Abarca o el defenestrado gobernador Ángel Aguirre; pero por encima de todo están dispuestos a no perder la parcela de poder que hoy tienen en el sistema de partidos. Tampoco han propuesto nada para reformar al perredismo o para garantizar a la ciudadanía que de verdad su vocación es democrática.

Lo más grave es que el ingeniero Cárdenas sostuvo con su dirigencia un diálogo de sordos —literalmente—, en el que renunció para sostener su congruencia, pero poco o nada le importó la crisis de la izquierda —la que dice que ha abanderado por décadas— porque sólo se fue pero tampoco propuso una sola medida para defenderla.

LA CRISIS ES DE TODOS

Así, lo que queda claro es que es la democracia representativa —esa forma en la que los ciudadanos delegan su voluntad en partidos políticos para que los representen ante los poderes del Estado— quien pasa por su más profunda crisis en años. Esa crisis no es nueva. Pero si ya de por sí la partidocracia socavaba lentamente la identidad entre los ciudadanos y los partidos, Iguala vino a extirpar cualquier vaso comunicante entre ellos, y a generar una situación de incertidumbre política sin precedentes en los últimos tiempos.

Sólo hay simulación y parcialidad

Hace 14 meses, cuando se aprobó la creación de la Comisión de la Verdad en Oaxaca, los Poderes del Estado enviaron el mensaje tácito de que como no confiaban en las instituciones que dependen de ellos mismos, era entonces necesario crear una instancia especial para que indague hechos que, además de ser delitos, posiblemente habrían sido constitutivos de violaciones a los derechos humanos. Si eso es ya de por sí grave, lo es mucho más que, en aras de una decisión política, hayan condenado a esa Comisión a proveernos de una verdad a medias.
En efecto, cuando el 25 de septiembre del año pasado la agonizante LXI Legislatura aprobó la creación de la Comisión de la Verdad, dijo que esa decisión “obedeció a las insistentes demandas de diversos sectores por castigar a los presuntos responsables del caso 2006, entre los cuales se menciona al ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz y varios de sus colaboradores”.
Si asumimos la creación de la Comisión de la Verdad como respuesta a ese conjunto de demandas, lo que podemos corroborar, es que en realidad no existe el ánimo de llegar a la verdad frente a todo un conjunto de hechos —como lo fue el conflicto magisterial de 2006 y su secuelas del año siguiente— sino que más bien esa Comisión fue creada más bien con la intención de ser un tribunal especial, más que un instrumento para esclarecer un periodo histórico de nuestro estado.
En ese sentido, organizaciones como Amnistía Internacional señalan que todas las víctimas de genocidio, de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra, de tortura, de ejecución extrajudicial y de desaparición forzada, tienen derecho a la verdad. En específico, Amnistía Internacional sostiene que obtener la verdad sobre los crímenes es vital, primero, para que las víctimas directas conozcan toda la verdad sobre los crímenes de que han sido objeto, así como las razones que los motivaron, y para que se reconozca públicamente su sufrimiento. Además, la verdad es necesaria para desmentir toda acusación falsa que haya podido formularse contra ellas durante la comisión del delito.
Segundo, para que los familiares, especialmente de víctimas de homicidio o de personas desaparecidas, averigüen qué les ocurrió a sus seres queridos y conozcan su paradero; y tercero, para que la sociedad afectada conozca las circunstancias y las razones que llevaron a que se perpetraran las violaciones, de modo que se garantice que no se repetirán. En concreto, esa es, y ha sido, la finalidad de las comisiones de la verdad que han existido en otros países frente a situaciones tanto o más graves como las ocurridas hace ocho años en Oaxaca, tales como dictaduras militares, regímenes totalitarios y —esos sí— crímenes de Estado cometidos como conductas sistemáticas en contra de sectores determinados de la población.

LA COMISIÓN (Y LOS PODERES
LOCALES) SE DESACREDITAN SOLOS
Hay dos cuestiones de fondo que vale la pena considerar: primera, que la creación de una Comisión de la Verdad en el marco institucional actual de Oaxaca (en el que las instancias de procuración e impartición de justicia luchan a diario por acreditarse y ganar credibilidad frente a la sociedad) implica aceptar que las instituciones estatales son incapaces para conocer y determinar responsabilidades frente a esos hechos; y segunda, que su sola conformación deja más certezas sobre la parcialidad y la predecibilidad de las conclusiones de dicha Comisión, que sobre la posibilidad de conocer verdaderamente la verdad.
Sobre la primera de las cuestiones, hoy en día instancias como la Procuraduría de Justicia, o los tribunales dependientes del Poder Judicial del Estado, deberían fijar una posición sobre la aceptación de las deficiencias estructurales que les impiden tener la estatura para conocer de los hechos relacionados con el conflicto magisterial, y llegar a conclusiones no sólo declarativas sino incluso vinculatorias para quienes resulten responsables de violaciones graves a los derechos humanos y, por ende, de la comisión de delitos.
En ese sentido, si el objetivo es conocer la verdad sobre las posibles violaciones a derechos humanos durante el conflicto de 2006, las organizaciones que impulsaron la creación de dicha Comisión —e incluso los mismos integrantes de la misma— debieran dejar constancia específica de su disposición a que de verdad se conozca toda la verdad. Es decir, a que esa Comisión se encargue de indagar todos los hechos que posiblemente atentaron contra la dignidad y derechos de las personas, y que no sea sólo un tribunal creado ex profeso para enjuiciar al gobierno, porque eso sería conocer —en el mejor de los casos— una parte de la verdad, pero no toda.
Ahora bien, sobre la segunda de las cuestiones, ayer mismo un editorial de El Oriente ( HYPERLINK “http://bit.ly/1HF7OwS” http://bit.ly/1HF7OwS) señalaba con toda oportunidad lo siguiente: “En el peor de los momentos posibles, ha trascendido en diversos medios de comunicación que el Gobierno de Oaxaca conformó la Comisión de la Verdad para la Investigación de los hechos ocurridos en los años 2006 y 2007 (…) La conformarán el sacerdote Alejandro Solalinde (presidente); el reportero Diego Enrique Osorno; y la antropóloga Marina Patricia Jiménez Ramírez. Decimos en el peor de los momentos porque (…) la Comisión abre una discusión jurídica y política completamente innecesaria para un contexto de alta crispación social como el que actualmente vive Oaxaca.
“Discusión jurídica puesto que el propio Decreto de la Legislatura puede sin problemas ser cuestionado por violar principios constitucionales (…) inclusive el de imparcialidad —pues lo único seguro es que los recién nombrados comisionados carecen de ella de manera simple y llana. Con lo anterior, no se descalifica ni la ideología ni la trayectoria de ninguno de ello. Pero hay perfiles para ciertas tareas específicas. Y en este caso, los mediadores no lo cumplen en tanto su parcialidad histórica”.

DUDAS
No se conoce, por si algo faltara, qué metodología utiliza la Comisión para desarrollar su trabajo, y tampoco cuándo comenzó a funcionar. Además de su parcialidad y su endeble sustento jurídico, hay mucha oscuridad en su labor. Esto, en el fondo, más bien parece un elemento más de la revancha oficial al priismo local, que el 15 de noviembre se negó a acudir al IV Informe de Gobierno. Seguramente, las conclusiones de la Comisión serán dadas a conocer en marzo de 2015… en un momento ideal para que esto sirva como un eficaz proyectil del gobierno y la coalición contra sus adversarios, en plenos tiempos electorales.

Diputados: zona de confort y frivolidad, alientan pasividad

Los diputados locales de Oaxaca deberían tener vergüenza de encontrarse inmersos en una crisis tan frívola como la de la disputa por la integración de la Mesa Directiva, y las vendettas relacionadas con la inasistencia de la bancada priista al cuarto informe del gobernador Gabino Cué, y —para comprobar que están a favor de la constitucionalidad, y del pueblo de Oaxaca— deberían aprovechar para aprobar una ley educativa que por lo menos quite a la entidad del incumplimiento total en sus deberes relacionados con la reforma educativa federal.
En efecto, los diputados coalicionistas parecen no estarse dando cuenta que con su albazo en la reintegración de la Mesa Directiva, se dieron —y le dieron al gobierno estatal, que es aliado de la Sección 22— un balazo en el pie; en la contraparte, los diputados locales priistas no han alcanzado a ver que, a pesar de su dolencia por haber sido sacados del órgano directivo del Congreso local, hoy tienen el mejor pretexto para reclamar una ley educativa que, como institución, el Poder Legislativo se ha resistido a abordar. Nadie se da cuenta de eso porque —aún siendo evidente la situación— su superficialidad y su ánimo por evadir toda intervención en los problemas públicos de Oaxaca, los tiene copados.
¿De qué hablamos? De que, en primer término, los tres Poderes de Oaxaca —pero más el Congreso local— se encuentran en un estado de total incumplimiento en su deber de impulsar la armonización de la ley educativa local con la nueva legislación federal; en segundo plano, se encuentra el hecho de que esa norma no ha sido aprobada aparentemente porque como ningún partido tiene la mayoría en el Congreso local, las fracciones parlamentarias —según— no se han podido poner de acuerdo en qué ley es la que habrán de aprobar (los coalicionistas buscan, también se supone, impulsar la ley propuesta por el Gobernador; y los del PRI dicen querer una armonización lisa y llana de la legislación local con la federal); y en un tercer momento, resulta que para aprobar esa ley controversial, se necesita sólo una mayoría de la mitad más uno, que se supone que un grupo de diputados locales ya tiene, y por eso pudo quitar a los priistas de la Mesa Directiva.
La pregunta, en esto, es ¿qué esperan? Pues tal y como lo apuntamos en otros momentos, el hecho de que Oaxaca no haya concluido el proceso de armonización de la ley educativa pone tanto al Gobernador del Estado, como a los integrantes del Congreso local, en la posibilidad —remota, pero no por ello imposible— de que sean acusados de violaciones graves a la Constitución, y que por ello los poderes federales les inicien, a cada uno de ellos, un juicio político que podría llevarlos a ser destituidos de sus cargos, a declarar su inhabilitación para ocupar nuevas responsabilidades en el sector público (Ver, entre otras, Al Margen 08.08.2014).
Ahora bien, el hecho de que los poderes locales se hayan negado a impulsar el proceso de armonización, se ha justificado en las circunstancias políticas de la entidad, pero ello no perdona la omisión legislativa. Sí, porque desde marzo que venció el término que las propias leyes federales dieron para que se llevara a cabo el proceso de armonización de las legislaciones locales, en Oaxaca se afirmó que se necesitaba una ley educativa consensada con todos los sectores de la sociedad, y por eso el Gobernador y representantes del Poder Legislativo firmaron con la Sección 22 una declaración política para construir la ley educativa que hoy todavía no existe en Oaxaca.
Sólo que esos acuerdos no fueron legales (no hubo un fundamento legal —ni podría haberlo— para que gobierno y diputados depusieran sus deberes en aras del acuerdo con la 22) y tampoco han sido funcionales: con todo y ellos Oaxaca sigue sin ley educativa, y a pesar de sus promesas, los legisladores locales ni siquiera han podido entrar al análisis y discusión de las propuestas de ley presentadas, para poder aprobar alguna de ellas o hacer una ley educativa retomando los aspectos relevantes de las distintas propuestas.
Su resistencia a hacer lo que les corresponde, ha sido justificada en buena medida en la falta de acuerdos y mayorías en el Congreso. Hoy ya la tienen. ¿Por qué todos siguen haciéndose los desentendidos?

MAYORÍA SIMPLE
La semana antepasada, el 13 de noviembre, fue electa la Mesa Directiva para el segundo año legislativo de la LXII Legislatura. Dos días después, se realizó el informe de gobierno y la fracción priista-verde no acudió a él. En venganza, los diputados del PAN, PRD, Nueva Alianza, Partido del Trabajo y PUP (nueve panistas, diez perredistas, y uno del Panal, PT y PUP, respectivamente, que hacen un total de 22) sesionaron casi de inmediato con el solo objeto de destituir a los dos legisladores del PRI que habían sido electos para integrar la Mesa Directiva.
Esto provocó una crisis porque los diputados desplazados amagaron con la toma de la tribuna y con impedir los trabajos legislativos. Intentaron reventar la sesión del jueves pasado, y los diputados aliados tuvieron que sesionar —con la suma de Manuel Pérez Morales, del PSD, que entró en la negociación con las fracciones del PAN y PRD para no perder las posiciones administrativas que tiene en el Congreso, entre ellas la de su hija— casi a media noche a escondidas de los priistas. Esta maniobra terminó de poner al Congreso en una situación de ignominia, en la que estuvieron a punto de llevar al límite la labor parlamentaria por una disputa estéril, que no involucra ningún tema de interés para la gobernabilidad o para la mayoría de los oaxaqueños.
¿Qué es lo que siguen sin ver? Que, deliberadamente, pasan por alto que esa mayoría de 23 diputados que intenta reducir a la fracción priista, es la misma —y hasta les sobra un voto, porque se trata de una norma ordinaria— que necesitan para aprobar la ley educativa, y sacar cualquiera de las que se han presentado, incluyendo la propuesta inconstitucional que ha impulsado testarudamente la Sección 22 del SNTE.

CAMINO LARGO
Esto quitaría a Oaxaca de la situación en la que se encuentra, y en cualquiera de los escenarios, daría pie a una nueva intervención federal para reencauzar la situación legal de los trabajadores de la educación. ¿Por qué? Porque una norma inconstitucional podría ser revisada a través de una Controversia Constitucional o de una Acción de Inconstitucionalidad. El problema es que los diputados prefieren esa ignominiosa zona de confort que tanto daño le ha hecho a Oaxaca.

Partido abúlico, sin rumbo y copado de vicios

La improductividad de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso local, es apenas un destello de la falta de rumbo que ha demostrado ese partido en Oaxaca. Si el partido tricolor no sabe a dónde va en el terreno de la política —no de la grilla—, ni tiene una proyección de sus planes políticos más allá de los procesos electorales, entonces es de explicarse que su representación legislativa local sea un desastre y que, del mismo modo, su dirigencia estatal no tenga ningún rumbo, porque tampoco tienen ascendencia como fuerza opositora.
En efecto, en la semana anterior vimos cómo la fracción parlamentaria del PRI provocó una crisis en el Congreso del Estado, por su inexplicable inasistencia a la sesión de apertura del segundo año de trabajo de la LXII Legislatura, en la que el gobernador Gabino Cué rindió su informe de actividades. La explicación —que nunca salió de la palabrería y los lugares comunes— versó en el sentido de que la fracción priista no convalidaría el fracaso del gobierno de Cué. Ello provocó que las fracciones de los demás partidos decidieran quitar a los priistas que habían sido electos para integrar la Mesa Directiva. Y una vez que lo hicieron, los priistas llegaron al extremo de tomar la tribuna para impedir los trabajos del Congreso.
Frente a todo esto no está de más preguntarse cuál es el motivo de esta nueva disputa entre fracciones en el Congreso local. Pues, en primer término, sólo un ingenuo podría creer que en realidad la fracción priista no acudió al informe como una forma de reprobar al gobierno de Cué, cuando ellos han sido la oposición más colaboracionista y sometida al poder de que se tenga memoria. El límite de la fracción priista siempre ha sido el de abrir un margen de negociación, en el que puedan salir beneficiados ellos, pero sin apegarse nunca a una convicción o línea política.
Por eso hoy es ridícula la explicación relacionada con que hay una definición política del PRI para rechazar los resultados del gobierno estatal. Pues en este periodo la fracción del PRI nunca ha establecido una línea política, y planteamientos de oposición civilizada, no solamente para reprobar o criticar al gobierno, sino para fungir como acicate de mejores resultados en beneficio de una ciudadanía que ha sido reiteradamente menospreciada por todos.
Qué lamentable que la oposición que ha alentado el diputado Alejandro Avilés sólo haya servido para alimentar la corrupción, las negociaciones a espaldas de la ciudadanía y, en resumen, la parálisis y la crisis legislativa a la que hoy tienen sometido al Congreso, por una razón que evidentemente no es política ni es ideológica, sino que más tiene que ver con la búsqueda de un mejor margen de negociación con las demás fracciones y con el gobierno estatal, que también tiene involucrados intereses dentro del Congreso local.
En este panorama, lo más trágico es que nadie le puede poner un freno —o al menos fungir como un contrapeso— a la ambición y los vicios que hoy anida la fracción priista en el Congreso local, porque resulta que nadie tiene la legitimidad y la estatura moral o política para hacerlo.
Pudiera suponerse que el equilibrio natural tendría que darlo la dirigencia del PRI en el estado. Pero resulta que en ese espacio no sólo no tienen el peso para fungir como contraparte de unos legisladores que van para ningún lado, sino que parecen estar afectados por una pereza que les impide hacer algo más que sólo seguir negando la realidad, como si ello resolviera alguno de los muchos retos que tienen como partido, o estableciera alguna de las muchas definiciones que ellos han omitido como fuerza de oposición en el Estado.

UN LUJO INÚTIL
Quienes conocen las actividades cotidianas del presidente del PRI, Héctor Anuar Mafud Mafud, saben que casi a diario desayuna, come y cena con alrededor de diez personas —sus asistentes y colaboradores en la dirigencia priista— en algunos de los restaurantes más caros de la capital oaxaqueña. Y la misma gente de sus alrededores lo sostiene: el dirigente gasta en promedio 10 mil pesos diarios sólo en comidas y cuentas de restaurante, sin tomar en cuenta otros gastos que genera su actividad diaria como dirigente.
Quienes saben esa situación, entienden —y critican— también que esto no es proporcional a la precaria situación que vive su partido hoy en día en Oaxaca; que tampoco es proporcional al verdadero trabajo político que debiera estar desarrollando de cara a los procesos electorales que vienen; y que sobre todo contrasta sobremanera con la inexistente figura de oposición que hoy en día es el PRI en el escenario estatal.
Pues al margen de filias y fobias entre grupos priistas, en lo que todos coinciden es en que Mafud no está haciendo su trabajo, pero que sí le cuesta mucho al PRI. No está haciendo su labor, dicen, porque no ha podido posicionar al tricolor como una fuerza opositora, razonada y propositiva, que pudiera no sólo aparentar desacuerdos sino que estuviera en posibilidad de establecer alternativas de solución viables a algunos de los problemas que enfrenta la ciudadanía.
No ha hecho su trabajo, dicen además, porque en medio de una abulia inexplicable, sigue esperando quién sabe qué para restablecer las estructuras electorales de su partido que quedaron abandonadas desde 2010, y que siguen sin ser atendidas. Incluso, afirman que no ha hecho su trabajo, porque en Oaxaca el PRI sigue dividido en varios bloques (los de los ex gobernadores) que siguen teniendo diferencias irreconciliables, lo que generará exactamente los mismos problemas, discordancias y rupturas que en los procesos electorales anteriores, al convertirse el reparto de candidaturas en una guerra en la que no hay reglas ni árbitros legitimados.
En esas condiciones, ¿qué se puede esperar de un PRI que es sólo aparente, que es una fuerza de oposición sólo por suposición, pero que nunca ha hecho su trabajo como tal? ¿Y qué se puede esperar de una bancada priista que, dominada por el oportunismo de Alejandro Avilés, pretende vender la idea de una oposición real cuando lo que está buscando es el mejor escenario para negociar sus intereses?

¿NEGOCIAR QUÉ?
Incluso, todos los priistas, juntos, debían explicar a todos los oaxaqueños para qué sirvieron todos los acuerdos hechos entre fracciones cuando Avilés era presidente de la Junta de Coordinación Política, si no hay otro año legislativo que rebase al primero de la LXII Legislatura en improductividad, parálisis, opacidad y sospechas en la administración de sus recursos.